Pacarina del Sur
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La policía comunitaria en Guerrero. Luchas decoloniales. Nuevos desafíos para la CRAC-Policía Comunitaria de Guerrero[1]

Community policing in Guerrero. Decolonial struggles. New challenges for the CRAC-Community Police in Guerrero

A Polícia Comunitária em Guerrero. Lutas descoloniais. Novos desafios para a Polícia CRAC-comunitário de Guerrero

Lilián González Chévez[2]

Recibido: 15-05-2014 Aceptado: 09-06-2014

Resumen

Resumen: El actual proceso organizativo de la Policía Comunitaria de Guerrero (CRAC-PC) ha ido evolucionando hacia la incorporación de líneas de acción que van más allá de la seguridad y justicia ciudadanas, ampliando el margen de diversas luchas decoloniales que hoy están definiendo su propia sobrevivencia como institución. Así, en 2011, la CRAC-PC encabezó la defensa en territorio comunitario por el control de los recursos naturales contra el asedio por parte de   empresas mineras; luego, acompañó la lucha contra el intento por parte del Gobierno del Estado de Guerrero de imponer una “Reserva de la Biósfera” en la región, maniobra que implicaba un incremento de poder gubernamental en el territorio, orientada a favorecer paradójicamente las iniciativas de minería a tajo abierto  y, en últimas fechas,  precisamente como efecto de estas luchas, enfrenta el permanente acoso de los dispositivos de poder del Estado.

Palabras clave: Decolonialidad, Policía Comunitaria, Guerrero, CRAC-PC, Minería a tajo abierto.

 

Introducción

   Hoy por hoy, las denominadas Autodefensas en los estados de Guerrero y Michoacán han dado un horizonte de visibilidad y aún, de debate y reconocimiento social a las apuestas por la autogestión  a nivel local y regional que emergen en el país, ante las agresiones sistemáticas a la población civil, en este caso,  por parte del crimen organizado. Un referente reconocido por los actuales movimientos de autodefensa –independientemente de su distinta naturaleza-, son las formas de autogobierno que dieron origen al Sistema Comunitario de Seguridad,  Justicia y Reeducación de la Costa Chica y Montaña, mejor conocido como la Policía Comunitaria de Guerrero o CRAC-PC y  la Ronda Comunitaria de Cherán en Michoacán, dos experiencias de organización indígena normadas por usos y costumbres que forman parte de las estructuras de gobierno de los pueblos (López-Bárcenas, 2014). 

   La Policía Comunitaria de Guerrero  surge a mediados de la década de los 90 del siglo XX como un sistema de seguridad de carácter autogestivo  para asegurar a nivel regional la protección y defensa de las comunidades bajo su circunscripción, ante la inseguridad  y  los altos índices de criminalidad y violencia  que se traducían en asaltos, robos, violaciones, lesiones y homicidios por parte de bandas armadas afincadas en la región y que emergieron  en la zona, primero, a consecuencia del cultivo y comercialización de enervantes –lo que propició la armamentización de la población involucrada-,  y luego, a raíz del desplome del precio del café, principal cultivo en la región, lo que provocó  desempleo y falta de recursos tanto de los productores directos, como de los jornaleros contratados para levantar las cosechas. Por ello, como señala Gelasio Barrera, Coordinador de la CRAC en 2013: “Esta lucha no se inició nada más por gusto, sino que  por cuestiones de fracasos…” (González, 2012).

   No obstante, si la inseguridad en la región fue el móvil que dio origen a la Policía Comunitaria, una constante que ha caracterizado su trayectoria de más de 18 años, es su inscripción permanente en nuevas luchas y derroteros que no se circunscriben al ámbito de la seguridad y que amplían  el sentido de lo que se entiende por defensa del territorio,  reconfigurando día con día el carácter  abarcativo de su Sistema Comunitario. 

   Una óptica desde la cual reflexionar estas nuevas luchas de la Policía Comunitaria, son las epistemologías del sur, que cuestionan las narrativas que dan por hecho lo instituido, como por ejemplo,  la racionalidad de las formas estatales,  para dar origen, desde la subalternidad,  a lo instituyente[3],  resistiendo las reglas y las jerarquías racializadas dentro de las cuales se encuentra confinado, desafiando la lógica de la colonialidad que los categoriza como inferiores y creando nuevas propuestas que ponen en la palestra sus luchas decoloniales (Yehia, 2007:97).

Imagen 1. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 1. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   Un primer parteaguas en que insertamos a la Policía Comunitaria en el contexto de los actuales “giros decoloniales” lo constituye su propia conformación, que, con fundamento en el reconocimiento constitucional al derecho a la libre autodeterminación  y autonomía de los pueblos y comunidades  indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, derivó en que veintiséis  pueblos me’ phaa y na savi de los municipios de  San Luis Acatlán y Malinaltepec en la Costa Chica-Montaña de Guerrero, acordaran constituirse como Policía Comunitaria el 15 de octubre de 1995, como una demanda urgente  ante la insostenible condición de inseguridad,  violencia y despojo que se vive en sus comunidades. Su objetivo fue resguardar los caminos y rutas donde se perpetraban los delitos para hacer frente  a la inseguridad y violencia cotidiana, ante la negligencia y omisión de las autoridades policiales correspondientes (González, 2012).

   En su acta constitutiva, la Policía Comunitaria fue respaldada por las principales organizaciones productivas de la región, precisamente aquellas que habían surgido a raíz de la supresión de los precios de garantía del café, del retiro de los subsidios a su producción y del cierre de la empresa paraestatal que se encargaba de comercializarlo –Inmecafé-; dichas instancias fueron:  la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña, la Unión Regional Campesina de la Costa Chica-Montaña, la Sociedad de Solidaridad Social de Productores de Café y Maíz y el Consejo Comunitario de Abasto Indígena. Respaldaron también su conformación organizaciones sociales emanadas propiamente del movimiento indígena, como el Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena y el Consejo de Autoridades Indígenas (Acta de acuerdo Constitución de la Policía Comunitaria, 1995).  Dichas organizaciones aportaron su  capital cultural y experiencia política para coadyuvar  primero a esta experiencia autogestiva de los pueblos indígenas, luego, como proceso autonómico institucionalizado.

   La primer estructura organizacional de la Policía Comunitaria, la que emerge de su acta constitutiva de 1995,  se basa en las estructuras normativas que emanan de los “usos y costumbres” indígenas. La Policía Comunitaria debe ser electa  en asamblea en cada pueblo,  coordinándose con el conjunto de policías avalados de cada comunidad. El armamento debe ser aportado por la comunidad –de ahí su carácter precario hasta la actualidad-, elaborando  el comisario, una relación de policías comunales y armas con sus respectivas matrículas. Esta relación, firmada y sellada por la autoridad municipal, debía portarla el comandante de cada pueblo (ibid.).

   La eficacia de esta Policía Comunitaria de carácter regional no se hizo esperar. Cuatro meses después de su conformación, en febrero de 1996, los delitos se habían abatido considerablemente, contabilizándose  tres durante ese periodo donde antes se presentaba una decena diaria en promedio.  Por ello, en el contexto interétnico regional, este proceso organizativo autogestivo que dio origen a una institución pluriétnica  de carácter regional como la Policía Comunitaria, se fue constituyendo en los hechos, en una de las más significativas estrategias etnopolíticas en la región, ganando respetabilidad, legitimidad y consenso en “territorio comunitario” (CRAC-PC, 2009).

   Otro momento significativo en que la Policía Comunitaria se incribe en procesos inéditos de autonomía desafiando la lógica de la colonialidad del poder, ocurre en 1998,  cuando como institución de los pueblos originarios en ejercicio de su autonomía, expande sus funciones,  encargándose no sólo de la seguridad, sino también de la impartición de justicia y reeducación mediante la construcción de un sistema jurídico propio: el de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI hoy CRAC).

   La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es el principal órgano del Sistema Comunitario encargado de la impartición de justicia. Genera los mecanismos para hacer efectivo ese derecho de la ciudadanía con apego a las prácticas jurídicas de los pueblos, así como a lo establecido en el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT. Constituye en los hechos un tribunal colegiado; sus atribuciones más importantes son judiciales; juzga mediante juicios orales  donde se busca la conciliación,  la reparación del daño y, en su caso,  impone procedimientos de reeducación realizando servicio comunitario gratuito durante un tiempo determinado según la gravedad del acto cometido y de compensación a los agraviados, al mismo tiempo que el reeducando  recibe consejo por parte de los “principales” de los pueblos para hacerle reflexionar sobre su conducta. Sus principios son: investigar antes que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar antes que castigar, no hacer distinción de edad, sexo, color, religión y grupo social, e impartir una justicia pronta y expedita. Su creación fue  resultado de la desconfianza y el descrédito generados por las instituciones del gobierno encargadas de procurar y administrar justicia, y en particular, por los Agentes del Ministerio Público,  quienes por corrupción, colusión o negligencia liberaban a los detenidos que remitía la Policía Comunitaria, alcanzando fianzas sin indagatoria alguna (CRAC-PC, 2009).

   A su vez, a cuatro años de su fundación, en 1999, la CRAC-PC  fortalece su  estructura institucional generando un Reglamento Interno[4] que define las funciones, derechos y obligaciones de cada una de las instancias de decisión y operación del Sistema Comunitario[5]. En 2001 consolida esta estructura, al someter a revisión el documento preliminar  con los representantes de cada una de las comunidades con apoyo de  los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.

   En 2002 cambia el nombre de Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI) a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC),  a raíz de que varias comunidades mestizas del municipio de Azoyú (y que hoy pertenecen al de Marquelia) solicitaron su incorporación a la CRAI-PC,  manifestando su anuencia a ajustarse a la normatividad indígena en materia de seguridad e impartición de justicia.  Este proceso de inclusión de la población mestiza a su institución comunitaria indígena, muestra el nivel de flexibilidad y adaptación que permanentemente ha requerido una instancia regional de este tipo, y que años después también se traduciría en la incorporación de población afrodescendiente (González, 2012).

   En 2005, en el marco del décimo aniversario de la Policía Comunitaria, se plantea por primera vez la construcción de un sistema integral de los pueblos que atienda  otras áreas de desarrollo comunitario, como salud, educación, producción, comunicación y equidad de género, además de la impartición de seguridad, justicia y reeducación.  En 2010, en las sedes de  Zitlaltepec y San Luis Acatlán se comienza a trabajar en  áreas distintas a las de justicia y seguridad, como salud, desarrollo comunitario y género. En Zitlaltepec, los comités de mujeres generan una Carta de Derechos de la Mujer y solicitan se tome en cuenta en la impartición de justicia (González 2012).

Imagen 2. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 2. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   En síntesis, podemos ubicar como derrotero de esta primera etapa de la Policía Comunitaria (1995-2010), el consolidar su estructura regional en Territorio Comunitario y expandir y normar sus funciones. Portavoz de un discurso propio, la CRAC-PC  fue capaz de concretar y afirmar su proyecto de autonomía ampliando sus funciones y estructura (justicia y reeducación)  mediante la creación de estamentos que regulan su sistema normativo – Acta Constitutiva Fundacional y Reglamento Interno-. En palabras de Castoriadis:

“… El proyecto de autonomía surge como un germen cuando una sociedad es capaz de dictarse sus propias leyes (de ser) de forma lúcida y reflexiva. Este proceso requiere de un permanente cuestionamiento de las instituciones y la puesta en tela de juicio de las leyes y sus fundamentos, incluso en el caso de las que nacieron bajo el mismo proyecto autónomo…” (Citado por Hudson, 2010).

   A partir de noviembre del 2010, un nuevo tipo de amenaza aparece en el horizonte del territorio comunitario ante la presencia de empresas mineras que pretenden implantarse en la región, luego de que la Secretaría de Economía a nivel federal otorgara once concesiones en la región sin conocimiento previo, libre e informado de sus habitantes. La lucha que así se cierne  ya no es exclusivamente contra el poder instituido y represivo representado por el gobierno estatal, que de siempre ha hostigado y criminalizado lo instituyente, negando o reprimiendo el derecho de los pueblos a ser autónomos y  a ejercer su autogobierno, desacreditándolos y descalificándolos. La nueva amenaza, que no es tan nueva, refiere al despojo que se pretende concretar a partir de la instalación de minas a tajo abierto de metales preciosos en territorio comunitario.

 

Antecedentes históricos del despojo en la región Costa Chica-Montaña

Históricamente, en el corredor  Costa Chica-Montaña[6] de Guerrero, la extracción de plusvalía se ha hecho a partir de los agentes y recursos  de los pueblos indígenas.      Dominada por una estructura social clasista y racista, las sucesivas fases de modernización económica, con su desigual impacto sobre la estructura productiva, dejó a los indígenas na savi, me p’haa, nahuas y amuzgos del corredor Costa Chica-Montaña de Guerrero,  confinados en el estamento social inferior, sea como peones o como productores de materia prima, generando situaciones de inequidad ampliamente reconocidas en esta región, una de las más marginadas del país.

   Bajo esta óptica, no es casual que la Policía Comunitaria  haya surgido precisamente en el corredor Costa Chica-Montaña de Guerrero, ya que la condición precaria diferencial de esta región puede apreciarse mediante un indicador compuesto, el denominado Índice de  Desarrollo Social[7], respecto al cual Guerrero es el estado con peor situación a nivel nacional; adicionalmente, de acuerdo con el denominado Índice Social Comparativo, las comunidades indígenas de Guerrero presentan condiciones aún más marginales que las comunidades indígenas de otros estados, y es precisamente en las regiones Montaña y Costa Chica donde se concentra la mayor población indígena de la entidad (De la Vega, 2001).

    La extracción del plusvalor en los albores del siglo XX en el corredor Costa Chica-Montaña de Guerrero, operó a manos de los hacendados dueños de las fincas algodoneras o ganaderas; luego, hacia mediados de siglo XX, comerciantes y acaparadores  mestizos  se apropiaban del excedente regional,  y por último, a finales del siglo, en la década de los setentas y ochentas, la mayor extracción de plusvalía fue generada por las empresas agroforestales cuyos concesionarios, a cambio del saqueo de  madera del territorio comunal o ejidal de las comunidades,  sustituían al Estado “compensando” a las comunidades con  la oferta de servicios públicos como caminos o electricidad.

   A este sistema de dominación y de explotación subyacente, históricamente determinado en el contexto del pluralismo étnico, Stavenhagen lo denomina: colonialismo interno (1989). Condición nunca superada del todo, el colonialismo interno se ve hoy intensificado por las redes del capitalismo global en cuya tendencia dominante actual es  la acumulación por despojo[8], que impone  nuevas formas de apropiación del espacio por parte de nuevos actores: las empresas multinacionales, quienes  generan una territorialidad propia que neutraliza los efectos regulatorios y restrictivos del Estado, sea mediante concesiones mineras que pretenden extraer oro y otros minerales mediante explotaciones a tajo abierto destruyendo los ecosistemas, o sea bajo el intento frustrado de instituir una “Reserva de la Biósfera” en la región Costa Chica-Montana y de esta manera  “expropiarles” el control de su territorio. 

   Desde el período postrevolucionario hasta bien entrado el siglo XX, cuando el camino del corredor Tlapa-San Luis Acatlán era de herradura, todo el comercio indígena se orientaba  hacia el norte, hacia Tlapa; o hacia el sur, a la cabecera municipal de San Luis Acatlán. La interdependencia regional se hacía patente en sus plazas, dado que los indígenas de la Montaña requerían el maíz  de quienes vivían en las suaves planicies costeras cercanas a San Luis, mientras que los indígenas de la costa, requerían el café, la panela y las frutas que provenían de la montaña.

   Esta articulación regional estaba mediada por el comerciante y acaparador mestizo en un proceso de integración regional que Aguirre Beltrán  denominó proceso dominical (1991), refiriéndose a grupos técnica y económicamente más desarrollados que ejercen el dominio sobre los grupos con formas de vida y de organización dotadas de  menor capital económico y político. El proceso dominical refiere al juego de fuerzas que hace posible la dominación y los mecanismos que se ponen en obra para sustentarla. De entrada, uno de los principales mecanismos de dominación es la discriminación étnica; sobre esa base se ejercen formas  difusas de violencia (Gasparello, 2009). Sirva el testimonio de Bernardita Macedonio, indígena me’ phaa, maestra jubilada de 56 años, originaria de Santa Cruz del Rincón para ilustrar esta condición:

   Antes, cuando yo tenía diez años (1970), bajaba con mi papa caminando desde El Rincón a San Luis; se hacían seis horas. Salíamos casi 12.30 de la noche y llegábamos todavía oscurito o cuando ya había amanecido.  Mi papá llevaba tres o cuatro bestias, cada una con su carga de panela. Una carga completa eran 16 bagazos, pero mi papá le incrementaba la carga a la bestia, le ponía cuatro bagazos más. Las cargas completas eran para alzar dinero, y los bagazos restantes, eran para pagar el impuesto que nos cobraban por vender en San Luis en la plaza: por cada carga tenía que pagar un bagazo de panela (5 pesos), y ya los bagazos que sobraban eran para comprar cositas.

   A mi papá le decían el “güero-indio”. ¡Hacía buena panela mi papá!, ¡No tenía comparación, la mejor panela de El Rincón era la de mi papá!  Antes de llegar a San Luis nos atajaban los comerciantes: ¡A ver güero-indio!,  ¿A cómo nos vas a dar la panela?, Pobrecito mi papá se quedaba…  Decía: pues… está muy barato como ustedes me pagan, yo quiero así… -ya les pedía él el precio-. ¡No, no, no güero-indio!, ¿Qué pasó?, ¡No. Te vamos a dar tanto!  -Pero ya te están contando el billete- ¡A ver!, ¡descárgamela aquí! -Ya nomás te ordenan-  Pobrecito mi papá, así estaban habituados, ya no había qué hacer ni qué decir…

   De manera que, a principios de la década de los setenta, en el corredor Costa Chica-Montaña, la economía indígena de subsistencia de las comunidades nahuas, me p’haa y na savi, topa con la transferencia y apropiación del excedente regional de los productos indígenas -piña, plátano, aguacate, café, panela, pollos, guajolotes y huevos- que se lleva a cabo en el mercado mestizo de San Luis Acatlán, donde la clase dominante somete  mediante un intercambio mercantil y monetario notoriamente desventajoso a los grupos indígenas de la región,mediando estructuras caciquiles de dominación económica y política.

Imagen 3. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 3. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   Pero existían otras vías de apropiación del excedente; una recurrente, la del crédito usurero, que lleva a vender por adelantado la cosecha a los mestizos de San Luis Acatlán, a precios bajos o a préstamos con cobros de interés muy elevados  tal como es señalado por Aguirre Beltrán en su obra Regiones de refugio (1973).

   Otra modalidad histórica de merma de la rentabilidad agrícola indígena era el cobro de alcabalas (impuesto) por parte de los ayuntamientos municipales. Este era unimpuesto municipal al comercio interno regional, es decir, un tipo de gravamen fiscal anticonstitucional que formalmente había sido suprimido en el país en 1858  y que durante la década de la revolución mexicana había resurgido nuevamente, consolidándose entre 1930-1940  (Aboites, 2001).En San Luis Acatláneste tipo de gravamen buscaba recaudar ingresos públicos a nivel municipal, mediante el cobro de un impuesto del 5% por la introducción de mercancías a la plaza  a todo aquél que en la región iba a comerciar.  Para ello se apostaban los inspectores establecidos en garitas en las entradas al pueblo y cobraban cuotas, a menudo en especie:

   Ellos se clasificaban mestizos y a nosotros,  los de acá de la sierra, nos decían: los indios, los de la montaña  o guancos. Cuando no venían a acapararnos los comerciantes y  llegábamos a la calle principal de San Luis, ¡Ya estaban ahí los que cobran!,  los inspectores!: ¡Ay qué humillación sufríamos!, ¡Pobrecito mi papá, yo me daba cuenta!, Le decía mi papá  al inspector: “Señor no traigo dinero, no he vendido mi panela”. ¡Viene llegando y ya le piden el impuesto nomás de ver cuánto lleva!

   Le decían: “¡Si no traes dinero güero-indio, mira,  aquí deja tu machete, tu sombrero y tu morralito de tortillas. Vende tu panela y vienes por lo que dejas!” 

Así que ahí dejábamos el morralito de tortillas, el sombrero, el machete. ¡Bendito sea Dios que era el primero que vendía mi papá!, ¡Vendía, y ya rápido pagaba!, y ya me mandaba a comprar zacate para las bestias. Y ya nos íbamos a sentar en el zócalo a comer las memelitas de manteca o de frijol que nos hacía mi mamá. Ya nos sentábamos a comer con el grupo de personas que venían del pueblo también a vender... (Bernardita Macedonio, Santa Cruz del Rincón, 2012).

   El cobro de alcabalas, impuesto a la circulación de mercancías, es una reliquia colonial que subsistió hasta bien entrado el siglo XX, aún cuando fueron numerosos los intentos de cancelarlas -en la Constitución de 1857 se decía que quedarían suprimidas a partir del 1º. de junio de 1858-.  En Guerrero, las alcabalas se suprimieron definitivamente  hasta 1971, en razón de un convenio nacional entre los estados y la Federación (Aboites, 2001).

   Sin embargo, la extracción de plusvalor más generosa en el siglo XX en el corredor Costa Chica-Montaña, fue instrumentada mediante los convenios de explotación forestal favorables a las empresas madereras.  Esta fue la vía que encontraron los pueblos para salir del abandono y la marginación gubernamental, permutando madera por caminos, por electricidad, por escuelas, por agua entubada, etc.

   A finales de la década de los 60s, ecosistemas enteros de la región Costa-Chica Montaña fueron concebidos y manejados como plataforma de tierras explotables; la naturaleza de esta vasta región se incorpora así  al sistema-mundo capitalista en condición de inferioridad, como mero recurso a ser explotado y como parte sustantiva de la lógica de la modernidad/colonialidad. Las empresas madereras establecieron sendos  convenios de extracción  con las comunidades de Iliatenco, Tlaxcalixtlahuaca y Pascala del Oro. A cambio de  la madera extraída, estas empresas ofrecían  la apertura de caminos y la introducción de la energía eléctrica. Ese fue el origen de la brecha de terracería entre  San Luis Acatlán e Iliatenco (1970), la cual derivó en el principal corredor actual Costa Chica-Montaña. Este tipo de arreglos fue también la opción de algunos pueblos como Tlaxcalixtlahuaca para poder introducir energía eléctrica a su comunidad (1974).

   De esta manera, Iliatenco, un pueblo situado a medio camino entre  la Costa y la Montaña, fue  el primero en el corredor, tanto del lado de la Montaña como del lado de la Costa, en contar con energía eléctrica mediante convenio con las empresas madereras. De hecho, la primera brecha desde la Costa en dirección a la Montaña cruzando por San Luis Acatlán, llegaba únicamente hasta Iliatenco, en razón de que la empresa requería de un camino transitable  para bajar la madera de Iliatenco a la Costa.

 

El proceso organizativo regional

No obstante, estas estructuras extractivas caciquiles dejan de ser preponderantes en la región hacia finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, cuando el Estado rompe el monopolio comercial privado mediante la cancelación de permisos de explotación forestal  y el inicio de operaciones de empresas gubernamentales, como la forestal Vicente Guerrero y también al crearse las parestatales Inmecafé y Banrural, las cuales desplazan a los comerciantes y acaparadores de la región y establecen un nuevo sistema de crédito, acopio y comercialización, cuya presencia se mantuvo hasta inicios de la década de los noventa (García, 2000; Paz y Cobo, 2000).

   En los 90’s, una nueva reestructuración de la organización social y económica surge, después de que el gobierno emprendiera la desregulación, liberalización del mercado y retirada de las paraestatales como el Inmecafe y Banrural. En este período, si bien se generan nuevos cacicazgos, las organizaciones campesinas son los actores más dinámicos en la región, incrementándose la intervención de los productores organizados en el mercadeo mediante el proceso asociativo regional  -es el caso por ejemplo,  de la Unión de Ejidos Luz de la Montaña, orientada fundamentalmente a la producción y comercialización del café, principal producto regional.   Estas agrupaciones regionales se fueron apropiando de espacios antes dominados por los patrones lugareños o por el Estado y mantienen hasta la fecha su liderazgo (Espinosa, 1998). A su vez estas asociaciones fueron las precursoras de la Policía Comunitaria.

 

Nuevos intentos de acumulación por despojo

Recién en la primera década del siglo XXI, surgen nuevos intentos de integrar el corredor Costa Chica-Montaña de Guerrero a los circuitos mercantiles globales mediante el control/apropiación/usufructo del territorio indígena, es decir, de sus bienes comunales y/o ejidales. Las nuevas estrategias de desposesión  se están gestando por parte de empresas  mineras trasnacionales al tratar de imponer en la región –extrapolación de lo que se pretende imponer en el país-, un modelo de desarrollo neoextractivista. Este modelo, entendido en un sentido amplio, tiene su núcleo dinámico en la remoción de  grandes volúmenes de bienes naturales sin ser procesados -o sólo limitadamente- para ser exportados como “commodities” al mercado internacional, como es el caso del petróleo, gas y de los minerales. El signo distintivo de este renovado modelo de expoliación respecto a su estructura tradicional, reside en tres características novedosas que han cobrado relevancia en las últimas décadas:

1) La sobre-explotación de recursos naturales cada vez más escasos, en gran parte no renovables.

2)  La expansión de las fronteras de explotación hacia territorios considerados como “improductivos”, y

3) La tendencia a la monoproducción asociada a la condición extensiva de las explotaciones.

Imagen 4. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 4. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

El denominador común de estas tres aproximaciones al desarrollo, es que se sostienen en gran medida mediante la explotación y exportación de bienes comunes de la naturaleza (Svampa, 2011).

 

La lucha de resistencia emprendida por la CRAC-PC contra la acumulación por despojo en territorio comunitario

En el contexto de una política de Estado que impulsa activamente un modelo económico neo-extractivista, la Secretaría de Economía  ha otorgado en el  estado de Guerrero -hasta el año 2010-,  535 concesiones mineras, las cuales abarcan el 9.66% de la superficie estatal (SE, 2010:9, PED 2011-2017). El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en gira en Estados Unidos en junio de 2013, anunció en una reunión con el subsecretario estadunidense del Departamento de Comercio para asuntos del Hemisferio Occidental, Walter Bastian, que “no quiere que se vea a Guerrero solamente como un destino turístico, sino como una entidad con desarrollo comercial, con el impulso a las áreas agroindustrial y minera” ofreciendo “certeza jurídica” para la realización de dichas actividades(Medina, El Sur, 26 junio 2013).

     En ese marco, la CRAC-PC ha manifestado su oposición abierta a la imposición de proyectos mineros en territorio comunitario. A raíz del conocimiento por parte de la CRAC-PC, de que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía había otorgado trece concesiones mineras a  empresas extranjeras  y nacionales que sumaban un total de 118,097 ha. en el territorio bajo su jurisdicción[9], en enero de 2011, la organización pone en marcha una estrategia de resistencia contra la exploración/explotación minera basada en la experiencia  de lucha de los pueblos en torno a su Policía Comunitaria.  

   El proceso organizativo de la CRAC-PC contra la imposición minera  en la región Costa Chica-Montaña de Guerrero se sustentó en:

1. Desplegar una campaña informativa intensiva en territorio comunitario en defensa del agua, la tierra y los bosques.  La campaña de información fue realizada masivamente por grupos de voluntarios de la sociedad civil, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan,  estudiantes de las  universidades asentadas en la región y por promotores de salud de la CRAC-PC.  La estrategia de información consistió en:

a) Identificar las concesiones mineras  otorgadas en  territorio comunitario  e informar qué tipo de metales y de explotación se pretende realizar en la zona.

b) Denunciar los efectos sociales, en la salud y ambientales que acarrearía la extracción minera en la región                                           

c) Convocar  a las autoridades agrarias a Asambleas Regionales  informativas y de deliberación sobre la exploración minera en la región, como la celebrada en Paraje Montero, Malinaltepec, el 26 de febrero de 2011, en donde veintiún comisariados representantes de los núcleos agrarios y treinta y cuatro Comisarios Municipales dieron a conocer el acuerdo al que habían llegado sus comunidades, ratificando uno a uno su rotunda negativa a la minería en su territorio (a excepción de la comunidad anfitriona, que ya había llegado a un acuerdo previo con la empresa minera).

2º  Denunciar ante los medios de comunicación de cobertura nacional, internacional  y estatal lo que estaba ocurriendo en la región. A partir del 4 de enero del 2011, en el periódico nacional La Jornada aparecen varios artículos referidos al tema, y los periódicos regionales y estatales coadyuvan en la cobertura.

3º. Demandar el derecho a la consulta previa  respecto a las actividades mineras en territorio indígena, conforme al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se reconoce el derecho de los pueblos originarios a sus tierras, territorios y recursos, así como a la consulta previa, libre e informada sobre cualquier obra de infraestructura a realizar en su territorio:

No permitiremos la instalación de las minas en nuestros territorios. Los gobiernos federal, estatal y municipales deben garantizarnos y hacer efectivo el derecho a la consulta. Tenemos el derecho histórico y preferente al uso y preservación de nuestras tierras y territorios. Nuestra lucha es por la vida.  Las minas significan muerte”. (Boletín CRAC-PC, 21 de agosto, 2011).

Antes de la campaña abierta de la CRAC-PC en contra de los proyectos mineros en  territorio comunitario, en el estado de Guerrero  la oposición a la instalación de estas empresas había sido muy limitada, ya que una de las principales estrategias de los concesionarios mineros, es precisamente aprovechar la desinformación de las comunidades sobre las implicaciones y consecuencias de una mina a tajo abierto. De manera que, sin consentimiento informado, éstas aceptan la relación contractual empresa-núcleo agrario para iniciar la etapa de exploración, autorizando el permiso de ocupación temporal de sus tierras a cambio de dinero y ofertas de servicios y de trabajo, en un modus operandi común en las empresas del ramo, que es la  compra de voluntades a través de canonjías  ofreciendo mejoras en la infraestructura del pueblo.

Imagen 5. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 5. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   Alertadas las comunidades y núcleos agrarios de los efectos sociales, sanitarios y ambientales de imponerse el modelo neoextractivista en la región, en la que probablemente ha sido la más extensa campaña informativa por medio de asambleas y/o grupos de discusión a nivel nacional, prácticamente se ha paralizado la actividad de los empresarios mineros en esta región, reduciéndose sus incursiones al municipio de Iliatenco. En esta comunidad, representantes de la empresa canadiense Camsim, se presentaron en 2011 ante el Comisariado de Bienes Comunales con un convenio preelaborado en que el presidente del Comisariado autorizaba las labores de exploración;  a cambio, la empresa ofrecía dinero y las promesas que acostumbran hacer: empleo, escuelas, clínicas y caminos.

    El Comisariado convocó al pleno de los comuneros, donde en asamblea resolvieron negarse a firmar cualquier contrato con los empresarios mineros. Las airadas reacciones de los representantes extranjeros en esa ocasión, expresadas en inglés, les resultaron contraproducentes, pues varios de los participantes locales en la asamblea, migrantes de retorno con conocimiento de la lengua inglesa, tradujeron ahí mismo las expresiones de desprecio de los visitantes, quienes se encontraron entonces en un medio ya de crispada oposición (comunicación personal, Tiburcio González).

   No obstante, el principal impulsor de las empresas mineras en esta región es el Gobierno del Estado. La política del gobierno estatal es el “aprovechamiento del potencial minero de Guerrero” (PED 2011-2017, 2011:138) mediante “proyectos mineros modelo que se guiarán según principios internacionales del desarrollo sostenible”.  Su labor de gestión se centra en  promover  un “acuerdo de voluntades en la actividad minera” que, a través de un consenso entre los dueños de la tierra y empresarios, asegure “el más alto y benéfico impacto social local[10] (GEG-PEE, 2011).

   De acuerdo con Lozano (2011:4), asesor  del gobierno estatal en materia ambiental, la suscripción obligada al “Acuerdo de voluntades” de las mineras asentadas en la entidad, las cuales pretendan iniciar operaciones con los legítimos propietarios de las tierras, “operará naturalmente en beneficio de la minera, ya que ayudarán a disminuir el riesgo socio-político para las empresas, alentará la llegada de más inversiones al sector y construirá una sana relación empresa-comunidad”.

   Dicho “acuerdo de voluntades” ha sido presentado a la CRAC-PC por el asesor del gobierno en materia medio ambiental para impulsar el proceso de aceptación de la entrada de empresas mineras en esta región, sin que hasta el momento la CRAC lo haya suscrito[11].  En el mismo sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guerrero (SEDECO), anunció en septiembre de 2011 que implementaría una campaña de difusión e información a la población, particularmente en la Región de la Montaña, sobre los “beneficios que trae consigo el establecimiento y operación de las empresas mineras”. En un comunicado  el día 8 de septiembre del 2011, la CRAC-PC responde al anuncio del gobierno del estado de Guerrero en los siguientes términos:

… De manera abierta y descarada, el gobierno del estado se pone al servicio de las grandes empresas haciendo labor de convencimiento a la población, desoyendo los reclamos y el rechazo que ya desde hace varios meses hemos hecho públicos, en el sentido de que no permitiremos el establecimiento de las empresas mineras, sabidos y concientes de que lo único que traen esas empresas es la esclavitud y la muerte...

   No cabe duda que el carácter comunitario de los pueblos indígenas y con ello, su experiencia  a través de la organización social, han sido un factor clave en esta lucha de resistencia contra la imposición del proyecto minero en la región.

 

La defensa del territorio comunitario contra la imposición de una Reserva de la Biósfera en la región por parte de instituciones federales y estatales.

Una nueva intensificación de la presión sobre la integridad del territorio comunitario surge en septiembre de 2012, al anunciar  la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero (SEMAREN) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas(CONANP), su pretensión de promover una iniciativa  para que se decretara una Reserva de la Biósfera de la Montaña. Ésta  abarcaría 157 mil 896.08 hectáreas de seis municipios del corredor  Montaña-Costa Chica: Malinaltepec, Iliatenco, Cochoapa el Grande, Metlatonoc, San Luis Acatlán y Atlamajalcingo del Monte (GEG, 17 de julio de 2012).

    Los promoventes de dicha Reserva, Carlos Toledo Manzur, secretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) y Taurino Hernández Díaz, representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, firman un convenio de colaboración con Rafael Aréstegui Ruiz, rector de la Universidad Intercultural de Guerrero para impulsar la declaratoria respectiva. 

   En octubre del 2012, pretenden iniciar un proceso de consulta en 250 comunidades indígenas na savi y me’ phaa cuyo objetivo principal sería -según la Semaren-: “informar a las comunidades de la propuesta de Decreto” y “determinar a través de un consejo asesor representativo de las mismas, el plan de manejo y tipos de proyectos que podrían permitirse en el Área Natural Protegida”. Dicho plan de manejo sería “un instrumento legal para que las comunidades decidan qué proyecto de explotación minera o forestal se hace y cuál no” (C. Toledo Manzur, titular de la Semaren estatal).  Los estudiantes de la Universidad Intercultural de Guerrero -ubicada en la comunidad de la Ciénega, Municipio de Malinaltepec-, serían los promotores operativos de dicha información y consulta.

   La consulta abarcaría las comunidades me’ phaa y na savi de Cochoapa el Grande, Zitlaltepec, Huehuetepec, Mixtecapa, Paraje Montero, San Miguel el Progreso, Colombia de Guadalupe, Iliatenco, Santa Cruz del Rincón, Vista Hermosa y Pueblo Hidalgo, cuyos núcleos agrarios se verían afectados en caso de instituirse el decreto de Reserva de la Biósfera.

   En respuesta a lo que consideran una imposición y una nueva estrategia de despojo y apropiación sobre sus territorios, la Comisaría Municipal de la comunidad de la Ciénega –justamente la comunidad donde se encuentra ubicada la universidad cuyo entonces rector era promotor de la Reserva- convoca a los Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales de los seis municipios afectados, a los Xiná y principales de los pueblos, a la CRAC-PC y a organizaciones sociales diversas al “Foro Regional en Defensa de Nuestros Territorios y Contra el Proyecto Federal  de Reserva de la Biosfera” que se llevó a cabo en La Ciénega, Malinaltepec, el 6 de octubre de 2012.

Imagen 6. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 6. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   En ese primer foro, se emite en su declaratoria el rechazo total  al Decreto Federal de  Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero:

La iniciativa de crear una reserva de la biosfera en la Montaña Alta de Guerrero no nace de los pueblos, por el contrario forma parte de los grandes intereses económicos de las empresas extranjeras y de los gobiernos privatizadores. Ellos ahora quieren decidir sobre quiénes serán los que cuiden  y se aprovechen de todo nuestros bienes naturales. No les importa consultar  a los pueblos para saber si estamos de acuerdo, tampoco les interesa respetar las formas de organización comunitaria que son autónomas y buscan  siempre el beneficio de la colectividad…

Hacemos un llamado a las instituciones como la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a las autoridades académicas de la Universidad Intercultural (UIEG), que se abstengan de seguir promoviendo la creación de esta reserva… y con ello, lograr su objetivo de imponer(la)  sin tomar en cuenta la libre determinación de los pueblos. (Declaración del Foro Regional en Defensa de Nuestros Territorios y Contra el Proyecto Federal  de Reserva de la Biosfera, 6 de octubre 2012).

En dicho pronunciamiento   también se exige la cancelación del convenio de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero con la Semaren y la renuncia de su rector, “pues queda en entredicho cuál era el verdadero papel de dicha universidad”.

   No escapó al análisis de los pueblos y comunidades indígenas de la región, que la referida “consulta” para la creación de la Reserva de la Biósfera de la Montaña, constituía una nueva escalada en la búsqueda de control externo de sus territorios desde la colonialidad del poder. Pues ahora, mediante un Decreto Presidencial, se pretendía encubrir una estrategia legal para expropiar a los pueblos originarios  el control que detentan  sobre su territorio y, mediante este artilugio, someterlos a normativas impuestas desde el exterior que permitiesen precisamente el ingreso de las empresas mineras en la región.[12]

   Tampoco escapó al análisis del Consejo Agrario en Defensa del Territorio –estructura de organización conformada por los núcleos agrarios a afectar- que la propuesta de Reserva de la Biósfera se vincula con la inscripción de veintiuno de sus núcleos agrarios en los programas de la Conanp: “Pago por Servicios Ambientales”,  “Certificado por Conservación Voluntaria” o “Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación”, pues el total de “áreas de conservación voluntaria” certificadas por la Conanp, abarca 58 mil 905 ha. de las actuales 157 mil 896.08 hectáreas de la propuesta de la Reserva de la Biósfera (Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, 29 de abril). 

   En palabras de la misma Semarnat-Conanp (2012: 221):

Las Áreas de Conservación Voluntaria son, por ahora, el principal mecanismo de conservación de la biodiversidad en la Montaña de Guerrero y son un ejemplo de gobernanza ambiental, en donde sus propietarios son en mayor proporción pueblos indígenas.

La Conanp, a través del personal de la Región Prioritaria para la Conservación la Montaña de Guerrero, acompaña y apoya mediante sus programas las acciones de conservación, manejo, vigilancia y restauración de éstas. Se pretende que estos sitios sean las zonas núcleo de una futura Reserva de la Biósfera en la región Montaña de Guerrero.

   Ante la apuesta de la Conanp de articular su propuesta de una Reserva de la Biósfera a través de los núcleos agrarios que ya habían suscrito Certificados por Conservación Voluntaria[13],  el Consejo propuso como medida precautoria no aprobar nuevos convenios de “Pagos por Servicios Ambientales” en la región. Otra medida realizada por el Consejo, fue la de entregar al Registro Agrario Nacional actas de rechazo al Decreto de Reserva correspondientes a cada uno de los núcleos agrarios.

Por otra parte, el referido Consejo se pronunció a nivel federal ante la Cámara de Diputados (Cencos, 29 de abril de 2013), al presentar  8,000 firmas de apoyo de sus comunidades, manifestando su inconformidad a la propuesta de ley para crear por Decreto Presidencial la Reserva de la Biósfera de la Montaña. Con esta medida, el Consejo Agrario se anticipó a la presentación de la iniciativa de ley del Decreto:

    No vamos a aceptar la imposición del gobierno para que cree un organismo para que decida cómo vamos a vivir en nuestro territorio…. es muy necesario que estos territorios sigan siendo de la gente de la montaña…. 

   Los pueblos de la región de la montaña del estado Guerrero, son regiones muy olvidadas, son regiones que son las que menos reciben programas sociales, pero más sin embargo, se les quiere explotar lo único que les queda para sobrevivir. Por eso hacemos un llamado a nuestros gobiernos, a los senadores, a los diputados, y a las dependencias que tienen esta iniciativa de hacer una Reserva de la Biósfera en este lugar, y también  a las dependencias que tienen mucho interés sobre la economía del país en querer destruir nuestra región, en querer saquear toda la riqueza que tiene esta región de la montaña, por eso desde aquí hacemos un llamado, que primero se realice una consulta a los pueblos…

Imagen 7. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 7. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   En realidad, la propuesta de creación de una Reserva de la Biósfera en la Montaña de Guerrero es un proyecto añejo, surgido en 2001 como una iniciativa del Gobierno Mexicano, financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Fue implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e instrumentada por la Comisión Nacional de áreas Protegidas (CONANP) bajo el nombre de: Manejo integrado de ecosistemas en tres ecorregiones prioritarias (MIE) (La Chinantla, Oaxaca; Los Tuxtlas, Veracruz y La Montaña de Guerrero).  Dicho proyecto tuvo un costo de más de quince millones de dólares y concluyó en 2011 (PNUD, 2011).

   A pesar de haber transcurrido una década de operación de tal proyecto internacional administrado por el PNUD, las comunidades indígenas y núcleos agrarios de la Región de la Montaña no estaban enteradas del mismo y se opusieron tajantemente a que los Certificados por Conservación Voluntaria suscritos con la CONANP  fuesen el fundamento para la constitución de una Reserva de la Biósfera en la región. En ese sentido, es evidente que el proyecto MIE obvió  la recomendación elaborada por los expertos en el 2006, en el sentido de que  su implementación debía ser de forma participativa y consensuada en las localidades y zonas de conservación y que dicha deficiencia debía ser remontada en el periodo de ejecución restante del proyecto MIE (Llosa y Levesque, 2006:VIII). También resta credibilidad  al proyecto MIE del PNUD la afirmación suscrita  por sus evaluadores finales, al afirmar como un hecho la aseveración falsa de que La Montaña alta está en proceso de obtener la declaración como Reserva de biosfera al conjunto de áreas de auto certificación” (Vela y Pablos, 2010:4).

   Finalmente, el 14 de mayo de 2013, ante la presión ejercida por el Consejo a nivel nacional ante la Cámara de Diputados, el ya mencionado titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) en Guerrero, Carlos Toledo Mansur, anuncia la cancelación del proyecto para el establecimiento de la Reserva de la Biosfera de La Montaña debido a la falta de consenso social (EGR, Crónica, 14 de mayo 2013). Si bien la  batalla ganada en contra de esta nueva imposición de proyectos en territorio comunitario, no se le puede adjudicar como tal a la CRAC-PC, es innegable que el marco organizativo emprendido en la región a partir de su estructura ha sido determinante para el logro de consensos en diversos ámbitos, incluido este caso.

 

Las luchas por  desarticular el poder autonómico de la CRAC

   Si bien las nuevas luchas decoloniales en las que se ha inscrito la CRAC-PC, como la entablada en contra de la instalación de megaproyectos mineros, son un claro ejemplo de su capacidad  organizativa -en conjunto con otras organizaciones sociales- para desarticular  la dominación neocolonial en la región (Holloway, 2002),  las fuerzas del Estado han entablado también una lucha sistemática por  desarticular el poder autonómico de la CRAC-PC, precisamente para contrarrestar su papel en defensa del Territorio Comunitario y fortalecer tanto la funcionalidad económica del poder[14] como su posición de fuerza.

   Cabe aquí citar a Castoriadis cuando plantea:

“… la autonomía es un proyecto político-social que se determina a partir de una tensión constitutiva: la dinámica entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido alude a lo ya dado, a lo establecido, a todo aquello que de tanto actuarse se torna “natural”, a diferencia de lo instituyente, que refiere a una fuerza de cambio, a una potencia más o menos indeterminada, innombrable, que cuestiona y contrapesa permanentemente a lo establecido en una institución.La autonomía es, pues, el proyecto (…) que tiende, en un sentido amplio, a la puesta al día del poder instituyente y su explicación reflexiva…”  (citado por Hudson, 2010).

   Lo que opera entonces es la  tensión entre lo instituyente, que aquí corresponde a la CRAC-PC como fuerza de cambio que cuestiona y contrapesa permanentemente lo establecido y lo instituido, correspondiente al despliegue de una relación de fuerza por  parte de los dispositivos de poder del estado, determinados a someter a la CRAC-PC  mediante diversos mecanismos. Como señala Foucault (1980): “el poder es una vasta tecnología que atraviesa el conjunto de relaciones sociales; una maquinaria que produce efectos de dominación a partir de un cierto tipo peculiar de estrategias y tácticas especificas”.

   Si bien históricamente el Estado habían mostrado su faz autoritaria y represiva como táctica de dominación ante el proyecto autonómico de la CRAC-PC, ejerciendo una persecución permanente (Tlachinollan, 2013), las tácticas del actual Gobernador Angel Aguirre incluyen nuevas formas insidiosas mediante las cuales opera la práctica del poder, como son: la valoración y discriminación selectiva de las autoridades comunitarias de la CRAC-PC; la amenaza de integración de la CRAC-PC al nuevo Cuerpo de Policía Rural Estatal;  el control, burocratización e institucionalización de la CRAC por parte del Estado; la creación de nuevas estructuras paralelas de poder que funcionen como contrapeso, contención, sustitución  y  penetración de la CRAC, y también,  permeando todo ello, mediante el poder corruptor del dinero.

1º. Valoración y discriminación selectiva de las autoritarias comunitarias de la CRAC-PC por parte del Estado

Imagen 8. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 8. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   Uno de los aspectos más insidiosos en que se manifiesta el poder coercitivo y autoritario del Estado es crear un clima de tensión y hostigamiento mediante mecanismos de valoración y discriminación selectiva contra  los Coordinadores de la CRAC. En ese sentido, el gobernador Ángel Aguirre ha dado un trato discriminatorio y represivo contra ciertos Coordinadores y autoridades de la CRAC criminalizándolos. Ejemplo de ello es la detención arbitraria en contra  de la Coordinadora de la Crac-PC de la sede de Olinalá, Nestora Salgado  García, realizada por  efectivos del Ejército y la Marina en uso excesivo de la fuerza pública -un operativo con más de 150 integrantes-,  sin detención judicial, a solicitud de las autoridades civiles del estado de Guerrero el 21 de agosto de 2013 (CRAC, 13 sep.).   

   Días antes, Nestora,  junto a policías comunitarios, detuvo al síndico, Armando Patrón, por cometer abigeo, y por el presunto asesinato de dos ganaderos (Gómez, La Jornada, 11 de marzo 2013). El gobierno del estado  le  fabrica el cargo penal de secuestro agravado, solicitando  su internamiento  en un centro  penitenciario de alta seguridad fuera del estado (GEG, comunicado de prensa, 27 agosto 2013). Las falsas imputaciones contra la coordinadora han generado que la misma CNDH (2013:86) señale que “el delito que se  le imputa —secuestro— pudiera estar relacionado con el tipo de actividades que  realizaba en sus labores de policía comunitaria —como lo es la retención de  personas—, las cuales fueron avaladas, reconocidas y apoyadas por el Gobierno del Estado de Guerrero”.

   No es el único caso;  la detención arbitraria, las falsas imputaciones y el uso excesivo de la fuerza se han hecho presentes en otros operativos contra autoridades de la CRAC. Durante ese mismo 2013 se detuvo al Coordinador de la sede de El Paraíso, Municipio de Ayutla de los Libres,  Bernardino García Francisco junto a otros doce policías comunitarios. El operativo involucró a fuerzas estatales y federales –incluidas las Fuerzas Armadas-.  Acusado de delito de secuestro, fue enviado al reclusorio de Acapulco (Tlachinollan, 1 de diciembre 2013).

   También al promotor de la CRAC de la sede en Tixtla, Gonzalo Molina González,  luego de tomar el Ayuntamiento en Tixtla en protesta por la detención arbitraria de Nestora Salgado, se le acusó de privación ilegal de libertad y terrorismo, recluyéndolo en el  Centro Federal de Readaptación Social de Oaxaca (Tlachinollan, 11 de diciembre 2013). Al promotor de la CRAC de la sede en Ayutla, Arturo Campos Herrera, se le adjudicó el delito de secuestro agravado por causa de los 39 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso  bajo su resguardo, enviándolo por ello, al penal de máxima de seguridad del Altiplano en el Estado de México (Tlachinollan, 17 de diciembre de 2013).

   En síntesis, las medidas tomadas por el gobierno contra autoridades de la CRAC-PC son desproporcionadas e ilegítimas, manifestando el poder del Estado su forma más arcaica y brutal de represión y criminalización de manera abierta y sin enmascaramentos (Chavez, El Sur, 21 de enero y 6 de marzo 2014; Ferrer, La Jornada Guerrero, 21 enero 2014;  Agustín, Diario 21, 2 de diciembre 2013).

   En estas detenciones, la razón de Estado nunca se hace explícita, pero se especula que el gobierno reprime a la Casa de Justicia de la CRAC en El Paraíso, a la cual corresponde los municipios de Olinalá, Tixtla, Ayutla, Atlixtac, Huamuxtitlán, Cualac y Alpoyeca,  en represalia porque los líderes de esta Casa de Justicia se han sumado a causas civiles,  como la lucha del magisterio en defensa de la educación pública y gratuita que convergió en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y a la cual se integraron  diversas organizaciones sociales[15].  La CRAC apareció en primer plano en la marcha convocada por la  CETEG de Tixtla a Chilpancingo en abril de 2013 (Cuevas, API,8 de agosto),  así como enapoyo  al mitin que la referida CETEG organizó en la plaza Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo (Ocampo, La Jornada, 9 de abril 2013); 

Imagen 9. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 9. 17 Aniversario de la Policía Comunitaria. Foto de Lilián González, 2012.

   El gobierno estatal hostiga a la Policía Comunitaria de Paraíso argumentando que en estos espacios públicos la CRAC-PC aparece armada, a pesar de que el gobernador advirtió que tenían  que ceñirse al decreto que presentó al Congreso Estatal, en el cual se señala que no pueden salir de su territorio armados (Agustín Rogelio y Nereida Catalán, Diario 21, 9 abril, 2014).  Al respecto, Gonzalo Molina, desafió al gobernador al afirmar que sus policías saldrían armados de su territorio para hacer trabajo comunitario (De la O, La Jornada Guerrero, 16 de mayo), en tanto que Eliseo Villar, Coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán, quien también había forjado un liderazgo por parte de la CRAC en el Movimiento Popular Guerrerense, acató las órdenes del gobernador. 

   En el mes de agosto de 2013, los policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, bloquean carreteras en Tixtla, Olinalá, Atlixtac y Huamuxtitlán contra el hostigamiento de militares a los sistemas de seguridad comunitarios y en rechazo a las reformas estructurales que propone el denominado Pacto por México en educación y energía y contra el intento de aplicar el IVA a alimentos y medicinas (De la O y Cisneros, La Jornada Guerrero, 7 de agosto de 2013; Sipaz, 2013). En ese mismo mes, la Casa de justicia de El Paraíso, denuncia que los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y municipales “sirven a los intereses de los cárteles de la droga, pues todos los cuerpos policiacos y militares están involucrados con la delincuencia” (Ocampo, La Jornada, 6 agosto 2013). Asu vez, Molina González afirmó que el programa nacional Cruzada contra el Hambre organizado por la SEDESOL pero operado por la SEDENA constituía una remilitarización del Territorio Comunitario (Cervantes, El Sur, 19 y 14 de agosto 2013). En el mismo tenor, Arturo Campos Herrera ratificó su rechazo a la Policía Rural creada en el Congreso local, al sostener como intención de dicha iniciativa la de desarticular los sistemas alternativos de seguridad pública existentes en la entidad (Agustín, Diario 21, 2 de diciembre).

   A la par que el gobierno criminaliza a ciertos líderes de la CRAC-PC, forja  una alianza con Eliseo Villar, entonces Coordinador de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, a quien el gobierno coptó mediante generosos recursos económicos para la institución. Con “derecho de picaporte” con el gobierno del estado, Villar fomentó el divisionismo al interior de la CRAC al desconocer a la Casa de Justicia de El Paraíso y a las Policías Comunitarias de los municipios de Olinalá y Tixtla.  Al igual que el gobierno del estado, Villar criminalizó a sus compañeros, señalando que“no serán defendidos en sus excesos” y que “ellos buscan  una confrontación con el gobierno estatal y federal”.  Sus declaraciones, coinciden con las del vocero del Ejecutivo estatal, José Villanueva Manzanares, quien señaló que se había agotado el diálogo con los “grupos radicales expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias”, refiriéndose a la Casa de Justicia de Paraíso (Notimex, 29 agosto 2013; Cervantes, 16 agosto 2013).

    Estos mecanismos de valoración y discriminación selectiva por parte del gobierno del estado, en los que a unos ofrece la mano y a otros el garrote, moldeando  lealtades a través de recursos económicos en tanto que criminaliza a quienes no están dispuestos a subordinarse a la estructura gubernamental, han sido el principal recurso para promover la fractura de la organización interna de la CRAC.

     A ello se suma la creciente militarización de la región como dispositivo disciplinario de poder para controlar las organizaciones sociales. El Colectivo Contra la Tortura  y la Impunidad (CCTI), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero coinciden en señalar que “estas acciones se dan en el marco de una creciente militarización en la región de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la cual ha sido justificada por las autoridades como parte de los campamentos que se están realizando en el marco de la Cruzada contra el Hambre en la región”.

   Por otra parte, si como señala Holloway (2002), el poder hacer es la medida de la emancipación entendida como autodeterminación, como autonomía, entonces  los líderes de la Casa de Justicia de Paraíso, insumisos con el Estado, dispuestos a romper imposiciones, a adoptar nuevas determinaciones y espacios de lucha que los enlazan con otros sectores de la sociedad más allá del canon de la seguridad y la justicia comunitarias, adoptan así una postura de abierta oposición al gobierno estatal y por ello es que los dispositivos de poder del Estado han tomado todas las medidas represivas necesarias para contener dicha expansión en el pensamiento y acción de la CRAC-PC.

2oLa amenaza de imposición de la incorporación de la CRAC al Cuerpo de Policía Rural Estatal bajo la dirección del Mando Único.

   En la era moderna, la práctica del poder, se ha caracterizado por el amedrentamiento mediante dispositivos legales basados en el derecho público. En ese sentido, una amenaza latente para el proyecto autonómico de la CRAC-PC surge de la propuesta del gobernador,  Angel Aguirre Rivero, de crear una  “Policía Rural” bajo la dirección del “Mando Único”, a la cual se tendrán que integrar “todas las policías comunitarias y autodefensas del estado de Guerrero”.

Imagen 10. Plantón en la Carretera México-Acapulco del 12 de diciembre de 2013. Foto de Lilián González.
Imagen 10. Plantón en la Carretera México-Acapulco del 12 de diciembre de 2013. Foto de Lilián González.

   Vinculado al surgimiento de diversos grupos de autodefensa liderados por la upoeg (Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero), en marzo de 2013, el gobernador del estado signó un convenio con  los 81 presidentes municipales de Guerrero  para conformar el Mando Único Policiaco en el estado,   anunciando una iniciativa de decreto paracrear al Cuerpo de Policía Rural Estatal.  Esta iniciativa por parte del ejecutivo, fue aprobada por el Congreso  en noviembre del mismo año.  El decreto gubernamental pretende que las policías comunitarias sean agentes auxiliares del Estado y prohíbe expresamente aplicar procesos de reeducación o sanciones, procesar a los detenidos y realizar detenciones fuera de la flagrancia, entre otras medidas que abarcan todas las funciones de la crac. Además, amenaza con sanciones si se realizan estas acciones. Si bien algunos funcionarios afirman que la normatividad de dicho cuerpo policial no se aplica a  la CRAC-PC, otras autoridades señalan lo contrario, lo que de cualquier manera ha significado para la CRAC-PC un proceso de desgaste para defender la legalidad y legitimidad de su propuesta autonómica ante una iniciativa de ley que pretende integrarlos sin más al sistema judicial del estado, lo que constituye su anulación franca.

3º. La institucionalización de la CRAC por parte del Estado

   Actualmente hay una crítica a la forma en que lo instituyente –la CRAC-PC- se vincula con los poderes instituidos del estado. Un ejemplo de ello es el proceso de credencialización de la Policía Comunitaria, demandado por el gobierno del estado y acatado unilateralmente por los entonces Coordinadores de la CRAC de San Luis Acatlán sin previa consulta a la Asamblea Regional (De la O, 20 de agosto 2013).

   Esta ruptura del diálogo entre la estructura de la organización y las bases se fue naturalizando en el accionar cotidiano de la CRAC, en  que muchas medidas que sólo podían ser asumidas por la Asamblea Regional fueron adoptadas de forma unilateral por los coordinadores, lo que terminó por debilitar su legitimidad en la toma de decisiones y sentó el precedente para que nuevas decisiones fueran tomadas unilateralmente sin previa consulta a la asamblea y sin acatar el reglamento interno, entre ellas, expulsar a integrantes de la CRAC, retirar su aval a otras Casas de Justicia de la misma organización, apresar a integrantes de la CRAC o decidir sobre sus recursos económicos.

4º. Creación de nuevas estructuras paralelas de poder comunitario por parte del Estado que funcionen como contrapeso, contención, sustitución  y  penetración de la CRAC

Imagen 11. La lucha contra la imposición minera. Foto de Lilián González.
Imagen 11. La lucha contra la imposición minera. Foto de Lilián González.

   En 2013, la CRAC-PC enfrenta una confrontación abierta y pública por parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)  en su intento por apropiarse de esta institución comunitaria.

   En las primeras semanas  de 2013, los grupos de autodefensa contra la delincuencia organizada  promovidos por la UPOEG en Ayutla de los Libres,  Tecoanapa y San Marcos se adjudican expresamente los atributos de la Policía Comunitaria (PC)[16], se autodenominan “Policía Comunitaria” y expiden documentos a nombre de ella en un claro intento de usurpar la identidad de esta institución, por lo que la CRAC se deslinda públicamente de dichos grupos de autodefensa comandados por laUPOEG, aclarando que, a diferencia de dichos grupos, la CRAC no opera con el rostro tapado, utiliza uniformes y porta credenciales que los acreditan como Policía Comunitaria (CRAC-PC, Boletín de prensa, 15 enero 2013; De la O, La Jornada Guerrero, 7 de marzo, 2013).

   El 9 de febrero del 2013,  dirigentes de la UPOEG acompañados por un grupo de cincuenta personas entre los que se encuentran participantes provenientes de algunas comunidades integrantes y no integrantes de la CRAC, estudiantes y profesores de la Universidad Intercultural del Sur (UNISUR) e incluso varios sacerdotes, toman la Casa de Justicia de la CRAC-PC en San Luis Acatlán  aprovechando que ésta sesionaba en asamblea regional en la comunidad de Jolotichán para proceder al nombramiento de nuevos coordinadores y comandantes regionales (CRAC-PC, Comunicado, 10 de febrero 2013; Rojas y Ocampo, La Jornada, 10 de febrero 2013). 

   La UPOEG hace entonces “nombramientos” en la casa de justicia de la CRAC tomada y se hace de los principales cargos, usurpa sus funciones, desconoce el resolutivo de la asamblea celebrada ese día y gira incluso “órdenes de aprehensión” contra los Coordinadores y Comandantes de la CRAC, a los cuales desconocen como autoridades. Muchos de los participantes en esa “toma” ni siquiera provenían de comunidades integrantes de la CRAC. Pocos días después, el 12 de febrero, la CRAC monta un operativo, desaloja a la UPOEG  y recupera su Casa de Justicia con el aval de dieciocho Comisarios Municipales, autoridades agrarias y policías comunitarios (CRAC-PC, Comunicado 13 febrero 2013).

   La decisión por parte de la UPOEG de tomar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tiene como trasfondo el que esta organización se ha constituido en el principal detractor en la región de los entonces coordinadores de la CRAC a quienes acusaban paradójicamente de oportunismo, corrupción y de toma de decisiones sin consultar a la Asamblea Regional. Entre sus cuestionamientos básicos arguían que el anterior coordinador regional y el asesor jurídico de la CRAC-PC, "suplantaban" a las autoridades indígenas, descalificándolos por su condición de mestizos[17], de originarios de otras regiones no incorporadas a la CRAC. También los acusaron de ser “personas infiltradas con ideas gobiernistas y que ellos llegaron no para servir a las comunidades, sino para apoderarse de la CRAC” (De la O, La Jornada Guerrero, 20 junio 2013).

   Su propósito en el discurso era presionar a los pasados coordinadores a una rendición de cuentas poniendo al descubierto los supuestos actos de corrupción, pero en los hechos, su apuesta era influir, con el peso de los simpatizantes de la UPOEG de otras regiones fuera de territorio comunitario, en la elección de coordinadores y comandantes de la CRAC precisamente para el nuevo período. A pesar de la coacción y hostigamiento emprendidos por la UPOEG para imponer su posición, el 23 de febrero se instaló legalmente la Asamblea Regional Comunitaria con el  arribo de dieciocho autoridades comunitarias y agrarias de la región de San Luis Acatlán de un total de veintiocho, decidiendo la asamblea validar los acuerdos ahí alcanzados.  El punto único a tratar fue la designación de los cuatro coordinadores y cuatro comandantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. (Comunicado de la CRAC-PC, 23 de febrero, 2013).

   El 2 de junio, en otra maniobra para desestabilizar a la CRAC-PC apostando a su desprestigio y descalificación como institución, dirigentes de la UPOEG, bajo la cobertura de “las comunidades fundadoras de la CRAC-PC”, convocan a una asamblea a las autoridades agrarias y comisarios del territorio comunitario para desconocer el trabajo de los coordinadores salientes de la CRAC-PC, a quienes acusaban de no haber incluido en la Asamblea Regional del 23 de febrero un informe de rendición de cuentas, además  de que “no se nos permitió exponer ni discutir nuestras inconformidades como comunidades”, “no haber quórum legal”, “no permitir votar a los ciudadanos”, conminando a las autoridades comunitarias a “reestructurar nuestro proyecto como pueblos y defender nuestro territorio comunitario” (Comunicado de las comunidades fundadoras de la CRAC-PC, 2 junio, 2013).

   Días después, el 19 de junio, las “Comunidades Fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac)” sesionan en Santa Cruz del Rincón para constituir una  Asamblea Regional paralela, en la que aseguraron contar con el respaldo de 26 comunidades de San Luis Acatlán. Se trataba de una maniobra por parte de la UPOEG para desestructurar a la CRAC-PC y promover, mediante una estructura paralela (las “comunidades fundadoras de la CRAC-PC”), la integración de las comunidades pertenecientes al territorio comunitario al “Sistema de Seguridad Ciudadana” bajo su control.

   En ese tenor, la UPOEG sigue abonando al conflicto y a la confrontación en territorio comunitario al anunciar el 16 de junio de 2013, su pretensión de construir una “casa de justicia indígena” en San Luis Acatlán, es decir, intenta apropiarse del espacio socio-político y territorial donde opera la CRAC-PC mediante una estructura paralela.

   Un elemento esclarecedor en esta confrontación, es el papel que ha jugado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero, quien, mediante su tutela e impulso prohijó a la UPOEG, una instancia surgida en 2010 como un movimiento social en lucha por el alto costo de las tarifas de servicio eléctrico y para la gestión de los ejes carreteros que comunicarían la región de la Costa Chica con otras regiones del estado. El 6 de enero de 2013, la UPOEG se dio a conocer por encabezar los grupos de autodefensa de Ayutla de los Libres, Tecoanapa y San Marcos.

   El apoyo gubernamental a este movimiento fue inmediato; en una semana, el gobernador ya había contactado a las nuevas autodefensas brindándoles su respaldo, y tres meses después, el 23 de abril de 2013, otorgó  reconocimiento legal a las acciones de autodefensa civil enmarcadas por la UPOEG como “Sistema de Seguridad Ciudadana” (SSC). El convenio de colaboración acordado y firmado entonces entre gobierno estatal y UPOEG, determina los alcances y limitaciones de este sistema de seguridad: el SSC será policía auxiliar de las corporaciones policías oficiales, recibirá salarios, capacitación del ejército mexicano y no podrá participar en actos de orden político; es decir, no cuentan con autonomía frente al Estado, al tiempo que la UPOEG “seguirá desarrollando sus trabajos de gestoría en beneficio de los pueblos y las comunidades” (Ocampo, La Jornada, 24 de abril).

Imagen 12. La lucha contra la imposición minera. Foto de Lilián González.
Imagen 12. La lucha contra la imposición minera. Foto de Lilián González.

   Su calidad de interlocutor válido con el gobierno estatal y federal fue auspiciado por el propio Ejecutivo Estatal, al propiciar que con su aval, los dirigentes de la UPOEG se  entrevistaron con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para definir  la reglamentación del Sistema de Seguridad y Justicia y para que éste coadyuve en tareas de seguridad (Gobierno del Estado de Guerrero, 28 de mayo 2013), así como con el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, quien sin embargo ha reiterado su oposición a la conformación de grupos de autodefensa, “debido a que los ciudadanos por desesperación asumen la función de garantizar el derecho a la seguridad pública, obligación que, por disposición constitucional, corresponde a las instituciones del Estado”. Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), externó su preocupación "debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”(Aristegui, Aristeguinoticias, 18 de febrero de 2013).

   Con todo el respaldo político del Gobierno del Estado, la UPOEG no sólo tiene influencia en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Copala, Cuautepec, Marquelia, Azoyú, Florencio Villarreal y Tierra Colorada, sino que últimamente responde a la petición hecha por diferentes organizaciones civiles que piden instrumentar mecanismos de seguridad más eficaces que los aplicados hasta el momento”, como es el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que integró en Chilpancingo justamente en conjunto con la UPOEG, el Concejo Ciudadano para la Seguridad en Guerrero (Giles, La Jornada Guerrero, 22 junio 2013) o la alianza con el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guerrero de la Sección XIV, con quien se anunció diseñará un programa para la prevención del delito en la región de la Costa Chica (Trujillo, Milenio, 24 de junio 2013).

   A su vez, el Sistema de Seguridad Ciudadano de la UPOEG  manifestó su intención de ofrecer asesoría a los movimientos de autodefensa ciudadana que surgen de manera autónoma en el estado, como es el caso de Tecpan de Galeana en la Costa Grande (Agustín, Milenio, 25 junio 2013), y según anuncio de la UPOEG, el SSC al igual que con los empresarios de Chilpancingo, buscará un encuentro con los empresarios de Acapulco, para coordinar esfuerzos en pos de la seguridad” (De la O, La Jornada Guerrero, 25 junio 2013).

    Evidentemente, esta expansión del Sistema de Seguridad Ciudadano de la UPOEG no podría haber ocurrido sin la anuencia del Estado. Aún cuando se han alzado voces para afirmar que la SSC de la UPOEG no reúne las condiciones para brindar protección a los empresarios afectados por la delincuencia, como lo señaló el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchán o el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Rubén Figueroa Smutny, quien asegura que la UPOEG está reclutando gente en los diferentes municipios para seguir conformando más grupos de autodefensas, “el gobierno lo está dotando de armas, así también lo ha solapado y protegido” (Cabrera, Agencia Informativa Guerrero, 27 de Junio del 2013), lo cierto es que se está configurando una política de estado de facto, en la cual la inconformidad ciudadana por la inseguridad en Guerrero es canalizada a través de la SSC-UPOEG como uno de los cauces gubernamentales establecidos.

   Desde esta plataforma, con respaldo y patrocinio del gobierno, la UPOEG opera actualmente como brazo político al interior del territorio comunitario  para dividir y desarticular a la CRAC-PC. ¿Con qué objetivo se intenta debilitar a esta institución?

   El trasfondo de la suplantación de la identidad de la CRAC-PC por parte de los grupos de autodefensa de la UPOEG, que luego se sigue con la toma de la Casa de Justicia y la propuesta reciente de construir una “Casa de Justicia Indígena” en territorio comunitario de la CRAC-PC con patrocinio del gobierno estatal, parece asociarse entonces a tres objetivos gubernamentales:

 a) - Desarticular la apuesta autonómica que la CRAC-PC ha tenido con respecto al  gobierno mediante su proyecto de generalizar la creación de policías comunitarias en la entidad, como una alternativa para garantizar la seguridad, sujetándolas al control gubernamental a través de leyes y reglamentos que, si bien para el SSC son adecuadas en su papel de policía auxiliar del estado,  en el caso de la CRAC-PC, “subvierten el mandato de la asamblea, oficializan lo que es un servicio y rompen con la esencia misma de los sistemas normativos comunitarios” (López y Rivas, La Jornada, 29 de marzo 2013).

 b) - Desarticular la apuesta decolonial de la CRAC contra la imposición minera en la región. La CRAC se ha convertido en el principal obstáculo para la instalación de las empresas mineras, ha ratificado su compromiso de luchar contra su entrada y de mantener a salvo la unidad y el derecho a ejercer su libre autodeterminación.

c) – Desarticular la esencia de procuración de justicia y de reeducación, que trasciende el ámbito de la seguridad y constituye un nodo cualitativo definitorio y profundamente contrastante con el sistema judicial dominante.

Imagen 13. Lo mejor para cuidarlo, ¿Reserva de la Biósfera o pueblos organizados? Foto de Lilián González, 2012.
Imagen 13. Lo mejor para cuidarlo, ¿Reserva de la Biósfera o pueblos organizados? Foto de Lilián González, 2012.

   Con el correr de los tiempos, el Sistema de Seguridad Ciudadano de la UPOEG que en su origen fue prohijado por el gobierno, a menos de un año de su fundación ha sido desestimado por éste como interlocutor válido, al reivindicar su propia autonomía y no constreñirse a los designios del gobierno del estado y al rechazar su propio acuerdo estatal con el gobierno que implica ser simple Policía Rural del Estado, razón por la cual, ahora el gobierno de Ángel Aguirre también lo tiene en la mira.

5º. El poder corruptor del dinero

   Desde que Eliseo Villar tomó posesión como dirigente de la CRAC, el gobierno de Ángel Aguirre le otorgó a dicha organización un millón de pesos al mes para su sostenimiento. A mediados del año pasado, cuando la CRAC enfrentaba una división, el gobernador Ángel Aguirre autorizó al grupo que encabeza Eliseo Villar ocho millones de pesos para proyectos productivos en beneficio de las comunidades. El dinero gubernamental, otorgado y distribuido de manera discrecional y selectiva, sin consultas a la base y sin una clara rendición de cuentas, ha sido motivo de nuevos conflictos internos y  desaveniencias. Ello derivó en su destitución y en el nombramiento en asamblea de nuevos coordinadores y comandantes de la casa de justicia de San Luis Acatlán el 29 de marzo de 2014, en un proceso interno de orientación y autorescate de la organización.

 

Conclusión

   En el contexto interétnico regional, la CRAC-PC  se ha constituido en los hechos en una de las más significativas estrategias etnopolíticas en la región, ya que a través de su apuesta organizacional en común se han logrado consensos y delineado pautas de acción para encarar, más allá de la actual atomización comunitaria, los intentos de control/apropiación/usufructo de su territorio que, tanto concesionarios mineros como instancias gubernamentales pretenden efectuar a través del establecimiento  de minas a cielo abierto, reservas de la biosfera o el Decreto de Mando Único y/o Policía Rural en la región.

   Entre 2011 y 2012 el proceso organizativo autonómico de la CRAC-PC ha emprendido una importante lucha de resistencia contra la acumulación por despojo que megaproyectos mineros  trasnacionales pretenden impulsar en la región, impidiendo el intento de reconversión económica, ecológica y política del corredor Costa Chica-Montaña. Así, en la actualidad, la acumulación por desposesión en la región Costa Chica-Montaña se enfrenta a una estructura organizativa suficientemente sólida como para resistir los embates de la colonialidad del poder.

   No obstante, si en 2011 y 2012 la lucha contra los megaproyectos mineros  fue una fuerza generadora de cohesión y trabajo compartido formando un frente con claro liderazgo de la CRAC a nivel regional, en 2013 los dispositivos de poder del Estado han infiltrado y erosionado la autonomía de la CRAC-PC, generando división y desencuentros entre las sedes –casas de justicia-,ruptura del diálogo entre las autoridades comunitarias y las bases y desarticulación del territorio comunitario de San Luis Acatlán conformando dos CRAC, la de “las comunidades fundadoras” que apoyan a la UPOEG y la CRAC que ellos denominan “oficial”. En tanto, los gobiernos federal y estatal en tanto, utilizan esta situación para reprimir a la CRAC y militarizar la zona.

   Hoy por hoy, la CRAC tiene ante sí una doble perspectiva en juego ante la actitud injerencista y represiva del estado: a) Sostener su lucha por romper imposiciones que se gestan desde el Estado y las empresas trasnacionales, como la que ha entablado contra los megaproyectos mineros en la región y que le plantea nuevos retos  y experiencias político-sociales de emancipación; y b) Ejercer en forma deliberada la reflexión sobre su propio proyecto, movilizando todas sus fuerzas hacia una crítica reflexiva a la institución y a cuestionar las representaciones actuales que guían sus prácticas, todo lo cual se sintetiza en su capacidad de repensarse y reconstituirse (Yofre en entrevista a Miranda y Heras, 2012; Araujo y Chávez en entrevista a Valentín Hernández, 2013).



Notas:

[1] Este ensayo se realizó en el marco del proyecto INAH-Conacyt clave 101990. Agradezco al Dr. Paul Hersch Martínez sus observaciones y sugerencias.

[2] Doctora en Sociología por el Programa de Ciencias Sociales y Salud de la Universidad de Barcelona. Es profesora investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del estado de morelos (UAEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es asesora en salud de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y es miembro activo del Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  

[3] Para Castoriadis (1989), la sociedad, en tanto que siempre ya instituida, es auto-creación y capacidad de auto-alteración, obra de lo imaginario radical como instituyente que se hace ser como sociedad instituida e imaginario social particularizado cada vez.

[4] Este Reglamento Interno fue reformado en 2001 y 2002 y actualmente se encuentra nuevamente en proceso de revisión.

[5] Los órganos básicos de consulta y pilares del sistema en orden de importancia son[5]: a) La Asamblea General Comunitaria (AGC) y la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias (ARAC). Estos órganos  constituyen un mecanismo legítimo para que los acuerdos tomados sean válidos y respetados por la mayoría, reflejando la importancia del consenso y del ámbito colectivo. La AGC es la instancia a través de la cual la población analiza, propone, organiza y participa en las acciones y decisiones tomadas. En tanto la ARAC  es la máxima instancia de dirección y mando del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación. b) La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (ver página principal); c) El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria (PC), encargado de coordinar a los grupos de policía comunitaria para la seguridad, el resguardo y la prevención del delito en las comunidades (CRAC-PC, 2009:61) y d) Los Consejeros constituyen un Consejo de autoridad moral dentro del Sistema Comunitario a nivel regional. Podrá ser consultado por la CRAC y el Comité Ejecutivo PC para la resolución de problemas internos, en casos complicados de la impartición de justicia.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias representa al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación entre Asamblea y Asamblea y junto con el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria constituyen la representación permanente del Sistema Comunitario (CRAC-PC)  sólo en caso necesario,  llevan los asuntos al pleno de la Asamblea Regional. Los coordinadores regionales  y los comandantes de la CRAC-PC son elegidos en asamblea y su  cargo es honorífico

[6] El área geográfica de este corredor Costa-Montaña, que algunos asumen como una subregión (García, 2000:275),  se localiza al sureste del estado de Guerrero, comprende una superficie  de 261 556 Ha. que se extiende desde las playas de Marquelia hasta la abrupta montaña guerrerense. Zona de transición que comprende parte del municipio de Azoyú, San Luis Acatlán, Malinaltepec y Tlacoapa.

[7] Dicho índice se compone de seis rubros: saber leer, alfabetismo, bilingüismo, disponibilidad de electricidad, agua y drenaje.

[8] Acumulación por desposesión es un término acuñado por Harvey (2004) para designar  el  proceso de colonización de nuevos yacimientos de recursos para los capitalistas: desde los servicios de agua, electricidad, vivienda o salud, hasta la apropiación de los más diversos recursos naturales y el despojo de millones de pequeños propietarios y comunidades en todo el mundo, de manera que todo trabajo y todo recurso sea para enriquecer al capital.

[9] En 2011, la empresa minera inglesa Hochschild contaba con 37,473 ha.  concesionadas en los municipios de Malinaltepec, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y San Luis Acatlán denominada “Corazón de tinieblas”.  La empresa canadiense Vendome (antes Camsim) es propietaria de la concesión “Diana” en el municipio de Iliatenco, con 14,722 Ha.  La susodicha Camsim, por su parte, retiene su concesión “Mina San Gabriel” con 253 ha. en los municipios de Iliatenco y Malinaltepec, en tanto que el Grupo Minero Goliat cuenta con 65,649 Ha. en el municipio de San Luis Acatlán (Dirección General de Minas, 2005-2010).

[10] Un baremo de los avances logrados en el “Acuerdo de voluntades” a  nivel de la articulación pretendida entre empresarios mineros y comunidades, es el hecho de que el panel de discusión “Las comunidades indígenas y la minería”, a celebrarse en la 29 edición de la Convención Internacional Minera efectuada en el puerto de Acapulco, no estuvieron presentes  representantes de los pueblos indígenas (Briseño, La Jornada, 30 octubre de 2011).

[11]  Dicha propuesta fue hecha a la CRAC mediante una convocatoria a sus coordinadores realizada por el gobierno del estado para una reunión que tenía otro propósito ajeno al tema; es decir, se procedió de esa forma porque de citarse a tratar el tema de la minera de manera expresa, la CRAC hubiera rechazado dicho encuentro.

[12] Se arguye que las Áreas Naturales Protegidas, incluso en su calidad de Reserva de la Biósfera, no garantizan que la protección de la naturaleza impida el logro de otros intereses económicos  de empresas privadas, pues en la Reserva de la Biósfera son los administradores gubernamentales, las organizaciones internacionales de conservación y las empresas privadas, quienes tienen el control del territorio (Convocatoria al Foro de Defensa, 6 octubre 2012).

[13] Según la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 2008, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son  reconocidos como “Áreas Naturales Protegidas” (2013:34).

[14]  Foucault entiende como “funcionalidad económica del poder” aquella que tiene como postulado servir a la economía, en donde el rol del poder consistiría en esencia en mantener relaciones de producción y a la vez, constituir una dominación de clase que el desarrollo de las fuerzas productivas hace posible (Ávila, 2007).

[15]  Oficialmente, la CRAC-PC da su apoyo al movimiento magisterial y se incorpora al Movimiento Popular Guerrerense  en un comunicado del 11 de abril de 2013.

[16] Algunos miembros de los grupos de autodefensa vestían la camisa verde olivo con las siglas de la CRAC.

[17] En una suerte de racismo al revés, el argumento de la UPOEG de la condición mestiza de uno de los cuatro anteriores coordinadores de la CRAC, muestra un claro retroceso de esta organización , pues precisamente una de las tantas transformaciones que ha tenido, es su capacidad de transitar de una organización exclusivamente indígena, a una mucho más flexible para dar cabida a comunidades mestizas, como ocurrió en 2002, con el cambio de nombre de “Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas” a “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias”  a raíz de la incorporación de varias comunidades no originarias de la zona de la Costa Chica.

 

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Cómo citar este artículo:

GONZÁLEZ CHÁVEZ, Lilián, (2014) “La policía comunitaria en Guerrero. Luchas decoloniales. Nuevos desafíos para la CRAC-Policía Comunitaria de Guerrero”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 20, julio-septiembre, 2014. Dossier 12: Presente y futuro de las guardias comunitarias en América Latina. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Domingo, 23 de Abril de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=972&catid=48&Itemid=226

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