Pacarina del Sur
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La Guardia Indígena y la ingobernabilidad en Colombia

The Guardia Indigena and lawlessness in Colombia

A Guarda Indígena e ilegalidade na Colômbia

Guillermo Padilla Rubiano [1]

RECIBIDO: 15-05-2014 ACEPTADO: 15-06-2014

Resumen

Resumen: Colombia es un país que tiene un conflicto armado que no se resuelve, parcialmente debido a la falta de voluntad política de los que tienen el poder, se niegan a cumplir sus promesas a los pobres, en particular los campesina, que en 1936 recibieron la promesa de una reforma agraria, y desde entonces la situación se  empeorado dramáticamente debido al narcotráfico y la proliferación de grupos armados desde la izquierda a la extrema derecha. Muy a la diferencia, los movimientos indígenas en el norte de la región del Cauca (ACIN) han logrado desarrollar la guardia indígena, una organización basada en los principios y valores del pueblo nasa, compartidos por otros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos no indígenas que habitan la región. Han sido capaces de asegurar la paz en la región, controlando los territorios y garantizando el respeto por las formas tradicionales de organización. La guardia indígena no es una organización armada, actúa a través de una ética y valores tradicionales. En el presente texto hemos intentado identificar algunos de los elementos que pueden servir para explicar este éxito.

Palabras clave: comunidad, Estado, ingobernabilidad, valores indígenas, planes de vida.

 

Introducción

La guerrilla más antigua  del mundo las FARC,  cumplió este año cincuenta años de lucha guerrillera y en la primera vuelta de las elecciones para la presidencia de Colombia, el 25 de mayo pasado,  el candidato del partido que se opone al proceso de paz, actualmente en curso, obtuvo el mayor número de votos, no suficientes para optar por la presidencia, por lo cual habrá segunda vuelta el 15 de junio.  El gobierno colombiano  destina el porcentaje más alto del PIB  a las Fuerzas Armadas en América Latina. La inequidad en la distribución del ingreso está entre los más altos del hemisferio occidental.  En contraste la Guardia Indígena, institución creada por el movimiento indígena del departamento del Cauca, con su política de resistencia pacífica, exaltando la importancia de la  diversidad cultural, la autonomía,  la defensa de la tierra comunitaria y la naturaleza, han declarado sus territorios zonas de paz, logrando visibilizar ante la comunidad nacional la importancia de la organización comunitaria,  el contar con autoridades legítimas y lograr articular propuestas que convocan   fuerzas sociales en dirección a  una transformación profunda de la sociedad y el Estado.

Las múltiples violencias que afectan al país tienen su origen en promesas incumplidas por las elites gobernantes y demandas   sociales legitimas que han sido respondidas por el Estado con violencia y represión, especialmente aquellas asociadas a la ausencia de una reforma agraria prometida  a los campesinos desde la década de los treintas en el siglo pasado, agravadas a niveles extremos por el narcotráfico y la existencia de fuerzas irregulares tanto de izquierda como de derecha.  Todo lo cual  ha generado de reflujo, fenómenos sociales de los cuales se habla menos, aunque de muchas formas constituyen lo más interesante de lo que sucede en Colombia. 

El presente ensayo trata sobre la identificación de elementos que contribuyan a explicar  la experiencia de la Guardia Indígena,  modelo organizativo  que no siendo exclusivo de Colombia,  puede ayudar a comprender mejor lo que ahora sucede en varios países del continente.


http://www.nasaacin.org/

 

La Guardia Indígena y la ACIN

La  ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, organización de base que agrupa a unas 110 mil personas, de diferente procedencia étnica,   nació en el seno del Consejo Regional indígena del Cauca, CRIC.   La ACIN está constituida en un 60% por indígenas nasas[2],  15% por otros grupos étnicos incluyendo afro descendientes y 25% por campesinos mestizos emigrados de otras regiones del país.  Esta convivencia intercultural se ha logrado  a partir de la generación de consensos sobre aspectos fundamentales, que se han conseguido  gracias a la cultura y  cosmovisión nasa. En este modelo de organización  se garantiza  el ejercicio de los derechos de todos,  de manera que  muchos no nasas  han ocupado los cargos más importantes de la comunidad, como cabildos mayores, gobernadores, alcaldes y concejales, así como coordinadores de programas y  proyectos.  La mayoría de las asambleas y actividades comunitarias se llevan a cabo en idioma nasa,  pero proveyendo  traducción para aquellos que no lo hablan o entienden.

Ubicada en el  norte del departamento del  Cauca, cerca del gran centro urbano e industrial  de Cali, en esta región   confluyen las tierras bajas con las de montaña, es corredor que une el norte del país con los Llanos Orientales y el Pacifico,  habitada por  jornaleros de población afro-descendiente que habita las tierras planas, mayoritariamente concentrada en centros urbanos  y  la mayoría de  indígenas que habitan la zona montañosa. Esta región se encuentra atravesada por la carretera panamericana que une a Cali con Popayán, capital del departamento del Cauca y de allí al interior y centro del país  con la frontera con Ecuador. 

Por su importancia geográfica y estratégica en sus partes altas se han establecido a lo largo del último medio siglo,  prácticamente todos los movimientos guerrilleros  que han existido en el país: guerrillas liberales de los años 50, las FARC, el ELN, el M-19, el Ricardo Franco, el PRT, el Quintín Lame, el Báteman Cayón y el JEGA.  Así mismo grupos de narcotraficantes del cartel de Cali y el norte del Valle  y a finales del 2000 algunos de los frentes paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (Espinosa, 2003).  Ha sido igualmente,  escenario constante  de confrontaciones entre estas organizaciones al margen de la ley y el Ejército y la Policía nacional.

Frente a las múltiples amenazas sobre sus territorios y recursos, el movimiento indígena decidió constituir   la  Guardia Indígena en 1994  para la defensa y control de su territorio y como una manera de viabilizar los planes de vida, que son la expresión de la planeación comunitaria que incluye  programas  de salud,  educación, el ejercicio del derecho propio y generación de  espacios para toma de decisiones.  La Guardia Indígena  está constituida por hombres y mujeres  nombrados por la Asamblea Comunitaria para en coordinación con autoridades, programas y proyectos propios, conformar el proyecto colectivo que consolide  la  autonomía  del territorio indígena. La Guardia Indígena brinda seguridad  y forma parte del apoyo político que los nasa construyen y desarrollan en estrategias colectivas como la Minga[3] en resistencia, que socializa y compromete a las comunidades y autoridades indígenas en diferentes ámbitos.


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Esta guardia se relaciona de manera directa e indirecta con instituciones y programas de carácter autónomo para el desarrollo comunitario,  como las escuelas de Derecho Propio, de Medicina Tradicional, los programas de etno-educación, programas y proyectos para la producción, capacitación en DDHH y capacitación sobre estrategias y  organización-acción frente a  emergencias, tanto naturales como la actividad sísmica y  el desbordamiento de ríos, como las causadas por el conflicto armado que sufre el país desde hace más de 60 años.

Los guardias no reciben remuneración alguna, es la expresión de un esfuerzo voluntario y consciente de defensa de su territorio, sus culturas  y de la pluri e interculturalidad. Lo cual constituye  un mensaje político de trascendencia para un país con conflictos irresueltos de vieja data,  en la medida que señala inequívocamente  cómo una sociedad expresa su autonomía y  se organiza para responder a situaciones que de no ser así terminaría por arrasarlos.

Su lema y razón de ser es “Guardar, cuidar, defender, preservar, pervivir, soñar los propios sueños, oír las propias voces, reír las propias risas, cantar los propios cantos, llorar las propias lágrimas”,  como se expresa en la información sobre la Guardia  en el portal del CRIC[4].

La Guardia Indígena se ha ido formando como un  organismo de carácter ancestral no como una estructura para-policial, es  un instrumento de carácter social y cultural generado para garantizar el control del territorio, frente a un cúmulo de amenazas donde se  procura proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de su gobierno y derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades que allí se nombran. Su tarea fundamental, más no la única,  es la defensa  frente a  actores armados  que se mueven por su territorio para lo cual la Guardia utiliza apenas su “chonta” o bastón de mando, que representa el símbolo de su legitimidad social de gran valor ético en medio de un conflicto armado  con mucha  capacidad para  sembrar terror y muerte. 

Su cobertura está constituida por 16 Cabildos (así se denominan en Colombia los sistemas de gobierno indígena), 15 Resguardos, que es como se conocen las tierras indígenas que son “territorios autónomos de  propiedad colectiva”, (http://www.nasaacin.org/sobre_acin.htm), de carácter imprescriptible, inembargable e inajenable, 304 veredas pertenecientes a 7 municipios con un total aproximado de 109.000 habitantes integrados en 23.370 familias[5].

Los resguardos tienen sus propias autoridades, que poseen el carácter de entidades públicas de carácter especial, gozan de la facultad de administrar recursos transferidos por la nación de conformidad con sus usos y costumbres y el derecho de regirse y aplicar sus propias formas de gobierno y  justicia.   Derechos históricos que fueron consolidados y normatizados por la Constitución Colombiana aprobada en 1991.   De conformidad con ella, las autoridades elegidas o nombradas de acuerdo con su tradición  ejercen la gestión, ordenamiento, y control de sus recursos territoriales.  El éxito en el ejercicio de su autonomía ha redundado en el  fortalecimiento de su cultura como factor determinante en el desarrollo de un sentido propio de gobierno, justicia, seguridad, bienestar y desarrollo. 

La combinación de ser una región  donde confluyen múltiples y  conflictivos intereses, junto con la  tradición cultural y  sentido fuerte de comunidad, ha permitido  el desarrollo de una organización  que hunde sus raíces  en la memoria histórica de la población. Su sistema de organización social, además de haber logrado mejorar su capacidad de negociación e incidencia política, cuenta además   con un sistema de medios y  radios comunitarias  que les ha permitido mejorar su proyección  nacional e internacional. Todo lo cual permite entender mejor este logro en la  consolidación de una organización social,  que les  ha permitido enfrentar con éxito toda clase de problemas, mejorar sus condiciones de vida  y consolidarse socialmente  como un ejemplo de un nuevo paradigma  de autonomía, no solo para los pueblos indígenas de Colombia sino más allá de las fronteras nacionales.

De acuerdo con los intelectuales indígenas caucanos, los orígenes de la Guardia Indígena se remontan a los siguientes antecedentes:

  • Desde los tiempos  de la conquista, cuando fueron ocupados a sangre y fuego   y tuvieron  que defenderse  del invasor.
  • De la  época de Juan Tama[6], cuando se reconstruyeron  los resguardos y donde había que vigilar y resistir.
  • La época del nacimiento del CRIC, al comienzo de la década de los setentas del siglo pasado, cuando se adelantaron las luchas por la recuperación de las tierras comunales,  donde la Guardia tuvo un papel preponderante frente a la arremetida del Estado y los terratenientes.
  • La Guardia se consolida en los congresos zonales y regionales y en las movilizaciones históricas que han mostrado su importancia y valor al país.[7]


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La autoridad moral que  les otorga el ser  víctimas principales del colonialismo y el capitalismo, les ha permitido a estos movimientos populares constituirse en alternativa  o emplazar fuerzas sociales  que retan imposiciones y  prácticas políticas hegemónicas, vengan estas tanto de las guerrillas como del Estado.

Pero esto no siempre ha sido así, en el pasado reciente, hace no más de cincuenta años, los cabildos indígenas estaban dominados por la iglesia católica y los partidos políticos tradicionales que los utilizaba para sus propios intereses.  Con la aparición del CRIC en la década de los setentas del siglo pasado, los nasas se organizan para recuperar sus territorios que estaban en manos de una casta dominante integrada por terratenientes blancos que dominaban el gobierno local y regional, de donde salieron varios presidentes de Colombia.  La recuperación de las tierras demandó la organización de jóvenes y mujeres que se consolida alrededor de principios y valores que ancianos de las comunidades trasmiten por medio de un uso estratégico de la memoria histórica.  

Con la Constitución de 1991 el Estado  reconoce a los pueblos indígenas como pueblos ancestrales, a los que se les reconoce un cuerpo de derechos especiales entre los que figura su autonomía y el manejo de recursos a los cabildos mediante el Sistema General de Participación, proporcional al número de habitantes. Esta facultad de administrar recursos transferidos por la nación de conformidad con sus usos y costumbres y el derecho de regirse y aplicar sus propias formas de justicia, son derechos históricos que fueron consolidados y reglados por la Constitución, las autoridades elegidas o nombradas de acuerdo con su tradición,  ejercen la gestión, ordenamiento,  control de sus recursos territoriales y representación política de los pueblos y comunidades.

Este marco constitucional  abre una brecha importante en la historia del constitucionalismo latinoamericano, permitiendo la vivencia y visibilización  de saberes ancestrales que trascienden el antropocentrismo europeo y enfatizan la solidaridad y la comunalidad  sobre el individualismo y  la competencia, que marcan una nueva relación entre los pueblos originarios y el resto de la sociedad y el Estado.

La estructura social que han logrado construir allí  es ejemplo de una  nueva epistemología, en tanto  incorpora elementos que constituyen aportes originales y   que  señalan la existencia de mentes en proceso de descolonización o  no colonizadas, que vivencian conocimientos que han sobrevivido la violencia que contra estos se ejerció por más de 500 años.  Valores que han tenido una influencia definitiva en la construcción de acuerdos que generan una alternativa a la  hegemonía impuesta por la elite gobernante y  que permiten hoy  ofrecer a la sociedad nacional alternativas en la relación de los  seres humanos  con la naturaleza y la  definición y práctica de  lo que entendemos por democracia, justicia y desarrollo.   

 

El Norte del Cauca y la lucha indígena

Desde antes de  la guerra por la  independencia, entre 1810 y 1819, hasta el presente,  sucesivas formas de violencia han convertido a Colombia en un caso tristemente célebre en el mundo.  Por varios años  ha estado en los primeros lugares en número de indígenas, periodistas, jueces, sindicalistas y defensores de derechos humanos asesinados.  Es también el país con la guerrilla más antigua, las FARC y registra el mayor número de líderes y militantes de un partido de oposición exterminados, no menos de cuatro mil de la llamada Unión Patriótica, el partido que estos quisieron formar en los ochentas, como resultado de los frustrados diálogos de paz que se dieron durante la administración de Belisario Betancourt (1982-1986). Está  también entre los primeros lugares en el mundo en número de secuestrados,  desplazados,  refugiados internos y externos.  La administración de Álvaro Uribe (2002-2010), no con poco optimismo, sintetizó esta penosa característica del país, con un slogan: “Colombia es pasión”. Para la revista estadounidense Foreign Policy, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, en un índice publicado en  el 2005 con el listado de estados fallidos en el mundo, en el que aparece encabezando Costa de Marfil, seguido por  el Congo, Sudán e Irak;  Colombia ocupa el puesto 14.

En 1994 como consecuencia de una tragedia natural provocada por el deslizamiento de tierra en la zona indígena de Tierradentro, que afectó varias comunidades nasas,  obligándolos a reubicarse en nuevas tierras de reforma agraria, se aprobó la llamada Ley Páez, que creó incentivos para la inversión  en la región, favoreciendo el establecimiento de industrias, de manera que  de  3 empresas que existían en 1995,  se dio  un incremento   a más de 85 en un lapso no mayor a los cinco años. 

Sin embargo, es un territorio tradicionalmente abandonado por el Estado, el índice de necesidades básicas insatisfechas en la población es del 85% y la esperanza de vida es tan solo de 40 años, mientras el promedio en Colombia es del 69 años (ACIN, 2004).

Frente a todas estas amenazas e incursiones,  las comunidades optaron por  fortalecer su  organización y dinamizarse en   torno a un consenso sobre la base de la solidaridad,   comunidad y bien común, que por las  luchas por justicia social con una larga tradición  en esta parte del país, ocupa un lugar importante  en su memoria colectiva y posee un magnetismo que explica el que otros grupos sociales se les hayan sumado.

Las incuestionables ventajas de la vida comunitaria junto con otras ventajas que se derivan del nuevo orden en la región, de las que hablaremos más adelante,  ha hecho que muchos campesinos hayan voluntariamente renunciado a la escritura privada de su tierra integrando está  a favor del resguardo, como un mecanismo para blindarse contra la perdida de la tierra y el desplazamiento a las ciudades, como ha ocurrido con más de  cuatro millones de personas en los últimos años. Esta forma de colectivización de la propiedad de la tierra ha comenzado a ser adoptada por comunidades afro descendientes y ha servido de base para la creación de reservas campesinas en el país como una forma de evitar que colonos en zonas de frontera agrícola desarrollen fincas que después venden (por voluntad propia o porque son forzados) a narcotraficantes,  terratenientes,  ganaderos o al capital corporativo para la siembra de palma aceitera (africana) para la  producción de biodisel,  dinámica que  ha sido  común durante los años de expansión de la frontera agrícola en el país, y que constituye una de las causas más evidentes de la formación de guerrillas en el campo colombiano. 


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Entre los cambios drásticos que por las múltiples violencias han generado  en Colombia,  se incluye   el cambio de porcentaje entre población urbana y rural.  Para los años sesenta el 80% de la población era rural y 20% urbana.  En al actualidad se ha invertido esta proporción en todo el país, más no en el norte del Cauca donde todavía el porcentaje ronda en un 75% de población rural, con un alto porcentaje de autosuficiencia y autonomía.  Esta estadística es elocuente del balance que la ACIN  ha logrado frente a la continua amenaza que por factores económicos, la guerra, la presión de latifundistas, ganaderos, narcotraficantes y empresarios ha acelerado el proceso de migración a las ciudades[8].  

 

Plan y Tejidos de Vida

 Colombia es un país fundamentalmente mestizo, cerca del 70% de la población, seguido por un 15% de afro descendientes, 9% europeos e inmigrantes  de otros lugares del mundo y un 5% indígenas. El ejercicio de esta unión de Cabildos indígenas y mestizos  es un ejemplo de organización social con importancia simbólica. Frente a la ingobernabilidad nacional, agravada por la declaratoria de guerra total decretada por los últimos gobiernos,  los más de siete mil millones de dólares del gobierno de los EEUU  en el llamado Plan Colombia y las  maniobras del Ejercito Nacional en sus alianzas con el paramilitarismo,  que ha resultado en siniestras   prácticas  de violación a los derechos humanos, hay que agregar que la “normalización” de algunas zonas, otrora controladas por  grupos paramilitares  ha abierto las puertas a un modelo de desarrollo depredador que tiene a Colombia convertida en uno de los clientes más importantes de Monsanto en la región, la misma empresa que produce el  herbecida  Round Up, cuyo agente químico es el glifosato, el que se esparce frecuentemente desde el aire  donde se sospecha que haya  cultivos de coca, amapola  o mariguana, sin respetar las huertas de pan coger de los campesinos e indígenas ni que se trate en numerosos casos de parques nacionales o zonas de reserva ambiental.

La violencia que se vive en las zonas de conflicto es percibida de manera diferente por las elites que no la sufren directamente y para quienes el manejo geopolítico de la misma, se convierte en fuente de poder político y económico.  Mientras que para la población local esta violencia es un asunto  de vida o muerte.

La Guardia Indígena ejerce un permanente control  sobre el territorio, advierte los riesgos que puedan existir por la presencia de actores armados o de fenómenos naturales y organiza mingas de recorrido en los  diferentes resguardos como una expresión de apoyo directo a las comunidades. Cabe anotar que la Guardia Indígena en ningún momento se enfrenta con los  actores armados, sino que organiza a las comunidades para evitar que sus derechos sean vulnerados e incluso organiza y acompaña su concentración en  sitios previamente acordados, señalizados y protegidos.  (Guerrero,  PDF n/d

Lo que estas comunidades han alcanzado en esta región es extraordinario en términos de gobierno y control territorial;  han  declarado su región como  territorio de paz, logrando poner al margen, hasta lo posible,  los actores armados del conflicto  colombiano.  En un ejercicio de democracia directa, han conseguido, en un contexto social de conflicto armado e instituciones colapsadas, el imperio de la sabiduría popular y  el sentido común,  que busca liberar a la  población, de la dictadura  de las armas y la violencia. 


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Esto les ha dado gran reconocimiento, así como  su resistencia pacífica al conflicto armado y a las maniobras de extermino y destierro de las que históricamente  han sido víctimas. Para el objetivo de la guerrilla de controlar militar y políticamente el territorio y avanzar en los objetivos de su lucha armada, la cual es vista como la  única alternativa ante la situación del país, el proceso indígena  se convierte en un contrariedad. De otro lado, el Estado, en su afán de exterminar la guerrilla y lograr el control militar  del territorio, aprovecha cualquier asomo guerrillero para sus arremetidas militares, presentada como una ofensiva contra las FARC, pero que   atacan igualmente el proceso comunitario indígena.

Para afrontar esta situación, ACIN ha diseñado lo que definen como  el Plan Vida.  Este plan es definido como el sueño colectivo y su método el desarrollo de un  camino diario para hacerlo realidad.  El marco de este camino son sus principios de vida, espiritualidad, solidaridad, reciprocidad, integralidad y uso respetuoso de la tierra y la naturaleza, en el marco de los principios organizativos que han acompañado a las comunidades en sus luchas de los últimos cincuenta años: unidad,  territorio,  cultura y autonomía.

Para el logro de este sueño colectivo han creado lo que llaman Tejidos de Vida, ellos son:

Tejido Económico Ambiental,  que desarrolla formas productivas, de conservación, de intercambio (trueque) y de economía del Pueblo Nasa en equilibrio y armonía con la madre tierra.

Uno de los aspectos de manejo ambiental sobresaliente  que los cabildos han logrado en esta región, ha sido la declaración estatal de zona de reserva minera indígena, lo cual les ha permitido, que aunque, según el orden legal vigente,  la propiedad del subsuelo  pertenece al Estado, y es este quien otorga la licencia para su explotación, las comunidades indígenas son las que tienen la prioridad para ser adjudicatarias de esas licencias y la ACIN es quien da el visto bueno para que el Estado las otorgue,  ejerciendo así  un control sobre la explotación de recursos con un enfoque en el beneficio comunitario, compatible con niveles de control ambiental de mayor calidad.   

Su meta es un  balance entre manejo de bosques, ganadería y agricultura, con  énfasis en la  protección de fuentes de agua.   Esto último ha sido de gran importancia en la región toda vez que la agroindustria de la caña y el papel, que produce el 30% del azúcar nacional, depende del agua que se produce en las montañas de esta región.  Luego de múltiples negociaciones con empresarios y el Estado, las comunidades lograron que se les entregara tierras de partes bajas para incrementar  las zonas que garantizan la seguridad alimentaria, a cambio de ellos funcionar como guardabosques en las cuencas de los nacimientos de agua y cabeceras de los ríos.  

Tejido Pueblo y Cultura,  que promueve la identidad y el bienestar en armonía con la madre tierra e incluye programas de salud, educación, mujer, familia y jóvenes.

El Programa Mujer, que forma parte de este  tejido,  desarrolla varias acciones para promover la educación y conciencia sobre  sus derechos específicos. Uno de ellos es la escuela Mujer y Cultura en donde se capacitan personas de ambos sexos como animadores comunitarios, con el enfoque  en los derechos específicos de la mujer en particular la promoción de su  participación comunitaria.

En materia educativa en aplicación a la ley que obliga a que cada centro educativo cuente con un PEI, (Proyecto Educativo Institucional), la ACIN  ha adelantado e incidido estratégicamente en  procesos de capacitación que para el año 2002, los llevó a contar con  550 maestros capacitados para el servicio educativo de  siete municipios. En convenio con diferentes universidades públicas se ofrecen carreras universitarias con sede en la zona para estudios de pregrado en materias relacionadas con etno-educación.   

Así mismo en salud la ACIN se ha convertido en una institución prestadora de servicios de promoción y prevención de salud que funciona con recursos de los municipios y del régimen subsidiado del Estado. En estos campos los indígenas han conseguido que los servicios incorporen los elementos que desde su cultura los define según sus valores y principios.

Tejido de Justicia y Armonía que adelanta  programas de capacitación, coordinación y ejercicio del derecho,  a partir de la ley de origen o derecho mayor[9].  Abarca las instancias de Equipo Jurídico Zonal, también conocido como, “Nasa Üus yutxpenxi”, Tribunal Internacional de Opinión, Escuela de Formación de Derecho Propio y Comisión Político Organizativa.

El Comité Jurídico que forma parte de  la Escuela de Derecho Propio, desarrolla  tareas en la  documentación y el acompañamiento de la investigación de los procesos y específicamente en el desarrollo del tema de derechos de la mujer dentro de la Escuela. En los últimos años ha sido necesario desarrollar un trabajo de formación e información sobre los derechos humanos y en particular  los derechos humanos de las mujeres en una perspectiva para fortalecer su protagonismo en la organización comunitaria, especialmente en el Plan de Vida y el llamado  Plan de Minga en Resistencia.

Actualmente hay escuelas de formación de jueces indígenas a nivel universitario, gracias a convenios con universidades regionales y nacionales y al apoyo del poder jurisdiccional. Frente a la vigencia y fortalecimiento de su derecho propio, la ACIN ha logrado en varios hechos muy conocidos dentro y fuera del país, reivindicar con éxito el ejercicio de la jurisdicción indígena reconocida en la Constitución.  Uno de ellos  muy celebre por las implicaciones que tuvo fue la investigación y sanción del asesinato de un alcalde indígena, de manos de la guerrilla, donde la comunidad en una asamblea masiva,   valoró las pruebas, condenó   y declaró el castigo de los  responsables, hecho que tuvo que ser  reconocido por la misma guerrilla y el Estado como  un éxito de la comunidad que, de esta forma evitó que este crimen quedara en el impunidad. Han sido celebres igualmente el apresamiento de oficiales de alto rango del Ejercito Nacional que han sido juzgados por las autoridades indígenas por crímenes que el Estado ha tenido que reconocer y negociar con la comunidad.  

El desarrollo de la jurisdicción indígena en Colombia y el debate en torno a  sentencias de tutelas emitidas por  la Corte de Constitucionalidad,  prueban la importancia del tema a nivel nacional e internacional.  En la actualidad en las  escuelas de justicia indígena creadas por ACIN  se capacitan indígenas de varias etnias  y se facilita el acceso a información a líderes y autoridades de diferentes  regiones del país.


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Tejido Defensa de la Vida,  que implementa estrategias y mecanismos para la defensa de una visión indígena sobre los Derechos Humanos, lo que  incluye a la Guardia Indígena, como  uno de los principales mecanismos del proceso organizativo que forma parte  del Plan de Minga en Resistencia;  definida como una expresión ancestral,   vinculada directamente a las autoridades propias.  Para las mujeres la Guardia Indígena  ha sido un espacio de formación, participación y  protección a la vez que  un mecanismo de vigencia de su dignidad y derechos.  En palabras de una mujer de ACIN  la guardia es  percibida como:

... un espacio igualitario –cuando yo estoy en la guardia nunca pretendo ser hombre, porque yo debo ocupar mi puesto de mujer siempre soy mujer aquí y en cualquier parte, me han dado la posibilidad de hacer las cosas iguales, me dan la oportunidad de compartir la experiencia con los compañeros, pero en el acto en sí es diferente porque nuestro pensamiento es de protección, es sensible. Cuando uno da garrote piensa que puede ser a mi hijo a quien se le está dando, uno piensa que es mamá, una es dada a la protección. Ha sido bastante diferente y difícil, incluso cuando me tengo que dirigir a los mismos compañeros, porque con la familia es más pasivo, pero con los hombres uno tiene que demostrar una posición (UNIFEM, 2005).

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida,  que incorpora y articula las estrategias comunicativas tradicionales y de medios masivos para informar, reflexionar, decidir y actuar, además de promover la iniciativa de acuerdos estratégicos  de la ACIN con diferentes sectores sociales nacionales e internacionales.

En el 2007, este  programa ganó el primer premio entre más de 700 proyectos presentados en el concurso de periodismo "El País contado desde las Regiones". En las propias palabras de sus organizadores el énfasis de esta estrategia no está en los medios tecnológicos, sino en la fuerza y la riqueza de los saberes culturales, de los sentidos comunitarios, los rituales y los diversos eventos en los que se expresa la alegría de vivir y desde donde nace la resistencia para seguir viviendo.

En esta estrategia se utilizan  todos los medios al alcance, radio, Internet, impresos, fotografía  y video, articulados a las diferentes  formas de comunicación comunitarias, como son las asambleas, las mingas, etc.  Lo  que les permite hacer un trabajo complementario de información, reflexión y  debate, para el desarrollo de propuestas y  toma de  decisiones.  Desde hace algunos años se producen programas radiales para la emisora zonal indígena Payumat orientados a la información y formación de las comunidades en temas relativos al género y  a los derechos de las mujeres.

Para medir este avance primero veremos cómo se produjo la transformación de la organización de los indígenas en el norte del departamento del Cauca  y su proyección en el ámbito nacional.

Para no volver muy atrás en la historia, nos basta con ir  a  las luchas de Manuel Quintín Lame indígena caucano que  a principios del siglo XX sacude al sur del país, como se explica en un documento elaborado por los cabildos indígenas de la zona norte del departamento del Cauca,

... una vez constituida la república, a comienzos del siglo XIX, los resguardos fueron invadidos por terratenientes “blancos”, quienes convirtieron a los indígenas en “terrajeros”[10], motivados por las políticas de Estado que pretendían “civilizarlos” y por la política bipartidista que dividió a las comunidades.  Solo a partir de los años de 1960, después de las luchas lideradas por Manuel Quintín Lame, a comienzos del siglo XX las cuales fueron sofocados en la época de la gran violencia durante los años de 1940 a 1950, fue posible recomenzar en el norte del Cauca, la lucha por la recuperación del territorio invadido, aprovechando la coyuntura de la reforma agraria de 1960 y gracias al apoyo del movimiento campesino.  Con estas luchas que se extendieron a lo largo de los años de 1970 y 1980, se logró acabar con el terraje, recuperar más de 100.000 hectáreas del antiguo resguardo y fortalecer la autoridad propia.[11]

Las movilizaciones indígenas que son la génesis  inmediata del movimiento que hoy conocemos,  se dieron al fragor de las luchas campesinas por reforma agraria a  finales de la década de  1960  e inicios de los setenta,  donde bajo el lema de “la tierra para el que la trabaja”  se había logrado  una alianza  entre el movimiento  indígena y el campesino.  Esta unión se había dado principalmente en departamentos con importante población indígena,  Cauca, Nariño, Tolima, Antioquia, Caldas, Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta, proceso este que confluía al seno de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, organización gremial impulsada por el gobierno liberal de Carlos Lleras (1962 a 1966),  en un intento corporativo por fortalecer una contraparte que legitimara e impulsara el programa  de  reforma agraria propuesto por su gobierno.  Este intento de  política social fue finalmente  boicoteado por la derecha política  de ambos partidos tradicionales que de nuevo utilizó la excusa de la contrainsurgencia para militarizar su respuesta a las demandas y  movilizaciones campesinas. 

Una fuerte ideologización del movimiento campesino que se debatía entre diferentes facciones del marxismo prevaleciente en la época, aceleró  un proceso de disociación entre indígenas y campesinos, debido a las diferentes concepciones y prácticas en la  organización social,  reivindicaciones culturales propias de los indígenas, la autonomía y la noción misma sobre el significado de la tierra,  con marcadas diferencias  a la  campesina.


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Este proceso de organización indígena  iniciado en el Cauca pronto se expandió a gran parte del territorio nacional y para el final de los setentas se comienzan a formar   organizaciones indígenas  incluso en  regiones tan aisladas como la selva y el llano,   las que habían estado ajenas al proceso de movilización de las décadas pasadas. Un elemento clave en dicho proceso había sido  la creación, a principios de los setentas  del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el éxito de esta experiencia, junto con la creación de grandes resguardos, proceso que se había iniciado desde la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, en 1961,   se va expandiendo por el resto del país hasta la creación de   la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- en 1.982.  Este proceso de vigorización del movimiento social ha continuado y en la actualidad constituye uno de los más dinámicos y consolidados del país.

En pleno auge de la lucha por la tierra, cultura y autonomía, en la década de los setentas, se produce una escisión del movimiento indígena en el Cauca que tendría repercusiones importantes a partir de ese momento y hasta el  presente. El CRIC que desde su fundación se caracterizaba por incorporar una interpretación de la lucha en términos de clase y proclamaba la unión de los explotados contra los explotadores, tiene una ruptura por otro  sector fundamentalmente conformado por Guambianos y otros pueblos indígenas de los departamentos del Cauca y Nariño. 

La nueva organización que surge de allí   se autodenomina  AISO (Autoridades Indígenas del Sur Occidente)  y  adoptan una caracterización  que define  lo indígena en cuanto es diferente de lo campesino, reivindicando lo que les es específico  a su historia, valores, autoridades, cultura y   señalando esta aproximación de manera que  la frontera con lo europeo sea enfáticamente  contrastada. En un proceso de descolonización esta organización inicialmente se concentra en lo indígena y es por algunos percibida como cultural y étnicamente esencialista.   Surgen así dos modelos de organización: uno señaladamente militante que define la lucha de los pueblos indígenas en términos de clase situándola  junto a la de otros sectores explotados de la sociedad y propugna por una alianza de los explotados contra los explotadores y sus aliados.  Otra, que sin dar la espalda a la lucha de los pobres de Colombia, reivindica lo específico de la condición indígena, en particular su autonomía  marcando fuertemente su distancia de lo europeo.[12]

Las luchas indígenas y campesinas de los setenta dejan un legado de cooperación del  movimiento indígena en  relación con otros sectores, pero al mismo tiempo van marcando las divergencias que lo hacen formal y sustancialmente diferente. En el Cauca por ejemplo, el CRIC mantuvo sus vínculos con  campesinos y  comunidades negras del norte de ese departamento, que consolidan con lo que más tarde sería la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN.

A raíz de la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y de la necesidad de ampliar la representación de organizaciones indígenas de otras regiones del país que se identificaban con la manera como  AISO definía las luchas indígenas,  particularmente algunos pueblos indígenas del valle de Sybumdoy en el Putumayo y de  la Sierra Nevada de Santa Marta, caracterizados, entre otras razones,  por la importancia del papel  que en su vida cotidiana tienen  sus autoridades y guías espirituales, los taitas y  mamos, se plantea la necesidad de cambiar su proyección política de manera que tenga una representatividad nacional  y este  pasa a denominarse AICO,  Autoridades indígenas de Colombia. 

En el contexto de las dinámicas de organización  que se dan en las diferentes regiones del país,  de AICO el concepto de lo que ellos denominan “Derecho Mayor Indígena”,  constituye un buen ejemplo del consenso que el movimiento indígena genera a nivel nacional, pese a las diferencias que siguen existiendo entre las diferentes organizaciones indígenas que existen en el país, todas reivindican este concepto del Derecho Mayor.  Es también una expresión de la formación discursiva que toma esta acción  contra hegemónica   de los pueblos indígenas de donde surge la fuerza que lo lleva a movilizarse y actuar políticamente. 

 

El conflicto armado y la visión  indígena

Como lo  señala Reyes[13], las elites gobernantes en Colombia cometieron un grave  error estratégico, que ha tenido graves repercusiones  a lo largo de los últimos 40 años de historia del país,  al criminalizar las luchas y movilizaciones campesinas de los años setentas, que clamaban por una reforma agraria que se les había prometido e incumplido, el Estado respondió con una violencia extrema,   con lo que la vía reformista de la política social fue prácticamente eliminada de la agenda política, marcada a partir de entonces con  énfasis  por la violencia guerrillera y más adelante narco-paramilitar.  

En este conflicto  pervertido aún más  por el narcotráfico,   paso a primar la estrategia militar sobre la política,  sin embargo el movimiento indígena, parte del cual había sido involucrado en él,  logró salirse en 1991 cuando el movimiento guerrillero indígena Quintín Lame, creado  en los ochentas en un principio para balancear el equilibrio del poder que en la región, norte del Cauca, firmó la paz con el Gobierno de Cesar Gaviria y entró con un representante a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente.


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Esta había sido convocada por la administración de Cesar Gaviria (1990-1994),  en la búsqueda de una salida hacia la paz y como compromiso acordado en los diálogos con organizaciones guerrilleras,  luego que  la violencia de los carteles de la droga había aniquilado tres de los cinco candidatos a la presidencia.  Esta convocatoria se había hecho sobre la base de generar un nuevo pacto social.  Para finales de 1990 se eligieron setenta constituyentes, dos de los cuales fueron indígenas,  lo cual no dejaba de ser notorio en un país con  bajo porcentaje de población indígena, para la época apenas el 1,5% del total de población[14].

Un consenso fundamental del movimiento indígena en sus diferentes corrientes se da en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, donde tres indígenas representantes de aproximaciones políticas bien diferenciadas: Francisco Rojas Birri, candidato de la organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Lorenzo Muelas de AICO y Marcos Chepe que había entrado con voz pero sin voto,  como resultado del Acuerdo de Paz entre la guerrilla indígena Manuel Quintín Lame y el gobierno. A lo largo de las deliberaciones para la elaboración de la nueva constitución los equipos de los tres constituyentes logran[15] acuerdos que llevan a que en Colombia se apruebe una Constitución que genera un nuevo paradigma en las relaciones entre pueblos indígenas y Estado en América Latina. 

En julio de 1991 entró en funcionamiento la nueva Constitución, como  resultado de un amplio consenso logrado en un proceso de participación que se dio en una asamblea caracterizada por una conformación diversa que incluía una importante presencia de mujeres y personas distintas a los abogados y políticos hombres que dominaron en procesos constituyentes del pasado.  Con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, los indígenas en el Cauca habían logrado, no solo  elegir alcaldes y tener mayoría en varios Consejos Municipales, sino llevar diputados a la Asamblea Departamental.  Con la nueva constitución lograron  elegir un indígena a la Gobernación del Departamento, donde siempre había gobernado algún conspicuo representante de la aristocracia blanca o asociados suyos  y contar con  senadores en el Congreso de la República.   Esto se dio como consecuencia del incremento en el protagonismo,   interés y conocimiento de la política regional y nacional,  a la vez que el desarrollo de su  capacidad  de negociación y  apropiación  de  recursos para su propio progreso. Aún con contradicciones y paradojas, la Constitución de 1991 ha contribuido a cambiar la perspectiva y generado condiciones a favor de la autonomía y la participación política.    

La pregunta sobre el origen de la capacidad de estas comunidades para ejercer con tal eficiencia su autonomía, nos remonta a la lucha de estos por la defensa de su tierra y cultura y lo que de ella forma parte de su memoria colectiva.  “La interpretación histórica dice más acerca de las presentes apropiaciones del pasado que del pasado mismo” (Portelli 1991).[16] En la actual memoria de las comunidades de ACIN,  el motor de su organización y lucha ha sido la lucha por sus resguardos, que es como  se entiende en Colombia la tierra delimitada por la corona española cuyo dominio era reconocido de propiedad colectiva de las comunidades, generalmente originarias, aunque se daba el caso de algunas que eran movidas de un territorio a otro. En su interior se reconocía el ejercicio de autonomía de las  autoridades propias que según la tradición cultural, ejercían la mayoría de  las materias inherentes al gobierno interno, designación de tierras comunales, pastos y bosques, parcelas individuales, donde se otorgaba derecho de usufructo a quienes se les asignaba y generalmente la creación de una zona urbana con iglesia.

Esta figura paso de la colonia a la república y nunca pudo ser desmontada a pesar de varios intentos por desarticularlos, uno de ellos el conato de transformarlos en reservas que se intentó durante la administración  de Turbay Ayala (1978-1982),  pero la férrea defensa de los resguardos por los pueblos indígenas los ha convertido en un símbolo de su autonomía.  Un ejemplo de esas apropiaciones del pasado entre los indígenas del norte del Cauca es la interpretación que se hace sobre quien estructuró el sistema de resguardos de Tierradentro,  Don Juan Tama, al que Quintín Lame, el líder indígena de quien tomo su nombre la guerrilla indígena,  le dio vida a lo largo de cuatro departamentos: Cauca, Tolima, Huila  y Valle y que Julio Inquinas, quien fue secretario de Lame durante tiempo que pasaron juntos en los muchos años que pasaron en diferentes cárceles por su lucha indígena, fue otro actor relevante en la conformación del movimiento indígena con repercusiones a nivel nacional e internacional  (Rappaport,1988). 

Una de las interpretaciones historiográficas  más frecuentes, es que los resguardos funcionaban como proveedores de alimento para los centros urbanos.  También que funcionaban como proveedores de mano de obra para las haciendas y que era un eficiente mecanismo de   control de la corona a las pueblos y comunidades.  Pero la interpretación histórica en torno a la cual el movimiento indígena ha logrado generar consenso, habla del resguardo como la victoria de la resistencia indígena a la colonización y al control  hegemónico.  El resguardo como el  espacio de resistencia donde los indígenas nunca fueron conquistados.  

Con sus acciones y discursos los indígenas claramente han demostrado su propósito  de seguir siendo un pueblo  con identidad propia, cuyas raíces profundas se hunden en su pasado prehispánico,   para lo cual el fortalecimiento de sus resguardos y formas tradicionales de gobierno, ha sido  crucial en el contexto de 150 años de política republicana tendiente a disolverlos e integrarlos. (Findji, 1993)

Esta interpretación que bien podría ser tomada, por historiadores  como un mito para la captura del pasado de manera que  cumpla  un propósito político útil al presente, es vivenciado en su dinámica con el Estado y las otras fuerzas que allí se hacen presentes, de manera que despeja cualquier  duda sobre la importancia  práctica  que esta narrativa tiene.  Según la cosmogonía nasa, todo lo que existe en el universo y la tierra, esta formado por tres mundos: t’iiiwed’ihu, mundo de abajo; p’hte, mundo del medio, (este mundo) y ea, mundo de arriba.  Todo tiene vida, movimiento y relación.[17]  El territorio es un ser vivo  de naturaleza incompleta que es complementado con las  cualidades que aportan los seres que lo habitan.  Allí comparten  los seres humanos,  animales, vegetales, minerales y los espíritus, todo lo cual recibe el nombre genérico de nasa, es decir que tiene vida. Está a su vez está compuesta por tay o fuerzas.  Todo conformado por  un lado izquierdo y otro derecho por donde circulan estas fuerzas. El equilibrio de estas tiene la cualidad de dar y conservar la vida y el desequilibrio tiene la cualidad de modificarla y quitarla.   Todos se necesitan mutuamente, se respetan,  complementan y  relacionan. La ley natural indígena establece que la relación de cada comunero con la tierra debe ser permanente e integral.  Esta incluye tareas de recuperación y conservación, tanto a nivel espiritual como  productivo (Gómez, 2000: 23-24).

En la cosmovisión nasa, el origen de su fuerza se  explica a partir del  principio  del fogón/huerta en torno al cual  en cada vivienda se reúne a diario la familia y se recibe a los visitantes, allí  se vivencia la comunidad, se da la unión de los pensamientos por medio del  diálogo.  Las piedras que sirven de base al fogón,  llamadas tulpas derivan su nombre del tul, que son los principios que rigen la comunidad,  como la solidaridad, conservación, suficiencia, permanencia, uso respetuoso, armonía, espiritualidad, reciprocidad y buen manejo.  Palabras claves que se llenan de contenido en las reuniones en las veredas y comunidades de los resguardos (Espinosa, 2003: 171). Aquí  ésta  la base donde emerge la fuerza y certeza sobre la cual se ha levantado la gran comunidad.[18]

Un ejemplo de la capacidad que se ha generado en sus relaciones con el Estado y la sociedad es  la negociación con el conglomerado económico que agrupa gran parte de las industrias y empresas del departamento de Antioquia, conocido como el Sindicato Antioqueño, una de las organizaciones empresariales más poderosas del país,   para la explotación de mármoles, calizas y oro.  Desde una perspectiva de garantías para la inversión estas negociaciones muestran que la gobernabilidad que garantizan las comunidades en el ejercicio de su autonomía cuenta con la aprobación de inversionistas de peso en el país lo que obliga al Estado a limitar su interferencia y respetar  el ejercicio de su autonomía en la organización interna de los resguardos.


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En la actualidad la relación del movimiento indígena con otros sectores sociales se extiende y consolida a partir del incremento de visibilidad que tienen los pueblos indígenas y sus delegados y representantes.  La ONIC creo  una secretaría para la coordinación con movimientos sociales y  sectores populares y en AICO también se ha dado un incremento de la acción política  en este sentido.

Los movimientos  indígenas no solo en la ACIN sino en todo el país, han ido estructurando  sus agendas  políticas, tomando para ello,  en parte lo que emerge  del amplio tejido de la actividad parlamentaria e institucional. Un  espacio en donde se lograron importantes avances  en la interpretación jurídica y política de algunos derechos étnicos y en particular los alcances de su autonomía, han sido las sentencias de las primeras Cortes  Constitucionales, en particular las que van de 1991 a 1999 y que es conocido como el desarrollo teórico del constitucionalismo multicultural[19]. Allí a partir del examen de tutelas, derecho prioritario que ejercen las personas para la defensa de sus derechos fundamentales y que ha sido la forma como la Corte Constitucional ha asumido el papel de interpretar los alcances de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política,  se sientan bases interpretativas sobre materias de gran importancia política, económica y social. 

Por ejemplo frente a temas de conflictos entre derechos individuales y derechos colectivos; divergencias frente a la oposición de  derechos fundamentales, como el derecho de la libertad religiosa frente a la autonomía de la autoridad tradicional en el gobierno de los territorios indígenas; la definición y  alcance de lo que debemos entender por la jurisdicción especial indígena incorporada en la Constitución Política y  otros temas que   han sido muy importantes en el desarrollo teórico y conceptual del desarrollo político de los pueblos indígenas.

En este contexto se entiende que con los cambios introducidos por la Constitución, especialmente aquellos referidos a la participación política de los indígenas, de donde se desprende una movilización social que va de la mano del  ejercicio de  derechos electorales,  estos se  fortalezcan mutuamente para favorecer el desarrollo de la organización y garantizar la  defensa comunitaria  de sus derechos.  No es casual que de esta región del país sea de donde han salido el mayor número  de  representantes indígenas al  Congreso Nacional, entre ellos el  senador nasa Jesús Piñacué, quien registra una de las mayores votaciones en la las elecciones por el Senado de la Republica.[20] 

El ejercicio de derechos electorales ha sido un factor esencial en el desarrollo de sus sistemas de organización y acción.  No solo este ejercicio legitima sino que   dinamiza esta transformación en la organización social. Han  logrado mejorar su capacidad de negociación e incidencia política.   Además de la representación   indígena en los cuerpos colegiados, Senado, Cámara, Asambleas Departamentales, Consejos Municipales, etc.  Ha habido una presencia substancial en las corporaciones regionales de desarrollo, los sistemas educativos y de salud y especialmente en el fortalecimiento del ejercicio de sus propias formas de  justicia y autoridad.  

Este proceso repercute en las formas de organización social y construcción de identidad,  que son la expresión de  elementos esenciales de una cultura con raíces profundas  que se articula  con los contenidos constitucionales que reconoce el ejercicio de derechos fundamentales.  Para el caso de los nasa, como lo destaca Wilches-Chaux (2005),  este pueblo está regido por patrones de comportamiento emergente, lo que alude  al ejercicio de  una autonomía decisoria de los integrantes de base.  Según este autor, el individuo nasa ejerce su autonomía  determinado por su pertenencia al grupo, de donde se desprende un comportamiento colectivo y la identidad o personalidad global.   En este contexto se genera lo que define como pensamiento distribuido, al no ser un pensamiento  confinado a unos pocos cerebros sino compartido por  todos los integrantes de la comunidad.  De esto se genera un poder distribuido, que no reside de manera exclusiva en una o más autoridades, sino en toda la comunidad, lo que constituye el ideal de la democracia participativa, como esta es definida  en el Proyecto Nasa denominado liderazgo comunitario.

 

La Minga

El manejo comunitario tanto en la comprensión del fenómeno como en la gestión, ha llevado a que la ACIN se haya  apropiado con éxito de la nueva institucionalidad, incrementando su capacidad de ofrecer valores y comportamientos a una sociedad nacional en crisis, en  una nueva forma de  diálogo intercultural,  ofreciendo  en este lo que desde su cultura  y autonomía,  los hace fuertes y originales.  No hay un colombiano que no  entienda hoy,  lo que significa una minga y el extraordinario papel que este modelo de convivencia y ejercicio de la solidaridad tiene para enfrentar con éxito cualquier tipo de empresa o adversidad. 

Por mandato comunitario cuando se adjudica tierra a una familia, esta se compromete a trabajarla y a participar un día a la semana en la minga comunitaria, que es una forma de trabajo colectivo  donde participan las familias representadas por los miembros adultos. La tradición cultural nasa define la minga como un ejercicio en comunidad, un reconocimiento  con humildad sobre el valor del interés colectivo y la conciencia que este es superior al individual.  La minga, que cuando es convocada, tiene prioridad sobre cualquier otra actividad,  es además una ocasión de encuentro, al finalizar la jornada se comparte comida y entre todos  evalúan  y programan nuevas tareas.    Si la familia no cumple este requisito se le sanciona y se puede llegar incluso a perder la parcela, para adjudicarla a otra familia.  Antes solo los hombres eran titulares de la adjudicación,  pero desde hace ya varios años  se hace también a mujeres como  cabeza de hogar. 

Además de la minga la comunidad también celebra asambleas,  que es el encuentro para la información, reflexión, análisis y toma de decisiones.   Las asambleas se rotan por veredas, que es como se conoce en Colombia la unidad pública administrativa más pequeña donde se asienta una comunidad,  para facilitar la participación de todos.   Hay asambleas zonales, generales y congresos, regionales y nacionales.  Ha habido asambleas memorables organizadas por la ACIN en los últimos 15 años, como la que se hizo para juzgar el homicidio por la guerrilla del ELN del exalcalde Marden Betancur, donde participaron 3.500 personas; la marcha a pie hasta Cali a lo largo de 50 kilómetros con participación de 37.000 personas; el Congreso Zonal de Jambaló en diciembre del 2002 con la asistencia de 12.000 personas para reafirmar el control de su territorio ante la amenaza de grupos armados.

La Minga Nacional de los Pueblos, que logró la movilización de miles de indígenas, que marcharon desde el 6 de octubre del 2008,   del departamento del Cauca a Bogotá, luego que el presidente Uribe se negara a reunirse con ellos allí,  argumentando que los indígenas estaban siendo manipulados por la guerrilla. Esta acusación indignó a los indígenas, pues era un grave insulto a su historia de luchas y sacrificios por su autonomía.   Esta minga que  convocó  atención  nacional e internacional durante los varios días que pasó  recorriendo pueblos y ciudades, en la multitudinaria manifestación en Bogotá, sintetizo en un frase uno de los principios que les otorga mayor fuerza y legitimidad,  “No volveremos a pedirle audiencia a nadie, porque nosotras y nosotros, la Minga de los Pueblos, somos el país y la autoridad[21].  

Las asambleas y mingas fueron muy importantes en la recuperación del territorio y el fortalecimiento de las comunidades en los años 70, periodo durante el cual se consolidó la organización el Consejo Regional Indígena  del Cauca, CRIC,  como la más sólida del país y  fue el motor de lo que es actualmente la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. 

El proceso de reafirmación de lo propio, se expresa en el fortalecimiento del autogobierno y  de la identidad cultural, lo cual se da al mismo tiempo en diferentes campos: en  la recuperación del idioma que se fortalece  con un sistema de educación bilingüe y bicultural; la consolidación y ampliación de su sistema de justicia propia;  recuperación y fomento de las prácticas de manejo ambiental, agrícola, alimenticio, de salud y actividades recreativas y culturales; recuperación de fiestas, espiritualidad y ritos tradicionales, todo esto en el contexto de valoración y fortalecimiento de la autoridad tradicional.  La participación directa  de la comunidad ha sido el factor determinante en la creación y fortalecimiento de estos programas y ejercicio de derechos. 


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Esta dinámica se ejerce por medio de un modelo de  democracia  participativa y directa donde se  privilegia y remarca el consenso que se genera en las mingas y asambleas y  donde se debate lo que los asociados traen a discusión en la medida que afecte el interés de todos.  De esta forma  se analizan   problemas asociados a “la vinculación de miembros de la comunidad en el cultivo y procesamiento de drogas; alcoholismo, porte de armas, enriquecimiento y consumismo fáciles, emigración de jóvenes a las ciudades, prostitución, aborto, presencia en el territorio  de grupos armados,  iglesias y ONG, etc.” (Espinosa, 2003).   De esta manera se obtiene que los efectos  sobre miembros de la comunidad de acciones que vienen de afuera se conviertan en asuntos de interés comunitario y se asuman posiciones colectivas en relación con toda una gama de asuntos de actualidad, tales como la vigencia y alcance de  principios, valores, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, derechos de la mujer y los jóvenes, etc. 

Esta capacidad para autogobernarse y los beneficios que genera, no solo para las comunidades sino para el entorno nacional, constituyen un  aporte muy significativo a la crisis de la nación  colombiana asfixiada por el mesianismo de la política tradicional  o guerrillera,  que pretende minimizar o desconocer la capacidad y agencia propia de los pueblos para plantearse y encontrar  por sí mismos solución a sus problemas. 

Estas comunidades en  ejercicio de su autonomía, que se da en el contexto de un nuevo marco constitucional que lo permite, pero cuya dimensión y  alcance ha sido el fruto de un alto nivel de conciencia y organización, está demostrando que nadie como las propias comunidades  tiene la capacidad para asumir y garantizar reforma agraria, vigencia de derechos,  calidad de los servicios de justicia, educación, salud, seguridad alimentaria, conservación medio ambiental y generar condiciones para la explotación de los recursos naturales en sus territorios de una manera compatible con el medio ambiente, la salud de las personas y la equidad en la distribución de sus beneficios.

Es decir que lo que el Estado no ha podido garantizar para mejorar las condiciones  para la inversión y el desarrollo tan caro al sistema,  lo logran las comunidades  en ejercicio de su autonomía.  Precisamente ha sido  en este sentido que los medios  en Colombia han destacado el control que la Guardia Indígena, logra mantener a lo largo de  las  marchas de la Minga por los Pueblos, y  que garantiza el orden y la seguridad  manteniendo  al margen cualquier intento de desborde o saboteo de la misma.

En suma la gestión comunitaria de desarrollo con base en la lectura que las comunidades han hecho de su historia,  los actuales principios legales, constitucionales y de legislación internacional, vigentes en Colombia,  que lleva a las comunidades a ejercer su derecho de aplicar justicia, gobernar, legislar, diseñar y ejecutar planes, programas, gestionar proyectos, firmar acuerdos y convenios para la explotación de recursos naturales, desarrollar empresas comunitarias, hacer inversión social, controlar el funcionamiento institucional y fiscal, en la tributación y la interrelación con lo regional,  nacional e internacional, ha constituido un nuevo modelo de gestión comunitaria que no solo ha traído paz y progreso en una región convulsionada por los conflictos sociales, sino que reta a un Estado empeñado en una guerra que continua trayendo dolor e inseguridad a la mayoría de la  población. 

Nuestro argumento central no plantea la innecesaria presencia del Estado en situaciones de grave conflictividad o que la responsabilidad de este no sea relevante.  Lo que hemos querido probar es que la respuesta del Estado difiere mucho dependiendo del nivel de organización al otro lado de la mesa en la negociación  y pacto con las comunidades.  El grado de organización y conciencia, es un reto que pone al Estado contra la pared  en su propio escenario y con las reglas creadas por este, en el caso de la ACIN y su guardia indígena se ha logrado que el Estado   tenga que afinar sus respuestas y ajustarse con más rigor a las normas establecidas por la Constitución y las leyes.

 

Conclusión

Luego de 500 años de imposición hegemónica que los excluyó y pretendió hacerlos desaparecer  y de insistir en  modelos que fallan una y otra vez  en crear condiciones para un desarrollo con equidad, que  generan más  exclusión y pobreza y que no cesan en su afán de buscar soluciones a partir de más violencia y exclusión, los pueblos indígenas se han levantado y retomado el control de sus vidas.  Han logrado articular una solidaridad que llama a enfrentar aquellos que con voracidad buscan acumular poder y enriquecerse sin medir  consecuencias.  

Esta expresión de lo que Boaventura denomina Epistemología del Sur, es la respuesta comunitaria a modelos que han sido impuestos desde los Estados y que no han conseguido mejorar la calidad de vida sino todo lo contrario. Hemos llegado a un punto donde  está  en riesgo la vida misma de la humanidad. El Sumak Kawsay, Buen Vivir, o El Tejido de Vida de la ACIN es entonces el cuestionamiento desde  las víctimas del colonialismo y el capitalismo y la demostración práctica  que si es posible vivir mejor, conseguir seguridad y autonomía alimentaria, poder educarse, poder disfrutar de la libertad personal que le permita recorrer los caminos que le lleven a responder las preguntas esenciales de la existencia, desarrollar las posibilidades artísticas y creativas del genio humano y avanzar en este universo. Como lo dice Amartya Sen, citando a Marx: “se trata de sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias” (Sen, 1999)

Lo que está ocurriendo en los Andes no son solo cambios en el orden institucional y constitucional, es la adopción de una nueva hegemonía que reinterpreta todo. Las relaciones de los seres humanos entre si y con la naturaleza, una nueva concepción de bienestar y desarrollo, una nueva economía solidaria y el ejercicio de una soberanía que se funda en la comunidad y su expresión más esencial, la solidaridad.

El ejercicio de una democracia  directa y autonómica, vivida sobre la base de las propias instituciones comunitarias;  la construcción de gobierno local participativo, la producción comunitaria de bienes públicos y el control comunitario en todos estos procesos,  está probado que es la mejor vía para el encuentro  de respuestas y soluciones, no importa lo grave, el tiempo transcurrido  o la dimensión de los problemas, solo cuando las comunidades asumen el papel que les corresponde en la administración o desarrollo de su vida y derechos,  es cuando las cosas realmente comienzan a cambiar. 



Notas:

[1] Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California en Berkeley (USA, 1988).  Actualmente es Investigador y miembro del consejo directivo del Grupo por el Pluralismo Jurídico en Latino América PRUJULA. Entre sus publicaciones destaca: Seis Años, Sobre el derecho indígena en  Guatemala.  La historia de dos casos y su relación con el derecho oficial (Video/film, 2004); “Consulta Previa en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales. Una lectura desde los pueblos indígenas, las empresas y el Estado” en El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina (Bolivia, 2012); “Género, Legislación y Participación Política de Mujeres Indígenas en América Latina”, en Políticas Públicas. Oportunidades y equidad de género (México, 2012).

[2] Antiguamente conocidos como paeces, denominación con la cual se les denomina en publicaciones y textos.

[3] Minga es el trabajo comunitario gratuito de carácter obligatorio que toda persona  debe a la comunidad.

[5] http://www.codacop.org.co/index.

[6] personaje mítico-histórico que representa un elemento estructurante de la ideología pan-india que se fundamenta en el derecho a reclamar la tierra en tanto que son pueblo originario y que engloba la relación guambiana-nasa en la construcción del cacicazgo (Rappaport 1988:76).

[8] Algunos analistas denominan a este fenómeno la semaforización del agro colombiano, pues estos desplazados del campo, se ven obligados para sobrevivir en las ciudades  a  vender  frutas y chicles en los semáforos de las avenidas principales.

[9]Este es nuestro derecho mayor, por encima de todos nuestros enemigos, por encima de sus escrituras, encima de sus leyes, por encima de sus armas, por encima de su poder.  Por Derecho Mayor: por derecho de ser primeros, por derecho de ser auténticos americanos” (Manifiesto Guambiano, Cauca, junio de 1980).

[10] Por terraje se entiende la situación de aquellos indígenas que despojados  de la tierra se ven obligados a vivir en tierras del hacendado quien a cambio de obligarlos a trabajar bajo sus órdenes les permite a los indígenas ocupar un pedazo de tierra para su vivienda y cultivo de pan coger para autoconsumo.

[11] Boletín de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Diciembre del 2003; Citado en Espinosa, Dario, (2003)

[12] Como escuche alguna vez decir al Cabildo Gobernador Ijka (arhuaco), en una asamblea de este pueblo, en Nabusimake en el año 1982,    remarcaba en sus propias palabras  que ellos no necesitaban prestar de Marx, un europeo, para constituir su ideología, que ellos contaban con  suficientes elementos para reivindicar su propia visión indígena.

[13]Alejandro Reyes desarrolla este argumento en su libro, “Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia”, Editorial Norma, Bogotá, 2009

[14] El hecho que en menos de 20 años se haya multiplicado  el porcentaje de población indígena, se explica por el impacto de los derechos incorporados en la Constitución, que han  motivado  la reivindicación de la auto adscripción indígena de comunidades tanto urbanas como rurales a lo largo del país.

[15] El autor del presente ensayo tuve el privilegio de formar parte del equipo del Constituyente indígena Lorenzo Muelas, de AICO.

[16]Citado en The Politics of Memory. Rappaport Joanne, Duke University Press, 1998.

[17] Gómez Herinaldy, de la Justicia y el Poder Indígena. Ed. Universidad del Cauca. 2000. pp. 24

[18]El tul o espacio creador de normas, corresponde a la sexualidad y fertilidad femenina, lo que congrega y da lugar a la relación mujer-hombre; da origen a la vida, familia, y la unidad de la casa desde el fogón; es también la relación fogón-huerta, que se va extendiendo a los grupos de parentesco y comunidad en general, hasta abarcar a todos los que comparten las normas culturales de los nasa”. (Gómez, 2000. pp37)

[19] Bonilla, Daniel La Constitución Multicultural, Siglo del Hombre ediciones, 2004

[20] Jesús Piñacué obtuvo en 2002,  82.335 votos  la segunda mayor votación para   candidatos al  Senado a nivel nacional.

[21] Minga Nacional de los Pueblos. Página Web preparada por estudiantes de Trabajo Social de la U. Nacional de Colombia. Noviembre del 2008.

 

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Cómo citar este artículo:

PADILLA, Guillermo, (2014) “La Guardia Indígena y la ingobernabilidad en Colombia”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 20, julio-septiembre, 2014. Dossier 12: Presente y futuro de las guardias comunitarias en América Latina. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Domingo, 23 de Abril de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=978&catid=48&Itemid=226

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