La utopía derrotada

Defeated utopia

A utopia derrotada

Patricio Quiroga Z.[1]

Recibido: 15-08-2013; Aceptado: 23-09-2013

 

A manera de introducción

La muerte-heroica de Salvador Allende excusó a su generación por la responsabilidad de la derrota del gobierno de la Unidad Popular, esta fue trasladada, en términos de época, al imperialismo, a la reacción, a la falta de una política militar, a la ultra izquierda…y como no, al-Otro, al viejo compañero de ruta.

La emoción nubló la razón. La inmolación convirtió al Presidente Allende en una estampa democrática, la muerte fue una salida con honor que dejó depositada la democracia en manos de la izquierda. El Presidente de los 1000 días, a un paso del fin, movió su última pieza y colocó a los responsables del quiebre democrático en el área de la confabulación, de la anti democracia. El holocausto, eximió a los sobrevivientes de la responsabilidad de la derrota. Aún más, la Unidad Popular se inhibió de realizar el ejercicio de examinar la caída y fueron los partidos los que asumieron el análisis, produciéndose un fenómeno complejo ante el historiador cuya función es armar el rompecabezas que constituyen los acontecimientos para hacerlos comprensibles ¿Pero, cómo hacer inteligible el tablero de la historia si los partidos que hicieron la crítica de la primera hora responsabilizaron al compañero de ruta, analizaron desde la teoría derrotada, silenciaron parte de esa historia e incluso persistieron en muchos de sus puntos de vista? ¿Cómo trabajar los materiales de la historia con una izquierda que silenció sus propias veleidades teórico-políticas? Ante este dilema, buscando aportar, hacemos nuestra la siguiente reflexión del Goethe…

“Actualmente no cabe la menor duda de que la historia del mundo debe ser escrita de vez en cuando de nuevo. Pero esta necesidad no dimana, ni mucho menos, del hecho de que se hayan descubierto muchos acontecimientos antes ignorados, sino porque con el avance del tiempo van surgiendo nuevos enfoques que permiten interpretar el pasado y valorarlo de manera diferente”.

Siguiendo esta sugerencia podrían sacarse a la luz algunos de los silencios de la historia tapados también por la crisis de la teoría crítica, la victimización y más recientemente la apostasía. Me refiero a la larga crisis del marxismo encapsulado en la ortodoxia; a la victimización del perseguido, humillado y acorralado que evitó la crítica a sus propios desvaríos políticos; y más recientemente a la adopción de puntos de vista que se sitúan en las antípodas del pensamiento subalterno.

La falta de una revisión profunda de la derrota permitió que desde un punto de vista estrictamente histórico se haya relativizado el hecho que el gobierno de Salvador Allende fue el resultado de la confluencia de tres tiempos; el tiempo largo que se remonta a la historia de la lucha del movimiento obrero y popular por un mundo mejor, un tiempo, como diría W. Benjamín (1979), de avances, estancamientos y retrocesos; el tiempo medio, ubicado entre 1951 y extendido hasta 1969, tiempo que culminó con un sorprendente período de movilización ininterrumpida de seis años (1967-1973); y, el tiempo del acontecimiento, aquel de los 1000 días de la Unidad Popular.

En lo que al allendismo se refiere aquellos fueron años prolíficos, entre 1926-1939 existen 28 documentos que dan cuenta de la formación del pensamiento, entre 1939-1952 existen 260, enriquecidos entre 1952-1969 por otros 290. En suma, la elaboración de la propuesta que condujo a la vía político-institucional, estuvo acompañada de una importante producción a  la que permanentemente deben agregarse fuentes históricas que van apareciendo, como es el caso de los hasta ahora inéditos documentos que llevan por título, Primer Borrador del Programa Económico Social de la Candidatura Popular y Las Bases Técnicas del Plan de Acción del Gobierno Popular.

En fin, presencia histórica, producción teórica y acción política, visibilizaron a los actores del cambio, de manera que La Unidad Popular no constituyó una anomia  social para quienes la apoyaron. Para esa generación de izquierda fue un desenlace posible del conflicto trabajo asalariado/capital en una sociedad dividida en tres proyectos de clase, lo que otros, siguiendo a Góngora (1986) posteriormente han denominado como proyectos globales. Los subalternos, tras años de lucha, pudieron posesionarse con alguna posibilidad de éxito en el sistema de partidos y en la competencia por la presidencia; esta variable permitió que la izquierda asumiera su propia representación sin intermediación de otros sectores sociales y políticos, asumir su propia representación implicó una alta demanda ideológica, política y orgánica, es decir un gran esfuerzo de organización en la sociedad civil y política. Por otra parte,  en el plano internacional se produjeron condiciones favorables para la experiencia; de manera que, sobre esta base se originó un imaginario de cambio, en palabras de aquellos días, el 4 de septiembre de 1970 había detonado “la revolución de las expectativas”.

 

Triunfo y asedio inicial

A partir de las 17:00 horas PM., del cuatro de septiembre de 1970, las radioemisoras comenzaron a entregar cómputos cada vez más pormenorizados. De manera que poco antes de las 21:00 horas, Allende confirmando la certeza del triunfo convocó a una gran manifestación, produciéndose una explosión de alegría entre sus adherentes.

Alrededor de crepitantes fogatas, viejos luchadores sociales, obreros, estudiantes e intelectuales iniciaban la fiesta del tercio de izquierda. Improvisados conjuntos y viejos tocadiscos amenizaban el festejo cuya algarabía bajó de intensidad cuando pasada la media noche desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, Salvador Allende (1988) pronunció el Discurso de la Victoria.  Empero, esta no había sido una celebración cualquiera, bajo las banderas de la alegría y el regocijo, la movilización había tenido por objetivo copar la calle para cortar de raíz cualquier maniobra militar, los uniformados horas antes habían emplazado armamento pesado (tanques) y efectuado demostraciones de fuerza. La presta reacción, en realidad fue un acierto, porque poco después se confirmó que había cundido la deliberación entre el jefe de plaza (C. Valenzuela) y los más altos grados de la marina, aviación y carabineros, H. Tirado, J. García y V. Huerta respectivamente.

Aún vibraban las palabras del Discurso de la Victoria cuando fue promovido el pánico financiero, estimulándose el retiro de fondos de los bancos y asociaciones de ahorro, produciéndose también la baja de las acciones bursátiles (21%) y la aparición del mercado negro del dólar. El país se encontraba semi-paralizado. En la vera de los caminos aparecían miles de tarros de conservas abandonados y los campos se cubrían con ganado sacrificado. Fue tal el impacto que remeció a la economía que Allende se vio en la necesidad de nombrar a P. Vuskovic como enlace de la Unidad Popular con el gobierno en ejercicio (7, diciembre).  Dos días más tarde, se inició la denominada  “operación gambito Frei”. Sin reparar en el posible deterioro de la democracia, el comando presidencial de J. Alessandri invitó a votar por su persona en el próximo Congreso Pleno, ofertando que en caso de ser elegido renunciaría para que el parlamento convocara a elecciones en un plazo de sesenta días, ofreciendo así una alternativa para la reelección de E. Frei.

No terminaba de apagarse la conmoción producida por estos hechos cuando comenzó la campaña del rumor. En  distintos medios de comunicación aparecieron noticias relacionadas con el inminente arribo a Santiago de 40 instructores húngaros especialistas en guerra de guerrillas, los rumores también señalaban que en la comandancia en jefe del ejército sería nombrado un oficial con rango de coronel, infundio complicado por el peso de la tradición prusiana. A solo horas del triunfo de Allende reaccionaron la derecha tradicional, un sector de la oficialidad, un sector de la democracia cristiana, influyentes grupos económicos y parte del “cuarto poder”, lo suficiente para que cundiera la preocupación en la democracia cristiana por una posible guerra civil desencadenándose por espacio de un mes una larga discusión acerca de la posibilidad de firmar un Pacto de Garantías Constitucionales con la Unidad Popular.

Si el escenario interno era complicado, el externo estaba llegando al máximo de tensión. En la Casa Blanca, luego de las primeras reacciones, se tomaron medidas poniéndose en tensión lo que Kornbluh (2004) denuncia como el Plan Fubelt. El 16 de septiembre se tomó la decisión de aplicar la estrategia de la “doble vía”, idea de maniobra orientada a la implementación de Fast Track I y Fast Track II. Esto es, mientras Fast Track I se ocupaba de dirigir acciones encubiertas, tácticas desestabilizadoras y el denominado bloqueo invisible, Fast Track II se ocupaba de implementar los obscuros designios de la inteligencia político-operativa para dar forma a un golpe de Estado antes del 24 de octubre, fecha del Congreso Pleno que dirimiría la situación. De esa manera el denominado proyecto Fubelt se puso en marcha contactando con políticos de derecha, militares y grupos nacionalistas (Colby, 1994)[2]. Tres días más tarde, el 19 de septiembre, la opinión pública se enteraba que el ex mayor A. Marschall  había asumido la misión de asesinar a Allende aprovechando su condición de experto tirador, lo que obligó al futuro presidente a tomar apresuradas medidas de resguardo. Decisión acertada, sobre todo cuando por aquellos días su casa de descanso en la localidad de Algarrobo había sido ametrallada, a lo menos un par de veces.

Mientras tanto cundían las manifestaciones a favor y en contra, en medio de las cuales el Ministro de Hacienda dio forma a la campaña del terror económico. A. Zaldívar, el 23 de septiembre, al  entregar una cuenta de la hacienda pública, estimuló el retiro de los depósitos bancarios, la reducción de las órdenes de compra, la fuga de capitales y la especulación con el precio del dólar, incitando a una corrida bancaria. Aquel discurso generó la sensación de que el país estaba en bancarrota y estimuló (aún sin proponérselo) al acto sedicioso como efectivamente ocurrió porque, por ejemplo, el máximo representante de la Bolsa de Valores hizo importantes aportes para trasladar a militantes derechistas hacia Argentina, Bolivia y Brasil con el fin de adiestrarlos en el arte operativo. En el ínter tanto, los días 26 y  27, dos misteriosas organizaciones, la Brigada Obrero Campesina y la Vanguardia Nacional Liberadora realizaron una serie de atentados. Finalmente la situación se clarificó cuando el 28 de septiembre fue capturado un grupo de jóvenes militantes de la Democracia Radical al sorprendérseles participando en un auto-atentado perpetrado en la residencia del magnate textil J. Yarur (Olavarría, s/d). Simultáneamente, el ultramontanismo representado por FIDUCIA, junto a sus congéneres argentinos, bolivianos y brasileños, convocaba a rezar coordinadamente el Santo Rosario, invocando la gracia divina para contener la expansión del “comunismo ateo”.


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Fotografía de Fernando Velo

La intransigencia se expandía. A la amenaza de la izquierda de desencadenar la guerra civil se sumaban las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura clamando a los cuatro vientos: “los agricultores no tenemos miedo”; en tanto, el MIR, expresando su descontento, rociaba de pintura la estatua de un prócer de la Guerra del Pacífico dando paso a una delicada situación con los militares, molestos por el contenido estético-simbólico y político del acto. Pero, no era todo, como preludio de un acto trágico no lejano la Vanguardia Organizada del Pueblo iniciaba la lucha armada asaltando un banco. De esa manera la tensión continuaba creciendo proporcionalmente con la profusión diaria de marchas y manifestaciones públicas, acciones que al atardecer cedían el espacio al estallido de bombas caseras destinadas a infundir el temor y la consiguiente  reacción política. En otras palabras, se estaba creando un clima desconocido en Chile, a lo menos desde los días del Frente Popular.

Hasta que sobrevino la tragedia. A los uniformados se les había convocado al golpe de Estado, se les había humillado por no insubordinarse, y ahora, como fin de acto se desencadenó el magnicidio-militar. A cuarenta y ocho horas del Congreso  Pleno, que dirimiría la contienda, fue asesinado el comandante en jefe del ejército, R. Schneider con el fin de provocar la reacción militar (La Tarde, 1970). Pero, lamentablemente para sus autores el resultado del atentado fue negativo, la existencia de una sólida institucionalidad, la firmeza de la izquierda para reclamar el reconocimiento de su triunfo y la vocación democrática de un amplio sector demócrata cristiano, permitieron la consolidación de la “Doctrina Schneider”, es decir el reconocimiento a la primera mayoría electoral sin más trámite que el nombramiento por el Congreso Pleno. En consecuencia, luego de cerca de cincuenta días de zozobra, el PDC ratificó en un evento partidario la decisión de votar por Allende, luego de suscribir el Pacto de Garantías Constitucionales, de manera que tras la tensión de esos casi dos meses volvía a brillar el sol, pero silenciosa y soterradamente comenzaba a expandirse una bruma tras cuyas opacidades se alzaban complejos factores.

Si bien es cierto que los sectores golpistas, todavía minoritarios en las fuerzas armadas, habían quedado sin capacidad de maniobra, el proceso de politización interno iniciado en 1969 con la sublevación conocida como el Tacnazo se aceleró. La derecha tradicional quedó aislada, los sectores nacionalistas retrocedieron esperando su momento, cargando sobre los hombros de Patria y Libertad el primer repliegue. En la Democracia Cristiana, la discusión sobre el Estatuto de Garantías Constitucionales había mostrado la existencia de varias posiciones y la fuerza y decisión del oficialismo de separar aguas con la izquierda. En este último sector quedó nítidamente expuesto que no había consenso para buscar la colaboración entre el PDC y la UP;  pero, más relevante fue el hecho que el MIR, sin tener mayor  representación política, intentó un dialogo de igual a igual  con el gobierno, aunque el problema más grave  fue la decisión de la VOP de pasar efectivamente a la vía armada.

 

Los fundamentos

A contrapelo de la historia de las revoluciones socialistas el gobierno de la Unidad Popular se planteó llegar desde la vía político-institucional al socialismo, de manera que pese a sus falencias en modo alguno estamos ante un caso de populismo (Salazar y Pinto, 1999)[3] Marcando ese rumbo estratégico se fijaron las coordenadas fundamentales.

Para la viabilidad del proyecto gubernamental era imprescindible asegurar relaciones armónicas con los gobiernos de la región suramericana. El gobierno argentino era abiertamente conservador, además estaba pendiente el asunto de los islotes del sur del Canal de Beagle. Con Bolivia, no obstante que desde 1970 prevalecían tendencias de izquierda en el Palacio Quemado, las viejas rencillas eran parte del cotidiano, agitadas no hacía mucho por la controversia sobre el río Lauca. Plan Alto no ocultaba su animadversión hacia el gobierno chileno como denuncia Moniz (2008). Con Perú existía una mejor sintonía dado el carácter de la revolución de los militares en el poder desde 1968, pero, se acercaba el centenario de la Guerra de 1879. Por otra parte, los gobiernos de Colombia, Venezuela y Paraguay estaban muy lejos de mostrar simpatía alguna por la instalación de Salvador Allende en La Moneda. Solo la tradicional cercanía con Ecuador podía neutralizar la ojeriza que causaba la proclamada vocación socialista de Santiago. En fin, como diría el Canciller C. Almeyda (1977), “estaban dadas, pues, las condiciones para que pudiera implementarse una política de aislamiento político y económico del gobierno de la Unidad Popular en Sudamérica”.[4]

Estas complejas condiciones fueron superadas apelando a la ruptura de las fronteras ideológicas y a la integración latinoamericana, una forma de realismo político internacional que neutralizó las posibilidades de reacción, no obstante el beneplácito de Brasil o Argentina para que fuerzas de derecha ocuparan sus campos como base de entrenamiento paramilitar, como fue el caso de Patria y Libertad en Argentina o la presencia de connotados oficiales golpistas en Bolivia. Ese mismo predicamento aplicó Allende (1970) en las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. La viabilidad de una política internacional que evitara el aislamiento también se expresó en el tratamiento al Tercer Mundo, reafirmándose los principios de las Conferencias de Rangún, Bandung y Belgrado y el firme compromiso de impulsar al Movimiento de los No Alineados. Por otra parte, se mantuvieron  inalterables las relaciones diplomáticas con los países desarrollados. Lo único nuevo fue la apertura de relaciones diplomáticas con los países socialistas que por razones ideológicas la anterior diplomacia había excluido. Ahora bien, estamos ante un proyecto planificado y coherente para el que se pusieron los recursos necesarios. Dicho de otra manera, el realismo de la Cancillería coincidió con la formulación gubernamental de iniciar cambios con vistas al socialismo, contexto en que encuentran explicación dos formulaciones relevantes como fueron la estrategia de la  “política entre pueblos”, inserta en una tesis de aquellos días que al referirse al carácter de la época la caracterizaba como de transición del capitalismo al socialismo a escala mundial (Almeyda, 1977).

En materia económica el punto de partida fue el reconocimiento de la existencia de un potencial productivo anterior que no se había aprovechado por las limitaciones internas y por la sujeción a los grandes monopolios, poniéndose en ejecución tres procedimientos simultáneos. En primer lugar, desde el punto de vista de los objetivos-largos y de acuerdo con el Programa de Gobierno, se tomaron decisiones para iniciar el cambio estructural que conduciría al socialismo respetando la legalidad vigente, cambio visualizado en las nacionalizaciones, en la formación del Área de Propiedad Social (Samaniego, 1995) la reforma agraria, la estatización de la banca y la redistribución del ingreso. En segundo lugar, los objetivos-medianos se concentraron en cuatro direcciones: la elevación de los niveles de actividad económica, la absorción de la desocupación, la distribución del ingreso y la contención de la inflación. En tercer lugar, el objetivo-de-coyuntura fue subir la producción,  con el propósito de aumentar la base de apoyo social por la vía de la participación de los trabajadores a través del acuerdo CUT-Gobierno y ampliar el respaldo obtenido en las elecciones de septiembre subiendo el porcentaje electoral, como efectivamente sucedió en las elecciones municipales de abril de 1971, cuando la Unidad Popular alcanzó el 50,86% de las preferencias del electorado.

En la aplicación del programa económico los documentos “Orientaciones del Programa Económico de Corto Plazo” y los “Informes de ODEPLAN” se constituyeron en escritos orientadores para dar forma a los objetivos largos, medianos y coyunturales (Vuscovik, 1993). El tiempo de la política económica contempló tres períodos de dos años cada uno aproximadamente. La primera etapa, que iba desde noviembre de 1970 hasta agosto de1972, fue denominada como la “etapa de la expansión global con el inicio de reformas estructurales” (Martner, 1975) y se caracterizó por la combinación simultánea de objetivos en un esfuerzo inédito a escala latinoamericana. Respetando los derechos vigentes se procedió a nacionalizar el cobre,  el hierro y el salitre;  también se planteó la estatización de  90 industrias para formar el Área de Propiedad Social,  profundizar la reforma agraria,  estatizar  la banca,  redistribuir el ingreso, incentivar la producción y contener la inflación; mientras se mantenía el pleno empleo, aumentaba el consumo interno, se ampliaba la construcción de viviendas populares y  se iniciaba la diversificación de los mercados. Ahora bien, la decisión gubernamental estuvo condicionada  también por la baja del precio del cobre, por los efectos del boicot interno, la herencia de la caída de la producción industrial, bancaria y comercial, y por la existencia de alrededor de 250.000 cesantes. Ante este panorama se tomó, además, la decisión de movilizar la capacidad productiva ociosa e incentivar la producción para ampliarla (Bitar, 1995). En suma, el gobierno logró armonizar los tres niveles planteados en el proyecto económico, sorprendiendo con variados logros, aunque la pregunta no formulada era… ¿se podrá financiar el paquete de cambio?

La estrategia política, en comparación con la internacional y económica, fue más difusa. Entre 1951 y 1969, la izquierda y Allende, habían avanzado en la creación de un modelo político (la vía político-institucional) al combinar el rol del actor de cambio con el tiempo político y el espacio, pero nada más.


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Fotografía de Fernando Velo

El subalterno, entendido como sujeto de cambio, ganando espacio y representación en las campañas electorales, había valorizado el sistema político para transformarlo en función de su proyecto de sociedad. Pero este modelo no iba acompañado de una teoría que ligara socialismo y democracia, dejando abierto el problema de la relación entre el Estado y el derecho en un proceso de innovaciones. Al iniciarse el gobierno estaba claro que era posible una vía legal para acceder al ejecutivo, pero no se conocía, como diría N. Lechner (2007), su contenido estructural para asegurar la transformación. Esta opacidad trajo graves contratiempos porque impidió delimitar el tiempo político, de manera que considerando que se había obtenido 1/3 de los votos era lícito preguntarse, ¿habría secuencialidad con un segundo gobierno en 1976?, cuestión relevante porque significaba preparar la fuerza política para un largo período, hasta lograr mayoría en el parlamento (entre tres y seis años mínimo), lo que a su vez ponía otro dilema, ¿por dónde expandirse para ganar la mayoría, por el centro o por el subproletariado y la marginalidad? ¿Se trataba de alcanzar el socialismo ya,  a partir de la irrupción en el gobierno, habida cuenta que la mayoría de los chilenos había votado por cambios en septiembre de 1970?… ¿cómo explicar a un conglomerado radicalizado que la rebelión del electorado tenía un tiempo de espera?, ¿cómo explicar que tras seis años de movilización ininterrumpida el poder volvía a alejarse? Esta indefinición permitió que el Programa de Gobierno fuera interpretado potenciándose varias estrategias alternativas entre sí.

El  Programa de Gobierno inducía a confusiones. El lenguaje dejaba campo a la interpretación. El análisis de discurso indica que la utilización de conceptos, como conquista del poder, en una coyuntura de radicalización política y discursiva, condujo a los imaginarios de época a concluir que se estaba viviendo una etapa de acumulación de fuerzas, entendida como una fase previa al desenlace, relacionando de esa manera la revolución chilena con revoluciones que habían triunfado con las armas en la mano. En esa misma dirección, la invocación contenida en el Programa de Gobierno que demandaba el traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, proponiendo al mismo tiempo una nueva Constitución, una Asamblea del Pueblo y un Tribunal Supremo, en congruencia con la movilización social, podía interpretarse, en términos gramscianos, como una incitación a la guerra de movimientos, no obstante las garantías destinadas a mantener el imperio de los derechos democrático-liberales. Por eso, a cuarenta años del desenlace, es imprescindible recalcar que los procesos sociales no pueden leerse como una vieja película en blanco/negro, dado que tal lectura ignora la riqueza de los matices históricos.

La Unidad Popular no fue monolítica. No obstante, la lectura blanco/negro,  ha reducido la pugna a gradualistas y rupturistas, como señala Corvalán Márquez (2001) en una meritoria aproximación al tema. Pero, la historia guarda complejidades. Entre los denominados gradualistas, la propuesta de Allende fue diferente a la del PC. La vía pacífica o no armada del comunismo presuponía etapas antes de la toma del poder y luego un período de dictadura del proletariado para terminar con la sociedad burguesa. Allende había roto con la teoría de la dictadura proletaria y entendía su período de gobierno como el inicio de un largo proceso de transformaciones desde el interior de una sociedad burguesa que valoraba profundamente por el rol democratizador que había jugado la propia izquierda. Las estrategias del PS y del Mapu también fueron diferentes, aún más, al interior de  cada organización también se confrontaron proyectos distintos; de manera que el problema fue mucho mayor del que se supone. Para terminar basta señalar que la línea de Frente de Trabajadores de los socialistas (que también contemplaba la dictadura del proletariado) se confrontaba con grupos emergentes que habían iniciado los preparativos para la vía armada (Camú, 1967). Por eso no puede confundirse la coincidencia en coyunturas específicas con las maniobras a largo plazo.

Ahora, para embrollar más el asunto. En un marco de esperanzas sociales, la agitación y el ansia participativa, impactó en orgánicas que no estaban en el gobierno y que también vieron llegada la hora de imponer sus propios puntos de vista: de manera que, ¿hasta dónde en  un contexto de radicalización política y discursiva, conceptos de uso corriente por los publicistas de gobierno como, enemigo arrinconado, correlación favorable de fuerzas, combatividad revolucionaria (y otros), condujo al MIR a estimar que se estaba viviendo una situación pre-revolucionaria? ¿Hasta dónde la proclama encendida influyó en organizaciones que armadas de un rústico utillaje marxista interpretaron el gobierno como la antesala de la revolución? Recordemos que la Vanguardia Organizada del Pueblo concluyó que había llegado el momento de profundizar las contradicciones y que el maoísta Partido Comunista Revolucionario vio el momento para desenmascarar al revisionismo. Como puede apreciarse, también desde fuera del gobierno se le dio sentido estratégico a la lucha política que lideraba Allende. Estas expresiones que se materializaron en el “verano caliente” de 1971, en asaltos a bancos y en descalificaciones, no tuvieron un tratamiento adecuado y fueron enfrentados como un problema de clase, como un problema fenotípico de la pequeña burguesía radicalizada, sin tomarse en cuenta que eran lecturas-diversas originadas en un mismo lenguaje y proceso histórico.

Al referirse a la Unidad Popular es insoslayable tocar el tema de la cultura (Albornoz, 2005), entendida como una estructura de larga duración. En efecto, la cultura de la izquierda abarca varias etapas iniciadas en el período heroico del movimiento obrero, ocasión en que demócratas, anarquistas, comunistas y luego socialistas dieron (primero) impulso a una visión-de-mundo, constituyendo (luego) una ideología. Así el Canto a la Huelga –popularizado como Canto a la Pampa e Hijo de Ladrón se fundieron, años más tarde, con la ruptura epistemológica que propusieron los historiadores marxistas al entregar un nuevo cuadro de la historia, es decir, una nueva lectura de la historia nacional (esto al margen de la profundidad teórico-metodológica). Esa cultura visibilizó al actor de cambio y se expresó en la lira popular, en los diarios de la izquierda (El Siglo, Las Noticias de Última Hora), en revistas teóricas (Principios, Arauco) y pasó de la cantina (El Tordo Azul) a París con Violeta Parra. Una cultura que propuso un cambio, que visualizó alianzas internacionales, que se impregnó de lo latinoamericano y que al detectar  el rol de los aparatos ideológicos de Estado logró contrarrestarlos con una contra-cultura que se labró también en La Peña, en la poesía nerudiana y en la concentración-protesta.

En el Programa de Gobierno, cultura y educación, formaban un acápite específico. La propuesta partía de la base que el cambio no se produciría por decreto sino a través de la “lucha  por la fraternidad contra el individualismo”, supuesto fundamentado en un componente ético propio de la teoría marxista del conocimientos relacionado con el tema de la alienación. Respecto a la educación se partía de la  base que solo con  un pueblo educado y apto científicamente era posible construir una nueva sociedad y mantenerla en el tiempo, proponiéndose reformas profundas que partían por reformular la enseñanza desde la infancia profunda a partir de la construcción de una red de salas–cunas, para luego seguir con una reforma en la educación media acompañada también de un vasto plan de obras, rematando en cambios en la gestión y concepción de la universidad. El programa postulaba un sistema nacional de cultura que potenciara la expansión de los “valores del proletariado” a través de la creación de una Red de Centros Locales de Cultura Popular desde los cuales se proyectaría una cultura que fundiendo lo anticapitalista y la cultura popular fuese apoyado con la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura.

 

La ofensiva popular

A partir del 4 de noviembre la vida cotidiana dejó de tener las características anteriores, la política irradió en todas las esferas trascendiendo lo público y privado, dando lugar a una verdadera vorágine de acontecimientos. Desde el gobierno, junto al cambio económico, fueron impulsadas aspiraciones político-simbólicas, incorporadas en el Programa de Gobierno como, la disolución del Grupo Móvil de Carabineros, un reajuste del 100% y la entrega gratuita de medio litro de leche para los niños, importante medida para contener la desnutrición infantil (Molina, 2004). Antes de finalizar 1970, Allende firmó el decreto de traspaso de los yacimientos de carbón de Lota al Estado y para reafirmar el compromiso gubernamental con la legalidad envió al Congreso un Proyecto de Ley que sancionaba la “toma” de casas para cortar rumores e intenciones. Si alguna duda quedaba sobre el respeto a la legalidad  retiró del Congreso el Proyecto que pretendía imponer los Tribunales Vecinales, más conocidos como Tribunales Populares, y no obstante la agresión de la ITT anunció para marzo el estudio de un proyecto para nacionalizar el área. Luego se inició la compra de acciones bancarias, la profundización de la reforma agraria, despachando a principios de mayo el proyecto de nacionalización del cobre.

Los éxitos amplificaron las perspectivas, especialmente el resultado de las elecciones de marzo cuando se sobrepasó el 50% de la votación.  El Mapu, a poco de constituirse el gobierno, señaló que, “la conquista del poder desde el Gobierno pasa inevitablemente por un enfrentamiento agudo y prolongado cuyo resultado será la destrucción de las formas burguesas del Estado y la construcción de un Estado popular, profundamente democrático, que exprese institucionalmente el nuevo poder del pueblo” (Mapu, 1971). Meses más tarde, reafirmó  estas conclusiones  cuando en el Primer Pleno (8 de enero, 1971)  concluyó que el partido debía “estar preparados para enfrentar y derrotar la contrarrevolución”, planteamiento en consonancia con la formulación de una política militar desarrollada en el documento de circulación restringida conocido bajo la clave 1B1, documento que incluso fue conocido por el general C. Prat (Ojeda, 2009).   Entre otros considerandos, esto significa que los procesos son más complejos que lo que parecen y que el deber del historiador es hacerlos inteligibles, sin omisiones o tergiversaciones, Pero, el Mapu no estaba solo en sus definiciones, los socialistas  en el Congreso de La Serena (27 de enero, 1971) concluyeron que se habían generado las condiciones para “una efectiva conquista del poder” (PS, 1971), iniciándose en consecuencia la formación de una comisión de defensa dependiente del Frente Interno de la organización.

La controversia requería una respuesta sustentada teóricamente. El momento preciso fue el 21 de mayo de 1971 cuando Allende entregó la tradicional cuenta a la nación. Ese momento era determinante por el nivel que estaba alcanzado la radicalización político-discursiva, porque comenzaba a imponerse el obrerismo sobre lo nacional-popular, para impedir también el congelamiento de la política de alianzas, sobrepasar la polémica con el poder judicial y evitar  el acercamiento entre el PDC/PN. Con motivo de la lectura del Primer Mensaje Presidencial, Allende formuló ante el Congreso Pleno, una pieza retórica impactante, formulando teóricamente lo que denominó como la II vía al socialismo, aspiración fundamentada en la relación entre democracia/socialismo y en el anhelo de realizar el cambio social sin el trauma de la violencia. Acto teórico en que (aparentemente) cayeron trizados los esquemas de la ortodoxia marxista (Allende, 1971). Sin embargo, las respuestas a la propuesta de Allende fueron en dirección contraria, porque sus propios aliados temieron cruzar el Rubicón de la teoría crítica y se afincaron en la teoría de la dictadura del proletariado (Viera-Gallo, 1972)[5].


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Fotografía de Fernando Velo

Craso error. La oposición aún aletargada había comenzado a concentrarse en medidas de contención. Ya el 10 de noviembre, a una semana de iniciado el gobierno, la democracia cristiana, uniendo hechos reales y presunciones ideológicas había impulsado el tema de la denuncia guerrillera, afirmando que la izquierda había entrado en una fase de preparación para la toma del poder, uniendo esta denuncia con la afirmación que los guerrilleros que habían recibido asilo político estaban a cargo de la preparación de campamentos insurgentes. Simultáneamente el Partido Nacional inició la táctica de la obstrucción política permanente con las acusaciones constitucionales contra los ministros de Justicia, Agricultura y Trabajo. Entre las medidas de contención, una de las más eficaces, fue la de la legalidad sobrepasada, fórmula que descalificó  de paso, las formas que estaba tomando la construcción del Área de Propiedad Social. Evidentemente, la denuncia guerrillera tenía por objetivo  mejorar la relación con los militares, la obstrucción política ganar tiempo político, y el enunciado de la legalidad sobrepasada erosionar la legalidad de las acciones gubernamentales. El golpe fue demoledor, al extremo que el gobierno debió montar la Operación Verdad.

Vientos turbios comenzaban a arreciar, encrespándose las marejadas de la historia con una nueva formulación, esta vez se trató de la estrategia de los mariscales rusos, una propuesta presentado por C. Orrego para impedir la posibilidad del dialogo (Orrego, 1971)[6]. En el ínter tanto, los grupos nacionalistas-autoritarios del Partido Nacional comenzaban a preparar el copamiento del partido y el diseño estratégico para un Consejo General, convocado para el 7 de junio en Osorno. Además, la arena opositora se fortaleció con la predisposición contraria al gobierno de la SOFOFA y la SNA. Por su parte, Patria y Libertad llamó a constituir  un Gobierno Autoritario, el grupo Tacna dando por finalizado el Estado liberal enfiló en busca de la participación duradera de las fuerzas armadas, y el gremialismo comenzó a salir de los círculos universitarios e intelectuales. Ahora bien, hasta fines de mayo de 1971, a pesar del tensionamiento político, no había traza alguna de ruptura sistémica. Las instituciones funcionaban, el gobierno cumplía con sus funciones, lo mismo el parlamento y la justicia. De manera que ni las más destempladas declaraciones habían logrado alterar el equilibrio de la sociedad chilena. Dicho de otra manera, todavía faltaba para que la anomia social cristalizara y se transforma en ruptura institucional, hasta que un asesinato político revirtió la situación.

El 8 de junio, la Vanguardia Organizada del Pueblo, asesinó al  ex Ministro del Interior, el influyente demócrata cristiano Edmundo Pérez. La organización que había  iniciado la guerra popular había concluido que un hecho político de conmoción pública seria el catalizador  para “acelerar las contradicciones”.  Pero, el resultado fue muy distinto al esperado, no solo terminó con la muerte de los dirigentes, sino que presentó un gravísimo contratiempo para el gobierno. Alertado de la situación Allende, luego de preguntar en el denominado Informe al Pueblo (16 de julio), ¿a quién perjudica el asesinato?”, denuncio que tras la maniobra se estaba buscando un Calvo Sotelo para Chile. Parangón impresionante, porque efectivamente los hechos demostraron que era así. A partir de este momento, el gobierno vivió dos procesos paralelos; mientras seguía imponiendo su estrategia económica, comenzaba a ver restringida su capacidad de maniobra política. El PDC, al día siguiente del asesinato, censuró la mesa directiva  de la cámara de diputados; a continuación, fueron aislados, la mesa directiva de la juventud y el sector denominado como el “tercerismo”. Simultáneamente aceptó el apoyo del PN para enfrentar una elección complementaria por Valparaíso. Este giro también tuvo consecuencias institucionales gravitantes: alentó al Contralor General de la República a alinearse con la oposición y en la iglesia se hicieron notar las fisuras entre Los Cristianos por el Socialismo y sacerdotes de conservadores.

Pero, pese a todo, Allende y el gobierno continuaron con su política de mano abierta con el partido de la falange, debiendo ahora soportar nuevos embates como el propinado por J. De Dios Carmona que sugería que las fuerzas armadas asumieran el control de armas. Acto seguido, la oposición daría forma al juego-de-imágenes, un tramado comunicacional que descontextualizando acontecimientos estrechó el cerco sobre el gobierno, iniciándose la transición hacia una nueva fase. La transición a la violencia  se fundamentó en la tesis de lalegalidad sobrepasada, poniendo en entredicho el terreno donde se asentaba la vía político-institucional con el objetivo de entrampar  e inmovilizar al gobierno. En ese sentido se especuló coordinadamente con cinco cuadros conducentes a difundir  la imagen  de un plan de acopio de armas ilegales; a saber:

  • La Escolta de Allende fue el primer blanco. El objetivo: la disolución.
  • El asilo a guerrilleros latinoamericanos fue el segundo blanco. El objetivo: advertir que estaban dando instrucción.
  • La denuncia del contrabando de armas fue el tercer blanco. El objetivo: causar alarma pública (para ello se confundió un contrabando con ingreso de armas mediante un buque panameño).
  • La insinuación que el gobierno había decidido eliminar a los hermanos Rivera Calderón para silenciar secretos de la VOP. El objetivo: rebajar la confianza en el ejecutivo. 
  • La denuncia que aseguraba que se estaban produciendo numerosas muertes. El objetivo: producir alarma pública.

Cerraban la saga las palabras de E. Frei, desde Londres,  exigiendo la disolución de “las bandas armadas” (Frei, 1971). Naturalmente el entramado desató una conmoción que mezcló las sensaciones de desgobierno, miedo e ilegalidad.  Pero, no era todo, la ofensiva publicitaria relegó importantes noticias; entre ellas, la crítica del MR-2 (un significativo grupo proveniente del MIR) a la organización-madre responsabilizándola de practicar “una política de derecha”, también se perdió la noticia del alejamiento del MIR del GAP (Escolta de Allende) producto de la ruptura de la organización con el gobierno, lo mismo sucedió con la decisión gubernamental de desalojar los predios ocupados ilegalmente de menos de 80 hectáreas, quedando también en el silencio el asilo otorgado a una treintena de opositores derechistas provenientes de Bolivia.  En fin, en los precisos momentos en que se estaba constituyendo el APS, en que se nacionalizó el cobre, en que las expropiaciones de latifundios abarcaban las 1.100 unidades y en que Allende y la Unidad Popular habían condenado las usurpaciones de terrenos agrícolas y fábricas, el asesinato cambio el curso de la historia.

La  Democracia Cristiana vivió momentos difíciles. Entre otros un nuevo quiebre que culminó con la aparición de la Izquierda Cristiana a fines de julio (Osorio, 2012. Ahora bien, con el sector proclive al dialogo debilitado, por primera vez desde 1964, se puso en duda la efectividad del camino propio, vislumbrando la posibilidad de la alianza con la derecha a través de: maniobras políticas conjuntas, acusaciones constitucionales, unidad en elecciones complementarias, movilizaciones callejeras y coordinación del juego-de-imágenes. En síntesis, este fue un primer paso del acercamiento con el objetivo de subordinar al PN. Pero, la derecha tradicional estaba contemplando, en un horizonte más lejano, el fin del sistema establecido en 1938 (modelo ISI), por eso retrocedió y cedió espacio en el convencimiento que llegaría el momento de rebasar al PDC e imponer su propio proyecto, por ahora lo importante era evitar la colaboración con el gobierno de la Unidad Popular.

Entre las numerosas señales que indicaban anomia, las del plano de la cultura fueron especialmente ignoradas. En medio del fárrago creador hubo poco tiempo para la reflexión. No era para menos, la nueva canción (V. Jara, Quilapayún), el boom literario (P. Délano, C. Olivares) la explosión del teatro (El Ángel) y la aparición de Quimantú, coparon el horizonte cultural. El Departamento de Cultura de la Presidencia no dio abasto para tanto poeta (J.A. Cueva) y trovador (Quelentaro). La esfera cultural fue remecida en lo que a valores, sensibilidades y gustos se refiere, aún más, comenzó, a costa de lo estético, a configurarse una identidad masiva con lo vernáculo y con la idea de cambio. Pero, este no era un problema de logros porque empezaba a percibirse que entre el estampido artístico y una concepción cultural, en el plano de las ideas-representaciones y actitudes-comportamientos, todavía había un trecho que cubrir. Como afirma un autor de época, “faltaba la definición de una política cultural del gobierno” (Valdés, 1971) reclamo puesto en discusión en la Revista Cormorán en un documento titulado Política Cultural y Gobierno Popular (Calderón, 1970), emergiendo un nuevo problema: el de la relación entre la falsa consciencia, relacionada con el agente externo creador de consciencia constituido por  el partido, y el de la autosuficiencia, concebida como la toma de consciencia a partir de la auto comprensión de la realidad. Estamos, entonces, ante dos proyectos antagónicos de construcción de cultura.

 

La transición a la violencia

El episodio  de sangre se convirtió en la cesura histórica que progresivamente indujo la transición a la violencia abierta.

Las pasiones se desbordaron. Ni el descubrimiento de los autores, ni la declaración de zona en estado de emergencia, ni el decreto de duelo nacional, contuvieron el desborde de las pasiones. La dura posición adoptada por la mayoría democratacristiana y el acercamiento con la derecha fue interpretado por gran parte de la izquierda como un giro determinante. Sin embargo, todavía no se producía la confluencia. La democracia cristiana no había solicitado  apoyo a la derecha, cuestión comprendida por Allende quién nuevamente realizó un llamado al dialogo. Pero, el Partido Nacional también había comprendido la importancia de la alianza con el PDC. En ese predicamento retrocedió y la apoyó con el fin de crear un frente único en los hechos, operación cristalizada a mediados de septiembre cuando convergieron en el apoyo al proyecto Hamilton-Fuentealba, convergencia reforzada por la participación conjunta en la explosión social que constituyeron las protestas masivas a partir de ese mismo mes, y sellada a mediados de diciembre con una acusación constitucional contra el Ministro del Interior.

De esa manera se produjo el reordenamiento de la fuerza opositora. El primer paso había sido el copamiento ciudadano experimentado entre junio y octubre. Luego,  poco, a poco, cundió la protesta y salieron a la calle gremios profesionales, estudiantes, chóferes, y trabajadores, afectados por las políticas de estatización, movilización combinada con la exigencia por el respeto a las garantías constitucionales, con la oposición al Área de Propiedad Social y  la defensa de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones con  la meta del golpe blando, es decir el colapso del gobierno.

Pero, el positivo balance del primer año de gobierno impidió una rápida transición hacia la violencia abierta. Aunque, el romance con el éxito tenía sus bemoles, constituyéndose en un verdadero espejismo deformado que se superpuso a la realidad. Los éxitos nublaron el análisis ignorándose las distorsiones que se estaban produciendo en el mercado y en el sistema financiero por el contrapunto entre mercado y planificación central desatendiéndose el riesgo  que significaba el desequilibrio en la pareja oferta-demanda en circunstancias que los precios habían crecido un 20% contra el aumento de un 30% en los ingresos. El espejismo deformado por la embriaguez de los avances tampoco tuvo en cuenta otros problemas que incidieron en la balanza de pagos; a saber, la baja del precio del cobre, la merma de la agricultura, la fuga de capitales privados, el sabotaje a la producción y el “bloqueo invisible”, tendencias que incidieron en la baja de las reservas internacionales y finalmente en la suspensión de la deuda externa, perdiéndose de vista también que las medidas expansivas y redistributivas podían incidir en la inflación (como efectivamente ocurrió).

Pero, el anterior enunciado era el reflejo de un problema más profundo. Encandilado el gobierno  con el movimiento mundial de simpatía por la experiencia chilena, el análisis no dio cuenta de señales importantes como el escepticismo soviético ante la posibilidad de una revolución triunfante. A esta insuficiencia debe sumarse que también paso prácticamente desapercibido el significado del embargo del cobre por Francia, la cancelación de contratos comerciales con Japón y la tolerancia del gobierno brasileño con la extrema derecha chilena. Estamos ante una carencia gravísima que desconoció la existencia de un sistema mundial al que se subordinaban las economías nacionales. Así, la economía chilena pareció cobrar vida propia. En este marco, no obstante los abultados estudios sobre el capital monopólico, la visión antiimperialista se restringió a dos variables; una fue la nacionalización de las riquezas sometidas a control foráneo, la otra fue la denuncia, quedando en un plano secundario  el estudio de las formas de la contra respuesta desestabilizadora y táctico-operativa imperiales ante el reto socialista.

En la transición hacia el empleo de la violencia, noviembre y diciembre (1971), fueron determinantes. En un contexto en que se apreciaba que estaba cambiando la sociedad, en que en la economía el problema de la propiedad estaba presente sin velos intermediadores, en que se estaba produciendo una nueva inserción internacional, en que todas las instituciones estaban alteradas por el conflicto (sistema político, iglesia, fuerzas armadas), en que la derecha experimentaba angustia  y en que la izquierda tomaba consciencia de la cercanía con el poder, se produjo una sucesión de acontecimientos que tensaron aún más las delicadas relaciones existentes. Dicho de otra manera, no era solamente la tensión del sistema político el que estaba conduciendo al quiebre institucional, como se afirmó desde el análisis funcional estructuralista algunos años después (Valenzuela, 1988), fue el conjunto de la sociedad que al entrar en cambio vio resentirse instituciones, legalidad, visión-de-mundo, tradición, cultura, relaciones internacionales, proceso detectado por la democracia cristiana y contrarrestado hacia fines de año con una campaña de cerco flexible alrededor del gobierno.

En este contexto la relación con la derecha tradicional se mantuvo en el nivel de la unidad en la acción, unidad que se concentró: en la aprobación de la reforma sobre las tres áreas de la economía, en la defensa de los medios de comunicación, en la elección del rector de la Universidad de Chile, en el apoyo a un candidato demócrata cristiano a senador en las elecciones complementarias de O´Higgins y Colchagua y en el voto común a la acusación constitucional contra el ministro J. Tohá. En este contexto la visita de Fidel Castro terminó por atizar los ánimos, constituyéndose diciembre en el “mes decisivo”, por el traslado de la política desde el parlamento a la asonada callejera con el agravante que a partir de la despedida del Comandante guerrillero, mediante la “marcha de las cacerolas vacías” apareció el componente paramilitar de la derecha. Patria y Libertad, los Comandos Rolando Matus, los grupos Tacna, Tizona y otros, ya no solo orientaron sus afanes hacia el pronunciamiento de las fuerzas armadas, sino que comenzaron a emplear el arte operativo (Quiroga, 1994). Acontecimientos facilitados por el desabastecimiento que comenzaba a advertirse, la carne por ejemplo, experimentó un 40% de merma, pero el gobierno todavía habría de pasar un trago más amargo porque pronto debieron importarse cerca de 400 artículos; entre ellos, leche en polvo, huevos, azúcar, harina… y, ya pronto vendría otro problema: el mercado negro.

Finalmente, se produjola primera reacción militar. El proceso de politización que había sido contenido tras el asesinato del general R. Schneider volvía a emerger. Preocupado el alto mando por los sucesos que estaban sobreviniendo se reunieron con Allende. No era para menos,  la “marcha de las cacerolas vacías” con el consiguiente toque de queda por cinco días (1 de noviembre), los llamados del MIR al gobierno a “crear fuerzas armadas de masas propias” (9 de noviembre), la marcha de la FEUC, terminada en batalla campal en las calles de Santiago (22 de noviembre), la descalificación de El Mercurio al cardenal motejándolo de “arzobispo rojo” (24 de noviembre), y el carácter de enfrentamiento entre democracia/marxismo que la derecha le estaba dando a las elecciones complementarias (27 de noviembre), no eran hechos menores ni inconexos. Ahora bien, en esa oportunidad se estableció un dialogo político que acercó en esa fase a los militares al proceso como lo señalan las querellas que conjuntamente presentaron con el gobierno, por injurias graves contra el diario Tribuna y la radio Balmaceda. En consecuencia, quedaba demostrado que los militares no permanecían insensibles al influjo del cambio.

El gobierno en modo alguno había perdido la iniciativa. Por el contrario, a pesar del creciente cerco, mantuvo la ofensiva. En el plano económico, a través de CORFO, abrió un poder comprador de acciones para que 91 empresas pasaran al APS. También  trazó las principales líneas económicas para 1972: avance estatal en la distribución, transferencia de los monopolios al APS, estatización del comercio exterior, control total de las divisas, termino del latifundio y traspaso de la banca privada al APS.  En el área de la política  manifestó, ante  la reforma  Hamilton-Fuentealba, que recurriría al Tribunal Constitucional si se ponía en discusión su derecho a veto, afirmando enfáticamente que la reforma requería 2/3 de los votos del parlamento. Además, respondió al desafuero del Ministro del Interior con un discutido “enroque”, pasando al cuestionado ministro a defensa y al ministro de ese ramo a interior, e incluso sorteó sin problemas y con la colaboración del Estado Mayor el llamado a retiro del secretario del organismo por conspirar (A. Labbé). Como puede apreciarse el gobierno tenía un amplio espacio de maniobra. Aún más, consciente de sus crecientes problemas internos convocó al denominado cónclave de El Arrayán (9 de febrero, 1971).

Chile, es un país de costumbres bucólicas, una de ellas es la pasividad política de los meses estivales. Por eso, no deja  de sorprender al analista la inusitada actividad política del  verano de 1972, caracterizado por un verdadero frenesí político. Aquel verano, la oposición  tuvo la habilidad de crear un escenario político que contrapesó a la izquierda. El cerco flexible comenzó ahora a estrangular lentamente al gobierno, copando permanente la calle y demostrando éxitos políticos contundentes (aprobación del proyecto Hamilton-Fuentealba, arrinconamiento de la izquierda en la Universidad de Chile obtención de triunfos electorales en O’Higgins, Colchagua y Linares y profundizando en el juego-de-imágenes), favorecido ahora por aumentos sustantivos en los precios, por ejemplo, los automóviles subieron en un 56%, el gas licuado en un 30% y los cigarrillos desaparecieron del comercio, como preludio del grave problema de desabastecimiento que se cernía; también apareció una nueva fórmula de enfrentamiento, la rebaja de la dignidad de dignatarios e instituciones. Pero, aun abría de aparecer un nuevo elemento con el paso de la reyerta callejera a operaciones en localidades. Finalmente,  en el plano internacional, fueron embargadas en New York las cuentas bancarias de CODELCO CORFO y LAN por un juicio seguido por la Braden Copper Company relativo a la indemnización por la nacionalización del cobre.


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Fotografía de Fernando Velo

Profundizando el ciclo, a principios de marzo, se produjeron acontecimientos de extraordinaria importancia. En las cercanías de Melipilla se reunieron una cincuentena de opositores, dirigentes de los partidos políticos, miembros del poder judicial y legislativo, publicistas, financistas y sacerdotes, se congregaron con el propósito de articular un plan de acción  para apresurar el desenlace. El propósito del encuentro en el Arroyo de Chiñihue fue coordinar el frente político, el legal, y el comunicacional con el movimiento social  iniciado con la creación del Frente Nacional del Área Privada (2 de diciembre) y culminado con los llamados de la Confederación de Sindicatos de Agricultores y de la Confederación de Dueños de Camiones, para realizar un paro de actividades (12 de marzo). La delimitación del cerco al gobierno estaba trazada. En los próximos seis meses la oposición se orientaría al paro nacional insurreccional, profundizándose la competencia entre demócratas cristianos y nacionales. Al unísono comenzó el desborde de los grupos extremo-autoritarios. Pero, no fue todo, porque por aquellos días R. Nixon señalaría, “le queda poco tiempo a Salvador Allende”.

En pocas semanas, el copamiento de la calle se reforzó con la desobediencia civil con el resultado de numerosas huelgas (estudiantiles, microbuses, ferrocarriles, gran minería), a lo que se agregó el espectáculo de innumerables querellas y descalificaciones. Así, mientras en todo el país cundían las manifestaciones, a principios de agosto, se produjo un nuevo acercamiento entre el gobierno y la democracia cristiana, rechazado  inmediatamente por la derecha política, gremial  y patronal. Entretanto se producían violentos incidentes debido al descerrajamiento de negocios que habían entornado sus puertas. El crecimiento  del espiral de violencia culminaría con el  descubrimiento de un nuevo intento de golpe de Estado a cuya cabeza se puso esta vez el general A. Canales, situación ante la cual el Presidente debió citar al Consejo de Seguridad Nacional. De esa manera, la conjunción del denominado Plan Septiembre, el llamado de E. Frei para sacar la gente a la calle, la violencia desatada en las arterias ciudadanas, las “marchas del hambre”, las acusaciones constitucionales, la ocupación de caminos y los llamados para que Allende renunciara, ya no podían ser contenidos ni con la Ley de Seguridad Interior del Estado ni con los decretos de Zona en Estado de Emergencia. Las normas de la Constitución de 1925 ya no podían ser utilizadas contra sus creadores en circunstancias que la legalidad había sido sobrepasada en la perspectiva del cambio.

Finalmente, la oposición agrupada tras el Pliego de Chile, instancia que llamó a participar en el Día del Silencio convocó al paro de octubre que en realidad había comenzado el 21 de agosto.

 

El boomerang democrático

Los seis meses posteriores al paro de octubre fueron extraordinariamente complicados mostrándose en toda su dimensión los problemas que aquejaban al gobierno. Sin embargo, aquellos frenéticos días culminaron en marzo de 1973 con un resonante triunfo electoral, éxito que dio lugar  al boomerang democrático.

El paro de octubre tomó la forma de una huelga generalizada prolongada con características insurreccionales en la que se combinaron las maniobras legales (proclama), semi-legales (copamiento de calles) y clandestinas (sabotaje). El objetivo era la caída del gobierno. Pero, el país no paralizó, tres formidables elementos lo impidieron; a saber, la abnegación del trabajo voluntario de los subalternos, la existencia de un proyecto cibernético denominado Proyecto Synco que ordenó la información para contrarrestar las consecuencias del paro de actividades, y la unidad que mostró el complicado mundo de la alianza gubernamental. Por eso, por la magnitud de los recursos y de la decisión política comprometidos,  la derrota del paro de octubre significó un serio quebranto para la oposición, sector que además recibió el triple impacto que significaron, el apoyo de la comunidad internacional al gobierno con motivo de la visita de Allende a Perú, México, Unión Soviética, Cuba y especialmente a las Naciones Unidas (Allende, 1972). Pero, no fue todo… porque cuando aún resonaban los ecos de la intervención del Presidente, sobrevino otro golpe con la incorporación de los militares al gabinete, articulándose la posibilidad de una alianza duradera entre el Gobierno, la CUT y las FF. AA. Gabinete al que Allende intentó, sin éxito, incorporar a figuras relevantes del PDC.  La exacerbación del conflicto fue de tal naturaleza que pasó prácticamente desapercibido el tercer impacto: la donación de 2.600 toneladas de harina que hizo Paulo VI a Chile.

Pero, la decisión de incorporar al gabinete a los militares tiene una historia. A un año y medio de gobierno tanto, socialistas como comunistas, mapucistas e izquierda cristianos, habiendo hecho un alto en el fragor cotidiano, habían dado curso a lo que en aquellos días se denominó como la autocrítica, resultando de esas discusiones variadas propuestas para sortear lo que se consideraba como deficiencias del proceso. Pero, hasta el 28 de octubre ninguna de estas propuestas contemplaba la incorporación de los militares, sin embargo, entre los días 30  y 1º de noviembre, comunistas y mapucistas cambiaron de posición, comunicándose al PS la decisión a las 18:00 horas de ese mismo día. Ante este hecho consumado, estando el PS en Pleno del Comité Central, se tomó en cuenta incluso la posibilidad de retirarse del gabinete. Pero, finalmente no solo acataron, sino que respaldaron la decisión, no sin antes advertir que la salida a la crisis demandaba un Plan Político para hacer efectivo un poder popular que armonizara con los avances en el plano económico (PS, 1972).

Ahora bien, la decisión de Allende tiene un trasfondo histórico. En primer lugar, en un contexto de deconstrucción estatal estas se habían mantenido en la legalidad. En el momento  también era perceptible que la dinámica política las había envuelto y que parte del personal se sentía comprometido o cercano con el gobierno. Dicho de otra manera, el sector no podía analizarse desde una óptica estática. Pero, también concurrían  otras consideraciones, el rol de las fuerzas armadas en el período que operó el allendismo es el del capitalismo de Estado, por lo tanto, distinto a las fuerzas armadas “prusianizadas” del período del Estado oligárquico que operaron bajo la matriz del Estado excluyente (Quiroga, 1988). Por otra parte, las fuerzas armadas que se habían convertido en el partido-político-armado y que disputaron el poder entre 1924 y 1932 habían sufrido una fuerte derrota subordinándose al imperio de la constitución de 1925. Luego, no obstante variados intentos de complots (A. Herrera, 1938) o mayor o menor cercanía con proyectos autoritarios (admiración por la Alemania Nazi) habían permanecido bajo el imperio de la Constitución entre 1932 y 1973 (Maldonado, 1988).

Ahora bien, en el tiempo medio, a partir de 1952, con la participación de los socialistas en el gobierno de Ibáñez del Campo, se establecieron lazos entre el socialismo y el nacionalismo militar (contactos que venían de mucho antes); incluso, para evitar la vuelta de la plutocracia al gobierno, Ibáñez del Campo llegó a insinuar a Salvador Allende la perpetración de un golpe de Estado en 1958, oferta recusada por Allende (Agnic, 2008). A continuación, tampoco puede desdeñarse que el FRAP fue apoyado por militares en retiro agrupados en el Comité Cívico Militar y que dada la segregación social del personal de baja graduación encontró apoyo en medio de las poblaciones donde habitaban, por ejemplo, en las poblaciones Cóndores de Chile o en la José María Caro, especialmente en el bloque F, lo mismo en Cerro Moreno (Antofagasta) o Playa Ancha (Valparaíso), incluso en elecciones posteriores fue apoyado por oficiales superiores. Tampoco escapó a este análisis que el sector castrense había permanecido segregado de la sociedad civil experimentando una pérdida progresiva de doctrina, hasta cuando penetró la influencia norteamericana con los componentes de la guerra contrarrevolucionaria y de la DSN, influencia que se suponía estaba siendo contrarrestada por la denuncia antiimperialista del gobierno.

El conocimiento de esta situación permitió que las fuerzas armadas se entendieran como una institución en disputa. Una disputa en extremo complicada porque estaban regidas por el imperio de la Constitución de 1925. Pero esta no era una consideración estática, por el contrario, imperaba la idea de la transformación en el marco de la evolución  general, de manera que se contempló un doble cambio, el de la legalidad y el de la institución. Pero, no pasaba desapercibido el hecho que la institución y el marco legal tenían un formidable refuerzo en la existencia de un cuerpo de normas, simbología, lectura histórica y posición social (la oficialidad). Tendencia contrarrestada por la existencia de un Estado, en que la sociedad política y la sociedad civil estaban equilibrados, donde no existía el conflicto armado y con un proceso democratizador creciente. Entonces, la opción de Allende de integrarlas al proceso era congruente teóricamente con la vía político-institucional, en tanto eran parte integrante de las instituciones de un Estado sometido a la transformación global en una coyuntura de tiempo estable políticamente. En esa perspectiva sus pasos fueron claros: neutralizarlas, integrarlas y hacerlas partícipes de la transformación, respetando su simbología. Esta posición, asumida desde un Estado en cambio que había renunciado a la democratización o destrucción de estas, no ignoró la posibilidad del alzamiento y es lo que explica la existencia del GAP y la tolerancia al desarrollo de una incipiente política militar en la izquierda,  especialmente en el socialismo[7].

El proyecto militar de Allende era adecuado para ese momento histórico y se apegaba al Programa de Gobierno. Aún más, era la única salida posible en los días de octubre, además de la posibilidad de ampliar la alianza. Estamos ante una maniobra política extraordinariamente audaz que bien manejada en el tiempo político podía proyectarse. Aunque el tema no era fácil requería de un análisis fino, porque esta visión no era parte del imaginario histórico de la izquierda. En el ABC del marxismo con que se operaba, las fuerzas armadas representaban el más importante de los aparatos represivos de Estado.

El ingreso de las fuerzas armadas al gabinete junto con desatar la crítica de la oposición posicionó a PROTECO (Protección Contra el Comunismo), obscura orgánica que se encargó de impartir en los barrios pudientes instrucciones sobre el uso de armamento, explosivos y movimientos táctico-operativos, a los que se sumaron las acciones de Patria y Libertad que mediante atentados explosivos, descarrilamiento de trenes, incendios y agresiones contra miembros del gobierno, crearon un estado de terror en la población a pocas semanas de las elecciones del 4 de marzo de 1973. Competencia que para la oposición tenía un carácter plebiscitario puesto que si ganaba con dos tercios de los votos exigiría la renuncia del Presidente. Entonces, en medio de un conflicto grave, Allende alentado por el giro logrado con la incorporación de las fuerzas armadas al gabinete, impulsó la formación del Partido Federado de la Unidad Popular logrando el 43,4% de los votos, cancelando la estrategia de cerco flexible al tornarse irreal el desafuero legal. Aún más, la Unidad Popular había sumado seis diputados y dos senadores. Sin embargo, el triunfo se transformó en un boomerang antidemocrático al emigrar el centro hacia la derecha. Lamentablemente los trabajos de autores como G. Sartori (Sartori, 1980) no estaban aún a disposición de manera que el espectro del inminente choque (por esta razón) no fue detectado.

La intransigencia de la oposición fue total. El Partido Nacional enfiló hacia la ruptura, Patria y Libertad potenció el trabajo paramilitar y los contactos con militares en servicio activo, Tacna redobló los esfuerzos en el ejército y Tizona en la marina. En el PDC también se produjeron reacomodos. Las tendencias en conflicto resolvieron dirimir la situación en una Junta Nacional Extraordinaria citada para mayo de 1973. Los resultados del 4 de marzo se hicieron sentir. Si bien la vía político-institucional  mantuvo su vigencia, esta dependería ahora del cerco institucional de la oposición. La estrategia de desgaste flexible de la DC quedó cancelada y se posesionó la derecha conduciendo una estrategia de cerco y aniquilamiento. Consciente, el gobierno intento incorporar 40 empresas al APS, rearticuló el gabinete propiciando la salida de los militares, reintentó el diálogo con la DC, recuperar la economía y hacer manifiesto el apoyo popular al gobierno a través de la concentración, en las cuales quedó en evidencia que había aparecido un poder popular compuesto por los Comandos Comunales, los Cordones Industriales, las JAP, los Comités de Vigilancia, etc.

El tema del poder popular se ha convertido en uno de los grandes mitos del período. Al parecer en tiempos de derrota aspectos de esta se subliman. En este caso,  la molestia, el sufrimiento y la impotencia, otorgaron al poder popular un peso alternativo al Estado que en realidad no tuvo. Ahora bien, manifestaciones de poder popular existieron desde el 5 de enero de 1970, cuando se crearon los Comités de la Unidad Popular, luego vino una segunda oleada con el 1º Congreso de los Pobladores sin Casa, una tercera con la firma del acuerdo de participación CUT-Gobierno, y una cuarta con el decreto de creación de los Consejos Campesinos. Hasta ese momento estamos frente a una especie de transferencia limitada de poder desde el gobierno a los trabajadores. Pero el crispamiento causado  por el proyecto Hamilton-Fuentealba impulsó la creación de las JAP, la constitución del Cordón Cerrillos  y la creación de los Comandos Comunales; entre otros. Ahora bien, la concepción del poder popular se complicó  cuando  la Asamblea de Concepción  consideró que había llegado el momento  en que “todo el pueblo desarrollara sus propias organizaciones de poder independientemente del Gobierno y del Estado burgués” (Santa Cruz, 1973) Luego, en medio de la crisis de octubre,  al reconocer el gobierno la importancia de los Cordones Industriales instaló una discusión-inconclusa de primer orden.


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Fotografía de Fernando Velo

En abril de 1973, el debate ocupó un destacado lugar en sendos Plenos del CC de socialistas y comunistas. Luego, en el III Mensaje,  Allende volvió a referirse al tema. No era para menos; en la tradición marxista, especialmente en la variable leninista, la discusión sobre el poder popular ocupaba un importante espacio en relación con el poder, la democracia de base, la burocratización de los procesos, y  la iniciativa política de los trabajadores. Polémicas, lógicamente exacerbada, porque en la práctica se estaba configurando un nuevo sujeto histórico que pugnaba por salir de su estado incipiente, efectivamente, como señala F. Gaudichaud estaba emergiendo una nueva forma de hacer política (Gaudichaud, 2005). Pero, había una gran diversidad de posiciones al respecto. Para Allende había que articular la institucionalidad con el nuevo movimiento de base, la CUT postulaba que los cordones industriales debían integrarse a su estructura orgánica, la izquierda se debatió entre la hipótesis del “poder dual” y la denuncia del “paralelismo debilitador”, unos para irrumpir desde el polo revolucionario, otros para apoyar la estrategia en boga y ambos para controlar el emergente movimiento social sin entender que estaban entrabando el potencial de desarrollo de un movimiento más amplio que la clase obrera y sus aliados. Ahora, en descargo de los actores deben tomarse en cuenta dos factores; a saber: la cultura de subordinación histórica del movimiento social al partido, y la inexistencia de una teoría sobre los movimientos sociales.

No obstante, contratiempos e incomprensiones, irrumpieron estas nuevas “formas de sociabilidad” (Castillo, 2009). Incluso comenzaron a visualizarse incipientes formaciones de autodefensa: GEO/PS, Brigadas de Protección/PC, AGP/Mapu y Fuerza Central/MIR. En un nivel más profundo y en medio del secreto y la más absoluta compartimentación aparecieron militares dispuestos a compartir su suerte con el gobierno en algunas bases de la aviación (El Bosque, Cerro Moreno), ejército (Infantería de Montaña), marinería (Latorre) y carabineros (Escuela de Suboficiales).

Pero, la Unidad Popular comenzaba enfrentar profundas diferencias, en circunstancias que los socialistas habían concluido que había que avanzar hacia el poder (avanzar sin tranzar), que los comunistas persistían en la hipótesis de consolidar (avanzar consolidando) y en que el Mapu se dividía… otro grave problema, porque en su división habrían intervenido socialistas con anuencia de Allende (Gaete, 2010). Además, la posibilidad del dialogo  se vería afectada por la reacción que produjo el proyecto de creación de una Escuela Nacional Unificada al unir contra el gobierno la opinión adversa de la oposición, la iglesia y la de importantes sectores de la oficialidad. De manera que muy pronto se  reiniciaron las movilizaciones con la huelga de los mineros de El Teniente a partir del 19 de abril (Bitar, Pizarro: 1986). Enardecidos por la proclama los trabajadores de la mina irrumpieron en la capital acompañados del estampido de cargas dinamiteras. Simultáneamente los estudiantes de colegios particulares iniciaron la movilización, escenificando un escenario dantesco al tornarse  irrespirable la atmósfera debido a los enfrentamientos con la fuerza pública; por su lado los estudiantes universitarios también paralizaron, unos en apoyo de la movilización, otros para contrarrestarla. Así, salir a la calle se tornó peligroso porque el trasporte público o era apedreado o se convertía en pasto de las llamas.

La ocasión, además, fue propicia para el mercado negro, acentuándose la escasez de alimentos, ahora básicos, por lo que proliferaron las colas para comprar pollos, fideos…de cigarrillos o carne ni hablar. En medio de esta agitación fue resuelto el conflicto interno del PDC con el desplazamiento de R. Fuentealba por P. Aylwin. Pero, la estrategia de desgaste flexible, había quedado cancelada, comenzando el posicionamiento de la estrategia de cerco y aniquilamiento conducente al derrocamiento guiada por el Partido Nacional. Retomar este episodio es vital por la responsabilidad del PDC en el quiebre democrático porque el posicionamiento de la estrategia del PN sorprendió al PDC en cambio de directiva, de manera que esta, o fue arrastrada por los acontecimientos, o se incorporó trasladando la responsabilidad a su aliado en la CODE con el objetivo de retomar el control del país con una imagen democrática. En este sentido es difícil entender que avezados políticos pudiesen haber sido arrastrados a una aventura de esta naturaleza, además el análisis de los documentos públicos marca la tendencia a la ruptura democrática. Empero, en la coyuntura emergió un problema mucho más complejo, las fuerzas armadas, en franca deliberación, se habían convertido en actores políticos activos.

Un rápido balance dejaba en evidencia que la vía político-institucional enfrentaba graves dificultades por el cerco opositor y por sus propias carencias teóricas y políticas; de manera que, para mantener su vigencia requería de adecuaciones. 

 

El primer ensayo insurreccional

En el invierno de 1973la violencia estaba presente, se había transformado en parte de la vida cotidiana para beneplácito de la derecha tradicional, de los grupos autoritarios y de pequeños grupos conspirativos militares que ya estaban en la calle (Ortega, 2004). La anomia se extendía, al extremo que en horas de la mañana del 29 de junio se inició un alzamiento focalizado discurrido para perpetrar un alzamiento en cadena. A tempranas horas el regimiento Blindado Nº 2, Maturana, había iniciado las operaciones subversivas. Pero, desafortunadamente, para los conspiradores hubo fallas en las comunicaciones y en la coordinación con los civiles de Patria y Libertad, de manera que en un par de horas el motín fue sofocado por oficiales leales apoyados por miles de militantes de la Unidad Popular que esta vez exigían armas al gobierno para su defensa, produciéndose un hecho conmocionante en las luchas populares chilenas (García ,1973).

La gravedad de la situación ameritaba una profunda meditación… ¿tal vez un nuevo cónclave de la Unidad Popular? Era evidente que la sociedad chilena estaba en franco proceso de transformaciones, incompletas por cierto. Por ejemplo, el APS, sin haberse constituido en el motor de nuevas relaciones sociales de producción amenazaba la propiedad, las instituciones estaban atravesadas por el fragor de la polémica como lo estaba demostrando el abierto proceso de politización de las fuerzas armadas, la cultura tradicional estaba siendo horadada por la contra cultural popular, la nueva canción chilena lo demostraba, la vieja sumisión campesina estaba quedando atrás, la participación política y social era inédita, el sistema político se había polarizado, y pocas veces en la historia nacional había estado tan presente el factor internacional, producto de los esfuerzos por una nueva reinserción. Que la vida había cambiado era evidente. Mutaciones que no habían pasado desapercibidas y que habían estado en el centro de la discusión en los conclaves convocados por el gobierno, especialmente en Lo Curro. En efecto, en este último encuentro realizado en junio de 1972, habían estado presentes en las conversaciones los problemas por lo que se estaba atravesando. Discusión que no había sido menor porque el tema central giró en torno a la incongruencia que se experimentaba entre los avances en lo económico y el estancamiento en lo político.

Si analizamos con cuidado los acuerdos de Lo Curro concluiremos que el agravamiento de la tendencia desestabilizadora los sobrepasó en tres meses, agravándose aún más la perspectiva en los siguientes, cuando comenzó a imponerse el modelo del derrocamiento. Pero, volvamos a lo anterior. En Lo Curro hubo dos líneas divergentes. El PC al caracterizar la política económica como subjetiva, sectaria, voluntarista y carente de conocimientos de las leyes económicas, concluyó que había arruinado la producción y creado problemas al gobierno, planteando la necesidad de un retroceso táctico, golpe de timón orientado a estabilizar en el tiempo corto la situación para enfrentar las elecciones de marzo de 1973, y fundamentalmente para desbloquear la relación con el PDC. Se trataba de una política de mano abierta para impedir el aislamiento a través de la consolidación del proceso. En la otra acera, el Mapu coincidiendo con P. Vuskovic, concluyeron que había que  cumplir con el Programa de Gobierno con la incorporación rápida de las 91 empresas al APS, visualizar la siguiente etapa de la reforma agraria e iniciar una política discriminatoria con los sectores de altos ingresos relativa a sueldos y salarios, precios, abastecimiento y producción. Se trataba, en suma de ampliar el apoyo al gobierno, por la vía de la compensación y la articulación de las nuevas redes (JAP, Comités de Producción), con capas muy pobres, subproletarias, en fin, como señalo K. Glauser con las masas populares de más bajos ingresos. Dicho de otra manera, se trataba de movilizar al subalterno en el sentido de Guha.

De esta discusión salió triunfante el PC. No obstante regaños, recriminaciones y descalificaciones, la opción fue clara y se produjeron los reacomodos pertinentes, cambio de gabinete incluido. Pero, la democracia cristiana no estaba dispuesta al dialogo como lo demostraron los sucesos posteriores, de manera que la Nueva Economía Política, como la calificaron algunos citando a Lenin, no resultó. Pero, ¿habría resultado la propuesta de ampliar la base de apoyo con las capas más pobres?  Al menos habían dos antecedente; los trabajadores que se lanzaron a las tomas y que estaban fuera del APS constituían un 60% del sector; por  otra  parte, en las elecciones de 1971 y 1973 no fue el voto de los sectores medios sino el del subproletariado y la marginalidad el que fue atraído por la política gubernamental. En fin, la controversia había sido resuelta a mediados de 1972. Pero, a fines de año la economía se encontraba en un estado mucho más caótico, el dialogo continuaba sin interlocutor y la derecha comenzaba a imponer su hegemonía en el frente. Pero, lo más grave fue que el gobierno comenzó a perder la iniciativa.

Que la perspectiva no era precisamente halagüeña y que se requería un nuevo balance político,  da cuenta un perdido y lúcido documento de R. Pérez (Pérez, 1972) quien al hacer el balance de la situación en septiembre de 1972, concluyó que la derecha había logrado grandes avances sosteniendo lo que denominó como las victorias estratégicas de la derecha; a saber:

  • Primera victoria estratégica: desgaste y estancamiento del desarrollo de masas de la UP
  • Segunda victoria estratégica: generación de una crisis económica que hace peligrar el desarrollo futuro
  • Tercera victoria estratégica: desarrollo casi integral de la creación de consciencia antisocialista en las fuerzas armadas,
  • Cuarta victoria estratégica: aislamiento del gobierno y dispersión de las filas de la Unidad Popular

Un mes después se inició el paro de octubre, luego vino el boomerang democrático y a continuación la campaña de cerco y aniquilamiento, Tanquetazo incluido. ¿De que habían servido las correcciones de Lo Curro?, ¿Era hora de nuevas correcciones?

Como puede apreciarse la película en blanco y negro ya no sirve. Tampoco mirar la historia en función de observar daguerrotipos aislados. La explicación está en la secuencialidad que entrega la película a condición que la miremos en 3D para entrar en los vericuetos aún aherrojados. Por ejemplo, la desarticulación del Tanquetazo que momentáneamente desbarató a Patria y Libertad, también logró que el sector antigubernamental de las  fuerzas armadas se percatara que la izquierda comenzaba a proveerse de armas porque aparecieron algunas Kalaschnikov en La Moneda y en una reunión del CC del PS. Además, en una situación de efervescencia eran miles de personas las que se habían mostrado dispuestas a empuñar un arma en defensa del gobierno, tampoco debe haber pasado inadvertido que desde la FACH se había sacado armamento y que en la marina había emergido un grupo de marineros y suboficiales que manifestaban un franco apoyo al gobierno. Incluso el senador A. Sepúlveda llegaría a informar que un grupo de coroneles de carabineros estaba dispuesto a apoyar al gobierno, incluso a costa de un quiebre institucional (Azúa, Coloma: 2010).

Acto seguido, tras el intento insurreccional del Blindados Nº 2, con la negativa de la oposición de declarar el Estado de Sitio, se inició el acercamiento al punto-de-no-retorno, como decían los sociólogos por aquellos días. Este fue el momento en que culminó el acercamiento de la oposición y en que la estrategia de desgaste flexible fue arrollada por la de aniquilamiento puesto que el Estado quedó en la indefensión ya que no se sabía la magnitud de la sedición. Por lo tanto, también se hacía evidente que el Gobierno y la Unidad Popular, o bien el Gobierno, o la Unidad Popular, debían evaluar la  probabilidad del golpe de Estado. El Gobierno debía resolver entre llamar a Plebiscito o transar el Programa, en sus planes no estaba el recurso a la violencia armada, pero el socialismo se oponía en esa coyuntura al plebiscito. Transar el programa significaba el quiebre de la coalición de gobierno y preparar la defensa armada demandaba un vuelco radical, aflorando el dilema que en la tradición marxista se presentaba como el quién-vence-a-quién. La Unidad Popular no tocó el punto, de manera que ahora les correspondía el turno a los partidos, especialmente a los que habían planteado el problema del poder.

Ante la crisis política, el 5 de julio, el gobierno resolvió la conformación de un nuevo gabinete con C. Briones en Interior, asignándole tres grandes tareas: normalizar la situación, reabrir del dialogo y poner en práctica un Plan de Emergencia. Paradojalmente ese mismo día la política de rectificación sufría un golpe demoledor en circunstancias que el senado destituía al ministro O. Millas, el artífice de la estrategia.

 

El desmoronamiento

Con el nuevo gabinete  (aparentemente) la crisis iba en reversa. Pero, aquel fue un ministerio de menor peso político que los anteriores. El ministro del interior, C. Briones, un hombre de dialogo, no tendría el empuje para soportar las embestidas, de manera que la situación permaneció altamente inestable. Incluso la democracia cristiana manifestaría que lo mejor habría sido la incorporación institucional de las fuerzas armadas al gabinete, evidenciando una evidente sintonía con un Memorándum Militar redactado el 2 de julio por un Comité de Oficiales Generales proponiendo la aplicación de medidas estrictamente políticas para normalizar el país (Fontaine, Zegers: 1974) Pero, esa no fue la única decisión de los militares que ya estaban en la conjura, raudamente terminaron de preparar un plan nacional de comunicaciones y un plan anti-subversivo. En el ínter tanto continuaba la guerrilla parlamentaria y el embate contra el principio de autoridad. Para superar el asedio, La Moneda envió dos invitaciones al PDC para discutir los graves problemas, invitación recusada con el argumento de que mientras existieran grupos civiles armados el partido no dialogaría… para mayores desventuras del gobierno la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal planteaba su rechazo al proyecto de Escuela Nacional Unificada, puesta inoportunamente en tabla por el ministro del área.

El 18 de agosto de 1973, ante la gravedad de la situación, el cardenal Silva Henríquez ofició de intermediario poniendo la autoridad institucional y personal como garantes del dialogo, reabriéndose las conversaciones. Pero, el espiral violento no se detuvo, por el contrario, fue llevado al clímax  con el asesinato del edecán presidencial, el Capitán de Fragata A. Araya. Un grupo de Patria y Libertad había actuado con el propósito de impedir el dialogo y de agitar a los uniformados, situación ante la cual P. Aylwin comunicó que en breve se dirigirá a La Moneda, no sin antes reunirse con los jefes de los partidos aliados para intercambiar ideas sobre sus planteamientos. Pero, luego de dos reuniones el diálogo se interrumpió por falta de consensos. Para la DC el gobierno no estaba dispuesto a promulgar la reforma que definía las áreas de propiedad, tapaba con el prestigio de la CUT a los grupos paramilitares, eludía la conformación de un gabinete de garantías y no estaba por dar  solución  a un nuevo paro de los transportistas. Para el gobierno, las exigencias del PDC (Elgueta, 2007), no solo sobre el APS sino sobre el ingreso masivo de los militares al gabinete y la limitación a los cambios, había terminado con el fracaso del dialogo.

La frustración del dialogo fue seguida con una seguidilla de atentados. En Valparaíso se perdieron 100.000 litros de gasolina, en Curicó una explosión dejaba 14 heridos, 3 casas destruidas y 500.000 litros de gasolina evaporados; en Talca, Temuco y Rancagua, se perpetraron atentados contra dirigentes intermedios de la Unidad Popular, en Santiago un comando derechista asaltó una radio y en Limache en una zona de concentración de camiones  en paro se descubrieron 200 fusiles. Y, mientras Allende y Aylwin intercambiaban cartas, la locomoción colectiva decretaba un paro nacional. Por su parte, las fuerzas armadas habían iniciado la aplicación de la Ley de Control de Armas a gran escala, con allanamientos en busca de armamento en el Canal 9 de TV, en el Cementerio Metropolitano de Santiago y en la empresa Lanera Austral de Punta Arenas. A lo que se consideró como una política de ablandamiento dirigida contra la clase obrera se agregó la huelga convocada por La Confederación de Dueños de Camiones de Chile, replicándose el modelo de octubre. El modelo insurreccional, ahora con una mayor sincronización y apertura de sectores de las fuerzas armadas, volvía a la escena.

Pero, el gobierno aún tenía fuerzas supletorias. Luego de una masiva concentración de la CUT, el 9 de agosto, Allende anunció cambio de gabinete. Esta vez se habló de un gobierno de Seguridad Nacional, encontrando sostén en comunistas y socialistas los  que incluso emitieron una declaración de apoyo. En la otra acera el nuevo ministerio fue calificado como el “gabinete de la capitulación”. Esta vez en una magra reedición del gabinete militar anterior ingresaron cuatro uniformados  con C. Prats a la cabeza. No fue una medida fácil porque la controversia política había afectado la legitimidad del almirante Montero en la marina y había acelerado la opción por la derecha del general C. Ruiz de la FACH. En tanto, el general de carabineros, también iniciaba el camino hacia la pérdida de ascendiente, por lo tanto, luego de breves pero intensas querellas Ruiz renunció el 18 de agosto, haciendo lo mismo Montero  seis días después. En medio de esta mini-crisis y mientras se requisaban camiones masivamente en paro, numerosos médicos, dentistas, empleados, pilotos, comerciantes y académicos, llamaban a un paro nacional de 48 horas, y en medio de numerosas peticiones de renuncia al Presidente, numerosas mujeres de oficiales participaban en una ruidosa manifestación contra C. Prats. De esa manera, mientras la prensa invocaba ¡Yakarta viene!, la multitud opositora vociferaba, ¡Allende, proceda, imite a Balmaceda!

No era todo. Las circunstancias se agravaron aún más cuando el 22 de agosto de 1973, la mayoría opositora en la cámara de diputados declaró quebrantado el estado de derecho. Aquella declaración terminó con la vía político-institucional al bloquear el supuesto central de esta como era el dialogo en el Estado, la interdicción al gobierno lo sacó como interlocutor válido del sistema político. Para rematar, horas más tarde, se agregó la renuncia del general C. Prats a la Comandancia en Jefe, otro acontecimiento determinante  porque junto a él se separaron de las filas oficiales con mando de tropa que estaban dispuestos a apoyar al gobierno. El jaque mate fue total, porque tampoco había acuerdo sobre el llamado a plebiscito; de manera que, ahora las posibles salidas eran: la renuncia, el copamiento militar del gabinete, el entrañamiento por un tiempo indefinido del Presidente… ¿la defensa? 


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Fotografía de Fernando Velo

Tras el levantamiento de junio el gobierno perdió la iniciativa política. La oposición tomó la dirección del conflicto y profundizó la ofensiva llamando a paros sectoriales, movilizando a sectores obreros, medios y profesionales. Los grandes distribuidores agravaron el mercado negro, los pequeños comerciantes el boicot y las casas comerciales entornaron sus puertas. Por su parte, la inflación alcanzaba el 99% y el desabastecimiento cundía por doquier. El país estaba siendo paralizado lentamente, el transporte público y privado estaba dejando de funcionar y los médicos de oposición negaban sus servicios. Al atardecer se hizo común el corte de las líneas férreas (muy importantes en ese entonces), acompañado del atentado a gaseoductos y del incendio de instituciones estatales…acciones ante las que el gobierno solamente podía reaccionar con acusaciones ante un poder judicial que había ligado su suerte con la oposición. La dirección política asistía estupefacta a su desmoronamiento  recibiendo insistentemente los requerimientos de un emergente poder popular  que sugería dar nuevos contenidos a la movilización y apoyo al gobierno.  En medio de esta tensión el gobierno llamó nuevamente al dialogo con la DC (Allende ,1973).

Mientras tanto, el Mapu reforzó los AGIPROP, fortaleció el documento 1B1 e incluso le entrego un ejemplar al general C. Prats para su revisión. Los socialistas, afectados por una creciente y severa dispersión interna, también revisaron el Plan Santiago, poniéndolo a disposición también del general Prats e intentaron acopiar armas y reforzaron los contactos con soldados, suboficiales y oficiales medios y superiores, poniendo a cargo de esa delicada operación a C. Lazo. Por otra parte, el GAP fue rearticulado, se eligió una nueva dirección (J. J. Montiglio), se reincorporaron miembros que se habían alejado y se adquirieron algunos equipos de comunicaciones. Todo esto supervisado por la dirección y la comisión de defensa. La preparación fue frenética en la defensa de la legitimidad, concluyéndose que un posible empleo de armamento solo tenía sentido si era en defensa de la legalidad en proceso de deconstrucción.

Tres días más tarde, el 26 de agosto, el Presidente Allende citó a su residencia de El Cañaveral a su escolta y a un grupo del Frente Interno del PS. En medio de una gran expectación señaló los motivos de su invitación. Partió indicando que estaba convencido que el acuerdo de la cámara de diputados era el preludio del golpe de Estado porque había bloqueado la posibilidad de la II vía; luego recordó que aún no recibía respuesta a su carta dirigida a los partidos de la Unidad Popular para enfrentar la crisis; a continuación anunció que estaba pensando convocar a una gran manifestación con motivo del tercer aniversario;  también notificó que pensaba hacer cambios en los altos mandos e informó que estaba pensando en la convocatoria a plebiscito. En ese momento quedó claro el trasfondo de la invitación porque esa posibilidad era rechazada por el socialismo. Ello implicaba la posibilidad de un quiebre con el socialismo radicalizado. Allí estuvieron presentes los encargados del frente interno del PS. Entre ellos se contaban el Jefe del Frente Interno, Exequiel Ponce (detenido-desaparecido), Arnoldo Camú, responsable de la Comisión de Defensa (asesinado), Ricardo Pincheira, Jefe de Inteligencia (detenido-desaparecido) y Juan José Montiglio, el responsable de la conducción del GAP (detenido-desaparecido).

Con el golpe en marcha, dos días después, Allende comenzó a mover sus piezas convocando a un Gabinete de Salvación Nacional con la incorporación de militares y demócrata cristianos. Pero, la posibilidad de desbloquear la vía político-institucional se estrelló con la negativa DC, con la renuencia de los uniformados y con la oposición del maximalismo (de dentro y fuera del gobierno) que inmediatamente lo calificó como ministerio de “claudicación nacional”. Mientras tanto, el líder de Patria y Libertad gritaba a los cuatro vientos: “derrocaremos al gobierno aunque haya miles de muertos”. En el nuevo gabinete, Allende insistió en poner nuevamente a C. Briones en el Ministerio del Interior, acompañado de cuatro representantes de las fuerzas armadas, pero esta vez se hizo presente la molestia de los socialistas que señalaron no reconocer a Briones como militante, mostrando cuan profunda era la brecha en las filas de la izquierda. En tanto, en el anverso de la medalla, se seguía consolidando el frente popular con un grupo de marinos que había entrado en contacto con dirigentes de izquierda (Magasich, 2008). En el crucero Almirante Latorre, en el destructor Blanco Encalada y en Talcahuano cerca de un centenar de marinos y suboficiales denunciaban los preparativos de la oficialidad para el golpe de Estado.

De esa manera se fueron dando las condiciones políticas y los pasos necesarios que culminaron el 27 de agosto con el reforzamiento del Memorandum. Al finalizar el mes y como una advertencia para  evitar otro intento de dialogo fue ametrallada la casa del cardenal. Dos días antes los 29 puntos del memorando militar habían sido reforzados con preceptos absolutamente contrarios a las bases teóricas en que se sustenta el gobierno. Pero, esta vez el papel que contenía la declaración tendría un refuerzo formidable: habían llegado a los Cerrillos, en un avión Hércules de la FACH, procedente de los Estados Unidos, un cargamento de armamento para combate en localidades del cual carecían los marinos y con el que podían equiparar la capacidad de fuego de lo que presuponían era un ejército guerrillero…¿y de carabineros, que sí tenía ese armamento por la especificidad de su misión? Ahora quedaban claros el viaje del almirante Huidobro a Norteamérica, desechando un periplo por Europa, y el resguardo de los aviones de la FACH con infantes de marina.

 

Sacrificio

Paradojalmente, no obstante el vendaval, el gobierno no había sido derrotado totalmente. Conservaba un alto grado de apoyo internacional, mantenía una alta capacidad de convocatoria interna, incluso su apoyo electoral había crecido en comparación con las cifras de 1970, además estaba sumando la marginalidad, al subproletariado y numerosas capas de pobres. Mantenía el apoyo de los más importantes movimientos sociales, esto es de todas las centrales sindicales, de las federaciones estudiantiles y de casi todas las federaciones campesinas. Los partidos políticos que lo apoyaban, no obstante sus controversias, estaban indemnes y contaban por miles sus adherentes. Como si fuera poco había pruebas fehacientes de un cierto apoyo militar como lo demostró la cantidad de juicios posteriores (Campusano, 2003). Desde un punto de vista numérico en la última concentración efectuada en Santiago, con motivo del tercer aniversario, se habían congregado 800.000 almas. ¿Pero, bastaba la demostración de fuerzas de  la concentración masiva? El gobierno estaba haciendo lo que le correspondía… ¿lo estaban haciendo los partidos? ¿hasta dónde la parálisis del gobierno era responsabilidad de partidos que no reaccionaban?

Pero, la oposición tampoco descansaba. La aplicación de la ley de armas aceleró la tragedia. La desobediencia civil y el “junten rabia ciudadanos” fueron poderosos catalizadores para que las fuerzas armadas comenzaran adueñarse de la situación iniciando la autonomización del poder central. Por ejemplo, tras allanar Lanera Austral  controlaron totalmente Punta Arenas. En Temuco, la ciudad quedó bajo control del regimiento Tucapel. En Santiago fueron allanados Comandari, Cobre Cerrillos y Sumar, esta última en los momentos en que se estaba celebrando el tercer aniversario. El golpe de Estado también comenzó antes en los minerales del norte grande. Además, el toque de queda, impuesto por el gobierno, entregaba la noche a los militares para practicar numerosos allanamientos con el doble fin de preparar al personal y atemorizar a la población. Además, de facto, controlaban las ciudades, las carreteras y los nudos de comunicación…y, para dar una muestra del poder que comenzaban a obtener, exigían el desafuero del senador C. Altamirano, del diputado O. G. Garretón y la detención de M. Henríquez, los interlocutores de los marinos antigolpistas.

La predisposición al quiebre no pasó desapercibida. La militancia confrontó a la dirección. El movimiento social criticó la pasividad[8]. Obreros, campesinos, pobladores, artistas y estudiantes en el límite de la desesperación criticaban la pasividad del gobierno y el silencio de los partidos y de la CUT. La estrategia de cerco y aniquilamiento había logrado, antes del golpe final, anular la voluntad de lucha y restringir el tiempo político para la toma de decisiones, a lo que se agregaba el peso de los errores cometidos, por ejemplo, la desmovilización de los 15.000 Comités de Base de la Unidad Popular, la falta de una política de recambio en caso de obstrucción a la vía político-institucional, el problema del poder popular… la defensa de la revolución. La impresión de época es que los grandes logros se diluyeron ante las dificultades, no obstante la deconstrucción de la economía, la nueva inserción en la economía-mundo, el quiebre del dominio ideológico y de la tradición… fue como si de pronto, el actor de cambio, el subalterno, hubiese quedado entregado a su propia suerte por efectos de la parálisis que afectó al cuerpo conductor, que terminó patéticamente a horas del golpe llamando a “alertar al pueblo de Chile” (PC), “llamar a la clase obrera y los soldados” (MIR), para “golpear al golpe” (PS) y “ganar la guerra civil” (Mapu).

 La Unidad Popular estaba experimentando una derrota política… y, se esperaba el remate militar. Pero, junto con esas consideraciones en los últimos días apareció un nuevo factor de análisis como fueron los alcances de una derrota teórico-práctica, cundiendo la sospecha que el subalterno que pugnaba por impregnar el proceso con su presencia fue burocratizado (gobierno) e instrumentalizado (MIR). La revolución, desde el Estado, tuvo mucho de una revolución desde arriba, una revolución que intentó hablar desde el proletario hacia los pobres y los sectores medios sin llegar a entender que éstos experimentaban una dinámica propia en un contexto convulso. Estatalismo, elitismo, burocratismo, desvaríos políticos e insuficiencias teóricas, impidieron la autodeterminación popular presente en la nueva sociabilidad que emergía. Los dirigentes al realzar como interlocutor a un sujeto estrictamente clasista y unitario perdieron una referencia social más amplia tornándose estático el análisis, lo que impidió la ampliación hacia la marginalidad/subalternalidad y obstaculizó un análisis más claro sobre los sectores medios, sin llegar a tomar cuenta que estos estaban siendo sometidos al impacto de una imagen obscura del acontecer que, juego-de-imágenes por medio, estaba creando una comunidad imaginaria con otros sectores golpeados por el desabastecimiento y la violencia. En fin; los Comités Centrales al hablar por el subalterno dejaron a medio camino el discurso del emergente poder popular.

La incongruencia entre discurso y realidad tomó ribetes trágicos… lo demuestra el fin del drama.

La narración de Juan Osses, uno de los sobrevivientes del ataque al palacio de gobierno, señala que la noche del diez al once fue relativamente serena. Pero, la paz se esfumó cuando comenzaron a llegar noticias contradictorias, por lo que Allende, poco después de la 6:00 A.M., bajó hacia La Moneda desde Tomás Moro. Ya en su despacho pudo comprobar que el golpe de Estado estaba en plena ejecución.

Ante la emergencia las comisiones de defensa de la izquierda debían reunirse en Indumet, una fábrica perteneciente al complejo metal-mecánico. No era una convocatoria al azar, era una cita previamente planificada en el corazón de uno de los cordones industriales y con fuerte presencia de la izquierda gubernamental. Además, desde su ubicación en la zona sur (Pintor Cicarelli/Santa Rosa) estaba a menos de diez minutos de La Moneda. Según la planificación previa desde allí se acudiría en auxilio del palacio de gobierno. Pero, una vez más no hubo acuerdo. El PC indicó que esperando tener noticias sobre la suerte del parlamento pasaba a la clandestinidad, el MIR informó que solamente a partir de las 16:00 horas podría tener en disposición su fuerza central compuesta por cincuenta combatientes, y el CC del PS no logró reunirse. Circunstancias ante las cuales E. Ponce y A. Cam



[1] Patricio Quiroga Z. Profesor Titular, Universidad de Valparaíso, Chile. Proyecto MEL, N°81100006. Universidad de Valparaíso/Universidad de Barcelona/Conycit Chile (contraparte).

[2] En la entrevista concedida a Televisión Nacional de Chile, ante la pregunta de un periodista sobre si la CIA había intervenido en el golpe de Estado en Chile de 1973, respondió afirmativamente. Luego agregó que su mayor intervención se había producido inmediatamente después de conocido el triunfo de la Unidad Popular, porque Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir una nueva Cuba. Remató con las siguientes palabras en relación al asesinato del Comandante en Jefe del Ejército…”Se pensó que si se lo quitaba de en medio, no asesinándolo, sino con un secuestro, el resto de los militares accederían a llevar a cabo un golpe contra el señor Allende. Pero, lo que sucedió fue que el grupo, al que ayudábamos con armas, porque eran dos los grupos que planeaban secuestrar al general Schneider, no participó en el asalto”.

[3] El proyecto de la generación de Allende fue socialista. Tal vez la formulación teóricamente muestra severas falencias, pero en el imaginario de la generación y en la reflexión teórica está presente el cambio del capitalismo, las medidas internacionales (adscribirse al campo del cambio: socialismo y tercer mundismo), económicas (cambio de modo de producción), políticas (trasferencia de poder) y culturales (desalienación) hablan de un modelo de sociedad que no tenía nada que ver con el populismo. De manera que consideramos injusta la crítica de G. Salazar de calificar como nacional-populista la experiencia de la UP. Ahora bien como es sabido hay varios entendimientos acerca de lo que implica el populismo…incluso Bobbio lo califica de síndrome. Aún más enmarcar el populismo en lo que el autor denomina como la “jaula liberal” (Constitución de 1925) no da cuenta del esfuerzo por hacer saltar la “jaula” desde dentro, característica de la II vía al socialismo. Que el esfuerzo no resultó es otra cosa. En las revoluciones se triunfa o se pierde. La otra opción era la lucha armada lisa y llanamente, pero estamos hablando de la vía político institucional. Para ser justos podría aceptarse que en las definiciones centrales hubo mezcla de teoría de la dependencia, nociones de socialismo e incluso aspectos del estructural desarrollismo, pero todas estas variables, incluso, se subordinaron a la intencionalidad de levantar una sociedad socialista. Ahora bien, que el tema “socialismo” carecía de mayores precisiones, es otra cosa: Pero este es un problema común en la construcción universal del socialismo…entre otras allí reside uno de los aspectos de la derrota universal en 1989.

[4] Ahora bien cabe preguntarse, ¿estaban de acuerdo todos los partidos de la Unidad Popular con esa formulación?, ¿hasta dónde esta visión determinó conductas internas en la alianza?... ¿contribuyó a la “política chilena” de la Casa Blanca? En la literatura de los partidos marxistas de esos tiempos hay abundantes referencias sobre el tema.

[5] Que socialistas o comunistas se detuvieran ante el Rubicón teórico es comprensible por su adherencia al leninismo. El ingreso a la Internacional lo presuponía (PC), los acuerdos de Linares así lo determinaron (PS). Lo novedoso es encontrar la adherencia en los marxistas de nuevo cuño. Por ejemplo una de las respuestas a la propuesta de Allende se manifestó de la siguiente manera en palabras de Viera-Gallo…”El largo período que media entre la sociedad capitalista y la total trascendentalidad del ser y del auto gobierno libre de los hombres, en cuyas primeras etapas existirá la dictadura del proletariado, supone con respecto a la situación democrático burguesa un gran avance”.

[6] Según Claudio Orrego la estrategia de los mariscales rusos consistía en lo siguiente: “Se trata de no presentar jamás batalla al enemigo cuando este irrumpe por las fronteras disponiendo en la suma de su mística de combate, de su poder de fuego, de la organización de sus líneas. Darles batalla en esas condiciones es arriesgar la supervivencia del propio ejército y correr el riesgo de la indefensión total para más adelante. Por eso se retrocede hasta  Moscú. Mientras tanto el enemigo es hostilizado para desgastarlo, para desorganizarlo, para dificultar su avance, para desmovilizarlo, pero sin presentarle nunca la batalla final. Y se retrocede hasta Moscú, quemando tierras y abandonando pueblos hasta que se acerque el invierno y comiencen a caer las primeras nieves. Es la hora de la primera gran batalla y la ofensiva total”. A más de cuarenta años la economía de palabras y la precisión de objetivos sigue siendo encomiable.

[7] Este es un hecho que subyace bajo la capa del silencio que han generado los silencios en la historia del socialismo. Allende estaba consciente de la posible reacción de la derecha tradicional y desconfiaba de la democracia cristiana, de hecho en 1961 se había opuesto a una alianza gubernamental que esta le había ofrecido a cambio de la exclusión de los comunistas. En ese predicamento practico una política de neutralización con el MIR incorporándolo (mientras pudo) a su escolta; de persuasión con la tendencia guerrillera socialista (que finalmente se puso a su lado); y de tolerancia  con  la existencia de un dispositivo militar y un cierto acopio de armas guardadas en su mayoría bajo su supervisión en la casa presidencial (armamento utilizado solo el día del quiebre de la democracia). Incluso en su planes estaba la resistencia armada para cuyos efectos se construyó un “Barretín VIP” (en la casa de un prestigioso profesor universitario, A. Pérez) dotado de elementos de supervivencia y comunicaciones. Pero, su determinación de permanecer en La Moneda y  el colapso general de la izquierda ese 11 de septiembre fueron argumentos poderosos para  retenerlo en la casa presidencial

[8] Carta de la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales de Santiago a Salvador Allende, 5 de septiembre, 1973 s/d.

 

Bibliografía:

Agnic, Ozren, Allende el hombre y el político. Memorias de un secretario privado, Ril Editores, Santiago, 2008, p. 59.

Albornoz, César, La cultura en la Unidad Popular; porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, en Julio Pinto (coordinador), Cuando hicimos Historia, LOM, Santiago, 2005.

Allende Salvador, “Discurso de la Victoria”, en, Patricio Quiroga (compilador), Obras Escogidas de Salvador Allende. Grijalbo, Barcelona, 1988, p. 55.

Allende Salvador, Discurso de Instalación, Santiago, El Siglo, 6 de noviembre, 1970.

Almeyda, Clodomiro, “La política internacional del Gobierno de la Unidad Popular”, Avances de Investigación Nº 23, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, 1977.

Azúa, Juan, Coloma, Hernán y Guerra Alfonso. Historia oral, Santiago, 2010.

Benjamin Walter, Tesis de filosofía de la historia, Edhasa Sur, Barcelona, 1992.

Bitar, Sergio, Chile 1970-1973. Asumir la historia para construir el futuro. Pehuén Editores, Santiago, 1995.

Bitar, Sergio, Pizarro, Crisóstomo, La caída de Allende y la huelga del Teniente, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1986.

Calderón, Alfonso, Política cultural y Gobierno Popular, Revista Cormorán, Santiago, N°8, 1970.

Campusano, Lautaro, Jurisprudencia. Delitos contra la Seguridad del Estado, Consejos de Guerra, Tomo II, Vicaría de la Solidaridad, Santiago, 1991.

Camú Arnoldo, ¿Sólo Frente de Trabajadores?, en, Punto Final, Año II, Nº 41, Santiago, noviembre, 1967.                                                                                

Castillo, Sandra, Cordones industriales. Nuevas formas de sociabilidad obrera y organización política popular (Chile 1970-1973) Ediciones Escaparate, Concepción, 2009.

Colby William, Entrevista a El Mirador, 26 de mayo, 1994.

Corvalán, Luis,  Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001.

Elgueta, Belarmino, El socialismo en Chile durante el siglo XX,  UAM / Plaza y Valdés, México D. F. / Madrid, 2007, p. 418-419.

Fontaine, Arturo, Zegers, Cristián, ¿Cómo llegaron las fuerzas armadas a la acción del 11 de septiembre?, Dirección de Educación de la Armada, Santiago, 1974 (este documento fue retirado de la circulación pública horas antes de su repartición).

Frei, Eduardo, en, El Mercurio, 7 de junio, 1971.

Gabriel Salazar, Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, LOM. Tomo I, Santiago, 1999, p.164.

Gaete, Pedro y Ojeda, Gonzalo. Fundadores del Mapu,  Historia oral. Santiago, 2010.

García, Patricio, El Tancazo de ese 29 de junio. Documentos Especiales, Quimantú, Santiago, 1973.

Gaudichaud, Franck, Construyendo Poder Popular: el movimiento sindical, la CUT y las luchas obreras en el período de la Unidad Popular, en, J. Pinto, óp. cit.

Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Universitaria, Santiago, 1986, p.246-271.

Kornbluh, Peter, Pinochet: los archivos secretos, Crítica, Barcelona, 2004, p. 27.

La Tarde (23 de Octubre, 1970), Que Pasa (21 de octubre, 2000), Que  Pasa, Documentos Especiales, El golpe de Estado que la CIA organizó contra Allende s/d.

Lechner, Norberto, La problemática actual del Estado y del Derecho en Chile, OSAL / Clacso, Año VIII, Nº 22, Buenos Aires, 2007, p. 189.

Magasich, Jorge, Los que dijeron “NO”. Historia de los marinos antigolpistas de 1973, LOM, Santiago, 2008.

Maldonado, Carlos, Entre reacción civilista y constitucionalismo formal, las fuerzas armadas en el período 1931-1938, Contribuciones Flacso, N° 55, Santiago, 1988.

MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), Resolución Política del Primer Congreso, en, Unidad Proletaria,  Nº 1,  El primer año del gobierno popular, Santiago, noviembre de 1971, p. 12.

MAPU, El Primer Pleno, en, Unidad proletaria, N°1Santiago, noviembre, 1971, p. 31.

Martner, Gonzalo, Chile, los mil días de una economía sitiada, Talleres Ávila/Arte, Caracas, 1975, p.125.

Molina, Carlos, Subsecretario de Salud en el gobierno de la Unidad Popular. Historia Oral, marzo, 2004.

Moniz, Luis, Formula para el caos, La caída de Salvador Allende, Mondador/Debate, Santiago, 2008.

Ojeda, Gonzalo, Fundador del MAPU, Historia Oral, marzo, 2009).

Olavarría Arturo, Chile bajo la democracia cristiana, Editorial Nacimiento, Santiago, Tomo III s/d.

Orrego, Claudio, La estrategia de los mariscales rusos,  Santiago, 1971 s/d.

Ortega, Luis, “…estaban comprometidos, la historia los juzgará…” Revista América Latina, N°4, Santiago, 2004).

Osorio Víctor, Fragmentos de una larga jornada. Notas para una historia de la Izquierda Cristiana (1971-1988), Escaparate, Santiago, 2012.

Partido Socialista, Declaración del CC sobre el Paro Patronal, Santiago, octubre, 1972 s/d.

Partido Socialista. Resolución Política del Congreso de La Serena, Prensa Latinoamericana, Santiago, 1971.

Pérez, Robinson, Análisis de la estrategia de la derecha y sus avances, en dos años de Gobierno Popular, Departamento Nacional de Educación Política PS. Serie Política Nacional s/d.

Quiroga, Patricio, Maldonado, Carlos, El prusianismo en las Fuerzas Armadas, Documentas, Santiago, 1988.

Samaniego Augusto, “Los límites de la estrategia de la Unidad Popular y el Área de Propiedad Social”, Contribuciones, USACH, Nº 109,  Santiago, agosto, 1995.

Santa Cruz, Eduardo, Comandos comunales: órganos de poder del pueblo, Documentos, Punto Final, Suplemento N° 189, Santiago, 1973, p. 1.

Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Alianza Editorial, Madrid, 1980.

Valdés, Hernán, ¿Prudencia o desorientación para formular las bases de una política cultural?, Cuadernos de la Realidad Nacional, UC, Santiago, N°8, 1971, p.254.

Valenzuela, Arturo, El quiebre de la democracia en Chile, Flacso, Santiago, 1988. Quiroga, Patricio, Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile, Documento N°11, U. Arcis, Santiago, 1994.

Varios, Las Bases Técnicas del Plan de Acción del Gobierno Popular, Santiago, 1964, s/d (inédito).

Varios, Primer Borrador del Programa Económico Social de la Candidatura Popular, octubre, 1957, s/d (inédito)

Viera Gallo, José, El segundo camino hacia el socialismo, Cuadernos de la Realidad Nacional, N° 15, Santiago, diciembre, 1972, p. 163.

Vuskovic, Pedro, Obras Escogidas, 1964-1993, ECEPL, Santiago, 1993.

 

Cómo citar este artículo:

QUIROGA  Z., Patricio, (2013) “La utopía derrotada”, Pacarina del Sur [En línea], año 4, núm. 17, octubre-diciembre, 2013. ISSN: 2007-2309. Consultado el

Consultado el Jueves, 28 de Marzo de 2024.
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