Pacarina del Sur
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Trazando la memoria de la guerra sucia en México: La ideologización de la guerrilla

Delineating the dirty war´s memory in Mexico: ideologisation toward the guerrilla

Mexendo a memoria da guerra suja no México: A idelogização fazia a guerrinha

Jorge Mendoza García

Recibido: 01-06-2016 Aprobado: 25-06-2016

Resumen

Resumen: En los años sesenta y setenta del pasado siglo XX en México se vivió una explosión de grupos guerrilleros. Estos grupos, en su mayoría, tomaron las armas orillados por la represión que sufrieron cuando sus integrantes participaban en movimientos sociales pacíficos y legales. La actuación de esta guerrilla fue enfrentada por el Estado mexicano con una feroz violencia, que combinó prácticas legales como ilegales, que incluían la detención ilegal, la tortura, la reclusión en cárceles clandestinas e incluso la desaparición. A esta forma represiva se le ha denominado guerra sucia. Un elemento nodal en estas prácticas fue la denostación, la criminalización, la ideologización, que el aparato estatal puso en marcha contra la guerrilla, para sentar las bases del posterior ejercicio de violencia institucional. Eso es lo que reconstruye el presente artículo, y lo hace a partir de la perspectiva de la memoria colectiva.

Palabras clave: Memoria colectiva, ideologización, negación, guerrilla

 

Memoria colectiva y olvido social: las aproximaciones

A principios del siglo XX se desarrolló una visión de la memoria  que insistía en su dimensión cultural y colectiva, alejándose de las perspectivas quela entendían sólo como una facultad individual.  La memoria que aquí se suscribe es esta, la colectiva, siquiera por los marcos sociales en que se contiene, como el espacio, el tiempo, la afectividad y el lenguaje, sobre la base de los cuales se construye, porque son eso, marcos en los que se contienen, en los que cobran sentido los acontecimientos que han de ser dignos de mantenerse para después comunicarse. Los marcos sociales posibilitan estabilidad, porque son puntos fijos, coordenadas que permiten contener, y por ello el contenido puede modificarse, pero los marcos, fijos como son, se mantienen: son aquello estable donde puede apoyarse lo que se mueve. Los marcos son significativos en la medida que se acuerdan colectivamente y que se estipulan para las colectividades: una fecha y un lugar resultan de interés para la gente en la medida que les instan algo, que los interpelan, que les comunican algo significativo, de lo contrario serían fechas y lugares distantes, sin interés, ajenos e incomunicables. La memoria colectiva es una reconstrucción social sobre eventos significativos del pasado que se realiza desde el presente, es una visión grupal, social, de esos acontecimientos que han sido relevantes para una colectividad. Es una perspectiva inaugurada por el francés Maurice Halbwachs  quien en 1925 publicó un libro titulado Los marcos sociales de la memoria, así como un texto póstumo llamado Memoria colectiva (1950).

Desde esta perspectiva, el espacio no es un territorio físico sino uno social, uno que se habita, que se vive, que se significa. La esquina que rondan las personas, el edificio en que una familia ha vivido durante décadas y se niega a desalojar, la tierra que generaciones pasadas han cultivado y por eso no se vende, el suelo en que se ha vivido y del que a uno lo destierran y entonces se busca el retorno, o la plaza donde ha ocurrido una masacre y al paso del tiempo se visita una y otra vez. El tiempo, de igual manera, no es uno lineal ni físico, es uno con sentido, como esos plazos de celebración, esos días de recuerdo, esos calendarios que inventan diversas culturas, esas fechas que se conmemoran, lo mismo el nacimiento, los quince años, las bodas hasta las gestas de diversas revueltas, masacres, las fechas de la resistencia o la expiración.

El lenguaje, por su parte, es un marco central en tanto que es con él que se comunican esos sucesos y vivencias que se consideran relevantes, con lenguaje se significa, mantiene y se comunica ese pasado en el presente. Halbwachs lo pone en estos términos: “los hombres que viven en sociedad usan palabras de las cuales comprenden el sentido: ésta es la condición del pensamiento colectivo” (1925: 279), cada palabra que se comprende se ve acompañada de recuerdos, a tales recuerdos se les hace corresponder palabras. Para evocar los recuerdos hay que hablar, y una manera en que ello ocurre es mediante la narración. La narración, se concibe como “prácticas de producción y articulaciones argumentativas organizadas en una trama enmarcadas en unas coordenadas espaciotemporales” (Cabruja, Iñiguez y Vázquez, 2000: 62). Son discursos con sentido. En efecto, narrar es relatar, contar, referir, informar acerca de algo, como antaño se hacía, como la tradición oral dicta; relatar es dar cuenta de algo (Gómez de Silva, 1985), y ese algo debe tener algún sentido, cierto significado para quien narra y para quien escucha o lee, porque esa es la cualidad de la memoria: guardar y dar cuenta de lo significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener para luego comunicar y que alguien más lo signifique.

Ahora bien, si se efectúa un proceso de recuperación de lo significativo del pasado, como sucede con la memoria colectiva, se despliegan asimismo prácticas tendientes a la fabricación del olvido. De los libros se ha dicho que no tienen sentido ni efecto alguno si no se les lee, que fue lo que ocurrió en algunos siglos en la Edad Media con varios autores griegos, porque se les censuró, se les ocultó, de cierta manera se les silenció. Cuando alguien escribe, se abren diferentes interpretaciones a lo que ahí se dice, sea sobre el pasado, el presente o el porvenir. Cuando no hay lectura, por una intención deliberada de ocultar, el silencio rige y se erige como vehículo que conduce al olvido. El olvido social es entendido aquí como esa imposibilidad de comunicación sobre lo que en el pasado ha ocurrido o en el presente se va forjando, y cuya incomunicación se dispone desde posiciones de privilegio, como las de poder. En tal sentido, el devenir del olvido se encuentra ligado, entre otros procesos, al silencio, a aquello que se ha querido ocultar.

El diálogo colectivo fortalece el lazo social y minimiza los gravámenes del silencio, y el silencio en medio de la imposición, de una dictadura, implica el consentimiento y es tendiente al olvido. En este proceso, la reflexión es lacónica: de lo que no se habla no existe, o cuando menos no cobra significado alguno, en consecuencia, en la realidad no cabe aquello de lo que no se habla, tal como ha escrito Michelle Perrot “lo que no se cuenta no existe. Lo que nunca ha sido el objeto de un relato, de una historia, no existe. Los tiranos lo saben muy bien y por eso borran los rastros de aquellos a quienes intentan reducir a la nada” (1999: 61).

Siguiendo esta reflexión, aquel suceso, periodo, sector, grupo, persona que no se nombra, de quien se calla, a quien no se le incluye en el discurso y la conversación, se le ha olvidado: a quien no forma parte de la conversación se le reduce al silencio, se le margina, se le olvida. Una característica de la historia oficial, señala Marc Ferro “es el silencio que se impone a ciertos secretos (…) los silencios principales están ligados a las normas de legitimidad en que se basa la institución, y más aún a los orígenes de dicha legitimidad” (1996: 97-98), que cobran la forma de tabú; es en ese sentido que la historia oficial suele ocultar hechos vergonzosos perpetrados por una institución fundadora, como los crímenes, las matanzas, los genocidios, entre otros. Éste es un rasgo que comparten diversos países, en especial los regímenes totalitarios que son proclives a la creación de una sociedad privada de memoria, encontrando su aliado en la negación y silenciamiento del horror.

Al hacer memoria, al reconstruir el pasado, se le endosan continuidades a lo que ha sido significativo en los grupos y en la sociedad. Mediante memoria se ligan pasado, presente y futuro, al tiempo que se edifican nuevos significados, y de esta forma resulta comprensible y familiar lo que tiempo atrás sucedió. Cuando el silencio, tendiente al olvido, hace acto de presencia sobre el pasado, éste se vuelve incomprensible y ajeno, a lo cual se le denomina discontinuidad; ahí donde falta la memoria la discontinuidad se presenta generando olvido, siendo uno de sus productos la novedad: ese no saber de dónde provienen las cosas, ese rubricar los acontecimientos, personajes o pensamientos como algo que surge en el momento y en el presente, desconociendo su largo viaje desde tiempos atrás. En México, por caso, para una buena parte de la población resultó una novedad, una discontinuidad, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996, en virtud de que los movimientos guerrilleros de las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX fueron silenciados, mandados al olvido. En consecuencia, se creyó que estos no habían existido en nuestro país y se vio como una manifestación nueva a la naciente guerrilla, y a varias de sus expresiones, elementos que ya se habían mostrado en los grupos guerrilleros de las pasadas décadas. Es el caso del viejo Antonio, una especie de alter ego, que ya estaba presente en la guerrilla de Lucio Cabañas en los años setenta, pues la figura del viejo es ancestral y emblemática en las culturas indígenas y campesinas de México. En este caso, el silencio ha fungido como material del olvido social. El silencio como contraparte del lenguaje con que se edifica la memoria.

Imagen 1. Detenidos del movimiento estudiantil de 1968. Foto tomada del sitio web del Museo-Casa de la memoria indómita, Ciudad de México.
Imagen 1. Detenidos del movimiento estudiantil de 1968. Foto tomada del sitio web del Museo-Casa de la memoria indómita, Ciudad de México.

 

Guerrilla y guerra sucia en México

En los años sesenta y setenta del pasado siglo XX en México actuaron alrededor de 30 grupos guerrilleros. Lo hicieron en dos escenarios: en el campo y en las grandes ciudades. El primer tipo de guerrilla se conoció como guerrilla rural; la segunda, como guerrilla urbana. Un grupo representativo en el primer caso sería el de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, que operó en la sierra de Guerrero. En el segundo, lo constituiría la Liga Comunista 23 de Septiembre que operó, sobre todo, en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Culiacán y Distrito Federal.

No obstante, estos grupos antes de actuar como guerrilla se expresaron en el ámbito de los movimientos sociales pacíficos y legítimos, surgieron en el marco de movilizaciones de diversos sectores: magisteriales, ferrocarrileros, médicos, copreros, campesinos y estudiantes universitarios. La mayoría de estos movimientos sociales fueron violentamente reprimidos: campesinos, médicos, ferrocarrileros, maestros y estudiantes encarcelados y muertos fue la respuesta que el Estado mexicano dio a las demandas que estos sectores expresaban. Muchos de los reprimidos, y otros que vieron de cerca la represión, llegaron a la conclusión de que no quedaba otra ruta que la vía armada, esto es, la toma de las armas significó para muchos de ellos la última opción que el poder les dejaba. Al respecto, podemos traer a cuenta unas muestras de ello. Antes de la toma de las armas el grupo de campesinos que encabezaban Arturo Gámiz y Pablo Gómez, transitaron la ruta pacífica y legal para que les resolvieran sus demandas, en especial en la lucha contra los caciques locales, ante lo cual obtuvieron represión. En su momento Pablo Gómez señaló: llegó la hora de apoyarnos en el 30-30 más que en la Constitución. Surgió, de esta forma, el Grupo Popular Guerrillero (GPG). En una entrevista en 1971 Genaro Vázquez, desde su natal estado de Guerrero, señala: “se luchó por todas las formas posibles y ‘legales’. Miles de papeles con quejas pasaron por mis manos sin que ninguna de éstas fuera resuelta en forma razonable para los campesinos… Y nos cansamos” (citado en Bartra, 1996: 143). En su momento, también, Lucio Cabañas expresará: “nosotros organizábamos a los maestros y uníamos a los campesinos para luchar contra las compañías madereras y [contra] tantos impuestos… Y también uníamos al pequeño comercio”, pero los reprimieron una y otra vez, y también se cansaron (Bartra, 1996: 143; Montemayor, 1991). Genaro Vázquez encabezó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), y Lucio Cabañas el Partido de los Pobres (PdlP) como grupos guerrilleros.

En Monterrey, Nuevo León, un grupo de estudiantes cristianos, al contactarse con la realidad cruda y pobre de comunidades donde realizaban servicio social, se radicalizan y participan, a su manera, en las protestas estudiantiles de 1968. Varios son expulsados de sus escuelas y otros más reprimidos. En Culiacán, la federación de estudiantes local se divide, los más radicales, que enfrentan a la rectoría y al gobierno estatal, son denominados Enfermos. Se presentan varios enfrentamientos con la policía; ellos apoyan movimientos obreros y las tomas de tierra, y también son reprimidos. En Guadalajara, cansados del caciquismo ejercido por la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), que impidió la actividad política de respaldo al movimiento estudiantil de 1968, varios grupos se unen y forman el Frente Estudiantil Revolucionario (FER). Integrantes de la FEG, auspiciada por el gobierno local y el federal, arremeten a balazos en plenos pasillos de la universidad contra integrantes del FER, a estos últimos se les acusa de los enfrentamientos. Los integrantes del FER son perseguidos y algunos encarcelados, muertos de por medio los hay. Años después, estos tres grupos, entre otros, confluirán en la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), como narra uno de sus fundadores, Gustavo Hirales (1982), quien, asimismo, expresa que la represión del movimiento estudiantil de 1968 creó ciertas condiciones para que los grupos guerrilleros constituyeran una respuesta ante el cierre de espacios pacíficos para lograr cambios.

Entre la guerrilla rural y urbana, en los años sesenta y setenta, tendrán presencia en más de veinte estados del país. A la actuación de la guerrilla, el Estado le opuso violencia cruenta, feroz, sanguinaria. Desplegó una serie de prácticas que rebasaron los límites de la legalidad. Pueblos arrasados en comunidades alejadas de las montañas, detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones fueron algunas de esas prácticas. A esta actuación del Estado mexicano se le ha denominado guerra sucia (algunos la denominan “guerra de baja intensidad” -cfr. Evangelista, 2007-; otros le llaman “guerra secreta” –Hirales, 1982-). Guerra sucia fue la puesta en práctica de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, cárceles clandestinas, estados de sitio, aldeas vietnamitas y cerco militar, masacres, ataques indiscriminados tendientes a una política de exterminio, dirigidos hacia aquellos que consideraban guerrilleros y hacia aquellos que consideraban los apoyaban. La guerra no se presenta como guerra, no dice, “soy guerra”, tiene más bien la careta del pacifismo, de la legalidad, del orden, e intenta imponer su postura. En ello tienen un papel relevante los discursos, discursos que tienden a estereotipar al oponente, que se han puesto en marcha en distintos momentos, de ahí que puedan ser rastreados sus signos, sus formas, sus métodos (Mendoza, 2001; Montemayor, 2007).

En este caso, la guerra sucia lo es, precisamente, porque se rechaza la propia ley que se dice defender, y se hace desde el poder, en este caso desde el Estado. No se responde desde la legalidad, desde ahí se actúa y se quebranta, se tortura, se asesina. No se aplica la justicia, se burla: “se linchó con furia detallada a los guerrilleros… se arrojaron cadáveres al mar… si en la guerrilla se cometían actos de salvajismo, al Estado no tocaba la revancha sin escrúpulos” (Monsiváis, citado en García, 2004: 3). Cierto, la guerra sucia es esa etapa “en que se volcó toda la fuerza de los aparatos de inteligencia para eliminar cualquier acto de subversión e inconformidad social” (Rodríguez, 2004: 10). La combinación entre lo legal y lo ilegal fue estrecha.

En ese sentido, el poder caracteriza a la guerrilla desde su perspectiva, dicha caracterización la posiciona en la lógica del aniquilamiento. Lo político y lo social de la guerrilla son relegados, pues predomina la visión sobre lo armado. En tal contexto, la guerrilla no es reconocida como tal; se les niega el derecho a engrosar las filas del movimiento social; son depositados por el discurso oficial en el campo de la delincuencia y el terrorismo. No son luchadores sociales, no tienen programas políticos, no pretenden cambios; la prensa nacional se hace eco de esa voz. Se le manda a la nota roja o a la zona del olvido. Ligado a la ilegalidad está el secreto, el silencio, toda vez que ello se requiere en operaciones crapulosas, no reivindicables.

En cierta medida por eso, en un sentido inverso al del poder, los sufrientes de la represión han intentado reconstruir lo que aconteció en aquellos años oscuros. Primero en susurros, luego escribiendo, después en foros. Ahora se va delineando esa memoria negada, relegada. Esa memoria colectiva que lucha contra la historia oficial, donde nada ocurrió, donde no hay mención alguna en torno a la guerra sucia. Se ha silenciado, desde el poder, lo que en esas décadas ocurrió. Desaparecidos y torturados no existieron, órganos represores, tampoco. No obstante, las narraciones, y los propios datos de dependencias gubernamentales que poco a poco van apareciendo, reapareciendo, niegan esa versión oficial, la historia oficial.

La guerra sucia pretende eliminar aquello que se considera peligroso, nocivo, y echa mano de múltiples formas para ello, desde desprestigiarlos hasta eliminarlos. En el caso de la guerrilla rural, el Ejército realizó su labor: Genaro Vázquez y la ACNR, denunciaban “el empleo de la aldea vietnamita… en diversas regiones de Guerrero donde a punta de bayonetas, se concentra a los habitantes de zonas agrestes en centros de población controlables” (Bartra, 1996: 141), para después llevárselos, encerrarlos en cárceles clandestinas, torturarlos y, en medio de tal acción, asesinarlos (Gil, 2000). Algo similar ocurría con el grupo de Lucio Cabañas, el PdlP: por un lado, la invasión de comunidades y pueblos enteros por parte del Ejército, por el otro, arrestos masivos, violencia, violaciones, tortura, ejecuciones, en tanto que dichos lugares estaban fuera de la vista de aquellos que, como periodistas, podían dar cuenta públicamente de ello (Montemayor, 1999). La actuación militar en esos tiempos es de tal dimensión que, se ha señalado, la operación castrense de contrainsurgencia más amplia se efectuó contra la guerrilla de Cabañas en Guerrero, de 1967, año en que toma las armas, hasta 1974, año en que lo mata el Ejército. “La represión, el castigo, se inscriben dentro de los procedimientos del poder y reproduce sus técnicas, sus mecanismos. Es por ello que las formas de la represión se modifican de acuerdo con la índole del poder” (Calveiro, 2001: 53).

En el caso urbano, aunque el actor cambia, pues opera sobre todo la Dirección Federal de Seguridad (DFS), los métodos violentos son similares. El año en que se funda la LC23S, 1973, se incrementan las acciones de los guerrilleros. Así, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FRAP) secuestran al cónsul estadounidense. Ese año el gobierno mexicano incrementa el presupuesto de la lucha contra la guerrilla y se recrudecen las prácticas de la guerra sucia. En agosto de 1973, la DFS detiene a Alicia Valdez, esposa de Pedro Cassian, preso político en el penal de Oblatos. Le sacan información sobre el contacto que tienen fuera de la cárcel los del FRAP. Llegan a una casa de seguridad y al no poder detener al contacto guerrillero Rubén Mayoral, arrestaron a su padre, Jesús Mayoral, que continúa desaparecido (Aguayo, 2001: 184-185). Cabe señalar que familiares de Genaro y Lucio también fueron detenidos ante la imposibilidad de dar con el paradero de los emblemáticos guerrilleros (Castellanos, 2007).

Otro dato. En agosto de 1976 se intenta secuestrar a Margarita López Portillo, hermana del presidente electo José López Portillo. En ese año la violencia contra la Liga y otras organizaciones por parte del gobierno se incrementa exponencialmente. Se ha decidido la aniquilación de la guerrilla. Para lo cual se requerían, evidentemente, mayores recursos, si se consideran otras instancias, puede pensarse en lo que representaban para el poder. Para 1978, año en que la DFS ha mostrado sus “buenos” resultados, el presupuesto es altísimo. Mientras la Comisión Federal Electoral recibe 2 millones 978 mil pesos, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) recibía poco más de 6 millones, y a la DFS se le asignaban 15 millones 199 mil pesos. Y por concepto de “imprevistos” recibía otros 12 millones 201 mil pesos (Rodríguez, 2004: 43). Había prioridades: la eliminación de la guerrilla era una de ellas. Y con métodos crapulosos, aunque estos métodos se negaran o se ocultaran. Esa es la lógica de este tipo de guerra. Se cobija de silencio la actuación de la represión, pero hay que dejar que algo salga a la luz, que se asome; de aquello que se oculta algo debe mostrarse, “diseminar el miedo” para que tenga efectos: paralizar a los que se dirige el mensaje (Calveiro, 2001: 81).

La guerra sucia remite a “ese tipo de acción del Estado en la que la fuerza pública se transforma en una maquinaria que actúa clandestinamente al margen de su propia legalidad, con el fin de nulificar una o varias expresiones políticas de la sociedad”, en ese tenor “desapariciones, ejecuciones, juicios sumarios y torturas escapan no sólo al registro público sino al más elemental testimonio burocrático. El Estado apuesta a extraviar su acción en el secreto; para ello debe extraviar el rostro de sus víctimas” (Semo, 2001: 25, cursivas en el original). Esta guerra sucia se convirtió en el elemento central del combate a la guerrilla en las décadas señaladas.

En 1973 la Liga contaba con alrededor de tres mil militantes, principalmente en el DF, Guadalajara y Monterrey. Finalizando 1974, alrededor de mil militantes habían caído muertos, 600 se encontraban presos o desaparecidos, el resto se encontraba en la resistencia y con algo de desconocimiento sobre muchos de sus compañeros (Avilés, 2001a). En 1976, hay otra ofensiva del aparato estatal para aniquilarlos; muchos sobreviven. En 1977, otro intento más, este año los muertos rebeldes se incrementan (Aguayo, 2001). La Liga está ya muy disminuida. A la Liga se le acusó de la muerte del empresario Eugenio Garza Sada, cuando se intentó su secuestro en septiembre de 1973, pero existe otra versión, en el sentido de que fue una pugna entre empresarios y familiares de Garza Sada (Avilés, 2001a). La guerrilla, no obstante, pagó el costo, pues a raíz de este evento, el gobierno desató una ofensiva cruenta contra la Liga. Y en medio de tal ofensiva detuvieron a Jesús Piedra Ibarra, en Monterrey. Lo hizo la DFS. A la fecha está en calidad de desaparecido.

La estrategia del poder era eliminar a la guerrilla, a ese enemigo incómodo, para lo cual se valieron de todo: “hubo muchas ejecuciones sumarias”; “ya después de nuestra caída casi nadie entraba en la cárcel. A los detenidos los mataban directamente”, recordará años más tarde Salvador Castañeda, quien fuera integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) (citado en Grange y Rico, 1997: 111). Es la misma afirmación que tiene José Luis Alonso (en entrevista, 2010), quien militó en las FRAP, y debido a ello temían su retorno después de estar exiliados en Cuba.

“A lo largo del siglo XX, la clase gobernante localiza a sus ‘adversarios’ y ‘enemigos’, y busca cercarlos, cohecharlos, incorporarlos, nulificarlos, destruirlos, con métodos que van de la cárcel al asesinato, del cese de los ‘subversivos’ a las campañas de desprestigio” (Monsiváis, 2004b: 161). Para ir acabando con la guerrilla funciona el despliegue de la desinformación, el no tener idea de lo que está ocurriendo es una manera de omisión, de silencio, de ir tejiendo el olvido. Por lo demás, en este tiempo no hay ojos internacionales, medios ni movimientos por los derechos humanos. Elementos estos que no permitieron, primero, estar al tanto de lo que sucedía y, segundo, denunciar los excesos del poder. Si a eso se le suma el que lo poco que se expresa sobre los grupos armados y sus acciones son noticias denostándolos, denigrándoles, tenemos un proceso de ideologización rampante.

Imagen 2. Museo casa de la memoria indómita. Ciudad de México. Fotografía propia.
Imagen 2. Museo casa de la memoria indómita. Ciudad de México. Fotografía propia.

 

La ideologización hacia la guerrilla: una forma de criminalización

Cuando los militares o el gobierno declaran que “en México no hay guerrilla”, que hay “bandoleros” y “robavacas” que azotan en ciertas regiones, que en ocasiones son señalados de “filibusteros”; que existen grupos que “responden a ideas extranjerizantes” y cuyos participantes provienen de “familias desintegradas” proclives a actividades “anormales”, que devienen “grupos de maleantes”; que tienen “tintes de la guerrilla centroamericana”, que se pueden catalogar como “profesionales de la violencia”, y cuyos actos son calificados de “terrorismo”, y por lo tanto deben ser tratados con todo “el peso de la ley y del Estado”, estamos frente a un proceso denominado ideologización. Es, en discursos y actuación gubernamental, la forma por la cual los grupos de poder enfrentan el surgimiento de las guerrillas a lo largo de la historia de los movimientos armados en nuestro país. Carlos Montemayor afirma que antes de tomar una medida policiaca o militar, que es también una forma de negar las causas sociales y políticas del levantamiento, el gobierno utiliza como primer arma contra las organizaciones guerrilleras la descalificación: “se bloquea o confunde la información para dar paso a una versión oficial de acuerdo con las buenas conciencias del poder político, económico o prestigioso del país” (Montemayor, 1997: 61). Efectivamente, una constante en el discurso y la actuación del gobierno mexicano, al momento de surgir los grupos armados, ha sido recurrir a un proceso de ideologización para arrinconarlos en un espacio oscuro e indeseable; achicar, en última instancia, su actuación. Difamarlos y negarles legitimidad.

El 23 de septiembre de 1965 un grupo de campesinos y estudiantes, encabezados por el doctor Pablo Gómez y el profesor Arturo Gámiz intentaron el asalto a un cuartel del Ejército en la sierra de Madera, en el norteño estado de Chihuahua. Ahí fueron acribillados varios de los participantes, pues ya los esperaban. Sobre lo ocurrido en ese intento, la prensa escrita informó de un encuentro entre militares y “una gavilla” (El Universal, 1994, t. II: 32). Después, el Ejército emite un comunicado, en él decía que al repeler la agresión el Ejército había dado muerte a “líderes de la gavilla” y varios “maleantes”; “el resto de los facinerosos huyó hacia la sierra”. Agregaba: “la Secretaría de la Defensa Nacional estima que, con la muerte de los principales cabecillas de este grupo de agitadores, volverá por completo la tranquilidad a aquella región, manifestando además que perseguirá con toda energía al resto del grupo de asaltantes hasta su exterminio total” (El Universal, 1994, t. II: 33). La estrategia ideologizante y militar, ya se estaba señalando, manifestando abiertamente. Lo cual queda más claro cuando, años después el propio policía político cruel que varios sobrevivientes de entonces reconocen como su torturador, Miguel Nazar Haro, declaraba: a “los terroristas y la guerrilla se deben combatir con el mismo fanatismo que ellos tienen” (Castillo, 2003: 2). Exterminio.

Después, cuando se saben los nombres de algunos de los caídos en ese 23 de septiembre, grupos de estudiantes exigen que les entreguen los cuerpos. A Madera llegan más contingentes militares. Ya saben que son 13 los que participan en la acción, que cinco están en fuga. El gobernador manda que los entierren a todos en una fosa común: “nada de mantas, ellos querían tierra, pues tierra les vamos a dar hasta que se harten. Métalos a todos en un sólo hoyo, bórrelos del mapa, estos ni siquiera han existido” (citado en Glockner, 2007: 202), para que se les olvide en el escenario social. Dos periodistas acuden al lugar: Judith Reyes y Víctor Rico Galán, ambos comprometidos con la causa. Intentan conocer una versión distinta a la difundida desde el gobierno, pero poco logran hacer para brindar una versión alterna a la oficial. En tanto, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, declara que la acción del 23 de septiembre fue realizada por “unos drogadictos ideológicos”, en tanto desde el gobierno local se esgrime: “todo se reduce a una bola de locos mal aconsejados por Gámiz y Gómez Ramírez (…) No tiene importancia” (López, 1974); a esa línea discursiva se suman varios periodistas, quienes escriben y declaran que los caídos son “agitadores de poca monta” (Glockner, 2007: 205).

Un año después sigue el tono, la estrategia está echada a andar. La ideologización se mantendrá. Así, sobre el grupo de Víctor Rico Galán (que ya ha tomado las armas), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), la prensa escrita dio cuenta de la detención de “un grupo de agitadores, de lo cual informamos ampliamente en la página de policía” (El Universal, 1994, t. II: 34). Así eran tratados los guerrilleros y en esa sección de “policía” eran depositados. De hecho, la poca información sobre lo que ocurría con la guerrilla aparecía en la denominada “nota roja” de la prensa; amarillismo puro (Gamiño, 2013:18). En su segundo informe presidencial, el 1 de septiembre de 1966, Gustavo Díaz Ordaz aludirá a la detención de guerrilleros, como recientemente había ocurrido con los dirigentes del MRP, caracterizándolos así: “cuando la ley deba aplicarse, se aplicará con todo vigor, pero procurando siempre que sus consecuencias no recaigan sobre grupos de incautos o desorientados, sino sobre aquellos que por ser los dirigentes deben cargar con la mayor responsabilidad de sus actos” (Castellanos, 2007: 86).

 

La ideologización como proceso discursivo

Ese es el tono desviante, devastador, que empleaba el poder para desvirtuar la ideología y actuación de la guerrilla. Cuando aniquilan al Grupo Guerrillero del Pueblo Arturo Gámiz (GPGAG), en septiembre de 1968, en un comunicado la Quinta Zona Militar emite su versión:

Es lamentable que en esta descabellada aventura hayan participado jóvenes ante quienes se abría brillante porvenir, pero que desgraciadamente no supieron aprovechar la oportunidad que en todos los campos de la cultura brinda nuestro gobierno a la juventud estudiosa y cayeron en deplorable desorientación que los condujo por senderos equivocados(…) corresponde a los padres de familia y de manera muy especial a los maestros, constituirse en guías responsables y conscientes del estudiantado” (Armendáriz, 2001: 175; Reyes, s/f; CIHMA, Cuadernos, No 1).

 

La realidad se ancla en una dinámica de intersubjetividad que deviene dos procesos: la creación y destrucción de símbolos. El primero, se denomina politización, y el segundo ideologización. La politización, como proceso, posibilita comunicar lo que antes era incomunicable, dotar de nuevo significado a viejos términos y conceptos; resignificar lo que ya había dejado de tener significado, crear, a través de la innovación y la originalidad, nuevos procesos y mecanismos que enriquezcan la realidad y, por tanto, amplíen sus posibilidades. Por su parte, la dinámica de la ideologización “refiere al proceso intersubjetivo por el cual lo público se convierte en privado, y consiste en a) ir sacando de la vida pública y empujando cada vez más hacia los ámbitos privados las versiones alternativas de la realidad social, hasta que sólo puedan ser vivenciadas como experiencias particulares -sin validez social- o íntimas” (Fernández Christlieb, 1987: 90, cursivas en el original). Hay una degradación simbólica pues, en este proceso, de lo que se trata, es de volver incomunicable lo comunicable. De esto dan muestra la degradación que sobre términos como “amor a la patria”, “libertad”, “democracia”, “división de poderes”, “igualdad”, por citar algunos casos, generó el régimen priista en México durante más de 70 años: ideologizó una terminología antes concebida por otros significados. Esa es la lógica del poder.

No sólo se presenta en el caso de las palabras, ocurre también en el terreno de los acontecimientos, en que se muestra la construcción discursiva de los sucesos (Cabruja, Iñiguez y Vázquez, 2000). Cuando un evento no tiene un símbolo intersubjetivamente reconocido que lo designe, ha actuado la ideologización; no hay un significado comunicable, y sucede que las experiencias que anteriormente eran vistas como significativas para la sociedad se acorralan en la lógica de la negación social, se acota la comunicación, se bloquea el proceso de transmisión de símbolos y significantes, por ejemplo de un nuevo acontecimiento como la irrupción de algún movimiento social, de una expropiación, de un secuestro a algún personero de poca ética o de clara signación corrupta, tratando de provocar, incluso, el olvido social a posteriori, que ello no se recuerde y, en ocasiones, efectivamente eso no se recuerda. Se trata, en sentido estricto, de justificar el uso de la fuerza, de la violencia antes de su puesta en práctica, preparando el terreno para ello. Las declaraciones ayudan a este propósito. Las primeras planas de los periódicos también, los noticieros televisivos juegan su papel. Omisión se llama, otro material con que se edifica el olvido social (Mendoza, 2009).

 

Ideologizando a la guerrilla y los guerrilleros: una forma de criminalización

En el caso revisado, la prensa jugó un papel relevante, toda vez que asumió la perspectiva del poder (Rodríguez, 2007). Se hizo eco de la distorsión, de la calumnia y descalificación que operó desde el poder como estrategia contra la guerrilla. Así, en ese tono, a ocho columnas, el 26 de abril de 1975 el periódico El Universal da cuenta de un asalto bancario cometido por integrantes de la Liga, y en su título da muestras, asimismo, de la manera como la guerrilla fue tratada por la prensa de entonces: “con furia asesina doce terroristas dieron muerte a once personas, al asaltar un banco”; en la nota se señalaba: “doce delincuentes perpetraron ayer el más sangriento de los asaltos bancarios registrados en México y en su fugaz y violenta acción asesinaron a tiros a 11 personas” (El Universal, 1994, t. II: 203). La acción se desarrolló en la ciudad de México. Lo cual de alguna manera tenía su resonancia social, su impacto en la incipiente opinión ciudadana: “el desconocimiento generalizado de los detonantes de esta vehemente juventud, y el control gubernamental de los medios de comunicación que difundían sus acciones en la sección policiaca, provocaban temor y una condena generalizada en la ciudadanía” (Castellanos, 2007: 212). La legendaria luchadora social Doña Rosario Ibarra de Piedra, madre del desaparecido político Jesús Piedra Ibarra, recuerda: “mi hijo salía diariamente en [el periódico] El Norte en la sección de los más buscados, donde ponían a todos los muchachos que andaban en la guerrilla, pero no les decían guerrilleros sino delincuencia organizada, terroristas” (Avilés, 2001b: 4).

En junio de 1975, la prensa daba cuenta de información que proporcionaba la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que habían sido detenidos siete integrantes de la Liga. Anunciaban que las detenciones se habían desarrollado en enfrentamientos, y que habían caído algunos de los “cabecillas” del grupo “y de otra organización criminal llamada Liga Bolchevique 23 de Septiembre”; de igual manera, manifestaba: se “logró la identificación de 40 seudoguerrilleros que se encuentran prófugos” (El Universal, 1994, t. II: 204). De la misma forma, y en la misma estrategia, cuando la Liga Comunista Armada (LCA) secuestra un avión de Mexicana de Aviación, la revista Siempre! desplegó un título espectacular al respecto: “ser delincuente no es ser guerrillero”, pues secuestrar aviones “no hace concebir esperanza sino temores; no concitan simpatía sino rechazo”, además de que “deterioran todo manejo y toda exposición de carácter político y, en muchos lamentables casos, provocan reacciones represivas que, ante muchos ciudadanos, parecen no sólo explicarse sino justificarse” (en Castellanos, 2007: 192). A quienes secuestraron el avión, el periódico El Universal los calificó de “aeropiratas” (El Universal, 1994, t. II: 128).

En el periódico amarillista La Prensa se publicaba una columna que llevaba por nombre “Granero Político”, firmada por el Sembrador. Pensada desde la secretaría de Gobernación que encabezaba Mario Moya Palencia e instruida desde la presidencia de Luis Echeverría, esta columna expresaba la visión del poder. En una de sus entregas, sobre un líder guerrillero, manifestaba:

Genaro Vázquez va puliendo su personalidad congénita de desadaptado social y de paranoico en la que se conjugan de manera oscilante dos elementos, el odio y el afán enfermizo de poder. Sentimientos estos que surgen de su constante insatisfacción. Según él, es un incomprendido; va de un fracaso a otro. No tiene amigos, únicamente seguidores; vegeta, abrumado por la conciencia de su incapacidad, pero impulsado también por desproporcionados sentimientos de vanidad.

 

Viene, enseguida, cual si se tratara de un análisis clínico y psiquiátrico, lo siguiente:

Todos los paranoicos están sometidos a reacciones elementales –Genaro Vázquez no escapa a esta regla-. Cuando no consiguen lo que quieren se aíslan para detestar cada vez más a sus semejantes. Cuando las circunstancias son propicias, retoman bruscamente contactos con la sociedad, pero no para adaptarse a ella sino para imponerle a través de hechos delictuosos, sus alucinaciones.

 

Luego, se sentencia clínicamente al analizado:

El gran público cree, a veces, que los enfermos mentales son comúnmente hombres agitados, violentos, incoherentes y ofuscados. En el caso del paranoico, a veces, ocurre así. Pero lo sustancial es un trastorno del carácter proveniente de la necesidad que sienten estos enfermos de imponer a sus seguidores sus falsas convicciones, lo cual es particularmente verdadero en el caso de Genaro Vázquez Rojas cuyas ideas, no tienen otra motivación que un odio primario” (citado en Rodríguez, 2007: 167).

 

Aquí estaba pintada la estrategia del gobierno, en el sentido de la ideologización y criminalización hacia la guerrilla. No sólo hacia la guerrilla urbana, también hacia la guerrilla rural, pues Genaro Vázquez y la ACNR se inscriben en ese tipo de agrupaciones.

Si a Genaro le pegaban, a Lucio se le incluía también en ese proceso de denegación. En efecto, para combatir a la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero no sólo se empleó a los militares, pues también se usaron recursos de propaganda, de descalificación para “debilitar” la presencia del grupo guerrillero en el estado y la proyección que estaba logrando en el momento más fuerte del movimiento armado en la década de los setenta. Cuando el PdlP realizaba alguna acción contra el Ejército federal, provocándoles bajas, e incluso después de que Lucio Cabañas les explicaba a los militares los motivos de su lucha para después dejarlos ir, la respuesta ideologizadora de los mandos no se dejaba esperar: en sus comunicados oficiales no había referencia a los guerrilleros como tales, toda vez que aseguraban haber sido emboscados por “delincuentes”; no se reconocía a la guerrilla, sino que se luchaba contra delincuentes comunes, de tal forma que si había excesos de parte de los militares, no se pudiera protestar, en tanto que se trataba no de luchadores sociales sino de simples y llanos “asaltacaminos”, “rateros”, “talabosques”, simples delincuentes (Montemayor, 1991; López, 1974). Criminalización en ciernes.

En mayo de 1973 el político priista Rubén Figueroa, con fines de proselitismo, campaña y posicionamiento, busca al líder guerrillero del PdlP para, esgrimía, poder negociar con él. Se da una cita, sube a la sierra y es secuestrado. El entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, mediante un comunicado, acusa el secuestro como un acto “felón, criminal y cobarde” (Castellanos, 2007: 152). A decir de los estudiosos de la guerrilla de Cabañas, Baloy y Mayo, Lucio indicó que se le respetara la vida al senador. No obstante, cuando Figueroa es liberado, declara a la prensa: “no estoy arrepentido de lo que hice. Sin embargo, no alcancé el objetivo que perseguía porque me encontré con un individuo extraviado mentalmente, con grandes perturbaciones físicas, psíquicas y psicológicas (…) de una crueldad inaudita y sin el menor sentido de la solidaridad humana que tan engañosamente proclama” (Castellanos, 2007: 157). Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Hermenegildo Cuenca Díaz, cuando se le preguntó si eran guerrilleros los que habían secuestrado a Rubén Figueroa, respondió: “son una bola de bandidos que roban y secuestran. Son delincuentes que huyen de las cárceles y se refugian en la sierra de Guerrero para cometer todo tipo de tropelías” (El Universal, 1994, t. II: 200). Y al momento de entregar el informe al presidente, el militar expresa:

durante el encuentro sostenido por elementos de este mando territorial, con la gavilla de Lucio Cabañas, resultaron siete gavilleros muertos… En el reconocimiento efectuado al área donde se rescató al senador Rubén Figueroa, se localizaron dieciséis gavilleros muertos, el personal destacado en la región continúa el rastrillero con el objeto de localizar al resto de la gavilla, efectuando varios desplazamientos de personal con el fin de hacer más efectiva la intercepción de los maleantes que traten de abandonar el área (Scherer, 2004a: 81).

 

Ideología y criminalización pura. Los militares lo tenían claro, para con la prensa y para con el gobierno. Su tarea, en ese sentido, la cumplían: enfrentaban “gavilleros”. Guerrilleros, no; gavilleros, sí.

A la ideologización, inscrita en la noción de intersubjetividad, se adhieren otros procesos que amplían la posibilidad de análisis en el caso que nos ocupa. En efecto, se echa mano de lo que se denomina psicologización (Moscovici, 1981), esto es, descalificar a una agrupación no por cuestiones de ideas ni del contenido de sus propuestas, sino por su forma de actuación, por sus características personales, por los rasgos físicos, de identidad o de pertenencia, por ejemplo ser indígenas o “comunistas”; se atribuye el comportamiento de un grupo a causas que tienen que ver más con las características personales de alguno de sus integrantes, por ejemplo, de sus líderes. Asimismo, se hace uso de otro mecanismo, el de la sociologización (Papastamou, 1987), que evoca una especie de “localismo” y “purismo” grupal, esto es, que quienes no pertenezcan de por sí a un cierto grupo, no pueden hablar a nombre de él o por él. Así, un blanco no podría reivindicar la causa negra, o un mestizo no podría enarbolar las demandas indígenas, un estudiante no puede levantar la voz por los obreros, sería  tal el razonamiento en tal proceso. A la ideologización, la psicologización y sociologización, se suma el recurso de la denegación (Moscovici, 1987), definido como el medio que permite al mismo tiempo afirmar, por un lado, la visión dominante en una sociedad, en la rectitud de sus ideas, el razonamiento de sus planteamientos y de sus creencias, e infundir, por otro lado, dudas o negación sobre los planteamientos de un grupo que irrumpe la tranquilidad de esa sociedad. En sentido estricto “consiste en una oposición a concederle la mínima verosimilitud a un hecho o a una aserción expresada [por el grupo que irrumpe en la escena y] lo que en verdad se le rechaza es reconocer que esté ajustada a la razón o a la realidad tal como la define la sociedad en su conjunto” (Moscovici, 1987: 306). Vemos que no se le otorga veracidad a los planteamientos del grupo disidente, en tanto que se le descalifica desde un inicio, tratando de evitar el avance de propuestas y pensamientos contrapuestos a la parte dominante o gubernamental, pretendiendo con ello impedir cierta influencia. El proceso de ideologización aducido aquí, incorpora todos estos elementos. Y esos elementos se despliegan contra aquellos opositores incómodos, contra aquellos que se desea aniquilar.

Mientras en Guerrero el Ejército arrasaba poblados enteros y detenía por docenas a campesinos, y en Guadalajara se tendía un cerco policiaco, desde la punta del poder se esgrimía un discurso en el cual podían identificarse los elementos de la psicologización, de la sociologización, de la denegación, todo el mecanismo de ideologización. El entonces primer mandatario describiría en los siguientes términos a los guerrilleros:

Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de comunicación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en esos grupos […con una] notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina (citado en Hirales, 1996: 223-224).

 

En ese discurso efectuado durante el informe presidencial de 1974, el entonces presidente Luis Echeverría afirmaría que los integrantes de las guerrillas eran:

víctimas de la violencia; que ven muchos programas de televisión que no solamente patrocinan empresarios privados, sino también directores de empresas públicas; víctimas de diarios que hacen amarillismo a través de la página roja y de algunas revistas especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen, son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos, nacionales o extranjeros, que hallan en ellos instrumentos irresponsables para acciones de provocación en contra de nuestras instituciones. Y a veces se piensa que obedecen, para decirlo con palabras sencillas y pronto, a grupos de extrema izquierda. Pero cuando se ve su impreparación ideológica, y que tratan en realidad de provocar la represión, de inmediato se calará su verdadera naturaleza: pretenden detener la marcha de nuestras libertades cuando apenas se inicia una política de nacionalismo económico en nuestra patria. Golpes de Estado en algunos países latinoamericanos han sido precedidos por las campañas de rumores que se originan en algunos círculos empresariales irresponsables o que fomentan estos actos de terrorismo. Pero estamos apercibidos. No cederemos con concesiones del gobierno ante estas provocaciones. Y aún lo sabe todo México: en un caso extremo hay un claro procedimiento constitucional para que de ninguna manera se interrumpa la marcha institucional de la nación. Que quede bien claro (citado en Hirales, 1996: 224).

 

Toda una cátedra de cómo ideologizar. El psicólogo social rumano-francés Serge Moscovici se quedaría boquiabierto al escuchar o  leer esta estrategia de ideologización. En este mecanismo de negarle sustento y piso a la lucha guerrillera, no cabe titubeo alguno, y así Mario Moya Palencia, después de reconocerles un cierto origen social a la guerrilla, acota: “la política se manifiesta con activismo intelectual y divulgación de conciencia social; no con asaltos, asesinatos y atentados dinamiteros” (Castellanos, 2007: 141). Denegación y criminalización, formas que le funcionaron al régimen en ese periodo de lucha armada. Lo cual aplicaba para con los locales, pues para con los provenientes de otras latitudes, no. En efecto, para el gobierno mexicano los guerrilleros exiliados, sobre todo los provenientes de Sudamérica, eran vistos y tratados como luchadores sociales, en cambio, los guerrilleros de casa eran, según palabras de Luis Echeverría, unos subversivos “provocadores fascistoides para generar una reacción de tipo neofascista para atraer gobiernos de orden al servicio de la estrategia militar y de las inversiones transnacionales y que sean proyectadas a la represión de los movimientos campesinos y obreros” (citado en Rodríguez, 2007: 168). En ese momento, paradójicamente, hablaba de apertura democrática y varios intelectuales le endosaron su apoyo, entre ellos Carlos Fuentes, llegando a esgrimir su famosa máxima: “Echeverría o el fascismo”. Luego, a seis meses de tomar el poder, da muestras de su “apertura”: la matanza estudiantil del 10 de junio, el conocido “jueves de corpus”. Otro punto de inflexión, como la masacre del 2 de octubre de 1968, que dio paso al engrosamiento de las filas guerrilleras (Escamilla, 2014).

Este proceso que trae consigo la descalificación constituye un recurso con el cual el gobierno y los grupos interesados, tratan de bloquear la credibilidad que, en este caso, una guerrilla puede ganar en un territorio más amplio, que rebasa las franjas físicas de su actuación armada. De ello han estado conscientes, en mayor o menor medida, los grupos armados en los diferentes momentos que han surgido, de ahí que algunos de ellos demandaran, cuando secuestraban a algún personaje, se dieran a conocer en televisión y prensa escrita las razones de su lucha. Que hayan logrado contrarrestar o no el proceso de ideologización, dependió, en cierto grado, de la capacidad de interlocución que lograron con otros sectores sociales, incluidos los internacionales; esto es, no ensimismarse, pues la embestida del poder en este terreno fue cruenta.

Cuando el 16 de marzo de 1971 se dio a conocer la noticia de que habían detenido a 19 integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), se indicaba que habían sido entrenados en una nación comunista. Vino, en consecuencia, una campaña publicitaria muy fuerte en su contra. José Cruz, autor de la historieta El Santo, participó, ilustrando un pasquín que encabezaron con la leyenda: “Traición a la Patria” (Pineda, 2003). La nota de El Universal de ese día, manifestaba: “La policía mexicana, acabó de un golpe con la pretensión de un grupo de malos mexicanos que trataban de imponer en nuestro país un régimen marxista-leninista, al detener a 19 personas que (…) fueron entrenadas en el extranjero y subvencionadas técnica y económicamente por la República de Corea del Norte” (El Universal, 1994, t. II: 48). Esos son los juegos del poder, utilizar a su manera y desde su posición signos y fórmulas que le permitan legitimar sus acciones al tiempo que nulifican las posibilidades de legitimarse a los otros, los considerados enemigos, los “malos”. Por eso, para uno de los jefes de la policía política mexicana, Miguel Nazar Haro, siguiendo el guion argumentativo de sus jefes de ese entonces, años después llegó a decir: “no había la delincuencia que hay ahora, hasta que surgieron estos señores entrenados en Corea del Norte que, inspirados por aventuras guerrilleras de otros países, buscaron el poder (…) eran grupos de aventureros que querían lograr el poder” (Castillo, 2003: 2).

Y esos “aventureros” y “malos” tienen, además, patrocinadores, malos, también. A decir de un integrante del MAR (Pineda, 2003: 131-132), al enterarse la Central de Inteligencia Americana (CIA) del entrenamiento de los guerrilleros en Corea del Norte, y como los estudiantes habían pasado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), solicitó la expulsión de los diplomáticos soviéticos, cosa que sucedió: los coreanos eran un instrumento del internacionalismo ruso. Lo cierto es que ni el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) ni las autoridades soviéticas tuvieron que ver en lo de la preparación militar de los estudiantes mexicanos en Corea. No obstante, el 19 de marzo de 1971 el gobierno mexicano expulsó a cinco diplomáticos soviéticos. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa declaró: “son personas cuya presencia no es grata o aceptable en la República Mexicana y, por consiguiente, es deseo del gobierno de México que abandonen el territorio nacional a la brevedad posible” (El Universal, 1994, t. II: 57).

El gobierno mexicano fue más allá, tomó “medidas preventivas”. Y de esta manera, al propio embajador de China en México la administración de Luis Echeverría le advirtió: aquí nada de guerrillas, a lo que el diplomático respondió: naturalmente, ni pensar. A varios países con gobiernos surgidos de movimientos armados se les advirtió lo mismo: nada de exportar movimientos subversivos. La solicitud o amenaza ahí estuvo; el temor de los levantamientos en ese momento se manifestaba. Las formas para contenerlos, se encontraba en marcha.

En marcha también estaban formas retóricas para justificar las acciones represivas. Lo cual ha dependido de los tiempos y las circunstancias. En efecto, los tiempos mueven los discursos, o éstos se van adecuando según circunstancias e intereses, según le plazca o le acomode al poder, se justifican de distinta manera. En algún momento ciertas acciones se denigran; después, pueden ser utilizadas para denostar otras acciones o a otros personajes. En abril de 1972 el entonces senador por el estado de Guerrero, Rubén Figueroa, declaraba: “Lucio Cabañas no es ningún guerrillero y yo lo reto a que me secuestre; los camioneros podrían pagar un buen rescate por mí”; meses después agregaría: “el grupo que manda Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero existe al amparo del madrinaje con industriales internacionales y traficantes de estupefacientes”, y agregaba: “a diferencia de Genaro Vázquez, a quien traté personalmente, a Cabañas no se le han visto ideales definidos. El gobierno podrá sojuzgarlo en el momento que determine una acción drástica, porque es un foco de agitación sin importancia, no tiene ni la trascendencia ni el arraigo entre los campesinos que tuvo la gente de Vázquez Rojas”. Pero 1973 sería un tiempo político diferente, y así en junio de ese año otras eran sus declaraciones: como su “amigo” Genaro Vázquez, ahora Lucio Cabañas “encabeza un grupo que fue empujado a la clandestinidad por regímenes anteriores y particularmente por gobiernos locales” (citado en Bellingeri, 2003: 227-229). La pugna por la candidatura al gobierno de Guerrero se hacía presente, y el mensaje estaba dirigido a sus adversarios. El uso retórico del discurso.

Ese uso retórico del discurso, legitimador en su propósito, no sólo provenía de la clase política, provenía, asimismo, de aquellos que les tocaba ejecutar la guerra sucia, en este caso en el desprestigio de los guerrilleros. Nazar Haro, quien combatió de manera muy violenta a la guerrilla en los setenta, cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, compara y  denosta a la naciente guerrilla, y dice sobre los grupos de los setenta:

La base del EZLN en Chiapas es la misma que tenían los de las FLN [Fuerzas de Liberación Nacional, guerrilla que operó en los años setenta en el centro del país y Monterrey). Germán es el iniciador, con su hermano, de la lucha subversiva. Se agarraron a Chiapas desde hace años. Pero no es el autor de la táctica del 1 de enero [de 1994]. Germán es un tipo de guerrillero que lucha por el poder sin pretender dañar al país. Es el otro el que daña al país, ese Marcos criado no sé dónde… Yo conocí a Germán. Luché contra él. Él desaparece cuando le matan al hermano. Ésos eran unos fanáticos, pero honestos, no aventureros. Dígame usted, ¿qué guerra han hecho los zapatistas? Una guerra de papel. Lo de los setenta fue una lucha que duró diez, quince años. Aquéllos sí que eran auténticos… aquéllos no hacían diálogo, luchaban con las armas en la mano. Ese Marcos no sabe ni agarrarlas (citado en Grange y Rico, 1997: 334).

 

En el presente, después de 30 años de que se dedicaron a masacrar a disidentes políticos, la propia policía política de entonces categoriza la lucha de aquellos como más auténtica y original y como una lucha honesta contraponiéndola con la de los zapatistas. Nótese si no esta versión: el general Juan López, quien participó en la campaña militar contra Lucio Cabañas, a quien en su momento etiquetó como “bandolero” y “asaltacaminos”, 20 años después estuvo en los combates de enero de 1994 contra los zapatistas. A la pregunta de cuál era la diferencia entre Lucio y los zapatistas, respondió: “aquellos no usaban a las mujeres, no se cubrían las caras, no eran criminales que llevaban a la guerra a niños para que sean mártires. Aquellos eran mexicanos y hombres” (citado en Arvide, 1998: 61). Pareciera una paradoja eso que expresó, pero ese es el proceso de ideologización del que los castrenses hacen uso, según los acontecimientos y circunstancias se presenten.

No sólo la clase política y la policía política, sino también los militares hacen uso de este recurso dependiendo de las circunstancias. Hacen uso de ello, asimismo, otros aparatos oficiales, como los sindicatos ligados al poder, lo cual ocurrió, por ejemplo, con el movimiento estudiantil de 1968, uno de los antecedentes de la lucha armada: “el sindicalismo oficial denunció al movimiento estudiantil, acusándolo alternativamente de estar financiado por anarquistas y comunistas internacionales y por la CIA” (Carr, 1982: 269), dependiendo del momento en el que se encontrara y a quién debía atacarse y fincar responsabilidades por lo que ocurría.

A principios de 1977 el entonces procurador General de la República (PGR), Oscar Flores Sánchez, realiza una argucia: anuncia el retiro de acusaciones de asociación delictuosa, conspiración, invitación a la rebelión y acopio de armas contra 67 guerrilleros. En la lista, no obstante, hay muertos, como David Jiménez; ejecutados, como Napoleón Glockner, y desaparecidos, como César Muñoz. Tal desistimiento sólo opera con 20 ex guerrilleros que estaban ya fuera de la cárcel (Castellanos, 2007). Tal medida parecía una burla, aunque eran tiempos en que debían darse “señales” hacia el exterior por lo que el régimen debía mostrarse con cierta apertura. Años después citarán a comparecer a un desaparecido para  declarar; Tania Ramírez (en entrevista, 2010), hija de un desaparecido, Rafael Ramírez, narra:

La única respuesta oficial que tuvimos, fue un citatorio que llegó a casa de doña Rosario, a nombre de mi padre y a nombre de muchos otros, diciendo que se presentaran, lo cual significa un acto de cinismo y, en el mejor de los casos, de ineptitud. Si no es ineptitud y fue deliberado, es un acto de crueldad profunda pensar que se puede enviar un citatorio a un desparecido político, para que se presente para que las averiguaciones se sigan completando.

 

A comienzos de 1979 se acercaba la visita del papa  Juan Pablo II  México, igual que la del entonces presidente estadounidense James Carter. Las miradas del extranjero se depositan en México, la presión sube, los funcionarios quieren dar una buena impresión sobre lo que ocurre en el país. El Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (CPDPPDEPM) que encabeza Rosario Ibarra, madre de desaparecido, ha mermado la imagen democrática que nuestro país quería mostrar en el extranjero. El procurador Oscar Flores prepara un informe, llama a la prensa extranjera e intenta aclarar: de los 314 desaparecidos que reclama el Comité, 154 cayeron en combate; 89 siguen vivos, pero prófugos; 26 no participaron en acciones subversivas y por tanto no son políticos; 20 son muertos en riñas; 10 ejecutados por sus camaradas de armas; 2 muertos al intentar huir de la cárcel. Los periodistas quieren saber qué hay con las cárceles clandestinas, qué con las torturas denunciadas, qué con la especialmente cruel Brigada Blanca (grupo dependiente de la DFS); todo eso se niega. Denegación. De ahí que luzca como contrariedad lo que alguna vez declaró Nazar Haro: “el comunista es el amo y señor de la mentira. Si es mentira la convierte en verdad” (citado en Riva Palacio, 2003: 12).

Una parte cruenta resultaría que los gobernantes en verdad se creyeran sus discursos, que los asumieran, pues puede entenderse que su función sea la de tratar de engañar a sus gobernados, pero que se llegue al extremo de asumir como viables sus elucubraciones en torno al surgimiento de movimientos guerrilleros, de grupos que exigen cambios políticos, económicos y sociales; percibir “conspiración comunista” donde hay más razones de pobreza, represión y autoritarismo que de ideología, es llevar al extremo la negación a solucionar las causas que orillan a ciertos grupos a tomar las armas, y sustituir responsivas sociales por discursos encubridores de la realidad, discursos que, además, no sólo se presentan en las esferas de gobierno, toda vez que hacen también acto de presencia en el discurso de los medios de información, principalmente la televisión, y en ciertos sectores de la sociedad que se ven atravesados por tales razonamientos. Quienes combatieron a las guerrillas de los sesenta y setenta actuaban desde esa perspectiva para poder así justificar la tortura y el asesinato de que fueron víctimas cientos de jóvenes participantes en estos movimientos armados.

La ideologización posibilita tres cosas: primero, la deslegitimación de las demandas de la guerrilla; segundo, impedir que la irrupción social que representan se expanda y, tercero, preparar el terreno para la actuación de una ofensiva de corte militar. En el primer caso, se pretende crear un clima de ilegitimidad tanto de los métodos como de las causas y las exigencias por las que se gesta y desarrolla una guerrilla: se mete todo en un bloque, de tal forma que si las causas y las demandas son reivindicadas por grupos más amplios y se consideran legítimas, éstas se ven opacadas por el método, el recurso de las armas, pues es éste el que se ha cuestionado y cae en el terreno de la discusión, de la problematización, y para sectores diversos de la sociedad es un mecanismo no idóneo, incluso reprobable. Partiendo de este presupuesto, el método, desde la perspectiva ideologizadora, se traduce en el todo que imposibilita percibir como válidas las demandas que enarbolan los grupos armados al momento de surgir. El segundo aspecto, la pretensión de eliminar el ejemplo que pudieran representar las acciones armadas o no armadas de las guerrillas, pasa por eliminar a la guerrilla misma. La capacidad de convocatoria y de movilización que genera una guerrilla, para los partidarios del pensamiento único, pasa por la eliminación de los convocantes, de los que crean la movilización, de los que han irrumpido en el escenario no preparado para ellos, que no admite más versiones, menos aún si se ven acompañadas de las armas. La eliminación física de los guerrilleros, como tercer aspecto ideologizador, es la garantía de que no habrá más descontentos ni propuestas que se contrapongan a la versión dominante de la realidad: no hay por qué enriquecerla, pues entre más unívoca, más homogénea, más plana y más acotada se encuentra, es más administrable, más manejable.

Ahora bien, si la realidad, como se mencionó en un inicio, se posibilita también por la construcción y transmisión de conceptos, símbolos, ideas, procedimientos y anhelos, entre mayores y más ricos sean éstos, y entre más se discutan las diferentes perspectivas que de una sociedad se tiene, mayor será la probabilidad de transitar por el camino idóneo para los que participan de la colectividad denominada nación. En el caso aquí revisado, la apuesta fue la de negar y denegar. Negando la existencia de guerrilla y retóricamente designándolos como terroristas y no como luchadores sociales, a la posteridad pasarán no como aquellos impulsores de cambio, sino como quienes estaban enfermos por la toma del poder. Sangrientos sujetos que se lanzaban a la toma de las armas por gusto, por desviados, por ideologías ajenas, por delinquir, pero no por causas sociales. Ideologización que apunta al olvido social.

Imagen 3. Protesta frente a la catedral metropolitana de la ciudad de México, demandando la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Foto tomada del sitio web del Museo casa de la memoria indómita, ciudad de México.
Imagen 3. Protesta frente a la catedral metropolitana de la ciudad de México, demandando la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Foto tomada del sitio web del Museo casa de la memoria indómita, ciudad de México.

 

Consecuencias funestas de la guerra sucia

La guerra sucia fue esa puesta en marcha de una estrategia de Estado. En ella no sólo hubo lo que se ha revisitado en este trabajo, la idelogización y criminalización. Hubo, además, detenciones ilegales, reclusión en cárceles clandestinas, tortura (Mendoza, 2011), ejecuciones, exilio y desapariciones (Mendoza, 2015). Una combinación de combate ideológico y político-militar por parte del poder (Piñeyro, 2015). Toda una estrategia de represión, de terror, que intentó el aniquilamiento de la guerrilla por parte del Estado mexicano. Así se ha ido viendo en cada trozo de reconstrucción de este pasado tortuoso en la historia de México.

En los años sesenta y setenta, para los guerrilleros parecía guión de vía crucis: ser detenido, encerrado en una cárcel clandestina, torturado y… desaparecido. Al final de este largo camino de la guerra sucia, el gobierno mexicano establece cifras sobre las bajas de la guerrilla (que enuncia como “delincuentes”): 600 entre 1965 y 1975. El Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), fundado por un grupo de ex-guerrilleros, desmiente lo anterior, expresa que son 400 desaparecidos en el caso del estado de Guerrero, y asegura que son tres mil los muertos en combate o asesinados entre 1965 y 1975 (Grange y Rico, 1997: 111). Los costos, como puede observarse, varían dependiendo de la instancia reveladora. Así, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), señala que tan sólo en el estado de Guerrero se sabe de 650 desaparecidos, y se habla de 1, 350 casos en el territorio nacional en los últimos 35 años (Saldierna, 2001). De los 650 referidos en Guerrero, tan sólo para el municipio de Atoyac de Álvarez (lugar de la masacre que obligó a Lucio Cabañas a tomar el camino de las armas en 1967) hay 450 casos; en Chihuahua 194; en Sinaloa 100, y otros más en distintos sitios. Son estos algunos números de la guerra sucia. Hay otros. Esos se irán reconstruyendo más adelante.

 

Entre olvido social y memoria colectiva: la guerra sucia

Sucio, etimológicamente, significa húmedo, manchado, como una mancha que permanece sin secarse en una prenda, así se conservan las huellas de los acontecimientos de la guerra sucia que en nuestro país se desarrolló durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. La guerra sucia que se desató, principalmente contra los integrantes de las organizaciones guerrilleras, fue negada al paso de los años, pues en el discurso gubernamental nunca existió. En el discurso del poder se fueron suprimiendo los sucesos y las acciones de contrainsurgencia, con todo y los costos en vidas humanas, se justificó dicha embestida como una lucha contra organizaciones delincuenciales, como se pretendió mostrar ante la opinión pública de aquellos años a las agrupaciones guerrilleras. Si primero se ideologizó a las guerrillas para tratar de contenerlas, después se negó su aniquilamiento con métodos crapulosos, formas éstas que también se practicaron en otros países latinoamericanos que se encontraban bajo dictaduras militares.

La apuesta del gobierno mexicano fu el olvido social y emprendió este olvido desde la práctica institucional con la clara pretensión de que tales sucesos sólo existieran en el discurso de la oposición y con poca credibilidad. Las distintas administraciones gubernamentales no hacían alusión a la guerra sucia, y cuando se les confrontaba lo negaban o, en el mejor de los casos, justificaban la actuación de las policías y el Ejército, con las formas de la ley, esgrimiendo que se enfrentaba a criminales.

Tanto el gobierno como el Estado mexicano no tenían contemplado que por fuera de la historia que se empecinaron en escribir, repetir y mostrar como la más benigna para los mexicanos y en la cual ellos eran los buenos y los herederos de los “Héroes de la Patria”, existe una memoria colectiva, memorias que insisten en mantener con vida, literalmente, acontecimientos que resultan de especial significancia para un determinado grupo, colectividad o sociedad, y que tal memoria busca las formas de comunicarse, para que aquellos que no vivenciaron esos dolorosos acontecimientos no los miren como un pasado muerto, sino como un presente vivo. Esta insistencia de los grupos de familiares de las víctimas de la guerra sucia, que durante más de treinta años han persistido en su tarea de no dejar que se olvide la atroz guerra que se practicó contra sus hijos, padres, hermanos… no hace sino mostrar la necesidad de que sobre esas décadas oscuras se arroje luz y se trate el tema con las consecuencias que ello implica. Sí, pues durante lustros la tan anhelada justicia se ha dedicado a archivar las demandas judiciales que los sobrevivientes o familiares de las víctimas han presentado contra aquellos que fueron responsables de torturas, saqueos, aprehensiones ilegales, ejecuciones, desapariciones y muertes (Mendoza, 2015).

A fines de noviembre de 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe, sobre excesos del poder en el pasado. Una de las consecuencias de ese informe fue la creación en enero de 2002 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que, al paso del tiempo, mostró sus limitaciones, asunto que algunos de los integrantes y asesores expusieron en múltiples ocasiones, a pesar del aparente avance en la liberación de órdenes de aprehensión a dos ex-directores de la DFS involucrados en la represión, y que al final terminó sin consignación alguna. Maniobras del poder, y carencia de resolución de la problemática. El informe de la Fiscalía no se dio a conocer, aunque se filtró un borrador que una organización de defensa de los derechos humanos colgó en internet. No más.

 

Las resistencias de la memoria

El dominio sobre la memoria y el olvido, como prácticas sociales, es un proceso eminentemente político, y deviene elemento fundamental para el control y ejercicio de gobierno en una sociedad. Jacques Le Goff (1977: 134) lo refiere así: “apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos y de los individuos que han dominado y dominan las sociedades”. De ello son muestra sus olvidos y silencios: de la manipulación de la memoria. La memoria de una sociedad es uno de los lugares privilegiados de la ideología, y mediante la narración del pasado que en ella se forja se puede justificar el presente, y proyectar el futuro. En México, en el caso de la guerra sucia, la apuesta del gobierno mexicano fue el olvido. La guerra desatada contra las agrupaciones subversivas fue en todo momento acallada, siendo la omisión y el silencio los recursos de los que se hizo uso, contribuyendo a ello la prensa televisiva y escrita. A la guerrilla no se le reconoció como tal, se le enclaustró en la categoría de delincuentes y terroristas, por tanto, su manifestación como actor social pasó desapercibida para una gran parte de la población mexicana. Y si no había guerrilleros tampoco podían existir excesos contra ellos, programando, de esta manera, el olvido mediante la ausencia de información y comunicación de la represión: “los periódicos borraron todo indicio que pudiera fincar los cimientos de una clara reminiscencia y propiciaron amnesia colectiva en la sociedad a partir de la revitalización del fenómeno armado; además promovieron la construcción de la invisibilidad y la programación del olvido” (Gamiño, 2013: 18). El manejo de ese pasado, de lo ocurrido, “de la memoria colectiva es la garantía esencial de la impunidad: lo que no se sabe o no se recuerda no ocurrió, no tuvo lugar en el imaginario colectivo” (Monsiváis, 2004b: 146).

Es cierto que los familiares de los encarcelados y desaparecidos recuerdan lo que sucedió. Es cierto que se han manifestado frente a la Catedral, frente a Palacio Nacional, frente a la Procuraduría General de la República, el primer sábado de cada mes frente a la Suprema Corte de Justicia, en diversos sitios, pero su voz sigue sin tener el eco requerido: que se encuentre en el espacio público para ser considerada en la toma de decisiones para aclarar lo ocurrido en esas décadas. Si la opinión pública es algo así como esa parte de la sociedad que recuerda, en consecuencia, no hay opinión sobre la guerra sucia. Apenas se encuentra en formación. Cuando en su momento el diputado priista Guillermo Martínez Nolasco, demandaba: “pido que no se contamine a una sociedad que ni siquiera conoce los hechos de la llamada guerra sucia” (Monsiváis, 2004a:58), lo hacía a sabiendas de que, efectivamente, el ocultamiento del intento de exterminio de la guerrilla en nuestro país fue algo que en el discurso público y oficial no ocurrió: olvido en construcción, negación y omisión: procesos con los que se edifica el olvido social (Mendoza, 2009).

La disputa sigue siendo la de siglos atrás: memoria versus olvido impuesto. Olvido de una parte de la vida social y política de nuestro país. Olvido de acontecimientos que, aunque dolorosos y mortíferos, contribuyeron a una Reforma Política en los años setenta del pasado siglo. Olvido de eventos que en alguna medida contribuyeron al cambio de partido político en el gobierno en el año 2000 en México. Olvido que deja un hueco, pues por ese vacío no puede entenderse del todo la presencia actual de la guerrilla que, en buena medida, proviene de esos tiempos, porque la guerrilla simple y sencillamente no fue aniquilada. Muchos de sus integrantes se replegaron y ahora resurgen. Pues bien, seguir ocultando ese periodo de la denominada guerra sucia en México no lleva sino a un desconocimiento de la actuación de algunos grupos en el presente. Y desconocer el pasado es incómodo, porque no saber de dónde se viene, no saber los principios, lleva a no saber cuál es el rumbo, a dónde se va.

La reconstrucción que realizan quienes sufrieron la violencia del Estado mexicano, ha estado enfrentándose una y otra vez contra lo negado, contra lo silenciado, contra lo olvidado. No obstante, la memoria sobre este periodo cruento emerge, se va delineando, va iluminando zonas oscuras del pasado mexicano, cobrando significado lo que dicen. Ante esto, hay que abrir los ojos, los oídos, escuchar, para que se presente el acto de comunicación, pues el acto de comunicar implica a su vez acto de recibir, y recibir refiere a hacer volver y reconquistar, volver a tomar, que no es otra cosa que actualizar, actualizar eso que ha estado flotando en el ambiente, eso obligado al silencio, pero murmurado durante años, décadas. Las doñas del Comité Eureka gritando en el Zócalo de la ciudad de México que les entreguen a sus hijos e hijas que desaparecieron, reiterándolo una y otra vez, año tras año: repetir para conjurar el riesgo del olvido, acusa la memoria. Mientras el gobierno le ha apostado al olvido, las familias de quienes sufrieron desaparición forzada recuerdan, porque como ha dicho Mario Benedetti (1995:16): el olvido está lleno de memoria

 

 

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Entrevistas realizadas a:

  • José Luis Alonso (2010, ciudad de México)
  • Tania Ramírez (2010, ciudad de México)

 

 

Cómo citar este artículo:

MENDOZA GARCÍA, Jorge, (2016) “Trazando la memoria de la guerra sucia en México: La ideologización de la guerrilla”, Pacarina del Sur [En línea], año 7, núm. 28, julio-septiembre, 2016. Dossier 18: Herencias y exigencias. Usos de la memoria en los proyectos políticos de América Latina y el Caribe (1959-2010). ISSN: 2007-2309.

Consultado el Domingo, 23 de Julio de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1329&catid=58

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