os estudios y la elaboración de diagnósticos sobre las condiciones y evolución del comportamiento de los mercados de trabajo en la región, ha sido una preocupación permanente de las ciencias sociales latinoamericanas. Una mirada sobre el quehacer de las instituciones académicas, centros de análisis de los temas laborales y otras instancias de reflexión y seguimiento de los problemas del empleo – algunas promovidas por partidos políticos y las propias organizaciones obreras – permite identificar hasta qué grado las cuestiones del trabajo se han implantado como temas prioritarios de las investigaciones sociales. Se trata, sin dudas, de uno de los aspectos más sensibles de la realidad social latinoamericana.
Los puntos de interés y los núcleos de reflexión sobre los cuales se centran los estudios han variado en los últimos 25 años. Un primer enfoque, muy difundido hasta mediados de la década de los setenta, otorgó prioridad al crecimiento del trabajo asalariado junto a la consolidación de los sindicatos y partidos con base social obrera y al seguimiento de la intensidad y características de las luchas sindicales. El interés estaba puesto en el comportamiento de la clase obrera como actor social portador de un mandato histórico, el derrocamiento del capitalismo y la instauración del socialismo. Esta misión constituía un horizonte teórico-político de enorme gravitación y dio lugar a la generación de una vasta literatura estructurada, en muchos casos, en el género de las investigaciones históricas sobre el surgimiento y consolidación del movimiento sindical y el registro de las protestas sociales. La mayoría de estos estudios ofrecen una visión “macro” del tema laboral, se trata de documentos de enorme valor para efectuar el seguimiento de la conflictividad social en la región o en algunos países en particular, desde las primeras décadas del siglo veinte hasta mediados de los años setenta.
A partir de la década de los ochenta las preocupaciones de académicos, analistas sociales y militantes de los movimientos y partidos de izquierda, cambió de ejes. La llamada crisis de la deuda coincidió con la reestructuración del capitalismo a escala internacional y con el abandono gradual del sistema “fordista” de organización del trabajo en los sectores más dinámicos de la industria. La incorporación del “toyotismo” y de los “círculos de calidad” alteró las antiguas estructuras de puestos y los contenidos de las funciones productivas. Los sindicatos y buena parte de las representaciones obreras, fueron sorprendidas por la velocidad de las innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción y el reemplazo de las antiguas líneas de montaje por unidades con autonomía relativa para ejecutar la totalidad de las tareas, subsanar errores y proponer alternativas de mejora. Estas condiciones, sin ser de aplicación uniforme en todas las ramas de la industria, modificaron las relaciones obrero-patronales y pusieron en entredicho las antiguas formas de negociación colectiva entre empresas y sindicatos. Con el fin de promover el abaratamiento de los costos derivados del “precio” de la mano de obra, las gerencias aplicaron dos estrategias principales, la sustitución de trabajadores por nuevos equipos con base tecnológica de carácter informático y la relocalización de las plantas productivas en regiones con ventajas comparativas, entre otras: proximidad con los mercados a los cuales está destinada la producción; subsidios y facilidades que se otorgan a la inversión extranjera directa; nivel de calificación de la fuerza de trabajo local y un aspecto sustantivo, niveles de organización y tradición de lucha del movimiento obrero en las regiones en las cuales tienen previsto establecerse las filiales de las corporaciones transnacionales. En buena medida, las zonas geográficas donde son construidos los parques para la “maquila industrial” y se habilitan las llamadas “zonas francas”, responden a esta lógica que combina la degradación de las condiciones laborales y el otorgamiento de estímulos fiscales al capital.
Una parte significativa de la producción académica y política de los últimos veinte años muestra un giro radical de los estudios de nivel “macro” que señalamos en párrafos precedentes, al “universo micro” de las empresas y de los nuevos esquemas de organización del trabajo. Quedaron en el acervo bibliográfico las historias “enciclopédicas” sobre el surgimiento y conformación del movimiento sindical latinoamericano, el registro paciente y meticuloso de huelgas y conflictos a través de la prensa, los debates interminables acerca de la construcción del partido obrero de vanguardia o las discusiones sobre la hegemonía proletaria en los procesos de transformación social. Sin aviso y en poco tiempo, la izquierda debió entender que la revolución socialista dejó de estar – al menos por ahora - a la orden del día. Nuevos desafíos en el mundo del trabajo y el peso brutal de una nueva correlación de fuerzas en el ámbito internacional, abrieron espacios inéditos de discusión sobre aspectos de la vida laboral que habían resultado secundarios cuando la mirada estaba puesta en lo que parecía ser un porvenir cercano y venturoso.
Si aceptamos que las condiciones económico-sociales cambiaron sustancialmente al agotarse la estrategia de industrialización protegida a cuyo amparo se expandió el empleo asalariado y creció el protagonismo político de los sindicatos, debemos reconocer también que gerencias y trabajadores se han comprometido a discutir un nuevo estatus en el que se redefine el papel de los actores. En este contexto caben entonces algunas preguntas de atención obligada: ¿Mantiene el trabajo su papel de gran ordenador de la vida social? ¿Qué papel le corresponde al Estado como órgano mediador entre capital y trabajo? ¿Sólo el de tutelar a los más débiles? ¿Cuál es la responsabilidad de las instancias públicas cuando el crecimiento de las inversiones está sujeto al debilitamiento de las estructuras sindicales? ¿Conserva eficacia la antigua legislación laboral en un contexto de alta rotación de la mano de obra y de pronunciada segmentación de los procesos productivos? ¿Cómo proteger los intereses de los trabajadores cuando se generalizan los esquemas de descentralización y subcontratación mediante los cuales se generan ciertos bienes y servicios?
Resulta imposible en esta presentación, abordar y agotar todas las preguntas que de manera un tanto esquemática se han formulado en el párrafo anterior. No obstante, el “dossier” que se ofrece en este número de Pacarina del Sur incluye materiales con reflexiones y aportes de relevancia para alimentar el debate y enunciar nuevas hipótesis o replantear antiguas líneas de trabajo, a partir de las cuales se orienten las investigaciones y estudios que se llevan a cabo en el mundo académico o que impulsan los propios militantes sociales.
El primer ensayo de este “dossier” se inscribe dentro de lo que hemos denominado estudios de carácter histórico y aborda un tema sin el cual resulta casi imposible explicar la gradual consolidación de las organizaciones gremiales de la clase obrera y la tenaz y dificultosa tarea de reconocer el papel de la mujer en el desempeño del trabajo remunerado. Su autora, Perla Jaimes analiza en este documento, el papel relevante que le cupo a la práctica militante del movimiento anarquista y del peso que en el terreno de las ideas, tuvo el llamado “socialismo libertario” para afrontar la discusión sobre un tema por demás delicado en el mundo laboral de esos años. Toma como objeto de estudio para su ensayo, la presencia de la mano de obra femenina en el mercado laboral limeño a partir de las pruebas documentales del periódico anarquista La Protesta.
Bien señala la autora que el movimiento sindical anarquista latinoamericano tuvo el enorme mérito de dar visibilidad al debate de la llamada cuestión femenina, cuando otras corrientes del pensamiento de izquierda subestimaban la presencia de este segmento relevante del mercado laboral o postergaban su tratamiento para otros momentos, en particular para la etapa en la cual la construcción del partido obrero revolucionario hubiese sido una realidad y alcanzado sus objetivos estratégicos. Los ámbitos de militancia de las agrupaciones libertarias fueron diversos, Perla Jaimes destaca, entre otros, los círculos literarios y de propaganda y la apertura de espacios periodísticos como La Voz de la Mujer (1896), editada en Argentina por Virginia Bolten o el periódico mexicano Vésper (1901) dirigido por Juana B. Gutiérrez de Mendoza.
Las organizaciones ácratas peruanas se destacaron por la presencia militante de la mujer y la rápida instalación del tema laboral como cuestión prioritaria. La prensa anarquista fue vocera destacada de estos debates y en sus páginas se descubren importantes testimonios de esta demanda de igualdad y respeto para las mujeres trabajadoras. El periódico libertario Los Parias, que se publicó en Lima entre los años 1904 y 1910 fue uno de los voceros de este movimiento social emancipador del trabajo femenino, al igual que La Protesta (1911- 1930), considerado el más fiel exponente del anarquismo peruano.
Los dos estudios que se presentan a continuación se ocupan del debate que se generó sobre una cuestión más reciente para el mundo del trabajo en nuestros países: la reforma al marco jurídico que norma las relaciones obrero-patronales. Tanto Argentina como México han sido banco de pruebas para la implantación de referentes normativos que “desregulen” el funcionamiento del mercado de trabajo y “flexibilicen” las negociaciones entre capital y trabajo. En el caso argentino el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se encargó de desmontar la antigua legislación laboral heredada de los gobiernos peronistas (1946-1955) y (1973-1976). En México, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) suscribieron bajo el agua los acuerdos que le dieron el espacio político que necesitaba el presidente Felipe Calderón para enviar al Congreso, en octubre del 2012, el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Dicha propuesta, fue votada y aprobada por los legisladores de ambos partidos, con lo que se quiebran los postulados doctrinarios que en materia de derechos sociales se heredaron de la Constitución de 1917. De esta forma, se abre la puerta para la instauración de un referente normativo que consagre nuevas prácticas en materia de contratación de mano de obra ahora bajo postulados que respondan al dictado de las dinámicas que rigen la operación de los mercados.
Daniel Cieza, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y militante popular en las filas de la izquierda peronista, describe en su ensayo el complejo proceso de negociaciones políticas que le permitieron al gobierno de Menem neutralizar a las corrientes sindicales que se oponían a la perdida de conquistas históricas y agrupar detrás de su propuesta a los partidos políticos y a los grandes grupos empresariales. Apunta el autor que el eje de la reforma laboral fue establecer los “contratos por tiempo determinado”, abaratar los despidos y reducir las cargas sociales con la promesa de generar más empleos. Sin embargo, los resultados de la aplicación del nuevo marco normativo fueron catastróficos, hacia finales del gobierno menemista - y cuando se agotaron los recursos de las privatizaciones de las empresas públicas y los subsidios al desempleo escasearon - la realidad que emergió recordaba las peores épocas de los años treinta: altas tasas de desocupación, quiebra de las obras sociales, crecimiento del empleo precario y cierre masivo de industrias en las principales zonas urbanas del país.
Por su parte, el sociólogo Adrián Sotelo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ofrece una descripción minuciosa de los efectos que pueden esperarse después de la mutilación que sufrió la Ley Federal del Trabajo a raíz de las reformas votadas por la alianza PAN-PRI. De manera enfática señala que los criterios de flexibilidad en las condiciones de contratación y uso de la mano de obra, así como la facilidad otorgada a las gerencias para despedir a los trabajadores, arrojan por la borda los postulados históricos de justicia y de protección al trabajo, establecidos en el Artículo 123 Constitucional. Otras disposiciones como los contratos por hora, la legalización de la “subcontratación” con el fin de abatir costos y evadir a la seguridad social, completan un panorama por demás preocupante para el futuro de la clase trabajadora mexicana. El autor también pone de relieve el desinterés y la escasa resistencia del sindicalismo oficial, a estas reformas así como la incapacidad de las organizaciones obreras independientes para abrir espacios de debate y movilización social desde los cuales convocar a las fuerzas que expresaron su oposición al proyecto de reforma.
Son escasos, en nuestros institutos y universidades, los estudios sobre el mundo del trabajo en Cuba, varios factores parecen explicar esta carencia, a veces se trata de una mal entendida lealtad hacia la única revolución socialista de América Latina. En otros casos existen ataduras de carácter ideológico que sesgan la lectura que se hace de la única experiencia de planificación centralizada de la economía que se conoce en nuestra región. No faltan también los compromisos políticos que pagan tributo a relaciones heredadas de las épocas en que estuvieron vigentes los “socialismos reales”. Por estos motivos – y otros que no viene al caso enumerar – las lecturas críticas de la marcha de la economía cubana después del derrumbe del “bloque soviético” no abordan a profundidad algunos aspectos que hacen al futuro del mercado laboral y al rumbo que pueda tomar la economía de Cuba en los próximos años.
En atención a los factores señalados, saludamos la valiosa contribución de Zulema Escalante para el “Dossier” que presentamos en este número de Pacarina del Sur. Sin amarres ideológicos ni concesiones gratuitas a los enemigos de la revolución cubana, la autora -licenciada en Estudios Latinoamericanos y Doctorante en Procesos Sociales y Políticos en América Latina ARCIS-Chile- aborda de frente un tema pendiente en muchas de las reflexiones críticas que se hacen sobre la inserción de los trabajadores cubanos en algunas actividades productivas que no están plenamente reconocidas por el Estado, en un país, vale la pena recordarlo, en el cual la propiedad pública es abrumadoramente mayoritaria.
Reconociendo plenamente las condiciones bajo las cuales se generan la mayoría de los bienes y servicios, la autora centra su estudio en un fenómeno particular: la ampliación del trabajo “no estatal” y junto con ello la presencia de un actor social – el ciudadano auto-empleado o trabajador por cuenta propia - que se relaciona de manera distinta con la propiedad y se ofrece como alternativa para mejorar la producción y venta de ciertos bienes y servicios. En este espacio se destacan las cooperativas de producción agropecuaria y el trabajo urbano por cuenta propia, ambas alternativas, además de incrementar la oferta de ciertos productos, permiten reducir el trabajo estatal ocioso y aprovechar las habilidades adquiridas en el sistema educativo y en el contexto familiar. Este fenómeno laboral tiene un correlato político que la autora señala con toda oportunidad, el espacio del auto-empleo y del trabajo cooperativo, es también un generador de nuevos códigos de lealtad hacia el proceso revolucionario y un camino de mejora de la economía socialista en su conjunto.
Las reflexiones sobre el mundo laboral no se agotan en el estudio de las nuevas formas de organización del trabajo o en el análisis de las condiciones abusivas de contratar y remunerar a la población que vive de la venta de sus capacidades a un empleador. Desde la Universidad Autónoma de Nuevo León un grupo de investigadores coordinado por la doctora Esthela Gutiérrez Garza, Esteban Picazzo y Elizabeth Gálvez ofrecen un valioso ensayo que amplía el horizonte de análisis del pensamiento crítico en relación a las condiciones generales de vida de la población trabajadora, poniendo especial énfasis en la relación entre la búsqueda legítima de mejores niveles de vida y la preservación de los recursos naturales que serán el sustento de las próximas generaciones.
El título del documento es lo suficientemente explícito como para ahorrarnos mayores comentarios: Desarrollo Humano Sustentable y la Equidad en Salud en México. Las dos variables sobre las que se apoya el texto son precisamente, el concepto de “desarrollo sustentable” y el principio de equidad en su sentido más incluyente, con particular énfasis en el usufructo universal del derecho a la salud. Los propios autores se encargan de ofrecer al lector las herramientas conceptuales y las definiciones teóricas que hagan comprensible la idea rectora a partir de la cual adquiere sentido el conjunto del texto. En uno de sus apartados, al referirse al enfoque del llamado desarrollo sustentable señalan:”…aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
La perspectiva teórica que anima a los tres autores del ensayo que presentamos, se estructura desde una visión integradora del desarrollo que no se agota en la justa demanda de mejores ingresos para los trabajadores o en el logro de una presencia más activa de las organizaciones sociales en la definición de las políticas públicas. En los distintos apartados del documento, queda claramente explicitado que el concepto de desarrollo definido desde una perspectiva que se encuadra en los postulados del pensamiento crítico, debe ser equitativo en cuanto a la distribución del ingreso y social y “medio-ambientalmente” sustentable.
El análisis del derecho a la salud – tomado como un paradigma de toda estrategia de desarrollo que pretenda ser humanamente sustentable – constituye una de las facetas más elaboradas del ensayo. Con sólidos argumentos teóricos y amplias bases documentales, los autores abren un espacio de reflexión poco explorado por las izquierdas latinoamericanas, todavía reacias a ciertos temas que consideran patrimonio y preocupación del pensamiento social “post-moderno”. Quienes consulten este trabajo podrán advertir que ninguna crítica actualizada al capitalismo del siglo XXI puede prescindir de las cuestiones ambientales, del manejo racional de los recursos naturales y de la defensa del acceso universal a servicios básicos como la salud, más allá de los perfiles ideológicos y de las características que definan las políticas macro-económicas de los distintos gobiernos latinoamericanos.
Carlos M. Tovar Samanez, crítico social peruano, ensayista, caricaturista del diario La República de Lima y hombre de mil oficios, aborda en su artículo La Jornada de Cuatro Horas un tema por demás polémico para la sociología laboral: la generación de un círculo virtuoso que combine la aplicación de las nuevas tecnologías que ahorran mano de obra e incrementan la productividad con la reducción de la jornada de trabajo. En palabras más simples, el autor retoma un debate caro a las aspiraciones de las ciencias del trabajo y al movimiento obrero europeo que durante los años ochenta formuló una estrategia que se sintetizó en la consigna trabajar menos para que trabajemos todos. La experiencia de reducción efectiva de la duración de la jornada laboral de ocho a seis o menos horas, se aplicó en algunos pocos países de Europa y en ciertas ramas industriales de los Estados Unidos. En el caso latinoamericano se limitó a una medida de emergencia en un puñado de grandes empresas que acudieron a la aplicación de la jornada parcial pero con recortes en los ingresos y prestaciones de los trabajadores, como una estrategia de las gerencias para afrontar coyunturas recesivas o la contracción de los mercados.
No obstante, Tovar Samanez recrea el planteo teórico discutido hace veinte años y aún pendiente de resolución, y lo hace a partir de una jerarquización significativa del pleno usufructo de las tecnologías que incrementan la productividad del trabajo. Dicho en sus propias palabras: “Lo que tenemos que hacer […] es reducir la jornada de trabajo en proporción al aumento de la productividad, estableciendo, para comenzar, una jornada mundial de trabajo de cuatro horas.” Y a renglón seguido agrega: “La jornada de cuatro horas vendría a compensar la enorme brecha social acumulada en las últimas décadas, durante las cuales […] la productividad se ha más que duplicado, en tanto que las jornadas de trabajo, en lugar de recortarse, se han hecho más prolongadas”.
El tema está sobre la mesa y bien vale la pena retomar algunos argumentos que provocaron escozor en el movimiento sindical y entre los estudiosos de las cuestiones laborales. El texto de Carlos Tovar tiene el mérito de formular un llamado de atención sobre ciertos aspectos del mundo del trabajo y acerca de la estrecha vinculación de estos tópicos con la revolución que se vive en el universo de la ciencia y la tecnología aplicadas a los procesos productivos.
Existe otra lectura de la realidad laboral que ha sido menos explorada y con frecuencia está ausente de los estudios académicos. Por un mal entendido de lo que deben ser los principios que orientan la investigación científica la caricatura testimonial ha quedado relegada a un género secundario, apenas una pincelada de ironía y buen humor sobre una cuestión candente. Es hora que las expresiones gráficas, las caricaturas en particular, que abordan en pocos trazos los temas sociales, ocupen el espacio de reflexión y reconocimiento que se merecen, como lo ganó el arte fotográfico desde muchos años. Convencidos de la validez de nuestra propuesta, Pacarina del Sur ofrece en el “Dossier” que se presenta en este número, el aporte de algunas caricaturas de El Roto con la seguridad de que harán más amable la lectura de los textos y tocarán las fibras del buen humor de quienes ingresen con curiosidad y afán informativo a esta página de análisis social.
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