Estado de la cultura cívica y democrática en América Latina y México

State of civic and democratic culture in Latin America and Mexico

Estado de cultura cívica e democrática na América Latina e no México

Jessica Baños Poo[1]

Recibido: 04-08-2014 Aceptado: 15-09-2014

 

Introducción

La calidad de la ciudadanía incide en la mejora de la calidad de la democracia y del funcionamiento de sus instituciones. Desde la perspectiva de un enfoque teórico de ciudadanía republicano, integral o sociológico, la democracia no significa un régimen político que pueda existir únicamente mediante el establecimiento de un diseño institucional, sino que son las prácticas culturales de la ciudadanía, la sociedad civil y de los ciudadanos en los partidos políticos y en el gobierno lo que permite que la democracia funcione mejor o peor (Baños, 2008). Por ejemplo, en materia de construcción de un régimen democrático, la construcción de un régimen de derechos y de límites republicanos al poder político, la cultura política de un sistema democrático es central, pues de ella depende en gran medida que esas instituciones funcionen y que los ciudadanos acaten los límites legales establecidos en el diseño constitucional, así como que exijan su vigencia. O como afirma Wayne Norman “el vigor y la estabilidad de una democracia moderna no dependen únicamente de su estructura básica [institucional], sino de las cualidades y aptitudes de sus ciudadanos” (Norman, 1997: 6), que deben haber aprehendido ciertas virtudes públicas individuales, como saberse conducir por principios y valores democráticos como la tolerancia, el respeto a la diversidad y el pluralismo, la libertad, la cultura de la legalidad, honestidad, responsabilidad, transparencia, entre otros. Ahora, a diferencia de algunas visiones teóricas de la ciudadanía que integran una identidad nacionalista, habría que distinguir entre un nacionalismo cívico basado en una cultura política fundamentada en principios y valores democráticos expresados en el comportamiento y prácticas individuales. Por  estas razones, la cultura política de gobernantes y ciudadanos son fundamentales para la existencia, buen funcionamiento y estabilidad de la democracia. Incluso hay expertos en el tema como Ronald Inglehart, quien afirma que el buen funcionamiento sustentado en la calidad de la ciudadanía dirigida por principios de Estado de Derecho y democracia contribuyen en la mejora de la calidad de vida de los entornos y sociedades en los cuales se desenvuelven las personas (Inglehart, 2003: 67-69; 2009: 126).

Resumiendo, ¿por qué es importante que una sociedad se rija por principios democráticos? Aquí se argumentan tres razones principales:

 

La cultura política otorga mayor estabilidad a la democracia.-Cuando las instituciones democráticas cuentan con apoyos y consensos importantes entre la población aumenta la legitimidad permitiendo mayores márgenes de gobernabilidad y de estabilidad democráticas. Por el contrario, si las instituciones, reglas, principios y valores de la democracia no cuentan con un consenso importante entre la sociedad, ésta puede ser muy débil al punto de verse en riesgo de caer por otras opciones políticas menos democráticas (Inglehart, 2009: 126; 2005: 149; Wayne y Norman, 1997: 6).

La cultura democrática mejora el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.- Cuando los ciudadanos y el gobierno cuentan con una cultura democrática permiten que prevalezcan las reglas de este sistema político y, por lo tanto, funcionen mejor las instituciones. Por ejemplo, una cultura de la legalidad democrática puede mejorar el funcionamiento y resultado de las instituciones democráticas al buscar que la participación se ciña a un marco de reglas conocidas y públicas, disminuyendo el conflicto social entre gobierno y sociedad y obligando a todos a tomar en serio la legalidad y los derechos humanos como marco regulatorio de las acciones y prácticas, así como combatir la impunidad en casos de violaciones al Estado de Derecho. Por otro lado, cuando los ciudadanos están habituados a prácticas participativas cívicas generan un mejor funcionamiento de los controles y límites al poder de las democracias, consiguiendo que éstas tomen en consideración las voces y exigencias de los ciudadanos, expresadas a través de diferentes mecanismos de participación democrática, así como accionando los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes hacia la sociedad (Beetham, 1999).

La cultura democrática mejora el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas.- Las prácticas democráticas en los contextos de vida y de desarrollo de las personas también son fundamentales para la democracia y, en particular, para el desarrollo humano de las personas (Dahl, 2006: 67; Sen, 1999: 35-53; Nussbaum, 2002: 27-44). Contextos en los cuales prevalecen características y prácticas no democráticas, por ejemplo, de violencia comunitaria en la resolución de conflictos, discriminación en el acceso a los derechos y oportunidades por razones arbitrarias, obstrucciones de la libertad, inequidad o ilegalidad no son ambientes que favorezcan el desarrollo humano de las personas en contraste con los ambientes caracterizados por el respeto y el diálogo en la resolución de conflictos y diferencias, la inclusión, el respeto a las libertades individuales, el acotamiento a los derechos humanos y la legalidad en las acciones comunes, la posibilidad de desarrollo de la individualidad, entre otros (Nussbaum, 2002: 27-39).Un entorno caracterizado por estos comportamientos promueve mejores condiciones para el desarrollo de las libertades y las capacidades necesarias para el desarrollo de las personas (Sen, 2010: 255-320; Nussbaum, 2002: 27-44). Por otro lado, una sociedad que busque constituirse como sociedad protectora de derechos de sus ciudadanos requiere que sus ciudadanos se habitúen al reconocimiento de los derechos de todos llevando a cabo prácticas consistentes con los mismos.

De manera que una cultura política y una convivencia democrática basada en los principios de la democracia y de los derechos humanos contribuyen a la estabilidad y al buen funcionamiento de la democracia, y también mejoran el acceso a los derechos y al desarrollo humano de las personas en lo individual. Estas razones vuelven suficientemente importante que se continúe actualizando el estudio de la cultura política como factor de mejora de la calidad de la democracia y conocer en dónde nos encontramos en este sentido en las mediciones estadísticas, pues los derechos no se encuentran garantizados solo por la pertenencia formal al Estado Nación pues, como vemos en la práctica diaria, su ejercicio está condicionado por razones de género, opción sexual, clase social, diferencia étnica y cultural, entre las más conocidas.

Este artículo pretende ser una aportación al conocimiento y análisis de la cultura política en América Latina y en México. Es producto de una investigación sobre el tema en los diferentes ámbitos y dimensiones del concepto de cultura cívica, así como el análisis de esas dimensiones y ámbitos con datos compilados de las principales encuestas de cultura política de México y América Latina publicadas en los últimos 10 años. De modo que se parte de una definición histórico conceptual y multidimensional acerca del significado del concepto de cultura política democrática identificando las diferentes dimensiones que comprende, y se presentan resultados de estudios e investigaciones de cultura política en América Latina y en México en tres dimensiones de análisis: 1) comprensión y aprecio por la democracia y sus instituciones; 2) convivencia democrática (democracia como forma de vida y respeto a los derechos humanos) y 3) participación de la ciudadanía en la mejora de los asuntos públicos.

 

Historia del concepto de cultura cívica y diferentes dimensiones de estudio acerca del significado de la cultura política democrática

Es ampliamente conocido que el texto pionero de los estudios de cultura política en la Ciencia Política contemporánea fue La cultura cívica: actitudes políticas en cinco democracias, de Gabriel Almond y Sidney Verba, publicado en 1963.Este documento fue importante porque inició un enfoque psico-cultural para explicar la vinculación entre la existencia de valores cívicos y democráticos en la población y el buen funcionamiento del sistema e instituciones democráticas. Para obtener estos resultados estos autores tomaron elementos de estudio y análisis de la psicología, la sociología y la antropología.

De acuerdo con este enfoque, la cultura política se define como el conjunto de sentimientos, creencias y valores que tienen las personas hacia los principios, procesos e instituciones de la democracia, el sistema político, la participación ciudadana, las actitudes hacia los partidos, las elecciones, qué tanto los ciudadanos se preocupan e informan de política, entre otros. Además, Almond y Verba distinguían entre cultura política democrática y no democrática e identificaron fundamentalmente tres tipos de cultura política: la cultura política parroquial, la cultura política de súbditos y la cultura política de participación o cívica, esta última indispensable para el buen funcionamiento de la democracia (Almond y Verba, 2007: 178-193).

Retomando un enfoque estructuralista, se observó funcionalmente la relación entre ciertas estructuras políticas, socio-económicas, étnico-culturales y religiosas y la estabilidad de la democracia (Almond y Verba, 1989: 26 y 27).Asimismo, sus estudios constituyeron los primeros intentos por realizar indicadores y medir empíricamente (p. ej. encuestas) las creencias y valores de los ciudadanos de los países estudiados. En el auge de la preocupación por el derrumbe de las democracias observado en los totalitarismos y fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX, Almond y Verba inauguraron esta rama de estudios en la Ciencia Política, y hoy la medición empírica y el análisis de la cultura política se han convertido en tareas permanentes para la disciplina en las sociedades democráticas.

Hacia los años ochenta, la conceptualización de la cultura política se concentra en las creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones internalizadas hacia el sistema político por una parte de la población o por la mayoría de ella. Su estudio se enfocó en la distribución de patrones de orientación psicológica y cultural hacia las cuestiones políticas y hacia el sistema (Peschard, 2003). Se observa, por ejemplo, de qué manera la cultura política repercute en patrones de poder y dominación de la sociedad. Se analiza que la cultura y ciertos patrones de dominación cultural pueden convertirse en nuevas formas de dominación de unos colectivos de la sociedad sobre otros.  

Hacia los años noventa, autores como Ronald Inglehart estudian la necesidad de condiciones previas para el cambio de la cultura política, como la modernización socio-económica (urbanización, liberalización de la economía) y socio-cultural (liberalización frente a la tradición o la religión, por ejemplo, régimen de respeto a las libertades individuales) (Inglehart y Welzel, 2005: 15-47).

En los noventas, la cultura política de los diferentes países se comienza a medir de manera sistemática en casi todas las democracias, particularmente a partir de las olas de transición a la democracia desde regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios. Se observa hasta qué punto los ciudadanos comprenden el valor de la democracia y de sus instituciones y procedimientos y les otorgan su aprecio y lealtad, frente a opciones autoritarias de gobierno.

También, a partir de los años noventa, como parte de los procesos de democratización y de liberalización de algunas sociedades se toman en consideración en las mediciones el compromiso de los ciudadanos con los principios y valores democráticos y el compromiso con la igualdad de derechos para todos, sin discriminación, en un marco de diversidad y pluralismo (Woldenberg y Salazar, 1997).

En los últimos años este tipo de comportamientos a favor de una convivencia democrática, respetuosa de los derechos humanos sin discriminación, y promotora de una cultura de la no violencia se mide como parte de los sistemas de valores que permiten relaciones y formas de convivencia más democráticas y promotoras del respeto por la libertad, el pluralismo y la diversidad, el desarrollo humano, la autonomía y la calidad de vida de las personas (Inglehart y Welzel, 2005: 135-145).  

En los últimos años se han continuado integrando diferentes dimensiones al estudio de la cultura política, mostrando la complejidad del concepto de cultura cívica, así como los retos y desafíos en la construcción de una cultura democrática. Una dimensión fundamental es la cultura de la legalidad democrática, que implica la comprensión y aceptación por parte de los ciudadanos de las instituciones, procedimientos y leyes que hacen posible el acceso pacífico y competido por el poder, las instituciones de la democracia y las leyes y procedimientos que la garantizan, incluyendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Pero también una cultura de la legalidad democrática comprende una cultura de los derechos humanos en donde los ciudadanos se encuentren habituados a sujetar sus acciones y prácticas al marco regulatorio de estos derechos, llevando a la práctica estas reglas en su comportamiento cotidiano en los diferentes contextos de acción (Jarés, 2008: 17-45).

En este sentido, a mayor cercanía y afinidad de la cultura política con los valores del autoritarismo, por ejemplo, entornos violentos o con amplias carencias en la cultura de la legalidad, imponen una menor calidad de vida y, al contrario, entre las acciones se sitúen más en congruencia con un sistema de valores democráticos y su observancia, así como las del Estado de Derecho democrático, mayor es la posibilidad de desarrollo humano en diferentes capacidades humanas (Nussbaum, 2002: 42).

La calidad de la convivencia democrática se encuentra determinada porque las personas sean capaces de vivir conforme a los principios del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho democrático, tales como la libertad, la tolerancia, el respeto por la dignidad, la diversidad y el pluralismo, la participación, el reconocimiento efectivo a la igualdad de derechos y libertades sin discriminación (Jarés, 2008: 20-46).Crear ambientes donde las personas se guíen por principios y valores democráticos en sus distintos entornos de la vida cotidiana, por ejemplo, sería uno de los retos más importantes de la educación (Jarés, 2008: 20-46).

Por último, para el buen funcionamiento de la democracia, la mejora de su calidad y perfeccionamiento es necesario que los ciudadanos se encuentren habituados a la participación política. Es el ejercicio continuado de los derechos políticos por parte de los ciudadanos para exigir y demandar ante el gobierno, participar en la toma de decisiones, supervisar las mismas y obligar a los gobernantes a rendir cuentas lo que promueve que la democracia funcione atendiendo hacia los gobernados y los ciudadanos(Dahl, 2006: 56; Sartori,1989: 366-382). Una cultura de la participación es indispensable para sostener cualquier democracia y hacer que funcionen sus mecanismos y controles (Touraine, 1995: 201-226).

Por otro lado, en cuestión de derechos y libertades, si no estamos dispuestos a participar ante situaciones de sujeción e injusticia tanto propios como ajenos, los controles legales de la democracia pueden sencillamente no funcionar (Skinner, 2005: 4-8). El Estado de Derecho se sostiene en una cultura de la legalidad que impida los abusos, las injusticias y las violaciones a los derechos fundamentales e impida la impunidad.

 

Las tres dimensiones de análisis para América Latina y México

Derivado de esta historia y análisis de las diferentes significados de una cultura cívica y democrática, se han revisado las principales investigaciones empíricas basadas en encuestas sobre cultura política en América Latina y México con el fin de obtener un diagnóstico en tres dimensiones de análisis, que son: 1) Comprensión y apoyo de los ciudadanos a la democracia y sus instituciones; 2) Convivencia democrática (valores autoritarios o democráticos que favorece la sociedad para la convivencia); y, 3) Participación y ciudadanía (compromiso con los asuntos públicos).

Estos rubros de análisis surgen al analizar la cultura democrática como un fenómeno multidimensional. Al seguir la evolución conceptual e histórica de la idea de cultura cívica en la Ciencia Política se observan diferentes dimensiones que coadyuvan a comprender factores vinculados con la construcción de una ciudadanía democrática capaz de llevar los principios de la democracia más allá de lo formal y convertirlos en una práctica cotidiana de respeto, valores democráticos y legalidad. Algunos de los principales factores en los que se debe de trabajar para mejorar la calidad de la democracia en América Latina son: Estado de Derecho, ejercicio efectivo de los derechos y libertades por parte de los ciudadanos, rendición de cuentas y responsabilidad y mayor participación ciudadana (IFE-COLMEX, 2014). De ahí que las siguientes dimensiones de análisis y datos recabados sean pertinentes para realizar un diagnóstico más concreto y específico sobre los retos en materia de creación de cultura democrática y mejora de la calidad de la democracia:

1)                 Comprensión y apoyo de la democracia y sus instituciones: Es común en nuestro país y América Latina que se considere que la democracia existe cuando se llega al poder por medio de elecciones populares y competidas y se pierde de vista que es un sistema político que también se define como una serie de instituciones y procedimientos, como la división de poderes o el Estado de Derecho que cuando son violentados originan abusos de poder. En la cultura política latinoamericana existen fuertes deficiencias en materia de cultura de la legalidad. Tampoco se suele comprender qué instituciones son consustanciales a la democracia, su significado, lógica e importancia, por lo que la población otorga en la mayoría de los casos más confianza a instituciones autoritarias o con fines empresariales como son la televisión, el ejército o la Iglesia, en vez de a instituciones como las escuelas y los congresos que parten de principios más democráticos. Otro gran reto es generar una cultura de la legalidad democrática basada la igualdad ante la ley, sin discriminación, y una cultura de los derechos humanos que constituyen pilares fundamentales de la democracia. Este tipo de prioridades deben ser tomadas en consideración para el currículum educativo de manera que se busquen paliar las deficiencias.

2)                 Convivencia democrática (valores autoritarios o democráticos que favorece la sociedad): El vínculo que existe entre los derechos y la democracia y, en este sentido, la importancia de la convivencia democrática para generar condiciones de libertad, ejercicio de derechos y desarrollo humano en las personas son indispensables de comprender y llevar a la práctica. En los entornos de las personas y de convivencia, aún prevalecen importantes prejuicios y estereotipos hacia colectivos de la población como las niñas y niños, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, los discapacitados, entre otros, que se convierten en verdaderas fuentes de discriminación y obstrucciones a sus derechos, por lo que la consolidación de una cultura democrática implica la protección efectiva de los derechos fundamentales. Otra definición de democracia es ser “un sistema de derechos” (Beetham, 1999) y el llevar esto a la práctica está vinculado con una sólida cultura de la legalidad que se muestra en la convivencia cotidiana;  es decir, ejerciendo la democracia como forma de vida.

Por otro lado, la convivencia democrática implica que se resuelvan las diferencias y conflictos por medio del diálogo, la racionalidad, la tolerancia, el respeto por la libertad y el pluralismo, frente a sentimientos irracionales y creencias dogmáticas e intolerantes, así como la resolución de conflictos y diferencias por medio de la violencia. En América Latina no nos caracterizamos porque la convivencia se rija con base en los principios y valores de la democracia y de los derechos humanos. Hemos avanzado en las últimas décadas, pero falta todavía transformar mucho más la cultura para ser sociedades más regidas por esos principios y valores democráticos y de los derechos humanos, lo que nos permitirá mejorar el ejercicio efectivo de derechos y un mejor desarrollo humano. Debe considerarse que estas cuestiones no solo impactan en la mejora de la calidad cívica de la democracia, sino también en la calidad de vida de los ciudadanos.

3)                 Participación y ciudadanía (compromiso con los asuntos públicos): Ninguna democracia puede sostenerse sin la participación de sus ciudadanos. El hecho de que existan democracias, significa también que existen ciudadanos no sólo en la letra formal, sino también en la práctica, capaces de participar con compromiso cívico para la mejora de los asuntos públicos o para exigir la rendición de cuentas del gobierno. Sin ciudadanos que estén dispuestos a participar para exigir, demandar y supervisar no funcionan bien los controles y sistemas de rendición de cuentas propios de la democracia. Las transiciones a la democracia en América Latina han abierto múltiples vías y espacios para la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y rendición de cuentas del gobierno desde los niveles locales hasta los parlamentarios y en la elaboración de las políticas públicas. Aun así la participación ciudadana para la resolución de los problemas colectivos sigue siendo baja en toda la región. Un ejemplo de ello es la poca calidad ciudadana para exigir y demandar la resolución de violaciones a los derechos humanos o demandar que no impere la impunidad en este tema.

 

Estudios empíricos consultados:

En lo que sigue se presentan los datos que arrojan diferentes encuestas y estudios sobre cultura política en América Latina y México, incluyendo los más importantes y actuales, tales como el Latinobarómetro para América Latina, el ENCUP para México y se compilan resultados del reciente estudio elaborado en México por el Instituto Federal Electoral y el Colegio de México titulado Informe país sobre La calidad de la ciudadanía en México (2014). Las encuestas y estudios de los cuales se han obtenido los datos empíricos para el análisis de las dimensiones seleccionadas en la investigación son los siguientes:

 

Latinoamérica:

2004: La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2010: Nuestra Democracia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2010: Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Consorcio de investigadores de diferentes universidades de América Latina.

2011, 2013: Informe de Resultados. Latinobarómetro.

 

México:

2014: Informe país sobre La calidad de la ciudadanía en México, Instituto Federal Electoral-Colegio de México.

2012: Encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, Secretaría de Gobernación-Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática.

2008: Encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, Secretaría de Gobernación.

2010: Encuesta nacional sobre discriminación en México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

2007: Encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano de la Juventud.

 

Resultados de acuerdo a las tres dimensiones de análisis de este estudio:

1)      Comprensión y apoyo de la democracia y sus instituciones.

Como se mencionó anteriormente, esta dimensión de la cultura cívica es importante pues se vincula con la estabilidad y el buen funcionamiento de la democracia. Se enumeran y agrupan los datos relativos al conocimiento y apoyo de los ciudadanos latinoamericanos y mexicanos a la democracia y sus instituciones; particularmente, la comprensión sobre la función de las instituciones democráticas, cuáles son instituciones democráticas y cuáles no, así como los límites legales e institucionales al poder que la democracia permite. Se describen también los niveles de confianza de los ciudadanos hacia instituciones democráticas y no democráticas.

 

Latinoamérica:

2004:

 

Tabla 1: Actitudes específicas relacionadas con la comprensión y apoyo por la democracia en América Latina

% de la muestra total de 18 países de AL: PNUD

Están de acuerdo con que el presidente vaya más allá de las leyes

42,8

Creen que desarrollo económico es más importante que democracia

56,3

Apoyaría a un gobierno autoritario si resuelve problemas económicos

54,7

No creen que la democracia solucione los problemas del país

43,9

Creen que puede haber democracia sin partidos

40,0

Creen que pueda haber democracia sin un Congreso nacional

38,2

Están de acuerdo con que el presidente ponga orden por la fuerza

37,2

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004, p. 131.

 

2010:

Tabla 2: Actitudes específicas relacionadas con la comprensión y apoyo a la democracia y sus instituciones

% Mínimos y máximos continente americano: LAPOP (En esta medición se incluye Estados Unidos).

Apoyo al régimen democrático

60.1 – 86.2 %

En momentos difíciles, apoyaría cierre de Congreso

3.8 – 31.%

En momentos difíciles, apoyaría que Presidente limite a la oposición

23.5 – 48. 3%

En momentos difíciles, apoyaría que presidente ignore decisiones de la Corte

29.7 – 42.2 %

Fuente: Proyecto de Opinión Pública para América Latina (LAPOP), 2010.

 

 

2011:

Tabla 3: Actitudes específicas relacionadas con la comprensión y apoyo por la Democracia y sus instituciones

% Mínimos y máximos Latinoamérica: Latinobarómetro.

Apoyo al régimen democrático

36 - 77%

Reconoce que no puede haber democracia sin Congreso

40 - 80%

Reconoce que no puede haber democracia sin partidos

58% promedio

Confianza en instituciones como:  Iglesia

64%

                                                       Televisión

48%

                                                       Bancos

43%

                                                       Fuerzas armadas

39%                       promedio

                                                       Empresa privada

38%

                                                       Policía

33%

                                                       Parlamentos/Congresos

32%

                                                       Partidos políticos

22%

Fuente: Latinobarómetro, Informe 2011, p. 29, 42, 48.

 

 

Tabla 4: Democracia es preferible a gobierno autoritario, por países (América Latina):

Medición Latinobarómetro 2011 y 2013:

Latinobarómetro 2011

 

 

Latinobarómetro 2013

 

Venezuela

77 %

 

Venezuela

87%

Uruguay

75

 

Argentina

73

Argentina

70

 

Uruguay

71

República Dominicana

65

 

Chile

63

Costa Rica

65

 

Ecuador

62

Bolivia

64

 

Bolivia

61

Chile

61

 

República Dominicana

60

Ecuador

61

 

Perú

56

Panamá

60

 

Costa Rica

53

Perú

59

 

Colombia

52

Colombia

55

 

Nicaragua

50

El Salvador

54

 

Paraguay

50

Paraguay

54

 

El Salvador

49

Nicaragua

50

 

Panamá

49

Brasil

45

 

Brasil

49

Honduras

43

 

Honduras

44

México

40

 

Guatemala

41

Guatemala

36

 

México

37

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2011, p. 38 y 2013, p. 24.

 

Como se puede observar, el apoyo a la Democracia en América Latina es deficiente en muchos países, pero particularmente preocupante es el caso de México que en estas últimas mediciones del Latinobarómetro (años 2011 y 2013) se ubica en penúltimo y último lugar, con 40 y 37% de apoyo, respectivamente. Este dato es alarmante porque implica un grave desconocimiento de las ventajas de la democracia, por ejemplo, frente al autoritarismo[2], así como de sus características e instituciones por parte de la población.

Otros datos preocupantes son que las instituciones de la democracia tengan apoyos insuficientes para un buen soporte ciudadano y que instituciones autoritarias como el ejército, la iglesia, o bien mercantiles, como la televisión y los empresarios, tengan más confianza en la población que instituciones como los partidos, los congresos o los sindicatos, que son instituciones vinculadas con la democracia y con la representación ciudadana.En lo que sigue se detalla la situación de apoyo a las instituciones de la democracia en México:

 

México:

Tabla 5: Actitudes específicas relacionadas con la comprensión y el apoyo a la Democracia y sus instituciones en México

%

Año

Medición

Apoyo a la democracia

40%

60%

2011

2008, 2012

Latinobarómetro

ENCUP

Apoya el Estado de Derecho

61%

2010

LAPOP

En momentos difíciles, apoyaría cierre de Congreso

17%

2010

LAPOP

En momentos difíciles, apoya que Presidente limite a oposición

41.2%

2010

LAPOP

En momentos difíciles, apoyaría que Presidente ignore decisiones de la Corte

36.5%

2010

LAPOP

Se siente cercana a un partido político

40%

2011

Latinobarómetro

Está de acuerdo o muy de acuerdo en que la democracia es peligrosa porque puede causar problemas

42%

2012

ENCUP

De acuerdo o muy de acuerdo en que el país iría mejor si fuera gobernado por líderes duros

43%

2012

ENCUP

De acuerdo o muy de acuerdo con que el Presidente controle los medios de comunicación ante problemas serios

32%

2012

ENCUP

 

Tabla 6: Confianza en instituciones. Instituciones mejor y peor evaluadas por la población en México

Mejor evaluadas Peor evaluadas
Médicos Sindicatos
Iglesia Diputados
Maestros Senadores
Ejército Partidos políticos
Televisión Policía

 

En el caso de México también se observan características preocupantes de la cultura política hacia la democracia, por ejemplo, se observa una muy deficiente cultura de la legalidad, pues en lo formal solo el 60% apoya el Estado de Derecho cuando se le pregunta acerca de ello. Así también, la división constitucional de poderes, cuyos fines asegurar la legalidad y establecer contrapesos al poder no son suficientemente comprendidos, ni defendidos por los ciudadanos frente a manifestaciones dictatoriales del poder. Por último, el ejército, las iglesias y los medios de comunicación tienen más credibilidad entre los ciudadanos que los congresos, los partidos y los sindicatos.

 

            2) Valores y principios en la convivencia (Valores y principios autoritarios o democráticos que favorece la sociedad. Incluye cultura de la legalidad y de los derechos humanos).

            Este factor o dimensión de análisis de la cultura política refiere al respeto por los derechos de las personas, por lo cual es central en la construcción de una cultura más igualitaria y democrática, capaz de someter en la práctica los comportamientos al ámbito restringido de los derechos fundamentales y construir una cultura política necesaria para su protección y garantía efectiva. Además de ello, construir una cultura fundamentada en los derechos humanos tiene consecuencias en la calidad de vida y el desarrollo humano de las personas, pues los contextos de convivencia más sanos están caracterizados por el respeto y el diálogo en la resolución de conflictos (no violencia). El llevar a cabo los principios y valores democráticos en la convivencia posibilita que prevalezcan prácticas basadas en los principios de libertad, transparencia, tolerancia, respeto por el pluralismo y la diversidad, derechos humanos, equidad en el acceso a derechos y libertades (igualdad ante la ley) en los entornos donde viven y se desarrollan las personas.

 

Latinoamérica:

Tabla 7: Actitudes específicas relacionadas con los valores y principios para la convivencia

% AL

Año

Medición

Escala de discriminación (percepción de discriminación entre la población)

34-59%

promedio 45% AL

2011

Latinobarómetro 40-50

Escala de discriminación por sexo

44% promedio

2011

Latinobarómetro

Escala de discriminación por raza

36% promedio

2011

Latinobarómetro

Libertades y protecciones constitucionales garantizadas

Percepción 30-77% varía según qué libertades

2011

Latinobarómetro 45-59

Tolerancia política con la oposición y disidencia

56.9% promedio

2010

LAPOP

Tolerancia hacia las minorías

16.5-49.1%

2010

LAPOP

Minorías se consideran amenazas

24.5–49.1%

2010

LAPOP

Confianza interpersonal

43.2–70.2%

2010

LAPOP

Participación de las mujeres en las Cámaras Alta y Baja

19-20%

2010

LAPOP

 

En América Latina observamos que aún prevalece una alta tasa de percepción de la discriminación, así como conductas de intolerancia frente a la diferencia, particularmente preocupante si se cuenta aún con una amplia franja de población que no tiene tolerancia por las minorías o considera a éstas una amenaza. Esto implica que la convivencia en la región aún conlleva una dosis importante de vínculos caracterizados por la intolerancia, el no respeto a la diferencia y al pluralismo, el no reconocimiento del otro, así como la sospecha frente a lo diferente.

 

México:

Tabla 8: Actitudes específicas relacionadas con los valores y principios para la convivencia en México

% mexicanos

Año

Medición

Tiene claridad de que un régimen democrático es mejor que uno autoritario.

61%

2008

ENCUP

Responde que no deben sacrificarse libertades individuales a cambio de beneficios económicos.

56%

2008

ENCUP

No aceptaría que viviera en su casa una persona homosexual.

45%

2011

ENADIS

No aceptaría que viviera en su casa una persona con VIH.

40%

2011

ENADIS

No aceptarían vivir con una persona con ideas distintas o provenientes de otra cultura. 

25%

2011

ENADIS

Mujeres aún avisan o piden permiso a sus esposos o padres por quien votar.

20%

2011

ENADIS

Noviazgos adolescentes en los que se declara la existencia de violencia física

15%

2007

ENVINOV

Noviazgos adolescentes en los que se declara la existencia de violencia psicológica y simbólica.

76%

2007

ENVINOV

Conoce poco o nada sus derechos constitucionales

95%

2002

ENCUP

 

En México también son preocupantes aún las actitudes de intolerancia hacia las personas con ideas distintas, o que tienen otras religiones, culturas o preferencias sexuales diferentes, notándose todavía un rechazo y estigmatización hacia grupos específicos de la población. En torno a la diferencia de género, todavía las inequidades en materia de igualdad política son importantes. El último dato es tanto relevante como preocupante, pues en México aún muy pocas personas conocen sus derechos constitucionales (5%).Este dato nos confronta con una realidad complicada para la construcción de una cultura política que reconozca y proteja derechos fundamentales y que permita una mayor garantía y exigencia a las instituciones y aspectos formales de la legalidad democrática.

3) Participación política y ciudadanía (compromiso con los asuntos públicos).

Otro rubro que nos ofrece información para analizar la calidad de la democracia es si se cuenta o no con una ciudadanía participativa y comprometida con el buen desempeño de los asuntos públicos de su entorno, su comunidad, su país y su mundo. El mundo contemporáneo ofrece innumerables distractores hacia la vida privada y poco compromiso con lo público y con un sentido cívico. Sin embargo, la participación de los ciudadanos para exigir y demandar ante el gobierno, así como en las decisiones públicas y la rendición de cuentas es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, porque permite que cuente en mayor medida la voz de los ciudadanos en las decisiones públicas y que funcionen mejor los límites al poder consustanciales al gobierno democrático, limitando los abusos, injusticias e impunidades en las violaciones al Estado de Derecho.

Para la defensa de los derechos fundamentales es necesario el compromiso de los ciudadanos con la participación para la protección de los derechos propios y de los demás, de manera que pueda construirse una sociedad más protectora de los derechos de las personas.

 

Latinoamérica:

Tabla 9: Actitudes específicas relacionadas con la participación y la ciudadanía en América Latina

% AL

Año

Medición

Porcentaje de participación en la población

13.6–26.1%

2010

LAPOP

 

Tabla 10: Prácticas indispensables para ser considerado ciudadano entre la población latinoamericana:

Votar 66%
Pagar impuestos 47%
Obedecer las leyes siempre 42%
Solidaridad con otros ciudadanos 37%
Responsabilidad medioambiental 18%
Participan en organizaciones sociales 18%
Participan en organizaciones políticas 12%
Servicio militar 13%
Fuente: Latinobarómetro, Informe 2011, p. 43.

 

México:

Tabla 11: Actitudes específicas relacionadas con la participación y la ciudadanía en México

% mexicanos

Año

Medición

Ciudadanos mexicanos nunca se han asociado en favor de una causa o en defensa propia.

90%

2008

ENCUP

 

Tiene poco interés en la política

65%

2012

ENCUP

Considera muy difícil organizarse con otros ciudadanos

44%

2012

ENCUP

Considera que el voto es el único mecanismo para incidir en la política

80%

2012

ENCUP

Se informa sobre política a través de la televisión con más frecuencia

76%

2012

ENCUP

Poco interesados en los problemas de su comunidad

57%

2012

ENCUP

 

En estos últimos datos, se recupera información breve, por el espacio disponible, pero relevante en la construcción democrática que es la participación y la capacidad asociativa de los ciudadanos. En América Latina observamos todavía que franjas minoritarias de la población son las que se interesan por la política y actúan en consecuencia asociándose y participando a favor de los asuntos públicos. En México observamos que un 90% de la población no suele organizarse para exigir ante las autoridades gubernamentales o para defender sus derechos y prerrogativas legales, lo cual no permite que funcionen de mejor manera los mecanismos de exigencia y rendición de cuentas del poder hacia los ciudadanos. Además, un 80% considera que sólo puede incidir en política por medio de emitir su voto en los procesos electorales, lo cual denota desconocimiento por parte de la población de las vías legítimas para su participación política en una democracia, cuya participación en este sentido mejoraría la calidad democrática de las instituciones.

 

Conclusiones

Hemos visto en este artículo que el estudio de la historia y el análisis conceptual acerca de lo que significa la cultura cívica desde una visión de ciudadanía integral o sociológica y no solo formal, ha permitido observar que su significado hoy comprende una serie compleja de factores y variables que van desde el apoyo a la democracia y sus instituciones, una cultura de la legalidad basada en los derechos humanos y la aplicación de los principios democráticos a todos los espacios de convivencia en los que se participa. De manera que a partir de esta historia conceptual se definieron dimensiones de análisis de la cultura política en América Latina y México, cuyos resultados son los siguientes:

            1) La comprensión y el apoyo de los latinoamericanos a la democracia y sus instituciones, si bien no ha empeorado en los últimos años tampoco existen mejoras sustantivas. Existen fuertes insuficiencias en la comprensión de las instituciones de la democracia y se tiene más confianza en instituciones como los ejércitos, los bancos, las televisoras y las iglesias, que en los Congresos, la administración pública y los partidos políticos. Por los datos que se observan todavía entre un 3% y un 31% de la población latinoamericana podría apoyar opciones autoritarias, lo cual si bien no es determinante para la preservación de la democracia, si es un factor importante para su estabilidad y apoyo por parte de la población. En el caso de México, las mediciones existentes varían en un rango de 40% a 60% de apoyo a la democracia entre los ciudadanos. La encuesta de Latinobarómetro de 2011 y 2013 es preocupante ya que coloca a México en penúltimo y último lugar en América Latina en lo que corresponde al apoyo a las instituciones democráticas. Además, sólo un 61% apoya el Estado de Derecho y un 42% estaría de acuerdo con que el Presidente limite a la oposición en momentos de crisis, o bien un 17% al Congreso. Observamos pues diversas actitudes autoritarias hacia las instituciones y límites al poder de la democracia extendida en la población.

En lo que se refiere a la 2) convivencia democrática, se observan también inclinaciones autoritarias por parte de segmentos de la población que no presentan principios democráticos de convivencia, como la libertad, la tolerancia, el respeto por la diversidad, el respeto del marco de los derechos humanos universales, sin discriminación. En América Latina existe una percepción de discriminación elevada que obstruye y distribuye oportunidades y privilegios. Un foco rojo en América Latina es la tolerancia con la disidencia y con las minorías. Ésta no alcanza al 60% de los latinoamericanos y las minorías diversas todavía se consideran una amenaza hasta en un 49% de la población. En el caso de México, también observamos patrones similares. Todavía entre un 30% y un 40% de la población mexicana muestra intolerancia hacia la convivencia con otros grupos diversos de población. Por ejemplo, 25% de la población no vivirían con personas que piensan distinto, con ideas diferentes;40% no viviría con un homosexual; 45% no compartiría su casa con una persona infectada con VIH, y apenas un 56% afirma que no se deben sacrificar las libertades individuales. Además, 95% de la población no conoce sus derechos constitucionales con lo cual no tiene las herramientas necesarias para defender los propios y comprender el respeto por los derechos de los demás.

Por último, en lo que respecta a la 3) participación ciudadana observamos que tanto la sociedad latinoamericana como la mexicana se informan y participan poco en política y, si se informa, es por medio de la televisión. En el caso de México es preocupante observar que 76% se informa de política a través de la televisión y que sólo el 10% de la población ha participado en su vida para defender alguna causa propia o colectiva, o para defenderse de algún abuso/injusticia; mientras que en América Latina los porcentajes oscilan entre un 13% y 26% de participación de los ciudadanos en la política y los asuntos públicos. También es de notar que una gran franja de ciudadanos latinoamericanos, 66%, considera que el voto es el único mecanismo para incidir en política, existiendo un desconocimiento sobre las libertades y derechos políticos fundamentales, así como los mecanismos legales existentes para la participación ciudadana. En México este mismo dato alcanza el 80%.

De manera que los retos para consolidar una cultura política democrática en América Latina aún son complejos, pues van desde crear una cultura de la comprensión y el aprecio por la democracia más extendida, de mayor participación y compromiso de los ciudadanos en los asuntos públicos, con una cultura de la legalidad y de la convivencia fundamentada en el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios y valores de la democracia. Para el caso de estos últimos, si apreciamos llevar a la práctica los derechos humanos, es indispensable que los ciudadanos estén dispuestos a guiar y limitar sus acciones conforme al marco de estos derechos, respetando el ejercicio de estos derechos en condiciones de equidad. Ello es indispensable para consolidar una cultura de la legalidad democrática propia del siglo XXI.

La educación es un recurso muy importante para cambiar la cultura política, pero también la sociedad y los entornos educan a las personas y las socializan en prácticas, creencias y actitudes. Estas prácticas no nacen por sí solas, sino que son aprendidas y existen tres factores fundamentales para formar en ciudadanía: El primero es, por supuesto, la educación formal de los estudiantes en las aulas de las escuelas, en donde en América Latina aún tenemos serias deficiencias para educar con calidad en este sentido, además de que la escuela educa para la ciudadanía o no de acuerdo con intereses o modas dominantes de la sociedad. Sin embargo, tan importante como el aula escolar pueden mencionarse otros dos ámbitos donde sucede la transmisión y aprendizaje de prácticas ciudadanas o no cívicas: la educación que reciben los estudiantes en sus entornos cotidianos de desarrollo y de convivencia, tales como el entorno escolar, la familia, la comunidad, la sociedad, los medios de comunicación y los ejemplos de vida que siguen los estudiantes. Estos factores son tan educativos como el aula escolar formal e igualmente importantes porque definen las prácticas reales que llevarán a cabo los estudiantes, incluso frente a sus propios discursos (Dewey, 2001: 17-22).

De hecho, en países como los nuestros lo que observamos con la cultura política es que los docentes y los estudiantes pueden asumir discursos más o menos democráticos, pero al observar que en la práctica existe una dualidad entre teoría y práctica o entre discurso y práctica, entonces estos reproducirán lo que observan que funciona en el entorno, aunque esto muchas veces los lleve a prácticas de simulación o doble discurso. Por otro lado, en nuestras sociedades donde domina el mercado, los estudiantes están muy expuestos a los valores de la publicidad y la televisión, mismos que siguen muchas veces de manera acrítica. En este sentido la educación cívica y para la democracia debe generar mayores compromisos y sinergias entre instituciones, sociedad y medios de comunicación para mejorar el buen funcionamiento de las instituciones, así como construir una sociedad protectora y respetuosa de los derechos humanos y los principios y valores de la democracia en los diferentes entornos de participación y desarrollo de las personas. Pero esa ciudadanía no se podrá generar tampoco sin desarrollo del pensamiento crítico, que no es criticar por descalificar, ni tampoco es buscar la individualización soberana y sin límites de los ciudadanos, sino una posición crítica hacia la autoridad y la obediencia, pero con los límites legales que limitan la acción de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. Como hemos observado, uno de los grandes problemas de nuestra cultura es precisamente que nuestros ciudadanos no observan los límites que impone una cultura de la legalidad y de los derechos humanos, por ello la importancia de que el entorno enseñe también la regulación de la conducta social respetando el marco de los derechos fundamentales.



Notas:

[1] Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestra en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science y Doctora en Teoría Política y Teoría Democrática por la Universidad Autónoma de Madrid. También realizó estudios posdoctorales en Ciencias Sociales y Humanidades en México y es experta en Educación. Ha publicado diversos trabajos en temáticas de Filosofía y Teoría Políticas; Estudios sobre la Democracia; Cultura Política; Derechos Humanos; Género; Educación Cívica y Ética; Violencia y Pensamiento Complejo, entre otros, tanto en México como en el extranjero. Entre los más recientes destacan: (2013) “El republicanismo cívico de Hannah Arendt: Democracia y ética” en Revista Estudios Políticos, FCPYS-UNAM y (2013) “La caracterización de la ciudadanía  democrática en el liberalismo político de John Rawls”, en Revista Democracias, CICSYH-UAEM. Su tesis de Licenciatura sobre el pensamiento político de Hannah Arendt fue galardonada y publicada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su trayectoria destaca haber tenido importantes responsabilidades a su cargo en los ámbitos de la Educación y en el ámbito de los Derechos Humanos, tiempo en el que también coordinó diversas publicaciones en materia de transformaciones educativas y en materia de derechos humanos. Ha sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Docente-Investigadora de Tiempo Completo en Multiversidad Mundo Real Edgar Morin.

[2] Existen diferentes niveles de autoritarismo en un sistema político desde la existencia de gobiernos autoritarios, hasta dictaduras y totalitarismos. En cada uno de ellos, el grado de terror y dominación ejercida sobre la población civil va escalando. Todos se oponen de diferentes maneras a una cultura de la legalidad democrática, que iría contra la raíz del autoritarismo mismo. Existe gran desconocimiento por parte de la población de estas cuestiones elementales acerca de la democracia.

 

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Cómo citar este artículo:

BAÑOS POO, Jessica, (2014) “Estado de la cultura cívica y democrática en América Latina y México”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 21, octubre-diciembre, 2014. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Viernes, 29 de Marzo de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1022&catid=14