Roberto Soto Esquivel[1]

Recibido: 28-08-2014 Aceptado: 26-09-2014

 

Introducción

Durante la década de los cincuenta hasta principios de los setenta del siglo XX, las políticas económicas en los países de América Latina y Caribe –ALyC- generaron un crecimiento sostenido y de largo plazo, lo anterior permitió que la región fuera la más desarrollada fuera del grupo de países industrializados. Sin embargo, varios factores hicieron que esta situación llegara a su fin, destacando dos: a) No haber cambiado decididamente el modelo de sustitución de importaciones por uno de desarrollo de exportaciones manufactureras que incentivara el encadenamiento productivo con el resto de los sectores, acompañado por un desarrollo tecnológico propio y, b) como consecuencia de la crisis de deuda externa en la década de los ochenta del siglo pasado, los países latinoamericanos implementaron políticas contraccionistas y de austeridad (política neoliberal) sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas.

Esto último transformó la forma de operar de los gobiernos en la economía cuyos objetivos de producción se encaminaron a satisfacer la demanda externa, lo que se refleja en la contracción del coeficiente de inversión, donde el desplazamiento de las inversiones del gobierno en infraestructura y la venta de las empresas públicas no corresponden con un incremento importante en la inversión privada en estos sectores (Vidal, 2008:43).

En este sentido, la estrategia económica ha tenido como característica principal: integración regional, apertura comercial y financiera, en algunas naciones se impuso la dolarización de sus economías (lo que significó pérdida de la soberanía monetaria), se adoptó una férrea disciplina fiscal y de precios de la fuerza laboral con el objetivo de controlar la inflación, entre otras medidas.

Los resultados inmediatos de estas políticas fueron: a) estancamiento, lo que dio origen a la llamada década pérdida de los ochenta, b) una serie de crisis económicas, financieras y políticas durante los noventa, c) proceso de desindustrialización, d) financiarización de la economía y, d) el incremento sostenido de los niveles de pobreza y desigualdad en prácticamente toda la región.

Siendo el mercado laboral donde más se ha reflejado las consecuencias de la política neoliberal. En particular Ros (2005:19) menciona que los aumentos registrados en el desempleo están estrechamente asociados a procesos de desindustrialización, junto con un pobre desempeño en términos de crecimiento económico que se ha tenido en los últimas décadas.

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Por lo anterior, la tesis que se sostiene en este artículo considera que la política económica neoliberal no ha permitido una adecuada distribución de la riqueza, debido a que sus postulados consideran al : a) mercado como el regulador de la economía y, b) gobierno interventor como el agente que imposibilita alcanzar los equilibrios macroeconómicos (mediante la conformación de entidades públicas monopólicas -energéticos, telecomunicaciones, etc.- y a través  de la represión financiera -fijación de tasas de interés y tipo de cambio o regulación al siste  ma financiero en general-, lo que provoca distorsión de los precios tanto de bienes como servicios, ocasionando escenarios de crisis.). En este sentido, la mundialización del capital, en la cual están inmersos los países de ALyC, y retomando a Serfati (2007), es un proceso global, fuertemente desigual y muy diferenciado, que ha afectado seriamente el proceso productivo y desarrollo nacional.

En el mismo sentido, Parguez considera que los gobernantes de los años ochenta son los esclavos de una visión del mundo, de una ideología que suscita falsos problemas (los déficit presupuestales que explicarían la elevación de las tasas de interés), para hacer olvidar los verdaderos problemas (entre ellos el desempleo). Esta ideología es la doctrina de la austeridad que se impone, tal como la inquisición, a todos los gobiernos y sus expertos (Parguez, 2013:160-161). El principio de la austeridad considera que el único nivel de empleo concebible es el que toleren los mercados, haciendo necesario que la competitividad se mantenga para que el mercado soporte un aumento del empleo.

Por tanto, como resultado de la austeridad se ha deteriorado las en el mercado laboral, condiciones sumado a la falta de políticas sociales que permitan el acceso a las personas a una red de seguridad amplia y eficiente; y siendo el empleo la principal fuente de ingresos de las familias en ALyC; se hace necesario tratar al desempleo con prontitud, porque según Lora y Márquez (1998), la falta de empleo, los bajos salarios y la posibilidad de quedarse sin fuente de trabajo son los principales problemas que enfrentan las personas en América Latina.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la situación del mercado laboral de manera general en América Latina y esbozar una política de empleo (es importante mencionar que sólo se busca señalar los principales rasgos de ésta) que permita contrarrestar las condiciones actuales de deterioro laboral y salarial a partir de alcanzar una mejor calificación de los trabajadores y mediante la fijación de un salario piso, que permita alcanzar condiciones de vida más digna de la población. Para ello se hará una breve descripción de las posiciones teóricas en relación a la generación del empleo, desde la posición neoliberal y heterodoxa. Se destacaran los principales resultados económicos y sociales de la política económica neoliberal y por último se presentarán algunos puntos de  una política de empleo alternativa heterodoxa las cual pueda ser aplicada en los países de ALyC aunque cada uno de ellos deben de adaptarla a sus condiciones particulares.

 

1. Posturas teóricas del mercado  laboral

Desde la perspectiva teórica neoclásica, en la cual se basa el neoliberalismo, el desempleo es generado por el incremento del salario real, lo que rompe el equilibrio walrasiano (oferta de trabajo es igual a demanda de trabajo), por tanto, para re-establecerlo es necesario eliminar las rigideces que provocan el aumento del salario real, éstas son: pensiones, jubilaciones, subsidios públicos, prestaciones sociales, sindicatos, etc. 

De tal forma, para poder cumplir con los preceptos teóricos,  la política neoliberal referente a los aspectos laborales ha pasado por diversas etapas. Una primera ha buscado garantizar la empleabilidad y la capacitación de los recursos humanos y hacer más eficiente la vinculación entre oferta y demanda de trabajo, es decir, alcanzar el equilibrio en el mercado laboral. Esto ha permitido: a) un abandono gradual de las políticas de creación directa de empleo en el mundo, b) la aparición de nuevas necesidades asociadas al cambio estructural y la existencia de discrepancias entre las oportunidades de empleo, las capacidades y habilidades de los recursos humanos existentes y, c) la mayor disponibilidad de apoyo financiero internacional a las políticas activas de capacitación.

Una segunda etapa trata de innovar, tanto en contenidos como en su marco institucional encargado de aplicarlas. Entre sus retos se encuentra el responder a las necesidades que plantea el sector informal. Se les ubica dentro de las políticas de segunda generación, de corte estructural, más que como políticas compensatorias de corto plazo, como era el caso de las políticas de creación de empleo temporal (Samaniego, 2012:13). Ejemplo de lo anterior es la conformación de outsourcing; es decir, empresas dedicadas a la subcontratación, que minan las condiciones laborales de los trabajadores.  Para lograr lo anterior el "Estado debe ajustar la estructura de la demanda doméstica a la estructura de la oferta doméstica en el largo plazo” (Parguez, 2010: 188). En este sentido, la política económica actual tiene entre sus objetivos el control de la inflación, entendiendo ésta como una caída a largo plazo del poder de compra del ingreso laboral, a raíz de un incremento  no compensado en los precios de la canasta de bienes de consumo acorde a las expectativas de largo plazo de los asalariados. Esto equivale a la depredación del trabajo, es decir, el salario real tiende a la baja, dado que el incremento de los salarios mínimos (aquel que permite satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social,  cultural y para proveer la educación básica a los hijos) es menor al incremento de los precios.

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Sin embargo, desde una visión heterodoxa se puede demostrar (con ayuda del principio de demanda efectiva) que para aumentar la ocupación no hace falta disminuir los salarios reales. Al contrario, su incremento provoca un alza de la demanda de  productos y por lo tanto, un aumento en la demanda de trabajadores sosteniéndose entonces el principio de una economía guiada por la demanda como concepto clave (Lavoie, 2005: 91).  Es decir, con el impulso en la creación de empleo, pero sin repercutir en el salario real, es posible generar efectos multiplicadores que permitan dinamizar la economía en forma sostenida y de largo plazo. Para ello se requiere la intervención del gobierno para reencauzar la economía hacia niveles cercanos al pleno empleo, ante la incapacidad de las fuerzas del mercado para lograr ese resultado por sí solas dado que éstas han provocado el incremento de niveles de desempleo, acompañado de empleos temporales o permanentes en condiciones precarias y  la pérdida de la seguridad social, teniendo consecuencias sociales muy importantes como son el deterioro de la capacidad de compra (disminución del salario real) y por tanto, la contracción del mercado interno (existe una correlación directa entre salario y consumo) y los efectos multiplicadores adversos que esto genere. 

Para llevar a cabo los principios heterodoxos enunciados se requiere que los países sean auto-determinados, es decir, como condición necesaria para el desarrollo, deben plantear un modelo que se aleje de la subordinación global (globalización que postula la poca actividad de  los gobiernos, favoreciendo la privatización y la liberalización), es decir transformar por completo la política económica vigente por una alternativa que permita mejorar las condiciones de vida de la población en su conjunto.

 

2. Algunos resultados socio-económicos del neoliberalismo

La misma política neoliberal señalaba en sus postulados algunas efectos adversos resultado de su implementación como son: equilibrio macroeconómico, contracción del ingreso real, moderación del crecimiento y aumento de la deuda externa (Williamson, 1990).

La evidencia empírica demuestra que lo anterior se ha cumplido, repercutiendo en el mercado laboral; si analizamos la información estadística de la CEPAL (2013), ALyC tuvo un nivel de deuda externa en el 2003 de 768 mil millones de dólares y para 2013 se ubicó en 1.22 billones de dólares. Países como Brasil, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú, Venezuela, han incrementado significativamente los montos de deuda, en cambio, Argentina, Bolivia y Ecuador, han disminuido sus montos de endeudamiento. Es decir, los países que han aumentado su endeudamiento han asegurado la transferencia de recursos a los acreedores financieros, lo que repercute en el financiamiento productivo doméstico (Pymes) y por tanto en la generación de empleo.

Siguiendo a la CEPAL (2012d), la región en su conjunto logró disminuir significativamente sus niveles de pobreza, pasando de un 43.5% en 2002 a un 28.8% en 2012, lo que representa de 225 millones a 167 millones de personas en el mismo periodo, aunque éste último dato es superior a los 136 millones de pobres que había en 1980. Sin embargo, según la CEPAL (2012d), éste comportamiento no es homogéneo, si bien, países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú muestran reducciones importantes, otras naciones como Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y México, han aumentado sus niveles de pobreza e indigencia en los últimos años. Por último, otras naciones como Chile no han mostrado variaciones significativas.

Pero si analizamos la equidad, ALyC es considerada como la región más desigual del mundo (González y Martner, 2012), tal como lo indica el índice de Gini, el cual no registró variaciones significativas en el tiempo, pasando de 0.54 en el periodo 1985-1990 a un nivel de 0.50 en 2010. Esto puede ser explicado en parte, si estudiamos la profundidad del gasto social, el cual no se ha incrementado significativamente (gasto social/gasto total), manteniéndose en un nivel del 62% desde el 2003 hasta el  2012, lo que explica en parte este proceso de desigualdad y de austeridad mencionado en el primer apartado de este artículo.

Es interesante destacar otros datos que permiten complementar la desigualdad social de la región (la información corresponde a 2011) como son:

a)  El hacinamiento, el cual en prácticamente todos los países de la región (CEPAL, 2012b), mantuvo los niveles más altos en el quintil 1 (4.71 personas por hogar) y el más bajo en el quintil 5 (3.11 personas por hogar).

b) En cuanto a la educación, prácticamente todos los países  tuvieron una cobertura en el primer nivel de enseñanza del 94%, aunque esta va disminuyendo considerablemente conforme avanza los niveles de enseñanza (en el tercer nivel se alcanza una cobertura del 40%, aunque debemos destacar el caso de Cuba que alcanza niveles de 80%, siendo el único que supera la profundidad del gasto del 10% -gasto total en educación/PIB)

c) En salud, debemos destacar que la población en general se sitúo por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria, donde el promedio en ALyC fue de 8%, pero hay países que se encontraban por encima de esté promedio como Colombia -13%-, Bolivia -24%-, Ecuador -18%, Nicaragua y Paraguay -20%- y Guatemala -30%-.

Es evidente que estos indicadores están estrechamente relacionados con las variables relacionadas con el empleo, por ejemplo, ALyC tiene una media del 6.3% de tasa de desempleo (CEPAL, 2013), pero hay países que la superan como son: Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Jamaica y República Dominicana. Existe una constante en todos los países de la región, 1) la mujeres superan esta media, 2) los jóvenes entre 15 a 24 años son los que tienen mayor dificultad para encontrar trabajo y 3) en países como México, Bolivia, Colombia y Honduras, las oportunidades laborales se presentan en aquellas personas que tienen menores estudios que en las que tienen mayores estudios.

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Es importante destacar lo que CEPAL (2012a:11) menciona sobre la calidad del trabajo, si bien es cierto el empleo ha aumentado y en general el salario también, la calidad ha disminuido, caracterizando a la región como una economía terciarizada y con poco o nulo valor agregado, al respecto Weller menciona que una tendencia notable ha sido la profunda recomposición del empleo en América Latina, en cuanto a sus ramas de actividad. Diferentes estudios verifican la caída de la participación del empleo en la ag  ricultura y la industria manufacturera así como una elevada concentración de los nuevos puestos de trabajo en las ramas de actividad del sector terciario, lo anterior define el fenómeno de la desindustrialización, que ha afectado a ALyC principalmente desde el inicio del siglo XXI.

Según Weller (2006), el moderado crecimiento económico de los primeros años de la década de los noventa y el estancamiento desde finales de esa década hatsa lo que va del siglo XXI, ha afectado la evolución de los mercados de trabajo y en particular a los jóvenes, donde el nivel del empleo medido por la tasa de ocupación, ha mostrado un comportamiento claramente pro-cíclico, dado que entre 1990 y 2004, el promedio simple de la tasa de desocupación de 14 países latinoamericanos tuvo un crecimiento de 3%, muy por debajo de la oferta laboral requerida.

En síntesis, para la CEPAL (2012c), los elevados niveles de subempleo y empleo informal que existen en la región son la expresión más visible de la heterogeneidad y una fuente muy importante de inequidad. Si bien los niveles de pobreza han disminuido en forma moderada, la tasa de indigencia y desigualdad han aumentado debido a factores como el alza del precio de los alimentos.

Como resultado de este proceso, existe una falta de capacidad productiva que no ha logrado mantener un nivel de consumo interno sostenido, por lo que los niveles de bienestar e igualdad se han deteriorado considerablemente desde la década de los ochenta del siglo pasado. Es decir, resultados macroeconómico “favorables” o “exitosos” (al menos esa es la visión que tienen los que han impulsado este modelo de política macroeconómica), pero el impacto en la sociedad ha sido demoledor. Esto último se profundiza por el alejamiento del Estado en los aspectos básicos como son salud, educación,  infraestructura y en particular en lo relacionado con el empleo, tal como se ha mencionado en los apartados anteriores, ha sido resultado de la austeridad propuesta por la política neoliberal.

 

3. Esbozo de una  política nacional de empleo heterodoxa

El problema laboral en que se encuentran las economías de ALyC se ha profundizado por las reformas estructurales neoliberales que han provocado y agudizado la crisis económica y social. Por tanto, es necesario replantear el modelo y sus políticas económicas, sustituyéndolas por aquellas donde el gobierno cumpla sus funciones, entre las cuales se encuentra el poder dotar a la población de un empleo y salario digno que le permita cumplir con sus necesidades vitales.

La política laboral tienen que ver con todo el contexto económico y social de un país y está inmersa, implícita o explícitamente, en la conducción general de la política económica, social y en la estrategia misma del desarrollo, es decir, para poder plantear la solución al problema del empleo, será necesario aplicar diversas políticas que permitan complementar la que se plantea en este trabajo, en este ámbito sobresalen, entre otras, las políticas gubernamentales en materia de educación, salud y protección social (Samaniego, 2002:12),  las cuales comprenden una amplia gama de medidas e instrumentos de muy distinta naturaleza en los ámbitos económico, social e institucional que afectan el nivel y calidad del empleo (aunque no son todas, más adelante se destacaran otras).

Ante el escenario descrito, ¿Qué tipo de políticas deben ser empleadas para poder desacelerar el deterioro y la desigualdad en las condiciones de vida de la población en general? La respuesta no es sencilla, y depende de las características propias de cada país, pero lo que sí es prioritario, es la participación del gobierno para enfrentar los problemas. Este apartado busca aportar una posible solución al problema del desempleo, subempleo, empleo informal  y al empleo que no proporciona un salario digno, características comunes en los países de ALyC, tal como se ha descrito en los apartados anteriores.

En este sentido, es posible, con la intervención del gobierno, crear los empleos que se requieran para poder compensar los que el sector privado no genera, a partir del diseño de una política nacional de empleo heterodoxa (PNE), la cual debe debe influir, fundamentalmente, sobre la demanda de trabajo generada por la economía. Del lado de la oferta, requiere actuar a mediano y largo plazo sobre tendencias demográficas y comportamientos sociales.

Existen  algunos antecedentes recientes y similares de una PNE  a la que se plantea en este trabajo, como fue el caso en  Argentina donde se creó el programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el cual se describe en el recuadro 1:

 

Recuadro 1

En Argentina se diseñó un programa en el 2002 denominado Plan de Jefes y Jefas de Hogar desocupados, que tenía el propósito de garantizar el derecho social a un nivel de vida adecuado. Esto se lograría, según el gobierno, mediante la redistribución del ingreso entre quienes disponían de mayores ingresos hacia sectores sociales que menos tienen para contribuir a mayor equidad y promover un desarrollo económico sustentable (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2003).

Para ellos se otorgaría un pago económico a cambio de una serie de contraprestaciones que deberían realizar los beneficiarios, los cuales podrían ser: jefes y jefas de hogares desocupados con hijos menores a 9 años, para así asegurar la asistencia escolar de los niños y un mejor desarrollo en la salud. También serían acreedores al beneficio aquellos jefes de hogar cuya esposa y/o pareja estuviese embarazada y por último aquellos jóvenes desocupados o mayores de 60 años que no tuvieran acceso a otro programa.

Las fuentes de financiamiento serían mediante:

a) Recursos federales, b) reasignación o unificación de partidas presupuestales, c) ingresos impositivos y d) préstamos internacionales.

Según Neffa (2009), las problemas de este programa consistieron en que no se aseguró un acceso universal, donde el 75% de la población no reunía las condiciones para aplicar al programa; no aseguraba un empleo estable; no fue una política de empleo, tampoco fue un seguro de desempleo; tampoco promovió la redistribución de la riqueza, sólo fue una política de transferencia de ingresos.

La experiencia de Argentina nos muestra que uno de los grandes problemas de la implementación de políticas gubernamentales y públicas es la corrupción y la politización, por lo que se deberá dar un seguimiento por parte de entidades que permitan su transparencia y evitar los problemas suscitados en Argentina. Por otro lado este programa no fue universal, sólo estaba dirigido a los que encabezan los hogares familiares, el salario establecido era de subsistencia, contrario a lo que se plantea en la PNE (Tcherneva y Wray, 2005 y Kostzer, 2008).

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En cambio, para comprender mejor los aspectos básicos de la PNE que se plantea en este trabajo, describamos algunas de sus características principales:

• El gobierno actúa como el patrón de última instancia y contratará a todos los trabajadores que no pueden encontrar empleo en el sector privado, lo cual se sostiene con lo que afirma Minsky: El problema de la política consiste en desarrollar una estrategia para el pleno empleo que no produzca inestabilidad, inflación y desempleo. El instrumento principal de tal política es la creación de una demanda infinitamente elástica de trabajo a un salario base que no dependa de las expectativas de ganancia a largo y corto plazo de los negocios. Como sólo el gobierno puede deslindar de la oferta de empleo lo productivo de contratar trabajadores, el gobierno debe crear una demanda infinitamente inelástica de trabajo (Wray, 2006:305).

Es decir, la intervención gubernamental es fundamental, considerando que es el gobierno que tiene la facultad y las condiciones de generar una gran cantidad de empleos pero es importante aclarar que no busca sustituir ni competir con el sector privado, solo complementar. Otro punto fundamental de este punto es que se trata de empleos productivos y que requiera la economía, no se busca la i  neficiencia laboral.

• El salario será aquel que permita vivir en condiciones de dignidad humana y no busca competir  con el salario privado (Tcherneva y Wray, 2005:5). Lo que sí pretende es que el ingreso establecido en la PNE sea el verdadero salario mínimo, diferencia fundamental a lo establecido por los programas de empleo convencionales; para poder establecer un monto en particular, se debe considerar los salarios existentes, los programas de seguridad social y el promedio de salario de subsistencia.

Este segundo punto es muy importante, porque se busca establecer que el salario que se otorgue en este tipo de políticas se realmente el salario base y mínimo de referencia que se otorga en el mercado y que permita tener un nivel de vida digno. Este debe incluir todas y cada una de las prestaciones sociales que por ley se le debe otorgar a un trabajador.

• Este tipo de políticas está dirigido para aquellos que tengan disposición, voluntad y capacidad de trabajar. No resuelve los problemas de la falta de empleo, pero si está encaminado a mejorar la situación actual. La preparación que obtengan en la PNE, permitirá estar mejor calificados para competir por un empleo mejor y mayor remunerado en el sector privado.

Nadie será obligado a participar en esta política, recordemos que existe el desempleo voluntario, que son aquellas personas que no están dispuestas a trabajar por el salario vigente, tanto el que está establecido en el mercado como en esta política. Pero si permitirá preparase mejor para poder postularse en un puesto más remunerado en el sector privado.

• Esta política permitirá disminuir los recursos de otras políticas sociales que el gobierno maneje, debido a que quienes formen parte de la PNE tendrán recursos que les permita no depender de los beneficios públicos, mientras tanto, se podrán canalizar los recursos públicos a otras necesidades fundamentales como son educación, salud, vivienda, entre otras. Wray considera que cuando una economía funciona por debajo del pleno empleo, el costo económico directo de poner los recursos desempleados a trabajar es cero, aunque puede haber costos indirectos, como son los costos ambientales o la inflación inducida (Wray, 2006: 314).

Este punto es muy importante, porque permitirá disminuir el presupuesto de otros programas que ya no son utilizados por las personas que sean beneficiadas por la PNE debido a que contaran con recursos suficientes para ya no necesitarlos y se podrá fortalecer otros programas y áreas indispensables de la economía. También, como las personas que integran esta política contarán con recursos, se generará un efecto multiplicador en la economía, lo que permitirá dinamizarla.

• En cuanto a los diferentes tipos de empleo que se podrán ofrecer, se debe considerar aspectos como son: tendencia en el cambio de la pirámide poblacional por lo que se hace necesario la creación de programas de asistencia a personas denominadas adultos mayores;  personas con algún problema físico, huérfanos, enfermos y personas con capacidades diferentes y, cuyas actividades pueden ir desde la participación en conversación y juegos, así como ayudas a tareas domésticas menores y atención en primeros auxilios (Forstater, 2000:12). Por otro lado, con los problemas severos que se tienen en los déficit de atención en el sistema escolar se puede contratar a asistentes de salones de clase, cuya tarea sería la de proporcionar asistencia en lectura, escritura, idioma, etc. También se puede recurrir a la seguridad en las escuelas tanto al interior como al exterior de las mismas. Un punto fundamental, es la contratación de músicos y pintores, cuya función básica es el fomento de las artes, lo que permitirá, encausar a los niños y jóvenes a la cultura y alejarlos de actividades delictivas.

La lista que se plantea en este punto dependerá de las condiciones particulares donde se desee aplicar la PNE. Pero lo que sí es importante señalar que puede ser dirigido tanto a los de arriba como a los de abajo, es decir, no importa el nivel de estudios, ni clase social, es decir, la PNE es universal.

• Los recursos para financiarla pueden provenir de tres vías básicas: a) Reasignando el gasto público (caso de Argentina)  b) Mediante endeudamiento interno (en moneda doméstica), acompañado de una política fiscal expansiva que permita “destruir” el dinero y evitar presiones inflacionarias no controlables y, c) a través de ingresos impositivos, básicamente por medio del cobro de impuestos al sector financiero (mecanismo que promueven en Europa –Alemania- a raíz de la crisis 2007/2008  provocada por la especulación).

Este punto es básico; el inciso a) indica que la PNE puede financiarse mediante un reajuste del gasto público es decir, eliminar partidas improductivas como son los gastos suntuarios, ineficientes o que no generan valor agregado y focalizarlos a esta política. El segundo punto se refiere al financiamiento por medio de deuda interna (moneda doméstica). Los ortodoxos mencionan que es inflacionario y que puede provocar déficit públicos, sin embargo, es posible disminuir estos fenómenos si al mismo tiempo aplico política fiscal que permita recuperar parte de los recursos que se destinan a la PNE (en términos heterodoxos se le conoce como destrucción del dinero). Por último, se pueden generar recursos mediante la aplicación de medidas impositivas a la actividad financiera especulativa, que por el volumen de recursos que manejan no sería afectada de manera importante pero si tendría una recaudación lo suficientemente alta para poder financiar la PNE

El financiamiento de la PNE es esencial, pero mientras no se eliminen las barreras al mismo, las naciones de América Latina no podrán salir del subdesarrollo. Correa (2008b) distingue tres límites al financiamiento. 1) Dependencia de los flujos de capital externo, puesto que estos han venido requiriendo de flujos de capital crecientes por concepto de utilidades, dividendos e intereses. El costo de estos flujos excede a los flujos mismos,  2) la condición de monedas locales débiles (característica de casi todas las economías en ALyC) en el entorno del sistema monetario internacional y, 3) renuncia de los gobiernos locales a sostener un grado deficitario moderado cuando los procesos inflacionarios han quedado atrás.

Por último, este tipo de políticas están sujetas a una serie de criticas, principalmente por académicos convencionales, ortodoxos o neoliberales, por lo que es importante hacer algunas precisiones a la más recurrente, la cual se centra en lo relacionado a que la PNE no es sostenible porque no evalúa el impacto en el largo plazo en las finanzas gubernamentales o en la balanza comercial.

Al respecto, Mitchell y Wray (2005) son contundentes en la respuesta a sus detractores, al afirmar que esta crítica no se aplica cuando se tienen finanzas públicas soberanas y cuando se operan con tipos de cambio flexibles, lo cual permitirá medidas acomodaticias que faciliten el funcionamiento de la PNE, lo anterior sostiene lo que se ha descrito en párrafos anteriores, es fundamental contar con plena soberanía en la política económica.

Aunque es importante considerar que los gobiernos locales (estatales y municipales) no pueden operar con déficit continuos, pero si los gobiernos federales, los cuales pueden financiarlo por diversas vías, en particular mediante la creación de dinero (dinero fiduciario); es decir, se requiere tener plena soberanía monetaria para aplicar la PNE.

Por otro lado De Bernis (2009), argumenta en referencia a las críticas cuando se formulan políticas públicas que: con mayor razón, toda alusión a un posible pleno empleo en el Tercer Mundo es rechazada, la mayoría de las veces sin examen, por utópica. Sin embargo, enunciadas así, estas ideas no tienen ningún fundamento, técnicamente es posible el pleno empleo de los hombres (y de las mujeres) en todas partes del mundo. Además, mientras que el proceso de la crisis amenaza cada vez más con degenerar en una deflación generalizada, sería muy importante comprender que un programa de pleno empleo, realizable en el Sur como en el Norte, restablecería la solidaridad objetiva entre campesinos y trabajadores urbanos del Norte y del Sur y constituiría al fin la alternativa al riesgo de la deflación.

Bajo las condiciones actuales, cuando imperan condiciones laborales negativas y donde la desigualdad y pobreza persisten, es necesario aplicar medidas que contengan y disminuyan éstas. La PNE no resolverá todos los problemas sociales pero si puede garantizar que aquellos que quieran y puedan trabajar lo hagan, tal como afirma Wray (2006), lo preferible es que trabajen porque a decir por De Bernis (2009), si es posible tener trabajo para todos en cualquier parte del mundo.

 

CONCLUSIONES

Estamos inmersos en una crisis económica, la cual se profundiza  por las medidas que están adoptando algunos países para eliminar las llamadas distorsiones del mercado, como son los déficit públicos, convertir deuda privada en pública, etc. (los países europeos como, Grecia y España son un ejemplo de lo anterior), generando así más desigualdad social, los datos de las Naciones Unidas y la CEPAL así lo demuestran, aunado a lo anterior, con el bajo crecimiento y la falta de políticas que combatan los problemas el futuro no es nada alentador.

Por tanto, es necesario combatir los problemas de manera estructural, pero actuando en lo inmediato, la población lo exige. Es preciso diseñar políticas tanto gubernamentales como públicas que permitan salir del subdesarrollado, del atraso, marginación y pobreza en la que están sumidas la gran mayoría de las naciones de América Latina.

Para ello los gobiernos deben asumir su responsabilidad en áreas como educación, salud, vivienda, creando programas que combatan la pobreza y el atraso en las áreas mencionadas, entre otras y no solo administrar esos problemas. Las manifestaciones recientes en Brasil es un llamado a todos aquellos países que continúan aplicando o administrando el neoliberalismo el cual no está diseñado para promover el desarrollo (Nadal, 2013).

Lo anterior obliga a replantear el modelo económico neoliberal, por uno alternativo que priorice el desarrollo de la población, fortaleciendo el mercado interno, mediante políticas que procuren aumentar la demanda interna, a través de una mejora en el ingreso de la población y solo el empleo digno y bien remunerado puede lograrlo. Cada nación tiene condiciones distintas, cada una de ellas debe adoptar las políticas que necesiten, pero en general, deben alcanzar y fortalecer su soberanía plena, mediante la transformación de las estructuras productiva y social.

Guillen, (2008) citando a Furtado,  menciona que la estrategia debe contener al menos los siguientes puntos:

a)      retomar el mercado interno como el centro dinámico de la economía, es decir, reorientar la política económica pensando en generar valor agregado y encadenamiento productivos que permitan satisfacer la demanda interna y no solo orientar la producción al exterior.

b)      revertir el proceso de concentración de la renta y eliminar la pobreza extrema, por medio de una sociedad que tenga las mismas oportunidades laborales, educativas y culturales.

c)      hacer descansar el financiamiento del desarrollo en el ahorro interno y reducir el peso del servicio de la deuda externa, en otras palabras dejar de creer que solo con la inversión extranjera se podrá alcanzar las metas propuestas por los gobiernos.

d)      aplicar políticas monetarias, cambiarias, fiscales, laborales, redistributivas, entre  otras, compatibles con el proceso de desarrollo humano, incluyente y sustentable. Es último punto es fundamental, porque es necesario que la política económica en general sea soberana, es decir, no debe estar sujeta a los preceptos de los organismos financieros internacionales como son el FMI y el BM.

El desarrollo latinoamericano debe ir acompañado de un fuerte impulso del financiamiento público, en particular por medio de la banca de desarrollo, la cual ha dejado de ser el impulsor del mismo, como refieren Vidal y Marshall (2010).

Brasil, ha tomado la iniciativa, Ecuador, desea revertir pero continúa dolarizado, México, es un caso excepcional (economía con doble patrón monetario, dependiente de los Estados Unidos, su sistema financiero está prácticamente en manos de extranjeros, entre otras características nada positivas), en Bolivia la oligarquía impide el despegue y Venezuela  con sus múltiples confrontaciones, entre otras naciones.

ALyC es una región donde, si bien las variables macroeconómicas pueden ser alentadoras, la dependencia de los ingresos materias primas; la composición, origen y destino de las exportaciones-importaciones y sin duda el problema de la deuda externa, son factores que la vuelven frágil y volátil.

La población exige una transformación, la participación ciudadana es esencial para lograrlo y, junto con el cambio de políticas de los gobiernos se podrá alcanzar este objetivo. Porque un pueblo enfermo, sin educación y con miedo es fácil de dominar, tal vez por ello, no se le conceden las condiciones mínimas que por derecho universal deben tener todas las personas.

Una alternativa es la aplicación de una política nacional de empleo que permita dotar a la población de ingresos y poder dinamizar el mercado interno, creando las condiciones para  generar una aceleración inter-temporal y multiplicar el empleo. Para ello, los salarios deben ser dignos, los cuales permitirán a la población tener un desarrollo superior al que actualmente tienen. Es sólo mediante el empleo como se puede superar la pobreza y desigualdad y no mediante políticas paternalistas y asistenciales que sólo la administran; es decir, dejemos de administrar la pobreza y erradiquémosla con políticas de empleo.

 

Cómo citar este artículo:

SOTO ESQUIVEL, Roberto, (2014) “Perspectivas del mercado laboral en América Latina”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 21, octubre-diciembre, 2014. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 18 de Abril de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1024&catid=14