Pacarina del Sur
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Córdoba (Argentina): Problemática del agua en zonas con predominio de economía doméstica (o campesina). Intervenciones institucionales y perspectiva de los beneficiarios

Córdoba (Argentina): Problematic of water in areas predominantly domestic (or peasant) economy. Institutional interventions and perspective of beneficiaries

Córdoba (Argentina): Problemática da água em áreas economia predominantemente doméstico (ou camponesa). Intervenções institucionais e perspectivas de beneficiários

JMagalí Luciana Paz[1]

Recibido: 02-09-2016 Aprobado: 12-09-2016

Resumen

Resumen: El Noroeste cordobés constituye una región periférica del agro argentino en tanto existen factores que inhiben fuertemente el desarrollo de un sector doméstico técnicamente avanzado. Concurren, sin embargo, el Estado así como nuevos agentes que enmarcan sus prácticas en el campo del “desarrollo rural”, tales como las Ongs, y su accionar constituye uno de los mecanismos indirectos más explicativos sobre las complejas dinámicas de reproducción social en el territorio. En este trabajo analizamos las relaciones establecidas entre grupos domésticos del noroeste de la provincia de Córdoba con las instituciones del Estado Nacional y con Organizaciones No Gubernamentales. Revisaremos críticamente los presupuestos básicos del denominado “Desarrollo Territorial Rural” (DTR) en nuestro país, pues consideramos que el concepto de desarrollo debe seguir siendo revisado y discutido especialmente a la luz de la crisis que atraviesan los sistemas productivos tradicionales del agro latinoamericano.

Palabras clave: Antropología Económica, Desarrollo Territorial Rural, Unidades Domésticas campesinas, ONGs., Territorios empobrecidos.

 

Nuevas versiones del desarrollo antropocéntrico: el Desarrollo Rural Territorial

La libertad superior consiste en el conocimiento y el re-conocimiento, en la aceptación de los sistemas imbricados en el Estado: necesidades, trabajos, derecho, moral. Para Hegel nada hay más riguroso que esta definición o determinación de la libertad […] Por un asombroso malentendido, por una aberración inconcebible, el concepto hegeliano de libertad ha invadido el pensamiento marxista. En la práctica, esta definición acaba identificando la libertad del ciudadano con el reconocimiento de los determinismos económicos, con los imperativos del crecimiento y la aceptación de las coacciones políticas. ¡El empobrecimiento del individuo, “libremente consentido”, se hace pasar por libertad suprema! (LEFEVRE, Henri, 1976, p. 5).

 

El concepto de “desarrollo” en su acepción clásica,[2] comenzó en la segunda posguerra y terminó con el resurgimiento del neoliberalismo. Durante la etapa neoliberal de los años ’90, la problemática regional perdió entidad y comenzaron los procesos de privatización y desregulación que llevaron al retiro del Estado de su función anterior para dejar actuar al mercado como “el organizador más eficiente” de la actividad económica. Empero, en la aplicación del modelo neoliberal de ajuste macro económico (ajuste dirigido a reducir el déficit fiscal para afrontar los pagos de la deuda pública presente en la mayoría de los países latinoamericanos), el Estado nacional tuvo un rol decisivo y comandó la direccionalidad de este proyecto.

Tanto las transformaciones operadas en los diferentes ámbitos nacionales -resultantes de las políticas de liberalización y privatizaciones-, como los procesos de integración regional (Unión Europea, Mercosur, Nafta, Pacto Andino), llevaron a repensar el análisis territorial y redefinir los modelos de intervención pública para insertarlos en el modelo de la globalización. (Manzanal, Neiman, Lattuada, 2006: 23). Es así que desde el Estado y sus instituciones se comenzó a poner el acento en el desarrollo local y la “gestión estratégica” de los ámbitos locales, así como en la descentralización y la “participación” o “acción colectiva”.

Queremos decir, en las cuestiones sociales (educación, salud, sectores vulnerables de la población, etc.) el Estado comenzó a dejar en manos de los gobiernos municipales, provinciales, ONGs y organizaciones de base, las propuestas y la instrumentación de este “nuevo tipo” de intervenciones públicas. Tal como afirman Manzanal y otros (2006), en el ámbito de la política social ganó presencia la formulación y gestión “desde abajo”. Se comenzó a pensar en una “política flexible” que contemplara las diferencias y particularidades locales y culturales, construyéndola en varios aspectos “desde abajo” en forma “ascendente”. En esta política de nuevo brío, prima como variable estratégica la “acción colectiva”,[3] la capacidad de asociación, la solidaridad entre actores, potenciadas por la posibilidad que otorga la “proximidad territorial” resultante de vivir y trabajar en un mismo lugar, el ámbito local. (Manzanal et. al, Ídem: 30). Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cuánto tiene que ver en esto la voluntad de aumentar la participación y la decisión a nivel de la población en general? ¿Conducen estas propuestas a una real y mayor democratización de los ámbitos locales?

Todos los elementos mencionados se vinculan a la asociación entre el Estado (sea nacional, provincial, municipal) y la Sociedad Civil que, de ahora en adelante, comienzan a pensar y gestionar la política pública de manera conjunta. En lo fundamental, la concertación público-privada aparece junto a la promoción de relaciones entre los actores locales, la colaboración entre instituciones, la formación de “redes”: todas cuestiones consideradas “clave” para el desarrollo local y rural.

El enfoque de Desarrollo Territorial Rural (DTR) es una perspectiva que vienen discutiendo los organismos internacionales de financiamiento (BID, BM, FAO, CEPAL-ILPES) desde inicios de la década del 2000. El mismo se ve resumido, según lo señalan las geógrafas Arqueros y Nard (2005), en la propuesta que formularon Schejtman y Berdegué (2004) quienes definen al DTR como “un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” (Arqueros y Nard, 2005: 11). En el documento elaborado por los autores, se cristaliza su propuesta de DTR en ocho criterios operacionales del desarrollo, dos de los más importantes, a nuestro modo de ver, son: 1. “La transformación productiva y el desarrollo institucional se deben abordar de forma simultánea en los programas de desarrollo territorial rural. Se condicionan mutuamente y ambas son necesarias para que se logren reducciones significativas y sustentables de la pobreza rural; 2. Los programas de DTR deben operar con un concepto ampliado de lo rural, que debe necesariamente incluir los núcleos urbanos con los que las áreas pobres tienen o podrían tener vínculos funcionales en aspectos tanto productivos como sociales. (Ibídem: 15). Desde esta definición, la idea de identidad cobra especial relevancia ya que “permite dar sentido y contenido a un proyecto de desarrollo de un espacio determinado, a partir de la convergencia de intereses y voluntades”. Asimismo, es lógico que para este nuevo enfoque de planificación del “desarrollo” se vuelvan centrales los conceptos de Estado y Territorio.

Las posiciones del Banco Mundial respecto del papel del Estado en la organización de los procesos de desarrollo comienzan a partir de su Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997. El Estado en un mundo en transformación. En forma resumida, la diferencia entre las posiciones anteriores y las del Informe 1997 serían: antes se afirmaba que la regulación estatal y la del mercado eran antípodas, ahora se asevera que el Estado y el mercado se complementan uno a otro. Se acepta que el Estado y los mercados tienen funciones complementarias y que el primero debe crear las bases para el desarrollo de los segundos. Ahora se sostiene que el crecimiento económico y la solución de los problemas sociales se dan en los llamados “estados eficaces”. El Informe se refiere a los estados que de manera disciplinada cumplen las recomendaciones sobre las políticas económicas del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las denominadas capacidades institucionales son, sin lugar a dudas, factores importantes de un “Estado eficaz”. (Tarassiouk, 2007)

En el documento que analiza este autor, se identifican los agentes económicos que actúan en el ámbito del desarrollo de acuerdo al Banco Mundial: los gobiernos (en todas sus escalas); la sociedad civil (sindicatos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y religiosas); las organizaciones bilaterales y multilaterales (FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, organismos y programas de las Naciones Unidas) y el sector privado. Claramente, la sociedad civil se presenta como el factor más importante para el “desarrollo”: sea por su aporte humano, su experiencia o su historia. Y de alguna manera, comienza a actuar como un Estado paralelo.

Desde nuestro punto de vista, estas “renovadas” funciones y capacidades del Estado son el reflejo de los cambios en la estructura social y económica en los países bajo la influencia del pensamiento liberal a partir de la década del setenta en adelante. Esto es, la representación del estado, el mercado y la sociedad civil como sectores diferenciados e independientes con la consecuente reconfiguración de la cuestión social y la conformación de una economía social como economía del “tercer sector” en los términos propuestos por las agencias internacionales de financiamiento. No podemos omitir que el fenómeno histórico central en este proceso es el deterioro de la sociedad salarial con la consecuente reconversión del Estado que fue reducido a controlador de la ley y de la vigencia de la propiedad privada, limitado en su accionar por la “restricción del gasto público” (Castell, 1997). Esta política se pronunció con mayor ahínco en los países de Latinoamérica donde las personas ya no fueron beneficiarios de la acción social del Estado sino usuarios de los programas, y ellos mismos los principales responsables de su bienestar, para lo que debían poner en juego sus habilidades, creatividad y conocimientos.

El territorio, desde la perspectiva del DTR, es definido de manera instrumental y conforme a la noción post-moderna de transnacionalización del espacio geográfico. De esta forma, el territorio es visto como un sustrato, o espacio social en sí mismo, donde no existen relaciones de poder espacialmente delimitadas y operando sobre un ámbito geográfico referencial. En lo fundamental, la cuestión territorial en términos del DTR es una cuestión política, no económica. Se deja de lado así, el análisis o cuestionamiento de las relaciones de producción, de mercado, de reproducción, que resultan esenciales al momento de intentar comprender y dar “soluciones” a las problemáticas de los territorios rurales empobrecidos.

Las formulaciones teóricas de geógrafos como Santos (1994); Lopes de Souza (1995); Haesbaert (2005), se remiten al concepto de territorio como integrador de diferentes factores que se interrelacionan: los naturales (relación supervivencia-sustentabilidad); económicos (energía, producción, mercantilización del agua); políticos (gestión, planificación, preservación de recursos, explotación racional, distribución equitativa); sociales y culturales. Cierto, el espacio, de acuerdo a Milton Santos (1994) es una totalidad en la que coexisten sistemas de objetos (naturaleza) y sistemas de acciones (la sociedad que produce relaciones sociales que modifican y transforman la naturaleza). Pero espacio y territorio, según Bernardo Mançano Fernandes en su trabajo “Cuestión agraria: conflictualidad y desarrollo territorial” (2004), son conceptos diferentes. En un mismo espacio pueden convivir diferentes territorios que se modifican continuamente y cuyos límites son dinámicos, ya que se encuentran cargados permanentemente de intencionalidades y están en constante construcción. Por lo tanto, puede afirmarse que resulta primordial el abordaje de los conflictos generados a partir de relaciones sociales específicas que se producen en los territorios vulnerables del mundo agrario. El acceso diferencial a los recursos, la distribución desigual de poder, las posibilidades concretas de cooperación y articulación entre  actores heterogéneos son elementos que complejizan la conformación de los territorios rurales.

Sin embargo, y alejado de estos análisis, el paradigma hegemónico para interpretar y proponer soluciones a la cuestión agraria en la mayoría de los países de Nuestra América es el DTR, “que no se acota a una cuestión gerencial, administrativa, sino que redefine todo el conjunto del territorio y del poder local y sus objetivos últimos son la conversión del territorio en sujeto/actor económico junto a una clara despolitización de la política pública”. (Rodríguez López, 2014: 14). De acuerdo al autor, la visión de lo rural y de la pobreza serían decisiones políticas de las que el DTR se elude para presentarse como una formulación administrativa, donde la mentada transformación institucional se refiere a una readecuación de la estructura pública a fin de asegurar que los intereses privados del mercado estarán representados en los procesos de decisión, planeación y ejecución de las políticas de desarrollo rural. (Ibídem: 16). De alguna manera, el enfoque del DTR implica eliminar la visión del conflicto acerca de la agricultura capitalista en nuestros territorios, reemplazándola por la noción de consenso, entendido como un tema que solo incluye aspectos del desarrollo económico.

En síntesis, el plan político y social del neoliberalismo en nuestro país tuvo un éxito estructural como modelo de acumulación de capital y ello le permitió -a pesar de sus propios límites internos (contradicciones), sumados a las resistencias y reorganizaciones de los sectores populares que representaron una “renovada” coyuntura a partir del año 2001- asumir una nueva etapa cuyo bastión esencial es el DTR: el enfoque que habilitó el ingreso del ajuste neoliberal en el medio rural. De aquí en adelante, la ‘focalización’ localizada de los programas de desarrollo sería la nueva solución para aliviar la pobreza y promover el desarrollo, al paso que el “binomio ajuste/compensación focalizada de la pobreza” (Zibechi, 2007:27) se convirtió en la cara y el reverso de un mismo proceso de implantación del neoliberalismo.

En la región Noroeste de la provincia de Córdoba  (Argentina) la expansión del capital se evidencia en los cambios de la estructura agraria caracterizados por la marcada disminución de unidades productivas de menor tamaño (no más de 100 has) y el correlativo aumento de las de mayor escala. La frontera agrícola avanzó sobre el monte y los pastizales naturales, desplazando a la ganadería hacia suelos marginales. Se observa la pérdida de superficies de bosques ya que a causa de este proceso entre los años 1969/1999, 1.200.000 has de bosque fueron transformados en cultivos, campos de pastoreo y bosques bajos o matorrales. (Cabido et. al., 2010). Asimismo, de acuerdo a los trabajos de consultaría realizados para “planificar el desarrollo” de Pequeños Productores Agropecuarios de Córdoba (PROINDER, 2007; Bergamín, Ryan, Bisio, et. al., 2009) podemos afirmar que el área “Ganadera Extensiva del Noroeste” de la provincia, que abarca la zona serrana del oeste y la región chaqueña semiárida del norte y árida del oeste, colindante con las provincias de San Luis, la Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, resulta el territorio donde se concentran los mayores problemas en el uso eficiente del agua de riego, en torno a la usurpación de tierras y cercamientos de los campos, el desmonte irracional y la pérdida de biodiversidad.

Ubicación Provincia de Córdoba, Argentina. Delimitación de la zona de “Ganadería extensiva del Noroeste de la provincia”
Imagen 1. Ubicación Provincia de Córdoba, Argentina. Delimitación de la zona de “Ganadería extensiva del Noroeste de la provincia”. Fuente: Pegoraro, M. et. al., 2013.

Ante esta realidad, y en vistas del rol preponderante que ha adquirido el Estado y algunas ONGs durante la década del ‘90 en esta zona del agro extra-pampeano argentino, abordaremos de manera crítica la nueva visión del desarrollo rural y su finalidad en un proyecto de “desarrollo” que se concreta en los departamentos de Cruz del Eje y Minas, Córdoba. Analizamos cómo se materializa el DTR en una política pública específica a partir de evaluar el grado de responsabilidad del estado nacional y local, de las ONGs, el espacio social en el que se realiza y la cuestión conflictiva de acceso y distribución de los recursos en este, el territorio provincial que enfrenta hoy día las mayores situaciones de pobreza rural.

 

Estado, comunidades rurales y recursos: ¿gestión participativa?

El proyecto “Acceder al agua”, consistente en la realización de “perforaciones de agua para el mantenimiento de la soberanía alimentaria”, comenzó en el año 2008 con talleres de discusión sobre el acceso a este recurso para consumo humano y el desarrollo de actividades productivas. Participaron profesionales y técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, del programa Pro-Huerta y del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF-NOA). Con el común denominador de “organizar a los diferentes actores en el territorio” y poner en práctica “estrategias que permitan acceder al agua mediante el uso de tecnologías apropiadas, a fin de aportar a la seguridad y soberanía alimentaria”, la publicación oficial del INTA reseña las experiencias llevadas a cabo a lo largo de todo el territorio nacional.[4] El objetivo general del proyecto contiene aquellas ideas sostenidas en el paradigma del DTR: “Creemos que la acción del Estado debe inscribirse en el marco de una estrategia conducente al empoderamiento de la propia comunidad, partiendo de sus intereses y reconociendo sus saberes. Impulsar estas metodologías implica un proceso de aprendizaje tanto de parte de la comunidad como de los agentes de la intervención” (Barreda, Ledesma y Cabral Ortiz, 2009: 5). Otro de los objetivos declarados es el de “orientar experiencias de acción colectiva” que permitan la “organización para el acceso y distribución de agua en comunidades rurales del país”. La clave que guía a todos los proyectos presentados está basada en “la articulación de saberes, la complementariedad de capacidades y la construcción conjunta de soluciones”. El Estado -desde su lugar- debe apostar a “la construcción, al debate, a la propuesta, como un actor más del territorio, sin por esto negar la centralidad y responsabilidad que le compete a la hora de afrontar las soluciones”.

Particularmente, el proyecto denominado “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los Departamentos Minas y Cruz del Eje”, financiado por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue llevado a cabo a través de las acciones realizadas por el Programa Pro-Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Cruz del Eje, que viene desde hace varios años (desde 1995 aproximadamente) trabajando con huertas familiares, comunitarias, en la zona. Estuvo integrado por comunidades rurales de las sierras del Departamento Minas y por las zonas bajas del Departamento Cruz del Eje: alrededor de 10 comunas, 65 familias aproximadamente, con problemas de aprovisionamiento de agua para consumo y producción y, entre ellas, la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de la Comuna de Tuclame y el Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) de la Comuna de Paso Viejo ambas, secundarias rurales con orientación agropecuaria ubicadas en el departamento de Cruz de Eje. Participaron también dos técnicos del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), específicamente de la organización APENOC (Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba).[5]

El plan implicó el estudio de cuencas y escorrentías que alimentan napas, fundamentos geo-eléctricos, rabdomancia y mapas parlantes, que justificaron la profundización de pozos o la realización de perforaciones y la limpieza de piques (socavones), al mismo tiempo que se tuvieron en cuenta “los saberes campesinos” para la construcción de conocimiento sobre el territorio. Con la ayuda de un geólogo se obtuvo la información sobre las cuencas, micro-cuencas, escorrentías y recarga de afluentes, los denominados “lloros” de vertientes subterráneas en pozos: dónde existían, cómo se podían recuperar en la zona, etc. La metodología organizativa implicó recorridas, aforo de pozos, registros y ubicación de puntos con GPS así como el análisis de las posibilidades territoriales. (Barreda et. al., 2009: 14).

Desde un comienzo se realizaron talleres informativos sobre el bajo nivel de los pozos, las causas por las que el río Cruz del Eje se secó y los pastos dejaron de rendir, sobre lo difícil que resultaba mantener la huerta todo el año, la recuperación de agua usada para reutilizarla, etc. El punto más importante de discusión, nos relata un técnico de INTA, giró en torno a saber cuánta agua había -cuanta necesitaban las familias para vivir-, dónde estaban las fuentes de agua - los viejos ríos y arroyos -; si habría más agua abajo que permitiera profundizar; cómo hacer para “pasar la manguera” por un campo cerrado si el dueño no participaba del proyecto, o se negaba a ceder el paso; que tamaños debían tener las mangueras -pensando en los pozos y perforaciones- o los depósitos a construir -“si pensábamos en agua de lluvia”-, etc. (Técnico del INTA a cargo del proyecto. Cruz del Eje, Agosto de 2014).

Las comunidades del Noroeste cordobés que participaron del proyecto “Acceder al agua” (El Huayco, Rara Fortuna, El Empalme, El Pintado, Tosno, Paso de las Campanas, Río Seco, Agua de Ramón, La viborita, Rodeo Grande, Tuclame y Paso Viejo) se encuentran insertas en la Serranía de Guasapampa, que forma parte de las sierras grandes de la Provincia de Córdoba, con 1100 m de altitud en su meseta más alta y precipitaciones promedio de 300 a 500 mm concentradas en el período estival. El marco del bosque chaqueño serrano degradado y planicies con estipas-sp y pastos de escaso valor forrajero, dan una clara muestra de la aridez de la región. (Cabido et. al., 2010). Asimismo, y cómo hemos advertido, tanto el departamento Minas y el de Cruz del Eje, han sido permanentemente visualizados por sus altos indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que  han marcado en sus pobladores la alta tasa migratoria hacia los conglomerados urbanos de la región.[6]

El territorio en cuestión, por tanto, presenta un acentuado deterioro de sus recursos naturales: suelos, vegetación y aguadas, “ocasionados por sequías e incendios a partir del año 2002”. Todos los sistemas ya sean domésticos, con huertas y frutales, de animales de granja, o de productores familiares con una producción pecuaria, son altamente dependientes del recurso agua y la provisión del mismo:

La extracción manual y la trashumancia diaria hacia aguadas en forma de arreos, no solo ejerce una alta presión de pastoreo por la presencia concentrada de animales en campos y aguadas comunitarias, sino el tiempo y esfuerzo personal en la extracción, con métodos manuales de tachos volcadores, o de transporte en bidones a lomo de animales para consumo humano, riego de huertas-frutales, llegando en muchos casos a la compra de la misma. El material de los techos de las viviendas no se adecua para la captación de agua de lluvia, que pese a las escasas lluvias sería un buen complemento del abastecimiento desde otras fuentes. La profundización de pozos, es una práctica que ha sido dejada de lado por la necesidad de contar con herramientas como martillos neumáticos y utilización de explosivos, con autorización a personas para su uso y de alto costo. (Barreda et. al., 2009:17).

 

De acuerdo a nuestros estudios sobre la problemática del agua en la zona existen otros factores, además de las sequías e incendios, que contribuyen a profundizar la “escasez del recurso”. En lo fundamental, la actual gestión por parte del gobierno provincial de este bien público, como un recurso económico. Es decir, en la provincia de Córdoba se mantiene una lógica en relación a la gestión del agua que podríamos denominar conflictiva, al menos para la región del Noroeste, en tanto la normativa vigente como los organismos de decisión, no tienen una mirada integrada para la construcción de una alternativa política que garantice el derecho fundamental de estas poblaciones a la producción de alimentos. Tal como plantean Bergamín y otros (2009) en base a un relevamiento de las instituciones públicas y privadas que realizan tareas de gestión del agua en la provincia, “se desprende que la conceptualización que realizan del desarrollo se focaliza en relación al progreso y a la innovación tecnológica, como una cuestión de competencia individual y a la espera de un Estado que dé respuestas a sus necesidades financieras y comerciales”. (Bergamín et. al., 2009:14).

En relación a esto último, es dable destacar que en la región se viene produciendo el avance de la frontera agropecuaria, el denominado proceso de “bovinización”,  que provoca un aumento de la producción ganadera de cría, recría y de engorda.[7] No es casual, entonces, que tanto los grandes productores como las asociaciones empresariales que los representan (ligadas a Sociedad Rural Argentina) comiencen a disputar el agua desde otro modelo productivo (producción de alfalfa bajo riego) ya que la zona tradicionalmente, y aún con problemas de abastecimiento, dispone del líquido elemento para las pequeñas y medianas producciones fruti-hortícolas y los sistemas campesinos tradicionales.

En este sentido, y tal como lo reclama el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), en su “Manual práctico para el abastecimiento de agua en comunidades campesinas indígenas” (2009), consideramos que el acceso y la distribución equitativa del agua, constituyen derechos humanos vitales puesto que el agua es la vida: sin acceso al agua, las familias, sus animales o cultivos tienen un futuro incierto. Acceder al agua con seguridad y cantidad significa para estas comunidades afianzar sus vidas en el campo, mantener vigente su estilo de producción respetuoso con el monte y con el entorno, conservar las tradiciones de sus antepasados, su cultura, sus conocimientos. Para el MCC el derecho al agua significa mantener vivo todo lo que los identifica.

Ríos y canales se vienen entregando al uso de privados que escamotean o contaminan el agua de todos. Así, las cuencas de sierras y zonas turísticas también se afectan por el avance del negocio inmobiliario de las firmas empresarias afines al gobierno […] empresarios agropecuarios han privatizado de hecho las aguas de los Ríos Dulce, bajo el amparo de la gestión provincial, mientras que la sequía arrecia aguas abajo a las vacas y los caballos que mueren empantanados sobre el lecho del río” (Documento “El agua en nuestras comunidades”, 2009).

 

Es posible identificar la presencia de una gran heterogeneidad de actores sociales,[8] de intereses comunes y encontrados, con diferentes tendencias productivas y conflictos por la apropiación de un recurso vital y escaso en la región: el agua. En este escenario complejo, encontramos las acciones políticas del Estado nacional junto a esferas relacionadas con la extensión, la investigación, la asistencia técnica, subsidios y ejecución de proyectos que se proponen, desde los objetivos formales, “beneficiar” a los sectores históricamente relegados en la región.

 

Contradicciones y perspectivas actuales: ONGs en los proyectos de DRT

Tal como describe el documento institucional, el proyecto “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los Departamentos Minas y Cruz del Eje” en sus comienzos del año 2009, consistió en la distribución con mangueras pvc y almacenamiento en tanques de 550 l para 10 familias de las comunas mencionadas, bombas electro sumergibles y grupos electrógenos y la realización de una fuente de agua comunitaria (con capacidad de depósito de 10.000 l.). “El Ministerio de Desarrollo Social de La Nación realizó un contrato por un (1) año de un Ingeniero con conocimiento de hidrología y financió el trabajo del Geólogo; como contraparte el Pro Huerta Nacional contrató una técnica para seguimiento del proyecto y articulación con proveedores y actores institucionales”. También se llevaron a cabo “talleres itinerantes” de la problemática del agua en todas las comunidades, compra de insumos, venta de productos, capacitaciones en pasturas, apicultura, viveros, reconversión de nogales mediante enjertación, y viajes para conocer otros sistemas organizativos, “con logros y errores que fueron percibidos como fundamentales en la proyección del territorio”. A su vez, se incorporó al equipo de trabajo a un Ingeniero Químico que efectuó el seguimiento de la calidad de las fuentes de agua durante un (1) año desde la puesta en funcionamiento de los sistemas, mediante extracción de muestras y análisis bacteriológico y de metales pesados. (Barreda et. al., 2009:18).

En la marcha del proceso y con más recursos disponibles, el equipo de trabajo ajustó la metodología aplicada a cada comunidad de forma tal de encontrar la mejor vía para la provisión de agua: sea a través de la “profundización de pozos, perforaciones o recuperación de piques”. Como hemos advertido, dentro de las comunidades involucradas en el proyecto, existían escasas reservas de aguas aptas para el uso de bebida humana y animal y en todas ellas el “balance hídrico” era negativo. Sin embargo, existían recursos valiosos que podían ser “re-aprovechados”:

Rara Fortuna y El Huayco, muestran varios piques de laboreo minero, que albergan aguas de filtración de grietas y fracturas en el basamento, que al tener mucha profundidad y galerías aumentan la captación de agua, constituyendo un reservorio muy valioso del recurso. Los valles del Río Seco, y Campanas, donde se encuentran las comunidades de los mismos nombres, presentan un delgado rellenamiento aluvial arenoso, que puede constituirse como acuífero, principalmente en el subálveo. Por último, Paso Viejo y Tuclame, donde se encuentran las dos escuelas, están sobre lo que sería el cono aluvional del Río Pichanas, con una importante reserva de agua en profundidad. (Barreda et. al., Ídem: 20).

 

Con el diagnóstico realizado, comenzaron las perforaciones y el trabajo del pocero. Paralelamente, y en “forma comunitaria”, se realizaron las labores de enterrado de mangueras, con días y horarios consensuados. “Se realizaron jornadas en uso de nivel, medición de alturas y pendientes, conducción de agua e instalación del sistema de mangueras” (Barreda et. al., Ibídem).

Proceso de trabajo para enterrar la “manguera” de las cisternas en el Departamento de Minas
Imagen 2. Proceso de trabajo para enterrar la “manguera” de las cisternas en el Departamento de Minas. Fuente: Acceder Al Agua, Barreda et. al., 2009.

En ese momento, el balance de los resultados del proyecto fue muy positivo: en primera instancia, por la disponibilidad de agua para las familias: se realizaron 6 perforaciones y la limpieza y recuperación de 2 piques,  al tiempo que se aseguró la distribución del recurso en las dos escuelas que participaron: el EFA de Tuclame y el IPEM de Paso Viejo, hecho particularmente importante ya que son instituciones escolares con albergue para los estudiantes y en varias oportunidades habían suspendido las clases por falta de agua. En segundo lugar, por el fortalecimiento de las relaciones entre las diversas instituciones y actores intervinientes en el territorio: técnicos, profesionales, campesinos, organizaciones sociales, comunidades escolares. Asimismo, y a través de talleres educativos y de formación, se profundizó en el conocimiento de las cuestiones jurídicas más problemáticas respecto a los recursos naturales y su explotación: acuíferos, bosques nativos, y en las cuestiones técnicas relacionadas a la extracción, almacenamiento y conducción del agua. (Barreda et. al., Ídem: 25).

El proyecto tiene vigencia en la actualidad, lo que nos permite efectuar un análisis diacrónico y comparativo de sus objetivos y prácticas. En efecto, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social de Nación se apartó de la financiación y encontramos que es una ONG, Avina- “Fundación para la Vida y el Progreso”, la que junto con el INTA está posibilitando la realización de las tareas propuestas en un comienzo. Al presente, y de manera conjunta, fabrican cisternas para el almacenamiento del agua de lluvia con capacidad de 10.000 l aproximadamente:

Una cisterna es un depósito de agua, que se hace con mosaicos de cemento grandotes (de 50 x 50), lozetas, que se construyen ahí en el momento, con arena y portland. Las vas poniendo una al lado de la otra, se arma un círculo, se cava un hueco de 5 mt. y el depósito tiene 4 mt. de diámetro, y después, arriba, se le ponen viguetas, y se recubren con otras lozetas romboidales, y el techo queda como el de una calesita. Todo eso se construye en el momento, ahí. Y te caben 16.000 lt. de agua. (Técnico de INTA a cargo del proyecto. Cruz del Eje, Mayo de 2014)

Las cisternas se construyen en tres días, si el clima es favorable. Primero se realizan las placas con cemento y el piso; el segundo día se monta la estructura y se hace el revoque grueso, y el tercer día se coloca el techo y se hace el revoque fino. Luego se instala la bomba manual y las canaletas que conectan la cisterna con el techo. Se llenan con agua de lluvia. (A. Vagliente, de Fundación Plurales, encargada de la gestión de las construcciones. Cruz del Eje, Marzo de 2015.)

 

De acuerdo a lo que nos informaron los entrevistados en las comunas y parajes de Cruz del Eje, si bien todavía no se tiene la capacidad para meter toda el agua que necesitan las familias (puesto que son numerosas y utilizan mucho el agua, tanto para producción como para consumo, un solo depósito no les alcanza para todo el año), los aljibes construidos representan una ayuda invaluable para sus economías domésticas, especialmente, por lo barata que resulta su construcción: los insumos y la capacitación se los proveen y la mano de obra la ponen ellos:

Lo que pasa es que lo que te queda sino, es comprar un tanque de 10.000 lt. que sale $14.000, lo pones en tu casa y tenes agua de lluvia para toda la casa. Sería muy fácil, pero caro. Estos otros valen $2.000, pero tenes que laburar vos. Nos dan los materiales pero después, hay que transpirar, 3 días más o menos, 4 0 5 hs. laburando y está hecho. (H., pequeño productor de 59 años. Comuna de Guanaco Muerto, Mayo de 2014).

Los técnicos están todo el tiempo para explicarnos y conduciendo la construcción, nos dieron talleres de enseñanza, y todo lo que necesitábamos para aprender a usar las mangueras. (M., pequeña productora de 43 años. Comuna de Guanaco Muerto, Mayo de 2014).

Tenemos la cisterna pero también usamos el agua de la red que nos llega por una manguerita, en un chorrito muy finito. Pero estamos chochos con el depósito porque sabemos que no nos vamos a quedar sin agua de un día para el otro. Tenemos para bañarnos, para la huerta. (N. pequeña productora de 39 años. Ciudad de Serrezuela, Octubre de 2014).

Cisterna para Almacenamiento de Agua
Imagen 1. Cisterna para Almacenamiento de Agua. Fuente: Diario “La Voz del Interior”, 23/03/2015.

Hasta el momento, se han construido 100 aljibes repartidos en las ciudades de San Marcos Sierras y Deán Funes y en las comunas de Serrezuela, Guanaco Muerto, Anisacate, entre otras. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿qué es AVINA?; ¿Cómo llega a contactarse el INTA con esta ONG?

De acuerdo al ingeniero agrónomo a cargo del proyecto, esta asociación es una ONG que tenía sede en Miami en la década del ‘80 y por inconvenientes legales trasladó sus oficinas a Brasil hace 15 años aproximadamente. En su página oficial, Avina declara tener como objetivo “contribuir a cambios concretos y relevantes para un desarrollo más sostenible en América Latina”. Y según su criterio, dos tipos de cambios son “clave” en la región: a-la valorización de lo público, es decir, lo que es de beneficio común; b-la transición hacia una nueva economía que promueva la sustentabilidad de la naturaleza y que contribuya al progreso social. Avina, a su vez, está “aliada a miles de organizaciones, fundaciones y líderes sociales y del sector empresarial y gubernamental de América Latina y el mundo, todos comprometidos con el desarrollo sostenible de la región”. Empero, bien vista la información que nos brinda “oficialmente” esta ONG, es claro que se financia a partir de un fideicomiso, es decir, una empresa multinacional.[9] Por consiguiente, y desde nuestra perspectiva, de la alianza que declara tener con tan diversos agentes sociales en toda la región, la única firme e irrevocable es aquella que tiene con el grupo empresarial que la creó y sus intereses concomitantes.

La vinculación de Avina con el INTA surge a partir de un congreso sobre “desarrollo local-internacional” que se realizó en el municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires, en el año 2011. Allí asistió el INTA con algunas campesinas del departamento Minas y llevaron una filmación que mostraba cómo habían trabajado las comunas “para enterrar la manguera; algo de la organización del movimiento y también todo el trabajo de los técnicos en capacitación”. Un miembro de Avina vio el video y buscó contactarse con el INTA:

En ese momento solo charlamos y nosotros quedamos en pensar la propuesta, porque viniendo de esta ONG, no podíamos avanzar sin tener en claro cuáles eran sus objetivos […] Es muy difícil meter un mango dentro de INTA, que no sea que venga del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no quieren quedar pegados con los narcos, con el lavado de dinero. 6 meses nos tardaron en aceptar esa plata. Hasta que no autorizaron porque vieron de dónde venía. Que te voy a decir de dónde viene, y cómo siempre digo: si alguien tiene un problema ideológico que lo tenga, yo no oculto la información. La guita viene de la Coca Cola, empresa que está 4ta. en el ranking mundial de contaminadoras, pero tienen un problema con el agua porque para hacer 1lt. de Coca Cola, necesitan 3 a 4 lt. de agua dulce. Por eso nos pusieron 30.000 dólares que para ellos es un gallo, no existe. Con eso hicimos 60 aljibes. ¡Es una locura! (Técnico de INTA. Cruz del Eje, Mayo de 2014).

 

Al mes, AVINA invitó (“con pasajes y estadía paga”) a los miembros del proyecto “Acceder al Agua” del Noroeste cordobés a ir a Brasil, a un congreso de ASA (Asociación del Semiárido Brasilero). Esta es una organización “terriblemente grande”, donde participan 100.000 familias más o menos y llevan hechas ya 600.000 cisternas. Asistieron 350 personas y diez estados latinoamericanos estaban representados: “Nos llevaron a ver los sistemas, una población muy pobre, un lugar muy árido, con cisternas, techo para recolectar agua, agua para consumo, agua para la huerta. Funcionando casi como un piloto automático. ¡La cuestión tecnológica a nosotros nos alucinó!”. (Técnico de INTA. Cruz del Eje, Mayo de 2014.). Vendría a decirse, la institución del Estado Nacional, sus representantes, junto a miembros de algunas de las familias campesinas que habitan y trabajan conjuntamente en el territorio del norte de la provincia de Córdoba (Argentina) recibieron entusiasmadas la propuesta de la fundación AVINA, principalmente porque el conflicto por el acceso al agua es grave y tiene, como hemos señalado, una larga historia en la región. Desde luego, se “detuvieron a pensar la propuesta” porque tenían conocimiento de la “leyenda negra” de esta ONG.[10] Sin embargo, el entusiasmo por lo novedoso y las necesidades urgentes pesaron más fuerte y actualmente (año 2015) continua el convenio de trabajo colectivo entre la fundación, el INTA y los grupos domésticos asentados en los departamentos de Minas, Cruz del Eje y el recientemente incorporado departamento de Ischilín.[11]

Puede advertirse que, la propuesta de Avina representa una mezcolanza entre la eficacia que el FMI le exige a la “sociedad civil” y a los estados neoliberales en Latinoamérica desde su informe en el año 1997, junto con las nociones de “empoderamiento”, “autonomía” y “democracia” presentes en las comunas- territorios vulnerables y de las que se apropia. En este caso, la fundación Avina “valora” y “rescata” el trabajo colectivo realizado entre el INTA, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina, el Movimiento Campesino de Córdoba, las comunidades del noroeste cordobés, desde el año 2008 en el proyecto de perforaciones de agua y educación para la soberanía alimentaria. Empero, existen como mínimo dos razones para desconfiar de sus “buenas intenciones”. Primera razón: como lo menciona Zibechi (2007), hace ya 20 años antropólogos bolivianos denunciaron el papel de los proyectos de desarrollo y de las ONGs en el norte de Potosí (Bolivia), como desestructuradoras de las comunidades indias. Las ONGs vivieron cambios sustanciales en los años ‘90 puesto que pasaron de jugar un papel contestatario a convertirse en colaboradores de los estados y gobiernos, especializándose en la concertación, la intermediación en los procesos sociales y en gestionar o impulsar la participación popular a escala local, pero sin cuestionar las políticas macroeconómicas del ajuste estructural. (Zibechi, 2007: 254-258). Desde la perspectiva crítica “foucaultina”, Zibechi sostiene que la crisis del Estado benefactor supuso establecer nuevas bases de relación entre Estado y sociedad civil. En ese sentido, reconoce que las ONG “llenaron un vacío, y lo hicieron sobre la base de una forma ‘participativa’, democrática, innovando los modos de hacer”. Sin embargo, y a pesar de que la mayor parte de las ONG que trabajan en la pobreza, están impulsadas y modeladas por la Educación Popular -fomentando la participación de personas que en general les cuesta participar-, “nunca se proponen superar la relación sujeto-objeto, más aún, de forma ‘blanda’ pero consistente, consolidan esa división”. (Zibechi, Ídem: 267).

Segunda razón: subyace en esta nueva etapa del proyecto una visión instrumentalista que, creemos, incorpora la fundación Avina en relación a la cultura de las comunidades. Para llevar a cabo la acción que está orientada al fin específico de proveer agua allí donde no hay, se requiere la mediación de un agente externo a la comunidad: ya sea la ONG, el Estado u otros. Sin embargo, como lo plantea Carenzo (2008), la participación de los grupos domésticos es considerada “un factor decisivo” puesto que se los identifica con aquellos rasgos culturales locales que tienden a ser más valorados en el contexto global. “El agente externo, maneja saberes e información actualizada respecto de ‘otros mundos’ que son ajenos a la experiencia cotidiana de la comunidad local, y en tal sentido, administra estos saberes en función de la dinámica identitaria que busca promoverse”. (Carenzo, 2008:77). No es incoherente, entonces, pensar que este tipo de fundaciones sostienen estrategias que tratan de valorizar el conocimiento, la cultura y las problemáticas locales como un recurso económico presente en los territorios puesto que la revalorización de la identidad cultural es un proceso que se adapta especialmente bien a espacios de pobreza y marginalidad. Afirma Carenzo al respecto: “En todo el proceso, el rol de las agencias que promueven este tipo de enfoques es ‘activar’ la dinámica identitaria de estas comunidades tradicionales”. (Carenzo, Ídem: 79). Empero, en las comunidades, el problema del acceso a los recursos, específicamente, la escasez de agua y la falta de políticas públicas para su distribución, generan un escenario de disputa que no sólo conforma su universo de prácticas culturales sino también y sobre todo, constituye uno de los elementos estructurales que limita los procesos productivos de las comunas y les está impidiendo recrear su modo de vida.

La “falta de agua” es una problemática anclada en la región y este aspecto le brinda particularidades a la relación que establecen los pequeños productores con sus medios de producción y a las relaciones que sostienen los productores entre sí. La acción de la ONG Avina -subsidiada a partir de recursos propios así como de la cooperación internacional- está centrada en la “ayuda” para resolver el acceso al agua en las comunidades pero a través de acciones en la propia comunidad, es decir, con intervención directa en las prácticas cotidianas de la población, al tiempo que carecen de un plan de acción sistemático respecto a esta situación conflictiva. No hay preocupación por profundizar en las condiciones de vida de quienes padecen la falta de agua, ni en la cultura en la cual se enmarca la reproducción de estos grupos.

 

Conclusiones: Responsabilidades del Estado en la solución de conflictos

¿Cómo es posible actualmente, en medio de una coyuntura política e ideológica internacional tan adversa a las utopías de libertad, en un mundo que asiste a una avasalladora globalización de la economía y la cultura, con su corolario de fortalecimiento de las grandes empresas y desenraizamiento cultural, redefinir la cuestión de desarrollo a partir de las ideas de autonomía y de territorialidad autónoma de manera, para decirlo de forma incisiva, de que no sea patética o quijotesca?
LOPES DE SOUSA, M., 1995, Pág. 108

 

El Noroeste de la provincia de Córdoba está sufriendo el flagelo de la degradación de sus tierras: históricamente la región se caracterizó por la presencia de bosques secundarios y arbustales abiertos, pero en la actualidad más del 30% del territorio ha sido desmontado (topado y rolado). En este contexto, aparecen las instituciones del Estado Nacional (el Estado Provincial está prácticamente ausente) con diversos proyectos: sea para la reinserción de las familias campesinas en el mercado o para contribuir a la resolución de las problemáticas más acuciantes que condicionan las economías de estos grupos. Nuestra intención fue la de presentar estos proyectos provenientes de la hegemonía del Estado como articulaciones necesarias en el territorio, antes que como logros del Estado, para poder avanzar en una comprensión de la cultura popular en relación mutua con los distintos niveles de formación y de poder estatal.

El proyecto “Acceder al Agua”, específicamente, el sub-proyecto: “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los Departamentos Minas y Cruz del Eje” iniciado en el año 2009, es llevado adelante a partir de la concertación de muchos actores en el territorio: INTA (sede Cruz del Eje), técnicos de programas estatales, profesionales variados, el Movimiento Campesino de Córdoba y pequeños productores de las comunas y parajes que participan tanto en la toma de decisiones como en la construcción de recursos propios. Consideramos que son importantes los procesos de aprendizaje con respecto al manejo de equipos para la obtención de agua sin costos energéticos, pues los mismos suponen cierta “capacidad instalada” y un relativo grado de organización en las comunas para dar respuesta a los problemas que el acceso al agua representa. Diremos, en el proyecto se trabajó de manera conjunta con 2 escuelas, 10 comunidades distanciadas entre 8 y 60 km, se buscaron diferentes formas de solucionar la problemática hídrica: construyendo pozos calzados con tapa y/o perforaciones allí donde había disponibilidad de agua subterránea; aprovechando las vertientes naturales, realizando aljibes con superficies de captación de agua de lluvia o represas comunitarias para almacenarla; instalando sistemas de bombeo (molinos, bombas, etc.). A su vez, el equipo técnico de INTA brindó algunas alternativas para la aprensión de técnicas locales en captación, conducción y almacenamiento del agua (sea para consumo humano como para sistemas de riego). Observamos, en este sentido, que el plan reviste un gran valor al momento de pensar en la “reinserción” y la subsistencia de los grupos domésticos en el noroeste de Córdoba, puesto que los mismos, y de manera notoria en las últimas décadas, han visto atacadas y desestructuradas casi todas las vías tradicionales de su reproducción social en el campo, siendo la falta de agua una de las mayores problemáticas en este escenario.

Sin embargo, lo que  despierta el alerta crítico en el mencionado proyecto, es el apoyo “financiero” que recibe de la ONG Avina, fundación sostenida por un trust internacional que funcionó a la perfección con los estados dictatoriales y neoliberales y que ha sido denunciada actualmente en Europa por fabricar productos cancerígenos. Asimismo, visto el accionar de este tipo de proyectos en el territorio, consideramos que carecen de una estrategia integradora para las problemáticas en la región, esto es, un plan que contemple como objetivos primordiales la conservación de los recursos naturales y la puesta en valor del rol fundamental que juegan en esta tarea los grupos domésticos y sus sistemas tradicionales de sobrevivencia.

En este sentido, rescatamos la perspectiva teórica aportada por Bernardo Mançano Fernandes, (2004), pues nos permite establecer que en un mismo espacio social existen contradicciones y desigualdades, propias del capitalismo, en relación al manejo, uso y eficiencia de los recursos naturales y cómo las diferentes acciones de los actores se basan en paradigmas y visiones de mundo que se contraponen y se disputan, en una “conflictualidad” permanente que destruye y recrea las relaciones sociales (Mançano Fernandes, 2004: 3). Esto supone pensar el concepto de territorio, diferenciándonos de las acepciones del DRT, que lo concibe como espacio geográfico sin conflictos, que no explicita quiénes son los “beneficiarios” del acceso a los recursos y de su usufructo, que niega que a los pequeños productores los cambios tecnológicos del agro lo vienen dejando fuera de escala (en el mejor de los casos) y sin tierra (en el peor de ellos).

Las comunidades cuyas particularidades culturales (asociadas muchas veces a una cotidianidad plagada de problemáticas urgentes) son objeto de renovada atención, resultan ser las mismas que ocupan los estratos más bajos en las estadísticas de pobreza y las que presentan una menor participación en la distribución del ingreso generado en el territorio. De allí que, resulta necesario problematizar el concepto de “Desarrollo Territorial Rural” (DTR). Este enfoque, resumido en la propuesta que formularon Schejtman y Berdegué (2004), se configura como una continuidad con las estrategias de desarrollo rural propuestas por los gobiernos neoliberales en Latinoamérica, materializando las recomendaciones del Banco Mundial. Su propuesta coloca al Estado en nueva escala y el rol protagónico lo adquieren los municipios, las onegés, existiendo una “completa asimetría entre la cantidad de beneficiarios ‘pobres’ y los parcos recursos destinados a ‘mejorar la calidad de vida de la población rural’ y reducir las desigualdades […] lo que configura la política del DTR en una política compensatoria y asistencialista”. (Rodrigues Lopes, 2014: 8).

Desde nuestro punto de vista, el proyecto “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los Departamentos Minas y Cruz del Eje”, vinculado actualmente a la Fundación Avina, presenta contradicciones en sus discursos y propuestas, en tanto que, donde debería existir una política deliberada por parte del Estado para resolver la problemática urgente del acceso al agua, existe un proyecto de “administración” sobre los recursos “disponibles”. Tal situación crea un consenso social allí donde habita el conflicto y la disputa entre actores de diferentes trayectorias y clases sociales. De tal forma que “invisibiliza” las causas estructurales que hacen a la desigualdad y la marginalidad en la que se encuentran las familias campesinas.

Por estos motivos, retomamos la crítica al enfoque del DTR puesto que segmenta el territorio, “dotándolo de una especificidad propia, cuasi sui generis respecto de los actores que los conforman y sus relaciones” (Carenzo, 2008: 81). Tal escenario, plantea Carenzo (2008), remite a una concepción “más esencialista” de la cultura, donde se valorizan ciertos elementos y procesos, ciertos “marcadores de identidad” en función de su potencial para diferenciarse en un contexto más amplio. En el caso del proyecto que construye cisternas para receptar agua de lluvia en las comunas y parajes rurales del Noroeste cordobés, el técnico a cargo nos manifestaba: “La gente de la Ong no lo puede creer […] van y hablan con los campesinos, y ellos ya aprendieron la técnica, y se juntan con los vecinos. Esa cosa ‘pseudo-hippie’ a la gente de las Ongs les encanta, es el justificativo de su esencia”. (Técnico del INTA. Cruz del Eje, Agosto de 2014). Sin embargo, otros elementos y procesos son conscientemente dejados de lado, principalmente, aquellos que hablan de la inserción subordinada de estos grupos en una región territorialmente desigual.

Empero, estas comunidades tienen trayectoria en el trabajo colectivo, gracias a su participación en organizaciones sociales como el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), quien en su documento “El Agua en nuestras comunidades” (2009) propone algunas medidas que se deberían tomar si se quiere modificar de raíz la problemática, a saber: a- realizar un “nuevo ordenamiento territorial”, con mecanismos de participación públicos y la integración de los diferentes aspectos socio-ambientales y económicos que garanticen el acceso al líquido elemento; b- Convocar en forma inmediata a un verdadero y consensuado ordenamiento de los bosques; c- Que el manejo de las áreas Ramsar refugios de Vida Silvestre estratégicos (Bañados del Río Dulce, Mar Chiquita, Salinas Grandes y de Ambargasta), tengan controles estrictos por parte del estado y se garantice los derechos posesorios de los campesinos con ganadería de transhumancia ancestral; d- Que las políticas de investigación se abran a las realidades de las regiones y hacia un cambio del modelo productivo: contaminación ambiental, acceso al agua, agricultura agroecológica, salud integral y preventiva, energías alternativas, etc. (Documento “El agua en nuestras comunidades”, 2009: 30-35).

Tanto el MCC, como los pequeños productores familiares que participan en él (y otros que no) a quiénes hemos entrevistado, visualizan la problemática del agua desde una perspectiva integral, es decir: uso, derecho al acceso y  distribución del agua como derecho humano vital. Objetivan así la utilización del recurso como una estrategia de poder en los territorios que involucra decisiones políticas desde los espacios más “micro” (jefes comunales) hasta los más “altos” (intendentes, gobernadores).

Por el contrario, y de acuerdo a lo sistematizado en el trabajo de Bergamín (et. al., 2009), la gestión provincial del agua a través de sus instituciones, visualiza “la preponderancia de una concepción economicista, utilitarista del recurso en contraposición a la perspectiva holística/ integral que considera otras dimensiones que hacen a la sustentabilidad de los sistemas, como la social, la ecológica y lo cultural. La gestión del agua en general se realiza a través de procesos en los cuales no participan todos los actores sociales implicados en la problemática […] No se percibe una trayectoria histórica de administración colectiva del agua” (Bergamín et. al., 2009: 22). Los autores consideran que falta una planificación estratégica, participativa, documentada sobre el uso del espacio en general, y sobre la gestión del agua, en particular. Sí existe un patrón de funcionamiento en el territorio, reflejado en la distribución del agua, “no se basa en criterios agronómicos ni de acceso equitativo.

Por último, y a manera de cuestionamiento, diremos que el impulso y estímulo a la “participación”, especialmente cuándo deriva de fundaciones “filantrópicas” financiadas por empresas multinacionales, es el vínculo político que articula contradictoriamente al Estado, sus instituciones, y las organizaciones sociales con el poder empresarial. De allí que haya que desconfiar de los llamados fáciles a la realización de acciones conjuntas. De todas formas, en lo que concierne a las actividades territoriales, como es el caso de algunos técnicos o profesionales del Estado nacional que trabajan en las zonas más vulnerables del agro extra-pampeano argentino, es reivindicable la disputa por la definición política de tales espacios contra la influencia cultural de los aparatos políticos partidarios, comunidades eclesiásticas, o la influencia perniciosa de grupos narcos. En esta dirección, comprendemos que el Estado Nacional, específicamente, en la etapa pos convertibilidad y crisis social del año 2001, ha encontrado un “arte de gobernar” y vincularse con los movimientos sociales, que le ha permitido ingresar a los territorios de la pobreza con mucha mayor eficiencia que los caudillos clientelares del período neoliberal. Esos líderes, como afirma Zibecchi (2007) “actuaban de modo vertical y autoritario, y por lo tanto siempre podían ser desbordados”. No obstante, y en el caso del Noroeste cordobés, sigue faltando una coordinación interinstitucional para la gran variedad de instancias públicas locales existentes en el territorio junto con un plan integral que dé respuesta a las problemáticas ambientales-sociales más urgentes de la región.

 

Notas:

[1] Profesora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Doctoranda en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Adscripta a la Cátedra de Antropología Social y Cultural de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro del Programa de Estudios en Antropología e Historia de la Relación  Capital –Trabajo del Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad (CIECS), unidad ejecutoria del CONICET. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] La noción de desarrollo, hacia la cual concentraron grandes esfuerzos la mayoría de las Ciencias Sociales, se inscribe en aquella utopía inicial –producto de la “modernidad”-que predecía una sociedad autorregulada a partir de las fuerzas del mercado. Sin embargo, y muy lejana de aquellas predicciones de evolución natural y pacificación social de los padres fundadores de la economía política, la historia de la construcción de nuestra sociedad contemporánea se refleja en una cronología de guerras de conquista y dominación, seguida o precedida de liturgias genocidas, con la consecuente profundización de los niveles de exclusión, pauperización extrema y desigualdad social masivos -imposibles ya de ser transferidos hacia el fantasma del comunismo, el intervencionismo estatal u otros enemigos de las bondades del neutro mercado-. Estas condiciones nos indican que han sufrido un golpe mortal las utópicas promesas de un mejor mundo del trabajo, de mejores condiciones de existencia y de progreso indefinido. Obras de consulta obligada sobre esta acepción resultan: FURTADO, Celso (1998); KAY, Cristóbal (2004); DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Ricardo (2011).

[3] La idea teórica de “acción colectiva” fue formalizada por primera vez por el autor norteamericano Charles Tilly en From mobilization to revolution (1978). Resumidamente diremos que en ella, la organización es una variable fundamental. La organización como resultado de la lucha por el poder que implica movilización de recursos, interacción con el Estado, entre otros, según reglas no reductibles a las relaciones de producción. La teoría de la “acción colectiva” intenta explicar la democracia como efecto, resultado, de estas luchas. Para un análisis pormenorizado del autor y su recepción en el arco de las Ciencias Sociales de nuestro país, véase: SANTELLA, Agustín, 2010.

[4] Algunas de estas experiencias fueron: el proyecto de sistemas de agua multipropósito en Santiago del Estero, consistente en la “optimización de los sistemas tradicionales de riego para zonas semiáridas”; la instalación de molinos de viento y reservorios de agua para productores familiares con dificultad de acceder a los recursos hídricos ( Departamento Juan Facundo Quiroga, provincia de La Rioja); el proyecto que “ayudó a proveer de fuentes de agua” a las 18 familias en las comunidades rurales de Goya y Lavalle (Provincia de Corrientes); entre otros. BARRERA, et. al., 2009, pp. 7-11.

[5] El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), emerge a fines de la década del ’90 como un referente de los intereses del campesinado locales. Como movimiento social- territorial, tiene dos objetivos primordiales: a- la reivindicación por la tierra – reforma agraria- y, b- por la soberanía alimentaria. Integra a nivel nacional el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, y a nivel internacional articula con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y con la Vía Campesina. (Romano, 2011). En nuestra zona de estudio, accionan dos ramas del MCC: la Asociación de Productores del Norte de Córdoba (APENOC) –con sede central en la ciudad de Serrezuela y alrededores-, y la Zonal Cruz del Eje con sede en la ciudad homónima y activa en los parajes San Santo Domingo, Los Leones, San Antonio, Villa Luján, Santa Ignacia, El Abra, El Quebrachal y Las Ollas.

[6] De acuerdo al documento del PROINDER (2007), las NBI en la Argentina son cinco (5), a saber: Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto; Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho); Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete; Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela y Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado 3er grado de escolaridad. El criterio determinante para la inclusión de hogares y personas en situación de marginalidad social fue, de acuerdo al documento,  el cumplimiento de al menos una de las condiciones expuestas precedentemente. El análisis muestra que las condiciones de vida de las personas en el Área del Noroeste cordobés son las más desfavorables de los sectores analizados, superando en un 50 % la media provincial que es de un 11% de hogares con NBI y de un 13% de personas en igual condición. (PROINDER, 2007).

[7] Utilizamos el concepto de frontera agropecuaria en el sentido que le otorga Reboratti (1990), esto es, que no siempre, ni necesariamente, está asociada a la instalación de “colonos”. En nuestro caso, como muchos otros de nuestro país, el mecanismo adoptado es la compra a bajo precio de grandes áreas vacías, y su valorización a través del desmonte y la construcción de una infraestructura que garantice la entrada de insumos y la salida de productos. No hay inmigración masiva, sólo la contratación de la cantidad de mano de obra necesaria para realizar las distintas tareas, y dicha mano de obra corre siempre el riesgo de ser reemplazada por tecnología, bajo la forma de maquinaria. REBORATTI, 1990, pág. 15. En el Noroeste de la provincia de Córdoba, específicamente, la extensión de la frontera agropecuaria, trajo como consecuencia un aumento del precio de la tierra en las zonas tradicionales por lo que los productores buscaron (y buscan)  zonas marginales para incorporarlas a la agricultura y a la ganadería extensiva. Bovinización refiere a la “actividad ganadera de tipo capitalista que modifica el patrón geográfico y técnico de producción, desplegando un nuevo proceso de territorialización”. HOCSMAN y PREDA, 2006, pág. 2.

[8] Algunos de los actores que se encuentran involucrados en la gestión del líquido elemento en la zona, son: representantes del recientemente creado Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, consorcios de regantes, Intendentes y cooperativas que gestionan el agua para consumo humano, para riego y consumo animal. A su vez,  el agua de riego se encuentra organizada en dos zonas: la de riego y la llamada “fuera de zona” o riego eventual, que se administra por entidades informales conformadas ad hoc por productores y jefes comunales; las organizaciones de productores agrupados en sectores políticos gremiales (como la Federación Agraria Argentina), los movimientos campesinos-indígenas (como APENOC-MCC), que se destacan por su consolidación organizativa en las últimas décadas, entre otros.

[9] La fundación AVINA está sustentada por Viva Trust. Un fideicomiso fundado en 2003 por Stephan Schmidheiny, mediante “la donación irrevocable de una porción importante de sus recursos”. Su idea era establecer una organización que le permitiera “contribuir de manera sostenible al desarrollo económico, ecológico y social de América Latina”. Véase: http://www.avina.net/esp/sobre-avina/ [Consultado: Octubre y Septiembre de 2015].

[10] Básicamente, esta organización cuando estaba en Miami negociaba -vía consenso de Washington- proyectos de desarrollo durante gobiernos dictatoriales y neo-liberales. Hoy en día, el presidente de la asociación ha sido juzgado en Italia por la cuestión del avento, material con el que se hacen los tanques de fibro-cemento para el agua, y se ha comprobado que es cancerígeno. Información brindada por el Técnico de INTA a cargo del proyecto. Comunicación personal. Cruz del Eje, Mayo de 2014.

[11] Es dale aclarar que, si bien Avina hasta el día de hoy (año 2015) sigue “apoyando” financieramente el proyecto, INTA comenzó a “tomar distancia en algunas cosas […] porque ellos laburan, por ejemplo, ahora con Danone, que quiere poner la plata para construir 100 cisternas, porque quieren hacer una propaganda de agua como Villa del Sur, y eso no nos interesó: que se cruzara la cuestión de ellos como espacio de marketing, con nuestro laburo. Es parte de su ‘responsabilidad social empresarial’ pero esa no es nuestra línea de trabajo […] Hoy, además, nosotros hemos ganado ‘espalda’: antes teníamos 10 aljibes hechos y hoy son más de 100”. Técnico de INTA a cargo del proyecto. Comunicación personal. Cruz del Eje, Mayo de 2014.

 

Bibliografía:

ARQUEROS, M. X. y NARD, M. A. (2005). “Aportes para la discusión del Desarrollo en Áreas Rurales Pobres y su implicancia a través de Análisis de casos en Salta y Misiones”, en IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 9 al 11 de Abril.

BARREDA, M.; LEDESMA, S. (Comp.). (2009). Acceder al Agua. Relatos y experiencias de organización en los territorios, Buenos Aires: Ediciones INTA.

BERGAMÍN, G.; RYAN, S.; BISIO, C.; RE, G.; MENNA, J.; et. al. (2009).  “El rol de los actores en la gestión del agua y su institucionalidad en relación al desarrollo Rural en la Provincia de Córdoba”, en VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 11, 12 y 13 de Noviembre.

CABIDO, M; GIORGIS, M.; TOURN, M. (2010). “Guía para una Excursión Botánica en las Sierras de Córdoba”, en Boletín de la  Sociedad Argentina Botánica, Vol. 1-2, N° 45, Pp. 209-219.

CARENZO, S. (2008). Un Universo de Objetos en Circulación: Procesos de Valorización y Transformaciones en las Economías Domésticas Chané de Campo Durán, Salta. Tesis Doctoral en Antropología, Universidad Nacional de Buenos Aires. Inédita.

CASTEL, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires: Paidós.

DÁVILA LADRÓN de GUEVARA, R. (2011). “Estrategias futuras de desarrollo rural”, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Instituto de Estudios Rurales. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/ier/?idcategoria=109. [Consultado: Marzo de 2013].

FURTADO, C. (1998). “El capitalismo Global”, Fondo de Cultura Económica. Disponible en: Http://www.redcelsofurtado.edu.mx  [Consultado: Febrero de 2014].

HAESBAERT, R. (2005). “Da desterritorialização à multiterritorialidade”, en  Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina, Universidade de São Paulo, 20 a 26 de Marzo.

HOCSMAN, L. y PREDA, G. (2006). “Agriculturización y ‘Bovinización’. La renovada Territorialización Capitalista en Córdoba (Argentina)”, en actas del VII Congreso Latino-Americano de Sociología Rural, FLACSO, Ecuador.

KAY, C. (2005). Los paradigmas del Desarrollo Rural en América Latina, La Haya: Institute of Social Studies, mimeo, 70 páginas.

LOPES DE SOUZA, M. J. (1995). “O territorio: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento”, en de CASTRO, E.: Geografía: conceitos e temas, Brasil: Bertrand.

MANÇANO FERNANDES, B. (2004). “Cuestión Agraria: conflictualidad y desarrollo territorial”,  Presentación Seminario Lincoln Center Institute of Land Policy. Disponible en: http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-2.pdf. [Consultado: Marzo-Abril de 2012].

MANZANAL, M. (2006). “Regiones, Territorios e Institucionalidad del Desarrollo Rural”, en MANZANAL, M.; NEIMAN, G. y LATTUADA, M. (Comp.). (2006). Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorios. Buenos Aires: CICCUS, Pp. 21-50.

PEGORARO, M.; INTROCASO, R.; Di Franco, L. (2013). “Análisis de los cambios en el uso del suelo en el departamento de Cruz del Eje, Córdoba, Argentina”, en actas del XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Fos de Iguazú, 13 al 18 de Abril.

REBORATTI, C. (1990). “Fronteras agrarias en América Latina”, en Geocrítica, N° 87, Pp. 5-49.

RODRIGUES LOPES, G. (2014). “Ese ‘desarrollo’ quiere acabar con nosotros. Las políticas de Desarrollo Territorial Rural en Brasil y Argentina (2003-2012)”, en VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

ROMANO, M. (2011).  Nosotros siempre fuimos campo abierto. Conflictos territoriales, derechos a la tierra y poder judicial en el norte de Córdoba, Facultad de Agronomía, Doctorado en Estudios Sociales Agrarios, Universidad Nacional de Córdoba, Tesis doctoral Inédita.

SANTELLA, A. (2010): “Charles Tilly, Perfiles”,  en Nuevo Topo, Revista de Historia y Pensamiento crítico, N° 7, Buenos Aires: Prometeo.

SANTOS, M. (1994): "O retorno do territorio", en SANTOS, M. (Coord.) Territorio. Globalizaçao e fragmentaçao. San Pablo: HUCITE-ANPUR.

SCHEJTMAN, A. Y BERDEGUÉ, J. (2004). “Desarrollo Territorial Rural”. Debates y Temas Rurales N° 1, RIMISP, Santiago de Chile. Documento elaborado para la División América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Departamento de Desarrollo Sustentable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

TARASSIOUK, A. (2007). “Estado y desarrollo. Discurso del Banco Mundial y una visión alternativa”, en VIDAL, Gregorio; GUILLÉN R., Arturo (Comp.): Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/vidal_guillen/06Tarassiouk.pdf. [Consultado: Agosto de 2015].

ZIBECHI, R. (2007). Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.

 

Documentos Citados:

  1. Documento de consultoría: Asistencia Técnica para la Formulación de la Estrategia de Desarrollo Rural de la Provincia de Córdoba/ Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios –PROINDER-. Coordinado por BECERRA, Víctor. Ministerio de Economía y Producción, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Argentina.
  2. Documento “El agua en nuestras comunidades. Un Manual práctico para abastecimiento de agua en comunidades campesinas-indígenas”. Elaborado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)- Vía Campesina, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
  3. Entrevistas realizadas en el Departamento Cruz del Eje (provincia de Córdoba, Argetina) a técnicos del INTA y a pequeños productores de la zona.
  4. “Las cisternas de Tulumba”, Diario La Voz del Interior, Córdoba, 23 de Marzo. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/temas/las-cisternas-de-tulumba. [Consultado: Octubre de 2015].

 

Cómo citar este artículo:

PAZ, Magalí Luciana, (2016) “Córdoba (Argentina): Problemática del agua en zonas con predominio de economía doméstica (o campesina). Intervenciones institucionales y perspectiva de los beneficiarios”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 29, octubre-diciembre, 2016. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Domingo, 26 de Marzo de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1383&catid=14&Itemid=31

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