Pacarina del Sur se suma a los actos de recuperación de la memoria de los movimientos de la juventud: el centenario de la Reforma Universitaria (Córdoba, 1918) y el cincuentenario de sus procesos de crítica y resistencia en tiempos de la Guerra Fría en diversos escenarios continentales. 1968 tiene muchos rostros y memorias juveniles por rescatar.

 

Pacarina del Sur se suma a los actos de recuperación de la memoria de los movimientos de la juventud: el centenario de la Reforma Universitaria (Córdoba, 1918) y el cincuentenario de sus procesos de crítica y resistencia en tiempos de la Guerra Fría en diversos escenarios continentales. 1968 tiene muchos rostros y memorias juveniles por rescatar.

 

Pacarina del Sur se suma a los actos de recuperación de la memoria de los movimientos de la juventud: el centenario de la Reforma Universitaria (Córdoba, 1918) y el cincuentenario de sus procesos de crítica y resistencia en tiempos de la Guerra Fría en diversos escenarios continentales. 1968 tiene muchos rostros y memorias juveniles por rescatar.

 
Pacarina del Sur
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La trama perversa del gran capital: economía ilícita, delitos de los poderosos y poder político

The perverse plot of big capital: illicit economy, crimes of the powerful and political power

O enredo perverso do grande capital: economia ilícita, crimes do poder poderoso e político

Daniel Cieza[1]

 

A fines del siglo XX se empieza a debatir en algunos círculos la relación entre la gran empresa y el  crimen organizado. Este debate trasciende las denuncias de grupos  de izquierda, sobre el carácter delincuencial del sistema capitalista y se instala en organismos internacionales. Se  sancionan Convenciones  sobre  el  delito organizado trasnacional o la lucha contra la corrupción  y se comienza a considerar a la “economía ilícita” como parte de la economía real. Sin embargo, no es un tema del debate académico.               

La tesis de que en el continente americano existe un vínculo entre los grandes empresarios y el crimen organizado no es nueva. Ya en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, los nacientes grupos monopólicos fueron  calificados como “los barones ladrones”, por periodistas de la época. Y, en el siglo XX, sociólogos destacados plantearon en términos científicos esta relación. El primero de ellos fue un eminente sociólogo de Chicago, de credo bautista, pero destacado en los estudios empíricos en la década de los 30. Edwin Sutherland, definió a los 70 empresarios más importantes de su país como “delincuentes reincidentes” y consideró que utilizaban métodos similares al crimen organizado de Al Capone. Sutherland acuñó el concepto “delito de cuello blanco”, pero fue condenado al olvido por la guerra fría. No consiguió editores para sus investigaciones. Los resultados de esos estudios fueron publicados por sus discípulos luego de su muerte en 1950. Recién son traducidas al castellano a fines del siglo XX (Sutherland, 1999).

Más tarde, uno de los más respetados sociólogos de occidente, Anthony Giddenes, un socialdemócrata,  moderado y cercano a Tony Blair, retoma la temática y elabora el concepto “delitos de los poderosos”.  Señala lo siguiente:

Probablemente, la delincuencia organizada ha llegado a ser tan importante en la sociedad estadounidense, al asociarse con los “barones ladrones” industriales a finales del siglo XIX y haberlos utilizado como modelo. Gran parte de los primeros industriales hicieron fortuna, al explotar  la mano de obra inmigrante, en general sin hacer caso a la reglamentación laboral y con frecuencia se utilizaba una mezcla de corrupción y violencia para levantar sus imperios industriales. El crimen organizado prosperó en los depauperados guetos étnicos, donde la gente desconocía sus derechos legales y políticos, empleando métodos similares para reducir la competencia y crear redes de corrupción (Giddens, 1991: 270).


Imagen 1. www.larepublica.ec

Otro destacado científico social, el catalán Manuel Castells plantea la relación entre la economía ilícita, como las italianas,(antiguas mafias de origen europeo) y los “barones ladrones” que surgen en Estados Unidos y se extienden por toda América Latina, en una trama perversa que empieza a influir sobre la economía legal y las instituciones democráticas. En la misma dirección, algunos  economistas y politólogos, como Jorge Beinstein y Marcos Kaplan empiezan a preocuparse por la “economía criminal” y su peso en la economía real.

Lamentablemente, esta cuestión no ingresa a la agenda académica. Como observa Castells, los pocos trabajos sobre estos temas son menospreciados como sensacionalistas o carentes de datos confiables:

La conexión flexible de estas actividades criminales en redes internacionales constituye un rasgo esencial de la nueva economía global y de la dinámica sociopolítica de la era de la información. Existe un reconocimiento general de la importancia y realidad de este fenómeno, y son atestiguadas por abundantes datos, principalmente de informes periodísticos bien documentados y de las conferencias de las organizaciones internacionales. No obstante, los sociólogos prescinden en buena medida del fenómeno cuando se trata de comprender economías y sociedades, con el argumento de que los datos no son verdaderamente fiables y que adolecen de sensacionalismo. No estoy de acuerdo con estos planteamientos. Si se reconoce un fenómeno, como una dimensión fundamental de nuestras sociedades, e incluso del nuevo sistema globalizado, debemos utilizar cualquier dato disponible para explorar la conexión entre estas actividades criminales y las sociedades y economías en general (Castells 2004: 200).

 

Sin embargo, en la economía real y en las instituciones estatales siguen avanzando procesos que hoy son inocultables. Estos son registrados por algunos publicistas y periodistas de investigación, entre los que  hay que destacar a los italianos Forgione y Gratteri, el semanario Proceso de México, y también al  argentino Horacio Verbitsky.

Después de las revelaciones del “caso Odebrecht”, que marca a fuego, los vínculos ilícitos entre la principal empresa de infraestructura de América Latina y funcionarios de alto nivel de la mayoría de los países del subcontinente, o de las investigaciones de Horacio Verbitsky sobre la familia Macri, es imposible soslayar los vínculos entre la economía ilícita y los delitos de los poderosos en la economía real. La aparición en Argentina, de los llamados “Cuadernos de las Coimas”, agrega nuevos elementos a esta trama perversa en la que participan grandes empresarios,  políticos,  jueces, multimedios y agentes de inteligencia.

Este artículo, intenta sintetizar algunos datos que generalmente no se valoran adecuadamente y que pueden contribuir a estudiar la relación entre los delitos de los poderosos y la economía real. Asimismo,  esboza algunas reflexiones para un debate que se inicia con retraso en el mundo académico.

 

Complicidad de grandes empresas en delitos de lesa humanidad

 No hay duda, de que grandes empresas son responsables en delitos de lesa humanidad en el transcurso del siglo XX. Tanto en Argentina, Guatemala, y Colombia en el marco de las dictaduras y del auge del paramilitarismo, hubo graves delitos cometidos por empresarios.  

Aunque no hay condenas judiciales masivas, está comprobado a nivel sociológico e historiográfico, de que grandes empresas fueron cómplices de los delitos cometidos en el marco de dictaduras emblemáticas,  en Argentina o Guatemala. Los estudios realizados por un consorcio de  una prestigiosa  organización no gubernamental, una universidad latinoamericana, y el  Ministerio de Justicia en la Argentina;  o por la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, son concluyentes en relación a que grandes empresas trasnacionales y locales fueron cómplices en delitos que afectaron a sus propios trabajadores dependientes.

Según un informe del año 2015, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,( FLACSO) y el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) en 25 grandes establecimientos industriales de la Argentina hubo más de 400 desaparecidos y asesinados. Cita el documento:

A lo largo de este informe, para el conjunto de las empresas analizadas, se identificaron casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado, 354 víctimas están desaparecidas, 65 asesinadas, y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y luego liberadas (SDH-FLACSO-CELS, 2015, T II: 407).

 

A su vez, la responsabilidad o complicidad empresarial surge según el informe de los siguientes datos y conductas que se repiten en los casos bajo análisis:

…secuestro de trabajadores en las fábricas y el despido o el retiro forzado de obreros activistas, en algunos casos ya asesinados o desaparecidos (88%); entrega de información privada de los trabajadores y listados de delegados a las fuerzas represivas (76%); presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento en las fábricas (72 %),participación de oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%);existencia de agentes de inteligencia infiltrados (60%);realización de operativos militares en los predios fabriles (56%); presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%), habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%); aportes económicos a las fuerzas represivas (48%); uso de camionetas de la empresa en operativos de detención y secuestro (40%); control militarizado del ingreso a la planta fabril (40%); amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva (36%);solicitud de detención de parte de directivos (36%); solicitud de intervención militar en conflictos (32%);secuestros de trabajadores en el trayecto entre la empresa y la casa, y viceversa (32%);existencia de agencias de seguridad en las empresas (32%); funcionamiento de centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa (24%);control militarizado de la producción (16%); retención y tortura en espacios de la fábrica (16%) (SDH-FLACSO-CELS, 2015, T. II: 408-409).

 

Este informe oficial, confirma estudios anteriores realizados de manera artesanal. Según una investigación académica, alrededor de 500 activistas sindicales, con antecedentes laborales en 80 grandes empresas forman parte de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados (Cieza, 2012).

El caso de Guatemala también es muy significativo. Si bien en  este país el conflicto armado interno se extiende desde 1954, al ser derrocado Jacobo Arbenz hasta 1985, la violencia se concentra entre 1977 y 1983, cuando se dan la mayor cantidad de asesinatos y desapariciones forzadas. Según un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) titulado “Guatemala. Memoria del silencio”, apoyado por la ONU, más de 200 mil guatemaltecos perdieron la vida, incluyendo 40.000 desapariciones forzadas (Feierestein, 2016). Se trata del proceso genocida más importante de América Latina.

En este marco, aparecen en el informe de la C.E.H, algunos “casos ilustrativos” que tienen relación con la represión antisindical y la responsabilidad de grandes empresas. El primero se refiere a sindicalistas de la empresa Coca Cola, (caso ilustrativo núm. 67). El segundo caso, (núm. 67) se refiere a la desaparición forzada de miembros de la Central Nacional de Trabajadores (C.N.T). El tercer caso, se refiere al ingenio Pantaleón (núm. 109) Se trata del ingenio azucarero más grande de Guatemala, cuyos trabajadores habían encarado una huelga en febrero y marzo de 1980. Un trabajador murió en la huelga y luego, en 1983 tres dirigentes sindicales sufrieron desaparición forzada.

Asimismo, según una publicación de la Secretaría de la Paz de Guatemala, la antropóloga Marta Gutiérrez, con datos del archivo histórico de la policía nacional, menciona estrechos contactos entre jefes policiales, militares y directivos de empresas durante el Gobierno de Lucas García con el objetivo de destruir el sindicalismo organizado (Gutiérrez, 2012: 143-150).

El tercer ejemplo significativo de responsabilidad empresarial, en la represión contra sindicalistas es Colombia. Diversas fuentes   estiman  que en las últimas dos décadas, han sido asesinados más de dos mil sindicalistas y sometidos a desaparición forzada alrededor de 150 (Archila, 2012). Un  informe del  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), eleva la cifra y se toma un período más amplio. El estudio recoge información desde 1984 hasta 2013. Las cifras llegan a 2.800 dirigentes sindicales  asesinados, lo que supone una media de 100 al año, y el 94,4% de los crímenes permanecen impunes. La oficina de la O.N.U., ha registrado también 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros de sindicalistas. La Escuela Nacional Sindical entre 1977 y 2011 registra en Colombia 2870 asesinatos y 210 desapariciones (Valencia-Celis, 2012).

Los estudios realizados, también consideran que la matanza de sindicalistas es independiente del conflicto armado. La gran mayoría de las víctimas, no tienen vinculación con la lucha armada.  Asimismo, se ha señalado que algunas grandes empresas fruteras (Chiquita Brands, Dole) y de la alimentación (Coca Cola) han sido denunciadas por financiar a grupos paramilitares a cambio de “neutralizar” a los sindicalistas (Human Rights, 2008, AI: AMR 23/029/2007).

Estos datos sugieren que los directivos de empresas trasnacionales estadounidenses, como Ford, Swift,  Coca Cola, Dole, Chiquita Brands o de grupos locales como: Techint, Blaquier o ingenio Pantaleón, no tuvieron trabas en cometer graves delitos, para obtener ventajas económicas, tales como no pagar indemnizaciones laborales. En efecto, todos estos grupos se desprendieron de activistas sindicales “indeseables”, a través de delitos ejecutados por las fuerzas armadas o grupos para-militares.

 

La fuga de capitales

Se conoce como “fuga de capitales”, la transferencia al exterior de activos de las empresas. Resulta evidente que a partir de la década de los 80, comienza un proceso de fuga de capitales en muchos países de América Latina. En Argentina las series históricas son muy claras y se puede observar una tendencia permanente y sistemática (Basualdo, 2017).


Imagen 2. ww.proceso.com.mx

Esta fuga de capitales está ligada a la comisión de delitos tributarios, ya que en la gran mayoría de los casos, los activos que salen al exterior no son informados correctamente a las autoridades, para evitar el pago de impuestos. Son ejemplos claros de corrupción.

Los documentos conocidos como “Panamá Papers” y “Paradise Papers”, filtrados a periodistas de investigación, demuestran que una gran cantidad de grandes empresarios latinoamericanos tienen capitales en paraísos fiscales, (Ugarteche et al, 2016). Entre ellos los grupos Macri, Techint, y Bulgheroni de la Argentina (O´Donnell et al, 2017), los empresarios  William Vélez,  Carlos y Francisco Ríos Velilla de Colombia y  los grupos Carso (Slim) e Higa (Hinojosa) de México. Otros individuos y empresas también son mencionados en vinculación con otros paraísos fiscales. Es el caso de la familia  Macri, que está mencionada en 50 empresas of-shore (Maradea et al, 2018).

La fuga de capitales, hacia paraísos fiscales donde funcionan empresas off-shore forman parte del delito económico organizado trasnacional. El delito económico organizado (DEO), es un novedoso concepto acuñado por corrientes doctrinarias de la sociología del delito (Pegoraro, 2015). Consideramos que es aplicable a diversos casos. Uno de los primeros ejemplos, sería la evasión sistemática por grandes empresas del pago de impuestos. Otro ejemplo, el lavado de dinero de actividades ilícitas. Las “guaridas fiscales” hacia donde fugan los capitales latinoamericanos están en países del norte, empezando por Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados como Delaware o Alaska y la Ciudad de Londres funcionan como paraísos fiscales donde conviven capitales de grandes multinacionales y mafias de narcotraficantes. Desde estas guaridas fiscales, algunos de estos capitales son “lavados” a través de cambios societarios, transferencias de acciones, conformación de fondos de inversión o mecanismos parecidos.

A pesar de que los grandes Bancos mantienen algunas operaciones en secreto, últimamente han aparecido “empleados infieles” que han revelado datos sobre cuentas y operaciones reservadas. Entre ellos Hervé Falciani y Hernán Arbizu. El primero ha revelado datos sobre el HSBC, filial de Suiza, y  el segundo sobre la Banca Morgan.[2]

El funcionamiento de “guaridas fiscales”, constituye un mecanismo neocolonial, ya que antiguos y nuevos imperios, como Gran Bretaña y Estados Unidos habilitan estos santuarios del gran capital, como la Ciudad de Londres, los Estados de Delaware o Alaska, y diversas islas, donde  grandes bancos y consultoras recaudan en concepto de Comisiones, ingentes sumas de dinero provenientes de transferencias que defraudan a las Agencias tributarias nacionales con lo que dejan de financiar programas sociales de los países periféricos.

 

Sobornos a funcionarios públicos: del “lava jato” a “los cuadernos de las coimas”

En Brasil y Argentina, se realizan investigaciones sobre sobornos de empresas a funcionarios públicos conocidos como “Lava Jato” y “Cuadernos de las Coimas”. En el marco de la primera investigación se destaca el caso “Odebrecht”.

El caso Odebrecht,[3] es una investigación realizada por la Procuraduría del Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que establece la responsabilidad de la mayor empresa de infraestructura de América Latina y varios grupos asociados en hechos de corrupción en Brasil, Perú, Colombia, Argentina, México y otros países, que además comprometen a varios dirigentes políticos (Temer, Toledo, Uribe, Macri,  etc.).


Imagen 3. http://hectorjlorencilla.com

El caso de “los cuadernos de las coimas,” es una investigación de un juez federal argentino, sobre sobornos a altos funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por parte de grandes  empresas argentinas y extranjeras. Se han arrestado algunos funcionarios e importantes empresarios y se menciona a otros. La autenticidad de los “Cuadernos”, en los que un chofer de un funcionario habría anotado los sobornos no está probada, pero la investigación sigue adelante,  al declarar como “arrepentidos” el chofer y algunos empresarios vinculados a Grupo Macri, entre ellos el primo hermano del presidente, quienes fueron detenidos, o se menciona como sospechosos a otros directivos de grandes grupos como Techint, Roggio y  Pescarmona. También se involucra a ex funcionarios gubernamentales.

Estas investigaciones han sido manipuladas por grandes medios de comunicación,  y se utilizaron para procesar a dirigentes progresistas como Lula de Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina y Jorge Glas en Ecuador.[4] Aunque se sospecha que estas investigaciones están viciadas, por “operaciones de inteligencia” destinadas a perjudicar la carrera electoral de líderes populares, no se puede soslayar que hay datos muy concretos que comprometen a algunos de los principales grupos económicos latinoamericanos, como  Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Batista en Brasil o Techint, y a empresarios poderosos como Macri, Roggio y Pescarmona, en  Argentina.

El soborno de políticos y funcionarios públicos y el lavado de dinero, es un tema que se repite en México. Se han denunciado sobornos del empresario Juan Hinojosa, del grupo Higa, al Presidente Enrique Peña Nieto, en el affaire conocido como “Casa Blanca”,[5]  y sobornos del Grupo Odebrecht, a funcionarios de PEMEX, en particular al entonces Director Emilio Lozoya que dirigieron la campaña de Peña Nieto. También se mencionan sobornos a políticos  a partir de grupos narcos.  En una causa judicial en Estados Unidos, uno de los principales narcos del grupo de los Zetas, fue acusado de sobornar a dos Gobernadores de Veracruz, a través de un  contratista de PEMEX, Francisco Colorado, condenado a 20 años de cárcel en Estados Unidos.[6]

Todos estos datos deberían impactar en los análisis académicos sobre sociología electoral, y sobre  los mecanismos de dominación política. Empresas trasnacionales  y grupos narcos que operan como trasnacionales de la economía ilícita, alteran la equidad de procesos electorales en forma reiterada.

 

Asociación entre grandes empresas y mafias

Los informes de la comisión antimafia del Parlamento Italiano, de las Comisiones sobre Lavado de Dinero y Fuga de Divisas del Congreso argentino, y de diversos Comités del Congreso  estadounidense  aportan datos que han sido difundidos y recreados por periodistas de investigación. Se destacan los trabajos de Francesco Forgione, quien presidiera la Comisión Antimafia italiana, de Horacio Verbitsky que ha trabajado con datos sobre blanqueo y fuga de capitales, y la labor de  periodistas  mexicanos como Sergio Aguayo y Sergio González Rodríguez.

Algunos estudiosos de las mafias de origen italiano, han establecido que estas organizaciones, se extendieron por toda América a lo largo del siglo XX a través de grupos de inmigrantes (Forgione, 2010 Gratteri, 2009). En nuestro continente, las antiguas mafias se vincularon a grupos empresariales,  que se dedicaron al lavado del dinero que proviene de actividades ilícitas. Hay conjeturas de que algunos grupos empresariales actuales, recibieron aportes de grupos mafiosos. Por ejemplo, en Argentina es muy significativa la presencia de bandas de origen italiano que vienen creciendo desde mediados del siglo XX, y que han suscitado dudas sobre la procedencia y evolución de sus capitales (Verbitsky, 2018).

También es evidente la relación entre los nuevos grupos mafiosos, como los narcotraficantes mexicanos con bancos que funcionan en Estados Unidos. Entidades bancarias que fundaron los “barones ladrones” en el siglo XIX, como la Banca Morgan, el Chasse Manhattan Bank o la Welles y Fargo, o la filial americana del Hong Kong Shangai Bank, Co (HSBC) creado a partir del tráfico de opio, han sufrido sanciones por lavar dinero de los cárteles mexicanos (González Rodríguez, 2014).

Pero hay otros vínculos entre las mafias y las grandes empresas. Así como ocurrió en el siglo XIX, las mafias proveen mano de obra “forzada”. Las mafias italianas y los nuevos cárteles mexicanos como los Zetas, son especialistas en la trata de personas, y en traficar con migrantes laborales. Grandes empresarios estadounidenses se favorecen con una mano de obra muy barata, que proveen las mafias que actúan en México. Empresarios de la industria del vestido o de la agricultura de exportación de Argentina y Brasil, se favorecen con trabajadores migrantes de origen boliviano sometidos a trabajo forzado (Chomsky, 2010; Cieza, 2016).

 

El delito de monopolio y el rol de los multimedios

El delito de monopolio es  antiguo pero es muy raramente investigado y condenado.  En Estados Unidos, la figura de monopolio se aplicó a los Sindicatos a principios del siglo XX,  y en la última parte del siglo aparecieron en varios países Comisiones de Defensa de la Competencia, que realizan una serie de trámites administrativos antes de judicializar las denuncias. La cuestión es de extrema gravedad en el campo de las telecomunicaciones, donde una gran cantidad de legislaciones nacionales prohíben concentrar simultáneamente empresas de radio y televisión. Sin embargo, a fines del siglo XX, surgen poderosos monopolios de medios de comunicación, que se transforman en influyentes actores económicos y políticos.[7]

Por su nivel de facturación y  por su poder de lobby, algunos grupos mediáticos forman parte de la fracción hegemónica que domina algunos países. Se trata de una férrea alianza entre grupos  financieros, contratistas de obras o servicios públicos y grandes corporativos multimedios.

No hay duda de que algunos de los grandes multimedios, combinan actividades en la economía legal y la ilegal. No sólo por su carácter monopólico, sino también por su presencia en paraísos fiscales y su participación en grupos informales que logran sus objetivos mediante prácticas ilícitas. Hay numerosas denuncias y algunos procesamientos por delitos cometidos a través de la “pauta publicitaria”,  o de pagos ilegales realizados a funcionarios de organismos deportivos internacionales (FIFA, COMEBOL). Esta situación objetiva, contrasta con la línea editorial de estos medios, donde denuncian permanentemente la corrupción, la inmoralidad o el abuso de poder

Los monopolios mediáticos, son de hecho actores socio-políticos y afectan derechos humanos como el derecho a la información. Frecuentemente, realizan alianzas con fuerzas conservadoras y participan de acciones políticas a través de la manipulación de la opinión pública (Castells, 2004, Becerra, 2015). Aunque el monopolio es una situación ilícita, el accionar de los grandes medios está naturalizado y gozan de una gran aceptación social.


Imagen 4. www.attacmadrid.org

 

Mafias y  estructuras políticas

Es prácticamente imposible estimar el peso de la economía ilícita en la economía real. Habitualmente se considera economía ilícita o criminal a las actividades vinculadas al narcotráfico, el contrabando de armas, y a  la trata de personas con fines sexuales o laborales. Es evidente que este sector de la economía es muy importante en los países andinos, productores de drogas. Pero, también lo es en  países de tránsito de la cocaína  como México y Argentina. A esto hay que sumarle, el “dinero sucio” de grandes empresas, producto de fraudes tributarios y que circula en materia de sobornos a funcionarios públicos en el financiamiento de campañas electorales, o en los pagos a contratistas e intermediarios del trabajo precario o forzoso. El “dinero sucio,” del crimen organizado y de las grandes empresas convive en los paraísos fiscales.

La lógica indica que la economía criminal, tiene un impacto sobre la estructura política. En Colombia o México se ha establecido que grupos de narco-traficantes  han financiado campañas políticas y se suele hablar de “narco-estados”. Se plantea que las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones políticas (Garay Salamanca et al, 2012).

En Colombia, se plantea un vínculo entre el uribismo y los grupos paramilitares que encabezara Salvatore Mancuso. Habría indicios que el jefe de la AUC, quien además tenía estrechos contactos con la mafia calabresa, financió algunas de las campañas de Uribe. Medio centenar de legisladores “uribistas” han sido procesados por vínculos con el paramilitarismo.

La situación de México es de abierto desafío al Estado. Diversos cárteles han financiado campañas políticas y tendrían el control político de algunos Ayuntamientos. El presidente electo en 2018, Andrés Manuel López Obrador denunció enfáticamente la “mafia del poder.”

En la Argentina, se han planteado vínculos de la economía ilícita con el Gobierno de Macri. En efecto, Mauricio Macri pertenecería a una familia vinculada a la mafia calabresa, y hay varios indicios que vinculan el gobierno que encabeza con la economía ilícita. Por ejemplo, se ha probado el financiamiento de grupos narcos a un Alcalde en la Provincia de Entre Ríos , se ha detectado una maniobra importante de lavado de dinero en las campañas de su fuerza en 2015 y 2017, y varios funcionarios de su gabinete tienen empresas en paraísos fiscales (Verbitsky, 2018).

Por todas partes, el vínculo entre la economía ilícita y las estructuras políticas se evidencia en el financiamiento de las campañas electorales. Algunos estudios realizados  por ex Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) de México, como Luis Ugalde son muy significativos (Ugalde, 2012). Hoy se considera que el financiamiento ilícito supera en mucho al legal.

 

Interrogantes y reflexiones

A partir de las nuevas evidencias surgen algunas interrogantes y reflexiones. ¿Cuál es el papel de la “renta ilícita”? Como lo han señalado algunos autores (Arizmendi 2018; Beinstein, 2018), las ganancias “extraordinarias” obtenidas en violación del derecho oficial, han acompañado históricamente la acumulación capitalista. La pregunta que surge es: ¿este tipo de ganancias siguen teniendo un carácter excepcional? Pareciera que los grandes bancos, cuyos beneficios se obtienen en algunos casos de operaciones que podrían considerarse, por lo menos indebidas, y las grandes empresas contratistas del Estado, en cuyas operaciones aparecen frecuentemente sobornos, cohecho y lavado de dinero, esos ingresos, representan una fracción que ya no es marginal para el gran capital. Por el contrario, aparecen muy bien posicionadas en el ranking de las empresas que más facturan en América Latina, aun teniendo en cuenta, que una parte de sus operaciones no están registradas.[8]

¿Son efímeras las mafias? ¿Son un emergente anómalo en la historia del capitalismo o son sustanciales para su desarrollo? Una primera impresión es que sus jefes terminan tarde o temprano, en la cárcel o  asesinados  ante ajustes de cuentas. Pero las estructuras resisten al tiempo aunque vayan cambiando de nombres y de funciones. Las mafias italianas tienen más de cien años y los cárteles mexicanos como los del Pacífico y los del Golfo ya tienen más de cincuenta. Los nietos de los campesinos mafiosos de Calabria o Sinaloa, han diversificado sus negocios y comandan verdaderas estructuras trasnacionales. Las nuevas generaciones suelen ser empresarios con postgrados en el exterior. Siempre serán subordinados a los grandes poderes fácticos, porque no tienen legitimidad “moral” ni  prestigio social, pero hoy, se han instalado en la cima del poder. Puede ser casualidad pero el actual Presidente de la Argentina, tiene el mismo apellido que una de las familias claves de la “ndrangheta” (Fernández, 2017).

¿Hay intentos de erradicar el poder mafioso y la corrupción? ¿Existe una justicia independiente? Aunque diversos organismos internacionales combaten formalmente el “delito trasnacional organizado”, pareciera que no hay voluntad política para erradicar totalmente el fenómeno. Se sancionan los “excesos”, pero no se profundiza la ofensiva o se toman medidas parciales que resultan inocuas. Las multas contra personas jurídicas suelen ser irrisorias y muy pocos empresarios terminan en cárcel efectiva. Hay un  notable ritualismo en los mecanismos de control  y los organismos especializados como la DEA, regulan el problema, en lugar de buscar eliminarlo. Pero, además los aparatos judiciales nacionales están cada vez más cooptados por Agencias de  Estados Unidos. Antes se entrenaban militares y ahora se cooptan jueces.[9]

La batalla contra la “corrupción” se concentra en las detenciones de opositores políticos a  los gobiernos afines al poder económico concentrado, y en algunos grupos económicos que compiten con los estadounidenses. No es casual, que en los últimos años hayan sido procesados por presunto lavado de dinero y asociación ilícita los ex mandatarios y dirigentes actuales de la oposición Cristina F. de Kirchner,  Lula Da Silva, Rafael Correa o Jorge Glas, víctimas de una “guerra judicial” (law faer) y  directivos  de algunos grupos como Odebrecht y Petrobras que compiten con empresas estadounidenses.[10]


Imagen 5. https://nuestras-ciudades.blogspot.com

¿Afecta la economía ilícita al “trabajo decente”? La necesidad del trabajo decente no solo es una consigna de la OIT, sino que es un imperativo constitucional en algunos países de la región. La economía ilícita solo genera algunos puestos de trabajo en actividades relacionadas con el “lavado”. Sin embargo, la existencia de voluminosos capitales en paraísos fiscales y  las mafias incidiendo en la trata de personas con fines laborales, o en la intermediación laboral, conspiran contra la creación de puestos de trabajo genuinos y los sistemas de protección social.

Cabe preguntarse, ¿cuántos puestos de trabajo pueden crearse con la masa de capitales parasitarios que anidan en paraísos fiscales? Pero además es llamativo que Estados Unidos penalice a los migrantes mexicanos, creando un “mercado negro” de braseros operado por las mafias y que termina abaratando el costo de la fuerza de trabajo (Chomsky, 2014). ¿O que los Gobiernos de Macri y Temer[11] hayan desactivado mecanismos de control del trabajo forzosos en sus países?

¿Cuál es el papel del dinero “negro”? Es evidente que en los debates  acerca del  financiamiento de la política, o sobre la transparencia en la adjudicación de grandes obras públicas, hay que considerar las revelaciones sobre las grandes sumas de dinero no registrado que circula en la economía ilícita. Se trata de dos casos típicos de lavado de dinero que se interrelacionan, ya que los aportes irregulares  a una campaña política generalmente están vinculados a la obtención de contratos con el Estado; pero que además desmienten la supuesta transparencia de muchos procesos electorales y licitaciones públicas.

Es imposible hacer ciencia social sobre temas medulares del capitalismo real, sin tomar en cuenta esta trama ilícita que se repite y se amplifica ante nuestros ojos. Todo indica, que  el “caso Odebrecht” no es una excepción. Pareciera que en varios países y provincias funcionan “clubes” de contratistas del Estado, que obtienen sobreprecios a cambio de sobornos para funcionarios públicos. Este sería el modo habitual de acceder a las obras públicas y de financiar las campañas políticas. Tampoco parece ser una anomalía que varios funcionarios de los Gobiernos de Macri, Temer o Peña Nieto tengan acciones en empresas of-shore. Esto sería la prueba de la fusión entre la economía ilícita y el poder político. Esta trama perversa aparece ante investigaciones judiciales manipuladas y sesgadas, o ante filtraciones de datos de dudoso origen, como fueron el Lava Jato o los Panamá Papers, pero nos muestra la punta del iceberg. Estas revelaciones manipuladas probablemente por Agencias de Estados Unidos deben complementarse con los cables filtrados por Assange y Snowden, que muestran la otra cara de la corrupción, y por los resultados de múltiples trabajos de periodistas de investigación.

Una reflexión final: el capitalismo real latinoamericano pareciera orientarse hacia una acumulación parasitaria y depredadora, cada vez más alejada de modelos industriales y productivos, y cada vez más violatoria de la legislación que regula la competencia económica. La renta extraordinaria, producto de actividades  financieras ilícitas de apropiación indebida de recursos naturales o de contratos públicos obtenidos con sobornos es muy notoria. En su práctica concreta, el empresariado latinoamericano más concentrado, viola cotidianamente la legislación vigente y en especial el Derecho internacional de los derechos humanos, que tutela intereses colectivos y solidarios. Esta tendencia no será corregida desde organismos regulatorios o instituciones multilaterales del Norte, que con una mirada neocolonial, toleran las guaridas fiscales. No hay que olvidar, que los países del norte  reciben gran parte del flujo ilícito de divisas y recursos naturales, mientras los países de Sur tienen las principales víctimas.

El gran capital hegemónico tiene una práctica perversa que conduce a la barbarie y a la decadencia, instrumenta ilegalmente fuerzas militares y paramilitares para resolver sus conflictos y obtener beneficios,  evade el pago de impuestos a través de guaridas fiscales, y viola sistemáticamente normas jurídicas que diseñaron sus representantes, dice creer en el mercado y en la democracia pero compra cotidianamente licitaciones y voluntades, convive con las mafias de las que abomina públicamente y promueve la cárcel de opositores sociales y políticos acusados de mafiosos.

Todo esto sólo se puede cambiar desde la acción política. Las mafias son parte de la burocracia estatal. Los procesos electorales que se avecinan en el subcontinente en la coyuntura 2018-2019, y la creciente movilización de masas, pueden ser una oportunidad para cambiar de rumbo. El contundente  triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México y las medidas anunciadas para enfrentar la “mafia en el poder” podrían significar el inicio de un nuevo ciclo.

 

Notas:

[1] Profesor titular e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos.

[2] En la denominada “Lista Falciani” aparecen empresas líderes argentinas como Loma Negra del grupo Fortabat,  Cablevisión del grupo Clarín, Central Puerto de los grupos Bemberg y Caputo, y Telecom. También aparecen algunos millonarios latinoamericanos como el Presidente de Paraguay, Horacio Cartes,  el mexicano Carlos Hank Rhon, o el ecuatoriano Alvaro Novoa.

Entre los clientes de la Banca Morgan que surgen de la revelación de Hernán Arbizu se destacan la azucarera Ledesma , del grupo Blaquier, el grupo de medios de comunicación y servicios Clarín y empresarios del agro nacional como Bunge y empresas históricamente sospechadas de delitos económicos, como las del grupo Fortabat.

[3] La Organización Odebretch  es  la mayor empresa constructora de América Latina, con unos 170.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú y EE UU. La investigación sobre esta empresa se inicia en el Estado brasileño de Curitiva, en el caso conocido como “Lava Jato” que conduce el Juez Sergio Moro, y que involucra a varias empresas y políticos, y luego se ramifica a otras regiones de Brasil y a otros países.

[4] Aunque la prensa hegemónica presenta a los grandes empresarios como víctimas extorsionadas por los gobiernos “populistas” de la década anterior, las evidencias indican que el sistema de sobornos empieza antes, con las administraciones de Cardozo en Brasil y Menem en la Argentina, y que algunos empresarios han sido imputados en varios países.

[5] Esta denuncia la realizó un equipo de periodistas conducido por Carmen Aristegui y dio origen a un libro titulado La Casa Blanca de Peña Nieto de Daniel Lizárraga, editado por GRIJALBO en 2015.

[6] Este esquema se repite en México, en los casos de ex Gobernadores de  varios Estados (Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Michoacán) según datos de testimonios en juicios realizados en Estados Unidos recogidos en la revista Proceso y por otros periodistas de investigación (Cantú, 2014; Padgett, 2016). La operación es similar ya que se soborna a Gobernadores a cambio de favorecer el acceso a obras de infraestructura.

[7] Un caso paradigmático es el del grupo Clarín de Argentina, cuyo control monopólico se origina en un hecho denunciado como crimen de lesa humanidad, y se ha profundizado en las últimas décadas. En efecto, durante la Dictadura cívico-militar que encabezó Jorge Videla, la empresa  que edita el Clarín y otras dos empresas, adquieren en presunta connivencia con los militares  y a un precio irrisorio la principal empresa de fabricación de papel del diario (Morales, 2016; Sivac, 2013). A partir de este momento, el grupo Clarín alcanza el control de numerosos periódicos del interior, de canales de televisión y de radio, lo que lo convierte en un claro caso de monopolio o posición dominante. Una ley aprobada en el 2009 en el Congreso argentino, restringió la posibilidad de monopolios audiovisuales y consideró ilegal una parte de las empresas del grupo Clarín que fue intimado a venderlas. El grupo resistió con amparos judiciales, hasta que  bajo el Gobierno de Mauricio Macri se dejó sin efecto el texto legal regulador (Becerra, 2015).

[8] Los grupos o empresas  Odebretch, Techint, JBS (Batista), Slim, y HSBC aparecen a la cabeza de todos los ranking de ventas de América latina.

[9] Hay evidencias de relaciones de jueces como  Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema argentina, Sergio Moro(Brasil) o Claudio Bonadío(Argentina) con las embajadas de Estados Unidos, y diversos programas de Agencias estadounidenses destinados a jueces y funcionarios judiciales latinoamericanos (O’Donnell, 2014; Sader, 2017).

[10] Es significativo que en 2013 la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, fue denunciada por espiar a la empresa Petrobras por el ex agente de la CIA, Snowden.

[11]  El Gobierno de Macri desactivó el RENATEA, organismo estatal destinado a controlar el trabajo precario en el campo, y el Gobierno de Temer, limitó la difusión de datos de empresas que tenían trabajo “esclavo”. Ambos Gobiernos disminuyeron los recursos de Fiscales especializados en trata laboral.

 

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Cómo citar este artículo:

CIEZA, Daniel , (2018) “La trama perversa del gran capital: economía ilícita, delitos de los poderosos y poder político”, Pacarina del Sur [En línea], año 10, núm. 37, octubre-diciembre, 2018. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Viernes, 16 de Noviembre de 2018.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1675&catid=14

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