Pacarina del Sur
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La economía social solidaria. ¿Una alternativa económica? ¿Una opción para los trabajadores?

The social solidarity economy. A cheaper alternative? A choice for workers?

A economia da solidariedade social. Uma alternativa econômico? A escolha para os trabalhadores?

Juan Huaylupo Alcázar

RECIBIDO: 19-08-2015 APROBADO: 10-09-2015

Resumen

Resumen: Reflexionar sobre la economía social solidaria es importante para conocer el sustento de una propuesta que se impulsa políticamente en distintos países latinoamericanos y particularmente por algunos sectores del cooperativismo y gobierno costarricense, con la cual se identifican y consideran como pertinente y válida para las realidades populares y nacionales. Este análisis reviste particular atención en la actual coyuntura política por la oposición de sectores conservadores y liberales por la formación y su promoción organizativa, así como por el apoyo oficial a un proyecto de ley que institucionaliza la economía social solidaria. La propuesta que no es contradictoria con el devenir económico, organizativo o político capitalista, es adversada mediáticamente y también por los sectores políticos ideológicamente opuestos a los trabajadores y al gobierno, a pesar que existe una larga tradición y convivencia con las organizaciones cooperativas y asociativas en la historia nacional.

Palabras clave: economía social solidaria, cooperativismo, capitalismo.

 

Introducción

Más allá de la crítica conservadora, es una necesidad esclarecer el sustento teórico, epistemológico, político o ideológico, en torno de la economía social solidaria, por la esperanza abrigada de bienestar y calidad de vida de los trabajadores y por la necesidad del desarrollo nacional. Asimismo, conocer y evaluar críticamente la evolución y la viabilidad de la economía social solidaria, es importante por ser una condición para la acción de la institucionalidad pública y de los sectores subalternos de la sociedad.

El análisis de la economía social solidaria está conformada por un conjunto heterogéneo de organizaciones económicas muy disimiles entre sí, con diferente formalización jurídica o normativa, con distintas formas de articulación mercantil, integración sectorial y con propósitos, condiciones y situaciones también desiguales, a lo cual se aúnan los precarios estudios e información disponible y asequible sobre esta temática, a la cual se le asigna vital importancia en la coyuntura contemporánea latinoamericana y particularmente costarricense.

La heterogeneidad y pluralidad orgánica y de funcionamiento de las organizaciones condicionan reflexiones que no necesariamente son atribuibles a toda la diversidad de casos concretos, en los cuales siempre se encontrarán casos y situaciones antípodas. Esta peculiaridad incide condiciona que las reflexiones no puedan ser definitivas ni necesariamente adecuadas para todas las organizaciones y situaciones concretas, por ello este trabajo es solo aproximativo, pero permite hacer consideraciones críticas respecto de los supuestos e implícitos sobre los aspectos que son sustantivos para las organizaciones económicas asociativas, así como, pone en evidencia las estimaciones ideológicas y políticas implícitas, cuando se sostiene su pertinencia, viabilidad y social, económica y política por sus promotores y el Estado o cuando se estima que son procesos que atentan contra las empresas privadas capitalistas como afirman sus detractores empresarios liberales, a pesar de su diversidad en su concepción y concreción orgánica y funcionamiento de las organizaciones sociales solidarias.

 

La economía social y solidaria

En relación con su denominación habrá que decir inicialmente que no existe economía que no sea social, todo proceso económico es una actividad que es efectuada por personas para personas, así como porque es inexistente una economía sin historia y cultura que condicionan de la organicidad del proceso económico (Huaylupo, 2007), así como incide en las formas como se materializan las actividades económicas. La economía ha sido definida por muchos como una relación social o el producto decisorio de interacciones y acciones de grupos o sociedades para atender necesidades colectivas en un medio determinado y en relación con otras sociedades y el medio ambiente.

La dimensión solidaria, colaborativa o cooperativa es el reconocimiento del carácter social de las actividades productivas, distributivas, intercambio y consumo, las cuales forman parte de la cotidianidad de personas y colectividades para la vida en sociedad. Las relaciones capitalistas predominantes, posibilitan la recuperación de las inversiones, así como la materialización, creación de valores y la apropiación de los excedentes, que garantizan la reproducción ampliada del capital. La interrelación social y económica ha creado un sistema interdependiente en el que están desigualmente integrados todos, en un gran ciclo de reproducción del capital en la sociedad global contemporánea. La economía conforma un sistema mundial, cuyas relaciones son posibles por la incidencia cultural, histórica, estructural e ideológica de su contexto.

La economía capitalista está fundada en la cooperación de las personas, creadoras de la fuerza y capacidad de las masas para el trabajo colectivo, en la producción y consumo masivo de mercancías en un proceso dinámico mundial.

La división social del trabajo y el ingenio colectivo para renovación productiva y tecnológica, así como, la interrelación complementaria productiva y mercantil, se sustentan en la cooperación para la captación, distribución y consumo de recursos de quienes intervienen directa o indirectamente en el proceso económico.

La sociedad capitalista conformó en la diversidad social, la unidad e interdependencia entre individuos, clases sociales y sociedades. Esto es, no todos producen, pero todos deberán consumir las mercancías para la reproducción del sistema, pero también necesarias para la vida individual y colectiva. Estas características del ciclo productivo y del sistema capitalista, no son privativas para algunas economías y empresas, la economía capitalista ha insertado desigualmente a las formas y organizaciones económicas en un sistema totalizante y mundial, incluso aquellas que en sentido estricto no son capitalistas como la producción campesina, que no desaparecen aun cuando interactúan en la circulación capitalista y transfieren valor a otros sectores productivos y urbanos.

A lo largo de la historia capitalista se han buscado o creado formas económicas que pretenden ser modos alternativos a un sistema inequitativo, desigual y contradictorio, sin embargo, todas han resultado ser variantes o formas que no redefinen la relación entre los actores en el proceso económico, capital y trabajo, ni en sus relaciones entre empresas y países. Las ideas para hacer equitativas las relaciones económicas capitalistas, han omitido las consideraciones sociales, políticas, históricas e ideológicas que crean inequidad y exclusión, o reproducen desigualdad en las relaciones económicas. Otro aspecto en la aparente autosuficiencia económica, es la posición que ignora el condicionamiento estatal nacional e internacional en la reproducción económica.

El economicismo y el individualismo son visiones predominantes en la aparente autopoiesis orgánica y funcional de las empresas, incluso de la economía social solidaria, que imaginan el voluntarismo simplificador que la sociedad cambiará según se toma conciencia y se cambian las prácticas económicas.

La economía social solidaria es una denominación que no tiene una conceptualización clara, no está referida a una forma organizativa particular ni es distintiva de las empresas capitalistas en la que se encuentra inserta y que pautan su desempeño económico. Asimismo, el proceso de valorización del capital, impronta de la división clasista y del poder, sustentado en la propiedad y apropiación de valores generados socialmente en la empresa capitalista, no es relativizado, cuestionado como tampoco constituye una alternativa económica ni sistémica.

Las organizaciones de la economía social solidaria son empresas capitalistas, el que sus propietarios son los propios trabajadores de las organizaciones, con excepción del solidarismo. Una distinción que no modifica su carácter capitalista, como tampoco es peculiar, porque la colectivización de la propiedad es una tendencia prevaleciente en el mundo financiero mundial y porque no modifican las relaciones sociales económicas capitalistas. Si bien, en la historicidad del proceso de reproducción ampliada del capital, esta forma organizativa ha sido acompañada de las formas de reproducción simple, como la economía campesina o el minifundio, que en sentido estricto no son procesos capitalistas (Chávez y Monzón, 2003), pero integrados mercantilmente al capital que condiciona su situación y actuación social y económica.


Imagen 1. http://www.zonanortehoy.com/

Entre las características distintivas en estas formas desiguales de reproducción, está el uso de los excedentes generados, unos lo usan para el consumo productivo, creación de mercancías o la inversión; los otros lo emplean para el consumo improductivo o gasto para atender las necesidades de consumo de sus trabajadores, lo cual es una formas transfigurada de salario[1]. Esta condición de la organización marca también el límite de su accionar económico, que está imposibilitada de aumentar su la escala de producción, así como tampoco pueden crecer ni renovar activos. Aspectos que no son los característicos de la economía social solidaria, o al menos no es la orientación de su práctica, razón que impide considerarla como una economía paralela o podría ser considera como una forma económica que oscila, por su heterogeneidad, entre la reproducción ampliada capitalista y la simple no capitalista, sin constituir una nueva y distinta forma organizativa ni de integración mercantil. La articulación desigual en el mercado del sistema no es una peculiaridad, por ser común a todas las organizaciones económicas del capitalismo.

La acumulación originaria del capitalismo requirió de la apropiación de la tierra para liberarla de sus propietarios –hacendados, gamonales, caciques o rentistas- y convertirla en un factor del capital para la producción de alimentos e insumos para los talleres y factorías instaladas en las ciudades, así como para despojar y desplazar a los campesinos de sus fuentes de vida para ser convertidos en proletarios en otros espacios de trabajo. La propiedad o la magnitud de las inversiones no constituyen separaciones entre las entidades capitalistas con aquellas de la economía social y solidaria, como tampoco lo es la cantidad o condición social de trabajadores. Destacar la propiedad principal o exclusivamente, sin considerar los fenómenos asociados a ella, es una visión parcializada, porque ignora las significaciones y contenidos que le otorga el contexto social y económico a las unidades económicas de propietarios. Diversificar la propiedad sin afectar las relaciones sociales, no altera la condición capitalista de las empresas.

Los atributos de las organizaciones privadas están dados por las relaciones sociales en la creación y distribución de los valores generados en los procesos producción, intercambio y la apropiación de valores, los cuales son compartidos con las empresas de la economía social y solidaria. Las relaciones capitalistas, que no son técnicas, automáticas ni autónomas, requieren de condiciones sociales, políticas, jurídicas e ideológicas para que los procesos económicos puedan darse y reproducirse.

Los procesos de iniquidad, excusión, explotación o pobreza son efectos agudos y dramáticos de la sociedad contemporánea, aspectos sociales que son analizados recurrentemente como manifestaciones económicas de la desigualdad en la opulencia capitalista, aunque es cierto sus determinaciones son políticas, históricas y estructurales.

 

La democracia económica

La democracia económica en las organizaciones económicas es una idea que ha estado presente desde la génesis misma del capitalismo y era discutida en tiempos de la República de Weimar (1919-1933). Los sindicatos alemanes promovieron y plasmaron el proyecto en el Congreso de Hamburgo en 1928, la cual era entendida como:

“… todas aquellas medidas encaminadas a fomentar la responsabilidad y la cogestión de los trabajadores en la empresa, a enrolarlos en la vida económica. Pero democracia económica también significaba más libertad y más posibilidades de desarrollo para el individuo, sobre la base de la propiedad privada y la función clave del empresario” (Puig, 1988: 361).

La democracia económica era concebida como parte integral de un proyecto socialista para la sociedad, que en el ámbito del quehacer de las empresas, pretendía eliminar las desigualdades existentes alcanzando la copropiedad, como inversionista y decisor en los Consejos de Empresa. Asimismo, se proponían cambiar las intencionalidades empresariales, que no serían unidades autónomas privadas de la sociedad y de la economía, sino subordinadas a intereses colectivos y conducidas por trabajadores, preparados y formados. Esta acción en la dirección de las empresas estaría inscriptas en una propuesta económica nacional.

La socialdemocracia pretendía una alianza entre empresarios y trabajadores, auspiciada y promovida por el gobierno, tendente a crear un control democrático en la economía. Era un acuerdo social y no el resultado de la lucha de clases en el ámbito de la empresa, donde el acceso a la propiedad y equidad en la distribución de la riqueza, eran unas de sus condiciones, así como en la realización de acciones en favor de los desfavorecidos de la sociedad, a la vez se convertía en un actor en la concreción de una sociedad más justa y en contra toda forma totalitaria. La democracia económica formaba parte de la democracia política en la sociedad, como un proceso unitario e interdependiente, razón por la cual también se postulaba la planificación como una condición democrática, donde se conjugan intereses distintos pero integrados en un proceso unitario y común, regulado social y estatalmente. En la democracia económica el capital y el trabajo tenían que compartir igualitariamente en un proceso unitario tanto en la conducción de la empresa como en la economía, no como sectores independientes, sino organizados complementariamente en proyectos colectivos, comunes y nacionales. Estas consideraciones significaban un cambio radical de la economía y en la empresa, donde la desigualdad de las relaciones, en la conducción y la apropiación de los excedentes son una regularidad, pero era también era una propuesta donde el capital y el trabajo no tenían que ser necesariamente antagónicos, lo cual era consistente en la medida que no es posible reproducir la actividad económica y sistémica, sin la participación de los propietarios del trabajo y del capital. Se podría afirmar que la uniliateralidad de las decisiones son expresión de poderes autocráticos o de clase, pero no democráticos. El antagonismo entre clases, en el predominio capitalista, estaría mediado por el poder factico y estatal.

Estas ideas sobre la democracia económica quedaron truncas ante la emergencia del Partido Nacional Socialista (nazi), enemigo declarado de la democracia y los trabajadores, pero también porque las propuestas no estimaron los recursos, poder y unidad de clase de los empresarios, así como, la insuficiente influencia y poder estatal que impedía aprobar y hacer cumplir las regulaciones jurídicas que garantizaran y promovieran la democracia e igualdad en la sociedad.

La concepción de democracia económica en su sentido original apreciaba las relaciones en los procesos de trabajo en el ámbito de la gestión y funcionamiento de las empresas del capital, como parte de un proceso más amplio, donde la sociedad y las relaciones entre sociedades están comprometidas. Sin embargo, para los propietarios del capital los trabajadores solo pueden ser objetos de decisiones y acciones de empresarios, sin libertad ni decisión sobre su trabajo, a pesar de ser quienes crean riqueza o valorizan el capital en el ciclo de reproducción productiva, a la vez que son conocedores y actores de la renovación tecnológica que ha incrementado la productividad y el crecimiento de la economía. Los trabajadores son productores y consumidores crean capital, sin embargo no usufructúan de los beneficios de su creación por no ser propietarios de los medios y recursos para el trabajo. Esta dinámica es lo común en las relaciones capitalistas, independientemente de los procesos históricos y culturales de cada sociedad o que se cumplen en distintos contextos sociales.

La desigualdad de las relaciones sociales en los procesos de trabajo y propiedad es el fundamento para la postulación de la democracia económica, como una necesidad en la consecución de los derechos igualitarios, de la sociedad y en el espacio empresarial. La memoria histórica de las relaciones desiguales de clase en el capitalismo, son manifestaciones tangibles y transparentes de formas organizativas y de poder autocrático de otras épocas. La esclavitud, la servidumbre y toda forma de opresión política en los procesos de trabajo, han cambiado a través del tiempo, sin embargo, se reproducen las relaciones autoritarias entre el capital y el trabajo en la sociedad contemporánea. Los propietarios son dueños del producto del trabajo y del tiempo de los trabajadores, durante la jornada de trabajo que es pagada salarialmente, proceso en el que no están eximidas las empresas asociativas.

Los propietarios son posesionarios de un poder, más allá del espacio de su dominio, que ampara, defiende y crea las condiciones para la desigualdad e iniquidad en la sociedad y la empresa, sin las cuales no podría reproducirse el sistema en su conjunto.

La significación otorgada a lo económico en el devenir de los distintos actores sociales ha incidido para que desde distintas perspectivas teóricas se plantee la necesidad de una economía que beneficie a los pobres y los trabajadores de la sociedad. Pero, cabe anotar que la aceptación social a estas formas organizativas del trabajo, se realiza en un contexto de precaria absorción laboral y salarial, así como de exclusión y represión a los trabajadores migrantes, así como pone de manifiesto el posicionamiento ideológico que imagina, como prejuicio, que la actividad empresarial permite superar su condición de pobreza y desigualdad social.

El cooperativismo ha sido una de las formas organizativas del trabajo y la producción, de más larga tradición, experiencia e universalidad en las formas económicas asociativas y es la organicidad que en parte modela la economía social solidaria. El cooperativismo de modo similar a la democracia económica, tiene en las sociedades de ayuda mutua su antecedente histórico, en los inicios del capitalismo, las cuales fueron creadas por los propios trabajadores como modos de autoayuda y solidaridad ante la sobreexplotación del trabajo y el desamparo de los trabajadores. La economía social solidaria está constituida por una pluralidad de organizaciones, pero todas ellas dedicadas a actividades económicas, sea en la producción, circulación de mercancías o en la generación servicios, como un medio para garantizarse el autoempleo, en gran parte de los casos.

La expresión social solidaria es una denominación aceptada que trasciende a la atribución política de izquierda, porque es la ilusión humanista y democrática de los trabajadores, desde el momento mismo de la constitución capitalista en el mundo. El propugnar beneficios, equidad y bienestar a los trabajadores, como derecho por ser creador de riqueza en la sociedad, es el reconocimiento de la fundación política del capitalismo, como sociedad de derechos, como fue establecido para sus espacios sociales, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, en la que se declaraba la constitución de la igualdad entre los individuos, la democracia como condición en las relaciones sociales y la creación de la ciudadanía.

Asimismo se acepta la economía social solidaria, porque tiene una larga convivencia en la historia económica capitalista y porque su connotación y práctica no tiene resistencia ni es hostil a la organicidad capitalista, aun cuando sea motivo de alarma para conservadores empresarios de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP)[2] (Cambronero, 2015).

La aceptación social es también estatal, de tal modo que forma parte de las constituciones nacionales algunos países Latinoamericanos y en otros existen leyes y decretos que la amparan, regulan y la promueven, aun cuando no necesariamente para convertirla en un asunto de Estado o de acción de política pública, pues no todas las opciones económicas son viables para estas organizaciones y porque no constituye una alternativa privilegiada para la acción económica del Estado frente a la organización económica capitalista. Asimismo, el enunciado en favor de la economía social solidaria, se ha convertido en un medio estatal en la búsqueda de legitimidad social o gobernabilidad, porque se asume que debe “… contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de perte­nencia o, por extensión, de toda la humanidad.” (Coraggio, 2011: 47).

En México, en parte del artículo 25 de la Constitución de la República de México establece que:

“La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.” (Cámara de Diputados, 2015)

Asimismo, la Ley de Economía social y solidaria mexicana establece que:

Artículo 3o. “El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, en concordancia con los términos que establece la presente Ley.” (Cámara de Diputado, 2013).

En Ecuador, el capítulo IV de la Soberanía Alimentaria de su Constitución afirma:

“El sistema económico es social y solidario; re­conoce al ser humano como sujeto y fin; pro­pende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garan­tizar la producción y reproducción de las con­diciones materiales e inmateriales que posibi­liten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las for­mas de organización económica pública, pri­vada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” (Constitución, 2008).

En Costa Rica, se ha promulgado en enero del 2015 un Decreto Ejecutivo que crea la Dirección de Economía Social en el Ministerio de Trabajo[3] y en julio del 2015, se decreta:

“Artículo 1º Declarar de interés público y nacional el fomento, creación, desarrollo y formalización de grupos, organizaciones y empresas de la Economía Social Solidaria, como instrumento de relevancia en las acciones del Estado para la prestación de servicios esenciales, la generación de empleo y trabajo decente, la reducción de la pobreza y la desigualdad y para una distribución justa de la riqueza” (Enlace, 2015: 22).

“En el decreto, se define la Economía Social Solidaria como un conjunto de actividades económicas y empresariales, realizadas en el ámbito privado para satisfacer el interés colectivo de las personas que las integran y el interés general económico social de los territorios donde se ubican.” (Gobierno, 2015).

El Comité Económico y Social Europeo (CESE, 2012) afirma:

“Sin duda, la economía social constituye un sector que contribuye de manera significativa a la creación de empleo, al crecimiento sostenible y a una distribución de la renta y la riqueza más justa. Se trata de un sector capaz de combinar la rentabilidad con la inclusión social y los sistemas democráticos de gobernanza, que trabaja junto con los sectores público y privado para ajustar los servicios a las necesidades. Fundamentalmente, es un sector que ha capeado la crisis económica mucho mejor que otros y que gana un reconocimiento cada vez mayor a nivel europeo.” (CESE, 2012: 6).

La Carta de la Economía Solidaria se enuncia:

“La economía solidaria, es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses.

La economía solidaria en sus formas más diversas es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano.

La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas desde las iniciativas sociales, por lo que no se la identifica según los beneficios materiales de una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global.

La economía solidaria, en el marco de la tradición de la economía social, pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Y en tanto que una nueva forma de producir, de consumir y de distribuir, se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales y globales y aspira a consolidarse como un instrumento de transformación social.” (REAS, 2011).


Imagen 2. http://www.extension.unicen.edu.ar/

En el contexto contemporáneo y particularmente costarricense, la democracia económica de las empresas de la economía social solidaria, ha sido concebida como el tener acceso a la propiedad, la cual no es concertada ni es una conquista de los trabajadores-propietarios. Tampoco la democracia que se arrogan tener no es un logro alcanzado por los trabajadores, sino por leyes, decretos o normas, lo cual tiene una constitución política distinta a lo establecido originariamente[4]. En su gestación inicial la democracia económica se concebía como una acción política de la colectividad laboral frente a la autocracia empresarial del propietario. Sin embargo, la propuesta de los propugnadores de las unidades sociales solidarias es de carácter técnico, administrativo o jurídico formal. De modo similar, la propiedad colectiva de las unidades asociativas, no es una reivindicación política de la propiedad que carecen los trabajadores, sino una acción formal del espacio laboral que ha sido cedido, donado o comprado y que forma parte de las condiciones para el establecimiento de la organización económica. Estas determinaciones jurídicas son los fundamentos de la denominada democracia económica, sin embargo, carecen de consistencia y pertinencia en las organizaciones de la economía social solidaria.

La democracia está basada en derechos iguales en una pluralidad y heterogeneidad social, no es un atributo que le corresponde a una clase o atributo de un segmento social, implica a articulación igualitaria de derechos y la concertación entre clases distintas y desiguales. La democracia es una condición de socialidad entre clases integradas en un proceso interdependiente. En las organizaciones sociales solidarias en el presente costarricense, este proceso es inexistente y menos aún puede ser considerado democracia, cuando solo se trata de un proceso formal de propiedad, donde los trabajadores-propietarios no pueden disponer ni usufructuar, así como tampoco tienen registrada su propiedad individual. Una propiedad privada sin reconocimiento jurídico expreso y sin dominio, no cumple con el criterio validado social ni jurídico como propiedad privada.

Asimismo, la argumentación de democracia en la conducción de la empresa por el hecho de existir designación electoral de sus directivos, es otro acto de elección de representantes, que en Costa Rica se eligen a las personas vinculadas a partidos políticos clientelares y liberales o relacionadas con la formación y constitución de las empresas y que se perennizan por décadas como dirigentes, como un “derecho” de autócratas, que gestionan una posesión y trabajo en representación de una etérea colectividad, en otros casos, como las “coopevotos”, que se forman para la obtención de los votos necesarios para elegir directivos en los órganos de integración cooperativa. Esas cooperativas desaparecen o forman parte de la maquinaria electoral. De este modo, los representantes formalmente electos, se transforman en los gerentes o en sus referentes que privatizan su actuación en razón de intereses privados o partidarios en la actividad económica y mercantil de la empresa.

Los trabajadores están subordinados en la división del trabajo en la organización privada o social con todas sus consecuencias derivadas de la autonomización funcional de la empresa con respecto de los intereses, necesidades o anhelos de los propietarios-trabajadores. Esto es, la constitución empresarial es de un carácter instrumental, desarraigada de toda consideración decisión u orientación política propia de los trabajadores. Los actos electorales no son representativos de procesos democráticos, como tampoco son necesariamente expresión de proyectos colectivos de los trabajadores ni de la sociedad.

La designación de democracia por el acceso a la propiedad, tan destacado por las organizaciones sociales, confunde el acto formal de propiedad colectiva con el compartir una propiedad entre propietarios privados, como existe en algunas cooperativas. Este “acceso” a la propiedad de la economía social solidaria, es muy diferente a las conjeturas originarias de la democracia económica, así como tampoco es una acción reivindicativa y política de los trabajadores, dado que no se comparte una propiedad, trabajo ni gestión con propietarios a los cuales servían los trabajadores. El acceso a la propiedad de los trabajadores es una ficción jurídica, frente a una realidad empresarial donde solo existen como trabajadores. Las necesidades y condiciones de los trabajadores ni de las condiciones sociales del contexto, formar parte del horizonte de actuación del poder empresarial.

El acceso a la propiedad y la participación en la gestión de la empresa, aspectos destacados en el anhelo por universalizar los derechos humanos en el ámbito de las organizaciones económicas y que fueron propugnados desde hace un siglo, hoy son tomados por la economía social solidaria como suyos, pero desfigurando la visión de totalidad social y de transformación política de los trabajadores, para ser básicamente procesos formales e ideológicos de creación de empresas capitalistas, que son funcionales al dinamismo capitalista, pero con desfalco del valor del trabajo y calidad de vida de los trabajadores. La consideración política e histórica de la democracia económica, se convierte en una dimensión jurídica ajena a la situación y devenir de los trabajadores.

El fomento de las pequeñas empresas y las organizaciones de propietarios-trabajadores no compiten regularmente con las empresas privadas no asociativas, en el posicionamiento en el mercado de capitales, productividad y diversidad productiva, como tampoco lo hacen las otras, porque los ámbitos del trabajo, producción o servicios no son de interés privado no asociativo, por la magnitud de las inversiones, intensidad y masificación del trabajo, así como por su baja rentabilidad y mercado altamente competitivo. Las empresas sociales solidarias no tienen la competencia de las empresas privadas no asociativas, ni compiten con ellas, pero paradójicamente compiten intensamente entre sí, porque tienen capacidades similares en la cantidad y uso intensivo de fuerza de trabajo, así como poca capitalización de activos y de trabajo. Así, existen cientos o miles de costureras, albañiles, carpinteros, cocineras, técnicos en computación, peluqueros, domésticas, cuidadores de autos, traductores, call centers, catering services, pequeños restaurantes, etc., los cuales como trabajadores independientes o asociados se disputan clientes en una salvaje y destructiva competencia. Los trabajos que realizan las “empresas” son útiles y necesarios, así como se reproducen en la misma escala de producción y servicios, en reproducción simple[5]. Las “ganancias” percibidas por los propietarios-trabajadores son formas equivalentes a los salarios, los cuales no son estables ni crecientes, por el contrario son inestables y en ocasiones desfalcan el valor del trabajo, como ocurre con las organizaciones informales y como lo proponen los empresarios de UCCAEP[6].

La informalidad en Costa Rica alcanza a 926,000 personas a mayo de 2015 (Rodríguez, 2015)[7], al segundo trimestre del 2015 la informalidad ha aumentado superando el millón de personas, como “ayuda a mayor ocupación” (Leitón, 2015a), incluso superando a la ocupación de las organizaciones asociativas.

La absorción ocupacional del sector informal de la economía no es una opción viable para los trabajadores o para el bienestar social, como implícitamente imaginan Hernando de Soto (1987), Muhammad Yunus y Karl Weber (2008), a quienes le son irrelevantes que muchos de las ocupaciones informales sean labores ocasionales con desprotección social, donde se presentan las mayores desigualdades de género o que los salarios no estén regulados ni protegidos jurídicamente (Bacchetta, Ekkehard y Bustamante (2009). En algunos casos la informalidad se aproxima a formas de caridad o de limosna[8].

Hay una funesta tendencia en el trabajo formal contemporánea en el denominado precariado (Salvados, 2013), según el cual los propios trabajadores aceptan disminuir salarios, trabajar más horas o diferir sus salarios, ante la amenaza de despido o el cierre de las empresas, lo cual es una evidencia adicional de la existencia de una economía del trabajo y no del capital como es considerada oficial y empresarialmente. Regularmente las menores remuneraciones corresponden a los trabajadores mensos calificados, hoy en día si bien su situación no ha cambiado, pero esta vez incorporando como precariados a profesionales que no logran conseguir ocupación especializada. Esta tendencia en latinoamericana y también europea, sino mundial, en donde no solo se afecta la magnitud del salario, sino también en el incremento de las horas de trabajo impagas, lo cual genera un fenómeno relativamente nuevo, la competencia entre trabajadores de distintas empresas, donde el éxito empresarial está en directa relación con el tiempo de trabajo y la precaria remuneración salarial, lo cual tiene un efecto directo en la insolidaridad laboral, la integración orgánica entre trabajadores y la imposibilidad de la construcción unitaria de acción colectiva, e incluso fomenta la contradicción entre los representantes de los trabajadores que aceptan las condiciones del precariado contra los trabajadores. Esta situación no es extraña en la realidad empresarial privada costarricense, donde:

“… el 27% de los trabajadores empleados privadamente es remunerado con menos del salario mínimo, que la oferta ocupacional privada es de baja calificación, con elevada informalidad y alta movilidad laboral, así como se evidencia una profunda e infame desigualdad salarial con las mujeres trabajadoras.” (Huaylupo, 2015).

Esta problemática laboral no es ajena a la empresa social solidaria porque también es el contexto de su propia dinámica empresarial. Asimismo, se reduce tendencialmente la absorción laboral por unidad asociativa, así mismo, no son ejemplos de remuneración salarial ni de respecto de la jornada de trabajo.

Asimismo, las empresas asociativas en la diversidad de sus formas[9], regularmente son unidades de absorción intensiva y cuantitativa de trabajo, lo cual es significativo socialmente en periodos de subocupación y desempleo. Pero, ¿Es el empleo la justificación para la existencia y funcionamiento de las organizaciones sociales solidarias? ¿Acaso el empleo es creado para la subsistencia de los trabajadores? ¿La absorción laboral se valida a sí misma, independientemente de su calidad, del pago digno y de las condiciones de trabajo? ¿Es qué los salarios están por encima de la libertad, la conquista de reivindicaciones y derechos o de la posibilidad de organizarse independientemente de la gestión empresarial? ¿Acaso los trabajadores no son también pobres? El empleo no tiene la capacidad de resolver las iniquidades, desigualdades ni la exclusión social. La pobreza es una expresión económica, pero tiene su determinación es compleja, social, política, estatal e incluso internacional y sistémica.

El empleo como justificación para las empresas asociativas, así como la argumentación de su importancia por su contribución al PIB[10], evidencian la coincidente identidad argumental con los empresarios privados nacionales y extranjeros, por ello se exige facilidades, condonaciones o incentivos al Estado o para validar sus acciones[11] (Gutiérrez, 2015a). El empleo en Costa Rica continúa creciendo (Estado, 2014), a pesar de las contribuciones que hace la economía social, al cual incluso esas organizaciones contribuyen, dado que las tendencias económicas también son de las organizaciones asociativas e incluso contribuyen al crecimiento de la desigualdad social que no pueden ni buscan resolver.

La posibilidad de crecer y expandir una economía donde la solidaridad y democracia sea lo predominante, en el actual contexto, será posible incrementando los excedentes o la tasa de ganancia, que no es otra cosa que el aumento de la tasa de explotación, lo cual sería contradictorio y similar a cualquier otra empresa no solidaria, lo cual sería difícil encubrir y validar socialmente. Sin embargo, la intervención directa o indirecta del Estado que incentive, subsidie o exonere de tributos a las empresas, así como elevando los precios de productos y servicios a sus consumidores, lo cual ha contribuido a incrementar ingresos y la disminución de costos para las empresas sociales, es una práctica recurrente en empresas privadas asociativas o no. Asimismo, el Estado costarricense en las últimas décadas, ha encomendado a cooperativas la atención de los servicios públicos, como un modo liberal de privatizar la función pública, lo cual favorece a las cooperativas, pero atenta la función pública estatal. En todo caso, dichas empresas existirán en tanto que el Estado y la sociedad les transfieran recursos para su mantenimiento, subsistencia o crecimiento. El cooperativismo ha tenido históricamente en Costa Rica, como en el presente, la protección estatal y el apoyo de los partidos políticos, así gozan de algunas exoneraciones tributarias[12] y laxitud en el control de sus obligaciones laborales.

Esta ha sido una histórica práctica de las empresas privadas capitalistas, pero también lo ha sido de parte del cooperativismo costarricense, que crecieron, expandieron, diversificaron y fueron competitivas en el espacio internacional, con sobreprecios en el espacio nacional. Esas cooperativas actúan como auténticas empresas capitalistas, sin solidaridad, cooperación ni respeto de lo público, con el sector social de la economía ni con la ciudadanía.

Las empresas sociales pequeñas al vender y comprar mercancías en pequeña escala con mayor intermediación y ofertar servicios con insuficiente tecnología y uso intensivo de la fuerza de trabajo, inciden directamente en el encarecimiento de los precios de los bienes y servicios que pagan otros trabajadores a quienes principalmente les son ofrecidos[13]. Esto es, la captación de transferencias de valores de trabajadores, consumidores y del Estado, sirven para conservar formas de trabajo y vida a los propietarios-trabajadores de la economía social, pero es un costo al que no contribuyen los sectores privilegiados del sistema.


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Las cooperativas financieras en el espacio costarricense tienen una rentabilidad mayor por los servicios que brindan que otras entidades similares no asociativas (Soto, 2005). Si bien, proporcionan servicios crediticios, a trabajadores y organizaciones, que otras entidades privadas no otorgan, por una supuesta inseguridad en la recuperación de los recursos[14], deberá reconocerse que esas cooperativas crecen y se expanden a costa de la apropiación básicamente de los recursos de los trabajadores. Los préstamos de entes financieros cooperativos dan crédito siguiendo las pautas del sector financiero, no por ser sus clientes pobres o entes asociativos se otorgan préstamos preferenciales, con menores tasas de interés o con mayor riesgo bancario. De ningún modo, sus negocios están despersonalizados con los pobres, por ello crecen y se expanden, como auténticas entidades lucrativas y especulativas. El asociativismo del sector financiero en Costa Rica, es un buen negocio sin solidaridad, compromiso ni identidad con los pobres ni sus empresas. El empobrecimiento a los pobres, sin duda no es una opción viable para dinamizar las empresas sociales solidarias, como tampoco para la economía ni la sociedad, luego son también responsables del fracaso financieros de las empresas asociativas.

La solidaridad e identidad social posibilita una redistribución de recursos de trabajadores hacia los trabajadores en las empresas sociales. La socialización de la pobreza y la privatización de la riqueza, es una regularidad sistémica y liberal que se cumple inexorablemente en la iniquidad capitalista. El incremento de la pobreza y la polaridad social es un proceso con muchos actores, que invisibiliza al protagonista del sistema[15] y en algunos casos aparecen los trabajadores como responsables de la pobreza, en un círculo perverso y complejo.

El inicio de una actividad económica independiente o asociativa, implica el uso de los servicios financieros como lo promueve el Banco Popular en Costa Rica[16] para la adquisición de los equipos, materiales o instalaciones para el emprendimiento empresarial familiar o de los propietarios-trabajadores. De este modo, los nuevos “empresarios” dinamizan el mercado financiero y la actividad comercial, luego son actores en el crecimiento económico de las empresas privadas no asociativas y para la economía en su conjunto, pero empobreciendo a los pobres.

Esto es, los propietarios-trabajadores no están al margen de la economía, como suelen ser considerados, ellos transfieren valores a través de las tasas de interés, ganancias al sector comercial y materializan los valores de los productores de las mercancías. Los trabajadores son social, política y económicamente importantes que al fracasar o empobrecerse, afecta a la economía y al sociedad. La creciente desigualdad e inequidad en las relaciones sociales y económicas, se reproducen con las contribuciones de las organizaciones sociales solidarias.

 

La propiedad en la economia social solidaria y centralidad del capital

El beneficio individual y privado de las inversiones es una práctica legal, como también lo es el pago salarial inferior al que contribuye crear el trabajador en cada jornada laboral. No es una práctica inmoral, es la moralidad en una sociedad desigual, inequitativa y contradictoria. La propiedad y la individualización de los beneficios en la colectivización de las relaciones sociales y del poder, es una paradoja de la sociedad contemporánea, relación que también se reedita en las organizaciones de la economía social solidaria, aun cuando los trabajadores sean propietarios.

El patrimonio empresarial al ser colectivo, impide a sus propietarios individuales decidir sobre las decisiones y las acciones empresariales, que es una facultad de los órganos decisorios y de la gerencia, que son la representación de un etéreo pero real propietario del capital. La ausencia física del propietario privado en la propiedad colectiva, no suprime la presencia del capital que está representado administrativamente. El capital no es el dinero destinado a ser valorizado, es una relación social, aun cuando despersonalizado, forma parte inherente de las empresas capitalistas de la sociedad.

La democracia es formal y representativa en las organizaciones de la economía social y solidaria, porque sus directivos son electos, pero son representantes que no requieren consultar sus decisiones ni acciones a sus electores, porque sus propósitos están centrados en el devenir de la empresa, no con los trabajadores que tienen una relación dependiente con la organización económica. De este modo, la empresa se erige sobre los intereses de sus propietarios, los cuales percibirán excedentes, según la situación y planes de la empresa. Esto es, la organización se autonomiza de sus propietarios-trabajadores en aras de la situación y condición económica de la organización. Los trabajadores carecen de autonomía para definir el rumbo de la empresa y del reclamo de derechos como propietarios-trabajadores, quienes están compelidos en aceptar las condiciones por su supeditación al empleo y los salarios.

Los representantes de la economía social solidaria manifiestan su diferencia con la empresa capitalista al autoafirmarse democrática, porque sus decisiones y destino organizacional no deriva de la decisión de un propietario individualizado, sino de una colectividad que está representada por los directivos de la empresa. Sin embargo, en una organización que se autonomiza y se impone sobre quienes no tienen otra alternativa que aceptar las decisiones y determinaciones del poder en la empresa, la democracia es solo aparente. Los trabajadores no son libres, por el contrario están cautivos por una relación de poder con la empresa, lo cual tampoco es diferente de aquellas organizaciones con las que busca diferenciarse (Meiksins, 2006).

Esto es, la economía social solidaria no erradica las prácticas autoritarias en su espacio de poder, por el contrario se le agregan otras, como el haber suprimido la crítica y las demandas reivindicativas por el hecho de ser propietarios, así como es expresamente eliminada cualquier confrontación laboral o política como lo manifiesta el solidarismo[17] que también integra la economía social solidaria. El autotrabajo en estas empresas, es la explotación de la organización con la aceptación laboral de quienes no tienen alternativa, en una época de desempleo y desplazamiento de la fuerza de trabajo. Por ello, en algunas ocasiones los trabajadores han disminuido sus remuneraciones, aumentado sus jornadas de trabajo y diferido “voluntariamente” el reparto de sus excedentes, así como en otros casos, estas empresas son deudoras, por precariedad económica, de las cuotas patronales del Seguro Social, con consentimiento laboral y desfalco de la fuerza laboral.

El suponer que las empresas de la economía social solidaria puedan crecer y expandirse sin la capitalización del plusvalor generado por sus trabajadores e incluso ser solidario con los sectores vulnerables en los espacios sociales de su actuación, es iluso y demagógico. Los excedentes repartidos en la economía social solidaria no transforma a los trabajadores en empresarios accionistas ni el excedente distribuidos es capital por ser eventuales complementos salariales. La redistribución de excedentes entre espacios sociales en el mundo, no es una alternativa en el presente, como tampoco lo fue el impuesto Tobin[18], aun cuando no tenía incidencia significativa en las transacciones internacionales.

La pretensión de superar las desigualdades e iniquidades generadas por el sistema capitalista con la economía social y solidaria, es una valoración crítica a la economía prevaleciente y un intento de eliminar la polaridad social creada con el capitalismo. No obstante, los muchos que comparten la crítica al sistema, no siempre aprecian que la economía capitalista es un poder encarnado social, histórica y estatalmente. Las relaciones capitalistas, no son asuntos de competencia económica, individual o de conciencia, la transformación del capitalismo compromete a la sociedad y al sistema en su conjunto. La argumentación economicista justificando o criticando el sistema, es una simplificación en el actual estado del conocimiento y las experiencias acumuladas.

La concentración y centralización de la economía es una tendencia mundial en el capitalismo, e incluso fue una práctica desde el Estado de los países del socialismo real, que incluso no ha sido contrarrestada con la legislación antimonopolio de muchos países y por el contrario se ha fortalecido ante la desregulación y la liquidación del Estado Social. Los consorcios internacionales tienen cada vez mayor libertad para condicionar las economías nacionales (Wood, 2011), siendo los tratados de libre comercio, uno de los medios de condicionamiento de las trasnacionales y de las políticas hegemónicas de las potencias mundiales en el espacio latinoamericano. Las transferencias de riquezas entre contextos con distinto desarrollo relativo, es un proceso consustancial a las relaciones capitalistas que se agudiza en momentos críticos las relaciones internacionales.


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La ofensiva política de las potencias económicas, nuevas y viejas, contra las naciones en sus ámbitos de influencia, así como el empoderamiento de poderes liberales en los espacios nacionales, son auténticos obstáculos para el desarrollo nacional. Las capacidades de autodeterminación nacional y estatal disminuyeron para mostrar transparentemente la colonialidad del poder en el mundo y particularmente en el espacio latinoamericano (Quijano, 2000).

La propiedad privada y su concentración son características del capitalismo, pero no es por la propiedad ni su extensión que se generan las iniquidades del sistema, como tampoco la desconcentración o su diversificación modifica su naturaleza y atributos. La propiedad data de épocas anteriores al capitalismo y ha sido el medio como se ha expresado el poder existente, pero no es la propiedad quien otorga poder. Sin duda, la propiedad es inherente al sistema, legalizada y legitimada, que hace posible la apropiación de lo que se genera con el uso de los recursos, instrumentos o territorios privados. En este sentido, el capital privado no solo constituye la relación social que permite la valorización y los intercambios, también es el medio por excelencia que posibilita su metamorfosis en una serie de recursos, medios o instrumentos privados. Así, el capital se convierte en la mercancía que se materializa en múltiples formas para su valorización. Sin embargo, también es un límite al proceso de valorización porque al rentar o comprar propiedades, se distrae capital de sus finalidades productivas, para pagarles a propietarios improductivos. En el pragmatismo empresarial la propiedad colectiva accionaria permite la recuperación del capital al ser vendidas en el mercado, según la situación y dinamismo empresarial, pero es mejor aún, en la propiedad social solidaria, donde es posible superar el uso improductivo del capital garantizando, sin alterar el dominio de la propiedad ni ser sujetos de la manipulación ajena.

En Latinoamérica las pequeñas empresas se han creado incesantemente a lo largo de más treinta años con las ilusiones de trabajo, rentabilidad, crecimiento y calidad de vida, muchas han desaparecido. No existen registros actualizados de dichas empresas, así como son inexistentes las estadísticas sobre las cantidades de micro y pequeñas empresas creadas y quebradas, y menos aún existen estudios que expliquen las causas de sus fracasos o éxitos.

Es un eufemismo llamar empresas a las unidades de trabajo familiar, porque no es el capital su principal recurso y muchas de ellas no tienen por finalidad la valorización, sino a la conservación de valores a través del proceso de trabajo para ser la fuente de sustento cotidiano, muchas de esas unidades económicas son de relativa subsistencia. No obstante, habría que decir que si es capital para quienes les otorgan los préstamos para instalaciones y equipos para el inicio de su trabajo y que deberán pagar independientemente del éxito o fracaso de la actividad económica. Es decir, muchas no son unidades en estricto sentido capitalistas, pero están integradas en las relaciones capitalistas que condicionan su desempeño, por ello las pequeñas unidades de trabajo sirven para reactivar el mercado de financiero y dinamizar la economía con los gastos de miles de las pequeñas unidades de trabajo, como reconocen liberales y financistas representados por Hernando de Soto (1987), Muhammad Yunus y Karl Weber (2008).

En la concentración y centralización del capital no todas las áreas trabajo son susceptibles de hacer negocios, sea por la alta competitividad, baja rentabilidad, mayores inversiones, fluctuante demanda o inflexibles regulaciones, etc., luego habrá actividades económicas con riesgos elevados o largas tasas internas de retorno que no son atractivas para el capital. En ese sentido, considerar que esas áreas de actividad económica pueden ser el campo para las empresas de la economía social solidaria, es una forma errónea que impide la competitividad y sacrifica a los trabajadores, así como agudiza la desigualdad de los términos de intercambio entre economías y formas productivas con distinto desarrollo relativo.

La centralidad del capital ha incidido en la captación, absorción o creación de actividades económicas más rentables, así como en la inversión en la composición técnica de capital que tiene una directa incidencia en el incremento de la productividad, los excedentes y la tasa anual de ganancia. Este proceso está acompañado de procesos sociales y políticos que posibilitan el crecimiento y la expansión económica, como se ha observado con las aprobaciones y efectos de los tratados de libre comercio en el contexto latinoamericano, que derivan en desequilibrios macroeconómicos y profundizan la desigualdad y la polaridad social.

 

La organicidad democrática sin empresa

Es un prejuicio generalizado el considerar a la empresa como la forma que permite superar la pobreza para alcanzar el bienestar y el desarrollo nacional, por ello se han creado e imaginado formas económicas que buscan superar las contradicciones e iniquidades de las empresas capitalistas. Sin embargo, los loables esfuerzos han sido infructuosos, aun cuando se continúan evocando y ponderando como si fueran reales y efectivas formas alternativas a las empresas capitalistas, aun cuando son capitalistas.

El posicionamiento ideológico del capitalismo en los sectores laborales y pobres de la sociedad es un factor que ha permitido la acogida liberal a formar empresas entre trabajadores y pobres, como si fuera el modo de salir de la postración económica y la exclusión social.

El economicismo es una regresión cognoscitiva que considera a la economía una técnica que supedita las relaciones sociales a sus leyes que regulan la sociedad y el desarrollo. A pesar de su inconsistente obsolescencia, continua siendo una visión preponderante que se repite ideológicamente por más de un siglo, como una verdad absoluta, aun cuando sin evidencia fáctica ni epistemológica. Esa economía, indudablemente no es una ciencia, es una ideología que como una cárcel de larga duración (Braudel, 2002), mantiene atrapadas las creencias y actuaciones de las personas y de las organizaciones económicas.

La economía no es una técnica, a pesar de las reiteradas visiones reductivas y estandarizadas acciones cotidianas, es una relación social e histórica de los pueblos (Huaylupo, 2007), sin historia ni cultura no hay posibilidad alguna de la existencia de relaciones para generar las condiciones para la vida en sociedad. En tal sentido, la economía es una forma organizativa de la sociedad para la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de los medios necesarios para la vida y las relaciones sociales. Actividad que ha acompañado a los individuos en sociedad a través de la historia, pero la organización en empresas para la generación de riqueza apropiable por los dueños de los recursos, ha sido una creación capitalista, que como forma orgánica e histórica no podrá ser eterna.

La empresa capitalista recoge el emprendimiento de las personas para crear mercancías para satisfacer las necesidades individuales y colectivas, en un contexto de desigualdad social e integración e interdependencia creciente. Una larga historia de esclavitud y servidumbre hacían posible el uso privado e individual de las capacidades de las colectividades sin recursos ni capacidad organizativa. La empresa capitalista no fue una creación individual, fue colectiva en la conjunción de complejas relaciones y poderes. La herencia griega individualista (Jaeger, 2001) está viva como memoria histórica y como práctica capitalista más allá de la cotidianidad empresarial. El individualismo posesivo en la socialidad de las relaciones y determinaciones colectivas (Macpherson, 1970), es una contradicción que no ha sido superada. La individualidad arraigada como ideología necesaria del capitalismo, está representada por el liberalismo, que como una fuerza y poder, que actúa contra la construcción de lo común y público en los grupos, colectividades, clases sociales y Estado.

El desarraigo identitario con lo propio y común, ha separado y aislado ideológicamente, lo que está unido social y sistémicamente, con lo cual la posibilidad de organicidad es diferida o impedida. “Divide et impere”, una vieja expresión usada por el emperador romano Julio César y que se ha repetido a lo largo de la historia para mantener el dominio sobre los pueblos y poblaciones.

La socialidad humana no necesariamente ha supuesto su organicidad, como tampoco implica conciencia de lo común, aspectos que son sustantivos para cualquier modificación de la condición de vida, pero también para la transformación de la sociedad. La historia de las revoluciones sociales en el mundo son evidencias de la capacidad creadora de sociedad por la acción colectiva de los trabajadores y pobres organizados. La organicidad social ha sido en la historia la fuerza contra el orden tiránico de las sociedades, por ello desorganizar es una tarea política totalitaria.

Las clases subalternas sin unidad orgánica, no son parte de la sociedad civil, solo tienen existencia fenoménica, como objetos de quienes dominan sus pensamientos y acciones, no como sujetos de su propio destino. La clase capitalista organizada con unidad y poder, a pesar de la propia heterogeneidad de sus intereses de la clase, pero con reconocimiento y amparo estatal, se impone ante la desorganización de otros sectores y clases sociales.

Los individuos sin democracia ni igualdad en su organicidad, carecen de la capacidad de determinación en la sociedad. Las organizaciones militares, religiosas, estatales o empresariales nacionales o extranjeras, no son democráticas, su actuación no depende de sus integrantes, sino de aquellos que representan. La sociedad civil como la aglutinación de la organicidad de todos los sectores e intereses sociales, es condición para el dialogo democrático plural y la acción transformadora.

La organicidad democrática de los sectores subalternos, pero sin articulación empresarial, sin el reconocimiento de lo común a todos, o lo público, en una sociedad interdependiente, es el preludio del enfrentamiento sea a través de la violencia mediática, la coacción estatal o la fuerza de las armas, que son los medios usados por el totalitarismo contra la unidad y la construcción de lo común, lo público y lo político de todos para todos.

Una sociedad, un pueblo, una clase social, sin organicidad carece o pierde la capacidad de convocatoria, de negociación, de proposición y de acción colectiva. Pero, estas cualidades de la organicidad supone libertad y democracia entre individuos han establecido organizarse para la obtención de objetivos comunes. La unidad orgánica por lo común implica la igualdad, sin dominio ni supeditación en razón de diferencias de posesiones materiales o ideológicas, entre los sujetos integrantes de la organización.

El capitalismo ha divido y subordinado sociedades y trabajadores del mundo, como una necesidad para su propia reproducción y poder. La colonialidad del poder y del saber ha impuesto culturas e intereses extraños y ajenos a los pueblos y clases sociales.

La organicidad como la manifestación de lo propio y común a las colectividades, tendrá que luchar contra visiones de una sociedad individualista que cuenta con una serie de recursos propios y de otros para división social.

La minka y el ayni formas de trabajo colectivo y solidario, para el bien común y de ayuda mutua, gestadas desde el incario, han sobrevivido a través de siglos a la dominación desde la vieja a la nueva colonialidad capitalista (Quijano, 2009). La identidad y la necesidad social han convertido a esas formas organizativas del trabajo, en parte consustancial de la cultura indígena peruana, como centro identitario de lo propio y como resistencia y oposición a lo ajeno. Los trabajos solidarios para nuevas familias y las labores públicas necesarias y comunes, han permitido la conservación de formas de vida y cultura de los pueblos andinos que no renuncian a un destino común y compartido. La resistencia y oposición a las intencionalidades empresariales extranjeras y gubernamentales, en el pasado y presente de los pueblos andinos peruanos, pone en evidencia la unidad de acción colectiva y popular para conservar sus formas de vida y solidaridad cultural, para ello no se ha tenido que constituir una empresa ni es asunto empresarial lograrlo, sin embargo es vital para la colectividad, sin requerir la mediación de la propiedad, el salario ni la ganancia, solo la organicidad y el trabajo colectivo para el bien común. El caso particular y cultural peruano, no es una propuesta ni es un modelo, sin embargo, en todas las culturas existen rasgos culturales de solidaridad y bien común que trascienden la apropiación de recursos y riqueza de otros.

Asimismo las relaciones mercantiles, que no son una invención capitalista, forman parte de las relaciones sociales entre pueblos y sociedades que han acompañado la vida en sociedad en todos los tiempos, pero dichas relaciones no necesariamente suponen la conversión dineraria del capital invertido ni apropiarse de los recursos de los consumidores de mercancías, por la manipulación especulativa de precios de mercancías para beneficio privado.

El considerar la opción empresarial para los trabajadores es una ilusión de los trabajadores, pero es también una forma capitalista para dinamizar la economía con recursos y trabajos de la colectividad de trabajadores para los propietarios del capital. La opción capitalista para superar las inequidades y prácticas autocráticas del capitalismo, es un absurdo fomentado por la ingenuidad ideológica, un compromiso social o una complicidad corrupta de individuos, grupos o partidos políticos que usufructúan a las organizaciones sociales solidarias.

 

Notas:

[1] Los ingresos percibidos de su actividad como trabajador-propietario no es salario, puesto no es el pago por trabajar para otros sino para su propia organización, sin embargo cumple la misma función que el salario, por ello su referencia transfigurada. Esta consideración también relativiza su caracterización de “empresa”, dado que su función no es la de crecer y expandirse en un proceso de reproducción ampliada, que está imposibilitada de efectuar precisamente por el uso improductivo de sus excedentes.

[2] La UCCAEP cuestiona que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) pueda enseñar, en su formación técnica de jóvenes, sobre economía social solidaria, sindicalismo, cooperativismo, solidarismo y mutuales.

[3] El Gobierno de Costa Rica, creó en enero del 2015 la Dirección de Economía Social Solidaria mediante Decreto Ejecutivo 38874-MTSS, en el Ministerio de Trabajo y cuyo propósito es la disminución de la pobreza y fortalecer los mecanismos para la creación de empleo y trabajo digno (Gobierno, 2015).

[4] Una democracia constituida por una normatividad jurídica no es una construcción social ni histórica. No es el producto de una conquista de los trabajadores, que tendría contenidos precisos y concretos en su formalización. Una democracia empresarial que no es fiscalizada, regulada ni controlada por sus trabajadores, sino por normas que interpretadas y aplicadas por quienes detentan el poder en la empresa, no es democracia. Es una autocracia en una formalidad jurídica democrática.

[5] La reproducción simple en sentido estricto no es una forma económica capitalista, pero ha interactuado con el capitalismo durante toda su existencia, no ha desaparecido, destruida ni absorbida. Está integrada por la vía de la circulación con el capitalismo, pero de modo subalterno, sin independencia ni posibilidad de crear un modo alterno, como imaginan puede ocurrir en la economía social solidaria, cuyas unidades económicas están integradas al capitalismo tanto por ser una de ellas o por estar subordinadas. Las unidades asociativas en reproducción simple no conforma un sistema alterno al capitalismo, son parte del mismo sistema.  

[6] El economista Luis Mesalles, director de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), afirma que “En un entorno de aumento en la tasa de desempleo y bajo nivel de actividad económica, como el que atraviesa el país actualmente, la fijación de salarios debe hacerse de manera responsable” (Oviedo, 2015). Asimismo, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura, dice “…que un incremento en los salarios conllevaría más pobreza y es mejor sostener a los trabajadores que están ocupados en estos momentos.” (Oviedo, 2015). En ambas perspectivas son los trabajadores los que deben sufrir las consecuencias del cambio competitivo, de las tendencias internacionales o de la ineficiencia productiva y mercantil de los entes privadas. Condenar a los trabajadores de fenómenos ajenos a su situación y trabajo, es un atentado contra la sociedad el desarrollo e incluso contra el dinamismo económico en el mercado nacional.

[7] La informalidad aumenta en Costa Rica, como una vía individual para una precaria subsistencia cotidiana, la cual no es segura ni permanente, sin compromisos, gastos ni endeudamiento en las asociaciones de la economía social solidaria. No existen estudios sobre la situación de miles de hogares que viven de la informalidad (Mora, 2014) aunque es un sector cuantitativamente importante, es posible que no interese por ser difuso, individualizado y porque puede ser revelador de un proceso de exclusión social, incluso de las unidades asociativas.

[8] Las labores informales son demandadas por también sectores empobrecidos, regularmente sectores medios bajos o pobres, que no están en capacidad económica para emplear a empresas formales. Los ingresos de los sectores pobres y medios de la sociedad tienen una extraordinaria capacidad distributiva en la sociedad, dado que gastan gran parte de sus ingresos en atender sus necesidades cotidianas, así como constituyen poblaciones que ocupan informales, a la vez que suelen ser segmentos sensibles y solidarios. En algunas sociedades se alquilan niños y personas con discapacidades físicas para provocar la conmiseración ciudadana.

[9] La heterogeneidad social, económica y política en el cooperativismo es muy basta y muchos de sus atributos no son comparables ni generalizables, así como tampoco similares sus tendencias ni posicionamiento en el mercado, tampoco es posible hacerlo en la diversidad y desigualdad de organizaciones asociativas por estas razones se analizan en sus cualidades que se destacan como fundamentales y comunes en las organizaciones sociales solidarias.

[10] Argumentación expresada, en diversos escenarios, por el ex-directivo del cooperativismo y Diputado Víctor Morales, en defensa de la economía social solidaria. Consideración que también se repite para otros países, el Presidente de la Cooperativa de la República Argentina  (COOPERAR),  “Somos  10 millones de cooperativistas en el país y gravitamos alrededor del 10 por ciento del Producto Bruto Interno, apuntando a un modelo justo” (FECOOTRA, s/f).

El producto interno bruto (PIB) ha sido una unidad de medida que el pensamiento clásico validó desde 1934 por la teoría económica, al considerarlo como criterio único del crecimiento económico e incluso del bienestar (Periódico, 2015). Hoy en día es una dimensión cuantitativa considerada reductiva y cuestionada por estudiantes de Harvard y por los economistas contemporáneos, así como algunos premios nobeles en economía. Su propio creador Simón Kutznets (1901-1985), en su primer informe en 1937, sobre ingreso nacional en Estados Unidos, alertaba sobre su uso porque era una simplificación excesiva sobre fenómenos complejos. Treinta años después afirmaba que todo crecimiento debería especificar de qué y para qué. (Periódico, 2015). La medición del PIB no tiene relación con la situación ni condición de la economía y menos aún con el bienestar de los pueblos, a la vez que ninguna cantidad sin cualidad tiene significación. (Huaylupo, 2008).

Destacar la importancia del PIB para las organizaciones económicas asociativas es simplificador, tanto por su significación, como por el desconocimiento de un indicador que no hace referencia alguna a la heterogeneidad de dichas organizaciones, que solo tienen aglutinamiento en el discurso y una formalidad política, aunque son dispersas, sin complementariedad ni solidaridad. La magnitud del PIB no solo es relativa en razón de sus inconsistencias y supuestos cuantitativos y epistemológicos, también lo es porque son estimaciones o especulaciones estadísticas sin referencia alguna de las realidades económicas de lo medido. Así, en Costa Rica se estima el PIB con una metodología de cálculo de hace 22 años (Gutiérrez, 2013a), además que hace más de una década fueron corregidas sus proyecciones que se tenía un PIB subvaluado.

[11] En el Perú, el Presidente Ollanta Humala en una expresión irónica a las exigencias y demandas del sector empresarial de ese país, afirma que  “Este gobierno un poco más y les da respiración boca a boca [a los empresarios]” (Comercio, 2015).

[12] Han muchos los intentos liberales y gubernamentales por eliminar las exoneraciones tributarias, así como son diversas las propuestas de leyes presentadas para eliminar la excepcionalidad en el tratamiento tributario al cooperativismo. Recientemente el Gobierno ha propuesto un proyecto de ley para paguen el impuesto de la renta, aquellas consolidadas y con ingresos significativos pagarán el 30%, mientras que las pequeñas y micro empresas estarán exentas (Leitón, 2015b). Las exoneraciones al cooperativismo no hacen distinción entre las organizaciones a pesar de la heterogeneidad entre las mismas, por ello las cooperativas más rentables, como las financieras y las de empresarios propietarios han tenido crecido de modo significativo (Editorial, 2013). El Banco Popular y las Mutuales no pagan impuestos de los rendimiento de los recursos captados en moneda local, lo cual representa el 0,04% del PIB (Soto, 2013), así como las cooperativas se oponen a pagar impuesto de renta (Gutiérrez, 2005b).

[13] La producción de maquila efectuada por estas unidades asociativas, el proceso es relativamente distinto, ahí los trabajadores abaratan su fuerza de trabajo para que el costo de sus productos puedan ser competitivos en mercados mundiales con precios de otros contextos con mayor desarrollo tecnológico. Así, se transfiere valor del contexto nacional a otras realidades, profundizando la desigualdad de los términos de intercambio entre contextos con desigual desarrollo relativo.

[14] Diversos estudios efectuados en distintos países, muestran que los préstamos morosos no corresponden a los sectores laborales, sino de los segmentos altos de la sociedad. El privilegio con créditos a estamentos sociales pudientes no se debe a consideraciones de seguridad en la recuperación de las inversiones financieras, sino por aspectos ideológicos y políticos.

[15] La ausencia del capital es una percepción empirista, no obstante la valorización del capital es una condición en la fijación y pago de salarios, así como en su retribución complementaria. El capital está representado por la gestión empresarial.  

[16] Entidad bancaria estatal protegida e incentivada tributariamente y formalmente concebida como el banco de los trabajadores y el desarrollo comunal, por tener en su directorio representantes del sector social, actúa como cualquier banco privado insolidario.

[17] En el solidarismo en Costa Rica data desde 1947, no es una gestión de los trabajadores sino por sus patronos y está asociada con prácticas religiosas cristianas contrarias a la confrontación laboral o social del sindicalismo y partidos políticos. En ellas hay un aporte de todos, incluso patronal, que les permite atender préstamos entre sus miembros, como ahorros y ser parte del fondo económico del auxilio de cesantía del trabajador. Están aparadas en Costa Rica por una ley desde 1984 (Ley 6970).

[18] James Tobin (1918-2002) planteó en Janeway Lecture de la Universidad de Princeton en 1971, ante el colapso del sistema de Bretton Wood, lo que fue denominada la tasa Tobin, que era una propuesta impositiva a las transacciones de corto plazo sobre la conversión de divisas (0,5% del volumen de la transacción). En la década del noventa y a inicios del siglo XXI, se reabrió la posibilidad de su instauración ante la crisis económica. Se concibió como una recaudación que sirviera para brindar margen para que los bancos emisores de los países pequeños, a la vez que servía para contrarrestar las tendencias del mercado financiero. La tasa Tobin habría podido la crisis de la primera década del presente siglo. Ha sido también denominado como el impuesto Robin Hood e incluso reivindicado por el movimiento antiglobalización. James Tobin propugnador de la idea, no se identificaba con la posibilidad de su establecimiento y criticaba el uso dado a su propuesta.

 

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Cómo citar este artículo:

HUAYLUPO ALCÁZAR, Juan, (2015) “La economía social solidaria. ¿Una alternativa económica? ¿Una opción para los trabajadores?”, Pacarina del Sur [En línea], año 7, núm. 25, octubre-diciembre, 2015. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Domingo, 17 de Diciembre de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1216&catid=3

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