Pacarina del Sur
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Ética y política educativa en el Perú actual

Ethics and educational policy in present-day Peru

Ética e política educacional vigente no Peru

María Luz Ramos Mellares

RECIBIDO: 13-09-2016 APROBADO: 09-11-2016

Resumen

Resumen: En el Perú existe una  crítica situación del sector educativo, que se evidencia en los resultados de las pruebas internacionales de medición de la calidad educativa, ocupando los últimos lugares  en América Latina, en cuanto a comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Se han hecho muchos cambios para mejorar el proceso educativo, pero solo han sido coyunturales y no  estructurales. Si el nuevo gobierno no asume una política de estado que respondan a un proyecto educativo nacional sustentado en la búsqueda del desarrollo de país y el bienestar de todos sus habitantes, sin distingos de ningún tipo y basado en sus características particulares como nación, se habrá perdido la oportunidad de sacar al país de la grave crisis moral en la que se encuentra. El presente trabajo  pretende evidenciar las grandes incoherencias que existen en el accionar educativo y la necesidad urgente que el estado asuma y aplique una política educativa, con lineamientos y orientaciones claras sobre lo que pretende alcanzar para la sociedad peruana. Con una ideología definida y explícita que sirva de brújula, orientación y con un sustento ético.

Palabras clave: política educativa, calidad educativa, ética, sociedad peruana.

 

Consideraciones previas

En el Perú se ha elegido un nuevo presidente y, como en todo inicio de un nuevo gobierno, hay expectativas de una mejora de la economía y de salir del pozo de la corrupción e inseguridad en que actualmente se halla sumergido el país. Los más optimistas creen que el nuevo gobierno podrá solucionar los problemas estructurales que se vienen arrastrando por décadas, entre ellos el de la educación.

Se han hecho muchos intentos de mejorar el proceso educativo con medidas de diversa índole, pero muy pocas veces se ha intentado una reforma radical. Una de estas es la promovida por gobierno encabezado por el general Juan Velazco Alvarado, que accedió al poder por un golpe militar al presidente Fernando Belaunde en 1968. En su gobierno se procedió a una radical transformación social y económica para sacar al país del atraso y del sub desarrollo mediante una política basada en un modelo socialista de rasgos muy particulares. En este periodo de gobierno militar (1968-1980), se dio un gran impulso a la educación inicial, a la educación básica regular y laboral, y se concretó la concepción de currículo integral compuesto por conocimientos, actividades, capacitación para el trabajo y orientación del educando. Se planteó, asimismo, la revalorización de la mujer, la coeducación, la educación bilingüe, la oficialización del quechua, entre otras medidas. Todo esto basado en la orientación general de un gobierno que pretendía ser nacionalista e inclusivo. Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo puesto en práctica por numerosos activistas, sobre todo profesionales de clase media, y de los significativos aportes que se lograron, el proyecto educativo quedó truncado pues las reformas se descontinuaron; entre otras razones, por no haber contado con la participación voluntaria del magisterio, de los padres de familia y, principalmente, del sindicato de los maestros. Al fin y al cabo, pese a sus buenas intenciones y algunos consistentes planteamientos de sus asesores y colaboradores, nunca se sacudieron del verticalismo castrense en sus acciones.

En el nuevo gobierno del presidente Belaunde, al que llegó por medio de elecciones democráticas (1980-1985), se empezó tomando en cuenta las propuestas de los gremios magisteriales, quienes habían tenido un rol preponderante en el restablecimiento de la democracia al oponerse a la dictadura militar basados en su organización sindical y una incesante lucha en defensa de sus reivindicaciones. Debido a la preocupación por restituir los derechos laborales a los docentes, pero, sobre todo, al surgimiento del conflicto armado, que obligó a priorizar la atención en otros aspectos del gobierno, no hubo mayores aportes en el campo educativo, aparte de la promulgación de la Ley General de Educación N° 23384, sustentada en los principios de la democracia social.


Imagen1. www.gotoknow.org

En el primer gobierno del presidente  Alan García (1985-1990), con un conflicto armado interno en expansión, y un país sumido en una crisis económica sin parangón en los anales de la República, con una inestabilidad que alcanzaba a la existencia misma de la población, en medio de una desinstitucionalización creciente, la educación se vio sumida en una crisis que alcanzaba no solo a las políticas educativas –prácticamente al garete– sino se manifestaba incluso en la pérdida de la infraestructura educativa, ya de por sí precaria en muchos lugares del país, sobre todo en la zona rural andina, provocando con ello un retroceso en la atención educativa en general, pero sobre todo en lo que respecta a los más pobres.

El gobierno siguiente, del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), debió enfrentar en los primeros años la gran crisis económica heredada de la gestión anterior y la creciente violencia política interna. A partir de la derrota del movimiento subversivo (1992) e inmerso en la aplicación de un modelo neoliberal a rajatabla, como solución a la necesidad de levantar al sector educativo de su postración optó por otorgar facilidades a la privatización de los servicios educativos en todos los niveles, mediante la promulgación de la ley de promoción de la inversión privada en la educación, sin que paralelamente se reforzara la educación bajo la responsabilidad directa del Estado. La principal e inevitable consecuencia fue provocar una gran desigualdad entre la calidad educativa que recibían quienes podían acceder a los centros educativos privados y la de aquellos que solo podían hacerlo en los centros educativos estatales, con profesores mal pagados, infraestructura deficiente y programas desactualizados.

En un segundo momento, alcanzada cierta estabilidad social y económica, la política educativa se orientó esencialmente a la construcción de locales escolares, con el financiamiento del Banco Mundial, que auspició el PLANCAD, dentro de un Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación. En ese contexto se realizó un plan de capacitación docente, que podría haber sido exitoso si se hubiera establecido un modelo de enfoque pedagógico que respondiera a las necesidades y aspiraciones del país en ese momento, y la corrupción no hubiera empezado a corroer prácticamente todas las instituciones del estado y muchas de la sociedad civil, como el periodismo, por ejemplo.

En la práctica, los cambios en el campo educativo no fueron profundos y los avances no respondieron a las necesidades de mejorar efectivamente la calidad de la educación que se impartía hasta entonces, la cual se hallaba en una crisis silenciada por los organismos del gobierno. La crítica situación del sector educativo saltó a la vista de todos cuando se difundieron los resultados de las pruebas internacionales de medición de la calidad educativa, según las cuales el Perú estaba en último lugar en América Latina en cuanto a comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), no se produjeron cambios trascendentales, si bien es cierto que se concretaron medidas para elevar el presupuesto del sector educación. Gracias a esta medida, se aumentó el sueldo a los maestros hasta duplicarlo, al término de su gobierno. Asimismo, se promulgó una nueva Ley de Educación, la N°28044 (17-07-2003), a cuyo amparo se impulsaron proyectos de educación rural y se puso énfasis en la educación de las niñas, además de dar un gran respaldo al uso de la tecnología, implementando el Plan Huascarán.

En el segundo gobierno del presidente Alan García (2006-2011), se continuó con la misma política de la administración anterior. Puede destacarse la promulgación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, orientada a la promoción de la meritocracia. Se llevó a cabo también una fuerte  inversión en infraestructura, renovando centros educativos en general, y prestando atención especial a los denominados Colegios Emblemáticos.

En el ejercicio del gobierno del presidente Ollanta Humala (2011-2016), a pesar de continuar la estabilidad económica y mantenerse un buen crecimiento económico, aunque menor al de los dos periodos de gobierno anteriores, se destinó el 3.5% del producto bruto interno (PBI) a la educación. El refuerzo en la formación de los docentes desde el inicio de la carrera magisterial, la integración de los Colegios de Alto Rendimiento en una red nacional, el aumento de la jornada de trabajo educativa a 45 horas semanales en algunas escuelas públicas, y la creación de la Beca 18, medida consistente en brindar el acceso a una educación superior de alta calidad a los mejores estudiantes de bajos recursos egresados de la secundaria, dio la impresión de un mejoramiento del sector educativo nacional. Si sumamos a estas medidas la aprobación de una nueva ley universitaria y la promoción de Institutos Superiores Tecnológicos, pareció que el rumbo era decididamente el mejor para el país.

Tal impresión ha sido recogida por el actual gobierno, que ha ratificado al Ministro de Educación del régimen anterior, dándole de esta manera su respaldo a las políticas diseñadas durante el gobierno al que estuvo adscrito.

 

De la política educativa actual

No obstante los signos positivos que se registraron en los años de la gestión educativa del gobierno del ex presidente Humala, estos no han ido más allá de mejoras parciales en algunos aspectos del complejo y amplio campo de la educación nacional. La principal razón obedece a que las acciones se dieron bajo la lógica de las políticas neoliberales, manteniéndose las grandes distancias de calidad entre los servicios educativos públicos y los privados, en tanto que, de acuerdo a las leyes del mercado, reciben mejor educación quienes tienen más dinero. De esta manera, la educación de las grandes mayorías se desenvuelve en gran medida ajena a los avances de la ciencia y el desarrollo tecnológico, reduciéndolo casi todo a un limitado acceso al equipamiento y manejo instrumental, sin que la formación educativa se desenvuelva bajo los cánones de los nuevos paradigmas basados en la participación efectiva del educando en el proceso de adquisición de conocimientos y estos se orienten prioritariamente a la investigación y a la innovación.


Imagen 2. http://roman8104-ppe.blogspot.mx

Por otra parte, aunque han transcurrido ya más de dos décadas desde la derrota de la subversión, el impacto negativo que produjo el conflicto armado en la conformación y cohesión de la sociedad, sobre todo en el nivel de los valores, la política educativa no ha adoptado medidas que efectivamente reparen los daños en el tejido social ni se avizore de manera efectiva cómo se pretende restañar las heridas en la consciencia y la memoria colectiva.

El resultado más notorio es la aceptación tácita de la corrupción, que se ha extendido a prácticamente todas las actividades, desde la política hasta el comportamiento cotidiano de la población. Y no es que en épocas anteriores no existiera la corrupción, sino que esta se ha extendido tanto que ha provocado una actitud de conformismo en gran parte de la población, hasta el punto que, por ejemplo, en la última elección para la alcaldía de Lima, ganó el candidato que para la mayoría, según una encuesta, “roba pero hace obra”.

En este contexto, la ética, valor esencial e implícito en todos los actos del ser humano, pareciera una cualidad externa que se puede asimilar o no; tanto así que se ha difundido como una innovación la “Educación en valores”, como si los valores se pudieran enseñar o representaran una novedad, como si se tratara de un talento o de una cualidad de la que dispusieran algunos individuos especiales.

La principal causa de esta situación es que la educación en nuestro medio, no obstante los avances parciales en algunos aspectos, está inmersa en la ideología neoliberal de los gobiernos de turno, y se ha perdido de vista la razón de ser de la educación.

 

Principios en la Ley General de Educación

La educación es una actividad social que se da en una permanente interacción del sujeto sobre otro sujeto, al que influye mediante un trabajo para el cual ha sido formado, bajo una condición dialéctica; es decir, el sujeto que influye sobre el otro, que en el mejor de los casos lo transforma, al mismo tiempo que cumple esta función se transforma a sí mismo, en una constante situación de cambio social y personal.

Esta relación esencial, cuyo origen se remonta a las épocas más remotas, en la actualidad se da en el contexto de un ordenamiento político, jurídico y social, concretado en un Estado que delega la responsabilidad  educativa a un colectivo de especialistas formado por organismos autorizados por el mismo Estado. Para el efecto, por encima de la multiplicidad de campos del conocimiento y de las formas y rumbos que pueden adoptarse, el Estado debe establecer lineamientos y orientaciones claras sobre lo que pretende para el colectivo bajo su responsabilidad, es decir, una política educativa.

Actualmente, nadie pone en duda que la educación es la vía más importante para el desarrollo de la persona y el medio indispensable para el avance y progreso de un país. Por lo tanto, lo ideal es que se parta de una concepción global y prioritaria en su puesta en marcha. De otro modo, así se lleven a cabo medidas que puedan provocar resultados válidos y signifiquen un avance en algunos aspectos de la educación, siempre quedarán tareas pendientes, desarticuladas.

Esto es lo que ha ocurrido en las últimas décadas en el Perú, en tanto que se han llevado a cabo innovaciones  del sistema curricular a partir de la evaluación de los contenidos educativos; inversiones de creación y mejora de la infraestructura de los colegios; el fortalecimiento de la autonomía de las escuelas; la elevación de las remuneraciones de los maestros; incentivos para el mejoramiento de la capacidad pedagógica de los docentes. Todo esto ha sido positivo; lo malo es que estas y otras medidas destinadas a mejorar la educación han respondido a políticas de momento y no a una política de estado que respondan a un proyecto educativo nacional sustentado en la búsqueda del desarrollo de país y el bienestar de todos sus habitantes, sin distingos de ningún tipo y basado en sus características particulares como nación.

La carencia de una política de Estado en educación ha dado lugar a que cada gobierno haya establecido líneas de acción de acuerdo a compromisos partidarios, concepciones ideológicas inconsistentes, muchas veces contradictorias o con vacíos y carencias teóricas, lo cual ha redundado en avances y retrocesos, superposición de medidas, acciones de segundo orden, retrasos innecesarios en la implementación de las medidas, limitando el progreso y los avances que demanda la vida actual en esta materia, en el contexto cada vez más integrado de las naciones.

En el Perú, la Ley General de Educación N°28044, rige las actividades del Estado en materia de Educación desde su aprobación en el año 2003. Entre sus principios, el primero está centrado en la ética, señalándose que esta “inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia”; estableciéndose como corolario que el fortalecimiento de la conciencia moral individual posibilita una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.

A continuación, se establecen otros principios fundamentales para la convivencia humana, como son el necesario cultivo de la equidad, es decir la necesidad de que todos tengan iguales oportunidad de acceso a la educación; la práctica de la inclusión en la medida que mediante esta se garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación; la calidad, necesaria para alcanzar “una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente”. Otro de los principios es el referido a la democracia, cuyo ejercicio, desprendido del respeto a la voluntad popular, posibilita la defensa de los derechos humanos y la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, entre otras consideraciones. También, como no podía ser de otra manera, en un país con tantas culturas, otro de los principios que sustentan la Ley de Educación es el reconocimiento de la interculturalidad, expresada en las múltiples expresiones étnicas y lingüísticas que asume como un valor y el necesario reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística del país. De manera similar, considerando la diversidad ambiental de nuestro país, otro principio toma como punto de partida la conciencia ambiental, cuya práctica refuerza el respeto a todas las formas de vida. Se suma a estos principios la creatividad y la innovación, estimulándose la búsqueda de nuevos conocimientos en todos los ámbitos del saber, el arte y la cultura.

Con base en estos principios, se establecen dos fines esenciales:

 “a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y  consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.”

 

Crítica de la política educativa actual a la luz de los fines y principios

Los principios y los fines expuestos se presentan como muy coherentes y perfectamente válidos para una política educativa propia del Estado peruano. Pero la realidad demuestra que en nuestro país se está lejos de aplicar los principios de la educación sustentados en esta Ley, salvo en forma declarativa, lo cual es contradicho por la realidad


Imagen3. www.imagui.com

La actual administración política, de acuerdo con lo establecido en su plan de gobierno, y, sobre todo teniendo en cuenta la ratificación del Ministro de Educación del régimen anterior, se reafirma en los cuatro ejes de la política educativa desarrollados por el gobierno anterior, consistentes en: logros de  cantidad de aprendizajes; preparación y superación de docentes; gestión; y mejora de la  infraestructura. A ellas, solo se ha adicionado algunos detalles poco significativos, limitándose a incorporar una preocupación por la investigación y la innovación.

Con este criterio político se está perdiendo la oportunidad de trazar y llevar a la práctica una política educativa diferente, cuyo alcance trascienda lo contingente y se articule con las necesidades y aspiraciones de la sociedad peruana. De hacerlo así –pues todavía está a tiempo de re enrumbar su política educativa– los programas, proyectos, gestión, estrategias y acciones  podrían, guiados por los principios de la educación, encarar las necesidades estructurales en materia de educación de la compleja sociedad peruana.

Para abordar un tema de tan gran magnitud, es importante señalar algunas consideraciones básicas, que parecen haberse olvidado, pese a su absoluta relevancia.

-      Teniendo en cuenta que el primer principio se refiere a la ética, promotora de los valores, en una sociedad abrumada por la corrupción como la peruana, es indispensable priorizar acciones en todos los niveles. En las esferas directrices, así como en el de los docentes, separándolos definitivamente del sector en cuanto se compruebe su falta. En el contenido y la práctica educativa, es imprescindible inculcar en los educandos la necesidad de un comportamiento ético en todas las acciones.

-      Difícilmente podría hablarse de equidad, en un sistema educativo en el que hay una enorme distancia de calidad entre la educación pública y la privada, traducida en una mejor educación para quienes poseen más recursos económicos y una educación que llega a niveles paupérrimos sobre todo en el caso de los pobres del campo. En las actuales medidas, consideradas como un gran logro en materia educativa, se están exceptuando a contados casos de una educación pública con grandes limitaciones.

-      En la política actual no se están tomando medidas efectivas para promover la inclusión, adaptándose al comportamiento general de la sociedad peruana caracterizada por abismales desigualdades sociales, económicas y la marginación de los practicantes de costumbres y creencias que difieren de la occidental.

-      Respecto a la calidad, los principales intentos de mejora están apuntando al equipamiento antes que a la formación de los docentes, cuyas posibilidades de perfeccionamiento y capacitación son muy restringidos. En este punto, es donde se hace más patente la gran diferencia entre la calidad de la educación que ofrecen las instituciones privadas, entidades privilegiadas, cuyo desempeño profundiza las brechas de oportunidades entre los habitantes.

-      La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, como al fortalecimiento del Estado de Derecho, en la práctica es solo declarativa, en la medida que no todos los integrantes de la sociedad tienen las mismas oportunidades y posibilidades de participación, sobre todo en el caso de la población quechua hablante o perteneciente a etnias originarias.

-      Esto último está relacionado directamente con las escasas medidas destinadas a producir una educación que efectivamente respete la multiculturalidad del país, salvo esfuerzos incipientes y aislados. De hecho, las comunidades aborígenes de la sierra y la selva están abandonadas, siendo violados muchos de sus derechos por actividades comerciales en sus territorios.

-      De manera similar no existe un programa intensivo que fortalezca o propicie la formación de una conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. Este principio se viola constantemente con la permisividad de la práctica de la minería informal, y la impunidad de las grandes empresas, nacionales o extranjeras, que deterioran el medio ambiente sin respeto ni siquiera por las poblaciones radicadas en las inmediaciones del recurso explotado.            

-      La creatividad y la innovación tampoco encuentran un cauce y estímulos adecuados para la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura, como aspira la Ley Universitaria.

 

La principal causa de esta y otras políticas educativas fallidas, más allá de las limitaciones de los recursos económicos, se deben a la carencia de una ideología definida y explicita que sirva de brújula, orientación, guía en la formación y transformación del hombre y la mujer que necesita la sociedad peruana en el presente y futuro. Porque el trabajo educativo necesita estar sustentado en  una filosofía que responda a los valores universales de la formación del ser humano. Para ello, es vital que la política educativa esté enmarcada en un sustento ético en todo el diseño, proyecto, gestión, tarea, acción, ejercicio, estrategia, articulación; sustento ético que tiene que plasmarse  a través del desarrollo de competencias consideradas en el enfoque pedagógico, haciendo hincapié en la unidad de las dimensiones de las competencias, es decir: en el saber, el saber hacer, el saber ser. Estos saberes son igualmente importantes, ninguna dimensión es más importante que la otra, aunque se evidencie en la actualidad que lo cognitivo sea lo más valioso. Pero si el conocimiento no se aplica para el desarrollo o la solución de un problema, no tiene sentido. Peor aún, si se utiliza para el mal, para perjudicar, dañar o engañar, el conocimiento se devalúa. En el desarrollo de todas las competencias estas deben considerarse las dimensiones integradas y articuladas como una sólida unidad.

 

Conclusiones

Para que se produzcan auténticos cambios  en el campo educativo en el Perú estos tienen que ser estructurales y no solo coyunturales.

El estado es responsable de la educación y debe aplicar una política educativa:

-      Con lineamientos y orientaciones claras sobre lo que pretende para el colectivo bajo su responsabilidad.

-      Con sustento ético que tiene que plasmarse  a través del desarrollo de competencias consideradas en el enfoque pedagógico.

-      Con  una ideología definida y explicita que sirva de brújula, orientación, guía en la formación y transformación del hombre y la mujer que necesita la sociedad peruana en el presente y futuro.

-      Con un trabajo educativo sustentado en  una filosofía que responda a los valores universales de la formación del ser humano.

 

Bibliografía:

  • CARDÓ FRANCO. Reflexiones sobre política educativa de mediano plazo. www.unsa.edu.pe › Inicio › (Consultado: 30-10-2016)
  • CENTRO VIRTUAL DE NOTICIAS DE LA EDUCACIÓN. Las políticas educativas ¿poder? Las reformas educativas. Transformación. www.mineducacion.gov.co/cvm/1665/w3-article_286596.html (Consultado: 30-10-2016)
  • LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ministerio de Educación www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf (Consultado: 30-10-2016)
  • PINO GUZMÁN, Esther (2006). Hacia la excelencia en la Dirección Científica Educacional  (versión digital) Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. (Consultado: 30-10-2016)
  • VEXLER, Idel (2014). Enseñar y Aprender. Hacia una Gestión Curricular de Calidad. Lima: Sm Editores.
  • ZUBIRÍA SAMPER, Julián de (2013). ¿Cómo diseñar un currículo por competencias? Fundamentos, lineamientos y estrategias. Lima: Cooperativa Editorial Magisterio.

 

Cómo citar este artículo:

RAMOS MELLARES, María Luz, (2017) “Ética y política educativa en el Perú actual”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 31, abril-junio, 2017. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Sábado, 24 de Junio de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1464&catid=10

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