Pacarina del Sur
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El mismísimo Kalimán o los límites políticos del progresismo

José Miguel Candia

Universidad Nacional Autónoma de México

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Recibido: 20-11-2019
Aceptado: 05-12-2019

 

 

Para el público mexicano resultó difícil aceptar -y tomarse en serio- el nombre del general golpista boliviano que asumió la voz cantante de la conspiración del pasado 10 de noviembre y le “sugirió” al presidente Evo Morales que presentara la renuncia al cargo. El apellido de este oficial está grabado en la memoria colectiva, con el de un personaje de ficción que desde 1965 fue el entretenimiento de varias generaciones de radioescuchas y lectores mexicanos de historietas. El Kalimán que se conoció en México, era un luchador justiciero siempre listo para acabar con la encarnación del mal, expresada por el perverso “Araña Negra”. Como vemos, parece que la historia se repitió, pero de la peor manera, el personaje de carne y hueso que ahora conocemos -Williams Kalimán- fue el brazo ejecutor de la maniobra mediante la cual se destituyó a un gobierno democrático y popular.

Pero las leyendas y mitos del imaginario colectivo no se agotan en esa sola referencia. Muchos historiadores y cronistas de época le atribuyen al general Álvaro Obregón una frase que desnudaba las flaquezas de los oficiales revolucionarios de los años veinte. Poco más, poco menos este militar y presidente mexicano, asesinado en julio de 1928, habría dicho: No hay general que se resista a un cañonazo de 50 mil pesos, una cantidad nada despreciable para los valores económicos de la época.

Por trascendidos de prensa y filtraciones que provienen del propio régimen de facto que se instaló con el derrocamiento de Evo Morales, el general Williams Kalimán, traicionó sus principios profesionales y su lealtad a un gobierno legítimo, por un millón de dólares. Con esa suma, más otras cortesías monetarias que todavía desconocemos, el citado oficial prefirió ser sustituido en la jefatura del ejército y radicarse en un sitio más seguro: Estados Unidos.

Sugerir la renuncia de un mandatario constitucional no es común en el lenguaje del golpismo latinoamericano. La tradición enseña que los militares sublevados ordenan el abandono del cargo o deponen de facto al presidente que se quiere reemplazar. Estamos de acuerdo que el planteamiento del ejército se efectuó cuando la sublevación policial y las manifestaciones callejeras de fuerzas políticas y grupos conservadores habían ganado los principales espacios públicos de La Paz. Para la mañana del domingo 10 de noviembre el presidente Evo Morales solo tenía la alternativa de afrontar la conspiración por todos los medios a su alcance -incluidos aquellos que eventualmente podrían desembocar en acciones armadas- o buscar una negociación política honrosa con el candidato opositor Carlos Mesa y desactivar la conspiración en marcha. Optó por esta segunda opción, que resultó tan tardía como inútil. A pesar de su llamado a efectuar nuevas elecciones, invalidando los resultados de la votación del 20 de octubre que le dio el triunfo, el malestar policial se extendió y nuevos destacamentos se acuartelaron. Pocas horas después, las fuerzas armadas se sumaron al golpe y la petición del general Kalimán, “sugiriendo” la renuncia del presidente Morales, no solo quedará como un acto conspirativo, es también un recurso de cruel ironía discursiva -o de inusual sutileza golpista- en el historial de las asonadas militares latinoamericanas.

Las amabilidades de las fuerzas de seguridad desaparecieron al asumir la presidencia la senadora por Santa Cruz, Jeanine Áñez y lo que, en un principio, parecía diálogo y buenas maneras, se transformó en violencia represiva. Las escenas de enfrentamientos callejeros en El Alto, una localidad que se encuentra a pocos kilómetros de la capital boliviana y la represión en Cochabamba, dos bastiones del Movimiento al Socialismo, no dejan dudas, para quien quisiera tenerlas, sobre la naturaleza social del nuevo gobierno. El atildado Carlos Mesa fue desplazado de la escena y la centralidad del espacio golpista lo ocuparon Luis Fernando Camacho, dirigente neofascista del Comité Cívico de Santa Cruz, y la mandataria interina Jeanine Áñez.

Ahora bien, si dejamos de lado los aspectos anecdóticos y casi risueños del golpe boliviano, la pregunta que debe ser respondida y acerca de la cual hay más dudas que certezas, es cómo pudo ser derrocado el régimen progresista que mayores logros económicos y sociales logró mostrar frente a su propio pueblo y ante la opinión pública internacional. Este debe ser el núcleo del debate que conduzca a caracterizaciones precisas de lo ocurrido y al justo inicio de rectificaciones políticas impostergables.

La economía boliviana bajo el régimen de Evo Morales registró indicadores de estabilidad y crecimiento difíciles de lograr en los países de la región. Con una tasa de inflación anual de un dígito y con un crecimiento sostenido del producto interno bruto superior al cuatro por ciento, el gobierno del presidente Morales sacó de la pobreza a miles de familias bolivianas y redujo la desigualdad en una de las sociedades más pobres y desiguales del continente. En el momento del golpe Bolivia era un país en orden y lejos del despilfarro económico que los intelectuales y políticos conservadores atribuyen a los gobiernos “populistas”.

Para que la reflexión no quede solo en enunciados, veamos lo ocurrido en los procesos “nacional-populares” de otros países de la región con el fin de hacer un rápido ejercicio comparativo. Sin pretender asimilar experiencias que, si bien ofrecen algunos aspectos comunes, tienen al mismo tiempo particularidades pronunciadas, procuremos identificar puntos fuertes y lados flacos de esos gobiernos de “centro-izquierda”.

Jeanine Áñez
Imagen 1. Jeanine Áñez. https://theworldnews.net

 

¿Comer, educar y curar en democracia? Los condicionantes de la democracia representativa

La definición es del presidente argentino Raúl Alfonsín (1983-1989) y resulta útil para abrir este apartado. O dicho de otro modo ¿son compatibles el pluripartidismo y el régimen parlamentario con la justicia social? Hay dos factores fundamentales que explican el surgimiento de conglomerados políticos y sociales cuyo énfasis discursivo se sustenta en la convocatoria a los sectores más relegados de la sociedad y en la aplicación de programas económicos neodesarrollistas. Uno es de naturaleza principalmente política, la crisis de representatividad partidaria. El otro, como se verá más adelante, se vincula a ciertas condiciones económicas especialmente favorables, para las exportaciones de aquellos bienes primarios que producen los países de la región. Cabe agregar que, en las expresiones políticas que encabezaron Hugo Chávez, Lula da Silva, los Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa, anida la voluntad de construir alternativas superadoras del proyecto neoliberal.

Desde fines del siglo pasado y durante los primeros años del actual, se profundizó el desencanto político con las fuerzas partidarias tradicionales. La mayoría de las expresiones y referentes a través de los cuales se había manifestado buena parte de la sociedad, fueron rebasados por las nuevas demandas de sectores movilizados en busca de ascenso económico y de una participación más amplia en los distintos estamentos del poder.

El caso de Venezuela resulta ilustrativo. Acción Democrática y la Copei sellaron en 1958, un acuerdo que supo canalizar las expectativas del pueblo venezolano después del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. El notable crecimiento de la industria del petróleo ofreció estabilidad y generosos ingresos junto a una marcada expansión económica. Sobre esa base material que se extendió por algo más de tres décadas, se pudo dotar de una indiscutible eficacia institucional al régimen bipartidista pactado en 1958. Para fines de los ochenta el cambio de las condiciones internacionales y el deterioro creciente de la situación interna, pusieron fin a las ambiciones de liderazgo regional del presidente Carlos Andrés Pérez. La hiperinflación, el descrédito de la alternancia bipartidista y las violentas jornadas del “caracazo” de febrero de 1989 terminaron por liquidar la “pax” democrática venezolana. Como respuesta a esa crisis y con una correcta lectura del deterioro político de las dos formaciones partidarias autoras del acuerdo de 1958, se construyó el liderazgo de Hugo Chávez y se pusieron las bases de lo que poco después sería el movimiento de la revolución bolivariana.

Por caminos distintos, los procesos sociales de Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador construyeron sus propias expresiones políticas de tinte “nacional-popular” o “neo-populistas” según algunas interpretaciones académicas. En el caso argentino el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner se gestó a partir de la debacle económica y política de 2001, cuando en diciembre de ese año el clamor popular de “Que se vayan todos”, puso en la picota al conjunto de las dirigencias partidarias. Las dos expresiones políticas más importantes -el peronismo y la Unión Cívica Radical- quedaron particularmente cuestionadas, el peronismo como resultado del vaciamiento doctrinario que produjeron los diez años de gobierno de Carlos Menem (1989 -1999) y el Partido Radical por los desastrosos resultados de la gestión de Fernando de la Rúa (1999-2001).

El 27 de abril de 2003 el dirigente peronista Néstor Kirchner fue elegido presidente en la primera vuelta electoral, ya que el candidato triunfante Carlos Menem, no concurrió al ballotage previsto en la ley. Se inició a partir de 25 de mayo de ese año, la construcción de un amplio espacio político que, teniendo como principal referente al peronismo, sumó a sectores críticos provenientes de otras fuerzas, en particular a ciertas expresiones de la “centro-izquierda” y de la intelectualidad progresista. Para algunos teóricos y observadores de la realidad política, la tarea de gobierno de Néstor Kirchner (2003 - 2007) y de Cristina F. de Kirchner (2007-2015) dio lugar a la formación de un “neo-peronismo de izquierda” con anclaje en los espacios urbano-populares, en algunas franjas del sindicalismo y en referentes simbólicos del Movimiento Justicialista.

Después de tres intentos fallidos -1989, 1994 y 1998- el 27 de octubre de 2002 el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva, ganó la elección presidencial y cubrió con éxito su primer período de gobierno (2003-2006). Como postulante a un segundo mandato volvió a triunfar para el cuatrienio 2006-2010. Imposibilitado de optar por un nuevo período impulsó la candidatura de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil durante los años 2011-2015 y candidata triunfante, por escaso margen, en la reelección de 2015. En medio de un creciente deterioro de las condiciones económicas y con fuertes expresiones de descontento popular que empañaron la celebración de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, la presidenta Dilma fue llevada a un juicio jurídico-parlamentario amañado y acusada de cometer presuntas faltas administrativas en la asignación de recursos públicos. Por el voto mayoritario del Congreso, la mandataria, heredera de Lula, fue formalmente destituida en agosto de 2016. El “golpe blando” que acabó con el gobierno de Dilma, es el paradigma de una nueva modalidad destituyente, sustentada en campañas mediáticas de desprestigio y el uso faccioso del Poder Judicial. Entre otros casos, recordemos la ofensiva mediático-judicial, plagada de irregularidades procesales, agravios personales y calumnias, contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner.

Luis Fernando Camacho
Imagen 2. Luis Fernando Camacho. https://edition.cnn.com

Las presidencias de Lula pasarán a la historia como ejemplo del más formidable esfuerzo de ayuda a las familias de más bajos ingresos y a sectores en pobreza extrema. Más de 80 millones de personas lograron salir de la más absoluta precariedad económica y subir el escalón que les permitió ingresar en las capas de ingresos medios de la sociedad. Sin embargo, en el siempre enigmático espacio de la búsqueda de consenso y de los apoyos electorales, la relación entre nuevos “consumidores” y el presumible respaldo de votantes “leales” no existen determinantes unicausales que expliquen el comportamiento de los ciudadanos frente a las urnas. La experiencia muestra que construir consumidores es más fácil que afianzar una conciencia política sólida que se exprese de manera similar ante cada coyuntura electoral. En Bolivia buena parte de los jóvenes beneficiados por las políticas sociales de Evo Morales, dieron su voto a la derecha que le negó la reelección a Evo, en el plebiscito de febrero de 2016.

El Partido de los Trabajadores de Brasil, el movimiento de la revolución bolivariana en Venezuela, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, Alianza País del presidente Rafael Correa en Ecuador y la coalición que apoyó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina -aún con particularidades que deben ser explicadas en cada caso- mostraron dos flancos débiles que los bordearon a la derrota electoral o bien a realizar malabares jurídicos que derivaron en la instrumentación de laboriosas reformas institucionales. Ninguna de las dos respuestas terminaron de convencer a los votantes y menos aún a las exigencias de una opinión pública internacional atenta al cumplimiento de los mecanismos de la democracia representativa. Nicolás Maduro y Evo Morales tensaron la cuerda más de lo aconsejable. Rafael Correa y Cristina Kirchner fueron más cautelosos y decidieron resignar la intención de volver a postularse.

 A partir de 2011 las condiciones económicas tampoco ayudaron. El deterioro de los precios internacionales de los productos primarios que exportan los países de la región, terminaron de cerrar la pinza. Sostener las políticas de expansión del gasto público y mantener los subsidios y la cobertura de amplios programas sociales resulta difícil cuando los recursos que provienen de las exportaciones empiezan a escasear. El caso boliviano, bajo el liderazgo de Evo Morales, es la única experiencia exitosa de un país que con un régimen de fuerte respaldo popular pudo manejar, con éxito, las variables macroeconómicas. No obstante, las condiciones materiales favorables no fueron suficientes para impedir el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.

 

Los límites de la institucionalidad democrática

Como ya señalamos, no es prudente asimilar las experiencias “nacional-populares” de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador como si se tratara de una matriz única de economías neodesarrollistas y de un mismo entramado de representación social. Existió en el origen de cada uno de estos ensayos de organización popular, un afán de superación de las políticas neoliberales y el intento de construir nuevas instancias de participación social. Se trató de gestar espacios que resultaran alternativos a los bloques de poder que se articularon alrededor de las alianzas que tejió el gran capital nacional y extranjero y que potenciaron los corporativos mediáticos, verdaderas usinas ideológicas de las fuerzas apologistas del mercado.

En términos políticos, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido los más sólidos, todos los intentos golpistas fueron desbaratados y la maniobra destituyente del 23 de enero de 2019 encabezada por el legislador Juan Guaidó, fue neutralizada en un marco de enorme apoyo popular al régimen de la revolución bolivariana. Pese a las condiciones económicas adversas -inflación, escasez de medicinas y alimentos, bloqueo comercial dictado por Estados Unidos- el presidente Nicolás Maduro conserva el mando y el liderazgo del proceso político venezolano. Una extendida red de organizaciones populares de base y la lealtad de las fuerzas armadas aseguran la estabilidad del régimen chavista.

En una situación económica menos dramática, el gobierno de Evo Morales afrontó las elecciones presidenciales del domingo 20 de octubre de 2019. Era la cuarta postulación del presidente Morales, recordemos que las anteriores fueron en 2005, 2010 y 2014. El Movimiento al Socialismo ganó la votación con algo más del 46 por ciento de los votos sobre la alianza conservadora que postuló al candidato Carlos Mesa. Los hechos posteriores al acto eleccionario complicaron el clima político, distintas fuerzas de la derecha política y económica impugnaron el resultado y ganaron las calles de La Paz, donde llevaron a cabo actos de provocación y destrucción de bienes públicos.

El gobierno de Evo Morales optó por contrarrestar las acciones de la derecha movilizando a sus propios militantes y aceptando la auditoria del escrutinio realizada por parte un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El conflicto siguió escalando, la policía se acuarteló y dejó de patrullar las calles. El presidente Morales decidió en la mañana del 10 de noviembre, aceptar las sugerencias de la OEA y convocar a nuevas elecciones renunciando al triunfo obtenido en la votación del 20 de octubre. Ya era tarde para revertir la conspiración; a la sublevación de la policía le siguió el levantamiento del ejército y el pedido de renuncia al cargo de presidente.

Evo Morales y Nicolás Maduro (2019)
Imagen 3. Evo Morales y Nicolás Maduro (2019). https://venezuelaredinformativa.com

¿Cómo se explica que el gobierno más exitoso en materia de política económica y con mejor distribución del ingreso aceptara la “sugerencia” de renunciar al cargo de presidente? El caso de Evo Morales guarda alguna similitud con las decisiones que tomaron otros gobiernos con parecido perfil popular. El gobierno de la revolución bolivariana pudo resolver, con mejor fortuna, una crisis electoral adversa. En diciembre de 2015 la oposición venezolana ganó las elecciones mediante las cuales se elegía la composición de la Asamblea Nacional. El gobierno del presidente Maduro preparó una nueva convocatoria de la cual surgió una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría chavista. Aunque hasta la fecha, la oposición desconoce los resultados de esa elección, todos los intentos posteriores de golpe de Estado, han fracasado.

En febrero de 2016 el gobierno del presidente Morales convocó a un plebiscito en el cual se pedía a los votantes que se pronunciaran sobre la posibilidad de autorizar una cuarta candidatura de Evo. El resultado de la votación fue desfavorable -51 por ciento del “no” contra 49 por ciento del “sí”- por lo cual el gobierno del MAS recurrió a las instancias judiciales para lograr la posibilidad de una cuarta reelección. El pronunciamiento favorable de la justicia se logró después de una poco convincente argumentación mediante la cual se sostuvo que la alternativa a reelegirse puede ser entendida como un “derecho humano”. De esta forma, la oposición al gobierno de Morales y los observadores internacionales, tuvieron en sus manos los elementos para impugnar la nueva candidatura del presidente y deslegitimar el llamado a elecciones para el 20 de octubre.

Ahora bien, ya frente a los hechos consumados, caben algunas preguntas: ¿No había una figura de recambio que sustituyera a Evo Morales y evitar que se insistiera con una nueva postulación? ¿No generó el MAS cuadros de reemplazo como para evitar la ofensiva mediática de la derecha con el argumento de la perpetuación del presidente Morales? ¿No se entendió oportunamente, que los soportes institucionales y jurídicos de la democracia representativa no pueden “formatearse” a gusto sin que ello provoque malestar en capas medias de la sociedad, en los poderes fácticos más ligados al sistema político y en la opinión pública internacional sensible a estos temas?

La destitución del presidente Morales por la vía del golpe de Estado dio lugar a múltiples interpretaciones y valiosas lecturas sobre los factores intervinientes en el desenlace adverso del 10 de noviembre. Nadie cuestiona el papel desestabilizador de la diplomacia de Estados Unidos ni los grandes intereses que se mueven alrededor de la explotación de los yacimientos de litio, pero resulta difícil aceptar que después de 13 años de gobierno, el MAS no contara con un plan alternativo que le permitiera enfrentar una maniobra desestabilizadora, que después de las elecciones del 20 de octubre, era un secreto a voces. La cara más insolente del golpismo, Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, no surgió por generación espontánea. Es producto de la cuidadosa organización conspirativa de los sectores más conservadores de la oligarquía boliviana.

Ya es tarde para llorar sobre la leche derramada. En su momento se hará un balance de lo actuado y se aplicarán los correctivos necesarios a las políticas de las coaliciones populares. Entre otras preguntas urge que se responda un tema de indudable valor estratégico: ¿La aceptación de los mecanismos de la democracia representativa y de los toma y daca de la vida parlamentaria marcan los límites del reformismo nacional-popular? ¿O habrá que prepararnos para un proceso de acumulación de fuerzas que culmine en una confrontación definitoria con el bloque social dominante y abra las puertas a un poder popular de nuevo tipo?

Y para este ejercicio de reflexión, si es necesario, tendrán que revisarse, una y otra vez, algunas experiencias dolorosas. Entre otras, el derrocamiento de Gualberto Villarroel en Bolivia (1946), de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), de Juan Perón en Argentina (1955) y de Salvador Allende en Chile (1973) y en fechas más recientes, los golpes “blandos” contra Manuel Zelaya de Honduras (2009) y Fernando Lugo de Paraguay (2012). Todos, en distintos tiempos y espacios, ofrecen enseñanzas valiosas que deben aquilatarse.

No hay respuestas fáciles ni soluciones de manual. El debate forma parte de la agenda de las organizaciones populares latinoamericanas y debe ser afrontado con el compromiso y la honestidad necesarias para ofrecer las bases de una respuesta sensata y ajustada a los tiempos que viven el mundo y los países de nuestra región.

 

Cómo citar este artículo:

CANDIA, José Miguel, (2020) “El mismísimo Kalimán o los límites políticos del progresismo”, Pacarina del Sur [En línea], año 11, núm. 42, enero-marzo, 2020. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 2 de Abril de 2020.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1853&catid=15

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