Pacarina del Sur
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Todos deben… pero muy pocos pueden”. Dilemas y retos de la participación de ciudadanía(s) en la fiscalización ambiental en Ayacucho

“Everyone must… but very few can”. Dilemmas and challenges of citizen participation (s) in environmental control in Ayacucho

“Todos devem... mas muito poucos podem”. Dilemas e desafios da (s) participação (ões) de cidadãos no controle ambiental em Ayacucho

Raymeria Riveros Salinas

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Perú

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José Ramos López

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Perú

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Recibido: 04-09-2019
Aceptado: 10-10-2019

 

 

Introducción

“Ciudadanos o allin runakuna (personas cabales) en nuestro país se van perdiendo, por eso ahora estamos como estamos”. Era la versión oficial, teñida de tristeza e impotencia, de un dirigente comunero de Huanca Sancos[1] en la fiesta del agua Yarqa Aspiy (limpieza de acequia). La poca asistencia de comuneros al ritual que anunciaba la renovación del compromiso de proteger la naturaleza, evidenciaba un trasfondo compartido y generalizado de la exigua apuesta por la participación ciudadana. Dicha situación se agrava aún más en las localidades citadinas, las cuales poseen mínimos mecanismos de compromiso y vigilancia social respecto a las problemáticas sociales y ambientales.

Los crecientes cambios climáticos producidos por la actividad del hombre han demostrado la capacidad de afectar nuestra competitividad y contraer nuestro desarrollo.  En el Perú, los deterioros en la infraestructura, carreteras, viviendas, pérdida de cultivos, costos de reparaciones de emergencia y reconstrucción son eventos casi predecibles en el calendario anual. Desglaciaciones, huaicos, deslizamientos, inundaciones, dependencia de la agricultura (e industria) a las condiciones climáticas. Son algunas de las circunstancias nacionales que nos pintan un panorama resumido, por un lado, la actoría obligada del Estado en “más asistencia y menos prevención”. Por otro lado, el protagonismo de la población, en estos casos, suele imperar el reclamo, y protestas, por la inacción del Estado demandando atención inmediata y reparación.

Los eventos climáticos extremos, y sus consecuencias, son una parte del problema, pues sitúa los fenómenos in situ; sin embargo hay otro bloque que sí nos debe de llamar la atención, reflexionar y sumar voluntades para el cambio de actitud. Nos referimos a la dimensión política-sociocultural que hace hincapié en la plena participación y vigilancia de los ciudadanos que concibe la problemática ambiental como un bien público. El presente escrito parte por responder a dos interrogantes centrales: ¿cuál es el sentido común sobre la participación ciudadana en la fiscalización ambiental en Ayacucho? y, ¿qué prácticas cotidianas, festivas y no planificadas pueden ser pensadas como fiscalización ambiental en Ayacucho? Con el objetivo de describir procesos, prácticas y discursos de la población de Ayacucho que den cuenta sobre la agencia (política, social) en la fiscalización ambiental.

Nuestro análisis está circunscrito en la ciudad de Ayacucho complementado con algunas reflexiones de localidades andinas periféricas. El corte de la presente investigación está interceptado por dos componentes: la reflexión teórica de la antropología ambiental conjugada con la antropología política y, en menor medida, el uso de la etnografía como metodología. Con la esperanza de incentivar más investigaciones de corte cualitativo que coadyuve a (re)pensar nuestra relación, participación y compromiso con el ambiente brindamos nuestras reflexiones conscientes de nuestros límites. Queremos agradecer a la comunidad de Huanca Sancos, y las personas que nos proporcionaron las facilidades en la investigación.


Imagen 1. Foto de José Ramos López.

 

Planteamiento del problema

La ciudad de Ayacucho presenta una creciente problemática ambiental acompañada de una mínima participación ciudadana en la vigilancia y fiscalización ambiental. ¿Cómo se piensa la participación ciudadana en la fiscalización ambiental en sentidos prácticos en Ayacucho? A fin de analizar prácticas y discursos en un ámbito local para evaluar qué tanto: primero, se conciben como parte de ser ciudadanos; segundo, si el contexto marcado por conflictos socioambientales les condiciona o determina su participación y mayor concientización sobre la materia ambiental; tercero, si la existencia de herencias culturales andinas (cosmovisión andina) puede enseñarnos prácticas locales de la fiscalización ambiental, en otros términos. La relevancia de este estudio reside en la sistematización de reflexividades sobre la participación y fiscalización de los actores sociales ayacuchanos en materia ambiental a fin de posibilitar mecanismos que generen una ciudadanía plena, consciente, participativa y propositiva.

 

Análisis

Contextualizando lo ambiental en Ayacucho

Ayacucho está ubicado en la parte sur de la sierra central del Perú. La ciudad capital está a una altitud de 2746 m.s.n.m.; su clima es seco y templado; tiene estaciones poco diferenciadas. Huamanga es una de las once provincias del departamento de Ayacucho, ubicada en la región centro occidental, donde se encuentra la ciudad capital de la región; limita por el oeste con el departamento de Huancavelica. En la actualidad, tiene más de 221,390 mil habitantes (INEI, 2010, pág. 64). Entre los meses de enero y marzo llueve; durante los meses de junio y julio baja ligeramente la temperatura, para restablecerse en los últimos días de agosto. Cuando empieza las primeras lluvias comienza la siembra en el espacio rural. La producción agrícola se sustenta en estas lluvias, la escasa producción, en su mayor parte es destinada al autoconsumo. La paulatina desintegración de la propiedad terrateniente hasta los años de 1980, no generó ninguna alternativa de desarrollo económico y social para los ex yanaconas; contrariamente, la pobreza se generalizó en el espacio rural. Hoy, en el 2016, el espacio rural ayacuchano aún mantiene bolsones de pobreza en muchas comunidades campesinas con escasos recursos para subsistir.

Económicamente, Ayacucho es una de las tres regiones más pobres del país, esta situación “afecta al 68,3% de la población, como lo confirman los datos de la Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO, 2007 del INEI” (Li, 2009, pág. 19). La pobreza afecta con mayor rigor a los pobladores rurales de la provincia de Huamanga donde, 9 de cada 10 hogares son pobres mientras que, en el área urbana, abarca algo más de la mitad de los hogares. Esto se debe en gran medida a la escasez de tierras aptas para el cultivo e incipiente desarrollo de algunas actividades industriales, a la propiedad parcelaria de la tierra, al predominio del minifundio y a la baja productividad, lo que determina que la producción regional solamente represente 1% del PBI nacional. De 43.814,8 kilómetros cuadrados de superficie total, solo 4,8% (212.122 hectáreas) son tierras agrícolas, en gran parte de secano. De estas se llega a cultivar solo 33%; por lo tanto, el gran problema de la agricultura es la falta de tierras aptas para esta actividad. Del volumen total de la producción agraria, el 86% se destina al autoconsumo y el 14%, al mercado  (Agencia Agraria Regional de Ayacucho, 2006), citado por Li (2009). Esto indica por qué el agricultor vive en una economía de subsistencia, carente de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. El desarrollo económico tiene fuertes limitaciones, tales como la falta de financiamiento y el desconocimiento de técnicas y modalidades de comercialización. Según el Plan Wari, los principales problemas que afronta Ayacucho son los siguientes: sistema vial deficiente e insuficiente, incipiente desarrollo de productos turísticos, deficiente acceso al empleo de calidad y bajos ingresos familiares. La actividad agropecuaria es atrasada, desarticulada, de alto riesgo y escaso desarrollo de las microempresas (Li, 2009, pág. 20).

Socialmente, el conflicto armado iniciado en 1980 por el Partido Comunista Peruano “Sendero Luminoso” en la región de Ayacucho, ocasionó una fuerte migración de las zonas rurales del interior. La confrontación armada entre las fuerzas del orden y los alzados en armas originó el desplazamiento de numerosa población que buscó refugio en los centros urbanos de la capital departamental y poblados cercanos a la urbe.[2]

Aproximadamente, desde los años de 1983, en la ciudad de Ayacucho se incrementa rápidamente la población. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2010, pág. 50); en 1972, la población de Huamanga ascendía a 97,166 habitantes. En el Censo del año de 1981 se registró 136,444 habitantes. Para el Censo Nacional del año de 1993 la población ascendía a 169,199 habitantes. Según la misma fuente, en el año 2002 se registró 195,696 habitantes. Después de más de dos décadas de haber ocurrido la violencia política; la ciudad mostraba claramente una nueva distribución poblacional, esta vez, la mayoría de habitantes son pobladores rurales establecidos en las zonas periféricas del centro urbano. Las invasiones fueron el mecanismo más práctico para conseguir terreno, surgen así precarias viviendas con carencia de medios elementales de vida como: agua, desagüe y luz. Después de los años 90, luego de que se iniciara el proceso de pacificación, muchos ayacuchanos que vivían en la ciudad y los distritos aledaños antes de la época del conflicto armado, y que migraron a causa de este retornaron para reiniciar sus vidas. El lento retorno de los habitantes a fines del siglo XX, se convirtió en una suerte de desborde popular desde los años 2002 hasta la actualidad (2016) en que la ciudad crece de manera descontrolada; colinas como las de Picota, situada al oeste de Ayacucho o la de Yanama ubicada a 5 kilómetros del sur de la ciudad hoy se muestran densamente pobladas. La expansión urbana hacia el norte, por la zona de Mollepata, promete un rápido incremento demográfico.  Este fenómeno ha sido considerado por César Vallejo (2011) como una letal contaminación ambiental por su magnitud y alterar los microecosistemas en el derredor de Ayacucho.

La caracterización de la realidad social ayacuchana resulta indispensable para aproximarnos a las transformaciones y la dinámica del proceso ocurrido desde fines del siglo pasado en materia ambiental. La ciudad de Ayacucho, ha sufrido diversos cambios, como es la superpoblación y con ello el aumento del parque automotor, que afecta a la contaminación atmosférica (defectos e insuficiencias en la red vial urbana, en el transporte público masivo, en las reglas de tránsito, en la cultura de manejo, en el acceso a combustibles menos contaminantes); contaminación sonora; mal uso de los residuos sólidos; carencia de áreas verdes y espacios públicos; mala gestión de fuentes de agua y del agua potable. A esto se añade la presión incontenida de invasiones de terrenos para expansión urbana, que nutre otros problemas, como la destrucción de espacios silvestres periurbanos y el tráfico de agua malsana como potable. Del mismo modo, las aguas servidas de totorilla que afecta a la población, debido al mal olor que se da constantemente, además en las épocas de lluvia el desagüe acostumbra colapsar. Otro de los factores es la agricultura insostenible, que abusa de agroquímicos; la mala gestión del riego y de la irrigación, con desperdicio de los recursos hídricos y salinización de los suelos agrícolas, fomentando además intereses especulativos; mala sanidad de productos agropecuarios de consumo humano (con excesivo contenido de sustancias tóxicas o biológicamente activas); y con ello la contaminación de aguas y suelos, del mismo modo la expansión agropecuaria informal en el VRAEM y abuso del fuego como práctica agrícola, hizo que los bosques disminuyan, y con ello la perdida de plantas exóticas y animales.


Imagen 2. Foto de José Ramos López.

 

Dilemas y retos en la participación de ciudadanías

 En vista de la avalancha creciente de la problemática ambiental en Ayacucho la ciudadanía, de todas las sangres, pero con las mismas funciones, pierde el rol protagónico por antonomasia. El incremento de las inversiones en la explotación de recursos primarios, la minería y sus efectos, problemas de agua, derrames de petróleo y gas, hasta aquella contaminación desapercibida (sonora, residuos sólidos, tala de árboles) son el contexto actual predominante. Mencionando algunos estudios locales sobre manejo de residuos sólidos (Penado, 2007), educación ambiental en instituciones educativas (Altamirano, 2013) e universidades (Lope & Sulca, 2013), participación ciudadana en iniciativas ambientales (Solís & Tinoco, 2004), conflictos socioambientales (Pinco, 2008) y balances sobre la contaminación ambiental (Lujan, 2008) identifican que el principal problema que deteriora el ambiente son los hábitos, costumbres, modos de vida y cultura de la población ayacuchana. Cuestiones como la “carencia de valores”, “mala formación” y “desinterés” serían algunas de los innumerables calificativos imperantes.

En otras palabras, el meollo radica en las prácticas, sentidos y actitudes histórico-socioculturales de los ayacuchanos ante la crisis ambiental predominante. Reflexionar sobre los puntos señalados nos conlleva a analizar sobre los sentidos comunes de la ciudadana per se, y su involucramiento en temas ambientales. Es necesario replantear la categoría de ciudadanía porque implícitamente hace alusión a personas que viven en la ciudad, lo civilizado y lo ordenado. Lógicamente habrá otro grupo poblacional que será considerado como lo “salvaje”, “incivilizado y desordenado”. Es decir, el presupuesto teórico que encierra la categoría ciudadano está siendo pensado como unidireccional, condicionante (debe ser), y occidental.

Si una persona que exige el cumplimiento de sus derechos y posee una participación plena de sus deberes es reconocido por el Estado peruano como ciudadano. La contraparte de personas que no ejercen sus obligaciones, pero gozan de sus derechos serían ¿No ciudadanos? En consecuencia, nos genera una sociedad con, y sin, ciudadanos. Los límites encontrados en la categoría de ciudadano tendrán una repercusión directa en la participación ambiental. En términos simples, muchas políticas, iniciativas estatales pueden estar pensadas como eficaces, correctas pero la recepción, y la interpretación por la población puede ir en un sentido contrario. Postulamos que en la ciudad de Ayacucho la participación ciudadana en la fiscalización ambiental ocupa un lugar insignificante. Por fines expositivos, en esta sección visibilizaremos algunas formas de ciudadanía[3] en la localidad, sin ánimos de simplificar su complejidad.

 

Ciudadanía oficial: por mandato nomás

Nuestra Constitución política del Perú  precisa que  “todo  ciudadano  tiene derecho  a participar en asuntos públicos”,[4] la naturalidad de la participación puede ser ejercida individual o colectivamente, pudiendo responder a lo político, económico, social, cultural y ambiental. Según el Estado Peruano la participación ciudadana es una facultad que poseen las personas de enunciar sus opiniones y demandas a fin de influir en el diseño, formulación y toma de decisiones gubernamentales pudiendo ser a nivel nacional, regional o local. A su vez, la puesta en escena del ciudadano requiere del uso pleno de las facultades que sumarán interés de otros ciudadanos por los problemas colectivos.

Adicionalmente, nuestra carta magna sostiene que “toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida”[5]. Conjugada con la Ley General del Ambiente Nº 28611, publicada en el Diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005, advierte que todo ciudadano tiene el deber de proteger el ambiente a través de los diversos mecanismos disponibles al ciudadano. Claro está que nuestras leyes matrices establecen al ambiente como un bien colectivo. A su vez, nos insta, de manera equilibrada, a exigir el respeto de nuestros derechos y el cumplimiento de los deberes asignados como ciudadanos.

Por mandato oficial un ciudadano se encontrará entre el deber y derecho. La ejecución eficaz de ambos componentes hará posible una sociedad en la que sus integrantes apuesten por el bienestar social, económico y ambiental. Las entidades estatales, representantes gubernamentales y organizaciones adscritas utilizan como referente este tipo de ciudadanía porque goza de legitimidad y está sustentada por la legalidad. En términos prácticos tropieza con otros problemas persistentes tal como lo manifiesta un dirigente del Frente de Defensa de Ayacucho:

Nos dicen que todos somos iguales para poder vigilar, sugerir y fiscalizar pero a la hora de la hora algunos se sienten más ciudadanos porque conocen más. Otros porque son autoridad y son de la ciudad, pero para el ciudadano de pie ¿Qué queda? Por mandato nomás son privilegiados (Conversaciones informales, setiembre 2016).

 

Esta percepción compartida pone en tapete que en sociedades con desigualdades persistentes la ciudadanía no puede estar concebida como una única forma que privilegia a un grupo letrado que concentra el poder en la toma de decisiones. Mucho más aún, Ayacucho que fue afectado por el conflicto armado interno hizo que se trunque la continuidad de líderes locales porque muchos de los representantes sociales fueron asesinados sin poder transmitir el bagaje de saberes. Paralelamente, modificó los entendimientos sobre ciudadanía[6] y política.

En esta forma de ciudadanía oficial, la población ayacuchana identifica las acciones emprendidas por las personas que gozan de algún cargo estatal. Desde dicho lugar de enunciación, las acciones implementadas por el Estado han sido muchas pero que no tuvieron una respuesta positiva de la población ayacuchana, sino que acrecentaron las brechas existentes. Si bien, el 12 de mayo, se crea el Ministerio del Ambiente para hacer frente a los conflictos socio-ambientales reinantes como Conga, Bagua, Yanacocha y Bambas. Consecutivamente se crea dos organismos: el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas (SENARP) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con las competencias de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en los sectores de minería (mediana y gran minería), de energía (hidrocarburos y electricidad), de pesquería y de industria manufacturera (papel, cemento, curtimbre, elaboración de bebidas, fundición de metales y otros).

En su rol ejemplar de fiscalizar en el aspecto ambiental estableció mecanismos para que la población participe activamente. La investigación de Milagros Granados (2013, pág. 95) es sugerente porque muestra las principales estrategias de participación ciudadana implementados por el OEFA para fortalecer la fiscalización ambiental. Tales como: primero, Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización ambiental (RUCEFA); segundo, Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA); tercero, Monitoreo ambiental participativo; cuarto, la participación ciudadana en el proceso de elaboración de normas jurídicas; y, por último, la promoción de investigaciones que contribuyan a pulir los mecanismos ya implementados.

En las iniciativas regionales se creó la Comisión Ambiental Regional Ayacucho (CAR AYA) con decreto consejo núm. 050-2002-CONAM/CD, una instancia de concertación y coordinación de la política ambiental regional integrada por representantes de distintas instituciones públicas. La existencia de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ayacucho que realiza acciones orientadas a optimizar el uso racional de recursos naturales y revertir procesos de deterioro y contaminación ambiental. Así como la promoción de consciencia ambiental. A nivel local, en la Municipalidad Provincial de Huamanga se crea la Subgerencia de Saneamiento Ambiental encargado de la gestión integral de residuos sólidos, control de quebradas, parques, jardines y la sensibilización en educación ambiental.

Las acciones implementadas por el Estado son coadyuvadas por la adjuntía de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación de la Lucha Contra la Pobreza, los fiscales ambientales escolares a cargo de la Fiscalía de Ayacucho. Las instituciones mencionadas generaron una plataforma de participación ciudadana en temas ambientales. Sin embargo, los participantes son condicionados a asistir, no logra reunir a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, privilegia la participación de representantes estatales mas no de la sociedad civil. Y el punto más crítico es la mínima apuesta ambiental por las autoridades estatales.

Es muy dificil hacer coordinaciones con nuestras autoridades. No podemos articular propuestas sólidas para la mejora del ambiente. Aún está primando la idea de modernizar, explotar y hacer obras. Y el tema ambiental seguirá al último. Siempre esperan que la población dolida salga a protestar para recien hacer algo (entrevista, Gerencia Regional Ayacucho de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente).


Imagen 3. Foto de José Ramos López.

El siguiente aspecto que resalta es el discurso utilizado por estas instituciones basado en la ciudadanía oficial que relega las otras formas de ciudadanías que se practican en la localidad de Ayacucho. Tal es así, que en una ceremonia que celebraba el aniversario de la provincia de Huamanga, el alcalde Hugo Aedo hizo una advertencia a los concurrentes:

Señores este es campo sagrado, esto no es para traer basura y botar. Seamos formados, nosotros ya no estamos en campo, ya somos civilizados (Notas de Campo, Plaza Central de Ayacucho, 2016).

 

La alusión de “ya no estamos en campo” está cargada de prejuicios etnocéntricos que sitúa a la ciudadanía oficial encima de las otras maneras de ciudadanías. Generando una disconformidad en las poblaciones procedentes de contextos rurales donde la ciudadanía está estrechamente vinculado con la cultura. La opinión de Honorato, dirigente comunal, es muy sugerente porque evidencia el peso que puede tener la ciudadanía pensada en una sola forma y su caracterización de ser coercitiva que deja cabos sueltos resumidos en “todos deben pero muy pocos pueden”:

Legalmente todos somos ciudadanos, pero en la práctica uno que otro nomás. Un comunero de Lucanamarca no será pues igual a un ayacuchano citadino. A nosotros nuestras costumbres, hábitos, historia y tradición nos hacen diferentes. Pero creen que ellos nomás están para enseñar y no es así. La ley dice una cosa, pero en la práctica muchas veces es difícil. Por eso, todos deben fiscalizar, pero muy pocos pueden participar en la fiscalización ambiental (Notas de Campo, Huanca Sancos, agosto de 2016).

 

Ciudadanía presionada

La otra forma de sentido común sobre la participación ciudadana en la fiscalización ambiental en Ayacucho vendría a ser la ciudadanía presionada consistente en la respuesta de las personas por un factor externo que, directa o indirectamente, les afecta y que supone un grado de organicidad efímera caracterizado, muchas veces, por el factor de la violencia. Suelen darse este tipo de ciudadanía en las disputas por un bien escaso, material o inmaterial, que les exige su actuación precipitada y presionada.

El uso de las protestas, las huelgas de hambre, los bloqueos de carreteras, hasta enfrentamientos con las fuerzas del orden son algunas de las acciones que concentra la ciudadanía precipitada. Las personas se movilizan porque comparten intereses comunes, solidaridades en una interacción mantenida con los dirigentes. Muchas veces se utiliza un marco cultural local para prepararse y ponen en ejecución sus protestas. En los conflictos socio-ambientales protagonizados en la ciudad de Ayacucho tales como Rasuwillka, los oleoductos del gas de Camisea, Carhuarazo, Raccaya, Catalina Huanca, y entre otros.[7] En todos ellos la población afectada hizo uso de protestas, movilizaciones y otras acciones para estar en la vista nacional.

Nos vemos obligados a actuar por la fuerza no porque no sabemos los mecanismos de denuncia ni por ignorantes, sino que presentamos los papeles y no nos hacen caso. Pero cuando sales a la calle con toda tu gente ahí recién te hacen caso. Así se han acostumbrado (Conversación con dirigente de Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho).

 

El conflicto, para esta ciudadanía precipitada es considerado como un potencial de oportunidades vitales ya que es una de las formas efectivas de que sus demandas puedan ser atendidas. Sin embargo, en los procesos de negociación se suele relegar las demandas iniciales y se añade otras de carácter distinto. Lo que produce la radicalidad de discursos como “no a la minería” y la débil resolución de los problemas ambientales troncales. En otras palabras “la priorización de demandas ambientales en la mesa de diálogo y consenso del conflicto social se emplea porque el discurso ambientalista es un mecanismo de negociación pero no ofrecen verdaderas oportunidades” (Bebbington, 2009, pág. 116). La otra cara de la moneda de esta ciudadanía es que solo responde a momentos críticos, en las que muchas veces no se agota todos los recursos disponibles para solucionar la problemática ambiental. Además, la manipulación, información a medias y la actuación presionada son los aspectos que campean en este terreno. En tal sentido, sirve como un trampolín para alcanzar ilusoriamente algunas soluciones, pero en el fondo no suele resolver los problemas, sino que los mantiene latentes. La contribución a una sociedad más justa, equilibrada, democrática y con un bienestar ambiental pierde fuerzas con este tipo de ciudadanía.


Imagen 4. Foto de José Ramos López.

 

Ciudadanía pasiva

Retomamos la idea trabajada anteriormente sobre aquellas personas que exigen el cumplimiento de sus derechos, para este caso ambientales, pero que olvidan y hacen caso omiso a los deberes estipulados en los marcos normativos. Los “no ciudadanos” vendrían a constituir una ciudadanía pasiva entendida como el ejercicio “a medias” de sus facultades. Muchos investigadores ya advertían la presencia de ingente cantidad de personas apolíticas, encerrados en un mundo individualista. Ciertamente, esta situación fue catalogada por algunos como anomia social (Émile Durkheim). En los tiempos actuales la conjugación de algunos fenómenos mundiales hizo que se agrave esta realidad. Nos referimos a la globalización que trajo consigo las tecnologías, el consumismo y el individualismo caracterizante de la economía neoliberal reinante.

Ayacucho, insertado en el fenómeno mundial, presenta una población que exige un ambiente de calidad, productos ecológicos y limpieza, pero dicho manejo discursivo choca con las prácticas de las personas ya que en muchas ocasiones son las que contribuyen a la contaminación ambiental. El desinterés imperante produce que no haya una continuidad de prácticas ambientales ejemplares reduciéndose a temporalidades pasajeras.

 

Ciudadanía ambiental

Sería un error nuestro no mostrar algunas de las iniciativas ciudadanas locales que apunten a pensar en una ciudadanía ambiental. “Los pocos”, que hacía hincapié el dirigente huancasanquino, juegan un rol primordial en la ciudad de Ayacucho porque sirven como palancas de motivación y de referentes directos. Entre ellos se encuentran autoridades ejemplares, líderes de organizaciones de base y organizaciones juveniles que promueven desde sus espacios una ciudadanía ambiental. La ciudadanía ambiental se entiende como “…la capacidad de los individuos y de colectividad de ejercer derechos y deberes ambientales, asumiendo las prácticas ambientales adecuadas para la sociedad, participando con autonomía en los procesos de toma de decisiones en asuntos públicos  y en acciones de vigilancia social” (Altamirano, 2013, pág. 27).

El caso emblemático en la localidad viene a constituir una organización juvenil que viene trabajando desde el 2012 la formación de valores y actitudes, capacitaciones para el cambio, participación y colectividad para el pleno conocimiento de la problemática ambiental. Nos referimos a la Red de Jóvenes Ambientalistas Ayacucho (REDJA-AYACUCHO). El objetivo social de la Asociación es promover la ciudadanía ambiental, a través de la educación ambiental, la capacitación de los actores sociales y propiciando el involucramiento de la sociedad civil. Sus líneas de acción son:

  1. Fortalecer las capacidades académicas, organizacionales, liderazgo e incidencia social de los jóvenes voluntarios.
  2. Generar espacios y actividades de conversación, debate y toma de decisiones en materia ambiental.
  3. Elaborar, formular y/o ejecutar proyectos con responsabilidad ambiental.

 

Las actividades realizadas muestran la apuesta por los temas ambientales por jóvenes universitarios para generar un Ayacucho con más bienestar ambiental. Es una clara evidencia que con la participación efectiva se puede sumar voluntades para la formación de valores ambientales concatenados con lo humano y las prácticas culturales locales. Proponemos que el esfuerzo desplegado por la Red de Jóvenes Ambientalistas de Ayacucho está labrando el terreno de la participación ciudadana en la fiscalización ambiental.

Por lo tanto, hemos mostrado las formas de ciudadanías que participan en la ciudad de Ayacucho. A su vez, hemos constatado los grados de participación de la ciudadanía ayacuchana está intrínsecamente ligada al tipo de problema ambiental que predomina. Y en cada una de ellas, los actores sociales poseen agencia política y social. Esta multiplicidad de reflexividades es un punto clave para pensar en la fiscalización ambiental.


Imagen 5. Foto de José Ramos López.

 

Cosmovisión y ambiente: formas locales de fiscalización ambiental

En este apartado expondremos algunas prácticas cotidianas, festivas y no planificadas pueden ser pensadas como fiscalización ambiental en Ayacucho. Para tal caso nos basaremos en las costumbres de algunas comunidades andinas en las que sistemáticamente se realizan rituales conformados por un entramado de símbolos que representan los valores y creencias compartidas sobre el ambiente y su relación con las divinidades.

Si bien la fiscalización ambiental está referida al “…desarrollo de una acción de verificación del cumplimiento de una obligación. (…) Dicha acción es propia del Estado como parte de su rol tuitivo del interés público y en ejercicio de su poder de policía” (Aldana Durán, 2014, pág. 392). Y que, en la actualidad, la fiscalización ambiental no solo es tarea de los organismos del Estado sino de la sociedad peruana en su conjunto. Entonces, consideramos pertinente postular prácticas culturales locales andinas que cumplen un papel esencial en muchas culturas ayacuchanas. Para ser pensadas como un antecedente de la fiscalización ambiental o en sus sentidos prácticos.

Sin ánimos de esencializar las culturas andinas, aducimos que la ciudadanía se piensa no solo en la individualidad, sino que incluye lo comunitario y lo relaciona con la cosmovisión. Es decir, la forma particular de una cultura de clasificar, concebir el mundo y actuar frente a ella está relacionado con su ambiente, dotándole de significados sagrados como la “Pachamama, Yakumama, Apus, Wamanis[8] y entre otras categorías locales. El bienestar personal implica estar bien con el ambiente, con los comuneros (runas) y con las deidades. Blithz Lozada (2006, pág. 83) identifica principios de reciprocidad, relacionalidad y solidaridad con el ambiente vienen a constituir la lógica andina y la visión agro-ecológica del mundo andino.

Frente al cambio climático, los saberes ancestrales han sido un mecanismo para poder adaptarse en la agricultura, la siembra y cosecha de agua, la construcción de cercos vivos para proteger los cultivos de plagas, construcción de andenes y rotación de cultivos son algunas de las exitosas formas de adaptación. Investigaciones perfiladas dan cuenta de experiencias exitosas como el trabajo de Manuel Ruíz y Carla Bengoa (2014) como un balance de prácticas andinas o el trabajo de Eduardo Calvo (2010) que pone énfasis en la utilización de tecnologías andinas para el aprovechamiento de recursos naturales en un contexto de cambio climático.

Por tanto, encontraremos varios rituales que renuevan el compromiso de la conexión con el ambiente tales como la fiesta del agua que consiste en la bendición del agua, limpieza de la acequia. Llamado también como el yarqa aspiy, se suele celebrar en la estación de secano pudiendo ser desde julio, agosto e inicios de setiembre. Los rituales agrarios de siembra también hacen alusión a la conservación del ambiente para una producción ecológica. Todas estas actividades guardan relación con la transmisión de conocimientos colectivos de generación en generación que regulan la vida cotidiana.

No nos extrañaría la presencia de una gama de mitos que hacen alusión al cuidado de los ojos de agua, manantiales, ríos, lagunas, valorar los alimentos y entre otros. Ya que funcionan como preceptos que ordenan la vida social en la comunidad. Ahora, la participación en la comunidad nos lleva a pensar en una nueva forma de ciudadanía que tiene una naturalidad distinta a la citadina. Es una ciudadanía donde lo humano y lo natural están unidos profundamente en el plano social, productivo y espiritual.


Imagen 6. Foto de José Ramos López.

 

Propuesta de mejora y fundamentación

Nuestra propuesta radica en retomar a algunas prácticas cotidianas, festivas y no planificadas pueden ser pensadas como fiscalización ambiental en Ayacucho. Como hemos señalado, para poder tener una efectiva participación ciudadana en la fiscalización ambiental es necesario reconocer algunos componentes histórico-socioculturales que alteran los marcos de comprensión y participación en una sociedad con desigualdades e inequidades. En tanto, se debe de apostar por una visión que admita otras formas de conocimiento, y prácticas locales, para fortalecer los mecanismos ya implementados por los respectivos organismos pertinentes.

En gran parte de la historia primó la idea de que las personas que viven en las alturas son gentes salvajes, paganas, incivilizadas, analfabetas, que no hacen historia, brutos y degradados por el alcohol, inclusive me atrevería a sustentar que hasta hoy existen personas que aún tienen dicho concepto. Afirmar la proposición anterior es cegarnos en nuestra cultura, cubrirnos de un manto etnocéntrico, y criticar las acciones de los otros a través de lentes gruesos plagado de nuestras percepciones. Los otros, a quienes tanto criticamos, también tienen mucho que dialogar con nosotros. Tienen una diversidad de conocimientos también complejos y racionales como el de nosotros. Es así que los otros y los nosotros necesitamos ponernos en una mesa y dialogar e intercambiar conocimientos en un ambiente que prime la horizontalidad.  Nos toca mirar a esa sociedad marginada y aprender de iguales sus formas en las que entienden la vigilancia social en temas ambientales.

Por otro lado, hemos explorado la diversidad de ciudadanías existentes que con el previo conocimiento de ellos podremos diseñar algunos mecanismos que acerquen al ciudadano las herramientas para que puedan fiscalizar y, más aún despertar interés por temas ambientales. Es decir, necesitamos expresar nuestros presupuestos teóricos contenidos de una nueva forma de ser humano que no responda a aspectos coercitivos. Sugerimos que debe de implementarse una política que conciba al ambiente con un aspecto transversal. Además, se debe de apostar por el liderazgo por parte del Estado quien debe de lograr articular las iniciativas para no realizar trabajos desconectados.


Imagen 7. Foto de José Ramos López.

 

Conclusiones

En nuestra sociedad actual se le ha cargado el peso de las facultades al Estado produciendo una enajenación de los ciudadanos por temas anteriormente enarboladas por la población. Nuestra investigación llega a dos grandes conclusiones. La primera, muestra los sentidos comunes sobre las ciudadanías locales, con sus respectivas reflexividades, dándose dilemas entre lo uno y lo otro.  Por lo tanto, tras un análisis histórico-sociocultural se evidenció que muchas de las actitudes se deben a las desigualdades persistentes en la sociedad ayacuchana la cual genera dinámicas en la participación de ciudadanías en la vigilancia y fiscalización ambiental. Dichos dilemas e impasses dan cuenta sobre los límites del marco normativo.

La segunda conclusión se basa en las herencias culturales andinas que juegan un rol importante en la preservación del ambiente y que pueden ser pensadas como una forma esencial de la fiscalización ambiental en contextos rurales locales. La presencia de prácticas culturales fundamenta la utilización de conocimientos ancestrales transmitidos generacionalmente y de la que se puede aprender a ejercer una nueva forma de ciudadanía concatenada con el bienestar en tres niveles (personal, social y espiritual).

En tanto, nos deja con algunos cabos sueltos como los retos que debe asumir la población ayacuchana para revertir esta situación. Una de ellas es el aprendizaje intercultural de experiencias locales andinas. Solo de esta forma estaremos coadyuvando el desarrollo de valores y el rescate de conocimientos que históricamente fueron desprestigiados.

 

Recomendaciones

Realizar investigaciones de corte social para tener una base sólida que contribuirá a diseñar mejor los mecanismos implementados para la participación en la fiscalización ambiental.

Propiciar espacios en los que la población pueda participar de manera más accesible, sencilla y directa con pertinencia cultural.

Reflexionar sobre la presencia de dinámicas locales en la participación ciudadana en la fiscalización ambiental en la que muchas están conjugadas con las prácticas culturales andinas.

Generar una plataforma articulada de acciones liderada por el Estado para agrupar la dispersión de esfuerzos de diversas instituciones en materia ambiental.

 

 

Notas:

[1] Se encuentra a 3,408 m.s.n.m., al sureste de Ayacucho.  Su principal actividad económica es la crianza de vacunos, ovinos y camélidos andinos.

[2] La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2004), señala que el departamento que más sufrió los efectos de la violencia, en número de comunidades afectadas y nivel de afectaciones individuales fue Ayacucho. Según cifras estimadas, le correspondieron 166.000 de los 461.000 desplazados. Los efectos de la violencia en la población de la región de Ayacucho y en otras regiones del país, “se dejaron sentir en varios niveles: familiar, institucional y de infraestructura” (Li, 2009, pág. 24).

[3] La ciudadanía en un país pluricultural, multilingüe no puede reducirse a una sola forma, sino a muchas. Por ello, es necesario pensar en ciudadanías. Para un sustento teórico véase Kymlicka (1996).

[4] Artículo núm. 31 de la Constitución Política del Perú.

[5] Artículo núm. 2, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

[6] Si en el sasachakuy tiempo (tiempos difíciles) ser autoridad, hacer vida política y ejercer la ciudadanía era como pasear por los terrenos de la incertidumbre donde la muerte acechaba. En las futuras generaciones se puede afirmar la poca cultura política y la apuesta por la defensa del ambiente.

[7] En su reporte mensual correspondiente a agosto, la Defensoría del Pueblo clasifica a Ayacucho en el séptimo puesto, presentando 13 conflictos, siendo 6 activos y 7 latentes (2016, pág. 12).

[8] Madre tierra, madre agua. Los apus y wamanis son entidades sagradas que habitan en las montañas. Habiendo entidades femenimas (wamani) y masculinas (apu) caracterizados por la fisionomía geográfica de la montaña.

 

Referencias bibliográficas:

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Cómo citar este artículo:

RIVEROS SALINAS, Raymeria; RAMOS LÓPEZ, José, (2020) ““Todos deben… pero muy pocos pueden”. Dilemas y retos de la participación de ciudadanía(s) en la fiscalización ambiental en Ayacucho”, Pacarina del Sur [En línea], año 11, núm. 42, enero-marzo, 2020. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 2 de Abril de 2020.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1846&catid=6

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