Pacarina del Sur
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Estado, ciudadanía, cooptación y etnicidad en el Chile del siglo XXI

State, citizenship, cooptation and ethnicity in the Chile of the 21st century

Status, cidadania, cooptação e etnia no Chile do século XXI

Flavio Salgado Bustillos[1]

RECIBIDO: 08-09-2016 APROBADO: 21-10-2016

Resumen

Resumen: La institucionalidad construida por el Estado chileno para relacionarse con los pueblos originarios, históricamente se ha caracterizado por la asimilación del sujeto indígena a través de la ciudadanía y la cooptación, pero también por la implementación de políticas públicas y legislaciones que lejos de resolver el conflicto actúan en contra de las demandas territoriales, de reconocimiento étnico y de autonomía política. En este contexto, el presente artículo analiza la relación entre Estado chileno y los mapuche, empleando nociones como etnicidad, ciudadanía y cooptación con el fin de indagar sobre las causas que han originado la relación fallida entre el Estado y los mapuche, a fin de evidenciar  mediante el análisis del discurso y de contenido, cómo la creación de ciudadanía y la cooptación han sido mecanismos utilizados por el Estado chileno para dirimir conflictos, mantener la estabilidad y eliminar las diferencias étnicas.

Palabras clave: pueblos originarios, Estado, cooptación, ciudadanía, etnicidad.

 

Introducción

En la administración colonial surgieron instituciones mediadoras entre el poder y las comunidades indígenas como una forma de organizarlas, asimilarlas y controlarlas, tales como misiones, parlamentos, y juzgados de indios. En este período, se realizaron un total 68 parlamentos entre los mapuches y la Corona Española, mientras  que con la República de Chile se realizaron tan sólo 22. Si bien, estos espacios fueron instrumentos de disciplinamiento y aculturización, también constituyeron formas de negociación  etnopolíticas basadas en reconocimiento mutuo entre los mapuche y el poder constituido. En resumen, las ceremonias conocidas como parlamentos son resultantes  de procesos dialécticos derivados en primer momento de la interacción entre los mapuches y los españoles y luego de la relación entre los mapuche y la república chilena. Sin embargo, es necesario aclarar que dichas ceremonias -en la sociedad mapuche- se venían realizando desde tiempos inmemoriales y eran conocidas con el nombre de “Koyang” (Contreras, 2010).

Sin embargo, durante la fundación de la república chilena estas instituciones fueron progresivamente eliminadas, siendo sustituidas por organismos generales, (Vergara J; Foerster R; Gundermann H., 2005).

Esta sustitución de los parlamentos como espacios de negociación etnopolíticas por una nueva institucionalidad construida a partir de la república, quedó  fijada  en la memoria del pueblo mapuche:

(…) Los caciques hablaban en las grandes reuniones, contaban de la lengua, la cultura, su forma de vida, cómo se gobierna. (…) Con Chile no hay parlamentos, con Chile hay votos, es un sistema que no tiene nada que ver con los Mapuche. (Cielo, hombre Adulto Mayor, Julio 2016)

 

La omisión de los parlamentos en la historia oficial, fue naturalizada durante los siglos XIX y parte del siglo XX a través de paradigmas de las ciencias sociales construidos a partir del evolucionismo social y el positivismo científico. Estos paradigmas científicos propios  de la racionalidad occidental contribuyeron a desvalorizar la cultura, la identidad y las formas de negociación etnopolíticas que sobrevivían en los mapuche desde tiempos inmemoriales. Unida a esta desvalorización y construcción del otro desde una perspectiva eurocéntrica, había una intencionalidad política de ocultar u omitir el tema de los parlamentos de las agendas institucionales por considerarlos como posibles antecedentes jurídicos que pudiesen avalar las demandas territoriales de los mapuche que tanto en el pasado como en el presente son percibidas  por las elites políticas como amenazas a la integridad territorial del Estado chileno.

Al respecto, Bengoa (1985), señala que el accionar del Estado chileno a lo largo de su historia se ha caracterizado por implementar políticas orientadas a dividir las comunidades indígenas, a suprimir sus derechos de expresión y su derecho a auto determinarse como pueblo.

El conflicto mapuche tiene su origen en la conformación de la República de Chile, quien en la segunda mitad del siglo XIX, ocupó por vía militar la zona de la Araucanía con la finalidad de iniciar un proceso de reducción de los mapuche que culminaría con la mayor parte del territorio indígena rematado y repartido a particulares, generando una dinámica de reivindicaciones territoriales, asociadas en la actualidad a la elaboración de un discurso político que demanda autonomía y cuestiona las políticas neoliberales y el centralismo homogeneizador del Estado chileno (Valenzuela, 2015).

La presente investigación tiene como objetivo analizar las relaciones entre el Estado chileno y los mapuche, empleando nociones como etnicidad, ciudadanía y cooptación con el fin de evidenciar las relaciones de poder y dominación que transversalizan las demandas de las comunidades indígenas por el territorio el reconocimiento étnico y por mayor autonomía política. Para ello, se trabajó bajo una perspectiva cualitativa[2] que comprendió la recolección y análisis de datos, así como también se emplearon técnicas de análisis de discurso[3] y de contenido[4].

El análisis se realizó a partir del entramado institucional construido por el Estado chileno para mediar y dirimir conflictos con los mapuche, así como de las opiniones y visiones de estos actores a través de testimonios, entrevistas personales y comunicados de prensa[5] en torno a esa institucionalidad con el objetivo de evidenciar cómo la creación de ciudadanía y la cooptación han sido los mecanismos utilizados por el Estado chileno para dirimir conflictos, mantener la estabilidad del sistema, así como también para asimilar y eliminar las diferencias étnicas. Todo ello, dentro un modelo gobernabilidad que privilegia el centralismo y el presidencialismo en detrimento de la participación popular, de la autonomía política y de inclusión  temas en étnicos e identitarios en las agendas institucionales.

Protesta frente a la CONADI
Imagen 1. Protesta frente a la CONADI. Fuente: www.elmostrador.cl

 

Cooptación y ciudadanía como estrategia empleadas por el Estado para organizar a y disciplinar a la sociedad

En el campo de la sociología, las relaciones entre Estado y sociedad, han sido abordadas por Foucault (2003), quien afirma que el poder no es concebido como una propiedad, sino como una estrategia, y funcionamientos, cuyas praxis revela una red de relaciones siempre tensas entre dominadores y dominados, las cuales se materializan en relaciones de poder-saber. Para Foucault (2003), el Estado es definido como un cuerpo político constituido por un conjunto de elementos materiales y de técnicas que sirven como armas y vías de comunicación de apoyo a las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos humanos y los domina, para hacer de ello un objeto de saber. Como señala Ibáñez (1991) los de arriba sustraen información de los de abajo, inyectando poder en los de abajo mediante la acción. El poder se reserva el azar y atribuye la norma.

El Estado moderno en su versión autoritaria, semiautoritaria o totalitaria, imaginaron una comunidad cuyas bases y cuyo fin último es la acumulación de poder (Arendt, 1988).Las categorías de poder en este tipo de regímenes son denominadas por Althousser (1970) aparatos ideológicos del Estado, en el que este último se vale de instrumentos ideológicos y jurídicos para persuadir a la comunidad.

El Estado también puede conceptualizarse como una construcción cultural que deja su impronta en la sociedad  mediante la imposición de formas culturales de comportamiento y de identidad desde una perspectiva de relaciones de poder involucradas (De la Maza, 2012). Desde esta perspectiva, una de las estrategias empleadas históricamente por el Estado para imponer su visión de la sociedad,  ha sido la ciudadanía  y su concreción en  un proyecto nacional unificador y centralizado.

El concepto de ciudadanía, por otro lado, está asociado a la conformación de los Estados nacionales, surgiendo progresivamente desde el orden social jerárquico que caracterizó la Edad Media hacia una estructura social donde los individuos se convirtieron en sujeto de derechos (Procacci, 1999). En el caso, latinoamericano el sistema de representación política asentado en la figura del ciudadano como sujeto político, tuvo su origen en los desplazamientos, las estrategias y las luchas internas de los grupos dominantes durante la etapa formativa de las Repúblicas (Ruffini, 2007).

Desde un enfoque tradicional, la ciudadanía se relaciona al sentido de pertenencia de los sujetos y grupos sociales; a una comunidad política organizada por Estado y que responde a una ideología nacionalista que proclama la lealtad de los individuos al Estado Nacional (Stavenhagen citado en Bello, 2004).

Dentro de este enfoque, Kymlicka y Wayne (1997) señalan que hasta la década de los 70 y 80, era posible pensar a la ciudadanía asociada a los derechos individuales y la noción de vínculo con una comunidad particular. No obstante, este concepto pasivo de ciudanía es incompatible con nociones como pluralismo cultural y autogobierno, pues la primera involucra reconocimiento a la diversidad y la segunda se encuentra relacionada a participación popular y autonomía política frente al poder constituido.

A esta definición de ciudadanía, también se oponen teorías que la sitúan como una estrategia para gobernar procesos de cambio social que afectan a relaciones políticas. Bajo esta óptica, la ciudadanía responde a una estrategia de crear ciudadanos por medio de prácticas y conocimientos que moviliza la gobernabilidad (Burchell citado en Procacci, 1999).

En el caso de los pueblos originarios, la ciudadanía es un proceso que escapa  a su concepto tradicional para convertirse en un proceso político construido por los propios actores. Es un escenario donde el Estado ha sido el principal organizador de las sociedades nacionales. Por lo tanto, la ciudadanía indígena es una lucha por el reconocimiento étnico y por la autonomía política en un contexto dinámico donde se tensionan  la autonomía personal y grupal frente al Estado nacional (Bello, 2004). Este proceso de asimilación cultural y jurídica inoculada a través de las prerrogativas que otorga la ciudadanía  se evidencia en el siguiente testimonial:

(…) los antiguos mapuche no tenían nombre, no tenían apellido por ejemplo yo nací como yancachu y para tener certificado de nacimiento y después un carnet y estudiar, me obligaron a tener nombre de santo y el de mi padre (Puma, hombre Adulto Mayor, entrevista personal, Julio 2016).

 

Este  despojo de  la identidad   es percibida  como una forma silenciosa  de violencia institucional, como se empresa a continuación:

“(…) La violencia de estado es escondida, es solapada, la gente común y corriente no se da cuenta” (Sol, mujer Adulto Mayor, entrevista personal, Julio 2016)

 

Por otro lado, en términos jurídicos, la cooptación puede definirse como una forma de corrupción por parte del Estado, grupos o personas, que debilita la democracia de un país, pues la formulación de leyes y regulaciones están dirigidas a favorecer intereses que contradicen los preceptos democráticos establecidos constitucionalmente (Salcedo E., Beltrán I., Guerrero B., 2008).

En el ámbito de la política la cooptación se define como el proceso de asimilación de elementos nuevos o contrarios en la dirección de una organización como una estrategia para evitar conflictos, obtener legitimidad y lograr estabilidad. Este proceso en el caso de los Estados latinoamericanos se materializa a través de políticas públicas, programas sociales e incorporación de líderes locales o antagónicos a funciones de gobierno. Esta definición es compartida por (Valenzuela, 2007), quien  afirma  que la cooptación es el arma de las que disponen los gobiernos presicráticos[6], dominantes en América Latina para limitar la autonomía y la participación de la comunidades organizadas en asuntos de índole local o nacional. Desde el enfoque de este autor,  la cooptación  se evidencia en el control de los recursos y su distribución a las comunidades.  En este  sentido, la cooptación cuando se ejerce desde el poder  puede actuar contra  el consenso y contra las demandas de las bases sociales (Casanova, 2007).

En el caso chileno como en el resto de Latinoamérica, el poder se ejerce desde el control, sin empoderar a otros ni transferir competencias a la sociedad civil(Valenzuela, 2015). Por lo tanto, la cooptación política junto al monopolio de la violencia y su ejercicio por parte del Estado, por un lado, refuerzan el modelo centralista y presidencialista que caracteriza a la mayoría de los países de la región y por otro lado, la cooptación por sí sola, limita tanto las demandas sociales, identitarias y territoriales convergentes al Estado mediante la implementación de estrategias que van desde la integración de actores estratégicos al poder dominante vía prebendas, dinero o integración formal al sistema de partidos, hasta mecanismos más sutiles como la repartición de cargos públicos, promoción de liderazgos asociados con los intereses del poder, y la entrega de concesiones políticas que no amenacen al sistema ni produzcan transformaciones profundas en su interior. Esta forma de tomar decisiones de arriba  hacia abajo que caracteriza a los Estados presidencialistas y centralistas fue contextualiza en los siguientes términos:

(…) Todas las decisiones que se siguen practicando, en torno al territorio mapuche, o en el ámbito de la política, van quedando en una sola parte y en el Estado. Esta forma unilateral de decidir las cosas, está afectando al territorio, está afectando los recursos naturales y la cultura, así como el la visión de desarrollo que nuestro pueblo debiera alcanzar. (Colorado, hombre, entrevista personal, Julio 2016) 

 

La cooptación en la práctica busca desmovilizar la protesta social y disminuir la acción de las comunidades organizadas con los objetivos de preservar el statu quo de la elite gobernante, eliminar o modelar el cambio político desde arriba, mantener o profundizar las relaciones de dominación e impedir la proliferación de espacios políticos autónomos. En este contexto, la cooptación política se valió de la ciudanía jurídica para inocular en las comunidades indígenas, el capitalismo, la urbanidad y los valores de la vida secular, pues la conversión del  indígena  en sujeto de derecho bajo la república, supuso la construcción de un entramado jurídico e institucional donde la  represión, la educación y la cooptación se combinaron no sólo para asimilar culturalmente, sino también para silenciar la demandas de carácter étnicas e identitarias.

En  Latinoamérica, las reformas implantadas por los estados nacionales entre las décadas del 50 y 60, estaban orientadas a impulsar la integración social y regulación de conflictos mediante la ejecución de servicios sociales universales y homogéneos que reforzaban el rol del Estado como financiador y ejecutor de políticas públicas, cuyos beneficiarios (clases medias y sectores populares organizados) fueron cooptados por actores políticos que fungían como agentes del poder estatal en función de establecer un sistema donde el Estado necesitaba del apoyo de las bases sociales para legitimarse, mientras que la bases sociales necesitan del Estado para acceder a información, poder y beneficios sociales(Paramio, 1991). De esta forma se instauró una dinámica clientelar donde los grupos cooptados, burocratizados y cercanos al poder, tenían un mayor acceso a los beneficios y programas gubernamentales.

En el caso chileno existió un periodo a partir de la  Constitución de 1925 hasta  la década del 50, donde los pueblos indígenas y sus demandas fueron invisiblizados por  el Estado bajo el paradigma de la modernidad. Sobre este periodo caracterizado por el rol preponderante del Estado en la vida social y económica, Garretón (2000), señala:   

Como toda idea o proyecto que trasciende cualquier realización histórica, hubo muchas desviaciones y frustraciones que provenían de sus propios logros. La marginación o subordinación e incorporación tardía de campesinos, mujeres y  ámbitos regionales. La exclusión y avasallamiento de diversas formas culturales e identidades no ligadas a la expresión política, especialmente la de los pueblos originarios. El sectarismo consistente en la aprobación e identificación de la idea con un determinado  sector social, político o cultural, excluyeron a los otros, segregando en vez de integrar  (p. 151).

Mapuches protestan frente a la Moneda por el inicio del juicio a 17 líderes mapuches enjuiciados bajo la Ley Antiterrorista vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet
Imagen 2. Mapuches protestan frente a la Moneda por el inicio del juicio a 17 líderes mapuches enjuiciados bajo la Ley Antiterrorista vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Fuente: www.elmundo.es

En 1953, se crea la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), con el objetivo de mitigar la situación de pobreza dentro de las comunidades indígenas mediante asociaciones productivas y sindicales de tipo campesino que dejaban de lado, las reivindicaciones étnicas y culturales.

No obstante, fue a partir de la Reforma Agraria implementada por el gobierno de Salvador Allende, cuando las reivindicaciones territoriales vuelven entrar en la agenda política y gubernamental. En esta época, se incrementó en un 250% el presupuesto de la DASIN, incrementando las becas de estudio de 556 en 1970 a cerca de 3.000 en 1971 y 6.000 en 1972 (Vergara J; Foerster R; Gundermann H., 2005).

En el periodo Allendista también se creó el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI), que a diferencia de la DASIN, contaba con siete representantes campesinos mapuche, elegidos en votación unipersonal, directa y secreta. Allende también implementó una reforma agraria entre 1972 y 1973, que expropió 164 fundos para  entregárselos a las comunidades mapuche, de los cuales 98 predios fueron devueltos a sus antiguos dueños en época de dictadura mediante una contra reforma agraria liderada por el Comité  Ejecutivo Agrario (Correa; Molina; Yánez, 2005).

En 1978, la dictadura cerró el IDI para aplicar una política de otorgamiento de  títulos de propiedad individuales en tierras mapuches,  concretando la división territorial a través de la propiedad privada: “En la dictadura nos prohibieron nuestras costumbres porque se creían eran de izquierda, igual hacíamos guillatunes escondidos” (Cielo, hombre Adulto Mayor, Julio 2016).

Con el restablecimiento de la Democracia, el Estado Chileno promulgó la Ley Indígena (1993), cuyo artículo N° I, reconoce la importancia de la tierra como fundamento principal para garantizar la existencia y la cultura de los pueblos indígenas. No obstante, en esta Ley está implícita la visión del Estado hacia el mundo indígena, pues por un lado establece que los pueblos originarios forman parte de la nacionalidad chilena y por otro, contempla la calidad indígena como requisito para acceder a beneficios,  mediante un certificado que otorga la  Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. (CONADI)  (Vergara J; Foerster R; Gundermann H., 2005).

Sobre la CONADI, también han recaído denuncias sobre cooptación política a medida que se fueron produciendo desacuerdos entre organizaciones indígenas y el organismo gubernamental. Estas prácticas de cooptación de líderes indígenas tienen su origen  en varias causas. La primera de ellas, radica en que los miembros indígenas que integran el Consejo Indígena son elegidos mediante mecanismos formales instaurados  dentro del modelo de democracia representativa, omitiendo mecanismos tradicionales de representación política indígena. La segunda causa es que la CONADI nació de una alianza entre la Concertación y el movimiento indígena. Esta unión implicó  que  parte de la dirigencia indígena en la CONADI, sean militantes o representante de algún partido político  (Vergara J;  Foerster R;  GundermannHans, 2004).

En este contexto, la cooptación política a través de beneficios sociales o reparto de cargos e a la dirigencia indígena presupone la transformación del dirigente en funcionario del Estado y agente legitimador del discurso estatal frente al tema indígena,  perdiendo de esta forma, legitimidad para fungir como mediador entre el Estado y los intereses de la comunidad.

De  igual manera, puede interpretarse el Programa Orígenes (2001) diseñado por el Estado chileno para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas,  como una forma  de cooptación política que otorga beneficios  mediante  un entramado institucional  que implicó una fragmentación de la comunidad indígena como sujeto colectivo, una perspectiva de género incompatible con la realidad cultural de las comunidades, y un enfoque de habilitación que  contraviene los principios de horizontalidad y autogestión  del sujeto. (Díaz, 2012)

La marcada visión gubernamental plasmada en Programa Orígenes, es también denunciada por Delamaza (2009), quien señaló que la participación social fue instrumental, fragmentada y lo más grave no vinculante, focalizándose en los más pobres y dependientes de los fondos gubernamentales.   

En este contexto, las leyes y programas descritos, evidencian como la ciudanía  y las prerrogativas  que otorga  el Estado a través de ella, se tensionan con otras formas de identidad, de etnicidad, por las relaciones asimétricas de poder y por las desigualdades sociales. En consecuencia, en  escenarios de conflicto étnico, la ciudadanía junto a las políticas públicas tienen el potencial de convertirse en mecanismos de cooptación orientados a eliminar las diferencias étnicas e identitarias. (Waldman, 2004)

 

El concepto de Etnicidad  

Barth (1976) define la etnicidad como una categoría de adscripción e identificación  que son empleadas por los grupos étnicos para organizar la interacción social entre los individuos a partir de la necesidad de identificarse a sí mismo y a los otros. Esta necesidad de auto identificación implica un contraste tanto por alteridad y complementariedad, siendo ambos procesos dinámicos y adscritos a múltiples fenómenos donde convergen políticas públicas, migraciones, conflictos armados, lucha de clases, cultura y relaciones sociales. En consecuencia, la etnicidad puede definirse como:

Aspecto de las relaciones sociales entre agentes sociales que se consideran a sí mismos culturalmente diferentes de los miembros de otros grupos y con los cuales ellos tienen un mínimo de interacciones regulares. La etnicidad implica el establecimiento de un contraste nosotros/ellos (dicotomización) y un campo suficientemente amplio de discursos interétnicos y de interacciones compartidas regidas por un principio de alteridad y complementación (Gundermann, 1997: 11)

 

La etnicidad implica dos frentes de construcción, uno desde adentro, organizado, significado e instrumentado por el propio grupo y otro desde afuera, donde el Estado  nacional es el principal agente de modelación. De allí, la continua tensión entre Estado y comunidades indígenas (Bello, 2004). En consecuencia, la etnicidad también puede interpretarse como la reivindicación política de una identidad particular de naturaleza étnica alimentada no sólo por la cultura, sino también por otros factores como el antagonismo y la interacción con las instituciones, la racionalidad instrumental y las relaciones de dominación. Desde una perspectiva antropológica, el concepto de etnicidad es vital para analizar la activación  de procesos de etnogénesis  de los pueblos originarios dentro de un escenario político, social y económico dominado por  las  visiones decimonónicas de los Estados nacionales, que por un lado, abordan la problemática indígena como un asunto meramente territorial dentro de un contexto donde aún se jerarquiza la ideología nacionalista,  y  por el otro, minimizan la lucha política de los pueblos originarios por el reconocimiento étnico y autonomía, aplicando la cooptación , la represión  y  formar sutiles de asimilación incubabas en el concepto tradicional de ciudadanía. 

 

Discurso mapuche contra de la institucionalidad chilena

En la actualidad, la relación  entre  Estado y los mapuche, estaría signada por proyectos de inversión privada abalado por el Estado para explotar recursos naturales, bosques, hídricos y minerales en territorio mapuche o demandado por ellos; el uso sistemático  y reiterado de la fuerza pública contra comunidades mapuche, sin tener en cuenta lo étnico y ancestral de las demandas territoriales; aplicación de la Ley Antiterrorista contra líderes mapuche, ausencia de reconocimiento constitucional de  pueblos indígenas; participación indígena direccionada desde arriba y dentro de un  marco jurídico previamente definido por el Estado que limita el surgimiento  de formas de negociación etnopolíticas para dirimir conflictos(Hernández, 2003).Este accionar del Estado chileno ha derivado en conflicto caracterizado por:

“(…) el pueblo mapuche tiene un conflicto espiritual, un conflicto estructural, un conflicto por el territorio por jurisdicciones. Un conflicto por derecho consuetudinario o por leyes propias”. (Jaguar, Adulto joven. Julio 2016)

 

A esta problemática, habría que añadirle, las  prácticas de cooptación  implícitas en políticas y programas sociales (CONADI) que contraviene los principios de autonomía, autogestión y que  fragmentan  políticamente  al movimiento indígena:

(…) Yo no comparto la estructura de la CONADI. La estructura que aplicado la CONADI es un arma peligrosa para la existencia del pueblo mapuche. Si bien genera beneficios sociales es peligrosa. Yo considero que la propia CONADI por el sólo hecho de hablar de etnia y no de pueblos. Eso contradice el convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU que hablan sobre pueblos indígenas.  (…) Y una institución propia no es la que crea CONADI, sino más bien es la propia que da existencia al pueblo mapuche (Colorado, Adulto, entrevista personal,  Julio 2016).

 

Esta relación entre Estado y los mapuche fraguada en un escenario  transversalizado por demandas de reconocimiento étnico, de autonomía política y reivindicaciones territoriales no resueltas, ha generado en el seno de los intelectuales mapuche y al interior de los movimientos organizados, diversas críticas que en su conjunto se orientan a denunciar las políticas públicas de índoles paliativas, coyunturales  y asistencialista  que no resuelven el conflicto histórico entre el Estado y los mapuche. Al respecto, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (1998), denunció mediante un comunicado en 2001 lo siguiente:

El Estado pretende contener la lucha mapuche a través de dos grandes líneas de acción: por una parte, la represión, comprometiendo a todas las instituciones estatales (principalmente judicial y policial), y permitiendo el impune accionar de las "guardias blancas" de los empresarios y latifundistas; por otra parte, la implementación de políticas sociales de orden paliativas y asistenciales, con ofrecimientos que están lejos de resolver las históricas demandas de Autonomía y Territorio, toda vez que se persiste en mantener intactos los intereses de las transnacionales, aceptando sobre todo la marcha de un proceso de inversión capitalista en nuestros territorios ancestrales que de no detenerse nos condena al exterminio (…) Si a esto le sumamos los vergonzosos acuerdos políticos del Estado con algunas organizaciones mapuche cooptadas, tenemos un cuadro que evidencia la línea histórica del Estado de integrar forzadamente y dominar al Pueblo Mapuche.[7]

 

En este extracto se evidencia las tensiones existentes entre el Estado Chileno y los movimientos mapuche asentado en la zona de la Araucanía. Tensiones y conflictos que desde el discurso mapuche se originan por la presencia de las transnacionales en su territorio ancestral, por las prácticas cooptadoras que aplica el Estado para dividir a los mapuche e integrarlo forzosamente a la sociedad y por la represión que hace el Estado en defensa de los empresarios y latifundistas. Estas prácticas cooptadoras implementadas por el Estado contra los mapuches, también han sido reseñadas por la organización Ad Mapu:

Venimos a repudiar enérgicamente el escándalo de corrupción al interior de la Conadi. Es inaceptable el desfile de corredores informales alrededor de las compras de tierras, tergiversando la restitución de tierras en negocios oscuros y delictivos, lo que se conjuga con la ineficacia de las autoridades designadas a dedo por el ejecutivo, quienes han demostrado una ineficacia e ineptitud inaceptables para la opinión pública.(…) La Conadi no es ajena a esta ola de corrupción donde el tráfico de influencias es ejercida no solo por los corredores informales sino que también por sectores políticos afines a los gobiernos de turno.[8]

 

En este comunicado  se denuncian  mecanismo sutiles de cooptación descritos por Valenzuela (2015) , tales como  incorporación  de líderes  en cargos públicos  y  también mecanismos formales como el tráfico de influencias  y el clientelismo. 

Otra arista del conflicto histórico que ha tensionado la relación Estado-mapuche,   ha sido  la falta de autonomía y de reconocimiento constitucional. Esta problemática se debatió en la “II  Cumbre por el Autogobierno Mapuche, la Aplicación de Tratados y la Desmilitarización”, realizada en Temuco en Enero 2013. En dicho encuentro, Pascual Pichun Paillalao Lonko de Temulemu, Jorge Huenchullan Werken Temucuicui Autónomo, Aucan Huilcaman Paillama Consejo de Todas las Tierras, José Santos Millao Presidente Nacional Ad-Mapu, Manuel Painiqueo Comunidades Mapuche de Lumaco, Eric Vargas Quinchaman Lonko Willimapu de Puerto Montt Ricardo Nahulepi Comunidad Mapuche de Pantano, denunciaron la actuación del Estado Chileno en los siguientes términos: 

El Estado chileno en el proceso de colonialismo interno con las comunidades del Pueblo Mapuche ha adoptado decisiones unilaterales sin el consentimiento previo libre e informado, que se han manifestado en la adopción de normas jurídicas absolutamente contrarias a los principios generales de los Derechos Humanos (…) Desde el punto de vista constitucional los Mapuche fuimos excluidos desde un inicio por parte de la República de Chile y posteriormente en todas las constituciones políticas y últimamente en los proyectos sobre reconocimiento constitucional que se han discutido en el parlamento chileno durante dos décadas, los cuales se caracterizan en su esencia por diluir, restringir y limitar los derechos colectivos del pueblo Mapuche.[9]

Pérdida progresiva del territorio ancestral desde la época prehispánica hasta 2003
Imagen 3. Pérdida progresiva del territorio ancestral desde la época prehispánica hasta 2003.
Fuente: www.historiacultural.com

En este texto,  se observa como la matriz presicrática Valenzuela (2015) que ha configurado al Estado Chileno desde  Diego Portales  hasta la actualidad   ha impregnado la institucionalidad construida  para mediar  con los mapuches, pues propio  de los gobierno  presidencialistas y centralistas , inhibir  o restringir  los derechos de las minorías.

Por otro lado, hay sectores de la intelectualidad mapuche que correlacionan la falta de planificación por parte del Estado con un aumento de la intensidad del conflicto y de la radicalización de las posiciones a los interno de los movimientos organizados. En esta línea argumentativa, se insertan los planteamientos del historiador mapuche, Fernando Pairican, quien afirma:

(…) A la política no le interesa el tema mapuche. Hay que pensar a largo plazo, a unos 50 años más. Hay que avanzar en varios frentes, para generar un nuevo trato. La actuación de Estado de Chile en los últimos años es cortoplacista y coyuntural, no hay una planificación, no hay un proyecto, no hay una idea de cómo llevarlo a cabo. Hay que visualizar los conflictos étnicos, porque si no terminan cayendo en el fundamentalismo”. [10]

 

La visión de Pairican en relación al accionar del Estado, es compartida por la organización Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados,  quien  expresó: 

Se sigue aplicando la lógica que se hacen grandes cambios para que nada cambie, camuflando el incumplimiento al derecho de libre determinación. Un Estado que sigue atentando contra nuestros derechos fundamentales, no hace más que perpetuar el autoritarismo, la discriminación y la injusticia. En definitiva, se demuestra la nula voluntad política para dar cumplimiento a un tratado internacional de derechos humanos como es el Convenio 169 y establecer una nueva relación con los Pueblos Indígenas. (…) el Estado define qué merece ser consultado, los tiempos, el contenido, entre otros aspectos. Y los Pueblos Indígenas, nos oponemos porque sabemos que el Estado avasalla.[11]

 

La opinión  en torno a la incapacidad  del Estado chileno para encauzar  y resolver las reivindicaciones  de los pueblos indígenas es también compartida por el politólogo José Marimán, quien afirma: 

Hay una política indígena de ficción, lo que se viene pronto es un ministerio de las culturas, una hipotética representación en el parlamento y un consejo de los pueblo. No vela por el bien común (ministerio), sino de los que están ahí adentro (…) la política es dispersa y compleja. El ministerio que no tiene una función representativa, en un aparato de gobierno y no representa políticamente. [12]

 

La falta da estrategia a largo para encausar las demandas indígenas, ha reforzado posiciones gubernamentales orientadas a abordan la problemática  mapuche como un tema de seguridad nacional, tal como ha sido denunciado por Consejo de Lonkos del territorio Labkenche, provincia de Arauko, quien en comunicado   dirigido a la opinión pública, expresó:

Queremos decir basta a la persecución y ocupación militar de nuestro territorio, hoy grandes contingentes de fuerzas policiales cuadrillan nuestras comunidades, otras ramas policiales resguardan y cuidan intereses privados de forestales y particulares (…) Esta situación represiva ha construido un estigma hacia nuestro pueblo y ante cualquier situación de conflictividad, las mismas autoridades de gobierno hacen declaraciones que denigran nuestra existencia.[13]

 

El incremento de la represión  policial, incluso  ha sido acompañado  con a acusaciones de tortura y violación de derechos humanos contra dirigentes mapuche. Al respecto  la comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, denunció:

Como prueba de la brutalidad de las torturas y de la violencia a las que fue sometido el werken Hugo Melinao, tenemos las declaraciones de Gendarmes que presenciaron la golpiza y que posteriormente se acercaron al Lonko de la Comunidad Autónoma Temucuicui Víctor Queipul, a quien le manifestaron desde el interior de la cárcel que ellos nunca habían presenciado tan nivel de agresión hacia un mapuche, describiendo una multiplicidad de golpes sin justificación, y de los cuales sienten la responsabilidad de calificarlos como tortura, ya que el werken se encontraba acostado y sin poder defenderse (…) Por esta razón nuestra comunidad rechaza tajantemente y denuncia la tortura a la que fue sometido el werken Hugo Melinao, constituyendo una muestra más de provocación a las comunidades que desarrollamos resistencia y planteamos nuestras demandas por el territorio mapuche usurpado(…) hacemos un amplio llamado a las comunidades mapuche a responder en forma contundente y con firmeza ante esta cobarde agresión y provocación de la cual fue objeto nuestro werken, de la que hacemos responsable al Estado y sus instituciones[14]

 

En este contexto, el Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida  rechazó en el trascurso del 2016,  la militarización y el “Estado de Excepción de Facto” en territorio mapuche, denunciando el incremento de la presencia militar en los siguientes términos: 

Denunciamos que en Wallmapu existe un Estado de Excepción de facto, que redunda en acoso policial, criminalización y abuso de las autoridades, en zonas como Arauco-Tirúa, Lanco, Malleco, Alto Biobio, entre otras. Las comunidades están permanentemente asediadas por sobrevuelos de helicópteros del Ejército de Chile y de vehículos blindados de guerra del GOPE que recorren los caminos del territorio, realizando controles de identidad irregulares, allanando domicilios, haciendo montajes e incluso encarcelando a autoridades ancestrales en detenciones y procesos irregulares y excepcionales que se han vuelto la regla en la zona.(…) Denunciamos que esta fórmula de acoso al pueblo mapuche, liderada por el Ministro del Interior Jorge Burgos, solo pretende profundizar el extractivismo en el Wallmapu para lucrar con la tierra, el agua, el aire, los bienes comunes y la vida en general. Empresas forestales, agroindustriales, pisciculturas, hidroeléctricas, salmonicultura e incluso mineras, presionan al gobierno para disponer de facilidades y profundizar la conflictividad. Vemos con alarma que se ha iniciado un nuevo período de criminalización a las comunidades que luchan por el territorio, el agua y el derecho a defender sus vidas.[15]    

 

Analizados los testimonios de los intelectuales y movimientos organizados, se evidencia el antagonismo entre el Estado y los mapuche, producto de una intencionalidad incapaz de encauzar las demandas territoriales, de reconocimiento étnico y de autonomía política. Además  no existen  en la actualidad  formas alternas de negociación que permitan dirimir el conflicto. Asimismo se evidencia como la cooptación se combina con la represión como mecanismos de control social y para mantener la estabilidad del sistema.

 En esta circunstancia, es necesario construir dentro del Estado, la noción de pluralismo jurídico con conceptos  como etnicidad, participación  y autonomía política. Iniciativa  que podría acompañarse  con el rescate  de los Parlamentos  como el espacio para la negociación etnopolítica donde el Estado y los mapuche puedan dirimir su conflicto histórico. Mientras no existan estas iniciativas  de naturaleza política, el  Estado Chileno será percibido como un agente de control  y como invasor de los territoriales ancestrales. 

 

Conclusión

Los Estados nacionales en Latinoamérica, incluyendo Chile han empleado la ciudadanía  como elemento para organizar la sociedad desde el poder. En el caso de los pueblos originarios, el Estado chileno históricamente utilizó a la ciudadanía para asimilar o eliminar diferencias étnicas con el objetivo de controlar población y territorio y fortalecer la ideología  nacionalista  que legitima su accionar entre sus ciudadanos.

En la ciudadanía subyace el concepto de igualdad, pero en los pueblos originarios esa noción de igualdad de derechos y oportunidades, oculta tanto relaciones asimétricas de poder como desigualdades económicas. Estas asimetrías de poder y de recursos se constatan en la intención del Estado de institucionalizar la problemática indígena mediante leyes y organismos que pretenden direccionar políticamente a los  movimientos y líderes indígenas en detrimento de formas de organización  política  y social que tienen su origen en la cultura. Por lo tanto,  la  concepción  tradicional  de ciudanía que aún impera en los Estados nacionales debe redefinirse en función de incorporar las crecientes demandas por autonomía política y reconocimiento étnico dentro de un marco legal que favorezca la multiculturalidad y el pluralismo jurídico

Analizado el entramado institucional construido por el Estado Chileno en los últimos 50 años para organizar, mediar y controlar a los pueblos originarios, se identificaron  cuatro fases. La  primera  se remonta al nacimiento del DASIN asociado a una visión paternalista para mitigar la pobreza  dentro de las comunidades indígenas. La segunda fase da cuenta de un Estado chileno que a través del mismo DASIN e IDI, contextualizó las reivindicaciones indígenas dentro de las luchas campesinas. La tercera fase, es  la  del fortalecimiento de la noción de propiedad privada dentro de las comunidades como estrategia de la dictadura para dividir el territorio indígena y restarle fuerza a las reivindicaciones colectivas en torno a la tierra. La cuarta y última fase, está  representada  por la Ley Indígena Nº 19.253 y el Nacimiento de la CONADI, de donde el Estado  combina  la represión  y la cooptación para burocratizar,  y dividir al movimiento  indígena.

A su vez este tejido institucional en sus distintas fases o periodos tiene en común  la resolución de conflictos, demandas y elección de líderes en cargos  públicos  dentro del modelo de democracia representativa, obviando mecanismos tradicionales de representación política indígena, pero  también comparte el hecho de minimizar u omitir demandas  étnicas y políticas, tal como los atestiguan  las  declaraciones, testimonios  y comunicados tanto de líderes como de movimientos indígenas que evidencian la desconfianza  y la erosión de la credibilidad institucional por no resolver los problemática de fondo  que involucra desigualdades económicas, reconocimiento étnico, autonomía política y las reivindicaciones  de índole territorial. 

Esta institucionalidad contaminada de ideología nacionalista,  ha sido catalogada por el movimiento indígena de “práctica  colonialista” pues a su criterio dicha institucionalidad inhibe el derecho que tienen los pueblos a la autogestión y al reconocimiento étnico. El accionar del Estado como principal vector de la vida social y económica durante los  siglos XIX y XX,  se ha traducido en una desconfianza  histórica hacia las instituciones e iniciativas gubernamentales por atender la problemática indígena que paradójicamente el mismo Estado se encargó de crear  mediante  una conversión forzada del indígena en ciudadano en menoscabo de sus diferencias  culturales, sociales,  étnicas   y económicas.

Si bien el Estado Chileno ha tenido una apertura a hacia la demandas de los pueblos originarios a partir de la Ley Indígena promulgada en 1990,  aún quedan temas pendientes en la agenda política como lo es el reconocimiento de la multiculturalidad  como instrumento jurídico para reconocer los derechos particulares de los pueblos indígenas que viven en su territorio. Para ello, es necesario más allá del conceso político y las agendas institucionales, que el Estado chileno se deslastre de la prácticas  centralistas y presidencialistas heredadas tanto del periodo colonial como de los orígenes de la República, las cuales de no corregirse, podrían en un futuro reforzar el paradigma dentro del Estado de interpretar  las demandas étnicas como  una amenaza para su  Seguridad Nacional.

Un Estado que otorga beneficios económicos y sociales a través de la ciudadanía, sin contemplar transferencias de competencias, mayores niveles de participación y autonomía  política, es un Estado que emplea la cooptación no sólo para mantener el orden y la estabilidad del sistema, sino también para asimilar las diferencias étnicas y neutralizar tanto el empoderamiento y la autonomía de sus ciudadanos, tal  como lo evidencian las múltiples denuncias convergentes hacia la CONADI , quien es señalada por el movimiento mapuche  de  cooptar y dividir al movimiento indígena.

Esta dinámica institucional establecida entre Estado y las comunidades indígenas; los  líderes cooptados se convierten en funcionarios gubernamentales, perdiendo su credibilidad para fungir como mediador entre el Estado y los intereses de la comunidad. En estos casos la cooptación de la dirigencia  indígena  puede generar  división y enfrentamientos dentro de las comunidades a lo interior de movimientos  sociales  que le resten fuerzas a las demandas colectivas por territorio y reconocimiento étnico. 

Finalmente, la cooptación como mecanismo  de control estatal  para garantizar el orden y la estabilidad del sistema, ha sido un fenómeno escasamente estudiado por la Antropología. Se denuncia, pero no se investiga su impacto social ni político dentro de las comunidades indígenas. En consecuencia, profundizar en torno a la relación cooptación y ciudanía, o cooptación y programas sociales,  permitiría por un lado delimitar el marco institucional de donde a veces operan los antropólogos, y por otro, alertar sobre la carga cooptadoras implícitas en determinadas iniciativas gubernamentales que actúan en dirección opuesta a demandas de reconocimiento étnico,  de mayor autonomía  política y de carácter territorial. 

 

Notas:

[1] Magíster en Antropología. Investigador del Centro de Investigación Indígena RUCADUNGUN. Academia De Humanismo Cristiano (2015-2016).

[2] Para Roberto Hernández Sampieri (2010), el enfoque cualitativo puede concebirse como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.

[3] De acuerdo al lingüista Teun Van Dijk “la estructura temática de un discurso nos indica los tópicos globales a los que se refiere una noticia. Este análisis temático se hace sobre el respaldo de una teoría de las macro estructuras semánticas. Esta es la representación del contenido global de un texto o diálogo, y así caracterizan parte del significado de un texto”.

[4] El filósofo y psicólogo, José Luis Piñuel Raigada, define al análisis de contenido como “el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas, a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos”.

[5]Estos fueron seleccionados en virtud de involucrar debate y consenso de varias organizaciones mapuche, para poder establecer posiciones comunes frente al accionar del Estado.

[6] Término acuñado por el Dr. En Historia, Periodista y Politólogo, Esteban Valenzuela,  para designar a los  gobiernos de tendencias presidencialistas y centralistas.

[7] Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco – Malleco (2001) Estado actual del proceso de recuperación de tierras. Recuperado de: http://www.nodo50.org/weftun/

[8] Organización Mapuche Ad Mapu (2015) Comunicado de público. Recuperado de: http://www.araucaniacuenta.cl/comunicado-de-publico-de-organizacion-mapuche-ad-mapu/

[9]Cumbre por el Autogobierno Mapuche, la Aplicación de Tratados y la Desmilitarización (24 de enero de 2013) Documento completo de los acuerdos. Recuperado de: http://futatrawun.blogspot.cl/2013/01/cumbre-por-el-autogobierno-mapuche-la.html

[10] Uchileindigena (22 de abril de 2015). Nace Centro de Estudios Mapuche Rümtun. Recuperado de: http://www.uchileindigena.cl/nace-centro-de-estudios-mapuche-rumtun/

[11]Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados (2014) Comunicado por la actual consulta indígena amparada en el ilegitimo DS 66. Recuperado de: https://liwenmapu.wordpress.com/2014/09/03/chile-2014-comunicado-por-la-actual-consulta-indigena-amparada-en-el-ilegitimo-ds-66/

[12] Uchileindigena (22 de abril de 2015). Nace Centro de Estudios Mapuche Rümtun. Recuperado de: http://www.uchileindigena.cl/nace-centro-de-estudios-mapuche-rumtun/

[13] WALLMAPU (12 diciembre 2014). Comunicado Mapuche Consejo de Lonko de Arauco. Recuperado de: https://liwenmapu.wordpress.com/category/comunicados-publicos-organizaciones-mapuche-e-indigenas-chile/

[14]Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui (2014).Comunicado Ante torturas y tratos crueles e inhumanos provocados al Werken Hugo Melinao. Recuperado de: https://liwenmapu.wordpress.com/category/comunicados-publicos-organizaciones-mapuche-e-indigenas-chile/

[15]Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida (2016). Organizaciones chilenas preocupadas por militarización y Estado de Excepción de Facto en Territorio Mapuche. Recuperado de: http://www.radiodelmar.cl/2016/04/organizaciones-chilenas-preocupadas-por-militarizacion-y-estado-de-excepcion-de-facto-en-territorio-mapuche/#

 

Bibliografía: 

Althusser, Louis (1970). Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Feud y Lacan. Recuperado de: http://archivo.juventudes.org/textos/Louis%20Althusser/Ideologia%20y%20aparatos%20ideologicos%20de%20Estado.pdf

Arendt, Hannah (1998). Los Orígenes del Totalitarismo. España: Taurus.

Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados (2014) Comunicado por la actual consulta indígena amparada en el ilegitimo DS 66. Recuperado de: https://liwenmapu.wordpress.com/2014/09/03/chile-2014-comunicado-por-la-actual-consulta-indigena-amparada-en-el-ilegitimo-ds-66/

Barth, Fredrick (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de Cultura Económica.

Bello M., Álvaro (2004).Etnicidad y ciudadanía en América Latina. Santiago de Chile: Series en Libros de la CEPAL; 69.

Bengoa, J. (1985). Economía mapuche, pobreza y subsistencia en la sociedad mapuche contemporánea. Santiago de Chile: Editorial Interamericana.

Caballero, David (2013). La cruz y el Wtesink: sincretismo transcultural de la idiosincrasia maya q´eqchi´ en rituales y cotidianidad. European Scientific Journal, vol.4. Recuperado de: http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2482/2355

Casanova, Pablo (2007).Cooptación y asimilación. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales.

Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui (2014).Comunicado Ante torturas y tratos crueles e inhumanos provocados al Werken Hugo Melinao. Recuperado de: https://liwenmapu.wordpress.com/category/comunicados-publicos-organizaciones-mapuche-e-indigenas-chile/

Coordinadora Aymara (27 de junio de 2014). Comunicado de La de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota por anuncios de Bachelet.Observatorio Ciudadano. Recuperado de: http://www.observatorio.cl/node/11595

Correa Martín, Molina Raúl, Yanez Nancy (2005). La reforma agraria y las tierras mapuches: Chile 1962-1975,  Santiago: LOM ediciones.

Contreras Painemal, Carlos(2010) Los Tratados celebrados por la sociedad mapuche con las corona de España y con las repúblicas de Chile y Argentina. Tesis Doctoral. Freie Universität Berlín. Alemania.

Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco – Malleco (2001) Estado actual del proceso de recuperación de tierras. Recuperado de: http://www.nodo50.org/weftun/

Cumbre por el Autogobierno Mapuche, la Aplicación de Tratados y la Desmilitarización (24 de enero de 2013) Documento completo de los acuerdos. Recuperado de: http://futatrawun.blogspot.cl/2013/01/cumbre-por-el-autogobierno-mapuche-la.html

Delamaza, G. (2009). Del elitismo democrático a la ciudadanía: desafío de la participación en Chile. En: Von Baer, E. Pensando Chile desde sus regiones. Temuco, Chile: Ediciones Universidad de La Frontera. 1ª Edición., pp. 697-706. Recuperado de:http://www.ufro. cl/documentos/docs/2010/PENSANDO%20CHILE%20DESDE%20SUS%20REGIONES.pdf

De La Maza, Francisca (2012)  Etnografía de las prácticas sociales y negociaciones en la política indígena actual, Araucanía-Chile. Rev. Austral Ciencias Sociales, 22, 85-100. Recuperado de http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n22/art05.pdf

Díaz Yopo, Martina (2012). Políticas sociales y pueblos indígenas en Chile. Aproximación crítica desde la noción de agencia. Revista Universum, 27(2), 187-208. Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/universum/v27n2/art_11.pdf

EMOL (5 de octubre de 2014) Intendente Huenchumilla acusa que la Conadi está "agotada y cooptada             políticamente. Recuperado de: http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/10/05/683452/indentente-huenchumilla-acusa-que-la-conadi-esta-agotada-y-cooptada-politicamente.html

Foucault, Michel (2003). Vigilar y castigar. Buenos Aires: Editorial siglo XXI.

Garretón, J. (2000). La Sociedad en que viviremos. Editorial. LOM, Santiago de Chile.

Gundermann, Hans (1997). Etnicidad, identidad étnica y ciudadanía en los países andinos y el norte de Chile. Los términos de la discusión y algunas hipótesis de investigación, Estudios Atacameños, N° 13, 9-26.

Gundermann, H.; González, H; Durston, J. (2014). Relaciones Sociales y Etnicidad en el Espacio Aymara chileno, Chungara Revista de Antropología Chilena. 46(3), 397-42. Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/chungara/v46n3/art06.pdf

Hernández, Isabel (2003). Autonomía o ciudadanía incompleta. El pueblo mapuche en Chile y Argentina. Santiago de Chile: Pehuén Editores.

Ibáñez, Jesús (1991). El regreso del sujeto. La investigación social de segundo orden. Santiago, Chile: Editorial Amerinda.

Kymlicka  W., Norman, W. (1996) El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Cuadernos del CLAE, nro.75, Montevideo, 81-112. Recuperado de: http://courseware.url.edu.gt/PROFASR/Docentes/Facultad%20de%20Ciencias%20Pol%C3%ADticas%20y%20Sociales/Poder%20y%20Pluriculturalidad%20Social%20en%20Guatemala/Textos%20de%20lectura/Lectura%20No.%2010.pdf 

Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida (2016). Territorio Mapuche Organizaciones chilenas preocupadas por militarización y Estado de Excepción de Facto.Radio del Mar. Recuperado de: http://www.radiodelmar.cl/2016/04/organizaciones-chilenas-preocupadas-por-militarizacion-y-estado-de-excepcion-de-facto-en-territorio-mapuche/#

Organización Mapuche Ad Mapu (2015) Comunicado de público. Recuperado de: http://www.araucaniacuenta.cl/comunicado-de-publico-de-organizacion-mapuche-ad-mapu/

Paramio, L. (1991). El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América Latina ante la década de los 90. Revista de Estudios Políticos, 74: 131-143.

Piñuel, J. (2002) Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Recuperado de https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf

Procacci, Giovanna (1999). Ciudadanos pobres, la ciudanía social y la crisis de los Estados del Bienestar. En Soledad García y Steven Lukes (comps.) - Ciudadanía: justicia social, identidad y participación, Madrid, siglo XXI.

Ruffini Martha E. (agosto 2007) La consolidación inconclusa del Estado: los Territorios Nacionales, gobernaciones de provisionalidad permanente y ciudadanía política restringida (1884-1955), Revista SAAP 81 (ISSN 1666-7883) 3(1), 81-101. Recuperado de: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/23516_Cached.pdf

Salcedo E., Beltrán I.,  Guerrero, B. (2008).La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política Instituto de Filosofía: Universidad del Zulia  15(2).

Uchileindigena (22 de abril de 2015). Nace Centro de Estudios Mapuche Rümtun. Recuperado de: http://www.uchileindigena.cl/nace-centro-de-estudios-mapuche-rumtun/

Valenzuela F. Rodrigo (2003). Inequidad, ciudadanía y pueblos indígenas en Chile. Santiago de Chile. Cepal, División de Desarrollo Social. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6059/S0310756_es.pdf?sequence=1

Valenzuela, Esteban (2007). Chile duro: Presicracias. En F. Carrión, La Descentralización en el Ecuador: opciones Comparadas. Quito: FLACSO.

Valenzuela, Esteban (2015). Territorios Rebeldes. Autonomías versus presicracia centralista. Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Vergara, Jorge Iván; Foerster, Rolf y  Gundermann, Hans. (2005) Instituciones mediadoras, legislación y movimiento indígena de Dasin a Conadi (1953-1994). Atenea (Concepción),(491), 71-85. Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/atenea/n491/art06.pdf

Vergara J;  Foerster R;  Gundermann Hans (2004). Más acá de la legalidad. La CONADI, la ley indígena y el pueblo mapuche (1989-2004).Polis revista latinoamericana. 3(8). Recuperado de: http://polis.revues.org/6139

Waldman Gilda (2004) Chile: indígenas y mestizos negados Polít. Cult.,  n.21, pp. 97-110. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n21/n21a07.pdf

Wallmapuche, WalungKuyen(16 de enero de 2013). Comunicadode laCumbre por el Autogobierno Mapuche, la Aplicación de Tratados y la Desmilitarización. Recuperado de: http://futatrawun.blogspot.cl/2013/01/cumbre-por-el-autogobierno-mapuche-la.html

WALLMAPU (12 diciembre 2014). Comunicado Mapuche Consejo de Lonko de Arauco. Recuperado de: https://liwenmapu.wordpress.com/category/comunicados-publicos-organizaciones-mapuche-e-indigenas-chile/

Uchileindigena (22 de abril de 2015). Nace Centro de Estudios Mapuche Rümtun. Recuperado de:http://www.uchileindigena.cl/nace-centro-de-estudios-mapuche-rumtun/

 

Cómo citar este artículo:

SALGADO BUSTILLOS, Flavio, (2017) “Estado, ciudadanía, cooptación y etnicidad en el Chile del siglo XXI”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 30, enero-marzo, 2017. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Miércoles, 26 de Abril de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1437&catid=13&Itemid=7

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