Pacarina del Sur
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El Partido Comunista de Chile en la década de 1930: Entre “clase contra clase” y el Frente Popular

The Party Communist of Chile in the 1930's: Between "class against class" and the Popular Front

O Partido Comunista do Chile na década de 1930: entre "classe contra classe" e a Frente Popular

Rolando Álvarez Vallejos [1]

RECIBIDO: 13-09-2016 APROBADO: 09-11-2016

Resumen

Resumen: Este artículo evalúa el desenvolvimiento del Partido Comunista de Chile en la sociedad chilena durante la década de 1930. En este período irrumpió el anticomunismo como una corriente político-ideológica importante en la arena política nacional. Surgió como respuesta ante la supuesta “amenaza comunista”, representada por el PC chileno. Desde el punto de vista de este artículo, examinando la inserción social y la experiencia de la militancia durante esta década, se puede concluir que la “amenaza comunista” se vinculó a su capacidad de construcción de tejido social y la difusión de la defensa de las libertades públicas ante las medidas represivas implementadas por el gobierno de la época, más que a una política que intentara destruir el orden estatal capitalista.

Palabras clave: Chile, siglo XX, Partido Comunista, FOCH, CTCH, Frente Popular, Comintern.

 

La década de 1930 en Chile se vio agitada por la supuesta existencia de una amenaza comunista, que según fuerzas conservadoras, ponían en riesgo no solo la institucionalidad política del país, sino que el modo de vida, los valores y principios de sus integrantes. En efecto, la historia de Chile comenzó a estar fuertemente conectada con los eventos que ocurrían en otras latitudes, especialmente en Europa. Así, tópicos tales como el comunismo, el anticomunismo, el fascismo y el nazismo o lo que ocurría en países como Alemania, Italia, España o la Unión Soviética, eran fuente de agrias discusiones y movilizaciones sociales a nivel local. En este caso, la versión chilena de la “amenaza comunista”, se expresó materialmente en la existencia de organizaciones políticas y públicas que acentuaron su discurso anticomunista. La supuesta gravedad del peligro comunista, fue funcional para justificar el endurecimiento de la legislación y las prácticas represivas de las autoridades de la época. Sin embargo, esta caracterización del comunismo como una fuerza revolucionaria que ponía en jaque el sistema democrático y el modo de vida de los chilenos, contrasta con la debilidad del partido a comienzos de la década de 1930. Disminuido numérica y orgánicamente por los efectos de la represión durante la dictadura de Ibáñez, aislado políticamente por una línea sectaria, el peligro comunista parecía ser más una excusa para justificar la represión contra el movimiento popular que una amenaza real. Con todo, hacia 1938, el Partido Comunista se había convertido en un factor importante en el proceso de unidad sindical que dio origen a la Central de Trabajadores de Chile (CTCH). Además, fue un factor importante en la constitución de la coalición llamada Frente Popular, triunfante en las elecciones presidenciales de aquel año. En este contexto, la percepción de amenaza comunista por parte de los sectores conservadores ¿era meramente instrumental o envolvía una convicción asentada en la realidad del proceso político chileno?  Este artículo indaga en las conexiones entre el proceso político y social de la época y el desenvolvimiento dentro de éste del Partido Comunista, intentando revelar dos aspectos: el potencial movilizador político-social del comunismo y el tipo de demandas socio-políticas dinamizadas por el PC. De esta manera, intentaremos dimensionar la supuesta amenaza comunista durante la década de 1930.

Las investigaciones sobre el Partido Comunista durante la dictadura de Ibáñez y la década de 1930, han resaltado que la combinación de los efectos de las políticas represivas aplicadas en su contra, las divisiones internas y el sectarismo de su línea política, debilitaron a la organización. (Ramírez, 1984; Barnard, 1977; Pérez, 2000; Ulianova y Riquelme 2005-2009; Vega, 2012) En otra línea, se ha planteado que durante estos años, el PC chileno se sometió a la rígida disciplina de la Internacional Comunista, abriéndose el debate si es que la organización abandonó o no las tradiciones políticas provenientes de su etapa fundadora. (Varas, 1988; Pérez, 2000; Grez, 2015; Urtubia, 2016) Una visión distinta propone enfatizar los desarrollos locales de la política comunista. En el caso de la ciudad minera de Lota, la línea del Frente Popular habría significado ahondar el compromiso comunista con la profundización de la democracia en Chile. (Pavilack, 2011). Por otra parte, respecto a su vinculación con los movimientos sociales durante la década de 1930, se ha planteado que el PC fue incapaz de convertirlos en una fuerza revolucionaria antisistémica. (Barnard, 2012). En otro sentido, se ha explicado que en el caso del movimiento de la vivienda, durante estos años abandonó su apoliticismo para arrimarse a las fuerzas partidarias del Frente Popular. (Espinoza, 1988). En sintonía con este planteamiento, se ha dicho que la moderación de la línea frentepopulista del PC, explica el incremento de su influencia social y política, incluida la aceptación de la existencia de los sindicatos legales. (Angell, 1974; Drake, 1992). Respecto a la rearticulación del movimiento sindical, el rechazo a las políticas antisindicales y represivas implementadas por el presidente Arturo Alessandri, también habría sido un factor decisivo para lograr su reunificación en torno a la CTCH. (Morris, 1967; Garcés, 1985; Rojas, 1986). Respecto a la percepción de amenaza del comunismo, sin descartar el carácter manipulador del anticomunismo, se ha realzado la necesidad de fijarse en los sustentos de realidad que permitieron el desarrollo de esta óptica. (Patto Sá Motta, 2002). Así, para el caso chileno, diversos autores han coincidido que a comienzos de la década de los ’30, el comunismo fue considerado una amenaza real, convirtiéndose en el factor decisivo para consensuar la continuidad de las prácticas represivas tras el término de la dictadura de Ibáñez. (Casals, 2016; Valdivia, 2017). Por su parte, en el marco de indagar el papel del poder judicial en los conflictos políticos chilenos durante el siglo XX, se ha revelado la aplicación y creación sistemática de una legislación destinada a reprimir a organizaciones populares y partidos de izquierda durante el período que aborda este artículo. (Lira y Loveman, 2014).

Desde la óptica de este trabajo, para comprender la percepción de amenaza que despertó el comunismo en Chile durante la década de 1930, es insuficiente centrarse en sus crisis internas y la evolución de su línea política. Aunque son factores importantes para construir una visión global del fenómeno comunista en esta época, estimamos que detenerse en el proceso de reconstrucción del tejido social desarrollado por el PC, permite redimensionar el problema. En efecto, la hipótesis que atraviesa este trabajo afirma que los comunistas se convirtieron en una amenaza real para los sectores dominantes, por su papel en el desarrollo de organizaciones sociales, especialmente sindicales, aunque también vecinales, juveniles y ciudadanas. Aunque en el imaginario se les representara como agentes de una inminente revolución proletaria, esto se traducía, en la práctica, en denunciar la capacidad relativa del activismo comunista para insertarse, influir y movilizar una amplia gama de organizaciones sociales. De esta manera, ante la percepción de que persistía la amenaza comunista luego de la caída de Ibáñez en 1931, el aparato estatal continuó aplicando y perfeccionando las políticas represivas contra el movimiento popular en general y los comunistas en particular. Así, el segundo planteamiento que pretende desplegar este trabajo, señala que el comunismo vivió en este período una “experiencia de la represión”, caracterizada por la manifestación cotidiana de las medidas coercitivas contra sus militantes y organizaciones afines. Así, la tradicional política comunista de defensa de los libertades públicas y el respeto de los derechos constitucionales, previa a la “bolchevización” comiterniana, cayó en un terreno fértil en los ’30, cuando se puso en el centro de gravedad de la política comunista, la defensa de los derechos ciudadanos, producto del carácter represivo de la segunda administración de Arturo Alessandri. Así, el cruce entre los factores internacionales y nacionales, marcado especialmente por la recepción local de los lineamientos de la Comintern realizados por el PC chileno, convirtieron a esta organización en un actor político relevante y una “amenaza” para los sectores anticomunistas. En resumen, el llamado “peligro comunista” radicó sobre todo, en su capacidad relativa para organizar actores sociales que exigían profundizar la democracia política y social, más que por ser una organización antisistémica.

El presente artículo no se concentrará en las pugnas internas del PC ni en el contenido de su línea política, ampliamente tratados en diversos libros y artículos ya mencionados. Tampoco tiene como objetivo analizar las múltiples corrientes anticomunistas que durante la década de 1930 tildaron al PC como una amenaza. Además, no se detendrá en examinar en profundidad conocidos hechos ocurridos en el período en los que, de alguna u otra manera, se vieron vinculados los comunistas, como el alzamiento de la marinería (1931), la “pascua trágica” de Copiapó y Vallenar (1931), la matanza de Ranquil (1934), entre otras. En cambio, intentará examinar la estrategia utilizada por los comunistas para recuperar su influencia en el mundo social y político, a la luz del contexto nacional e internacional que Chile experimentó durante estos años. El período abordado se inicia con la caída de Carlos Ibáñez, a mediados de 1931, cuando los comunistas, maltrechos por la represión, pudieron reiniciar su trabajo político-social en condiciones de semi-legalidad. Se cierra con el triunfo del Frente Popular a fines de 1938, cuando el PC se consolidó como un referente importante del sistema político chileno.

 

La etapa defensiva: El PC chileno en la posdictadura (1931-1934)

Existe amplio consenso en señalar que a comienzos de la década de 1930, el Partido Comunista de Chile vivió una de las etapas más difíciles de su historia. Gracias a las propias publicaciones comunistas (oficialistas y disidentes), se conocen los detalles de la pugna que se desarrolló en su interior. (Grez, 2015, Urtubia, 2016). Esto se vio agudizado por la represión ibañista, que, como se ha señalado, se enfocó especialmente contra los comunistas, cuyos dirigentes fueron definidos como los “irreformables” por la maquinaria represiva de la época, por lo tanto objeto de una persecución implacable. Relegaciones a lugares remotos, exilio, cárcel, flagelaciones, delaciones e infiltración policial en sus filas, provocaron el descalabro orgánico de la organización. (Valdivia, 2017, Ulianova y Riquelme, 2005, Lafferte, 1971). De acuerdo a un informe de Carlos Contreras Labarca, secretario general del partido al momento de la caída de Ibáñez, el PC estaba compuesto por no más de 100 militantes. (“Reunión del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, Moscú, 27.03.1935”, Ulianova y Riquelme, s/f).

A esta situación se le debe sumar el sectarismo que caracterizó al PC hasta 1935, lo que coadyuvó a la pérdida de influencia política de la colectividad. Por último, la aparición del Partido Socialista y el exitoso desarrollo de los sindicatos legales, dejaron al comunismo chileno en una difícil posición para recuperar parte de su influencia en el movimiento obrero.

Desde nuestra perspectiva, el PC durante los años treinta vivió dos etapas claramente diferenciadas. La primera, comprendida entre 1931 y 1935, estuvo marcada por la línea sectaria de “clase contra clase” (o del “Tercer Período”), que la definiremos como la fase defensiva, en donde el principal objetivo de la organización fue su subsistencia como tal. Para ello, se enfatizó un discurso identitario, que buscaba diferenciarse de sus adversarios de izquierda dentro y fuera del partido. Además, se abocó a la lenta tarea de reconstruir tejido social, especialmente en el movimiento obrero a través de la FOCH, pero también en otros ámbitos, como las mujeres y los jóvenes. A corto plazo, los resultados fueron modestos, por lo que para autores como Andrew Barnard, puede considerarse una estrategia fracasada. Pero incorporando esta etapa en un ciclo histórico más largo, puede considerarse que sentó las bases para su posterior influyente presencia. La etapa siguiente estuvo marcada por el giro al Frente Popular, que analizaremos en la segunda parte de este artículo.

Pero antes de analizar el proceso de reconstrucción de sus redes al interior de las organizaciones sociales de la época, es necesario aludir al clima político en el que éste se desenvolvió. En este sentido, el anticomunismo vivió un momento constituyente. Joaquín Fermandois plantea que los acontecimientos de la década de 1930 generaron en la derecha miedo al marxismo, sensación que se prolongaría durante las décadas siguientes. (Fermandois, 2004). Coincidiendo con este planteamiento, según Marcelo Casals, el alzamiento de la marinería ocurrido en 1931, debe considerarse como un hito fundacional del anticomunismo, entendido a partir de ese momento por las élites como una amenaza real, es decir, como una posibilidad concreta de que se repitiera la experiencia bolchevique en Chile. En la misma línea, Verónica Valdivia ha señalado que el accionar del debilitado Partido Comunista en los primeros tiempos de la postdictadura, fue clave para la militarización de la reacción civilista que había sucedido al general Ibáñez en el poder y la justificación de las medidas represivas en su contra. (Casals, 2013; Valdivia, 2017). De esta manera, la reconstrucción del PC hasta el triunfo del Frente Popular en 1938, debió enfrentar dos obstáculos: una permanente campaña anticomunista, que lo catalogaba como una amenaza contra la chilenidad y, en base al supuesto peligro que representaban, una sistemática represión por parte del Estado. (Primera Memoria Semestral presentada a los señores adherentes y socios de la Asamblea Nacional de la Acción Cívica, 1932; Loveman y Lira, 2014).

De esta manera, sucesos de gran resonancia pública, pero donde la participación comunista no había sido la única causa de su origen y desarrollo, fueron funcionales a esta estrategia. El mencionado alzamiento de la marinería, la llamada “Pascua trágica de Copiapó y Vallenar” (diciembre de 1931) y más tarde, la matanza de campesinos en la zona de Lonquimay (1934), fueron utilizados por los gobiernos civiles para legitimar su accionar represivo antes las organizaciones sociales populares. (Valdivia, 2017). De esta manera, para los comunistas y otras organizaciones sociales y políticas, el período siguiente a la caída del general Ibáñez no implicó un cambio abrupto en sus condiciones de funcionamiento. Más que un retorno a la democracia, tal como tradicionalmente se considera en la historiografía chilena, fue una fase de postdictadura, tal como lo ha señalado Verónica Valdivia en su citado trabajo. La continuidad de las prácticas represivas fue un importante factor que condicionó tanto la evolución de la línea política comunista, como su práctica al interior de las organizaciones sociales.

Como se sabe, las posiciones políticas del PC hasta 1935 estuvieron avaladas por la línea de “clase contra clase” que desarrolló la Unión Soviética durante estos años. En el caso de la URSS, su objetivo fue acelerar la colectivización del campo, destruir las organizaciones campesinas tradicionales e imponer una industrialización acelerada. Este proceso fue de la mano con la persecución a la Oposición Unida, simbolizada en la figura solitaria de León Trotsky, ante la capitulación de gran parte de los opositores a Stalin, que veían que el dictador de origen georgiano aplicaba el programa pregonado por la Oposición. (Deutscher, 1968; Carr, 1983). Por su parte, las condiciones en que se recepcionó en Chile esta orientación, estuvo marcada por dos circunstancias: la desarticulación del partido producto de la represión ibañista y las disputas internas por diferencias sobre cómo enfrentar a la dictadura de Ibáñez. Es decir, en el caso chileno la pugna entre “trotskistas v/s estalinistas” fue un fenómeno más tardío, por lo que las pugnas del ciclo 1927-1932 respondieron a dinámicas internas. (Urtubia, 2016). En este sentido, la historiografía sobre el comunismo ha destacado que la transformación en 1922 del Partido Obrero Socialista (POS) a Partido Comunista de Chile, no tuvo las características traumáticas de otras latitudes. Sin embargo, esto puede considerarse más bien un espejismo, porque las diferencias sobre cómo relacionarse con la Unión Soviética y especialmente la manera de dirigir las alianzas políticas dentro de Chile, terminaron por fracturar a la organización algunos años más tarde. Puntualmente, dentro del PC hubo a lo menos tres posiciones frente a la dictadura ibañista. Una, al parecer minoritaria, fue partidaria de respaldarla, representada por los diputados Sepúlveda Leal, Quevedo, Córdova y Reyes y el senador Carmona. Estos, apenas iniciada la dictadura en 1927, fueron marginados del partido. Una segunda posición la representó Manuel Hidalgo, opositor a Ibáñez pero dispuesto a mantener una política de alianzas con partidos tradicionales, especialmente con sectores cercanos al expresidente Arturo Alessandri. Representaba una postura más pragmática e independiente ante la Comintern. Por último, un tercer sector fue partidario de una oposición absoluta a Ibáñez, pero sin contemplar la posibilidad de alianzas con partidos pertenecientes al orden oligárquico. Esto representaba un quiebre respecto al pasado, cuando el POS y el PC había obtenido buenos resultados electorales gracias a este tipo de alianzas. (Barnard, 1977)

Este último sector, que fue el que le dio continuidad al Partido Comunista, aplicó la línea del “frente único por la base”, nombre que recibía la estrategia comiterniana del Tercer Período. Esta consistía en lograr la unidad con todos los sectores (anarquistas, hidalguistas, clericales, independientes, etc.) por la base, constituyendo comités de fábrica, de cesantes, de jóvenes, etc. Esta aparente muestra de espíritu unitario, era tajantemente sectaria a nivel de cúpulas. Las alianzas con Hidalgo, Grove o los partidos del sistema quedaban descartados bajo todo evento. Esto significaba, en la práctica, que las organizaciones quedaban bajo hegemonía comunista. (Grez Toso, 2015) Esta situación alimentó, con razón, una imagen sectaria de la organización y dificultó la recuperación de su influencia social, tal como ha sido señalado por los autores que han investigado al PC durante estos años.

Sin embargo, esta posición sectaria, considerada como una imposición mecánica de la Comintern a su “sección chilena” y parte de una especie de desvarío o pérdida de rumbo por parte del PC chileno, puede ser evaluada desde otra perspectiva. En efecto, ante la división del partido (en 1933 el sector hidalguista reclamó como propio el nombre “Partido Comunista”), la irrupción de la corriente socialista y la desarticulación de sus secciones en provincia, la necesidad de asegurar un identidad propia se volvió de vida o muerte para la organización. Diversos informes políticos del sector laffertista, daban cuenta de la debilidad orgánica del partido, reflejado en que muchas estructuras respaldaban al hidalguismo por el contacto directo con algún dirigente. (Hacia la formación de un verdadero Partido de Clase. Resoluciones de la Conferencia Nacional del Partido Comunista chileno, 1933). [2]

Es más, un informe interno firmado por el dirigente Galo González, señalaba que hacia 1935, todavía no se adoptaban las normas básicas de  la bolchevización, es decir las células de fábrica. Todavía primaban las células según el lugar donde vivían, como en el antiguo POS. Además, seguía diciendo González, “en nuestro partido existía y existe todavía aunque en menor escala, mucho liberalismo…por ejemplo, habían compañeros en algunas regiones que planteaban que las directivas dadas por la dirección central frente a un problema determinado había que discutirlas primero si eran justas para realizarlas”. Para Galo González, estaba claro donde radicaba la raíz de este problema: “… (el) origen mismo como empezó a organizarse nuestro Partido…a base de asambleas, provinciales, departamentales, etc., organización social-demócrata”. Por último, el nivel político de la militancia era descrito como rudimentario: “No tenemos una atención permanente y continuada hacia los cuadros; no se les da la educación necesaria para su desarrollo; muchos de los que he enumerado más arriba no han pasado por ninguna instrucción del Partido…se han formado por su iniciativa propia; los más no han recibido ayuda política…”. (“Informe de organización”, 19 de diciembre de 1937, p.7 y 8, RGASPI 495.269.17). Por este motivo, durante la década de 1930, el PC no era una organización rigurosamente leninista, ni tan centralizada ni disciplinada, aspectos que se consolidarían recién en la década siguiente.

En este sentido, se tiende a considerar que el proceso de bolchevización del PC (sometimiento a las pautas estalinistas de organización interna) experimentado en este período habría tenido resultados automáticos. Sin embargo, los informes políticos y las notas de prensa sobre “vida del partido” (características en la prensa comunista de esta época), están lejos de demostrar esto; por el contrario, casi toda la década se reclamó por la falta de disciplina y una adecuada coordinación de la dirección del partido con las bases. La “construcción del partido” –como decía la jerga partidaria- fue un proceso mucho más dificultoso de lo que se ha señalado, tanto por la fortaleza de sus adversarios, como por la extrema debilidad en que se encontraba la organización al terminar la dictadura ibañista y la persistencia de las prácticas tradicionales del PC, previas a la bolchevización. La concentración de la atención historiográfica en las disputas entre su pequeño núcleo dirigente, tiende a subestimar la realidad de la base militante, que vivía estos procesos de una manera diferente. Sin entender del todo las diferencias, sin someterse ciegamente a las órdenes “desde arriba” (como lo señalaba Galo González en su informe), se prolongaron las prácticas orgánicas y políticas tradicionales, incluidas las provenientes de la etapa como POS. Otro informe, rendido en 1935 por el dirigente Carlos Contreras Labarca a la Comintern, ratificaba la debilidad del funcionamiento bolchevique del partido, continuando las prácticas heredadas del POS. (Reunión del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, Moscú, 27.03.1935, en Ulianova y Riquelme, s/f).

Por ello, si bien el sectarismo dificultó el crecimiento del PC en organismos sociales, fue un factor decisivo para diferenciarse de los adversarios y, por lo tanto, un elemento identitario fundamental. Así, estimamos que se debe complejizar el análisis de la fase “ultraizquierdista” o “sectaria” del PC, más aún en el marco de una organización que todavía se enfrentaba a condiciones de semiclandestinidad y furioso anticomunismo proveniente del mundo conservador. La subsistencia era la tarea más urgente del momento y el sectarismo del Tercer Período se volvió funcional para ello, porque les permitía diferenciarse de sus adversarios y enemigos.[3] Tal como ha sido mencionado para el caso del Partido Comunista de Argentina en el mismo período, el aislacionismo de las políticas del Tercer Período, si bien representaron vaivenes en las líneas políticas de los comunismos, no implicaron un radical cambio de sus prácticas, muchas de las que se mantuvieron inalterables. (Camarero, 2007).

Sin embargo, si la arista sectaria de la línea política del PC puede entenderse como una estrategia de sobrevivencia, ¿cómo esta menguada organización logró continuar siendo una supuesta amenaza para el orden imperante?, ¿cómo logró en pocos años convertirse en uno de las partidos ejes de la estrategia del Frente Popular, coalición que ganó la elección presidencial de 1938? En este sentido, concordamos con una reciente investigación que ha abordado uno de los debates más candentes sobre el comunismo chileno de esta época: quienes fueron los herederos de la tradición recabarrenista. Es sabido que en 1933, bajo el impulso de la Comintern, el PC oficialmente llamó a desembarazarse de la herencia “democrática” y “reformista” de Luis Emilio Recabarren, su líder y fundador. Sin embargo, tal como se ha señalado, el legado recabarrenista se dispersó en las distintas fracciones comunistas, tanto las oficialistas como las disidentes. Así, el recabarrenismo se resignificó en base a las culturas políticas que surgieron, por un lado, en el PC durante el proceso de bolchevización y, por otro lado, en el proceso que dio origen al Partido Socialista. (Urtubia, 2016). Esto permitió que algunas de las directivas de la Comintern tuvieran un proceso de aclimatación a la realidad chilena, amalgamándose con la realidad local del comunismo, cuestión que caracterizó a este período. Es decir, la cultura política comunista de los años ’30 contenía todavía un fuerte componente local, aunque influido por la penetración de las directivas comiternianas. De este modo, el giro político provocado por el VII Congreso de la Comintern y el llamado a la creación de los Frentes Populares, cayó en un terreno fértil que la experiencia chilena había incubado en su período sectario.

Al contrario de lo señalado por Andrew Barnard, no todas las políticas del Tercer Período fueron un obstáculo para el desarrollo del PC. Todavía más, conociendo hoy día las serias dificultades orgánicas del PC hasta bien entrada la década de 1930, es probable que estas orientaciones no hayan sido acatadas del todo en las secciones distribuidas a lo largo del país. Por ejemplo, para la Comintern, la estrategia de “crisis terminal del capitalismo” y el supuesto carácter inminente de la revolución socialista, implicaba la necesidad de acentuar el trabajo de masas. A diferencia del período de la II Internacional, en donde primaron las concepciones reformistas que visualizaban que el fin del capitalismo era inevitable producto de las inexorables “leyes de la historia”, las políticas del Tercer Período acentuaron el voluntarismo político. Si bien es innegable que asociado al sectarismo típico de esta etapa, éste dificultó la vinculación con los sectores menos politizados de la población, significó un énfasis en el activismo a nivel de base. Los llamados a difundir “el programa de reivindicaciones inmediatas”, que contenía demandas sindicales, de defensa de los derechos constitucionales y otras más radicales, como expropiar los bienes de la Iglesia y un gobierno obrero y campesino, reflejaban esta cuestión. (“El Partido Comunista (sección chilena de la I.C.) frente a la elección presidencial. Programa de reivindicaciones inmediatas”, El Comunista (Antofagasta), 2 de octubre de 1931). De esta forma, el tradicional activismo comunista, retomaba su accionar en condiciones de semilegalidad a comienzos de los años treinta. Como antaño, esta estrategia se convirtió en una de las claves de la recuperación de la influencia socio-política del PC. Era el sentido común militante, que buscaba reorganizar estructuras de base y ganarse la simpatía de los sindicatos legales, fortalecidos durante la dictadura de Ibáñez.

En esta línea, un elemento importante de las orientaciones de la Comintern sobre el trabajo de masas de los comunistas, fue evitar caer en la ilegalidad. Además, crear otros frentes de masas aparte del frente sindical, especialmente entre jóvenes, mujeres y niños. Por otra parte, tal como lo hacía desde los tiempos de las 21 medidas para ser aceptados como sección local de la Internacional, se recordaba la necesidad de tener un aparato dirigente clandestino. En este sentido, es sintomático el reclamo del Buró Sudamericano (BSA) de la Comintern por la despreocupación de los chilenos por constituir el trabajo de autodefensa y el trabajo ilegal. (Las grandes luchas revolucionarias del proletariado chileno, 1931). En este caso, el PC recogió con énfasis la importancia de sostener los espacios legales para el desarrollo de sus actividades, en detrimento de los énfasis extrainstitucionales, como las cuestiones militares o clandestinas. Diversos informes publicados en la prensa partidaria, criticaban públicamente que células o comités regionales siguieran funcionando con la lógica de la clandestinidad de los tiempos de la dictadura de Ibáñez. En medio de los conflictivos meses que duró el gobierno de Juan Esteban Montero, la dirección señalaba al respecto: “…el ocultamiento del Partido impide a los simpatizantes encontrarlo. Hay comités Regionales y locales que se han colocado en la ilegalidad a raíz de las últimas persecuciones, y desde entonces no han hecho nada serio para recuperar la legalidad, para volver a la actividad pública…”. (“Tripliquemos nuestro partido en tres meses”, Bandera Roja (Santiago), 5 de marzo de 1932). En este sentido, los comunistas chilenos, a pesar de la sistemática represión a la que fueron sometidos, optaron por irrumpir en los espacios públicos, tal como era su tradición desde antes de la dictadura ibañista.

El trabajo de masas de los comunistas durante el primer lustro de la década de 1930, fue sintetizado por un informe de inteligencia realizado por la Policía de Investigaciones, que desde la década pasada se había especializado en reprimir a la organización. Según éste, los principales frentes de masas del comunismo en Chile eran la FOCH, la Juventud Comunista, el Socorro Rojo Internacional, la Federación de Maestros, el grupo Avance y los comités antiguerreros. (Cavada, 1933).

Respecto a la FOCH, fue duramente golpeada por la represión ibañista, lo que le hizo perder el control del movimiento obrero de la época. Durante los ’30, la hegemonía pasó a manos de los sindicatos legales. El declive de la Federación se acentuó por la crisis salitrera, la que debilitó irreversiblemente un sector laboral donde la FOCH históricamente había concentrado parte de su poderío. (Garcés, 1985; Rojas, 1986; Drake, 1992). Esta situación golpeó directamente al PC, pues era muy corriente la pertenencia a las dos organizaciones. A pesar de este cuadro adverso, hubo un proceso de reorganización de la central sindical, gracias a la que los comunistas lograron recuperar terreno en el mundo social. En este sentido, se ha planteado que el sindicalismo politizado desarrollado por el PC, fue un elemento fundamental para su sobrevivencia y reproducción en tiempos de clandestinidad y represión. (Benavente, 1985).  En el caso de la década de los ’30, la reconstrucción del tejido social en el frente sindical, fue el principal instrumento de rearticulación del PC. A pesar del sectarismo y las duras confrontaciones contra los sindicatos legales y anarquistas, la FOCH logró reconstituirse parcialmente. Esto fue relevante para la fase siguiente, porque le permitió al PC jugar un papel importante en la reunificación del movimiento obrero chileno, con la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH).

Un informe de un dirigente comunista chileno dirigido a la CSLA (Confederación Sindical Latinoamericana) semanas antes de la caída del general Ibáñez, describía la evolución de la FOCH desde el golpe de 1927 hasta esa fecha. Según se señalaba, la dictadura “deshizo prácticamente a la FOCH”, desapareciendo la dirección nacional y produciéndose la masiva afiliación de los sindicatos a la nueva legalidad establecida por el régimen. Ante el descalabro de la FOCH, la táctica de supervivencia fue introducirse en los sindicatos legales y crear “fracciones rojas”, en torno a los que se buscaba regenerar a los sindicatos fochistas. Según se desprende de este informe, la táctica de entrar a los sindicatos legales fue una orientación del CSLA. (Documento sin título, Valparaíso el 20 de junio de 1931, RGASPI, 495.272.17). Meses más tarde, el BSA consideraba críticamente la forma como el PC intentaba reconstruir a la FOCH, señalando que solo “se trabajaba al día, marchándose a remolque de las masas. No ha habido una política sindical clara del Partido, ni trabajo sindical organizado…”. (Las grandes luchas del proletariado chileno, 1931) Según este organismo, esto se traducía en la práctica en la escasa capacidad de conducción de los comunistas sobre los sindicatos, incluso aquellos que pertenecían a la FOCH.

De esta forma, el número de integrantes de la FOCH hacia fines de la dictadura de Ibáñez era definido por la dirigencia comunista chilena como “irrisorio”. Como la inmensa mayoría de los militantes del PC provenían del sector sindical, las cifras que entrega este informe es una muestra del debilitado estado en que se encontraba la organización. Por ejemplo, en Valparaíso el sindicato de los tranviarios estaba integrado por mil trabajadores. La fracción de la FOCH contaba solo con 20, aunque dirigía la mesa del sindicato. No había célula comunista. En el estratégico gremio de vehículos de carga, compuesto por 800 socios, la fracción FOCH tenía 52 miembros y la célula del partido 40 militantes. En Santiago, el sindicato de la construcción contaba con 200 integrantes, la fracción FOCH con 15 y había una célula comunista. En la Población La Legua había un sindicato de “Oficios Varios” de la FOCH con 50 integrantes y una célula del partido. En los panaderos, fracción FOCH 5 integrantes, sin célula; molineros, siete de la FOCH y tres del partido. En el Norte Grande, otrora importante bastión comunista, la situación era desoladora. En la ciudad de Antofagasta, se señalaba que no había trabajo en los sindicatos legales y solo 20 militantes del partido; en la oficina de Pedro de Valdivia, donde se decía había 10 mil trabajadores, no existía fracción de la FOCH y solo una célula comunista con ocho integrantes. En la oficina Vergara, conformada por mil 500 obreros, existía una célula con cinco integrantes; en Coya Sur, entre dos mil obreros, solo una célula de dos integrantes; en María Elena, siete mil obreros, sin fracción FOCH y tres militantes; Tocopilla, sin presencia comunista. (RGASPI, 495.272.17)

Partiendo de estas condiciones, se inició el proceso de rearticulación de la antigua Federación Obrera. Su orientación política, a pesar de las posiciones sectarias, también se caracterizó por prácticas unitarias, que tuvieron diversas expresiones concretas. Ejemplos de acuerdos entre fochistas, anarquistas, hidalguistas y grovistas, fueron el Frente de Defensa Proletaria en Rancagua (1933), el Comité de Organizaciones Ferroviarias (1933) y la Defensa Proletaria y Antifascista (1934). (Rojas, 1986). De esta forma, la estrategia de reconstrucción del tejido social combinó diversos caminos en función de este objetivo. Por un lado, para enfrentar a los adversarios y las divisiones internas, el férreo sectarismo de las políticas el Tercer Período. Esto le permitía contar con el apoyo del BSA y una senda política clara en medio de las pugnas internas. Por otro, la tradicional cuota de sentido común sindical, que al calor de la represión alessandrista, hacía cada vez más evidente la necesidad de la unidad del movimiento obrero. Por ejemplo, en el marco de la huelga general de trabajadores municipales en abril de 1934, fue asaltado el local de la FOCH. En solidaridad con ésta, se formó un Comité Mixto de Unidad Sindical, compuesto por corrientes sindicales no comunistas. (Rojas, 1986).

Más allá de las diferencias políticas, desde el punto de vista estrictamente sindical, las corrientes dentro del movimiento obrero se diferenciaban por la estrategia a seguir. Por un lado, grovistas, hidalguistas e independientes, aceptaron funcionar bajo el Código del Trabajo elaborado durante la dictadura de Ibáñez. Esto era inconcebible para los fochistas y anarquistas. De acuerdo a los primeros, con la salida del poder del dictador, “no ha caído el ibañismo…ya que ha quedado en pie la máquina represiva de violencia y masacre y la política de hambreamiento del proletariado...”. (“Rompamos los sindicatos legales”, en Justicia (Santiago) 2 de marzo de 1932). Tal como en la década de los años 20, se reclamaba que las leyes laborales no eran respetadas por los patrones, por lo tanto eran letra muerta y un engaño para morigerar las demandas de la clase trabajadora. A través de ellas, se decía, se cooptaba a los dirigentes y las organizaciones, que se ponían al servicio de los explotadores. (“Al grito de ‘abajo los sindicatos legales’ debemos combatir el Código del Trabajo” y “La legislación fascista del Trabajo” en Bandera Roja (Santiago), 26 de noviembre de 1932 y 19 de marzo de 1933).

Sin embargo, ante los resultados infructuosos de las numerosas huelgas ocurridas en el período, quedaron en evidencia dos cuestiones: La tendencia a la afiliación a los sindicatos legales y la necesidad de evaluar la forma de mejorar las estrategias de negociación con la patronal y el Estado. Esto fue lo que puso en el centro de gravedad de la estrategia sindical la cuestión de la unidad. En efecto, el artículo 545 del Código del Trabajo de 1931 establecía una importante cortapisa al derecho a huelga, señalando que la “suspensión del trabajo solo puede ser acordada por cada sindicato, no las federaciones”. (Código del Trabajo, 1932). Es decir, la normativa legal impedía la negociación por rama de la producción, instaurando que cada sindicato negociara por separado sus condiciones laborales. Bajo esta lógica, el poder de presión de los trabajadores se debilitaba, favoreciendo al sector patronal. Antes de las emblemáticas huelgas de los trabajadores ferroviarios de 1935 y 1936, que rompieron en la práctica con esta normativa del Código del Trabajo, la FOCH analizaba esta problemática. En el fondo, se reconocía que sin la unidad sindical, el movimiento obrero tendría graves dificultades para lograr sus objetivos, incluso los de corto plazo. (“¿Por qué fracasan las reivindicaciones de los ferroviarios?”, en Justicia (Santiago), 25 de febrero de 1933)

Así, con el paso de los años, la experiencia concreta de las luchas sindicales provocaron que la política de la FOCH se tensionará entre dos ópticas opuestas: por un lado, la diferenciación con sus adversarios a través de la lealtad a la línea sectaria enarbolada por la Comintern y, por otro, la necesidad concreta de unificar al movimiento sindical. En este sentido, si bien el movimiento sindical y la FOCH en particular, mostraron signos de recuperación orgánica e influencia social, no tenían condiciones por sí solas para poner en jaque a la patronal y al gobierno. Por este motivo, si es que la percepción de temor propalada en ese entonces por las fuerzas anticomunistas puede considerarse real, esta se relacionó con el papel que los comunistas tuvieron en la reunificación del movimiento sindical chileno, más que con una amenaza revolucionaria concreta.

La recuperación de la FOCH puede apreciarse a través de la prensa comunista, aunque es natural que ésta magnificara sus logros. Pero en general, es posible afirmar que pese a las campañas anticomunistas, la represión y el sectarismo de la FOCH, ésta logro incrementar significativamente su presencia en el mundo sindical durante el primer lustro de los ’30. Por un lado, la documentación partidaria informaba del incremento de la militancia luego de la caída de Ibáñez, algo plausible porque es evidente que con mayores espacios legales, el temor a la participación política disminuyó. Por ejemplo, a comienzos de 1933, con ocasión de la celebración del Congreso de Unidad Sindical de la FOCH, la organización entregó un listado de 107 organizaciones afiliadas, entre federaciones, sindicatos, comités y juntas de vecinos. (“Nómina de organizaciones que enviaron delegados al Congreso a base de Unidad Sindical de la FOCH”, en Justicia (Santiago), 23 de febrero de 1933). Por otra parte, algunas memorias de militantes comunistas recuerdan los comienzos de la década de 1931 como de un despertar del movimiento sindical y las fuerzas de izquierda. (Varas, 2010). En términos cuantitativos, la cantidad de trabajadores involucrados en huelgas ilegales también tuvo un importante incremento durante este lustro.

Número de trabajadores comprometidos en huelgas

1920

50.439

 

 

 

1921

6.703

 

 

 

1922

5.296

 

 

 

1923

12.299

 

 

 

1924

34.356

 

 

 

1925

51.198

 

 

 

 

Huelgas ilegales

Huelgas legales

Total

1931             

-

-

-

1932

100

500

600

1933

100

648

748

1934

3.000

100

3100

1935

4.236

1197

5433

Fuentes: Garcés, 1985; Rojas, 1986

 

Si se comparan estos números con la década anterior, las cifras del primer lustro de la década de 1930 pueden considerarse como modestas. Sin embargo, demostraban el aumento de la conflictividad sindical, especialmente de las huelgas fuera del Código del Trabajo. Por otra parte, un informe interno del PC fechado a fines de 1933, revelaba los ingentes avances en el proceso de reconstrucción del partido y la FOCH en el Norte Grande. En María Elena, existían 85 militantes y 94 simpatizantes. Coya Sur, cuatro células con 32 militantes, de los cuáles 14 militaban en la FOCH, dentro de un universo de 700 obreros. (“Carta de Chile (Informe de Vega) 26/12/1933, en Ulianova y Riquelme, 2009).

Al comparar estas cifras con las de junio de 1931, la situación resultaba drásticamente mejor, aunque de todas maneras se regañaba a las organizaciones de María Elena y Coya Sur por lo que se consideraba su escaso crecimiento. Otros antecedentes sobre el incremento de la actividad de la FOCH en el período, lo entrega una carta de 1933 de la Profintern (o Internacional Sindical Roja) dirigida a la FOCH. Teniendo en cuenta que este tipo de informes internos no se caracterizaban por su autocomplacencia, era moderadamente optimista sobre la rearticulación de la FOCH: “A fines de 1932 y comienzos de 1933, cuando la FOCH preparó y condujo muchas huelgas, muchos sindicatos “legales” y reformistas se unieron a ella…”. Habría sido el caso del sindicato de la fábrica de azulejos, la Federación de los Obreros de Chile y sindicatos de Magallanes, como así también varios sindicatos agrícolas. También se consignaba la presencia de “fochistas” dirigiendo sindicatos legales o mutualistas, como ocurría en la influyente Federación “Santiago Watt”, perteneciente a los obreros ferroviarios. De acuerdo a un informe interno, esta entidad, tradicionalmente de carácter mutualista, hacia 1935 contaba con importante presencia comunista en su directiva. Esto explicaba su participación en la huelga ferroviaria de 1935, cuyo dirigente más destacado era militante del PC.  Además, los comunistas controlaban la Federación de Ferroviarios, la entidad más influyente en este importante sector laboral. (“Reunión del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Moscú, 27.03.1935”, en Ulianova y Riquelme , s/f). Por último, que se habían formado fracciones fochistas (llamadas “Oposición Sindical Revolucionaria”) en sindicatos estratégicos, como los tranviarios, ferroviarios y marítimos. (“Proyecto de una carta de PROFINTERN a la FOCH (1933)”, en Ulianova y Riquelme, 2009).

En todo caso, tal como lo han señalado varias investigaciones, la tendencia predominante en el movimiento sindical fue organizarse en los sindicatos legales, porque en un clima represivo como el del segundo gobierno de Arturo Alessandri, implicaba mucho menos riesgos que la apuesta fochista y anarquista. (Drake, 1992). Es decir, a pesar de sus esfuerzos, la FOCH no pudo volver a su sitial como la principal central sindical obrera del país, aunque recuperó parte de su influencia. Esto fue suficiente para que cuando llegó el momento de negociar la reunificación del movimiento obrero, los comunistas tuvieran un respaldo avalado por su presencia en las organizaciones sociales.

Un organismo que fue relevante para la inserción social de los comunistas durante la década de los años ’30 fue el Socorro Rojo Internacional. Este fue creado en 1922 por la Comintern como una alternativa a la Cruz Roja Internacional, cuyo objetivo sería defender a los perseguidos en diversas partes del mundo, bajo el supuesto que lo haría independientemente de las creencias u organización de los perseguidos. En la práctica, fue el organismo creado para defender a los comunistas encarcelados en diversas partes del planeta. (El Comunista (Antofagasta) del 22 de diciembre de 1931). En el caso de Chile, su labor adquirió características propias, producto de la sistemática represión a la que se vieron sometidas las organizaciones sociales después de la caída de Ibáñez. El principal aporte que realizó este organismo para el desarrollo de los comunistas en Chile, fue convertirse en factor de unidad en un período en que primaba el sectarismo. En sus estatutos, se señalaba que estaría integrada por organizaciones y personas unidas solo por “la defensa de los perseguidos por el sistema capitalista”. Claramente hegemonizada por militantes comunistas, de todas maneras fue capaz de incorporar lentamente a personalidades de otros credos, convirtiéndose en un espacio político más allá del PC. Según algunos informes, habría logrado organizarse a nivel de base en algunas empresas y sindicatos, generando dividendos políticos definidos como “inesperados”. (“Reunión del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Moscú, 27.03.1935”, en Ulianova y Riquelme , s/f).

En su origen participaron los abogados comunistas Carlos Contreras Labarca y Jorge Jiles Pizarro, éste último director durante un tiempo de la entidad. Como lo señalan diversas memorias, este último se convirtió “en el abogado del partido”. (Gallo Vargas, 1999). Según sus definiciones en Chile, su labor consistía en la realización de campañas públicas denunciando las persecuciones y detenciones de carácter político, recabar estadísticas sobre la represión, asesorar a los sindicatos y contar con un departamento jurídico para defender a los perseguidos. Estableció un calendario de efemérides que serían recordadas en actos públicos, tales como la masacre de Iquique (21 de diciembre de 1907), el asalto a la Federación de Estudiantes (20 de junio de 1920), la masacre de San Gregorio (3 de febrero de 1921), la masacre de la Coruña (5 de junio de 1925), la instauración de la dictadura de Ibáñez (5 de enero de 1927) , la represión contra la marinería (5 de septiembre de 1931), la pascua Trágica de Copiapó y Vallenar (25 de diciembre de 1931) y los asesinatos de Anabalón y Mesa Bell. (Cavada, 1933). El carácter amplio de sus actividades se reflejaron en las campañas por la libertad de “los presos sociales”, aparentemente pertenecientes a organizaciones anarquistas. Al respecto, en 1931 en Antofagasta se defendió a un ciudadano peruano a quien se le quería aplicar la ley de residencia por un discurso anticlerical y antimilitarista. Estos motivos y la invitación a participar a la I.W.W. en una manifestación público en su defensa, hace pensar en su militancia anarquista. También se promovía la libertad de Leovijildo Leiva, prisionero durante nueve años por un “crimen social” cometido contra un rompehuelgas. (Bandera Roja (Santiago), 29 de octubre de 1931).

Luego del alzamiento de la marinería en septiembre de 1931, el PC profundizó este flanco de su estrategia política, organizando un Comité de Defensa de las Libertades Públicas. El diagnóstico que justificaba su creación señalaba que, a pesar de su caída, las leyes y métodos autoritarios de la dictadura ibañista continuaban vigentes.  Es más, se decía que el gobierno de Trucco “necesita afianzarse en un aparato de represión que haga imposible toda rebelión de las masas…” y que las nuevas leyes enviadas al Congreso, consagraban “legalmente las más violentas restricciones a las libertades de reunión, prensa, opinión, organización, huelga, etc…”. (“El Partido Comunista propicia la organización del Comité de Defensa de las Libertades”, en Justicia (Santiago), 13 de noviembre de 1931). Dirigido por el comunista Marcos Chamudes y con amplia mayoría de integrantes pertenecientes a esta colectividad, también lo hicieron entidades ligadas al anarquismo, como la Unión en Resistencia de Estucadores (URE). De esta manera, por medio del Socorro Rojo o el Comité de Defensa de las Libertades, los comunistas y otras fuerzas de izquierda, comenzaron a ganarse las banderas que defendían la democracia y los derechos ciudadanos.

Esta situación constituye otro ejemplo de la interacción entre lo internacional y lo nacional en el PC chileno. Por un lado, la defensa de las libertades y la defensa de los perseguidos eran una orientación promovida por la Comintern, como lo demuestra la creación del Socorro Rojo. Sin embargo, por otro lado, su desarrollo en Chile cobró importancia en el contexto de un sistema político que formalmente era democrático, pero que reprimía permanentemente a las organizaciones sociales y populares. Además, se conectó con las tradiciones provenientes de la era del POS y los primeros años del PC, en donde la defensa del Estado de Derecho liberal había sido una importante bandera de lucha contra la represión de los gobiernos oligárquicos. Esto se vincula con otro punto fundamental para entender el carácter de la “amenaza comunista” durante este período. A pesar de los signos de endurecimiento de las leyes represivas, los comunistas, inclusive en su etapa “ultraizquierdista”, consistentemente optaron por promover las organizaciones sociales (“frente unido por la base”) y las reivindicaciones inmediatas. Es por ello que luego de la “Pascua Trágica” de Copiapó y Vallenar, eventos en donde participó el PC local, se acentuaron las críticas contra el “putchismo” y las intentonas revolucionarias alejadas de la voluntad popular. Así, incluso en el envoltorio del discurso de la línea de “clase contra clase”, se mantuvo la tradición de las décadas anteriores, en donde las fuerzas de izquierda aparecían ligadas a la defensa de los derechos democráticos. (“Facultades extraordinarias”, en Justicia (Santiago), 24 de abril de 1933).

Meses después de lo ocurrido durante la “Pascua Trágica”, en una editorial de prensa se señalaba que debido de “los resultados sangrientos [y] profundamente dolorosos producidos por el levantamiento putchista de Copiapó…tenemos obligación de conjurar[los]”. La fórmula con la que se le debía oponer era, se decía, ceñirse a “las enseñanzas de Lenin”. Consultado el líder bolchevique respecto a la forma de provocar la caída del régimen burgués, habría contestado: “La consigna fundamental consta de tres puntos, 1º organizar; 2º organizar, 3º organizar”. Es por ello, continuaba señalando la editorial comunista, que no sería a través de la mano armada, acciones audaces o alianzas circunstanciales con las fuerzas armadas como se concretaría la revolución proletaria, sino que ganándose “a las más amplias capas del proletariado y de la pequeña burguesía pauperizada”. (“Desencadenemos la lucha contra el putchismo en nuestros cuadros”, El Comunista (Antofagasta) del 21 de mayo de 1932). Ratificando esta conclusión, un panfleto distribuido por la dirección del PC entre las células de Santiago, reconocía “el heroísmo” de los militantes de Copiapó y Vallenar, pero consideraba que era “su deber manifestar que el procedimiento seguido es inaceptable”. (“Las tareas del Partido Comunista en las luchas actuales”, citado por Urtubia, 2016). Meses más tarde, durante la denominada “República Socialista”, el PC alcanzaba su clímax sectario, al oponerse al efímero proceso encabezado por el coronel Marmaduke Grove. Así, incluso en el marco de un discurso radical, el programa de lucha del PC aludía a terminar con el ibañismo, enarbolar reivindicaciones salariales y agrarias, unido a la proclamación de la defensa de derechos políticos tales como la libertad de los presos políticos, “la defensa de las libertadas de prensa, reunión, etc.”. (“Obreros, campesinos indios, soldados y marineros! Empleados, artesanos y estudiantes y revolucionarios! ¡Guerra encarnizada contra la reacción monterista y clerical! ¡Fuera el ibañismo!”. Comunicado del Comité Central del Partido Comunista”, El Comunista (Antofagasta) del 15 de junio de 1932).

Es por ello que en la práctica, la noción de “amenaza comunista” no se desarrolló producto de una supuestamente sistemática posición insurreccionalista por parte del PC. Más bien, en el imaginario de los sectores conservadores, el progresivo retorno del protagonismo del conflicto de clases, representado por el accionar del movimiento sindical, fue visualizado como un supuesto ascenso irrefrenable del comunismo. Por este motivo, junto con los esfuerzos de institucionalizar el conflicto social, el andamiaje represivo ocupó un papel protagónico en la estrategia civilista para consolidar el “retorno a la democracia” tras la crisis de la dominación oligárquica iniciada en la década de 1920.

Esto explica por qué es importante dimensionar el fenómeno represivo contra los comunistas durante esta época. Hubo hitos mediáticos que marcaron este lustro, como la represión contra el alzamiento de la marinería (1931), la masacre en la “Pascua Trágica” de Copiapó y Vallenar (1931), la dictadura de Dávila, cuando fue asesinado el maestro primario comunista Manuel Anabalón Aedo (1932), la masacre de Ranquil, en el Alto Bío-Bío (1934) y el asesinato del dirigente e integrante del CC José Bascuñán Zurita (1934). Sin embargo, la visibilidad de estos hechos no puede ocultar el carácter rutinario de la represión. (Lira y Loveman, 2014). Es decir, la represión hacia las organizaciones sociales y a los comunistas fue algo incorporado en la vida cotidiana de la militancia de la época. (Varas, 2010; Lafferte, 1971; Vega, 1962, Corvalán, 1997, Contreras, s/f; “Carta de Paulino González Alberdi al Comisión Sindical Latinoamericana en Montevideo. 05.08.1931, Ulianova y Riquelme, 2009).

Por este motivo, estimamos que la experiencia de la represión se convirtió en un aspecto fundamental de la subjetividad militante comunista. La posibilidad concreta de perder la vida en huelgas o asonadas, de quedar sin trabajo, de ser torturado salvajemente, de ser enviado al exilio o a lugares inhóspitos de relegación, que su medios de prensa fueran censurados o que sus sedes fueran allanadas por la policía, no terminaron con la dictadura ibañista. Para los comunistas y los integrantes de los movimientos sociales de esta época, estos aspectos fueron un dato de la causa, constituyentes de su experiencia militante. Por esta razón, la defensa de las libertades públicas y derechos públicos no era una simple estrategia instrumental, sino que una aspiración que nacía de su propia necesidad de sobrevivencia. De esta manera, el compromiso de la izquierda con el sistema democrático no fue producto de una disquisición teórica o por acatar órdenes emanadas del extranjero, sino que una conclusión emanada del movimiento real del conflicto de clases del que formaban parte.

Durante el primer lustro de la década de 1930, la variedad de experiencias represivas padecidas por los militantes comunistas fueron múltiples. Su carácter cotidiano y tendencia a institucionalizarse, permitía justificar como “legal” la coerción sobre las organizaciones sociales y políticas disidentes. Inmediatamente después del fin de la dictadura de Ibáñez, se reprimió aplicando la ley de seguridad interior del Estado, que permitía relegar personas, embestir las manifestaciones, encarcelar, entre otras medidas discrecionales. En junio de 1932, la dictadura de Dávila endureció la legislación represiva, al promulgar el Decreto Ley 50, que proclamaba que se debía defender al Estado de “los movimientos de carácter anarquista, terrorista…que amenazan con destruir las instituciones de los Estados…”. Se tipificaba como autores de delito a quienes promovieran huelgas ilegales e hicieran “apología de hechos consideras por la ley como ilícitos”. Respecto al debido proceso, los análisis de sus contenidos concluyen que impedían “una defensa jurídica apropiada”. (Lira y Loveman, 2014 y Valdivia, 2017).

En base a este marco, unido a las prácticas represivas consuetudinarias que no requerían estatuto jurídicos –como la tortura, ejercida sistemáticamente por la Policía de Investigaciones, y la destrucción de imprentas de diarios de oposición- el Partido Comunista debió enfrentarse a adversas condiciones para desenvolverse en el naciente sistema de partidos chileno. Por este motivo, la percepción del PC era que, a tres años del término del régimen autoritario, “estamos en peores condiciones que en la funesta dictadura de Ibáñez, pues se ponen en práctica todos los decretos del ibañismo”. (El Comunista (Antofagasta) del 30 de marzo de 1934). Como decíamos, esta definición estaba asociada no solo a grandes momentos represivos (marinería, Pascua Trágica, Ranquil) o la clausura de sus medios de prensa, sino que también a sus manifestaciones cotidianas. Por ejemplo, la prensa comunista informaba la detención de sus militantes por hacer propaganda electoral, vender en la calle el periódico o por repartir volantes llamando a sindicalizarse. También Carabineros reprimía regularmente las manifestaciones públicas con sables y golpes de lanzas, dejado heridos de diversa consideración. También se acusaba el accionar de “guardias blancas”, que en connivencia con la policía, procedía a detenciones ilegales. (“Boletín del Socorro Rojo Internacional. Comité Local de Santiago”, en Bandera Roja (Santiago), 29 de octubre de 1931; “A caballazos fue disuelta la manifestación del Socorro Rojo Internacional”, en Justicia (Santiago), 4 de noviembre de 1931; “Socorro Rojo Internacional. Otras tantas modalidades de la represión policial”, Bandera Roja (Santiago), 2 de abril de 1932; “Las autoridades impiden la venta de la prensa obrera”, Justicia (Santiago), 8 de abril de 1932).

Luego de la dictadura de Dávila (1932), que se caracterizó por endurecer aún más las prácticas represivas, con el inicio del gobierno de Arturo Alessandri éstas no cesaron. Entre otras medidas, fue desaforado el diputado comunista José Vega, hubo acusaciones de complots insurreccionales, órdenes de detención contra sus dirigentes públicos, procesamientos por supuestas injurias y calumnias, aplicación de la ley de residencia, soplonaje y deportaciones, entre otras medidas. Además, en regiones conflictivas desde el punto social, como Lota o Antofagasta, se aplicaba el “estado de sitio”, cancelando las libertades públicas y los derechos ciudadanos. (“Antofagasta bajo la mordaza del estado de sitio disimulado”, en El Comunista (Antofagasta) del 3 de abril de 1933; “El gobierno continúa aplicando la más brutal reacción para llevar adelante su plan de hambre y guerra”, en Bandera Proletaria (Santiago), 17 de abril de 1933; “Con mentiras y calumnia la prensa burguesa da margen  a la anulación de los militantes del Partido Comunista” y “Los soplones hacen su ‘agosto’”, en El Comunista (Antofagasta), 8 de abril de 1933).

 Pero el episodio que refleja bien la magnitud de la represión sobre el PC durante los primeros meses del segundo mandato de Arturo Alessandri, se produjo a fines de abril de 1933. En esa fecha, reunidos en una habitación ubicada en la zona sur de Santiago, sesionaba del 9º Congreso de la organización, con 82 delegados provenientes de diversas zonas del país y su máxima dirigencia. Revelando el carácter de semi-clandestinidad que vivía el PC, la reunión se realizaba bajo el supuesto que era una “Conferencia Anti-Guerrera”. De alguna manera, la policía se enteró de la reunión, siendo detenidos todos los delegados. Bajo la aplicación del DL 50, fueron enviados a la penitenciaría de Santiago durante un poco más de un mes. (“Vivimos bajo la opresión de una nueva tiranía civilista y constitucionalista”, en Justicia (Santiago), 24 de abril de 1933 y “La reclamación del Secretario General del Partido Comunista”, El Comunista (Antofagasta), 1º de mayo de 1933). Al año siguiente, en el mes de junio sucedió algo similar, pero en el marco de un congreso de la FOCH, realizada en el marco de las secuelas del levantamiento de Ranquil, realizado en zona de la Araucanía. (Lafferte, 1971; Valdivia, 2017). Sin embargo, demostrando la continuidad de las prácticas del PC, ni siquiera en ese momento se pensó en renunciar al trabajo abierto y de masas. Los dirigentes que quedaron en libertad, en vez de sumirse en la clandestinidad o planear acciones directas, se abocaron a la organización de las manifestaciones del 1º de mayo de aquel año. Conducidos por el diputado comunista Andrés Escobar, se realizó un desfile que terminó frente a la penitenciaría, exigiendo la libertad no solo de los 82, sino que de todos los presos políticos, como era el caso de Salvador Ocampo, secretario de la FOCH, acusado de haber injuriado al presidente Alessandri. (Vega, 1970)

Al año siguiente, en el mes de junio, fueron detenidos los delegados a un congreso de la FOCH. De los inicialmente centenares de detenidos, solo a l6 se les prolongó la prisión, entre los que destacaban José Chacón y Ricardo Fonseca, acusados de, entre otras cosas, ser responsables del alzamiento que terminó con la matanza de Ranquil. Tras 17 días en huelga de hambre, los acusados fueron liberados. (Varas, 2010). Así crecía el caudal de experiencias represivas en la militancia comunista.

De esta manera, hacia 1935, cuando la Comintern viró drásticamente la línea política del Movimiento Comunista Internacional hacia la estrategia “frentepopulista”, el PC chileno había sofocado su agudas pugnas internas. Además, comenzaba a reconstruir parte del antiguo poderío de la FOCH, en medio del debate en el mundo sindical sobre la importancia de la unidad para su fortalecimiento. Por otra parte, la represión política no se detuvo con la caída de Ibáñez, por lo que las demandas democráticas de libertades públicas y el respeto de los derechos políticos, ocuparon un papel central en el activismo cotidiano de la militancia comunista. Así, el legado del período sectario fue el de un partido que acabó con las rencillas internas, pero que gracias a las continuidades de sus prácticas y discursos tradicionales, no perdió la inserción en la clase obrera chilena.  

 

La etapa ofensiva: la estrategia frentepopulista (1935-1938)

De la mano del ascenso de los nazis en Alemania y de los acontecimientos ocurridos en Francia y España, la Comintern desarrolló una nueva tesis política basada en la importancia de la unidad política contra el enemigo común. A partir de 1935, el antifascismo apareció como la principal punta de lanza contra el fascismo. Para la generación que saltó a la política en Europa durante los años ’30, el antifascismo del Frente Popular fue la experiencia política central y la principal raíz de su identidad política. (Groppo, 2007; Ceamanos, 2010). Pero sobre todo, el Frente Popular hizo que la democracia se convirtiera en el gran eje unificador en la lucha contra el fascismo y la guerra. De esta manera, el comunismo recuperó su conexión con las tradiciones democráticas de sus respectivos países, permitiéndole granjearse simpatía e influencia en el mundo de la cultura e intelectual, aparte de acrecentar su respaldo popular. (Eley, 2003).

 Si en Europa el fascismo estaba a la ofensiva, en Chile la situación era distinta. Por un lado, las fuerzas fascistas eran muy minoritarias, a pesar de su visibilidad. Por otro lado, las fuerzas conservadoras representadas por el gobierno de Arturo Alessandri, enfrentaban el ascenso del movimiento sindical y de la izquierda. Por este motivo, el movimiento político conocido en Chile como “Frente Popular”, no fue una alianza surgida solo por el empuje del antifascismo. Más bien, se transformó en una estrategia para desplazar a la derecha del poder político, en el marco de una propuesta de modernización económica capitalista. Pero, al igual que en Europa, ubicó el problema de la democracia en el centro del debate público nacional, cuestión que los comunistas venían haciendo incluso antes de la dictadura de Carlos Ibáñez. Así, la experiencia de la represión y la tradición de defender las libertades públicas se conectaron con la nueva línea frentepopulista, la que no despertó mayores rupturas internas, más allá de algunos matices, especialmente en los primeros meses luego de conocida la nueva directiva. De esta manera, el PC consolidó su presencia como una fuerza política dentro de la institucionalidad, concretando dos amenazas contra las fuerzas conservadoras: en lo social, jugando un papel importante en la unificación del movimiento sindical y en lo político, conformado un frente común contra la derecha. El ciclo se cerró exitosamente con el triunfo del candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, en las elecciones presidenciales de 1938.

En el mes de julio de 1935, en el marco del funeral del senador del Partido Radical Pedro León Ugalde, el Partido Comunista de Chile hizo un llamado oficial para conformar en Chile un Frente Popular, para detener “a la reacción y al fascismo”. (Barnard, 1977, Faúndez, 1992). Con esto, el PC terminaba de concretar el viraje desde la línea de “clase contra clase” hacia la frentepopulista. De acuerdo a un extenso informe del dirigente comunista chileno Raúl Barra Silva dirigido probablemente a la Comintern, la decisión tuvo su origen el año anterior, con el arribo en el mes de febrero a Chile de los enviados de esta organización, “encargados de plantear ante nuestro Partido el cambio de su falsa línea y una orientación clara hacia un amplio movimiento de Frente Único y de unidad en todos los frentes de trabajo”. (Raúl Barra Silva, “Informe político”, 25 de diciembre de 1937, RGASPI 495.269.17). Tal como lo había señalado en sus memorias, el peruano Eudocio Ravines, enviado por la Comintern a Chile, este jugó un papel importante en la implementación de la nueva orientación política del comunismo. En Chile, algunos dirigentes y otros delegados de la Comintern, mantenían dudas sobre el grado de acercamiento hacia el centro político que ésta implicaba. (“Carta del delegado de Profintern en Chile a la sede central en Moscú. 05.08.1935”, en Ulianova y Riquelme, s/f). Ante ellos, Ravines impuso firmemente las nuevas definiciones. Sin embargo, otros informes, en sentido contrario, resaltaban que “los cambios tácticos fueron recibidos por las bases del partido con mucho entusiasmo”. (“Reunión del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista con representantes del PCCh. 20.10.1935 (Estenograma), en Ulianova y Riquelme, s/f). Con todo, la estadía de Ravines en Chile fue pasajera, porque desarrolló una pésima relación con la dirección del partido, tal como lo demuestra las opiniones vertidas por los dirigentes chilenos a los representantes de la Comintern. Incluso, la dirección del PC, como una manera de manifestar su descontento hacia su figura, decidió renunciar a su alto cargo. Finalmente, el delegado peruano fue trasladado a otro país.

De esta manera, los comunistas implementaron la política del Frente Popular con bastante autonomía ante la Comintern, entidad que dudaba de las decisiones y actitudes del partido. En particular, se insistía en el bajo nivel político de sus dirigentes, en la errónea selección de quienes serían sus “cuadros” y sobre el inminente riesgo que éstos cayeran en “desviaciones” de izquierda y/o de derecha. (“Bernard”, “La política de cuadros en el P.C. de Chile”, del 7 de agosto de 1937, en RGASPI, 495.270.17 y “Horacio”, “Sobre el derechismo en el Partido Comunista de Chile”, marzo de 1937, RGASPI 495.270.17.) Con todo, valoraba positivamente las “enormes repercusiones” que la conformación de la nueva coalición había tenido y visualizaba que el gobierno de Alessandri “estaba alarmado por esta concentración de fuerzas democráticas, lo que los obligó a disminuir la represión y a maniobrar para atraer al Partido Radical al gobierno”. (“La situación política en Chile y las tareas del Partido Comunista en Chile”, de enero de 1936, en RGASPI 495.133.12, p.25.).

Como ha sido señalado, durante los primeros años de la constitución del Frente Popular, el Partido Comunista se vio ampliamente beneficiado por la política de coaliciones amplias. Superada la etapa de la subsistencia, propia de los primeros años de la década de 1930, se consolidó un número significativo de militantes. De acuerdo al citado informe del dirigente Galo González, fechado a fines de 1937, el PC contaba en ese entonces con una cifra aproximada de 8 mil afiliados, divididos en 351 células (200 de fábrica), 50 comités locales y 14 comités regionales. Existían “fracciones” comunistas, según González, “en todos los organismos nacionales”: Frente Popular, CTCH, Alianza Libertadora de la Juventud, Comité Pro Ayuda a España, Movimiento por Emancipación de las Mujeres de Chile, Estudiantes Universitarios, Liga de los Derechos del Hombre. Además, en toda las Federaciones Industriales Nacionales (panificadores, construcción, metalúrgicos, marítimos y portuarios, ferroviarios, textiles, obreros municipales, profesores, empleados, suplementeros). (Galo González, “Informe de organización”, 19 de diciembre de 1937, p.11, RGASPI, 495.269.17, p.4 y 5). El seguimiento de la prensa de la época, demuestra que efectivamente el PC tenía presencia en los organismos de masas señalados por González en su informe.

Con todo, la organización se mostraba muy descontenta con su funcionamiento, pues persistían en algunas regiones las organizaciones barriales sobre las de fábrica o, donde las había, su activismo era considerado insuficiente. (“Vida del Partido”, en Bandera Roja (Santiago) del 30 de mayo de 1936. Esto ha sido recalcado por Barnard, 1977). Desde nuestra óptica, esto demuestra que si bien la bolchevización del PC había sido exitosa para eliminar a los que cuestionaban las decisiones de la Comintern, no lo había sido tanto en la cultura organizacional de los militantes comunistas chilenos. La disconformidad mostrada tanto por los delegados del BSA como por la dirección comunista sobre las insuficiencias teóricas, formativas y orgánicas del PC chileno, demostraba la persistencia de cierto sentido común militante, que hacía pervivir prácticas y formas largamente arraigadas en la cultura organizacional de la colectividad.  Así, el comunismo chileno, aunque disciplinado, todavía estaba lejos de ser un aparato partidario ciento por ciento bolchevizado con un funcionamiento casi óptimo. Existía una brecha entre los dirigentes (poseedores de mayor formación política) y una base militante dispuesta a obedecer, pero con grados de autonomía expresado en el quehacer cotidiano. Fue a través de esta vía donde se prolongaron las tradiciones nacionales del Partido Comunista.

Este proceso interno del PC coincidió con la política del Frente Popular. Al igual que en Europa, la colectividad comenzó a rescatar figuras pertenecientes al panteón nacional, como el prócer liberal José Victorino Lastarria, a las que se unieron las propias, como la de Luis Emilio Recabarren. (Barnard, 1977). Además, estableció que la disyuntiva fundamental del período era la contradicción entre democracia y fascismo, por lo que el esfuerzo principal de la organización era enfrentarse a las medidas e iniciativas legales represivas de la administración alessandrista. Estas fueron asimiladas a las que allanaron el camino al poder a Hitler en Alemania; por lo tanto, la convocatoria era evitar “el triunfo del fascismo”, que para los comunistas estaba representado por la derecha y Gustavo Ross, su candidato presidencial en 1938. Como lo señalaba, Carlos Contreras Labarca, secretario general del PC, “la existencia y la seguridad de Chile como nación están en peligro…”, razón por la que los comunistas defendían “una amplia y vigorosa política de masas, una política creadora y constructiva, una política verdaderamente nacional y democrática”. (“Los comunistas, el Frente Popular y la Independencia nacional. Discursos de Elías Lafferte y Carlos Contreras Labarca en el Senado y la Cámara de Diputados”, 1937). En resumen, en esta etapa de su historia, el PC se abrió hacia otras capas y sectores sociales, desenfundando las banderas de la democracia, la patria (en clave nacional-popular) y la soberanía nacional. Unido a su origen obrerista –consolidado en este período- basado en una inserción real en el movimiento obrero, el PC buscaba convertirse en un importante referente político y social en el país. En este período, los comunistas comenzaron a contar con la simpatía de intelectuales y representantes del mundo de las artes y la cultura. Algo similar que ocurría en otras partes, como Argentina y Brasil.  (Dalmás, 2013; Camarero, 2007).

Un aspecto fundamental para entender el expectante posicionamiento de los comunistas en la coyuntura previa al triunfo del Frente Popular en la elección presidencial de 1938, consistió en su exitosa inserción en diversas organizaciones sociales. En este plano, un lugar protagónico lo ocupó el movimiento sindical. Hacia 1935, existían tres corrientes en el sindicalismo chileno. La mayoritaria estaba organizada en la Confederación Nacional de Sindicatos de Chile (CNS), compuesta por el sindicalismo legal y de orientación socialista. La seguía la FOCH, controlada por los comunistas. Por último, la Confederación General de Trabajadores (CGT), de raigambre anarquista. El proceso de confluencia de la mayoría de estas y otra organizaciones, culminó exitosamente en diciembre de 1936, cuando se creó la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH). (Garcés, 1985: Rojas, 1986).

En este proceso unitario, tuvieron un papel muy relevante las huelgas de los trabajadores ferroviarios ocurridas en enero de 1935 y febrero de 1936. Producto del carácter estratégico de su función, el gobierno de Alessandri reprimió la de 1935 a través de la aplicación del DL 50, procedió a la exoneración de trabajadores, al encarcelamiento de dirigentes políticos sociales y políticos (fue el caso del líder comunista Elías Lafferte) y muchos fueron sometidos a torturas por la policía. La de comienzos de 1936 provocó que el gobierno impusiera el “estado de sitio” en abril de aquel año, abriendo un ciclo represivo consistente en relegaciones y encarcelamientos de dirigentes políticos y sociales. Como corolario, a fines de año, el gobierno envió al parlamento un proyecto de ley de seguridad interior del Estado, aprobado a comienzos de 1937. (Garcés, 1985; Lira Loveman, 2014).

Ante la ofensiva represiva patronal, las tendencias unitarias dentro del movimiento sindical recibieron un impulso decisivo. Como lo afirma Mario Garcés, las huelgas ferroviarias fueron las principales catalizadoras del movimiento obrero, al proyectarlo nacionalmente y “contribuir a la unidad social y política de la oposición”. (Garcés, 1985) Hacia 1934, el principal obstáculo para la unidad del movimiento sindical era consensuar las posiciones ante el Código del Trabajo. Mientras que la FOCH y la CGT persistían en rechazarlo, la CNS todavía validaba el sindicalismo legal. (Manifiesto de la FOCH a la CNS en Justicia (Santiago), 9 de junio de 1934). Sin embargo, la huelga ferroviaria había sido declarada ilegal porque el Código del Trabajo prohibía la existencia de gremios en el sector público y con mayor razón, el derecho a huelga. Esto instaló, en la práctica, la necesidad de romper con la institucionalidad laboral vigente. Así, la CNS reconoció la necesidad de rechazar el Código del Trabajo, abriendo las puertas para entenderse con la FOCH y la CGT. Por su parte, la central bajo control comunista, influida por los aires unitarios de la política frentepopulista, en mayo de 1935 propuso superar las organizaciones existentes y crear una nueva central unitaria. Respecto al sindicalismo legal, la FOCH se abrió a su reconocimiento, al aceptar que existía una diversidad de organizaciones sindicales. Para la Federación, una vez concretada la unidad del movimiento obrero, democráticamente se resolvería la estrategia que éste seguiría. De esta manera, se creó la CTCH, basada en el acuerdo de reconocer la existencia en su interior de diversas corrientes ideológicas. (Rojas, 1986). El Partido Comunista se mostró muy conforme con la concreción de la unidad sindical (“Informe sobre las organizaciones de masas. La situación de los obreros y de los sindicatos en la nueva central”, en RGASPI 495.274.17.). Su fundación consolidó uno de los aspectos más característicos de la cultura sindical chilena: la aceptación de la normativa legal, en la medida que reconocía la existencia de los sindicatos, pero movilizaciones ilegales cuando se consideraran necesarias para imponer sus demandas.

Con la unidad del movimiento sindical, las cifras de trabajadores movilizados y de huelgas siguieron con la tendencia al alza que había mostrado el primer lustro de la década.

 

Número de trabajadores comprometidos en huelgas

Año

 

1936

84.699

1937

116.378

1938

125.972

           

            También continuó el alza del número real de huelgas (legales e ilegales), demostrando el aumento del número de sindicatos con capacidad de presionar al sector patronal:

Año

Huelgas ilegales

Huelgas legales

Total

1936

2.977

4.781

7.758

1937

2.569

460

3.029

1938

3.419

7.954

11.373

Fuente: Rojas (1986)

 

En resumen, a pesar del estado de sitio (1936) y la aprobación de la ley de seguridad interior del estado (1937), el movimiento sindical mostró suficiente fortaleza para promover la movilización social, especialmente luego de 1937, cuando bajaron ostensiblemente las huelgas legales, cuestión que se recuperó con creces al año siguiente. Un papel importante en el éxito del proceso de unidad sindical y del aumento de las huelgas lo tuvo el Partido Comunista, producto de su consolidada presencia en el movimiento sindical. Las iniciativas del gobierno para crear leyes represivas, demostraban la gravedad que tenía para los sectores dominantes la supuesta “amenaza comunista” en el movimiento sindical. (Garcés, 1985). Además, su incorporación al Frente Popular fortalecía la existencia de una alianza político-social contra la derecha.

Por otra parte, los comunistas también lograron tener influencia en sectores no obreros. Fue el caso de la Federación de Maestros, organismo hegemonizado por el PC. Como ya decíamos, durante la dictadura de Dávila fue asesinado por la policía el profesor Manuel Anabalón Aedo, militante comunista e integrante de la Federación. A comienzos de 1933, se realizó en Concepción la II Convención Nacional de Maestros de Chile. Los sectores anticomunistas la tildaron de ser un nuevo complot comunista, lo que justificó la represión alessandrista y la exoneración de los 160 delegados a la Convención. Años más tarde, la Federación de Maestros se unió a otras corrientes del profesorado, creando una organización unitaria llamada Unión de Profesores de Chile. Esta participó activamente en la conformación de la CTCH. Por su parte, los profesores exonerados en 1933 formaron el Comité Nacional de Maestros Exonerados, que luchó varios años exigiendo su reincorporación a sus fuentes de trabajo. (Luis Corvalán, Ricardo Fonseca, combatiente ejemplar, Santiago, Austral, 1971, p. 84 y ss.; “¡5 años!” y “¡5 años exonerados!”, en Frente Popular (Santiago), 20 y 21 de enero de 1938).

Por otra parte, los comunistas formaron parte de la estrategia sindical del período. Esta consistía en desplegarse en tres frentes: las demandas salariales por medio de huelgas legales e ilegales; la protesta contra el incumplimiento del Código del Trabajo y parte del articulado de éste y, por último, la promoción de la unidad de las asociaciones gremiales de base, para crear confederaciones y federaciones con el objetivo de potenciar la negociación por rama de la producción. Sobre las huelgas, muchas se realizaron bajo estado de sitio, como la de los obreros baldosistas en 1936, evaluada como un símbolo de que el movimiento obrero era capaz de levantarse después del aplastamiento de la huelga ferroviaria de febrero de aquel año. Tras dos meses en huelga, contó con el respaldo de otros sectores laborales y contribuyó a la unidad sindical a nivel nacional. Esta movilización abrió el camino a múltiples huelgas realizadas ese año, destacando la de los panificadores y metalúrgicos, entre otras. (“Los obreros baldosistas, unidos, luchan contra el frente patronal”, en Bandera Roja (Santiago), nº 1, primera semana de mayo de 1936). Al año siguiente, fue el turno de la movilización de los trabajadores del carbón de Schwager, cuya magnitud provocó que el gobierno decretara estado de sitio en la zona sur del país. En su apoyo, se conformó un Congreso de la Subsistencia en Concepción, representativo de más de 80 organizaciones sociales de distintas localidades del país. (Frente Popular (Santiago) entre los meses de mayo y junio de 1937). Por otra parte, la CTCH promovió una “campaña contra el hambre” y se incorporó a otra contra el alza de tarifas promovida por el Frente Popular, que se expresó en movilizaciones a nivel nacional, pero también a nivel de base y barrial. (“Campaña contra el hambre”, Frente Popular (Santiago), 10 de julio de 1937, “De los habitantes de Santiago contra el alza de tarifas” y “40 poblaciones obreras y 250 sindicatos se unen a la campaña contra el alza de tarifas”, en Frente Popular (Santiago), 17 y 21 de enero de 1938). Por último, antes y después de la conformación de la CTCH, se promovió la unidad de los sindicatos de base en torno a asociaciones intermedias, en función de potenciar su poder negociador. Ya mencionábamos el caso de la Unión de Profesores. Pero también destacaron los casos de los estucadores (Unión Gremial se sumó a la Unión en Resistencia), la Federación de Trabajadores Mineros de Chile, la Federación Nacional de Sindicatos de la Madera y los acercamientos de la Asociación de Empleados de Chile (ASECH) con otras agrupaciones con el objetivo de lograr la creación de una sola federación del sector. (“Creación de una Central Nacional será el objetivo del Congreso de la madera”; “Estucadores sellaron la unidad”, “La Federación de los trabajadores mineros es una realidad desde ayer”, “Unir a los empleados en una potente federación”, en Frente Popular (Santiago), 28 de febrero, 1º , 2 y 18 de marzo de 1938).

Así, durante la década de 1930 el movimiento sindical potenció su capacidad de presión en base a una estrategia de unidad por la base y por la cabeza del movimiento, conectado a poner en el centro de la discusión demandas sentidas por los trabajadores y, en un tercer nivel, conectarlo con la defensa de la democracia en el país contra el autoritarismo de la derecha. La izquierda (PS y PC) capitalizaron política y electoralmente esta exitosa estrategia.

En otro plano, los comunistas lograron influir en otros actores sociales. En el caso de la Federación Juvenil Comunista, siguió un complejo camino para convertirse en factor político relevante en el mundo juvenil. Fundada oficialmente en septiembre de 1932, hasta fines de 1934 su desarrollo fue limitado, repitiendo la línea de “clase contra clase” basada en el Frente Único Obrero-Campesino por la base. También se vio afectada por el enfrentamiento con el sector hidalguista. A pesar de las limitancias impuestas por el sectarismo de la línea comunista, algunos informes internos señalaban que hubo avances gracias a campañas antibélicas organizadas junto a las “Juventudes Metodistas” (evangélicos) y otras fuerzas de izquierda. En 1935, esto cristalizó en la conformación del “Frente Único” de las juventudes trabajadoras, junto a jóvenes socialistas, democráticos, y radicales. (“Notas sobre las Juventudes Comunistas de Chile (extracto). 09-12.1935”, en Ulianova y Riquelme, s/f); Loyola, 2014)

Hacia 1936, la dirección de la FJC contabilizaba 4 mil militantes, que actuaban en la legalidad, construyendo tejido social en base a actividades deportivas y culturales. Contaban con un local donde funcionaban públicamente, rompiendo con las medidas represivas del gobierno. La organización poseía un conjunto artístico y organizaba escuelas nocturnas. (“Fragmentos de carta de L. Frías enviada a México a E.L.G., 03.08.36”, en Ulianova y Riquelme , s/f.). Con la política del Frente Popular, la FJC implementó la Alianza Libertadora de la Juventud, cuyo objetivo eran aglutinar a los jóvenes antifascistas partidarios de la paz, en el contexto del ascenso del fascismo en Europa. Reunió a jóvenes socialistas, radicales y demócratas. En septiembre de 1937 realizó su primer congreso, que habría reunido a más de 400 delegados. Su programa planteaba la defensa de los derechos de los jóvenes: la cultura, la salud, la educación, los derechos políticos y sindicales. Además, apoyó a los movimientos antifascistas y de liberación nacional en el mundo (especialmente a la República española). Durante su existencia, convocó a masivas manifestaciones callejeras contra el fascismo y el gobierno de Arturo Alessandri. Según un informe interno, antes de las elecciones de 1938, contaba con unos 20 mil integrantes, que desplegaban actividades asociativas en la base: clubes deportivos, círculos artísticos, literarios y musicales. Reflejando el giro nacional que implicó el viraje frentepopulista, las organizaciones de base creadas a nivel barrial, fabril y poblacional recibieron nombres de los próceres de la independencia de Chile. (Raúl Barra Silva, “Informe político”, 25 de diciembre de 1937, RGASPI 495.269.17; “Tareas de la Federación Juvenil Comunista chilena. 10.03.1938”, en Ulianova y Riquelme, s/f.).

La FJC se posicionó dentro de la Alianza instalando en su agenda lo que los comunistas denominaban “las reivindicaciones inmediatas”. Un ejemplo lo constituyó la campaña para construir piscinas públicas en barrios obreros, con el objetivo que los clubes deportivos populares pudieran desarrollar sus actividades. En ese marco, se creó el Comité Pro Deporte Popular, que coordinó las actividades y demandas de los clubes deportivos. De acuerdo a los cálculos realizados por los delegados de la Comintern, hacia septiembre de 1938, la FJC contaba con más de 50 sedes y contaba con unos 5 mil inscritos. En el mundo universitario, tenía 7 células, con 250 militantes. También tuvo presencia entre los estudiantes secundarios, creando la Federación de Estudiantes Secundarios y Técnicos (FETS), que tenía presencia en Santiago, Valparaíso y Temuco. Así, de acuerdo a los delegados de la Comintern, el papel de la FJC durante la campaña presidencial de 1938, la “revelaba como una organización fuerte y combativa”. Aunque es probable que estas cifras fueran exageradas, de todas formas reflejaban el crecimiento del radio de influencia comunista en el mundo juvenil. Esto se expresaba también en la edición a partir de 1938 de la revista Mundo Nuevo, con un tiraje de 4 mil ejemplares, orientada específicamente a los jóvenes. Las Juventudes Comunistas también orientaron esfuerzos hacia el mundo indígena. Participaron en la creación de la Federación Juvenil Araucana y se enviaron militantes a recorrer la región de la Araucanía. Según un informe, “el trabajo entre los mapuches se trata de hacer de la manera más elemental, formando grupos de lectores, de aprendices de aritmética, de escritura, clubes de football y deportes de la raza, sociedades de ayuda mutua….se creará un conjunto teatral y musical que recorrerá el país, dando a conocer las costumbres de la Araucanía”. (“La Federation des Jeunesses Communistes Du Chili dans la lutte pour une jounesse libre et heureuse dans un Chili libre!”, en RGASPI 495.264.17. p.4; Corvalán, 1997).

Por último, la FJC decidió disolverse en la Alianza Libertadora de la Juventud, como una forma de fortalecer a este organismo unitario. El 10º Congreso del PC, celebrado a comienzos de 1938, resolvió reconstituir la organización juvenil comunista. A partir de esta etapa, adoptó definitivamente el nombre de Juventudes Comunistas de Chile y la conocida sigla JJ.CC. Esto, según se ha planteado, formaría parte del proceso de nacionalización del comunismo. En medio de las acusaciones que señalaban que el Frente Popular y el propio PC eran instrumentos de la Unión Soviética, el nuevo nombre de la organización juvenil comunista reforzaba su carácter nacional. (Loyola, 2014).

Un ámbito en donde los comunistas lograron ampliar su influencia fue en el de los derechos de la mujer. En 1935 concurrieron, junto a militantes radicales, socialistas e independientes, a la creación del Movimiento pro-Emancipación de la Mujer (MEMCH), cuya principal bandera de lucha eran denunciar la carestía del costo de la vida, el avance del fascismo en Europa y su apoyo al Frente Popular. Paralelamente, se planteó la demanda por los derechos civiles de las mujeres, que años más tarde se convertiría en su principal reivindicación. Durante este período, convocó a diversas manifestaciones públicas, incluida la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, logrando romper en parte la invisibilización política de la mujer. Según un informe del PC, a fines de 1937, el MEMCH contaba con unas 500 afiliadas en Santiago y unas 200 en provincia. Era dirigido por un Consejo Ejecutivo compuesto por 13 personas, de las cuales cinco eran comunistas. La dirección del PC criticaba al MEMCH preservar fuertes dosis de sectarismo, al negarse a incorporar a mujeres católicas, considerado “el mayor obstáculo para el crecimiento del movimiento”. (Raúl Barra Silva, “Informe político”, 25 de diciembre de 1937, RGASPI 495.269.17, p.13; Gaviola, 2007).

La Liga de los Derechos del Hombre, el Movimiento Pro-Ayuda a España y la Alianza de Intelectuales de Chile fueron entidades que no agruparon a miles tras sus filas, pero para los comunistas su importancia radicó en que amplió su influencia en sectores no obreros. Constituyeron instancias socio-políticas en las que el PC rompía con su imagen sectaria y abría redes de diálogo con un amplio espectro de militantes e independientes de centro e izquierda. Además, los colocaba a la cabeza de la defensa de la democracia en Chile. Por ejemplo, la organización de solidaridad con España fue producto de la unidad de distintos comités que apoyaban la causa republicana en la península ibérica. Así, el presidente fue Luis Galdames, militante radical y Decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Dos médicos y un escritor comunista quedaron en la directiva, a la que se sumaron el escritor Santiago del Campo, el poeta Vicente Huidobro y el profesor universitario boliviano José Antonio Arce. Su principal actividad en 1937 fue una manifestación de solidaridad con España el día 12 de octubre en Santiago, que contó con un importante marco de público (60 mil personas, según un informe dirigido a la Comintern), junto a la presencia de intelectuales y dirigentes del Frente Popular. (Informe sobre Comité Chileno Pro-Socorro a las Víctimas de España, del 30 de septiembre de 1937, RGASPI 495.274.17).

En el caso de la Liga de los Derechos del Hombre, fue la expresión de la unidad de las organizaciones que ayudaban a las víctimas de la represión, como el Socorro Rojo Internacional (PC) y el Socorro Socialista. Integrado al Frente Popular, su dirección quedó conformada por intelectuales de distintas corrientes ideológicas pertenecientes a esta coalición. A fines de 1937, componía su Dirección Nacional el abogado Santiago Wilson, de filiación demócrata y ex Ministro de Bienestar Social del Presidente Manuel Trucco. Por el Partido Comunista destacó la participación de Enrique Kirberg. La Liga cobró protagonismo luchando contra las políticas represivas del gobierno de Alessandri. Tal como en el caso de la organización de solidaridad con España, la Liga permitió expandir la presencia comunista en ámbitos, como el de los intelectuales, en los que antes apenas influían. (Raúl Barra Silva, “Informe político”, 25 de diciembre de 1937, RGASPI 495.269.17, p.12. “Potente grito en defensa de la libertad fue Conferencia de los Derechos del Hombre”, Frente Popular (Santiago), 12 de diciembre de 1937).

Desde el punto de vista político, con el Frente Popular el PC retomó la práctica de emplear alianzas políticas para alcanzar cupos parlamentarios. En las elecciones de marzo de 1937, los comunistas obtuvieron el 4,16% de los votos. Cifra modesta, pero que representaba una significativa alza respecto a las presidenciales de 1932. Además, como era parte de una alianza, concentró sus candidatos solo en algunas zonas. Esto le permitió elegir un senador (Elías Lafferte) y seis diputados (Juan Guerra, Amador Pairoa, Andrés Escobar, José Vega, Marcos Chamudes y Carlos Contreras Labarca). En el ámbito local, en las elecciones de regidores de 1935 el PC presentó una lista en solitario, alcanzando solo 4 mil votos y cinco regidores electos. En cambio, en las de abril de 1938, formando parte del Frente Popular, obtuvo 25.175 sufragios (7% a nivel nacional), eligiendo 42 regidores. De acuerdo a los análisis de los resultados de las elecciones parlamentarias de 1937, cerca del 40% de los votos comunistas se concentraban entre los obreros y estibadores de Santiago y Valparaíso. En Santiago, lo hacía en lugares donde vivían trabajadores industriales. El otro 40% de los votos del PC provenían del “Norte Grande”, entre los trabajadores del cobre y del salitre. El resto de la votación se aglutinaba en las zonas obreras de Concepción y de la cuenca hullera de Lota. (Barnard, 1977; Drake, 1992).

Como lo señala Andrew Barnard, para evitar la crisis de 1926, cuando la fracción parlamentaria se convirtió en un eje alternativo a la conducción del Comité Central del partido, la elección como senador y diputado de Elías Lafferte y Carlos Contreras Labarca (presidente y secretario general de la organización), buscó bloquear esta situación. En todo caso, la evaluación sobre el papel de los parlamentarios durante 1937 era negativa, por los escasos proyectos legislativos que sus representantes habían planteado en la cámara. Se decía que el PC no había sido capaz de mostrar que “presentamos soluciones claras de cómo se puede y se debe mejorar las condiciones del pueblo y defender los intereses del país”. Por el contrario, se valoraba más la labor que los parlamentarios habían efectuado fuera del Congreso, haciendo activismo a lo largo del país, solidarizando con huelgas y dando visibilidad a diversos conflictos sociales.  (Raúl Barra Silva, “Informe político”, 25 de diciembre de 1937, en RGASPI 495.269.17, p.15). De esta forma, el PC, con una votación menor que otras fuerzas de izquierda, como el PS, consiguió un espacio político institucional que acrecentó su presencia política a nivel nacional.

Por último, gran parte del activismo público comunista se concentró en las denuncias contra la represión desplegada por la administración alessandrista. Esta afectó no solo a los militantes comunistas, sino que a otros partidos políticos, a las organizaciones sociales y a la prensa opositora a la gestión del mandatario derechista. (Lira y Loveman, 2014). En esta etapa, el PC comenzó a salir de las condiciones de semiclandestinidad que predominaron durante el primer lustro de la década. Sin embargo, la represión continuó siendo parte de su experiencia cotidiana, convirtiéndose la denuncia de ésta en la principal bandera reivindicativa del PC, pues quedaba en perfecta sintonía con la tesis frentepopulista: la defensa de la democracia en contra del avance del fascismo. De esta forma, la combinación entre la demanda por la defensa de la democracia y el activismo de la militancia comunista, se consolidó durante los primeros años de existencia del Frente Popular. La pertenencia a esta coalición estableció como política oficial del PC unas demandas (la defensa de los libertades públicas) y unas prácticas (basadas en la denuncia de la represión), existentes de larga data en la organización.

En un primer nivel, durante esta etapa la persecución contra el comunismo se manifestó tanto sobre sus dirigentes como contra la existencia misma de la organización. En el marco del torbellino represivo desatado después de la huelga ferroviaria de 1936, el local de la FOCH de Santiago fue allanado en reiteradas ocasiones, bajo el supuesto que se preparaba un complot subversivo. La misma medida se aplicó contra las imprentas Antares, Cóndor y Gutemberg, ligadas al PC. La supuesta impresión de un periódico anónimo llamado El Carabinero, justificaba la represión contra el comunismo. Los resultados de las pesquisas fueron infructuosos. (“Provocación policial” en Bandera Roja (Santiago), 3º semana de julio de 1936). En un plano jurídico, a comienzos de 1937 Ramón Zañartu, director del Registro Electoral, rechazó la inscripción legal del PC, trámite necesario de cara a las elecciones parlamentarias de marzo de aquel año. Zañartu fundamentó su decisión señalando que la doctrina del PC “atenta contra el régimen legal y constitucional de la República y coloca DE HECHO al Partido Comunista al margen de la ley”. Repudiada por sus aliados del Frente Popular, esta medida se convirtió en un boomerang contra la autoridad, pues el PC acusó que el verdadero peligro contra la democracia lo constituía la arbitraria medida del Registro Electoral. Ante la opinión pública, en pleno clima electoral, el PC aparecía como víctima de la ola represiva promovida por el gobierno.( “Diputado Carlos Vicuña acusa”, Frente Popular (Santiago), 4 de febrero de 1937; “Se rechaza inscripción del Partido Comunista” y “Cuatro opiniones autorizadas”, en Frente Popular (Santiago), 19 y 20 de enero de 1937). Por último, tampoco estuvo ausente la represión directa sobre los militantes comunistas. Tal vez el caso más bullado fue el de Luis Hernández Parker. Al momento de ser capturado en abril de 1937 por la Policía en Argentina, era el máximo dirigente de la Federación Juvenil Comunista. Fue sometido a brutales torturas físicas. Según su testimonio, estuvo 15 días en una celda de aislamiento, tiempo en el que habría recibido solo siete veces alimentación. Se le aplicó la picana eléctrica; más tarde fue introducido a un baño frío y le dieron un golpe eléctrico. Producto de sus confesiones a la policía trasandina, Hernández Parker fue expulsado de la organización. (El testimonio completo de Luis Hernández Parker, en Boletín del Comité Central del Partido Comunista nº 4, (Santiago), agosto de 1937, en RGASPI 492.273.17). Aunque ocurrido en Argentina, el caso del otrora líder de la FJC es un ejemplo de la realidad a la que se exponía la militancia comunista en estos años. La existencia legal difícilmente era aceptada por una parte de la autoridad, muchos de sus militantes eran prófugos de la justicia y por ello, no era extraño que en fechas tan tardías como 1937, se estimara que el PC vivía en condiciones de semilegalidad.

Durante esta etapa, fue sistemática la represión contra el movimiento sindical. En 1936 el recientemente constituido Frente Popular, presentó un proyecto de ley para obtener la libertad de los presos políticos y la reposición en sus puestos de trabajo de los exonerados por participar en movimientos huelguísticos. Esto ocurría en el contexto posterior a la huelga ferroviaria, cuando numerosos trabajadores pertenecientes a ese gremio, obreros del carbón y metalúrgicos, entre otros, se encontraban próximos a ser condenados por delitos “subversivos”. Rechazado este proyecto, los ferroviarios emprendieron una prolongada e infructuosa campaña por la libertad de sus compañeros detenidos. Los últimos diez trabajadores ferroviarios detenidos por la huelga de febrero de 1936, fueron liberados en septiembre de 1937. (“Cumplida su consigna de libertar los ferroviarios presos, la Liga de los D. del hombre trabaja por su reincorporación”, Frente Popular (Santiago), 21 de septiembre de 1937). En todo caso, el acoso contra los dirigentes sindicales, fueran a no comunistas, era una práctica permanente: presencia policial e infiltrados en los sindicatos legales; extrañamiento de dirigentes carboníferos; encarcelamiento e incomunicación de dirigentes de Potrerillos, etc. (“Extrañado dirigente obrero”, en Frente Popular (Santiago), 25 de febrero de 1937; “Ofensiva contra dirigentes sindicales de Schwager”, Frente Popular (Santiago) del 6 de mayo de 1937; “Terror policial en los sindicatos legales”, Frente Popular (Santiago), 2 de julio de 1937; “Encarcelado e incomunicado el presidente del sindicato de Minas y Vegas de Potrerillos”, Frente Popular (Santiago),  14 de marzo de 1938).

Esta situación se vinculó estrechamente con la permanente campaña en defensa de las libertades públicas. Durante 1936, aprovechando el estado de sitio, el gobierno tomó diversas medidas represivas contra la oposición. Esto significó nuevas restricciones a la libertad de reunión, relegaciones, la detención del dirigente socialista Óscar Schnake y el procesamiento de Marmaduke Grove y Juan Bautista Rosseti, dirigentes del mismo partido. En el mismo período, fueron encarcelados los responsables del medio de prensa comunista Bandera Roja. Para el PC, el problema radicaba en que “no se trata de encarcelar y atropellar solamente a los comunistas y de silenciar nuestros órganos. Se trata de atropellar y conculcar las exhaustas libertades democráticas de este país. Se trata de acallar la voz de la oposición. Se trata de ahogar la voz del pueblo…” (“¡Contra la autocracia, por la libertad!”, Bandera Roja (Santiago) nº 10, 2º semana de julio de 1936). Semanas más tarde, se produjo la detención de Schnake y el procesamiento de Grove y Rosseti. (“Nuevo paso hacia la dictadura”, Frente Popular (Santiago), 24 de septiembre de 1936 y “Declaración del Partido Comunista”, Frente Popular (Santiago), 23 de octubre de 1936.).

En julio de 1937, fue el turno de la clausura del medio Frente Popular, acusado de incitar al ejército a la subversión, causa por la que fueron procesados el director y subdirector del principal medio de prensa del PC. Pocos días más tarde, era detenido Jorge Délano, director de la revista de humor político Topaze. Absuelto semanas más tarde, volvió a ser encausado en enero de 1938 y al mes siguiente, la policía asaltó el local de la revista, destruyendo los ejemplares existentes en el lugar. En marzo se conoció la condena a relegación contra el subdirector de Frente Popular por el caso iniciado en julio del año anterior. En este contexto, el PC, a través de la Liga de los Derechos del Hombre, desplegó una fuerte campaña en defensa de la libertad de prensa, en solidaridad contra los medios atacados por el gobierno y en defensa de las libertades democráticas. (Sobre estos casos, Frente Popular (Santiago) durante el mes de julio de 1937 y marzo de 1938.).

Todas las campañas anteriores fueron coronadas por la que se movilizó contra el proyecto de ley impulsado por el gobierno sobre seguridad interior del Estado, presentado al congreso el 24 de noviembre de 1936. Aprobado en febrero de 1937 por la oficialista mayoría parlamentaria, perfeccionó los mecanismos represivos previamente existentes. (Lira y Loveman, 2014). Tal como había ocurrido con las huelgas ferroviarias de 1935 y 1936, que coadyuvaron a acelerar el proceso de unidad sindical, la denominada “ley maldita” fortaleció los lazos entre actores sociales y políticos. Así se desprendía de la coordinación entre el Frente de Unidad Sindical (antecesor de la CTCH), el Frente Popular, La Liga por la Defensa de los Derechos del Hombre y la Federación de Estudiantes de Chile, los que junto a intelectuales y personalidades del país, acordaron constituir un organismo unitario para rechazar el proyecto. Por su parte, la Alianza Libertadora de la Juventud y la FECH también realizaron manifestaciones públicas en el marco de la denominada “lucha por las libertades públicas”. (“Acción única por las libertades públicas” y “La juventud a la vanguardia de la lucha por las libertades públicas”, en Frente Popular (Santiago) del 23 y 30 de noviembre de 1936). En los meses de diciembre de 1936 y enero de 1937, se realizaron numerosas manifestaciones callejeras y nuevas coordinaciones unitarias, como el Congreso Nacional en Defensa de las Libertades Públicas, compuesto organismos sindicales, vecinales, pensionados y personalidades como Horacio Hevia, Carlos Vicuña Fuentes, Jorge Mery, Eugenio Orrego Vicuña, Marmaduke Grove y Salvador Ocampo, que representaban a las distintas fuerzas políticas y sociales que confluían en el Frente Popular. (“Afirmación de fe democrática”, en Frente Popular (Santiago) del 30 de diciembre de 1936).

Para los comunistas, estas campañas “por las libertades públicas”, realizadas durante los primeros meses de existencia del Frente Popular y en medio del desarrollo de procesos unitarios en el movimiento sindical, reforzaron el imaginario antifascista. La épica de la unidad contra el enemigo común, se materializaba en la figura de un régimen marcado por una inconfundible vocación autoritaria: “…he aquí que estamos en pleno corazón de esta lucha antifascista, en nuestro propio país, frente a nuestra propia oligarquía bárbara y opresora, en la necesidad de combatir por nuestra propia democracia….Hombres de pensamiento, partidos, organismos, todos debemos movilizarnos unánimes, en filas apretadas, en defensa de la Democracia…”. (“Crisis de la democracia”, Frente Popular (Santiago), 6 de noviembre de 1936).

Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones presidenciales de 1938, parecían cumplirse los peores presagios agitados por las fuerzas anticomunistas desde la caída de Ibáñez a mediados de 1931. El candidato apoyado por los comunistas triunfaba en las urnas, pero sin embargo no se concretó el supuesto colapso institucional y moral que esto produciría. En la práctica, la “amenaza comunista” se tradujo en la consolidación de la presencia institucional de la izquierda marxista y de un proyecto de profundización de la democracia social y política. En el caso del comunismo, si bien había experimentado un proceso de franca recuperación de su influencia política y social a lo largo de la década, estaba lejos de ser la poderosa máquina creadora de complots y subversión que imaginaba la derecha. Por el contrario, el principal legado que dejó la década a la izquierda comunista, fue que el crecimiento de su influencia se asoció a la expansión de los derechos y libertades públicas. Allí radicó el meollo de la “amenaza comunista” durante la década de 1930.

 

Conclusiones

La década de 1930 fue crucial en la historia de la izquierda chilena. Durante su transcurso, inició un proceso de convergencia que la convirtió en un factor decisivo del sistema político chileno. La inició dividida en numerosas facciones, con estrategias políticas antagónicas, que se reflejó en la dispersión de las organizaciones populares. A comienzos de los ’30, gran parte de estas se habían sumado a la legislación social legal, lo que unido al fin del ciclo salitrero, estaba modificando el carácter del movimiento sindical chileno, cada vez más influido por los trabajadores fabriles de los grandes centros urbanos. La explosiva situación social derivada de la crisis provocada por la Gran Depresión de 1929, fue el marco para estallidos sociales y experimentos políticos que fueron sofocados mediante el accionar coercitivo del Estado. Debilitada orgánicamente producto de su fraccionalismo y carente de una estrategia común, la denominada “amenaza comunista” se expresaba en los hechos concretos en manifestaciones dispersas, lejos de constituir una alternativa real de poder.

En el caso del Partido Comunista de Chile, esto coincidió con la fase de adhesión a las políticas del Tercer Período enunciadas a fines de la década de 1920 por la Comintern. Basada en un sectarismo radical y en la ilusión del inminente derrumbe del capitalismo, junto a la represión ibañista y las pugnas internas, se le ha considerado una de las principales razones de la debilidad del comunismo a comienzos de los años treinta. Sin embargo, no fue obstáculo para la continuidad de algunas de las prácticas más arraigadas del comunismo chileno: su conexión con las organizaciones sociales, especialmente sindicales. Además, tampoco impidió que se continuaran defendiendo las libertades públicas, en un contexto donde la represión y la actividad semilegal caracterizaron la experiencia de los militantes del PC. El diagnóstico de los delegados del Secretariado Sudamericano de la Comintern y de la propia dirigencia chilena, respecto a las debilidades orgánicas, políticas y teóricas de la militancia comunista chilena durante la década, se relacionaron con la continuidad de métodos y estilos de trabajo previos a la “bolchevización” de la organización. De esta manera, en tiempos de la línea de “clase contra clase”, se mantuvieron estas prácticas, lo que se apreció en la participación de los comunistas en la reconstrucción del tejido social a partir de 1931. Esto explica que cuando se produjo el viraje hacia la estrategia del Frente Popular, en la base ya se estaba produciendo la convergencia entre organizaciones sociales, especialmente en el frente sindical.

Así, el Partido Comunista obtuvo importantes dividendos políticos gracias a la política del Frente Popular, la que no produjo mayores disidencias internas. Al contener un fuerte componente discursivo basado en apelaciones a lo nacional y patriótico, le facilitó al PC profundizar la estrategia de unidad social y política de las organizaciones sociales populares. La lucha por la defensa del ejercicio efectivo de la democracia y el fin de la represión, principales banderas enarboladas por el Frente Popular durante el proceso previo a las elecciones presidenciales de 1938, expresó la continuidad de las reivindicaciones que el comunismo había levantado en la década anterior.

La historiadora Jody Pavilack ha resumido la lucha gremial de los mineros del carbón durante la década de 1930, como el paso de ser “soldados de la revolución” a “trabajadores ciudadanos”, en referencia a la centralidad de la lucha por el reconocimiento de la igualdad de sus derechos políticos y sociales. (Pavilack, 2011). Es decir, un proyecto políticamente moderado, como el del Frente Popular, era recepcionado entre los trabajadores organizados como una demanda largamente acariciada: un país más democrático y menos desigual. En rigor, este planteamiento puede ser considerado la principal amenaza que los comunistas representaron en Chile para los sectores dominantes durante las década de 1930.

 

Notas:

[1] Doctor en Historia por la Universidad de Chile. Académico del Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Este artículo forma parte del proyecto FONDECYT nº 1140122.

[2] En este documento, se daban a conocer las resoluciones de la Conferencia Nacional del PC de julio 1933. En él se detalla la falta de cohesión interna del PC, producto de una militancia propensa a seguir a Grove, Hidalgo o hacer alianzas con partidos tradicionales. Otro ejemplo la representa la descripción del comportamiento de algunas secciones durante la huelga general convocada para el 11 de enero de 1932. Allí se señalan que hubo “falta de independencia ante el enemigo”; “liquidacionismo”; “ocultamiento del partido”; “conciliación con los adversarios”, etc. “Boletín del Comité Central del Partido Comunista”, nº 4, Santiago, febrero de 1933, p.3.

[3] El testimonio del militante comunista Américo Zorrilla resulta esclarecedor del clima de la época posterior a la caída de Ibáñez para los comunistas. Si bien comienza a militar en la organización en ese período, lo hace sin tener claro las orientaciones políticas y una relación orgánica intermitente con la estructura partidaria. Varas, 2010).

 

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Publicaciones periódicas

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  • Frente Popular (Santiago).
  • El Comunista (Antofagasta).
  • Justicia (Santiago)

 

Cómo citar este artículo:

ÁLVAREZ VALLEJOS, Rolando, (2017) “El Partido Comunista de Chile en la década de 1930: Entre “clase contra clase” y el Frente Popular”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 31, abril-junio, 2017. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Viernes, 20 de Octubre de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1474&catid=9

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