Oscar Saavedra[1]

 

Para entender el desarrollo como discurso es necesario mirar no a los elementos mismos sino al sistema de sus relaciones recíprocas. Es este sistema de relaciones el que permite la creación sistemática de objetos, conceptos y estrategias; él determina lo que puede pensarse y decirse.

Dichas relaciones –establecidas entre instituciones, procesos socio-económicos, formas de conocimiento, factores tecnológicos, etcétera– definen las condiciones bajo las cuales pueden incorporarse al discurso objetos, conceptos, teorías y estrategias. Es decir, el sistema de relaciones establece                        una práctica discursiva que determina las reglas del juego: quién puede hablar, desde qué puntos de vista, con qué autoridad y según qué calificaciones; define las reglas a seguir para el surgimiento, denominación, análisis y eventual transformación de cualquier problema,  teoría  u  objeto  en  un plan  o política.

Arturo Escobar. La Invención del Tercer Mundo (2007:80)

 

Introducción

El post-estructuralismo ha abierto una perspectiva que permite entender la modernidad como una formación discursiva que consigue hegemonía, nunca total y siempre contingente, capaz de construir objetos, prácticas y sujetos en la búsqueda por establecer órdenes sociales. Además, permite concebir la economía política ya no como una ciencia que se presenta desinteresada cuando afirma sobre los fenómenos económicos, sino como siendo parte de la discursividad de la modernidad y de sus procesos hegemónicos.

En ese sentido, la historia moderna se devela también ella como parte de la discursividad hegemónica que reconstruye lineal y progresivamente lo ocurrido en el pasado, de forma que su relato selectivamente da o niega valor a los modos de vida que los pueblos han tenido a través del tiempo, en cuanto que deslegitima otras historias que le pueden disputar el sentido a sus construcciones. Así, el civilizado, el salvaje, el moderno, el pre-moderno, el desarrollado o el subdesarrollado no son términos que nombra esencias, sino elementos que relacionados en una estructura discursiva hegemónica terminan por ser esencializados.

En un artículo titulado Michael Foucault y la colonialidad del poder, el teórico colombiano Santiago Castro Gómez a partir de una lectura del último Foucault, el de las lecciones del College de France, va a decir que Foucault presenta una teoría heterárquica del poder. Castro va a identificar tres niveles de poder en Foucault, a saber: un nivel micro-físico, donde operan las tecnologías disciplinares y las tecnologías del yo en la producción de las subjetividades; un nivel meso-físico, en el cual se inscribe la gobernamentalidad del Estado moderno y su control de las poblaciones y, un nivel macro-físico, donde se localizan los dispositivos supraestatales de seguridad que favorecen la competencia entre los Estados hegemónicos por los  recursos  naturales y  humanos  del  planeta.  “En  cada  uno  de  estos  tres  niveles,  el capitalismo y la colonialidad del poder se manifiestan de forma diferente” (2007:162).

En una teoría heterárquica del poder, dice Castro, no es posible hablar de estructuras sociales que existen independientemente de la acción de los sujetos, lo cual no implica olvidarse de la lógica global, pero sí recordar que esa lógica opera a través de las tecnologías de la subjetivación y de control de las poblaciones que operan a nivel local.

Para los propósitos de nuestra investigación,  concebir  el poder  como  heterárquico  nos permite asumir el lugar como teniendo autonomía parcial en la manera en que se establecen las hegemonías localmente, lo que metodológicamente justifica intentar comprender  los  modos  en  que  los  discursos  globales  son  contextualizados  según  las tecnologías que garantizan la gobernamentalidad sobre las poblaciones a nivel  del Estado nacional y las tecnologías disciplinares que realizan los procesos de subjetivación.

Expuesto lo anterior, con este trabajo pretendemos mostrar la manera en que el desarrollo, entendido como discursividad de la modernidad y en el contexto de la Guerra fría, fue reconfigurada en Colombia por las élites nacionales en un contexto local de violencia y bipartidismo.

 

La construcción del Tercer Mundo: América Latina y el subdesarrollo

Varios  teóricos  del  desarrollo,  entre  ellos  Sachs  (1996),  Esteva  (1988)  y  Escobar (2007), coinciden en datar el inicio del desarrollo como formación discursiva en la posesión de Harry Truman como presidente de los EUA el día 20 de enero de 1949. En su discurso pronunciado ese día, Truman habla del ya famoso cuarto punto de su agenda:

En cuarto lugar, hay que embarcarse en un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial mejoren el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Los Estados Unidos es preeminente entre las naciones en el desarrollo de técnicas industriales y científicas. Los recursos materiales que podemos permitirnos el lujo de utilizar para la asistencia de otros pueblos son limitados. Pero nuestros recursos imponderables en conocimientos técnicos están en constante crecimiento y son inagotables (…) Y, en cooperación con otras naciones, debemos fomentar la inversión de capital en las áreas que necesitan desarrollo (…) Con la cooperación de los negocios, el capital privado, la agricultura, y la mano de obra en este país, este programa puede aumentar en gran medida la actividad industrial en otras naciones y puede aumentar sustancialmente su nivel de vida[2].

 

De esta manera, y en el contexto de post-guerra, Truman instauraba no sólo la existencia de países desarrollados, sino también, y sobre todo, la existencia de países subdesarrollados. Los Estados Unidos asumiendo su papel de nuevo ordenador del mundo capitalista, buscaba que el capital tanto volviese a movilizarse como que el socialismo stalinista no ganase adeptos. Según Escobar, cinco fueron los imperativos que los Estados Unidos intentaban imponer para  asegurar  su  hegemonía  mundial: “consolidar  el  centro,  encontrar  mayores tasas de ganancia en el extranjero, asegurar el control de las materias primas, expandir los mercados externos para los productos norteamericanos y desplegar un sistema de tutelaje militar” (2007:149).

La primera tarea a ser realizada por los EUA en la búsqueda de su liderazgo mundial fue reconstruir Europa a través del Plano Marshall. Después, el problema era qué hacer con los países que recientemente dejaban atrás el colonialismo en África y Asia y aquellos que en América latina proclamándose repúblicas desde el siglo anterior no conseguían ni organizar su producción ni estabilizarse políticamente. Se hacía necesario articular el aumento de la producción con el control tanto de los Estados como de la población para garantizar el nuevo orden mundial.

Imagen 1. Zona metropolitana de Cali vista desde zona de ladera. Foto: Oscar Saavedra

La erradicación de la pobreza por cuenta de la tecnificación fue la “verdad” que se construyó para garantizar las dos cosas. En el discurso de Truman, tres factores son importantes para alcanzar ese objetivo: la inversión de capital, el intercambio cooperativo y las ayudas técnicas en la producción agrícola. Sin embargo, más que erradicar se trataba de administrar la pobreza, teniendo que intervenir no apenas la economía y la política, sino también áreas como la educación, la salud y la socialización de los pueblos mismos a través de su influencia en las legislaciones nacionales. La coordinación de esas políticas debía hacerse a través de la planeación y la ejecución de los Estados, organizados en entidades internacionales que fueron creados por los países vencedores en la segunda guerra mundial, bajo la regencia de los Estados Unidos.

La ONU[3], con sus organismos especializados, fue la principal organización creada para implementar la política internacional de ayuda técnica y financiera que tanto interesaba a Estados Unidos. Estando todavía inmersos en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos e Inglaterra diseñaron la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Mundial (BIRF), conocido más adelante como Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

John Maynard Keynes, como representante de Inglaterra, y Harry Dexter, como representante de los Estados Unidos, elaboraron la propuesta en 1943, la cual fue ratificada en julio de 1944 durante la conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, a la que asistieran 44 naciones, 20 de ellas latino-americanas. En aquella conferencia, el bloque soviético estuvo presente, pero no ratificó los acuerdos. Oficialmente, tanto el Banco Mundial como el FMI entraron en funcionamiento en diciembre de 1945.

En 1944 y en el contexto de la conferencia, Keynes envió un correo al tesoro británico en los siguientes términos:

Han sido invitados veintiún países que claramente no tienen nada que aportar […], a saber, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Haití, Honduras, Islandia, el Irán, el Iraq, Liberia, Luxemburgo, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela –la cochiquera más monstruosa que se haya reunido en años. A estos tal vez se podrían añadir: Chile, Egipto y (en las actuales circunstancias) Yugoslavia. (Keynes, citado por Franco, 2013: 31)

 

El FMI tuvo como objetivo organizar un sistema monetario mundial en el período de post-guerra y ayudar para facilitar la expansión del comercio internacional. El sistema monetario fue basado en el dólar con respaldo del oro-divisa controlado por los Estados Unidos, los otros países debían fijar los precios de sus monedas en relación del dólar. Por su parte, el BM tenía como objetivo ayudar en la reconstrucción de los países miembros a través de inversiones de capital con fines productivos. Además de eso, siempre en el marco de la ONU, se estableció en 1954 el Fondo Especial de Asistencia Técnica, con vistas a financiar los proyectos de desarrollo económico y social.

Después y ya en el marco de la Alianza para el Progreso, el Fondo Especial pasó a hacer parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965. Hasta hoy el mayor aporte económico ha sido de los Estados Unidos.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) fue afirmado por los países americanos en la conferencia de Rio de Janeiro en agosto de 1947. El tratado pactado tenía como objetivo garantizar ayuda y cooperación para los países firmantes, caso existiese una agresión por parte de los otros países, fuese el americano o no. En el tratado se consideraba agresor a aquel país que por motivo que fuera invadiese el territorio de otro (Caicedo, 2010).

En 1948 se creó la Comisión Económica para América-Latina (Cepal), con sede en Santiago de Chile, como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Su objetivo era hacer estudios y elaborar los informes encomendados por los gobiernos miembros.

Como señala Franco (2013), gran parte del personal que comenzó trabajando en la Cepal, entre ellos Raúl Prebisch y Celso Furtado eran economistas que, siendo nacidos en países de América Latina, se habían formado en universidades de los Estados Unidos y de Europa. Los cursos de la Cepal comienzan en 1952 con vista a preparar los cuadros técnicos que requerían los países latinoamericanos.

En 1959 fue creado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos tenía nuevamente el derecho a veto en relación a los préstamos que fuese a ser hechos por el banco. El BID fue creado para facilitar préstamos de acuerdo con los recursos disponibles, para hacer mejoras institucionales y adoptar medidas destinadas para el uso eficaz de los propios recursos, con el objetivo de alcanzar un mayor progreso y un crecimiento más equilibrado (Franco, 2013: 79).

No obstante, sólo fue durante el segundo período de la administración de Eisenhower que los Estados Unidos volvieron a mirar con verdadera atención para América latina, preocupado por la gestación de movimientos revolucionarios que pocos años después tendrían su máximo esplendor con el triunfo de la Revolución Cubana.

A pesar de eso, sólo fue durante la administración Kennedy que la nueva política de Estados Unidos para América latina se hizo efectiva. Decidido a impedir otra Cuba en la región, el gobierno Kennedy diversificó y aumentó el paquete de ayudas para los gobiernos latinoamericanos, procurando no apenas el crecimiento económico, sino también las reformas políticas y los cambios culturales que le diesen la hegemonía a los Estados Unidos en el continente.

El programa Alianza para el Progreso fue inaugurado por Kennedy en marzo de 1961 con un discurso dado por él en la Casa Blanca. Con la excepción de Cuba, el programa fue ratificado en enero de 1962 por los países miembros de la OEA en la reunión ocurrida en Punta del Este, Uruguay. En esa reunión, los países miembros se comprometieron a diseñar planes nacionales de desarrollo en la búsqueda por implantar las reformas necesarias para alcanzar los objetivos de la       Alianza. Se dio un plazo de 18 meses para presentar los planes, condicionando la entrega de los recursos a su presentación por parte de los países solicitantes. Estados Unidos se comprometió a tener un millón de dólares como fondo público durante un año y veinte millones de dólares con el crédito internacional y la inversión privada para los diez años siguientes. (Rojas, 2010: 97).

Por la importancia que tuvo la Alianza para el Progreso de América Latina en la política exterior de los Estados Unidos, reproducimos gran parte del discurso de Kennedy con el cual se inauguró el programa:

[…] en este momento de máxima oportunidad, enfrentamos las mismas fuerzas que han amenazado a América a través de su historia -- las fuerzas extrañas que una vez más intentan imponer los despotismos del Viejo Mundo a los pueblos del Nuevo […] Nuestras naciones son el producto de una lucha común la rebelión contra el dominio colonial. Y nuestros pueblos comparten un patrimonio común — la búsqueda de la dignidad y libertad del hombre […] Como ciudadano de los Estado Unidos de América, permítanme que sea el primero en reconocer que nosotros no hemos comprendido siempre el sentido de esta misión común, así como también es cierto que hay mucha gente en los países que representan ustedes que no han entendido por completo la urgente necesidad de librar al pueblo de la pobreza, la ignorancia y desesperación. Pero procede ahora que superemos los errores, las fallas y las incomprensiones del pasado, en la marcha hacia un futuro lleno de peligros, pero resplandeciente de esperanza. Del buen éxito de la lucha de nuestros pueblos, de nuestra capacidad para brindarles una vida mejor depende el futuro de la libertad en las Américas y en el mundo entero […] Solamente los esfuerzos resueltos de las propias naciones americanas pueden asegurar el éxito de esta empresa. Ellas, y solamente ellas, pueden movilizar recursos, alistar las energías del pueblo y modificar los moldes sociales, de modo que los frutos del crecimiento sean compartidos por todos y no sólo por unos cuantos privilegiados. Si se hace este esfuerzo, la asistencia del exterior dará un impulso vital al progreso; si no se logra, no habrá ayuda capaz de contribuir al bienestar del pueblo […] Un Consejo Interamericano Económico y Social fortalecido, en colaboración con la Comisión Económica para la América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, puede reunir a los principales economistas y expertos de nuestro hemisferio para que ayuden a cada país a trazar su propio plan de desarrollo, y a mantener una revisión constante del progreso económico del hemisferio […] Debemos expandir rápidamente el adiestramiento de aquellos que lo necesitan para que manejen la economía de los países en rápido desarrollo. Esto significa amplios programas de adiestramiento técnico, para lo cual los Cuerpos de Paz estarán disponibles dondequiera se les necesite. Esto significa, igualmente, asistencia a las universidades latinoamericanas, escuelas para graduados e institutos de investigación […] Para lograr este objetivo, la libertad política debe acompañar al progreso material. Nuestra Alianza para el Progreso es una alianza de gobiernos libres -- y debe esforzarse por eliminar la tiranía de un hemisferio en que no tiene derecho a estar. Por lo tanto, expresemos nuestra especial amistad hacia los pueblos de Cuba y de la República Dominicana -- y la esperanza de que ellos pronto se reintegrarán a la sociedad de los hombres libres, uniéndose a nosotros en nuestro esfuerzo común[4].

 

La amenaza: el comunismo. La estrategia: considerarnos hermanos para defendernos del enemigo común. La traición: Cuba. En la República Dominicana hace tiempo gobernaba Trujillo y los Estados Unidos, sabiendo de su despotismo, apenas ahora encontraba reparos, sólo que prudentemente se condenaba los gobiernos de esos países, sin condenar a sus pueblos. En su discurso Kennedy reconocía que los ciudadanos estadunidenses no siempre habían entendido la misión común de los americanos de luchar contra el colonialismo y defender la libertad y la dignidad, pues para Kennedy quedaba claro que lo difícil era olvidarse de las ofensas a la libertad y a la dignidad que los Estados Unidos, después de promulgar la doctrina Monroe en 1823, cometiese contra México en la guerra de 1848, cuando conseguían expandir su territorio nacional; contra Colombia en los comienzos del siglo XX, cuando arrebató parte del territorio colombiano para hacer el Canal de Panamá; contra Nicaragua en 1912; Haití en 1915  y República Dominicana en 1916, cuando los invadió militarmente para colocar gobiernos títeres que protegiesen sus intereses en la región.

En cuanto a nosotros, latinoamericanos, debíamos reconocer y superar nuestro subdesarrollo, pues el continente era peligroso en el sentido de crear las condiciones sociales para que la “libertad” se perdiese. Era claro que, con Kennedy, la política de los Estados Unidos para América latina no iba a ser más invasora, por lo menos no directamente[5].

Ahora, la intervención iba a darse en el planeamiento estatal para garantizar no sólo la seguridad con asistencia técnica y entrenamiento de los ejércitos nacionales a través de las brigadas militares, sino también con ayuda técnica y económica para conseguir desde los Estados mismos la modernización que lograse también garantizar que los beneficios del desarrollo llegasen a más personas y no sólo a las élites latifundistas que por décadas habían sustentado el poder en los países latinoamericanos.

La modernización no era sólo un modelo académico sino un proyecto político que le permitiría a Estados Unidos orientar, dirigir y controlar el cambio social global: “la modernización fue también una ideología, un marco conceptual que articulaba un conjunto de suposiciones sobre la naturaleza de la sociedad estadounidense y su capacidad para transformar un mundo que percibía tanto materialmente como culturalmente deficiente (Latham, Michael 2000: 5).

 

La Cepal fue desde el primer momento importante para diseñar el planeamiento de las reformas que se debían hacer en los países latinoamericanos en el marco de la Alianza para el progreso, pues en ese momento “[...] era la única organización con enfoque teórico, investigaciones realizadas e información acumulada sobre lo que sucedía en la región (Franco, 2013: 87); a pesar de tener diferencias con la teoría de la modernización en cuanto a la forma de comprender el subdesarrollo en América Latina y de estar en desacuerdo con las políticas del desarrollo implantadas por las administraciones anteriores a la de Kennedy, al punto que en el marco de la ONU el gobierno Truman intentó acabar con ella en 1951.

A diferencia de la teoría de la modernización que entendía el desarrollo de los países pobres como un esfuerzo de ellos mismos por seguir la senda abierta por los países ricos, contando claro está con el apoyo de los países desarrollados en lo relacionado a  conocimientos, tecnología, organización y capital lo que con el tempo ayudaría para que se convirtieran también ellos en desarrollados (Kay, 2000), los teóricos de la Cepal pensaban que el subdesarrollo de América latina tenía por causa una división internacional del trabajo que producía una desigualdad estructural.

Así, los países pobres al producir alimentos y materias primas para los países ricos, y los países ricos al producir tecnología y mercancías para los países pobres, hacían con que los subdesarrollados nunca pudiesen alcanzar el capital y la posibilidad de producir industrialmente, pues sus productos sufrían constante desvalorización ante los productos industrializados del primer mundo, dificultando las posibilidades de acumular capital para la inversión en maquinaria y técnica, por lo que existiría una ventaja comparativa que no sería superada solamente por el mercado (Dias, 2011).

En consecuencia, la Cepal proponía el planeamiento estatal para dirigir las fuerzas del mercado y conseguir una expansión industrial. El modelo a seguir era la sustitución de importaciones, por medio del cual, basado en el mercado interno, se debía construir una industria nacional que supliese paulatinamente las importaciones, de forma que el desequilibrio entre centro y periferia fuese superado en un estadio superior, cuando la industrialización hubiera sido alcanzada.

Al condenar el deterioro de las condiciones del mercado de materias primas, Prebisch no combate el comercio internacional en sí mismo, como tampoco nunca ha sugerido desconectarse de los países centrales. Al contrario, considera el comercio internacional y el capital foráneo como elementos esenciales para elevar la productividad y el crecimiento en la periferia (Kay, 2002: 347).

 

Además de la Cepal, la responsabilidad por el éxito de la Alianza para el Progreso fue dada a otras dos organizaciones, a saber: la Organización de los Estados Americanos (OEA) que aportaba en el campo político y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aportaba en el financiero.

La OEA fue creada oficialmente durante la realización de la IX Conferencia Panamericana llevada a cabo en Bogotá en el mes de abril de 1948. Durante la Alianza para el Progreso, la OEA funcionó principalmente para expandir, por los países de las Américas, la política de seguridad de los Estados Unidos contra el comunismo. Prueba de eso, fue la expulsión de Cuba de la organización en enero de 1962, ante la solicitud de los Estados Unidos.

El BID, creado en 1959, fue la organización encargada de hacer los préstamos monetarios necesarios para ejecutar los planes de desarrollo de los países de América latina. Además de las inversiones económicas requeridas para alcanzar los objetivos de la Alianza, se hacía necesario apoyar técnicamente el diseño de los planes nacionales de desarrollo. Así, se contrataron expertos para que en asociación con los gobiernos de los países latinoamericanos determinasen los lineamentos a ser seguidos. Una vez hechos, los proyectos pasaban por la misión de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), con sede en cada país, los cuales certificaban su viabilidad; para luego, en Washington, ser aprobados y liberados los préstamos (Rojas, 2010: 97).

 

El agenciamiento de la política de desarrollo en Colombia: Violencia y progreso económico en Colombia

El día 9 de abril de 1948 mientras se celebraba en Bogotá la IX Conferencia Panamericana caía asesinado a tiros en una calle de esa misma ciudad el candidato liberal a la presidencia de Colombia Jorge Eliécer Gaitán, quien representaba el ala social dentro del liberalismo colombiano. Con la muerte del “tribuno del pueblo” quedó desecha no sólo la posibilidad de lograr cambios que mejorasen la condición de artesanos, trabajadores y campesinos que seguramente lo llevarían a ser electo presidente de Colombia, sino también, y sobre todo, se perdió la posibilidad de establecer un sistema político inclusivo y participativo para el país.

El sistema bipartidista que se venía perpetuando en Colombia desde el siglo XIX se logró imponer una vez más, pues si bien Gaitán era además de candidato presidencial el jefe del partido liberal, las élites liberales lo consideraban un peligro, dadas sus ideas socialistas. Hasta hoy, ninguna sentencia judicial se ha expedido por el asesinato de Gaitán. Apenas Roa Sierras, el hombre que supuestamente disparó contra Gaitán, fue tomado y despedazado por una turma dolorida y rabiosa que se fue engrandeciendo con el pasar del tiempo y que luego se dirigió al Palacio Presidencial con la firme intención de vengar a su caudillo. Se pedía la cabeza del presidente de la República: el conservador Mariano Ospina Pérez.

Sin embargo, los dirigentes liberales, después de reunirse con Ospina Pérez y acordar con él prebendas burocráticas, intentaron calmar al pueblo, lo que dio tempo para que el ejército pudiese salvaguardar el palacio presidencial. La IX Conferencia Panamericana fue suspendida por algunos días, pero finalmente fue clausurada el día 30 de abril con la firma del acuerdo que creaba la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la advertencia explícita para los países miembros de que cualquier ayuda económica quedaría condicionada por un acuerdo político anticomunista entre las naciones de las Américas.

Si la permanencia de Ospina Pérez como presidente de la república fue acordada al interior del sistema bipartidista colombiano en los inicios de la Guerra fría, esto no impidió que la violencia se expandiera rápidamente por todo el país, teniendo como consecuencia tanto la aparición de las guerrillas liberales seguidoras de Gaitán como de la policía política establecida por el gobierno conservador, lo que amenazó la ya frágil institucionalidad en Colombia.

Gaitán dijo en uno de sus discursos: “Ninguna mano del pueblo se levanta contra mí y la oligarquía no me mata, pues sabe que si lo hace, el país se arruina y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal"[6]. Hasta hoy, a más de sesenta años de la muerte de Gaitán, las aguas continúan sin calmarse.

Laureano Gómez era un conservador colombiano que había estudiado en el colegio jesuita de San Bartolomé en Bogotá. En 1909, se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional de Colombia. De 1909 hasta 1916, influenciado por los jesuitas, Gómez dirigió “La Unidad”, un periódico que sirvió para defenderse de los ataques anticlericales que los liberales hacían a los conservadores. Después de ocupar cargos en el gobierno colombiano, salió del país para vivir primero en Francia y después en Alemania, lugar donde ya moría la república de Weimar y se comenzaba a transitar para el nazismo que finalmente triunfaría en 1933.

Gómez volvió a Colombia para comandar la oposición  a la República liberal que había comenzado en 1930 y que duraría hasta 1946, cuando los conservadores ganarían la presidencia con Ospina Pérez. Primero como senador y después como jefe único del partido conservador colombiano, utilizando a veces el recinto del congreso y otras el periódico El Siglo de su propiedad, Laureano Gómez fue pieza clave para que el conservadorismo colombiano pudiese recuperar el poder. Cuando los liberales se dividían entre Gaitán y Turbay para la presidencia de 1946, Gómez dilató la candidatura del partido conservador, sabiendo que si él era el candidato presidencial, los liberales se irían a unir para derrotarlo. Sorprendió cuando semanas antes propuso el nombre de Ospina Pérez como candidato del partido. Nadie en su colectividad se atrevió a contestar. Los liberales, divididos, perdieran en las urnas con Ospina Pérez (Vega Cantor, 2012).

Cuando ocurrió el asesinato de Gaitán, Laureano Gómez salió para España, de donde volvió un año después, en junio de 1949, para tomar posesión como presidente de la república. Una vez llegado al país, Gómez afirmó que la subversión comunista había tomado el Partido Liberal y que el asesinato de Gaitán había sido obra del comunismo internacional. Además, declaró que la sublevación liberal era muestra de que el partido comunista había aprendido cómo los liberales podían actuar en favor de ellos. En  1952,  cuando  Gómez  era  ya presidente  da Colombia, José María Bernal, su ministro de Guerra, decía: “El comunismo opera a sus anchas bajo la bandera del liberalismo. Y el liberalismo, consciente o inconscientemente, sirve a los planes del dominio internacional soviético” (citado por Atehortúa, 2008:69).

Durante el gobierno de Ospina Pérez ya existían acuerdos entre Estados Unidos y Colombia en cuanto a las ayudas prometidas  por el presidente Truman en su  discurso de posesión. La posición radicalmente anticomunista de Colombia facilitó para que fuese el primer país de América del sur en recibir esas ayudas.

Así, cuando Colombia solicitó al Banco Mundial un empréstito por setenta y cinco millones de dólares poco después del asesinato de Gaitán, en 1948, la agencia, recién creada, asumió rápidamente el estudio de la propuesta y envió al prominente economista, Lauchlin Currie, para que explorara la factibilidad de una ayuda económica a gran escala a Colombia (Henderson, 2006: 483).

 

Sin embargo, fue durante el gobierno de Gómez que las ayudas para el desarrollo, otorgadas a través de las  organizaciones  internacionales,  comenzaron a  concretarse.  Los  resultados del Informe Currie fueron presentados al gobierno de Gómez en julio de 1950. La comisión hizo un diagnóstico de la situación colombiana:

Colombia cuenta con una oportunidad única en su larga historia. Sus abundantes recursos naturales pueden ser tremendamente productivos mediante la aplicación de técnicas modernas y prácticas eficientes. Su posición internacional favorable en cuanto a endeudamiento y comercio la capacita para obtener equipo y técnicas modernas del exterior. Se han establecido organizaciones internacionales y nacionales para ayudar técnica y financieramente a las áreas subdesarrolladas. Todo lo que se necesita para iniciar un período de crecimiento rápido y difundido es un esfuerzo decidido de parte de los mismos colombianos. Al hacer un esfuerzo tal, Colombia no solo lograría su propia salvación sino que al mismo tiempo daría un ejemplo inspirador a todas las demás áreas subdesarrolladas del mundo ([International Bank, 1950: 615] citado por Escobar, 2007: 54).

 

Los asesores de Currie aconsejaban la construcción de una infraestructura de comunicación, una reforma fiscal y una reforma agraria. En cuanto a la construcción de la infraestructura y la reforma fiscal el gobierno colombiano no tuvo reparos, fue así como:

Durante 1950, el Export-Import Bank del gobierno norteamericano autorizó créditos a Colombia por un total de seis millones de dólares. A su vez, en los meses finales de 1950, el Banco Mundial autorizó dos préstamos que sumaban 6,1 millones de dólares (Sáenz, 2001: 250).

 

En  marzo de 1951,  y a partir de lo sugerido por la Comisión Currie, el gobierno colombiano firmó un nuevo tratado comercial con los Estados Unidos en el que se comprometió a realizar modificaciones en lo que respecta al control de las tazas de cambio con el fin de atraer capitales internacionales, aunque por presión de los industriales y las necesidades fiscales del país, Colombia mantuvo los impuestos aduaneros sobre los productos importados, en una política de claro proteccionismo que venía siendo establecida en el país desde la crisis de los años 30, a pesar de la política económica estadunidense que buscaba su eliminación.

También Colombia se comprometía a pagar indemnizaciones a las empresas norteamericanas, caso fuesen expropiadas,  y a facilitarles la remisión de las utilidades a la casa matriz a través del escritorio de control de cambios en Bogotá. En contra prestación, Colombia consiguió la promesa por parte de los Estados Unidos de mantener estables los precios del café en el mercado de los Estados Unidos.  En agosto de ese mismo año salió un decreto que autorizaba la libre entrada de capitales al país mientras el embajador colombiano en Estados Unidos se reunía con inversores en New York para convidarlos a invertir en Colombia (Sáenz, 2001: 259).

Para Eduardo Sáenz, Laureano Gómez, que en las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX había sido el mayor crítico de las políticas liberales de los Estados Unidos, ahora como presidente del país había comprendido que:

… después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se había convertido, de lejos, en la principal fuente de capital y tecnología para Colombia, y en el mercado para casi todas sus exportaciones agrícolas y mineras. Más que nadie, el antiguo "nacionalista" ayudó a crear las condiciones para atraer las inversiones de las multinacionales norteamericanas (1990:103).

 

Colombia fue uno de los países que más vio crecer sus cifras macro-económicas en América latina durante el período de postguerra, por cuenta de los buenos precios del café, de las ayudas internacionales y de una política de impuestos aduaneros a las importaciones, realizada por el conservadurismo colombiano a pedido principalmente de los industriales afiliados a la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Colombia respondía a las políticas de desarrollo y de libre comercio estipuladas por las organizaciones de la ONU, incluso logrando negociar con los Estados Unidos medidas proteccionistas para algunos gremios industriales.

En la década de 1950, Colombia tuvo un acelerado crecimiento de sus ciudades: “en 1958 ya había dos ciudades con más de dos millones de habitantes (Bogotá y Medellín) y dos más tenían más de un millón (Cali y Barranquilla), cuando en 1940 ninguna ciudad tenía más del medio millón de habitantes (Safford y Palacios, 2002).

Para Sanchez (2008), en el caso colombiano, la tendencia en los años 70 del siglo XX fue explicar este fenómeno a partir de las mejores condiciones de vida que la ciudad ofrecía para los procesos de industrialización, lo que se hacía determinante para que las personas abandonaran el campo. No obstante, a partir de los trabajos de investigación de Aprile-Gniset que hizo en esa misma época; paulatinamente, se comenzó a pensar que las migraciones de las personas para las ciudades, que Aprile-Gniset comenzó a llamar “ciudades-refugio”, eran predominantemente éxodos masivos de población por expulsión o destierro de sus lugares de origen, lo cual tenía como causa el conflicto armado. Aprile-Gniset consiguió demostrar que las zonas rurales más prósperas en Colombia son las que más aportan migrantes a las ciudades,

 [...] no era la pobreza de los suelos sino su riqueza el motor de las migraciones. De hecho la región cafetera central experimentó entre 1950 y 1970 una duplicación de las áreas cultivadas mientras su población rural presentaba un marcado déficit en 1973 en relación con la población registrada en 1938. Es la misma región central donde más aguda, cruel y persistente fue la guerra agraria, y donde más se inflaron los centros urbanos periféricos (2012: 39-40).

 

De este modo, el proteccionismo estatal y las inversiones de capitales para el fortalecimiento de una incipiente industria nacional asociada en gremios, además del buen comportamiento de los precios del café, tanto en el mercado interno como en el externo, debido a los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos, contrasta con la violencia y el desplazamiento forzado generalizado en las zonas rurales del país.

La estructura agraria de Colombia durante el período de “La Violencia” siguió fortaleciéndose de acuerdo con el latifundio. La reforma agraria propuesta por la Comisión Currie no fue tomada en cuenta por el gobierno de Laureano Gómez, aunque el presidente creo su propio comité de desarrollo económico para discutir la posibilidad de cobrar impuestos sobre tierras fértiles, lo que había sido una de las propuestas del informe presentado por Currie. El Comité sentenció que:

El sistema antieconómico de comprar las tierras con criterio de inversión seguirá siendo uno de los obstáculos más serios para el desarrollo normal de la agricultura colombiana, porque impide a las personas aptas para trabajar en la agricultura, vincularse a la tierra, por su escasez o por los precios excesivos de su adquisición o arrendamiento. Tal situación […] implica una amenaza para la economía agraria y plantea al Estado la urgencia y el deber de garantizar soluciones adecuadas para prevenir la necesidad de medidas drásticas, como la expropiación de las tierras (Comité de Desarrollo Económico, 1951:115).

 

Sin embargo, como afirma Machado (2009), a pesar de las críticas al latifundio improductivo, el Comité optó por aplicar excepciones tributarias para estimular la producción agrícola mecanizada y tecnificada en el país. Era claro que el gobierno Gómez no iba a entrar en confrontación con la estructura latifundista y rentista que se representaba poderosamente en el poder político colombiano. Podemos decir que si bien el gobierno conservador de Gómez buscó una modernización en el campo, no fue igual su esfuerzo por intentar disminuir la concentración de la tierra. Será solamente en la década de los 60´s cuando la reforma agraria volvería a ser asunto de discusión en Colombia.

En relación a la colaboración militar, apenas pasado un mes desde su posesión como presidente, Gómez apoyó  a  Estados  Unidos  en  su  cruzada  anticomunista contra Corea  cuando Roberto  Urdaneta,  su ministro de Guerra, anunció en la V Asamblea General de la ONU que la fragata colombiana “Almirante Padilla”, junto con sus 150 marines, estaban a disponibilidad del comando unificado de las Naciones Unidas.  La fragata zarpó de Colombia el día 1 de noviembre de 1950 (Prieto, 2013). Además de eso, el día 14 de noviembre de 1950, el embajador colombiano en Washington, Eduardo Zuleta, puso a disposición del comando unificado un batallón de infantería compuesto por 1.080 hombres. Sólo que el embajador solicitaba a los Estados Unidos que lo entrenase y dotase de armamento porque Colombia carecía de fondos monetarios para hacerlo. Quedaba claro también que Colombia contraía la obligación de reembolsar el dinero invertido por los Estados Unidos en esa capacitación.

Aceptada la propuesta por los Estados Unidos, el día 26 de diciembre de 1950 se creó en Colombia por decreto presidencial el Batallón Colombia. El entrenamiento del batallón aconteció en el país, pero fue coordinado por militares de los Estados Unidos. Después de un solemne acto en la Plaza Mayor de Bogotá, el batallón partió para la guerra el día 21 de mayo de 1951, desde el puerto de Buenaventura. El batallón Colombia fue la única fuerza armada latinoamericana que combatió en Corea y el país adquirió una deuda con Estados Unidos por valor de ocho millones de dólares (Prieto, 2013). Algunos sectores liberales criticaron el envío de tropas colombianas a Corea porque vieron en aquel acto la forma en que Gómez se congraciaba con Estados Unidos al tiempo que le permitía modernizar el Ejército Nacional, lo cual, dada la situación de extrema tensión del bipartidismo, podría ser usado contra ellos, sus enemigos políticos.

El 28 de octubre de ese año Laureano Gómez sufrió un infarto que le hizo dejar la presidencia transitoriamente y ministro de guerra, Rodrigo Urdaneta, asumió el cargo. Fue Urdaneta el encargado de firmar un acuerdo militar con los Estados Unidos en el que se pactaba el apoyo bilateral y el abastecimiento de equipos y capacitación militar para la defensa del hemisferio Occidental, la permanencia indefinida de las misiones militares en Colombia como personal diplomático y el incremento de la fuerza de defensa colombiana (El Tiempo, 18 de abril. 1952).

Según Prieto (2013), en 1953 Colombia había pagado a los Estados Unidos 3.500.000 dólares en material bélico para su lucha interna contra el comunismo. Gómez retornó al poder el 13 de junio de 1953, pero, ese mismo día, el general Rojas Pinilla, con la complicidad de los conservadores disidentes de Gómez, le dio un golpe de Estado.

Para cerrar el período Gómez, podemos decir que el gobierno conservador intentó aprovechar el contexto internacional para atraer las ayudas tanto militares (compra de armamentos y entrenamiento de tropas) como económicas (préstamos o inversiones de capital privado) que le permitiese luchar contra los liberales en la búsqueda por imponer en Colombia un Estado confesional guiado según una política económica de corporativismo estatal.

Imagen 2. Campesino en la zona rural de Cali.  Foto: Oscar Saavedra.

El gobierno militar de Rojas Pinilla en colaboración con los conservadores pretendía terminar con la insurgencia liberal y devolver el monopolio de las armas al Estado. Como estrategia ofreció amnistía a las guerrillas liberales, a quienes les reconoció status político a cambio de la entrega de armas. Al principio, más de diez mil hombres se desmovilizaron de los grupos armados (Henderson, 2006: 537). Sin embargo, aprovechando los recursos que dejaran los altos precios del café al momento de su posesión y los préstamos con la banca internacional, Rojas Pinilla aumentó el gasto militar en casi veinte por ciento del presupuesto estatal y continuó comprando equipamiento militar de los Estados Unidos para su lucha contra el comunismo, pues, así como Laureano Gómez, Rojas Pinilla pensaba que Colombia era propensa a “la conspiración roja”, lo que hizo que el ejército realizase fuertes ataques contra las guerrillas no desmovilizadas, causando nuevas muertes y desplazamientos masivos de campesinos.

Después de 1956, cuando los precios del café cayeron, el manejo equivocado del dinero público por parte de Gómez aumentó la deuda pública del país y la banca internacional suspendió los créditos al gobierno colombiano: la situación del golpista en el poder se hizo insostenible. Cuando Rojas Pinilla anunció su intención de extender su gobierno más allá del período presidencial estipulado en un país parado por las huelgas, ya el bipartidismo colombiano había firmado un acuerdo para derrocarlo. El día 10 de mayo de 1957, una junta militar tomó el poder en Colombia para después de un año devolverlo al bipartidismo conservador-liberal.

A pesar de las dificultades que presentó el gobierno de Rojas Pinilla, éste lanzó una fuerte ofensiva militar contra las guerrillas de origen liberal, quienes a pesar de la fuerza del ataque no claudicaron completamente. También, durante el gobierno militar de Rojas Pinilla, como aconteció en la época con otros países en América Latina, la mujer logró el voto electoral, la televisión era inaugurada en el país y se comenzó a concretar el modelo de educación técnica en Colombia, con la fundación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A partir de 1958 y hasta 1974 se instauró en Colombia lo que se conoció como “El Frente Nacional”, un acuerdo entre el bipartidismo para alternarse el poder cada cuatro años, con lo cual se buscaba calmar los sectarismos entre conservadores y liberales, al tiempo que se le cerraban las puertas del poder a cualquier alternativa política diferente. Alternancia y paridad eran las máximas del Frente Nacional. Alternancia, pues cada cuatro años debía tomar posesión un presidente del partido contrario, y paridad porque los cargos en el gobierno se debían asignar de manera igualitaria entre el bipartidismo.

 

El Frente Nacional y la Alianza para el Progreso

Según Rojas (2010: 98), después de Brasil, Colombia fue el país durante la década del 60 del siglo XX que más recibió ayudas económicas de los Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso con 886 millones de dólares. Esto ocurrió, comenta la autora, porque dada la necesidad de mostrar resultados rápidamente, Washington consideró que por la condición de aliado incondicional que había mostrado Colombia en la cruzada anticomunista y la voluntad política de hacer las reformas por parte del bipartidismo en el poder, el país sería una buena vitrina para publicitar el programa.

El primer presidente de El Frente Nacional (1958-1962) fue Alberto Lleras Camargo, que fuera también el primer secretario general de la OEA (1948-1956) y que tuviera la confianza del gobierno de los Estados Unidos, pues, declarado abiertamente anticomunista, ya como presidente de Colombia, rompió relaciones diplomáticas con Cuba el día 9 de diciembre de 1961 y algunos días después fue importante para conseguir que Cuba fuera expulsada de la OEA en la reunión realizada en Punta del Este (Tirado Mejía, 2012:19).

En 1960, Lleras Camargo,  como  presidente  de los  colombianos,  visitó  el Congreso  de los Estados Unidos, donde dijo:

¿Qué debemos, qué podemos hacer por América Latina? A todos les he dicho lo mismo, y me han pedido que lo repita en la más alta tribuna de vuestra nación: ayudar a esos pueblos a salir de la etapa final de su subdesarrollo, pero antes de que su atraso se convierta en una marcha atrás, en una desbandada, en un desastre histórico […] Necesitan estos pueblos, y no de cualquier manera sino con urgencia y amplitud, una ayuda exterior que debería tener específicamente la forma de crédito para la empresa inaplazable y remunerativa de su desarrollo económico. Si los principios de la libre empresa y de la iniciativa privada, y los que fundamentan la organización política del hemisferio son ciertos, en diez, quince o veinte años, con un gran impulso dado por el capital extranjero a los Estados latinoamericanos, el hemisferio entero puede ser inexpugnable por su prosperidad a cualquier intento de anarquizarlo para promover la dominación de una política extraña (Lleras Camargo, 1960).[7]

 

En diciembre de ese mismo año, el presidente Kennedy visitó la capital colombiana donde inauguró un  programa de vivienda popular que más  adelante sería llamado Ciudad Kennedy.

Durante el gobierno de Lleras Camargo, Colombia elaboró junto a la Cepal su Plan Decenal de Desarrollo (1960-1970), que, una vez avalado por Washington, se comenzó a ejecutar a través de un sistema de préstamos de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Siguiendo las recomendaciones hechas por las comisiones de desarrollo que habían ido a Colombia desde la Misión Currie, Lleras Camargo impulsó un programa de reforma agraria mediante la Ley 135 de 1961, con el objetivo de redistribuir las tierras productivas del país y ocupar los baldíos de la nación. Para Lleras Camargo, Colombia precisaba de una transformación en lo rural, aunque controlada, ante el avance de las simpatías que la lucha guerrillera triunfante en Cuba había tenido en las guerrillas campesinas conformadas a partir del despojo de tierras y la violencia bipartidista. (Henderson, 2006). En la época, Lleras Camargo hablaba así:

En Rusia, en China, en Polonia, en Hungría y, en general en todas las naciones sometidas a la dictadura comunista, el gran obstáculo al comunismo ha sido la resistencia heroica o pasiva del campesino a la colectivización de la tierra y a la destrucción del concepto de la propiedad privada. Esta sola consideración nos lleva a sugerir que la creación de más pequeños propietarios será la manera más efectiva de afirmar y de preservar el sistema político que los partidos tradicionales colombianos han suscrito con coherencia (Citado por Henderson, 2006: 572).

 

Se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) como la institución pública encargada de coordinar su realización. Adicionalmente, los Estados Unidos enviaron más de mil voluntarios de Paz para trabajar en los proyectos de desarrollo en el campo colombiano. Sin embargo, la reforma agraria contó desde el comienzo con la oposición de los agroindustriales que fueron representados por los conservadores,  con el  liderazgo de Ospina Pérez. A pesar de las expectativas generadas, para 1967 el programa de tierras entregó apenas a 54.000 familias de aproximadamente 500.000 sin tierra que existían para ese año; por el contrario, la agricultura mecanizada creció en el país (Rojas, 2010:110).

Además, otra dificultad para realizar la reforma agraria tuvo que ver con la persistencia de la violencia en el país, pues durante el período del Frente Nacional se presentó no sólo un aumento en la misma sino también un cambio en cuanto a sus protagonistas y sus objetivos, por la influencia ideológica que Cuba ejercía en la región.

En 1961, en el Congreso de la República, el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del ex-presidente Laureano Gómez, denunció lo que él llamó de “Repúblicas Independientes”. Originadas en lugares “remotos” de la geografía nacional, como zonas de autodefensa campesina durante la violencia que ocurrió después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, se convirtieron luego en pequeñas comunas agrarias autogobernadas por grupos insurgentes que se negaron a entregar las armas durante las amnistías ofrecidas por el gobierno militar de Rojas Pinilla.

Para muchos, las llamadas Repúblicas Independientes no eran una amenaza real para la soberanía nacional. Para otros, eran focos de guerrilleros revolucionarios capaces de amenazar la República democrática colombiana. En 1963, y ya teniendo como presidente al conservador Valencia, se diseñó lo que se llamó el Plan LASO (Latin American Security Operation) auspiciado por los Estados Unidos y que tenía como objetivo acabar con las guerrillas comunistas en el país.

En junio de 1964, bajo el nombre de Operación Soberanía, el ejército colombiano con cerca de 2.000 hombres atacó Marquetalia, una de las llamadas Repúblicas Independientes que se había vuelto emblemática. De la emboscada realizada por el ejército lograron huir su líder Manuel Marulanda Vélez (alias Tirofijo) y varios guerrilleros que continuaron en la insurgencia como fuerza móvil. (Henderson, 2006: 590-592).

Para Pizarro Leóngomez (1989), la operación militar realizada en Marquetalia fue un error militar que tuvo un costo político muy alto, pues el hecho de “Tirofijo” y los otros guerrilleros haber escapado del cerco militar preparado por el Ejército vino a ser el mítico inicio fundacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), creadas formalmente dos años después. El 07 de enero de 1965, en el departamento de Santander, nacía el Ejército de Liberación Nacional (ELN.), formado principalmente por personas vinculadas a los movimientos políticos de las universidades públicas del país. Se la amenaza comunista era sólo un temor antes de la Operación Marquetalia, se volvieron una realidad con las guerrillas comunistas en la búsqueda del poder político.

En 1961, todavía durante el gobierno de Lleras Camargo (1958-1962), se publicó el informe elaborado por Rudolph Atcon, que fue enviado como parte del programa Alianza para el Progreso, a fin de hacer un diagnóstico de la universidad latino-americana a partir de una investigación en universidades de Brasil, Chile y Honduras.

La propuesta de Atcon busca hacer recomendaciones para organizar la universidad de acuerdo a un modelo gerencial. En el informe se hicieron recomendaciones que permitiesen integrar los procesos de educación superior en los planes de desarrollo económico, pues la educación, sobre todo la universitaria,  debía contribuir  significativamente  en la  formación de los recursos humanos para el crecimiento económico planificado y, por tanto, ayudar a mejorar el bienestar de la población.

La educación empieza a ser pensada como si se tratase de un proceso productivo, en donde los objetivos deben ser medibles y controlables, para obtener precisamente la eficacia, el rendimiento y la rentabilidad. El diseño industrial y productivo, se convierte en diseño instruccional (Botero, 2005:10).

 

Se necesitaba de una educación superior masificada, que a través de cursos de corta duración formaran personal con destrezas técnicas y conocimientos que facilitasen la entrada de los graduandos en el mercado de trabajo. El informe precisaba que la autonomía de la universidad y su despolitización se hacían necesarias para la misión que la universidad estaba destinada a cumplir en el proceso de desarrollo de los países latinoamericanos.

Dentro de esta dinámica a comienzos de la década del sesenta (1962-1964) los rectores de universidades colombianas asisten a una serie de seminarios en el Paso-Texas, en los cuales se trata la política universitaria, su estructura académica, la administración y las finanzas. En esta misma época el país, producto de la política de la Alianza para el Progreso, comienza a ser beneficiado por una serie de préstamos de organismos internacionales (bancos y fundaciones norteamericanas) que tienen por objeto modernizar la Universidad y desarrollar procesos de especialización e investigación, con énfasis en la tecnología (Jiménez e Figueroa, 1999:188).

 

En 1968 se   acordó el Plan Básico para la educación superior en Colombia, financiado por el Banco Mundial y con asesoría de una misión para la educación superior de la Universidad de California que ayudó en su construcción. Se reorganizó la universidad en departamentos, se crearon nuevos programas  académicos,  se enfatizó  en la formación profesional con estudios generales y la promoción de la relación producción-conocimiento a través de redes internacionales de información. Ese    mismo año se creó el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), para que se convirtiese en la institución estatal encargada de planear la educación en el país. La cobertura educativa en el nivel universitario pasó de 20.000 estudiantes en 1958 a 138.000 en 1974 (Jiménez y Figueroa, 1999).

Sin embargo, es importante recalcar que si bien el Informe Atcon y el Plan Básico proponían la masificación de la educación universitaria, el aumento de la cobertura universitaria en Colombia no significó la inclusión de los sectores más populares de la población colombiana en el sistema universitario. Se puede explicar esta situación primero por la preponderancia de las universidades privadas sobre las públicas, las cuales veían la educación como un negocio rentable, a pesar de que la creación del ICFES intentaba ejercer un control sobre ellas. Además, para Rama (1970), en el proyecto político que buscaba la concentración económica por parte de las élites colombianas, el ingreso de las grandes masas en los beneficios del consumo capitalista implicaba una redistribución del ingreso, lo que afectaba la concentración misma, por eso:

[…] se realiza una integración gradual de clases medias y de ciertos sectores proletarios industriales en los beneficios sociales - desde la educación al consumo de bienes - relegando en una zona periférica a la mayoría marginada. Si con los actuales niveles de oferta educativa se logra el reclutamiento de la mano de obra para el sector moderno de la economía, la ampliación cuantitativa y cualitativa de la oferta no es necesaria ni conveniente para esta estrategia de desarrollo, y sus efectos sociales serían igualmente negativos porque adelantarían el proceso de demandas sociales consideradas funcionalmente negativas para aquella estrategia (Rama, 1970:191).

 

Como lo demuestra Rama (1970), la universidad tanto pública como privada fue en Colombia principalmente una universidad para las élites y las clases medias emergentes, que funcionó según un sistema de títulos que jerarquizaba la población universitaria de acuerdo con el prestigio de la universidad y del programa académico que se cursase.

En cuanto a la educación media y primaria en Colombia, también aumentó su cobertura, sólo que se concentró  en los  centros  urbanos.  En  1970,  según  Jiménez  y  Figueroa  (1999), noventa por ciento de la escuela secundaria colombiana estaba concentrada en las ciudades,  y de ella el cincuenta y tres por ciento de los estudiantes estaban matriculados en instituciones privadas.

En la zona rural no se logró la reforma agraria para reorganizar la posesión de la tierra y evitar así su concentración y la predominancia del latifundio en el campo colombiano, ni tampoco se intentó implantar la posibilidad de una educación de acuerdo a las necesidades del campo, pues el modelo educativo estaba diseñado para responder a las necesidades de una mano de obra industrial y asalariada, no obstante, sí fue implantada una política que transformó los modos de cultivar, de acuerdo a los criterios de un modelo desarrollista.

La intensificación de la productividad agrícola que los Estados Unidos experimentaron a partir de los años 40 del siglo XX, debido a las investigaciones científicas realizadas en plantaciones ubicadas en México por la Fundación Rockefeller, permitió la elaboración de técnicas de tratamiento genético de las semillas, la creación y uso de pesticidas, fertilizantes y la predominancia del monocultivo sobre la  rotación  de  cultivos.  Este modo de cultivar lo expandieron por el mundo, primero por Europa y luego por los países “en vía de desarrollo”, como India y Filipinas, con la promesa de eliminar el hambre del mundo. Aquello que en 1960 ya se llamaba de Revolución Verde, llegó a América Latina coincidiendo con las políticas del desarrollo.

De esta manera, organismos de carácter internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las fundaciones Kellogg, Rockefeller y Ford fueron determinantes en la implementación de Planes de estudios de carácter técnico, la financiación de infraestructura, la capacitación de docentes, la publicación de material bibliográfico y el diseño de sistemas de investigación y transferencia de tecnología hacia los productores rurales (Torres, 2014:139).

 

Para León y Rodríguez (2002), el modelo de la Revolución Verde necesitaba de condiciones sociales y económicas estables en cuanto a la propiedad de la tierra, además de condiciones  para  poder  comprar  la  maquinaria,  equipos  e  insumos  generados  por los procesos de investigación y aplicabilidad de conocimientos, bajo la idea de que la tecnología podría impulsar el desarrollo rural.

En el caso de Colombia, y en concordancia con este modelo rural, el gobierno creó en  1962 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), organismo que tenía como principales funciones prestar asistencia técnica y adelantar investigación en agricultura. También, en la década de los 60, el Estado ayudó a mecanizar la agricultura en el país, con la eliminación de tarifas aduaneras para la importación de maquinaria, además de las facilidades que dio para otorgar préstamos destinados a la compra de maquinaria e insumos agrícolas.

Estas tecnologías fueron apropiadas por la agricultura industrial e hicieron que la agricultura  campesina  de  productos  perecederos  que  abastecía  los  centros  urbanos  en Colombia quedase marginalizada, pues además de las dificultades para acceder a las tecnologías, sus requerimientos y sus luchas eran primeramente por la posibilidad de contar con tierras para ser cultivadas (Gómez, 1989), lo que se vio frustrado por el fracaso de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Lleras Camargo.

En un informe de la Comisión Económica y Social de la ONU del mes de agosto de 1967, se enfatiza que:

Pese a que Colombia tiene una extensa superficie agropecuaria de explotación mecanizable y a que en los últimos veinte años ha cundido el uso de la maquinaria agrícola, ésta se emplea solamente en una pequeña proporción de los cultivos susceptibles de mecanización. En muchas zonas agrícolas del país, sobre todo donde predominan el minifundio y la agricultura de subsistencia, y en las haciendas ganaderas extensivas, se utilizan aún de preferencia la tracción animal y las herramientas tradicionales como el arado de chuzo y el azadón (ONU, 1967)[8].

 

El informe destaca el esfuerzo del gobierno colombiano por dar crédito a los agricultores para adquirir maquinaria que ayudase para la mecanización del campo y señala que: [...] es deseable que el Gobierno propicie y elabore un plan para acelerar la creación de cooperativas o empresas que tengan como finalidad arrendar maquinaria a pequeños propietarios a precios razonables ya que estos campesinos no tienen capacidad para comprar equipos (ONU, 1967).

Finalmente, el informe advierte con preocupación la poca cantidad de personal calificado que puede operar la maquinaria agrícola en el país. Sin embargo, considera que iría a estimular la capacitación de ese personal con el Centro Suramericano de Mecanización Agrícola, el cual sería posible  por  el convenio  entre  el  gobierno  colombiano,  la  FAO  y  la  empresa  británica de maquinaria agrícola Massey-Ferguson.

Dicho centro formará especialistas para tareas de extensión en maquinaria agrícola, instructores y supervisores en el manejo de maquinaria, para mantenimiento preventivo y de campo, control de proyectos, personal de talleres, mecánicos y organizadores y profesores de cursos especializados (ONU, 1967).

 

Dicho Centro fue inaugurado en noviembre de 1967, a 40 Kilómetros de la ciudad de Cali, Colombia.  También, cerca  de  Cali,  el  Grupo  Consultivo  para  la  Investigación  Agrícola Internacional (CGIAR), constituido en su inicio por fundaciones como Rockefeller, Ford, Kellogg´s, entre otras, y en colaboración con  la ONU, creó el Centro Internacional           da Agricultura  Tropical  (CIAT),  que hasta  hoy  realiza investigación con el objetivo de mejorar la productividad agrícola y asesorar en la utilización de los recursos naturales en países tropicales y en vía de desarrollo.

 

A modo de conclusión

Como dijimos en el comienzo de este artículo, partimos de un enfoque epistémico que ve el orden social como una estructura que se objetiva según formaciones discursivas que se hacen hegemónicas, siendo ese orden siempre parcial y contingente. Entendiendo al desarrollismo como una discursividad para América Latina que se diseñó a partir de organizaciones internacionales que en los ámbitos financiero, comercial, militar, educativo y agrícola entregaron, en forma de ayudas, asesoría técnica y recursos monetarios (éstos últimos en la mayoría de las veces préstamos) en la  búsqueda por crear el subdesarrollo al tiempo que promovían la industrialización como camino para superarlo. En el contexto de la Guerra Fría, la discursividad del subdesarrollo constituyó una estrategia con la cual Estados Unidos alejó del vecindario la amenaza comunista.

Las “ayudas” económicas y militares que desde los inicios de los años 50 comenzaron a llegar a Colombia fueron utilizadas para afianzar el bipartidismo al tiempo que servían para criminalizar cualquier propuesta partidaria que buscase representar las demandas tanto de los movimientos campesinos como de los nacientes movimientos obreros. Además, los recursos técnicos y financieros que llegaron para el sector rural favorecieron la intensificación técnica en la productividad agrícola sin que se reestructurase la posesión de la tierra, la cual siguió concentrada en manos de las élites latifundistas regionales, a pesar de las recomendaciones de reforma agraria que hiciese el Banco Mundial en 1950, a través del informe Currie, como condición para alcanzar el desarrollo rural en el país.

Por otra parte, las buenas relaciones con los Estados Unidos (dado los buenos oficios del Estado colombiano en la cruzada contra el comunismo: siendo el único país de América latina en enviar efectivos militares para la Guerra de Corea y siendo diplomáticamente decisorio para el aislamiento de Cuba en el escenario de la Organización de Estados Americanos); le permitió no sólo que a los exportadores de café les fuese asegurada la mayor parte de la venta de su producción en el mercado estadunidense, sino también que la incipiente industria colombiana, organizada a través de la ANDI, estableciera acuerdos comerciales con Estados Unidos para cobrar impuestos a las importaciones, a pesar de la política de libre comercio promovida por el país del Norte.

La crisis en la taza de lucro en los años 70 del siglo XX hizo que las “ayudas”  fuesen cobradas. En su mayoría se trataba de préstamos concedidos por las organizaciones de crédito internacional a los Estados latinoamericanos, que, sin tener como pagar, se vieron obligados a renegociar la deuda, eso generó la presión necesaria  para realizar las reformas del Estado tendientes a crear el escenario legal que desmontase la gubernamentalidad desarrollista y permitiera una gubernamentalidad que estimulase el aumento de la competitividad y mejorase el capital humano individual, siempre que se dejase actuar “libremente al mercado” en la búsqueda por alcanzar el crecimiento económico de las naciones.

 

Notas:

[1] Licenciado en Literatura (2002) y Magíster en Filosofía (2010), ambos títulos otorgados por la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Maestría en Estudios Culturales Contemporáneos (2016) en la UFMT (Matogrosso, Brasil). Ha realizado diferentes publicaciones, resultado de sus mis investigaciones en discursividad, prácticas sociales y memoria. Actualmente realiza un proyecto que busca entender la relación territorio, saber y cultura en las comunidades indígenas del norte del Cauca en Colombia. Docente de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. Contacto: Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm. Versión original en inglés. Consultado 5 de agosto, 2017.

[3] La ONU fue oficialmente inaugurada también por Truman durante su primer mandato el 26 de junio de 1945.

[4] Disponible en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1964-ALPRO-JFK.html. Consultado 18 de agosto, 2017.

[5] Para nadie es ya un secreto la colaboración del gobierno Kennedy en la invasión a Cuba por parte de los exiliados cubanos en 1961, y su ayuda también para instaurar un gobierno militar en el Brasil, lo que finalmente ocurrió en 1964.

[6] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/y-los-restos-de-gaitan-articulo-232531. Consultado 20 de septiembre, 2017.

[7] http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/pdf/carpeta-37/documento-547.pdf. Consultado septiembre, 2016.

[8] http://archivo.cepal.org/pdfs/1967/S6700244.pdf. Consultado 27 de octubre, 2017.

 

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Cómo citar este artículo:

SAAVEDRA, Oscar, (2019) “El discurso del desarrollo para América Latina: el caso colombiano”, Pacarina del Sur [En línea], año 10, núm. 38, enero-marzo, 2019. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Martes, 16 de Abril de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1699&catid=14