Alejandro García Rueda [1]

Recibido: 30-12-2014 Aprobado: 05-01-2015

 

Crónica de hechos

La noche del 26 de septiembre del año 2014 ocurrió en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, uno más de los crímenes colectivos más sonados de las últimas décadas, en la que se ve involucrado de manera directa el Estado Mexicano.

            La tarde de ese 26 de septiembre una brigada de 80 jóvenes estudiantes, de entre 18 y 22 años de edad, todos adscritos a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos“ de Ayotzinapa especializada en la formación de maestros rurales, partió en caravana rumbo a esa ciudad de Iguala con el fin de recaudar fondos para su traslado a la ciudad de México y participar en la conmemoración del 2 de Octubre de 1968; fecha que recuerda la masacre cometida por el Ejercito Mexicano contra estudiantes y gente del pueblo que realizaban un mitin pacífico en la plaza de las Tres Culturas. El número de muertos de aquel acto de barbarie nunca ha sido precisado, pero se calcula que los caídos no fueron menos de 400.

            Hoy se conoce, a través de una investigación periodística realizada por Anabel Hernández y Steve Fisher para la revista Proceso, que a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (conocido como C–4) de la ciudad de Chilpancingo e Iguala y controlado por la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estudiantes eran vigilados y monitoreados por la Policía Federal, la Policía Municipal y el propio Ejército, que en conjunto recibían información en tiempo real. De esta forma los órganos armados del Estado observaron que a las 17:59 horas los normalistas salieron de Ayotzinapa en dos autobuses de la línea Estrella de Oro rumbo a Iguala. Por ello, a las 20:00 horas, personal de la  Policía Federal y la Policía Estatal los esperaban en la caseta de cobro número 3 de la carretera Chilpancingo–Iguala donde realizaron su primera colecta. A  las 21:22 horas el grupo estudiantil llegó a la central camionera de Iguala. Fue en este lugar donde se tuvo un enfrentamiento, cuando se pretendió encerrar a diez estudiantes en un autobús y llegaron sus compañeros a rescatarlos. Veinte minutos después, los normalistas a bordo de cinco autobuses iniciaron el regreso a su escuela tomando rutas distintas entre dos y tres autobuses respectivamente. Cuando el grupo de dos autobuses se detuvo para orientar su regreso preguntando sobre la salida a Chilpancingo, fue agredido a balazos por policías municipales pero no hubo muertos.

            En un segundo ataque, ahora a la caravana de tres autobuses, un comando conjunto de policías Municipales y Federales les cerró el paso en una acción perfectamente coordinada, y sin mediar palabra, abrieron fuego contra los autobuses. Posteriormente, en una persecución a uno de los camiones que logró separarse del asedio, el comando policial atacó -por error de cálculo- a otro autobús de deportistas que encontró a su paso, matando a un joven de 15 años, al chofer y a una mujer que viajaba en un taxi.

            Transcurrió una hora en la que parecía que el horror había terminado. Otros normalistas llegaron a Iguala ante el llamado de auxilio de sus compañeros agredidos. A las 23:00 horas citaron a la prensa en la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez, en plena vía pública, para informar de los sucesos. Pero nuevamente, de manera sorpresiva (sólo entendible por el monitoreo del C–4) y sin importar la presencia de los medios de comunicación, los cuerpos policiacos volvieron a descargar sus armas sobre los normalistas matando a uno de los estudiantes en el sitio e hiriendo a otro gravemente. Entre la confusión y el miedo, los normalistas llegaron caminando hasta el hospital Cristina con su compañero moribundo, herido de un balazo en la boca. Omar García narró que “…los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Édgar”. Gracias al apoyo de una ciudadana, que ocultó en su domicilio a los estudiantes, pudieron salvar la vida. Fue de esta caravana donde los cuerpos policiacos secuestraron a 43 estudiantes que de acuerdo a la versión oficial, entregaron a un grupo de narcotraficantes.  

            La agresión de los cuerpos de seguridad continuó alcanzando a uno más de los autobuses que transitaba sobre la carretera Iguala–Mezcala, ya de regreso para Ayatzinapa.

            Al día siguiente, el cuerpo de Julio Cesar Mondragón aparecería desollado en las inmediaciones del C–4, hecho que provocaría un impacto colectivo traumático. Tan así, que durante días la prensa nacional pareció evitar el acontecimiento. En algunas redes sociales la imagen macabra circuló por un breve tiempo y luego fue retirada. ¿Frente a qué estamos? ¿Por qué tanta saña? Permeaban con espanto las interrogantes. 

            La participación de las fuerzas armadas federales en este acto de aparente irracionalidad, ha sido negada de manera categórica por parte de la Procuraduría General de la República, instancia de gobierno de primer nivel en impartición de justicia del país. Sin embargo, aparecen datos imposibles de ocultar y que por sí mismos exigen ser aclarados. Es innegable, en principio, que el 27 batallón de Iguala tuvo conocimiento paso a paso de cada suceso del día 26 de septiembre, en el cual los órganos policiacos del Estado cometieron el ataque a los normalistas. Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, declaró que la información del ataque a los normalistas llegó a conocimiento del Ejercito dos horas después de realizarse; una falsedad claramente ventilada porque hoy se conoce, tal abundancia de datos que refrendan la labor de inteligencia del Ejército. La vigilancia de todas las actividades de la Normal de Ayotzinapa a través del C–4 llevaba ya un tiempo.

            Por otro lado, la investigación periodística de Anabel Hernández y Steve Fisher precisa que:

Luego del segundo ataque, entre las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del que sólo se conoce el apellido, Crespo, del 27 Batallón de infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 militares.

  Crespo habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar ‘una motoneta blanca‘se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que después de que supo de la desaparición de los estudiantes, les pareció más sospechosa (Hernández y Fisher, 2014¨:10)

            El 28 de septiembre, la agente del ministerio público Elizabeth López Peña, ordenó una inspección física completa de todas las instalaciones del 27 Batallón de Infantería: oficinas, habitaciones y bodegas, que incluía además, la revisión de bitácoras sobre personas detenidas y verificación de cámaras de video correspondiente a los días 26, 27 y 28 de septiembre. El coronel de infantería José Rodríguez Pérez sólo permitió la entrada del Ministerio Público hasta un área de sanitarios con puerta de celda cerrada, con sellos y candados, indicando que por motivos de “seguridad nacional” no podía permitir la revisión solicitada.

            Los testimonios vertidos por los estudiantes son igualmente contundentes para la incriminación de los órganos armados del Estado. Anabel Hernández y Steve Fisher (2014b) han recabado esta información: el estudiante Lui Pérez Martínez declaró que el ataque a sus compañeros en la calle Juan N. Álvarez fue cometido por la Policía Federal. Francisco Chalma, estudiante de la Normal, declaró sobre la presencia de oficiales del Ejército en el Hospital Cristina.

            El estudiante Ángel Mundo Francisco, identificó, en el ataque, a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa la policía de Iguala. El estudiante José de Jesús Vázquez señaló, que los videos tomados con celulares de sus compañeros, fueron entregados a la procuraduría como prueba de la presencia de la Policía Federal; la Procuraduría ocultó estos videos, hasta que los periodistas los hicieron públicos.

            La explicación del gobierno mexicano a la agresión cometida, ha pasado por tres argumentos distintos que se modifican ante la evidencia de su responsabilidad. Primeramente se aseguró que los normalistas estaban escondidos en la sierra o en la misma escuela Normal, para crear presión política. Díaz después, el 5 de Octubre, el procurador del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, informó que dos sicarios habían confesado haber ejecutado a 17 jóvenes por órdenes del choky, supuesto jefe de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos. Esta versión se reforzó filtrando a la prensa algunas declaraciones de los detenidos; la explicación apuntaba a culpar a la policía municipal y al grupo de narcotraficantes, planteando la idea de que los estudiantes estaban ligados al grupo de narcotraficantes enemigo de Guerreros Unidos, los Rojos y por ello habría sido la agresión.

            Finalmente, el 7 de noviembre, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, redujo los acontecimientos a la simplicidad en un esfuerzo por ocultar la responsabilidad del Ejército y la Policía Federal: todo habría ocurrido por órdenes de un presidente municipal loco, que enfurecido por la intención de los normalistas de sabotear el arranque de campaña de su señora esposa para sucederle en el cargo, ordenó el ataque y desaparición de 43 normalistas. Después, entregados estos últimos al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, los asesinaron e incineraron en una enorme pira al aire libre, armada en un basurero del municipio de Cocula. Sus cenizas, embolsadas apenas dos horas después de concluida la calcinación, habrían sido depositadas en el río San Juan.

            La incredulidad acerca de la historia hecha pública por el Procurador, ha pasado del sentido común a la opinión de científicos, académicos y vecinos de Igual y Cocula: nadie se percató, en los pueblos contiguos, de un incendio de 43 cuerpos, llantas y leña que debió ser tan enorme, como espantosa la pestilencia que emanara de ello. En cambio, en consonancia con los datos brindados por el SENAHMI, a todas vistas, la intensa lluvia en la zona, restaba toda credibilidad a tal versión. Ni se explica el hecho de que una combustión al aire libre alcanzara un grado de calcinación tan alto, en un día nublado y con lluvia. Académicos de la UNAM han demostrado con argumentos químicos y físicos que no es posible calcinar 43 cuerpos en las condiciones planteadas por la procuraduría. Aunado a esto, en el supuesto lugar de la hoguera fúnebre, en el basurero, ningún rastro comprobable quedó: ni el alambre quemado de las llantas, ni las hojas de los árboles ahumadas y quemadas por el fuego, ni restos de ceniza, nada.

            Andrés Pascual Chombo Hernández, piloto aviador militar, adscrito ahora a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, sobrevoló Iguala el día 27 septiembre en búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, justo en las horas en las que, según el procurador Murillo Karam, los cuerpos ardían. La bitácora de vuelo es contundente: “sin novedad”.

            Las cenizas encontradas en el río San Juan, porque una de las bolsas no fue derramada en las aguas ¿Señuelo sembrado por los federales o militares para reinventar los hechos? Se pretendía quizás inducir la siguiente inferencia: que la figura real de los restos de uno de los desaparecidos condensa la presunta suerte de sus 42 compañeros.  La identificación del ADN de Alexis Mora Venancio por parte de la Universidad de Medicina Innsbruck, ha pretendido ser la prueba contundente de que la versión de la procuraduría es la correcta: “Esta prueba científica confirma que los restos encontrados en una de las escenas coinciden con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó de la vida al grupo de personas en los términos y señalamientos que dan en la averiguación” (Murillo Karam). Pero el Equipo Argentino de Antropología Forense ha aclarado que no avala ni niegan la versión oficial, porque no puede asegurar que los restos analizados provengan del basurero de Cocula. Aún más, los médicos forenses no presenciaron la recuperación de la bolsa por los buzos de la procuraduría. El peritaje policial o judicial sabe hasta la saciedad la relevancia de documentar el entorno en un crimen. Sacar los restos – la evidencia principal-  deja muchas dudas razonables que abonan a favor de un posible montaje.

Imagen 1. Fuente: AP

            La maniobra del procurador que pretendió, en un acto prestidigitador, proyectar por sinécdoque de que la suerte de uno es la del todo: los 43, fracasó. Si bien la Universidad de Innsbruck identificó el ADN de Alexis Mora, no por ello se puede concluir que el grupo de 43 estudiantes corrió la misma suerte. Pero entonces los médicos argentinos dejan la duda: ¿las cenizas fueron sembradas en el rio San Juan? ¿La cremación fue realizada quizás en un horno del ejército? Si fuera así, ¿A quién encubre la procuraduría?

            Para un número creciente de individuos la duda se ha disipando: El Estado Mexicano asesinó a tres estudiantes normalistas en una cacería concertada entre la Policía Municipal, la Policía Federal y el Ejército, incinero a Alexis Mora (muy probablemente en las propias instalaciones del batallón 27) y mantiene desaparecidos a 42 estudiantes más.

            ¿Por qué esta extrema violencia? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren dar?

            El primer impacto en la conciencia colectiva, una vez conocidos los hechos, fue de temor, miedo ante un Estado que se asume por mutuo propio como enemigo de su pueblo. Un Estado que se sabe tirano y nos lo hace saber. Por ello desolló, en un acto de extrema crueldad, a uno de los estudiantes cautivos.

 

Ayotzinapa en el espejo contrainsurgente colombiano

Eduardo Grüner (2006) en un breve, pero elocuente trabajo, ha reflexionado sobre el terror como una forma de hacer política:

Sin duda, los hombres se han pasado toda su historia aterrorizando a otros hombres, usando el miedo como instrumento básico de conquista, de dominación, de extorsión. Pero sólo en la modernidad ese recurso alcanzó el estatuto de una lógica universal matemáticamente calculada, de una suerte de maquinaria anónima que por momentos diera la impresión de funcionar por sí misma, implacablemente pero sin pasión, sin intenciones singularizadas, sin malignos designios demoníacos que alguna compleja teología pudiera explicar (no se trata, hay que ser claros, solamente de la “banalidad del Mal”, sino también, muy especialmente, de la atrocidad del Bien). Simplemente, la máquina funciona: y lo hace más allá de los sujetos, devenidos meros pretextos para mantenerla aceitada… (Grüner, 2006; 2–3)

         En el fondo de la inculcación del terror Grüner encuentra, con toda agudeza, la instrumentalidad de los actos cometidos. Es decir, el cálculo de la eficacia entre medios y fines. La razón instrumental ajustada a la era burguesa de la producción y el intercambio de mercancías.

         ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos ante una forma específica de violencia de clase para preservar sus intereses y sus espacios de poder.

         Este ejercicio instrumental de clase no es novedoso. Recientemente fue aplicado a gran escala en Colombia, a través del llamado Plan Colombia, “…modelo de terrorismo de Estado que arrancó en 1999, usado en Irak, Afganistán y, a través de la Iniciativa Mérida, en México y Centroamérica” (Saxe–Fernández, 2014;28). Todo auspiciado y financiado por Estados Unidos. ¿Ayotzinapa puede verse en el espejo contrainsurgente colombiano? Quizás sí.

          La razón instrumental aparece aquí expuesta con una clara transparencia:

El presupuesto del PC (Plan Colombia) lo defendieron en el Congreso de EU la Casa Blanca y Lawrence Meriage ¡vicepresidente de Occidental Petroleum! sus palabras van al quid del PC y de su par, la IM: ‘El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por mil 574 millones (de dólares) debe ser aprobado cuanto antes (ibíd.)

El Plan Colombia consideró de manera particular la región de Urabá, que documentos del Departamento de Estado describen como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y del mundo y que contiene reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radiactivo, gigantescos recursos petroleros y una gran biodiversidad. Por ello el territorio se ha convertido en una zona de masacres y asesinatos de bandas paramilitares.

            De esta forma el miedo aparece como telón de fondo en el actuar político de los grupos de poder. Requieren de él para reafirmar su hegemonía y ensanchar sus áreas de dominio. Vuelvo a citar a Grüner, para profundizar en el planteamiento:

.…esta reducción de la política al régimen de Terror significa que el terrorismo fascista al que se creyó vencido hace más de medio siglo ha triunfado en toda la línea. Quiero decir: el terrorismo fascista se diferencia de cualquier otro régimen simplemente autoritario en que no pretende sencillamente infundir pasividad social a través del miedo, sino que apunta a movilizar a una buena parte de la sociedad a favor del régimen de Terror. El Terror ya no es sólo miedo físico a un poder objetivo: es una pasión subjetiva , como decía Hobbes; todos, aunque fuera para denunciarlo, estamos en alguna medida identificados con él. Como hubiera dicho aquel poeta latino retomado por el Renacimiento: nada de lo terrorífico nos es ajeno (Grüner, 2006; 4).

La agresión a los normalistas de Ayotzinapa conlleva una carga histórica por los antecedentes de rebeldía de la región y del estado mismo de Guerrero, sumado a la razón instrumental del tráfico de enervantes. Por ello, proponemos revisar dos aspectos del entorno social y político que conectan con la escuela normal ubicando el papel de cada actor en este brutal acontecimiento y concluir que no hay, de ninguna forma, un solo hecho fortuito. Cada pieza engrana bajo su estricta lógica: la organización social revolucionaria del pueblo guerrerense, por un lado, y la acción estratégica contrainsurgente del Estado, siguiendo la lógica de la Guerra de Baja Intensidad diseñada por la Escuela de las Américas.

 

Huellas que dibujan el presente

La complejidad de la problemática actual en el Estado de Guerrero, que se hace evidente a partir de los hechos de Ayotzinapa, mantiene un hilo conductor que se remonta a la década de los años sesenta del siglo pasado. Durante todos estos años la sociedad guerrerense ha respondido, bajo distintas formas de lucha al cúmulo de injusticias y trato degradante al que la tiene sometida el régimen caciquil y autoritario del Estado. Por ello, considero que este acontecimiento sólo puede ser comprendido tomando como marco histórico referencial lo que Eric Hobsbawn (2012) llama un tiempo corto, es decir un periodo histórico coherente, compuesto de distintas aristas que integran un tejido único.

            En la década de los años 60 del siglo pasado el escenario político nacional, y particularmente del estado de Guerrero, se modifica sustancialmente abriendo un periodo nuevo que aparentemente había sido cerrado con la reforma política de la década de los años 70, sin embargo, hoy queda claro que no fue así, que en realidad sólo se atenúo sin llegar a concluirse. La frontera limítrofe que cruza el escenario político de los años 60, se encuentra en las formas y los métodos que asumen las organizaciones políticas de ese entonces; y que evidentemente modifica de manera radical, el contenido de su actuar y sus propuestas estrategias. Hasta ese momento las reivindicaciones agrarias se encontraban en el centro de la pugna política. Cuatro uniones agraristas concentraban el eje aglutinador de la protesta social: la Unión de Productores de Ajonjolí, la Unión de Productores Independientes de Café, la Unión libre de Asociaciones de Copreros y la Unión de Trabajadores de Palma (Mayo, 1980).

            Estas uniones transitaron el espectro político agrarista acuerpándose en la Asociación Cívica Guerrerense y en el Comité Cívico Guerrerense para levantar una lucha que llevaría a la desaparición de poderes del Estado y la destitución del gobernador Raúl Caballero Aburto. Su involucramiento en la contienda electoral y el consiguiente fraude del partido oficial, el PRI, abriría el umbral del nuevo periodo de lucha: el movimiento guerrillero foquista. Claudia Rangel y Evangelina Sánchez describen de esta forma la situación guerrerense después del fraude electoral:

La respuesta a la osadía electoral de los cívicos arrastraba un largo camino de aprehensiones, represiones, matanzas y la ocupación de la entidad por alrededor de 25 mil soldados que buscaban apaciguar las protestas cívicas. Las cárceles se encontraban repletas y la represión asolaba la Costa Grande, Chilpancingo e Iguala, regiones en donde los cívicos contaban con bases de apoyo… (Rangel y Sánchez, 2008; 510)

            A partir de este momento la lucha de los cívicos buscó un cambio social revolucionario creando un movimiento nacional de lucha armada, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, estructurada en tres Comandos Armados de Liberación: el CAL general Juan Álvarez, el CAL general Emiliano Zapata y el CAL Vicente Guerrero. 

            Casi de manera paralela, y producto de la extrema represión vivida en el estado, otro movimiento armado aparecería en la sierra de Atoyac, Guerrero: la Brigada Campesina de Ajusticiamiento encabezada por Lucio Cabañas, maestro rural formado en la Normal Rural de Ayotzinapa, y su brazo político el Partido de los Pobres, PDLP.

            Las áreas de influencia de la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas se extendieron sobre todo en la Costa Chica, la Costa Grande y la región de la Montaña; en Chilpancingo, Iguala, San Jerónimo, Tecpan, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, principal área insurreccional de Lucio Cabañas. Sin embargo, es importante observar que la concepción foquista en la cual sustentaban sus acciones, definían sus áreas de influencia como bases de apoyo siendo sus principales formas de lucha los secuestros, asaltos y las emboscadas al Ejército, que operaban a partir de los Comandos o de la Brigada de Ajusticiamiento, espacios que por su propia concepción militarista se reducían a una militancia centralizada. La organización político–militar de Lucio Cabañas llegó a sobrepasar los límites del estado de Guerrero de manera significativa ganando presencia en Aguascalientes y el Distrito Federal e integrando en su fuerza armada alrededor de 350 guerrilleros. Fue, junto con la Liga Comunista 23 de Septiembre, la guerrilla más importante de la década de los 70.

            La experiencia insurreccional guerrillera fue derrotada militarmente por el Estado en la misma década de los 70 en la que tuvo su mayor auge. En 1972 cayó abatido Genaro Vázquez y en 1974 Lucio Cabañas. Se abre entonces un nuevo periodo de lucha contra el acoso sistemático de las fuerza armadas del gobierno.  El movimiento cívico regresaría a la lucha legal incorporándose al Partido de la Revolución Democrática, mientras que el Partido de los Pobres se conservó en la clandestinidad reivindicando la lucha armada aunque la Brigada Campesina de Ajusticiamiento ya no operó militarmente.

 

Memoria contrainsurgente

La estrategia del Estado para combatir a la guerrilla avanzó desde distintos frentes que combinaron el enfrentamiento abierto y el acoso a sus bases de apoyo a cargo del Ejército desde la 27 y 35 zonas militares, por un lado, y la inyección de recursos en créditos, electrificación, apertura de caminos, centros de salud, agua potable, etc. por el otro. Estas últimas medidas se aplicaron mientras el conflicto se mantuvo vivo, pero una vez que la zona pasó a control del Ejército se retiraron. Por el contrario, la ocupación militar de amplias zonas se ha mantenido aún en el presente, profesionalizándose la acción contrainsurgente. La estrategia de militarizar las zonas de conflicto ya había sido ensayada en Chihuahua unos años antes, para combatir a Óscar González Eguiarte y la guerrilla que él encabezaba, aplicando la “Operación Yunque y Martillo“ (Reyes, 2008) siguiendo la estrategia de Guerra de Baja Intensidad de cuño estadounidense.    

            En un primer plano se instauró un estado de sitio en todas las comunidades identificadas como bases de apoyo, estableciendo campamentos militares a gran escala: se crearon 15 partidas militares en lugares donde la milicia no tenía presencia, saturándola con diez mil soldados; con ello cercaron la zona de influencia del movimiento armado guerrillero penetrando a los lugares más apartados, en la sierra, con helicópteros de la fuerza aérea y avionetas de la policía militar. El estado de sitio, implacable, avanzó con patrullajes permanentes de convoyes militares que peinaban la región con tanquetas y vuelos rasantes (Sierra, 2008).

            La Guerra de Baja Intensidad asumió la forma de aislamiento y exterminio de la guerrilla. El mismo Ejército que enfrentaba a los comandos armados, llevaba asesoría agrícola a los campesinos, atención médica y medicinas, víveres y ropa a la población. Paralelamente se puso en marcha un programa de reclutamiento militar disfrazado bajo la promoción de actividades deportivas. Juan Fernando Reyes (2008) ubica que, para desarticular los movimientos armados, se instrumentaron catorce campañas militares entre los años de 1968 y 1974 que pasó por el “apoyo humanitario“, el enfrentamiento directo, la represión al pueblo y las bases de apoyo, incluyendo la desaparición forzada y los “vuelos de la muerte“ desde la base aérea número 7 de Pie de la Cuesta, lo que se conoce como la guerra sucia de los años setenta, y paralelamente, la introducción de tiendas de la CONASUPO, el IMECAFÉ y otro programas de gobierno.

            Las campañas subsiguientes, que en total sumaron catorce, se dieron ya bajo un estado de sitio en gran parte de la sierra. Más de 25 mil soldados –la tercera parte del ejército– fueron lanzados en pos de la guerrilla (Reyes, 2008;412).

            Es importante considerar que la Guerra de Baja Intensidad montada a partir de 1968 en Guerrero, se ha mantenido plenamente vigente hasta el día de hoy, dirigida desde las zonas militares 27 y 35, y la policía federal, profundizando la estrategia de control, espionaje, desaparición, asesinato selectivo y masivo, y la utilización de grupos delictivos como el narcotráfico.

             Los años que siguieron a la derrota militar de los grupos guerrilleros abrieron de lleno la etapa conocida como guerra sucia, caracterizada por la implementación del miedo como método prioritario de amedrentamiento. Se cobró con sangre la osadía de haberse levantado contra el Estado, por más razón que se esgrimiera. El Estado no asumió la reconstrucción del tejido social, como su tarea sustantiva para alcanzar la reconciliación. Nunca se buscó resolver las legítimas demandas que motivaron el levantamiento armada. Por el contrario, mantuvo la estructura caciquil de saqueo y explotación apuntalada ahora con la represión y el asesinato.

            La operación de guerra sucia contra la población, se encomendó a los militares Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro. Por años instalaron puestos de control en caminos y carreteras realizando interrogatorios y detenciones sin motivo alguno.

Como parte de este proceso…Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro escogían a los detenidos y los sentaban en una silla para sacarles ‘la foto del recuerdo‘. Luego les disparaban en la nuca con una pistola calibre .380 a la que Quirós nombró ‘la espada justiciera‘. Los cadáveres eran metidos en bolsas de lona que se subían en un avión Araba del entonces escuadrón 301 para lanzarlos al mar durante vuelos exprofeso (Díaz, 2012;11)

           

Acosta Chaparro operó en Guerrero hasta 1999, año en el que concluyó el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y aún cuando fue llevado, junto Quirós Hermosillo, ante la Fiscalía Especial de Movimiento Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y por más testimonios que enfrentaron, incluso de mismos militares subalternos, no recibieron ninguna condena, más aún, es conocida la asesoría y representación que asumió Acosta Chaparro, durante el gobierno de Felipe Calderón, para negociar con el narcotráfico a nivel nacional.

            A lo largo de todos estos años, contados hasta el presente, la Guerra de Baja Intensidad que el Estado ha aplicado como eje de su política de gobierno, conjuga la aplicación de programas asistenciales, el terror promovido desde los grupos paramilitares de narcotráfico y la presión oficial de las instancias policiacas de gobierno que llegan al asesinato selectivo o masivo. La multiplicación de entierros colectivos ingresó en una espiral sin precedentes llenas de anónimos: detenidos-desaparecidos, secuestrados-desaparecidos, migrantes-desaparecidos.  

Interminable es la lista de los actos criminales cometidos paso a paso: durante la gubernatura de Alejandro Cervantes Delgado (1981–1987) fueron descubiertos 5 pozos en el fraccionamiento residencial Copacabana, en Acapulco, con 38 cadáveres (Díaz, 2012). En octubre de 1992 Gregorio Flores Cortés, acusado de haber pertenecido al grupo de Lucio Cabañas, siendo presidente de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica (URECCCH), fue asesinado por pistoleros a sueldo. Ese mismo año fueron ejecutados Juan Mercenario, regidor suplente del municipio de Metlatónoc; el comisariado ejidal de Xaltianguis, Julián Vergara Nava y Moisés Bruno López, líder del PRD en Moyetec, municipio de Tlapa.

            En 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, la policía estatal y el Ejército asesinaron a 17 campesinos e hirieron a 23 más, en una emboscada. El contingente se dirigía a un mitin político en la Presidencia Municipal de Atoyac para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero López, desaparecido un mes antes.

            Según un informe del Centro Prodh, ese mismo año de 1995 …se produjeron en el estado 113 hechos violentos: treinta y siete en la Costa Grande, dieciocho en Acapulco, diecisiete en la Costa Chica, diez en la Montaña, diez en la Mixteca, otros diez en la Tierra Caliente, seis en Chilpancingo, tres en la región centro y dos en el norte (Hernández Navarro, 2014;134).

Imagen 2. Fuente: REUTERS Jorge Dan López

            Un mes antes de la matanza de Aguas Blancas, en junio, tres indígenas mixtecos de Tlacoachistlahuaca, pertenecientes al Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, fueron acribillados mientras realizaban un plantón frente a la Presidencia Municipal.

            Durante 1996 los dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), Hilario y Miguel Ángel Mesino, y Benigno Guzmán Martínez fueron encarcelados. Este último condenado a trece años de prisión acusado, sin demostrarse, de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, EPR.

            El 7 de junio de 1998 el general Juan Alfredo Oropeza Garnica jefe de la 27 zona militar, al mando de una partida de soldados, asesinaron, incluso de manera sumaria, a diez indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM, en la escuela primaria Catarino Maldonado. Los indígenas pertenecían a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT)  

            Durante la gubernatura de Rubén Figueroa Alcocer (1993–1999) fueron asesinados ochenta y cuatro militantes perredistas. En 2002 la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó la desaparición de 482 personas y de ellos casi el 40 % corresponden al estado de Guerrero (Díaz, 2012). De 2005 a 2011, sexenio de gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo por parte del PRD, fueron asesinados treinta dos militantes de ese mismo instituto político.

            En 2011 asesinan a Isabel Ayala Nava, esposa de Lucio Cabañas, junto con su hermana Reyna, en Xaltianguis, municipio de Acapulco,

            El 12 de diciembre de 2012 en un desalojo en la Autopista del Sol son asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, por policías federales.

            El 21 de agosto de 2013, en una acción policiaca y militar se detuvo a 40 policías comunitarios.

            El 19 de octubre de 2013 asesinan a Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), después de anunciar la formación de la policía comunitaria en Atoyac.

            El 10 de noviembre de 2013 los dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Ana Lilia Gatica y Luis Olivares son asesinados.

            El 16 de noviembre de 2013 Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, representantes de la comunidad de El paraíso, municipio de Atoyac, fueron asesinados al encabezar la formación de la policía comunitaria de su comunidad… La lista es interminable.

            Es perceptible ver que todos estos asesinatos han sido cometidos contra dirigentes políticos de distintas organizaciones o representantes comunales destacados. Es decir, en todo ello se distingue un tinte político, una clara intención por mermar la estructura política de las organizaciones sociales, tal como lo sugiere el manual contrainsurgente de la Escuela de las Américas. Y de manera intermitente, se cometen masacres planeadas que, como golpes de mano, procuran sembrar miedo en un marco de violencia institucionalizada como medios de amedrentamiento y sujeción. Por ello no es casual, que varios de los encargados de la policía en Guerrero hayan sido militares: Mario Arturo Acosta Chaparro lo fue durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, primero como jefe de la policía de Acapulco y luego como jefe policiaco de toda la entidad. También lo fue durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer. Asimismo, a partir de 2003, y hasta 2013 el almirante retirado y ex comandante de la octava zona naval con sede en Acapulco, Sergio Javier Lara castillo, tuvo igualmente el cargo de Secretario de Seguridad pública de la entidad.

            Y por otro lado, destaca la formación contrainsurgente de los militares que dirigen la 27 zona militar. Hernández Navarro (2014), informa que quien se encuentra al frente del 27 batallón de Iguala, en la actualidad, es el coronel Juan Antonio Aranda Torres, formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia, es decir, el perfil profesional de quien debe dirigir una Guerra de Baja Intensidad.

            Pero la violencia institucional, que como se ha planteado, se dirige prioritariamente a la estructura política de las organizaciones sociales, no es la única vía utilizada por los círculos de poder para mantener sus espacios de dominio. Está igualmente el solapamiento de las bandas delictivas que actúan con plena impunidad o para el servicio de las propias autoridades. El problema deviene tan grave que no puede ser visto solamente como un asunto de legalidad o de falta de aplicación de normas y leyes. Es un problema endémico que muestra la debilidad de un Estado que requiere de estos actos para mantener un poder que ha perdido consenso.

 

El espectro del narco

Como parte de la profundización de la Guerra de Baja Intensidad está, de manera significativa, el solapamiento y la protección del narcotráfico siguiendo una ruta de terror social y destrucción de lazos comunitarios y familiares. De acuerdo con Gustavo Castillo (2012), periodista de la jornada, …en Guerrero se produce el 98% de la amapola del país, y Luis Hernández Navarro, del mismo diario precisa que Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de la goma de opio. Por otro lado, debe considerarse que el estado es uno de los principales corredores de droga del territorio mexicano. “De acuerdo con el reporte células delictivas  con presencia en el país, elaborado en marzo de 2013 por la Procuraduría General de la República, 26 de 88 organizaciones criminales que operan en México están asentadas en esta entidad, lo que la convierte en una de las más peligrosas” (Proceso1991, 13).

            Es decir, en la órbita del negocio de las drogas, el estado de Guerrero se ha convertido en un punto vital, estratégico; como lugar de tránsito, como mercado y como zona de producción.

            En la información proporcionada por Gustavo Castillo, de quien hemos hecho referencia, destaca la utilización de familias campesinas enteras para el cultivo de la amapola, en regiones serranas donde sólo el Ejército tiene acceso para destruir los cultivos. En este sentido la violencia del narcotráfico va más allá, generando una descomposición social completa, porque se inserta en un vacío que el Estado ha creado: hace mover la economía, crea empleos, levanta infraestructura, se convierte en una alternativa contra la pobreza. Desde luego, sobre la base de una distorsión del tejido social, destruyendo los lazos de solidaridad social de las ancestrales comunidades guerrerenses.

            En esta dinámica corrosiva debe mirarse igualmente otro de los grandes negocios de las bandas de narcotraficantes, las personas desaparecidas: 21 mil 646 casos, de los cuales 15, 989 son hombres de 29 años promedio y 6, 385 mujeres de 21 años promedio. En el caso de las mujeres, las desapariciones pueden estar relacionadas con víctimas de trata (Merino, Zarkin y Fierro, 2015). Y el cúmulo de información periodística de los últimos años nos acerca a la hipótesis de que en el caso de los hombres, podría tratarse de leva para los campos de cultivo de droga, en una forma moderna de esclavitud. Los autores citados precisan otra información de especial relevancia: dentro de los 28 municipios del país que concentran el 50% de los desaparecidos en 2014 se encuentra Iguala y Acapulco, en el Estado de Guerrero.

  “La violencia en ese estado, considerado entre los más peligrosos del mundo, no ha cesado a pesar de los niveles de militarización a los que fue sometido desde inicios del sexenio pasado. Además de los operativos militares, como el actual Guerrero seguro, ahí se ubica de forma permanente la Novena Región Militar, que dirige el general de división diplomado de Estado Mayor, Genaro Fausto Lozano Espinoza; la Trigésima Quinta Zona Militar, a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez; y la Octava Región Naval, que hasta hace unos días encabezaba el almirante Sergio Javier Lara Montellano, actual secretario de Seguridad Pública de Guerrero” (Nancy Flores, Contralínea.com.mx, 2 de junio de 2013).

            La presencia militar en la región es altamente significativa. Desde el patrullaje permanente por tierra y aire, el espionaje a través de los centros de control y las propias estructuras policiacas estatales y municipales que en gran parte han pasado a control de la milicia. El estado en gran medida, es una zona de control del Ejército Mexicano. Por ello los padres de los jóvenes desaparecidos han insistido reiteradamente que se investigue a los militares y a la policía Federal, obteniendo como respuesta el caso omiso de parte de la Procuraduría. Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 desaparecidos declaró: “El ejército ha demostrado su complicidad en este crimen al simular la búsqueda de los 42 desaparecidos, ya que uno de ellos, Alexis Mora, fue identificado”.

 

Reorganización del movimiento insurgente

La respuesta por parte del movimiento social ante el cúmulo de agresiones, ha sido el repliegue y la reorganización sobre la base de agrupamientos reivindicativos de carácter agrario, de derechos humanos y comunales. Algunos optaron por incorporarse a la lucha electoral a través de un partido político, como lo hizo la ACNR, logrando dar cierto margen de acción y apertura legal.

            No obstante, como se ha descrito, el Estado mantiene un acoso permanente desde los agrupamientos militares y el solapamiento de las bandas criminales del narcotráfico, sumado al abandono en la inversión social: de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social, en Guerrero la pobreza pasó de 67.6 % a 69.7 %, tan solo de 2010 a 2012. Y mientras que en el resto del país la tasa promedio de pobreza es del 9.8%, en Guerrero se dispara hasta el 31.7%.    

            Todo esto ha obligado a los guerrerenses a mantenerse bajo un proceso de resistencia que esconde y disimula el encono y la rebeldía subsistente. Durante los años de la guerra sucia, la década de los setenta y buena parte de los ochenta, la gente actuó bajo lo que James Scott (2004) denomina el discurso oculto, es decir, una manera de disimular y esconder la rebeldía, ante el sistema de dominación opresor que no daba tregua.

            La década de los noventa marca el inicio de una nueva etapa, reactivándose la lucha de carácter político. En 1994 se forma la Organización Campesina de la Sierra Sur demandando salud, vivienda, educación, apoyo a la producción, etc. convocando a la realización de mítines y actos públicos. Varios de sus dirigentes venían de las jornadas de lucha, en los setenta, reclamando la liberación de los presos políticos y alto a la represión.

            Otras organizaciones aparecían públicamente rompiendo el miedo que el Estado había instalado en la región: la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica; organizaciones cafetaleras Luz de la Montaña y Unión Regional Campesina; el Consejo 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, el Consejo de Autoridades Indígenas, la SSS Café–Maíz y el Consejo Comunitario de Abasto. Y muchas más. Todas reivindicando demandas sociales, de apoyo gubernamental y de reclamos contra la creciente inseguridad.

            La respuesta del Estado fue contundente: el asesinato masivo, en 1995, por parte de la policía estatal y el Ejército en el vado de Aguas Blancas.

            Ese acto representa, simbólicamente, un demarcador político, un llamado a iniciar la nueva etapa de insurgencia social. Ese mismo año nace la Policía Comunitaria en 62 comunidades indígenas de los municipios de San Luis Acatlán: mixtecos, tlapanecos y nahuas  de la costa chica;  Malinaltepec: mixtecos de la región de la montaña; Marquelia en la costa chica; Copanatoyac: mixtecos, nahuas y tlapanecos de la región de la montaña; Metatónoc: mixtecos y tlapanecos de la montaña y Atlamajalcingo del Monte: tlapanecos y mixtecos de la montaña, conjuntamente con diversas organizaciones como el Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, la organización cafetalera La Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina y otra más  (García Rueda, 2014). Lo novedoso de este nuevo proceso organizativo es que la Policía Comunitaria se cimenta sobre la base de la estructura comunal de tradición indígena, reivindicando su derecho a la autodefensa con el uso de las armas y siguiendo una forma de justicia social distante del derecho positivo del Estado. La organización, resistiendo la ofensiva corruptora y de enfrentamiento del gobierno Federal y Estatal, se mantiene bajo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC–PC e integra presidentes municipales y autoridades ejidales y comunales. Una de sus primeras demanda, que golpea de frente a uno de los órganos represivos del Estado, es la desaparición de la policía motorizada, responsable de múltiples agresiones e incluso señalada como parte del operativo de asesinato en Aguas Blancas.

            La respuesta del gobierno estatal ha sido engañosa a partir del reconocimiento de la base social que representa la CRAC–PC. Bajo presión y por las mismas movilizaciones de los comunitarios ha tenido que aceptar su existencia. Incluso llegó a capacitarlos en el manejo de armas. Sin embargo, la política de golpeteo y hostigamiento no se detiene: en el año 2000, el Ejército desarmó a la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán. El 18 de septiembre del mismo año se detuvo a Bruno Plácido Valerio, asesor de la Policía Comunitaria.

            En 2003 se dio un ultimátum a la CRAC–PC para que en definitiva, dejara de operar bajo la amenaza de encarcelamiento a todos sus integrantes.

            En 2005 la policía detuvo a todos los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. Y pese a ello, en abril de 2013 cincuenta policías comunitarios de Acatempa, Tecocintla, Zacazonapa y el Troncón entraron armados a Chilpancingo para reclamar la liberación del segundo comandante del Troncón Nahum Santos Bartolo, detenido por el Ejército. Al acto, apoyado por unos tres mil profesores del estado, movilizados contra la reforma educativa, se sumaros alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa que marcharon con ellos desde Tixtla hasta la capital del estado, unos veinte kilómetros de distancia. La respuesta del gobierno del estado, cuatro meses después, fue la detención por marinos y soldados, de Nestora Salgado, coordinadora de la policía de Olinalá, Guerrero, y treinta policías más. Ha quedado ampliamente demostrado que el propio procurador del estado de Guerrero pagó a un grupo de personas para que los acusaran de secuestro. A Nestora Salgado la trasladaron a un penal de alta seguridad para aislarla de su comunidad e impedir que fuera rescatada como en el caso de Nahum Santos.

            Pero la formación de la Policía Comunitaria no fue la única reacción a la matanza de Aguas Blancas. En el primer acto conmemorativo, un año después, en 1996, aparece el Ejército Popular Revolucionario, el EPR. Una organización político–militar que tiene como antecedente histórico al Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo, el PROCUP. Esta organización se fusiona, en 1994, con otros grupos guerrilleros que dan vida al PROCUP.

            El área de influencia de esta estructura guerrillera sobre pasa con mucho al estado de Guerrero expresándose en Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Distrito Federal.

            En 1996, el mismo año en el que hace pública su formación, atacó una base militar en Guerrero matando 30 militares. El mismo año, en una acción simultánea, en el estado de Oaxaca, atacó bases militares, estaciones de policía y una estación de radio dejando 17 muertos. Después de diez años de inactividad, en 2007 volvió a aparecer atacando gasoductos y oleoductos en el centro de México y Veracruz exigiendo la presentación de dos de sus militantes desaparecidos por el Estado.  

Imagen 3. Fuente: E–Oaxaca. Periodismo digital

            La Escuela Normal de Ayotzinapa no es ajena al proceso social y político del estado. En ella se forman, con espíritu crítico, maestros rurales que desempeñan sus conocimientos en las comunidades guerrerenses e inculcan, en las nuevas generaciones, una visión de su entorno que no justifica la miseria en la vive la gente. Ello les duele,  irrita y les despierta desconfianza frente al Estado.

            De esa escuela egresó el líder guerrillero Lucio Cabañas y en ella impartía clases al momento de lanzarse a la lucha armada. Desde entonces la escuela ha quedado estigmatizada por el Estado como un foco de insurrección y rebeldía. Su política hacia la normal ha sido de hostigamiento constante en la búsqueda permanente de desaparecerla. Por ello se ha aplicado un recorte presupuestal severo, que limite los recursos para las becas. Se han cambiado los planes de estudio buscando incluso su cierre definitivo. Pero más allá del ámbito administrativo está la criminalización de sus movilizaciones, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, asesinatos y, como ya conocemos, la vigilancia permanente a través del C–4 e instancias de inteligencia militar.

            Políticamente, los estudiantes de las Normales Rurales del país se encuentran organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que se define como una organización semiclandestina. Su presencia destaca en las Normales Rurales pero mantiene trabajo en regiones campesinas y en centrales agrícolas.

            Uno de los mayores golpes que el Estado ha dado a las normales fue el cierre de la escuela del  Mexe, Hidalgo, en tiempos de Felipe Calderón.

            Internamente los normalistas de Ayotzinapa se acuerpan en el Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y una estructura más estrecha y selectiva, el Comité de Orientación Política e ideológica (COPI). A esta estructura se pretendió golpear de manera incisiva.    

 

Reflexiones finales

Nos planteamos, al inicio del texto, la hipótesis de que el asesinato de los normalistas no fue hecho propiciado por un grupo de delincuentes, por el contrario, partimos de la propuesta de que se trataba de acto pensado, organizado y dirigido desde los órganos militares del Estado Mexicano. La conclusión, que se desprende de los argumentos expuestos, es que se confirma la hipótesis planteada: El Estado Mexicano es el autor intelectual y material de esta masacre.

Sin embargo, el contexto histórico muestra una realidad aún más compleja. El asesinato y la desaparición de los jóvenes estudiantes, se vislumbra como parte de una política de Estado que tiene en sus entrañas, el objetivo estratégico de sembrar terror en la población. La agresión a los normalistas golpea una estructura política adversa a la hegemonía de los grupos de poder, pero el contenido simbólico del acto, la persecución, la cacería y la saña del desollamiento, buscan en el fondo, cifrar un mensaje a la sociedad entera, que ya padece de por sí un estado de presión y hostigamiento por la ola de asesinatos permanente venidos de los grupos paramilitares del narcotráfico y la escandalosa colusión de las autoridades. El mensaje entreteje sus argumentos simbólicos con la violencia como arma disuasiva. Todos estamos expuestos si osamos protestar a la injusticia. O aceptamos sumisos la extorsión y la explotación, o la norma está planteada

No hay en todo esto hechos fortuitos. Grüner (2006) tiene mucha razón: la instrumentalidad del terror apunta al saqueo de los recursos naturales del país y al tráfico de enervantes como fuentes perversas de enriquecimiento, que una clase social dominante aplica sin disimulo y sin reservas. En  esta lógica, la Guerra de Baja Intensidad y su siempre inherente política del miedo, hacen urgente que interioricemos el terror para volvernos inactivos, inoloros e incípedos en nuestra existencia.

 

Cómo citar este artículo:

GARCÍA RUEDA, Alejandro, (2015) “Ayotzinapa: dolor del pueblo y contrainsurgencia”, Pacarina del Sur [En línea], año 6, núm. 22, enero-marzo, 2015. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 18 de Abril de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1075&catid=14