Marcelo Summo[1]

Recibido: 07-08-2013; Aceptado: 24-09-2013

“No es la solución de la cuestión de la vivienda la que resolverá al mismo tiempo la cuestión social, sino recién al resolverse ésta, o sea al abolir el sistema de producción capitalista se hace factible también la solución del problema de la vivienda.”

Federico Engels (1946: 64)  

“Renuncio a traer a este Informe los numerosos cuadros de miseria que he visto en los conventillos y fuera de ellos”

  Juan Bialet Massé (1985: 192)

Introducción

El presente trabajo pretende indagar en torno a algunas cuestiones básicas que hacen a la relación existente entre clase obrera y espacio urbano a principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires. Entendemos que la dinámica de los conflictos sociales opera de diversas maneras sobre la configuración del espacio urbano abriendo singulares procesos de lucha por la apropiación del mismo en los cuales, a lo largo de la historia contemporánea, se enfrentan clase obrera y capital. De allí, que la espacialidad urbana y las condiciones de vida cotidiana en la Buenos Aires finisecular, no fueron elementos estáticos en lo que respecta al proceso de génesis, formación y desarrollo de la clase obrera porteña. En efecto, la ciudad fue un elemento consustancial al proceso de constitución y evolución del moderno proletariado industrial, además del escenario natural del “mundo obrero” y de sus luchas en pos de la mejora en sus condiciones materiales de vida; como así también por su emancipación en tanto clase de explotados y oprimidos.

La relación entre ciudad y clase obrera ha sido considerada como “natural” y no merecedora de ulteriores análisis. En ese sentido, se ha tendido a ver a la primera como un simple epifenómeno del proceso social general; no dándole en consecuencia la relevancia que se merece como elemento constitutivo y a la vez central en el proceso de génesis, formación y desarrollo del moderno proletariado bajo la égida del capital.

La ciudad no debe ser pensada como un mero escenario fijo e inmutable donde intervienen los distintos actores sociales y políticos con sus diversas prácticas; sino más bien como un elemento dinámico y variable; ya que a cada momento histórico particular le corresponden diferentes entramados de relaciones de poder que actúan en la producción de las urbes y de su espacialidad. Dado que cada sociedad produce la espacialidad urbana que requiere, la relación entre las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y el sistema de poder urbano constituye un nexo por demás atractivo a explorar para poder describir y analizar la dinámica y la articulación de las luchas urbanas –a la vez políticas- a los efectos de lograr una comprensión más acabada de las mismas. El estudio del caso de la huelga de inquilinos de 1907 en la Buenos Aires finisecular permite acercarnos al análisis de tales problemas.

El capitalismo argentino a fines del siglo XIX y principios del XX

Durante la primera década del siglo XX la fisonomía espacial de Buenos Aires fue adquiriendo nuevas pautas que se fueron forjando en pleno apogeo del modelo de acumulación capitalista conocido como agrario exportador. Este es un momento en que la élite conservadora argentina logra establecer una nueva relación con el mercado mundial, más específicamente, con el centro de poder político-económico situado en Gran Bretaña, por aquellos años el principal comprador de productos primarios nacionales y un exportador de gran cantidad de capitales. Es el período en el cual aparecen profundas transformaciones económicas y sociales que darán nacimiento a la Argentina moderna diseñada gracias al triunfo del proyecto oligárquico representado por la generación del `80; que luego de largos y complicados enfrentamientos consigue una cierta estabilidad política propiciando, en consecuencia, las condiciones para el desarrollo y la expansión de las relaciones capitalistas de producción en el país. Así, mediante un rápido crecimiento, la Argentina se transforma en uno de los principales exportadores de productos agrícolas y ganaderos. Esos intercambios se convierten, entonces, en el eje económico nacional, y a partir de ellos se irán articulando otras actividades tales como el transporte, el comercio, la industria, las finanzas y los servicios  públicos.

Archivo General de la Nación, Argentina

Entre los cambios que se producen en la estructura social merecen destacarse  aquellos referidos, por un lado, al fenómeno urbano, caracterizado por una alta concentración de la población en el litoral que continúa con la tendencia de una temprana urbanización. Para 1914, la población urbana del país es mayor a su población rural; mientras que en 1895 el 43% se ubicaba en zonas urbanas, en el año 1914, el 58% se asienta en las principales ciudades (Ortiz, 1964: 208-209). Por otro lado, pero en estrecha relación, nos encontramos con el surgimiento de nuevos grupos sociales notoriamente urbanos, es decir, se vislumbra un proceso de creciente diversificación de los estratos sociales marcado por la aparición y el crecimiento de las clases medias y del proletariado urbano. Las clases medias quedarán directamente vinculadas con el modelo de expansión agroexportadora y con la modernización del aparato estatal, cuyas ramas de actividad más definidas son el comercio, la administración pública y la pequeña industria. También es posible reconocerlos entre los que practican las profesiones liberales, por ejemplo abogados ligados a la actividad política, o entre quienes se encuentran próximos al aparato estatal, básicamente en la administración pública y la educación, o son propietarios de bienes raíces (Bilsky, 1985: 56).

Ahora bien, frente a las clases altas y privilegiadas constituidas por la élite conservadora, asociadas a la propiedad de la tierra, el gran comercio y las finanzas,  comienza a tomar forma  una extraordinaria masa de trabajadores inmigrantes que llegará al país para sumarse a las tareas productivas, atraídos por la rápida expansión  económica, la necesidad de fuerza de trabajo del incipiente capitalismo argentino y las ilusiones de progreso negadas en sus tierras de origen. Este proceso de inmigración masiva trajo aparejado graves problemas en las condiciones de vida de los recién llegados, entre ellos, el problema de la vivienda; lo cual quedará claramente reflejado en los acontecimientos de la huelga de inquilinos de 1907.

Aunque en un comienzo, parte de la inmigración arribó para sostener intentos de colonización de tierras, rápidamente la estructura latifundista de propiedad desalentará el asentamiento de tales sujetos, desplazándolos hacia los centros urbanos. Si bien algunos, con escaso capital, pudieron formar parte de los sectores medios a través del comercio o de pequeñas unidades productivas industriales, la mayoría de ellos se convertirán, forzosa y conflictivamente, en el elemento fundamental que constituirá el proletariado urbano moderno (Iñigo Carrera, 2000: 29-33).[2] Asimismo, este proceso, coincidirá con un cambio en la ola inmigratoria donde los recién llegados, provenientes del sur y zonas periféricas de la Europa industrializada, serán encuadrados en tareas que requieren baja calificación.

Estos cambios vertiginosos se harán cada vez más visibles. En 1895 la ciudad de Buenos Aires reúne al 16 % de la población del país, mientras que para 1914 esta cifra se eleva al 20% –25% sumando al Gran Buenos Aires–.  Además, concentra a la mayor cantidad de industrias y comercios, incrementando por ende la población económicamente activa que, entre 1895 y 1914, se mantiene en el 68,5% y 66,3% respectivamente. Sin embargo, en 1909, ese porcentaje asciende al 73, 5% (Bilsky, 1985: 60-62). Es en este contexto, en el cual se va configurando la Buenos Aires de principios de siglo XX; la ciudad-puerto, aquella que hace definir hasta nuestros días a sus habitantes como “porteños”.

El puerto, junto a su aduana, constituyó el eje fundamental que le otorgó peso económico y político a la ciudad. Cabe recordar, que uno de los temas del enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, posterior a la batalla de Caseros,  se refería a la libre navegabilidad de los ríos, elemento que permitiría a las economías situadas en el alto Paraná –básicamente Entre Ríos- la salida al mercado internacional de sus productos. La ciudad-puerto hizo entonces las veces de puerta: vinculó la salida de los productos y la entrada de capitales foráneos e inmigrantes. Este patrón de acumulación que estuvo sostenido a partir de la exportación de productos primarios hacia el mercado británico fue generando una macro espacialidad a partir de la trayectoria de los productos primarios desde el campo hacia el puerto de Buenos Aires y, en menor medida, hacia el puerto de Rosario.

La llegada de capitales británicos acaecida, por un lado, mediante la expansión del ferrocarril, facilitará la vinculación entre el campo y la ciudad, configurando un particular entramado de vías, estaciones y pueblos que le irán imprimiendo una particular forma a las grandes extensiones de tierras “despobladas”. Por otro lado, tanto la creación de pequeños talleres subsidiarios de los ferrocarriles como la instalación de frigoríficos en las márgenes de los ríos, generará el asentamiento de dichos establecimientos en la zona sur de la ciudad, provocando una alta concentración de la fuerza de trabajo vinculada a las actividades mencionadas (Schvarzer, 1996: 82-84).

Si bien el desarrollo de la industria está marcado por una debilidad de origen debido a su escasa concentración y baja tecnificación, la concentración de las industrias en el período 1895-1908 para la ciudad de Buenos Aires es significativa: los establecimientos productivos aumentan 144 %, el personal crece en un 226 % y la fuerza motriz en un 390 % (Bilsky, 1985: 74).

Según un observador de la época, hacia el final del siglo XIX y la primera década del XX, la ciudad se encuentra caracterizada por cuatro actividades fundamentales: 1) Es el punto central del comercio tanto mayorista como minorista, el puerto principal y la cabeza de línea de las vías férreas del país; 2) Es el centro del artesanado y de la industria que transforma las materias primas importadas y en menor medida nacionales para el mercado urbano porteño y el mercado nacional, concentrando en consecuencia una enorme población obrera; 3)  Juega un rol importantísimo como capital política y como centro de administración y toma de decisiones, además de concentrar ministerios y tribunales generando por ende gran cantidad de empleos de oficina; y 4) Es un lugar de residencia de grandes propietarios, rentistas, hombres de negocios, políticos y, en gran medida de los obreros inmigrantes (concentra 1/3 de los obreros y comerciantes y cerca de la mitad de los funcionarios y miembros de las profesiones liberales de la Argentina) (Bourdé, 1977: 29-44). Como se desprende de la observación precedente, lugar de trabajo y lugar de residencia no encontraban grandes diferencias en la Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX.

Ahora bien, el crecimiento en la capacidad de producción de energía eléctrica vía el ingreso de capitales extranjeros dio un gran impulso a la expansión de la red de tranvías y a la iluminación pública que, junto con la instalación de los primeros teléfonos, la construcción de calles empedradas, el ensanchamiento de avenidas y la constitución de nuevos barrios más alejados de la zona portuaria, contribuyeron a la generación de un proceso en el cual fue quedando atrás la configuración espacial de la vieja aldea colonial (Schvarzer, 1996: 90-92). Buenos Aires, se vio entonces atravesada por una serie de mutaciones en su configuración urbana que fueron creando las condiciones necesarias para el desarrollo de un nuevo entramado de relaciones y de prácticas cotidianas entre sus habitantes, con lo cual fue paulatinamente adquiriendo la fisonomía de una “ciudad obrera”. Estas nuevas singularidades del espacio urbano porteño permitieron la constitución de un cierto tipo de redes de sociabilidad entre los miembros del proletariado que contribuyeron a darle una mayor cohesión interna a la clase; facilitando no sólo su organización como tal, sino también la penetración de las ideas del anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario, al tiempo que ayudaron a imprimirle al proceso de luchas de esta etapa una determinada direccionalidad y fuerza. Esta espacialidad, adquiere para nuestro caso de estudio relevancia al delimitar ciertos lugares de residencia de la clase obrera en la ciudad- fundamentalmente en los barrios de la zona sur cercanos al puerto y las industrias- pero también, al demarcar los ámbitos de circulación de los miembros del proletariado, por ejemplo: los caminos a seguir por los obreros hacia sus lugares de trabajo o los ámbitos de encuentros comunes en el tiempo de no-trabajo –como la calles, los patios de los conventillos, etc.- Así también, al condicionar parte de los tiempos de no-trabajo de que los obreros disponen. En resumen, son estos algunos de los elementos que posibilitan una clave de lectura capaz de enriquecer la comprensión y el análisis de la configuración del “mundo obrero” porteño. Aquellos que permiten diseñar un cuadro de situación más amplio para una descripción de las formas de vida proletaria en la Buenos Aires finisecular en un momento donde la lucha por la apropiación de los espacios y los tiempos entre clases sociales antagónicas ocupa un lugar central.

Las condiciones de vida de la clase obrera en Buenos Aires: El conventillo

La mencionada afluencia masiva y repentina durante la década del 1880 de los inmigrantes europeos y de muchos habitantes del interior del país atraídos por Buenos Aires y las nuevas fuentes de trabajo que generaban los primeros establecimientos industriales, la génesis y formación, en una palabra, del primer proletariado nacional[3] con las particularidades inherentes a nuestro propio proceso económico, provocaría la escasez de vivienda en la ciudad, el aumento desmesurado de los alquileres, la especulación y el amontonamiento de los inquilinos obreros en los conventillos.[4]  A ese respecto, en un artículo de principios de 1871 el diario “La Prensa” comentaba: “El sistema se ha generalizado de construir en pequeños terrenos gran cantidad de habitaciones hechas con materiales de poco costo y de tales condiciones que produzcan un alquiler del 3 al 4%…” (Scobie, 1974: 160). En su conocido “Estudio sobre las casas de inquilinato en Buenos Aires”, Guillermo Rawson, además de denunciar las míseras condiciones en que vivían los inquilinos, trataba el problema del conventillo como un foco de enfermedades infecciosas (sobre 1500 muertes por viruela en 1883, 1000 ocurrieron en los inquilinatos) que amenazaba la salud pública y alertaba a las autoridades sobre la urgente necesidad de dar solución a este problema (Suriano, 1984: 47).

Portador de tales características, el conventillo, y más precisamente el patio del mismo, se convierte en un escenario de encuentro y de prácticas cotidianas de los diferentes personajes de la vida obrera. En él interactuaban mujeres[5] que se disputaban los piletones para lavar la ropa de sus familias, vendedores ambulantes, niños que jugaban y corrían, etc. Por otra parte, era el espacio de recreación y descanso propicio para el intercambio de anécdotas de los obreros después de largas y agotadoras jornadas laborales, además del ámbito común para las discusiones del sindicato o del partido a la hora de evaluar las posibilidades de una huelga, la redacción de un manifiesto u otro tipo de acciones y medidas (Bellucci-Camusso, 1987: 54).

Las mujeres, desde fines del siglo XIX, conformaron una parte del mundo del trabajo, y una significativa cantidad de éstas lo hicieron en torno al denominado trabajo domiciliario, básicamente vinculado a la industria textil. Estas actividades que adquirían el carácter personal o familiar encontraban en el conventillo un ámbito propicio para su realización. Asimismo, en el conventillo, los inmigrantes -que principalmente provenían de diversas regiones de Italia y España- se agrupaban de acuerdo a su lugar de procedencia como estrategia para conseguir trabajo y garantizar las mínimas condiciones de vida. Esto, convirtió a este tipo de vivienda en un espacio de representación identitaria capaz de atenuar la añoranza del terruño lejano. En ese sentido, cabe destacar que no resulta para nada casual, el hecho de que las primeras organizaciones obreras tales como las sociedades de resistencia, sindicatos, clubes, bibliotecas etc. se agruparan por regiones y pueblos. Estos comienzos de organización obrera, más próximos a las prácticas mutualistas que a aquellas relacionadas con la actividad sindical, no escapaban a esta lógica organizativa que mencionamos (Falcón, 1985: 68-70). Sin embargo, el conventillo era el lugar donde se producía el entrecruzamiento de lenguajes, prácticas e imaginarios de pueblos muy distintos entre sí, que en el reconocimiento de una situación común de explotación y padecimiento de miserias e injusticias iban moldeando mediante la lucha cotidiana una nueva identidad común. En ese contexto, se iban constituyendo y moldeando nuevas redes de sociabilidad, que permitían a los explotados y oprimidos establecer estrategias de sobrevivencia ante una realidad extremadamente adversa que negaba el futuro y la prosperidad tan anheladas por los inmigrantes (Oyon Bañales, 2003: 6-8). Del conventillo, reclutarán sus destacamentos y dirigentes las corrientes político-ideológicas que hegemonizarán al movimiento obrero en este período: anarquistas, sindicalistas revolucionarios y socialistas; tendencias éstas, que se irán nutriendo de elementos recién llegados al país (debido a la expulsión sufrida en sus lugares de origen fruto de su militancia política) que difundirán sus ideas en torno a una sociedad redentora de todos aquellos que, día a día, producían las riquezas de un país en plena expansión, pero que se encontraban privados de los elementos mínimos que hacen a una vida digna.

Estas ideas y prácticas de las que hablamos se encuentran, al igual que la configuración espacial de la Buenos Aires finisecular, en proceso de constitución y, a la vez, expuestas a una doble tensión: por un lado, a aquella que remite a sus condiciones de producción europeas y a sus condiciones de recepción latinoamericanas; y, por el otro, a la tensión existente entre las tres principales corrientes –anarquistas, socialistas y sindicalistas revolucionarios- que se disputaban la orientación del movimiento obrero en este período. Sin embargo, las características asumidas por los proyectos alternativos al sistema capitalista -tanto anarquistas como socialistas o sindicalista revolucionarios-, encuentran puntos de contacto en los distintos intentos por generar construcciones espaciales propias que le sirvan como punto de apoyo al  movimiento obrero en la producción de valores y sentimientos, y de prácticas económicas, sociales y culturales de carácter fraternales y solidarias en pos de alejarlo de aquellas otras construcciones subjetivas que se encuentran ancladas en la mercantilización de las relaciones sociales que produce la sociedad capitalista.                                                                         

Las clases dominantes y el Estado: distintas respuestas frente a la “cuestión social”

Frente a este panorama, las clases dominantes, estando alertadas por las denuncias de sendos reformadores sociales como Rawson y Wilde, no dejaron de preocuparse por las condiciones de vida en los conventillos porteños, situación que no consideraban injusta por sí misma, sino simplemente peligrosa y amenazadora para sus intereses (Sebreli, 1990: 72).  En ese sentido, sostenemos que, en líneas generales, hasta 1907 estos sectores no trataron de modificar la situación descripta en torno a la habitación obrera sustancialmente, sino que más bien - siendo la cuestión de la vivienda inherente a la sociedad de clases- intentaron disimularla mediante la filantropía y la caridad pública.

Sostenemos, que no debe entenderse a las clases dominantes como un bloque compacto y homogéneo sin fisuras a su interior, ya que pueden observarse diferencias importantes en torno al tratamiento de todo lo referente a la “cuestión social” por parte de dichos sectores. Para nosotros, sería un grave error soslayar la distancia que existe entre quienes planteaban la superación positiva de dicha cuestión vía sendas reformas sociales y efectivas políticas de integración y quienes pretendían la solución de la misma mediante la represión más abyecta y ejemplificadora.

La cuestión de la vivienda obrera y la problemática de los altos alquileres preocupaban a la fracción más lúcida de las autoridades estatales y a los sectores más modernistas y progresistas de las clases dominantes hacia 1907. Esto, puede comprobarse claramente a través de la lectura del Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, creado por iniciativa de estos sectores poco tiempo antes del comienzo de la huelga de inquilinos (Suriano, 2000: 97).  Las dos primeras Memorias de este organismo –30 de junio de 1908 y 26 de marzo de 1909- publicadas con posterioridad a la huelga de inquilinos, hacen referencia al problema de las habitaciones obreras que “aparte de las malas condiciones higiénicas (….) son demasiado caras”(Scobie, 1974: 180). Frente a estas cuestiones, la primera de las memorias mencionadas señalaba: “Hay que resolver el problema de proveer a los trabajadores de casas relativamente cómodas, higiénicas y baratas, al alcance de sus modestos recursos. El Departamento estudia detenidamente esta cuestión” (Recalde, 1991: 32). En ese sentido, se comisionaba al doctor Ernesto Quesada “para visitar las naciones fabriles de Europa e informar sobre los resultados prácticos obtenidos por la acción privada y pública respecto a la construcción de casas baratas e higiénicas” (Recalde, 1991: 34), según lo disponía el artículo primero del decreto del 3 de noviembre de 1908, firmado por el Presidente Figueroa Alcorta y su Ministro Marco Avellaneda; mientras que, simultáneamente, el D.N.T comenzaba un estudio sobre la habitación de los empleados subalternos del gobierno nacional y de la Capital Federal. Tiempo atrás (domingo 9 de junio de 1907), en una conferencia dictada en el salón de actos públicos de la Biblioteca de La Plata que versaba sobre La cuestión obrera y su estudio universitario, el doctor Ernesto Quesada alertaba a su auditorio sobre “la inercia tradicional nuestra en asuntos semejantes” y bramaba contra “quienes consideran que los conflictos del trabajo no tienen más solución que el estado de sitio, el apoyo forzado del gobierno y la sustitución de los obreros recalcitrantes por la fuerza pública, para que los intereses privados de los patrones no sufran, so color de proteger las necesidades del público” (Recalde, 1991: 36). En esa línea, Quesada destacaba la importancia de la conciliación y el arbitraje como medios para resolver la “cuestión social” y criticaba la acción meramente represiva y la aplicación indiscriminada de la Ley de Residencia[6].  La postura de Quesada a este respecto, nos ilustra sobremanera en cuanto a que no todo era “palo y balas” en el abanico de alternativas que postulaban las clases dominantes y el Estado a la hora de intentar darle solución a la llamada “cuestión social”, dentro de la cual se encontraba contenida la problemática de la “vivienda obrera”.[7]

Archivo General de la Nación, Argentina

En el problema de la “vivienda obrera” se sintetizaban las misérrimas condiciones de vida de los trabajadores entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX.  En este caso, al igual que lo que sucedería con la legislación laboral, las tempranas iniciativas de los sectores oficiales y dominantes más lúcidos se concretarían muy parsimoniosamente, resolviendo, en términos generales, los problemas inmobiliarios de una ínfima minoría de empleados. En tanto, se impondría la orientación represiva propugnada por los sectores dominantes más retardatarios y ultramontanos, como de hecho ocurrió en la huelga de inquilinos de 1907 cuando la elite que detentaba el poder vio amenazado y violentado el “sacrosanto” principio de la propiedad privada y, en consecuencia, muchos militantes anarquistas fueron encarcelados y deportados aplicándoseles la tan temida como combatida Ley de Residencia.

Iglesia católica y “cuestión obrera”

Para 1907 también, al poco tiempo de comenzada la huelga de inquilinos en Buenos Aires, tiene lugar el Segundo Congreso de los Católicos Argentinos. Dicho evento, se lleva a cabo en un momento en el que la “cuestión social” se encuentra ya definitivamente instalada en la agenda de las clases dominantes y en el que la Iglesia comienza a acercarse al Estado, a la vez en pleno proceso de secularización, respecto de la resolución de ese problema. Si se analizan cuidadosamente las resoluciones de este congreso, puede verse claramente, la importancia que le otorga la Iglesia en este período a todo lo que tenga que ver con los trabajadores. En primer lugar, se destaca el interés por parte de la institución de marras de impulsar una organización obrera católica articulada en torno a los Círculos de Obreros de esa religión a cuyo crecimiento también propenden. Esta orientación, tenía que ver obviamente con una marcada intención de la Iglesia de disputar con socialistas, sindicalistas revolucionarios y anarquistas la dirección e influencia sobre el movimiento obrero.

Otro aspecto a destacar en lo que hace a las resoluciones del congreso, es lo referido al reclamo de una legislación obrera que resolviera cuanto menos algunos de los problemas más apremiantes de la situación laboral –trabajo de mujeres y niños, la aplicación del descanso dominical, los accidentes del trabajo- y creara, mediante el contrato de trabajo, un mecanismo apropiado para evitar los enfrentamientos directos en los que constantemente se encontraban patrones y asalariados.  Respecto a este punto, existía una total coincidencia por parte de la institución Iglesia con la frustrada Ley Nacional del Trabajo pensada e impulsada por Joaquín V. González[8] en 1904, que calificaba a este contrato de “llave maestra que guarda el secreto de la paz y la armonía entre las partes” (Recalde, 1991: 46). El proyecto González, reconocía la existencia de las asociaciones obreras y fijaba los límites que debían respetar los gremios que pretendían ser reconocidos legalmente; destacando además la importancia de las asociaciones legalmente reconocidas a los efectos de regular el contrato de trabajo.  Extensos párrafos del trabajo de González estaban dedicados a establecer los límites entre lo legal y lo ilegal en el accionar de las asociaciones obreras, y en definir y clasificar las dos orientaciones predominantes en estas entidades: “hacia reivindicaciones pacíficas y la acción metódica y gradual” o “hacia los medios violentos y agresivos y perturbadores de la paz pública y el orden constitucional”. Naturalmente, el reconocimiento legal estaba reservado sólo a las organizaciones del primer tipo, en tanto que las otras actividades quedaban encuadradas dentro del marco del derecho penal (Recalde, 1991: 48). Sin embargo, un abismo separaba el reclamo del incipiente movimiento obrero organizado en lo que hace al mejoramiento de sus condiciones laborales del intervencionismo presente en el proyecto González y de la legislación laboral reclamada por los católicos. Las diferencias, no estaban ancladas en las medidas solicitadas, sino en el mecanismo que garantizaría su sanción y posterior cumplimiento. 

En efecto, para el naciente movimiento obrero y sus asociaciones, la existencia de organizaciones sindicales fuertes e independientes de los patrones y del Estado era la condición sine qua non para un efectivo logro de las conquistas sociales que tanto anhelaban; mientras que el Proyecto González de Código de Trabajo y la orientación social de los católicos, por el contrario, intentaban coartar la acción independiente de los trabajadores, haciendo de la iniciativa legislativa del Estado y de su tutela sobre las leyes aprobadas, los únicos recursos para mejorar la situación proletaria.  En definitiva, lo que intentaban tanto la Iglesia como ciertos sectores del aparato estatal a través del proyecto González era atenuar las miserias del trabajador, como “garantía de orden y paz” además de separar a los elementos más díscolos y radicales del resto de la masa obrera (Recalde, 1991: 50). El tema de la vivienda obrera también fue examinado en el congreso en cuestión, el que aprobó las siguientes resoluciones:

1) “Hacer un llamamiento a los gobiernos y municipios para que den a este ramo la importancia que tiene, y encarecerles la conveniencia de invertir una parte de las entradas que por los impuestos el pueblo paga en beneficiar a los obreros proporcionándoles viviendas que consultan la moral, la higiene y la economía, y que se les dé facilidades de pago, para que puedan pasar a ser dueños de ellas, abonando por un número de años determinado en el contrato el más módico alquiler posible, cuyo pago le sirva a la vez de amortización”.

2) “Hacer el mismo llamamiento a las personas de fortuna para que inviertan en obra tan cristiana y civilizadora parte de su capital y que contentándose con un interés moderado pongan al obrero a salvo de la usura con que en este ramo más que en otro se le explota”.

3)  “Llamar la atención muy principalmente a los católicos, a fin de que, aún sin tener grandes medios, den preferencia a este ramo primordial, ya sea trabajando en pequeña escala, ya sea asociándose unos con otros para darle mayor impulso” (Recalde, 1991: 54).

Como puede observarse la preocupación eclesiástica en torno a la cuestión de la vivienda obrera no era para nada casual ya que, como decíamos anteriormente, prácticamente en paralelo a las sesiones del “Segundo Congreso de los Católicos Argentinos” se estaba llevando a cabo la agitación de consumidores más importante de la historia de nuestro país, la huelga de inquilinos de 1907. Finalizado el congreso católico, la huelga se prolongó todavía algún tiempo.

La Huelga de inquilinos de 1907

Antecedentes

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, las habitaciones en los conventillos se pagaban a un precio en constante aumento. Por primera vez, en 1890, los inquilinos de Buenos Aires organizaron una comisión que intentó tomar medidas contra los propietarios pero, por diversas razones, el movimiento no pudo superar la mera agitación ni alcanzar instancias más elevadas y efectivas de índole organizativo (Scobie, 1974: 201-203). Entre 1893 y 1894 un grupo de locatarios pretendió conformar ligas o asociaciones que los nuclearan con el fin de lograr mejoras concretas en las condiciones de habitabilidad de los pobres urbanos, pero estas tentativas también fracasaron. En 1901, la Federación Obrera Argentina (F.O.A) inició una campaña de agitación en pos de lograr una rebaja de los alquileres que no tuvo demasiado éxito. La “cuestión de los alquileres” y los llamados a luchar para superar esa opresiva situación, estarán presentes en todas las resoluciones de los congresos de la Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A) antes F.O.A. desde su fundación en adelante; adquiriendo singular relevancia en su VI Congreso de 1906 (poco tiempo antes del inicio de la huelga de inquilinos)  para desaparecer de las mismas en diciembre de 1907 con el conflicto ya finalizado y el movimiento de locatarios derrotado.

La campaña contra los altos arriendos se intensificó a partir de 1905 cuando algunos partidos políticos (Socialista, Liberal y Unión Cívica Radical) además de las organizaciones gremiales (principalmente la F.O.R.A.) comenzaron una activa campaña que culminó en 1906 con la formación de una Liga de inquilinos, fundamentalmente de orientación anarquista (Suriano, 1983: 44). En efecto, para 1906, la F.O.R.A instrumentó y dirigió una gran campaña de agitación contra los altos alquileres (a la que poco tiempo después se sumó la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) de orientación mayormente socialista pero con elementos muy activos del sindicalismo revolucionario)[9], y además incentivó a los inquilinos a designar delegados por conventillo y a conformar comités de lucha en cada barrio para organizar a los locatarios. Se conformó entonces la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e impuestos que inició una importante agitación distribuyendo panfletos y organizando conferencias públicas sobre el tema en cuestión a las que asistieron una gran cantidad de militantes e inquilinos en general.

Al comenzar el año 1907, se produjo un fuerte aumento de los impuestos municipales y territoriales que los propietarios de las casas de inquilinato trasladaron de inmediato a los precios de los alquileres (Suriano, 1983: 63). Esto, produjo un enorme malestar entre los locatarios de Buenos Aires creándose en consecuencia un clima de ebullición que no tardaría en explotar. Para septiembre del mismo año estalló la huelga de inquilinos[10], conflicto éste, que representó la irrupción de la clase obrera y los pobres urbanos en el escenario ciudadano. En la organización y las agitaciones que generó la huelga participaron diferentes grupos y organizaciones políticas. Si bien la misma tuvo una fortísima tracción, orientación e impronta anarquista, cabe consignar que los socialistas, los sindicalistas revolucionarios, los radicales y los activistas del recientemente creado Partido liberal no estuvieron ajenos a los acontecimientos y tuvieron su lugar dentro del espacio activista. Todos estos actores apoyaron a los inquilinos en conflicto, pero trataron de imprimirle al movimiento su propio sello. En ese sentido, los discursos y los programas de acción propuestos resultaban de lo más variados. Mientras que los anarquistas sostenían que para que la huelga triunfe debía tener un carácter insurreccional, pues de lo contrario sería ahogada por la reacción[11]; los sindicalistas revolucionarios argumentaban que había que apoyar sin condicionamientos las medidas de acción directa de los huelguistas obreros, pero sin añadir a las demandas de los inquilinos otras reivindicaciones de carácter político.[12] Más moderados, los socialistas sostenían que la solución al problema de la vivienda proletaria pasaba por el cooperativismo y la acción política legislativa[13], los radicales por la moderación de los propietarios en su sed de ganancias extraordinarias y la regulación estatal[14], y los miembros del Partido Liberal por la supresión del alquiler y la articulación de otro tipo de organización “más justa” de la cuestión habitacional, ya que consideraban al alquiler de las viviendas como una forma de renta espuria.[15]

Los hechos

El conflicto que analizamos trasciende el enfrentamiento “clásico” entre obreros y patrones y  se inscribe en un contexto de fuertes luchas sociales cuyos principales hitos son las dos huelgas generales que se dieron en ese mismo año y que antecedieron a la huelga de los inquilinos. A pesar de la ausencia de una protesta masiva por parte de los inquilinos porteños durante casi cuarenta años de problemas habitacionales en Buenos Aires, el movimiento que estalló en setiembre de 1907 adquirió notorias características.

El conflicto tuvo su génesis a fines de agosto en el inmenso conventillo Los Cuatro Diques, de la calle Ituzaingó 279 al 325, propiedad de Pedro Holterhoff. Los inquilinos, comenzaron por exigir la rebaja del alquiler de $25 a $18, la eliminación de los tres meses de depósito solicitados por el propietario y mayor flexibilidad en el vencimiento de los pagos. Eligieron entonces una comisión que se incorporó al comité central de la L.C.A.A.I. (Liga de Lucha Contra los Altos Alquileres e Impuestos) y el 13 de setiembre lanzaron un manifiesto llamando a la huelga general de inquilinos, en el que señalaban “la imposibilidad de vivir, dado el alto precio que propietarios e intermediarios especuladores cobran por incómodas viviendas…..” y donde convocaban a los demás locatarios de la ciudad a “no pagar el alquiler mientras no sean rebajados los precios en un 30%” (Suriano, 1983:74). Dicha convocatoria tuvo la inmediata adhesión de otros inquilinatos y se extendió rápidamente; primero en los alrededores del conventillo donde se originó la protesta –San Telmo y La Boca- y después a toda el área de la Capital Federal.  En efecto, el conflicto se irradió a todo el ámbito de la ciudad, incluso a aquellos barrios como Flores, Floresta, Caballito y San Bernardo, que además de estar alejados del centro, tenían pocos inquilinatos. Hacia fines de setiembre, diarios como “La Nación” y “La Prensa” hablaban de aproximadamente dos mil casas de inquilinato adheridas al movimiento –80% del total de los conventillos de Buenos Aires- y de más de cien mil personas participando de la huelga (Scobie, 1974: 204). La organización de los huelguistas se estructuró a nivel barrial. Cada uno de los barrios participantes constituía un comité que por lo general funcionaba dentro del inquilinato más combativo. Los integrantes de cada comité recorrían asiduamente su zona de influencia visitando cada uno de los conventillos con el propósito de lograr su adhesión y participación en la huelga. Las resoluciones emanadas de los comités de cada uno de los barrios participantes en el conflicto eran luego discutidas por los delegados de los comités zonales en el seno del comité central.[16] El comité central, ejercía la dirección estratégica de la huelga, y funcionaba en la Sociedad de Resistencia de Conductores de Carros gremio de marcada filiación anarquista, donde también lo hacía un organismo dedicado a la defensa y solidaridad con los detenidos y heridos en los enfrentamientos con las fuerzas represivas. En paralelo con los comités barriales, funcionaban también subcomités de propaganda (éstos no tenían límites en su constitución y podían armarse cuantos se quisieran), encargados de difundir la postura de los locatarios vía conferencias públicas, actos e informes periódicos a la prensa.

Archivo General de la Nación, Argentina

Los inquilinos organizados en huelga, presentaron un pliego de condiciones a los propietarios que entre sus puntos más importantes exigía: rebajar en un 30% los alquileres; higienizar las piezas; abolir los pagos adelantados; suprimir las garantías; eliminar a los encargados o intermediarios; y no desalojar a ningún locatario por el hecho de haber participado en el movimiento.  Dichos puntos se constituyeron en la base de las reivindicaciones de los huelguistas aunque a menudo surgían  otras que llevaban a ampliar el pliego de condiciones original (Suriano, 1983: 80). Cabe señalar que para ese momento, se estaba desarrollando en el sur de Italia (San Severo-Foggia) un movimiento de similares características en el cual los inquilinos en huelga se veían referenciados y al que seguían atentamente a través de las páginas de “La Protesta” que periódicamente daba cuenta de ese conflicto a través de corresponsales.[17] Ahora bien, a los efectos de contrarrestar la certera ofensiva de los inquilinos en huelga, los dueños e intermediarios crearon una asociación patronal llamada Sociedad Corporación de Propietarios y Arrendatarios cuyo asesor letrado era el doctor Manuel Carlés – célebre años más tarde por dirigir La Liga Patriótica- quien tuvo una posición intransigente respecto a los inquilinos en conflicto y orientó a los sectores más recalcitrantes de los propietarios.La postura inflexible del abogado nacionalista Carlés (militante del sector pro-patronal de la Unión Cívica Radical), fue la guía de la mayoría de los propietarios de casas de inquilinato, que optaron por presentar denuncias judiciales por falta de pago en los juzgados correspondientes, exigiendo el desalojo de los huelguistas y solicitando el auxilio de la fuerza pública para hacer efectivos los lanzamientos a la calle en caso de encontrar resistencia. Cabe destacar que algunos pocos propietarios se apresuraron a aceptar las demandas de los huelguistas frente al temor de males mayores.

Durante el conflicto, la sobreabundancia de pedidos de desalojo hizo que estos se acumularan en los juzgados, demorándose en consecuencia bastante tiempo en hacer efectivos los mismos. Este hecho, favoreció naturalmente a los huelguistas, ya que algunos propietarios ante el peligro de no percibir los pagos de alquileres durante un período prolongado llegaron a arreglos con los inquilinos dando satisfacción a sus demandas. Esta situación dio un gran impulso al movimiento, llegando así los primeros triunfos de los huelguistas que fueron festejados efusivamente con grandes fiestas celebradas en los patios de los conventillos (Suriano, 1983: 87). La lucha diaria contra el común enemigo, hizo que se estrechasen los vínculos solidarios entre los habitantes de un mismo inquilinato, los que de esta manera olvidaban las reyertas cotidianas tan comunes para quienes viven en medio de la incomodidad y el hacinamiento. Por primera vez en la historia, los inquilinos porteños se constituían como sujeto social (Bellucci-Camusso, 1987: 12).

La opinión generalizada de los diarios porteños se manifestó, casi unánimemente, por una solución favorable a los locatarios en huelga. Periódicos que le daban mucha importancia a la “cuestión social” como “La Prensa”, alertaban sobre la posibilidad de que la problemática de los altos alquileres hiciese que los inmigrantes regresen a sus países de origen y en consecuencia escaseen  los “brazos que tanta falta le hacen a la nación” (Scobie, 1974: 206). Para principios de octubre, fruto de la presión que los propietarios ejercieron sobre la justicia; el aparato judicial comenzó a tornarse más resolutivo y empezaron a producirse los primeros desalojos. A medida que los lanzamientos se fueron masificando, los inquilinos en huelga pasaron gradualmente de una resistencia pasiva a una actitud mucho más enérgica en defensa de sus intereses. Cuando los empleados judiciales se presentaban en una habitación para hacer efectivo el desalojo, se generaban grandes tumultos entre los habitantes del conventillo, quienes dirigían su ira contra los que querían privarlos a ellos y a sus hijos de su techo. En ese sentido, cabe destacar, que ocurrieron grandes movilizaciones y enconados combates callejeros y también al interior de los conventillos en huelga en donde las mujeres y los niños jugaron un papel destacado (Bellucci-Camusso, 1987:22). Muchas veces, cuando intentaban desalojarlos, los inquilinos se atrincheraban dentro de los conventillos trabando las puertas de entrada con cadenas y candados para impedir el acceso de propietarios, encargados y de las fuerzas judiciales y de represión.

Las manifestaciones callejeras, sacaron el conflicto a la calle haciendo a todo Buenos Aires testigo del mismo.  El 22 de octubre, en una de esas movilizaciones, cayó muerto el obrero italiano Miguel Pepe por la salvaje represión policial. En el entierro se reunieron más de 10.000 personas y pocos días después, en un mitin convocado por el comité central de la L.C.A.A.I. para reafirmar todas las reivindicaciones por las que venían luchando y protestar por la represión policial, concurrieron a Plaza San Martín alrededor de 25.000 personas (Scobie, 1974: 210). Esta, fue la movilización más importante que se realizó fuera de los conventillos durante la huelga de inquilinos ya que significó la adhesión activa en la calle de un número muy importante de los habitantes de los inquilinatos en una clara situación de lucha de clases urbana. En estas manifestaciones se corroboró la orientación anarquista que predominaba en el conflicto ya que los oradores centrales del acto en Plaza San Martín fueron el escritor José de Maturana, Tito Foppa, Juana Rouco Buela y María Collazo, todos ellos de notoria filiación libertaria. A pesar de la forma expeditiva en que la justicia comenzó a resolver el problema, no puede afirmarse que las autoridades hayan tenido una actitud homogénea en relación al conflicto. El intendente de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Alvear, mantuvo reuniones con los representantes de los inquilinos y propició una solución pacífica y negociada que apuntaba principalmente a resolver la cuestión de la vivienda, partiendo de la supresión de los impuestos municipales y nacionales que se aplicaban a las casas de inquilinato, en la perspectiva de producir una inmediata rebaja en el precio de los alquileres. Esta posición fue apoyada desde periódicos como “La Nación”, “La Prensa” y “La voz de la Iglesia” que, en cierta medida representaban la opinión de una parte importante de los sectores dominantes. Alvear, no tuvo éxito en sus gestiones ante el Ministerio del Interior en cuanto a lograr la autorización que le permitiese implementar su propuesta; con lo cual quedó subordinado a las autoridades nacionales. Además, el papel de mediador que había asumido al inicio del conflicto quedó seriamente opacado cuando los propietarios recurrieron a sendos sabotajes (corte de las cañerías de agua, y rotura de los servicios sanitarios) a los efectos de presionar a los inquilinos en huelga para que abandonasen las viviendas (Suriano, 1983: 94). El gobierno tuvo una clara postura ante el problema habitacional: “El estado no debe inmiscuirse en áreas inherentes a la actividad privada, ni entorpecer ni interferir en el libre juego de la oferta y la demanda[18]; es más, sólo actuó en lo concreto cuando creyó que la propiedad privada corría cierto peligro.[19] Si bien, como venimos sosteniendo, no puede plantearse que las clases dominantes tuviesen una postura homogénea en cuanto a la solución del conflicto; en definitiva, prevaleció el criterio de hacer cumplir los desalojos tal como lo habían dispuesto los juzgados de paz y de utilizar toda la policía necesaria -cuyo Jefe era el conocido represor Coronel Ramón L. Falcón- para hacer estas disposiciones efectivas.

El 14 de noviembre de 1907 fue desalojado el conventillo de la calle Ituzaingó 279 sin que los inquilinos pudiesen oponer ningún tipo de resistencia ante el impresionante despliegue del aparato represivo comandado por el coronel Falcón. Paralelamente al desalojo de los conventillos más combativos, el gobierno decidió descabezar el movimiento aplicando la Ley de residencia a los dirigentes anarquistas de más destacada participación en el conflicto. Fueron expulsados así del país José Pañeda (del consejo federal de la F.O.R.A.), Roberto D’angió y Mariano Forcat (redactores del periódico anarquista “La Protesta”), Virginia Bolten, Juana Rouco Buela (ambas dirigentes del Centro Anarquista Femenino fundado en 1907) y muchos otros militantes sociales. Al criminalizarse la protesta, muchos inquilinos comenzaron a acatar pacíficamente las intimaciones judiciales y otros llegaron a arreglos con los propietarios haciendo concesiones por ambas partes.

Hacia fines del mes de noviembre el movimiento había perdido fuerza, la mayoría de sus dirigentes se encontraban encarcelados o deportados, y el Comité Central de la liga se había autodisuelto frente a la persecusión policial y por la deserción de algunos de sus integrantes. En ese marco, todavía se produjeron los últimos estertores de esta lucha de clases urbana. Algunos pocos militantes anarquistas dispuestos a todo o nada repudiaban a los inquilinos que habían llegado a un arreglo con los propietarios y llamaban a los locatarios a “luchar hasta el final”[20]; llegando incluso al intento de incendio de algunos conventillos. Desde las páginas de “La Protesta” se alentaron este tipo de acciones desesperadas, lo cual contribuyó a nuestro entender, a distanciar a los inquilinos huelguistas de los elementos más radicalizados ya que éstos no contaban con propuestas intermedias. Con lo que quedo de los comités barriales se conformó la Federación de inquilinos que se mantuvo activa hasta 1910. Esta organización, no pudo superar la instancia de las acciones declamativas y las denuncias ni volver a reorganizar al movimiento de inquilinos con la fuerza que había tenido. Para finalizar, cabe destacar el intento realizado por algunos cuadros de la F.O.R.A. en el sentido de convocar para fin de año a una huelga general. Dicha huelga, recién pudo llevarse a cabo en enero de 1908 y fracasó, ya que tuvo una baja adhesión de los gremios y no fue apoyada por la U.G.T –que acusaba a la F.O.R.A. de hacer uso indiscriminado de la herramienta de la huelga general- (Marotta, 1961: 288-296). Al llegar entonces el mes de diciembre, después de cuatro meses, la huelga de consumidores más significativa de la historia urbana argentina había finalizado y la ciudad de Buenos Aires recuperaba paulatinamente la calma.

Conclusiones

La transición de la gran aldea a la moderna metrópoli provocó en Buenos Aires la primera crisis de vivienda, confirmando aquella observación de Engels, según la cual, la cuestión de la vivienda es un fenómeno mundial que se da en un determinado estadio de la evolución del sistema capitalista. Las vertiginosas transformaciones en la espacialidad urbana acaecidas en la Buenos Aires de principios del siglo XX junto al consecuente agrupamiento de la clase obrera en los conventillos -la mayoría de las veces en condiciones de hacinamiento- contribuyeron a crear al interior de éstos una intensa vida comunitaria nacida de la yuxtaposición de las esferas del trabajo, el consumo, el ocio y la acción colectiva. La proximidad espacial, la coincidencia en determinados barrios dentro del espacio urbano de obreros con condiciones semejantes de salario, alquiler, sentimiento comunitario y organización de clase hicieron seguramente más probable la acción colectiva reivindicatoria.  En ese sentido, la Buenos Aires de esa época ofrecía a nuestro entender las condiciones necesarias para la eclosión de una conciencia obrera y el estallido de la acción colectiva y comunitaria. Para terminar, se plantea que esa nueva relación de la clase obrera con el espacio urbano surgida en la Buenos Aires finisecular como consecuencia  del proceso de transición de la gran aldea a la moderna metrópoli fue un elemento por demás condicionante de la magnitud y virulencia que tuvo la huelga de inquilinos de 1907; ya que las redes de sociabilidad territorial construidas en torno a la vida obrera en los conventillos operaron como un elemento que cohesionó a los proletarios urbanos y contribuyó a darle mayor fuerza a su lucha contra el capital por la apropiación del espacio urbano.

Cómo citar este artículo:

SUMMO, Marcelo, (2013) “Clase obrera, lucha política y espacio urbano en la Buenos Aires finisecular. La huelga de inquilinos de 1907 revisitada”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 17, octubre-diciembre, 2013. ISSN: 2007-2309. Consultado el

Consultado el Sábado, 20 de Abril de 2024.

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