El pasado que se resiste a morir: Cultura represiva en la Policía Nacional, veinticinco años después de la caída del régimen

The past that refuses to die: Repressive culture in the National Police, twenty five years after the fall of the regime

O passado que se recusa a morrer: a cultura repressiva da Polícia Nacional, 25 anos após a queda do regime

Carlos Aníbal Peris [i]

RECIBIDO: 20-05-2014 ACEPTADO: 05-06-2014

 

1. Introducción a la problemática

La (in)seguridad lentamente va proponiéndose como uno de los temas principales a ser abordados desde la perspectiva de las ciencias sociales, consolidándose una visión no solo desde las leyes, enfoque tradicional del derecho, sino mediante las estructuras que componen al fenómeno. La mirada, por lo tanto, se centra en el sistema de penas, (estructura penitenciaria), y en las instituciones que brindan seguridad, (mayormente la estructura policíaca), que en palabras más cortas que extensas, consiste en analizar el vigilar y castigar. Este nuevo interés responde a que la misma es una de las necesidades básicas de todo ser humano organizado en sociedad, y si bien en algunos grupos intelectuales estudiarla implica un posicionamiento derechista, hoy se hace necesario examinarla desde una visión crítica/interpretativa que escapa, en última instancia, de cualquier concepción ideológica.

A lo que respecta a la policía, más precisamente la Policía Nacional del Paraguay, dicho organismo es blanco de constantes críticas. De hecho la última encuesta del “International Security Report” del año 2012, al medir la confiabilidad, un 83% de los encuestados afirmaba que no se sentían protegidos, mientras que este número aumentaba a un 90% en el caso de denuncias de crímenes que jamás han sido esclarecidos. Incluso, en sondeos de percepción realizados acerca del grado de confianza que se posee de las instituciones públicas, la Policía Nacional figuraba entre los últimos lugares, demostrando que no posee legitimidad expresada en credibilidad y confianza por parte de la población.

Un imaginario básico de buena labor se explica desde el buscar oficiales que tengan responsabilidad en transmitir protección, (la seguridad es apreciación), y en medidas efectivas que muestren resultados de reducción de la criminalidad, (la seguridad se ejecuta/ se aplica). La falta de credibilidad y confianza por parte de la opinión común, consecuentemente, no es un tema menor pues el monopolio de la fuerza ejercida por el Estado[ii] radica prioritariamente en esta institución y no solo se desconfía de ella, sino también, del propio aparato gubernamental. 

No es de extrañarse que la mayoría de las encuestas de percepción solo traten el factor confianza o credibilidad, pues la propia herramienta examinadora busca demostrar las falencias institucionales bajo estos parámetros de medición. Efectivamente, en un segundo plano, los resultados sirven de sustento para un sinfín de trabajos académicos que solo se limitan a describir la situación en números, olvidando que aquellos corresponden a una realidad que necesita ser descubierta, analizada y explicada. Pero incluso, aun mas, para revelar las falencias policiacas bastaría solo con hacer una breve búsqueda en las crónicas periodísticas, donde se manifestará a los agentes del orden vinculados a sucesos turbios de todo tipo que, definitivamente, son un claro síntoma que la deficiencia policiaca es vivida a diario con desengaño y escepticismo.

En parecida línea descriptiva, varios académicos analizan la situación actual de la Policía Nacional desde la coyuntura actual. Esta forma de observar afirma que es difícil lograr protección efectiva, pues se estudia una institución con una fuerte tradición verticalista, que es fiel reflejo de una sociedad decadente llena de vicios y malos comportamientos: “todas las instituciones en el Paraguay sufren el  pensamiento que “existe la corrupción”, ya sea en árbitros de futbol, en los empresarios, en los políticos, en la misma Iglesia, entonces ¿por qué la Policía Nacional sería la excepción?” (Fretes: 2012).

Que exista la corrupción, la desconfianza o cualquier otro tipo de dudas/críticas hacia las fuerzas del orden, para el presente trabajo, corresponden más bien a los síntomas que a las causas que producen dichas falencias. Indudablemente, estamos hablando de una institución, que en un pasado reciente, fue el principal brazo ejecutor de una dictadura que por 35 años gobernó al Paraguay. No menos importante, es describir estos años del régimen stronista, que impuso con mano férrea el terrorismo de Estado, mediante la tortura, la desaparición forzosa de personas, la represión y otros hábitos como es la propia corrupción en sí. Por lo tanto, como primera propuesta, antes de analizar los síntomas actuales, se debe examinar ese pasado y la correspondencia que aun la Policía Nacional tiene con el mismo.

La investigación se propone desde una meta explicativa, responder sobre la situación actual de la policía paraguaya. Se toma como línea de tiempo desde el año 1989, caída del régimen de Stroessner, hasta la actualidad. Se parte de la premisa que muchos de los vicios que hoy presenta la policía responden a prácticas ganadas desde los años del stronismo, intentando demostrar, de forma más preliminar que categórica, que tal entidad no ha sufrido un proceso de democratización, manteniendo las viejas prácticas en los nuevos tiempos democráticos. Finalmente, se define, que actualmente, la policía no solo es ineficiencia en el actuar, sino además, autoritaria y represiva.


Accionar de la policía durante la época dictatorial. Fuente: www.tocorre.com

 

2. La compleja transición democrática

Entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 1989 el régimen autoritario de Stroessner encontraba su fin, esto se produjo tras un levantamiento gestado dentro de la Caballería, siendo dirigido por su propio consuegro el Gral. Andrés Rodríguez. Fue así como los años de dictadura formaban parte del pasado abriéndose, el Paraguay, a su llamada “transición a la democracia”. Esta caída estrepitosa produjo muchas señales que anunciaron el inicio de un tiempo nuevo. Si bien había razones para desconfiar, la esperanza se impuso sin mayores esfuerzos sobre los temores y recelos, con la certeza de que la historia daba la vuelta a una página larga y triste del dolor paraguayo.

La primera y no menos clara señal fue que la misma noche de la revuelta militar nadie salió a defender al tirano. Stroessner pasó sus últimas horas en el poder como pasaría, posteriormente, sus años de asilado político en el Brasil: acompañado por algunos pocos familiares y amigos cercanos. La segunda fue que el general golpista, Andrés Rodríguez, en la proclama insurreccional colocó en primer término el inicio de un proceso de democratización en Paraguay y el respeto a los derechos humanos. Esta política de democracia significó la derogación de las leyes represivas, la vuelta de los exiliados y la liberación de presos políticos (Valiente: 24-2007). Asimismo, los partidos sin excepción fueron reconocidos y cesaron las restricciones que pesaban sobre las organizaciones, como primer paso hacia la construcción de una verdadera democracia.

El camino emprendido, sin embargo, no ha sido fácil y la nación ha entrado en un proceso de apertura de complicada conclusión, de hecho, en los años posteriores, como indica la Tabla N°1, la democracia paraguaya ha tenido que sobrevivir a un número importante de actos desestabilizadores.

 

Tabla Núm. 1:
Sobre los diferentes actos antidemocráticos desde 1989 hasta 2012

AÑO

HECHOS

RESPONSABLES

1992

Internas de la ANR fraguadas. Saliendo ganador el candidato Juan Carlos Wasmosy.

Lino Cesar Oviedo y Juan Carlos Galaverna

1994

Primera amenaza de levantamiento militar armado al gobierno de Juan Carlos Wasmosy.

Lino Cesar Oviedo

1996

Segunda amenaza de levantamiento militar armado al gobierno de Juan Carlos Wasmosy.

Lino Cesar Oviedo

1999

Magnicidio del entonces vicepresidente Luis María Argaña, generando luego el llamado “Marzo Paraguayo” que trajo consigo la matanza de 7 jóvenes y la destitución del entonces presidente oviedista Raúl Cubas Grau.

Judicialmente no existen culpables.

2000

Fallido intento de Golpe de Estado

Por militares simpatizantes del ya entonces prófugo Lino Oviedo

2006 - 2007

Intentos continuos de modificar la Constitución Nacional para habilitar la reelección presidencial

Nicanor Duarte Frutos

2012

Destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

Congreso Nacional, mediante la figura de Juicio Político

Elaborado por el autor

 

Que estos episodios se hayan producido por los casi 25 años después de la caída del régimen, no son una cuestión del azar. Los mismos corresponden a diferentes factores que deben ser analizados cuidadosamente, pues si el stronismo pudo mantenerse por más de tres décadas  en el poder, no fue solo por su carácter autoritario/represivo, también existieron una serie de personajes y, a nivel más macro, una cultura que permitió el desarrollo histórico de largo tiempo.

Incluso, conceptualmente hablando, varios analistas de la transición en América Latina están de acuerdo que no existe una fórmula única y, que en última instancia, cada sociedad crea su propio trayecto hacia la democracia. Como cualquier proceso socio-político está condicionado por su "elemento cultural” que podríamos definirlo como el temperamento de cada pueblo, que en el caso paraguayo resaltaría su larga tradición antidemocrática y caudillista[iii]. Por otro lado, depende de las condiciones en que se gesta el proceso. Si la transición nace de una derrota total por fuerzas absolutamente adversas al sistema gubernamental, la transición tiene la libertad de instaurar, con hombres nuevos, un régimen político absolutamente innovador, como el caso de Nicaragua con la derrota del dictador Anastasio Somoza por las fuerzas sandinistas. En cambio, es diferente cuando el proceso se inicia solamente con un quiebre parcial del régimen político que hace necesario un pacto entre fuerzas, aún vitales, del antiguo sistema con fuerzas nuevas, como el caso Chile, Uruguay y Argentina.

En el Paraguay, más precisamente, es fácilmente demostrable que el proceso de la transición no se debió a la derrota del poder por una fuerza adversa a él, que buscara imponer un modelo totalmente distinto al que existía, sino más bien fue un quiebre del propio poder existente, en el que el sector triunfante buscaba capturar, para sí solo, el Estado con el objetivo de imprimirle a éste una forma más distendida, hasta el límite que no modificara el peso de su poder (Flecha: 16-1998). Tampoco el proceso de la transición paraguaya suponía la recuperación de la democracia substraída anteriormente por poderes fácticos, como en la mayoría de los países del área, sino que se trataba intentar inaugurar o instaurar la democracia por primera vez en el país.

En definitiva, el momento en que sucedió y la forma como se produjo la caída de Stroessner pudieron haber causado sorpresa, pero el proceso que siguió, comandado por sus antiguos colaboradores, confirmó la tesis que la nueva democracia tendría un fuerte toque poststronista olvidando una verdadera y necesaria apertura (Brun: 47-2010).Por lo tanto, el traspaso de un tipo de gobierno a otro fue más de apariencia que de contenido (Yore: 1995), es así como el proceso de democratización paraguaya, a primera vista, estuvo repleto de personajes que se encontraban ligados al stronismo de una u otra forma, convirtiéndose este en uno de los principales hechos que ha dificultado la transición.

Imagen 2. Sabino A. Montanaro, Adán Godoy, Mario Abdo Benítez y Eugenio Jacquet, integran el famoso cuatrinomio de oro. Así se conocía al grupo de hombres más cercano a Stroessner, quienes eran cómplices de los crueles abusos cometidos durante la dictadura. Fuente: ABC Color
Imagen 2. Sabino A. Montanaro, Adán Godoy, Mario Abdo Benítez y Eugenio Jacquet, integran el famoso cuatrinomio de oro. Así se conocía al grupo de hombres más cercano a Stroessner, quienes eran cómplices de los crueles abusos cometidos durante la dictadura. Fuente: ABC Color

Reafirmando la idea del párrafo anterior, recién en la fórmula presidencial ganadora del año 2003 conformada por Nicanor Duarte Frutos y Luis Castiglioni  se logró colocar en el sillón de López al primer mandatario que no esté ligado directa como indirectamente al stronismo (Bareiro: 3-2004). En definitiva, Stroessner cayó, pero una gran parte de sus colaboradores, políticos y empresarios, quedaron como residuo del régimen comandando la nueva democracia y, ocupando diferentes cargos gubernamentales en todos los niveles.

Por el propio paso del tiempo mucho de los hombres ligados al stronismo han quedado relegados, de hecho, uno de los principales acontecimientos de la historia reciente, el llamado “Marzo Paraguayo” de 1999, se considera un hito importante pues a partir de ahí se originó un nuevo proceso de regeneración, apareciendo otros personajes cuyos pasados se encontraban libres del tirano dictador. Sin embargo, y es propicio afirmarlo, a pesar de las caras nuevas, las prácticas stronistas se mantuvieron y, justo aquí es donde aparece un nuevo  elemento a ser considerado: la cultura del régimen, que en definitiva no solo se traducían en hombres, sino, en las propias instituciones.

El modelo stronista de cultura no estaba explicitado en lo que hoy llamaríamos una "política cultural"; es decir, un cuerpo de proyectos orientados a ejecutar modelos de cultura comprometidos con el desarrollo del país. Esta ausencia ha llevado a sostener que no existió un sistema cultural stronista. Pero tácitamente, y de manera negativa, si existió y funcionó con bastante eficacia: actuó a través del control y la censura, el miedo y el castigo, la falta absoluta de apoyos, la desprotección del patrimonio histórico, la regulación de los medios informativos y el desprecio a todo aquel considerado como opositor.

La transición democrática, aprender a construir democracia y dejar atrás los vicios y prácticas stronistas, se ha producido en tres niveles: el primero: como un proceso de sociedad toda; el segundo: en un nivel más personal de cada individuo; y el tercero: dentro de un ámbito institucional.  Justamente en lo anterior radica el verdadero desafío, donde según el nivel que se encuentre analizado, consiste saber el grado de democratización que se ha alcanzado.

 

3. Nuevos tiempos, viejas prácticas

A lo que respecta a la fuerza del orden público, actualmente la Policía Nacional enfrenta fuertes acusaciones por sus formas de actuar que se traducen, principalmente, en prácticas como la tortura, ejecuciones arbitrarias o desapariciones forzosas. Las mismas son constantemente adjudicadas a dicha institución trayendo a la memoria colectiva un accionar tan típico y característico de la época stronista.

Estas imputaciones, sin embargo, poco se hacen presentes en los grandes centros urbanos especialmente por la rápida notoriedad pública que pudiese llegar a tener en el caso que se presenten, por ejemplo, en una Comisaria determinada de la Ciudad de Asunción. Solo por citar, el caso más reciente denunciado de tortura policial fue el del periodista Paulo López en enero del año 2014. López se había trasladado hasta la Jefatura 3ª, después de recibir la información de que varias personas fueron detenidas durante la manifestación en contra de la suba del transporte público, siendo también el demorado para luego sufrir agresiones de todo tipo. Este acontecimiento, tanta popularidad adquirió, que días más tarde, la comisión de “Derechos Humanos del Senado” declaró que “aún continúan las prácticas de tortura en el Paraguay”.

La tortura policiaca, a pesar de no ser noticia todos los días, se mantiene viva en el país y, más aun, cuando nos situamos en el interior del territorio nacional. Dentro de ese contexto, la realidad es otra, donde por lo general en los conflictos de tierra, las prácticas stronistas de la Policía Nacional resurgen haciéndose presentes en el actuar cotidiano de una entidad que, en teoría, vela por el orden y el bienestar de toda la sociedad.

Desde el último informe del “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” (MNP) se indica que en el Paraguay aún se registran casos de tortura concentrados actualmente en grupos específicos, invisibilizados[iv] por la sociedad y tradicionalmente discriminados: movimientos campesinos o grupos sociales vulnerables y estigmatizados. La forma de tortura consiste en las violaciones de los derechos humanos en las detenciones realizadas por la Policía, que se traduce en tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de las prisiones, siendo el preámbulo y el adendum de las prácticas soterradas de la tortura.

Por lo general, estas nuevas formas de tortura implican que sean irreconocibles ante un eventual caso de denuncia. Físicamente predomina la asfixia por el uso de la bolsa plástica trasparente y, en un punto psicológico, amenazas verbales o ruidos atemorizantes que crean pavor por quienes escuchan. Ante exámenes médicos es prácticamente imposible de demostrar, creando en la victima un discurso de tortura que no puede ser justificable ante las instancias de la justicia forense.

En la época stronista, ingresar detenido a una dependencia policial conllevaba la seguridad de sufrir tortura, aplicada en una bañera con agua y electricidad. Como había que averiguar no sólo las actividades que ponían en riesgo al régimen, sino crear más y más opositores que justificaran su actitud, la Policía apelaba directamente a los apremios físicos, que eran más o menos graves, según la particular interpretación del policía o civil a cargo del detenido. En vez de ocultar estas violaciones, el régimen se gloriaba de ellas, era lo que se llamaba el precio de la paz. La dictadura no hacía esfuerzo alguno para desmentir el uso de la violencia y la tortura, al contrario le interesaba que todo el mundo lo supiera para atemorizar a la población.

Por otro lado, a estas acusaciones se suma el carácter represivo del accionar policiaco durante actividades como las protestas sociales. La lucha campesina, de por sí sola, ya tiene un largo historial de represiones sufridas, constando entre sus antecedentes más importantes aquellos ocasionados durante la dictadura de Stroessner, a partir de finales de la década de 1960, donde dirigentes y organizaciones fueron blanco frecuente del terrorismo de Estado, hasta la caída del régimen en el año 1989.

Hoy en día esta práctica se mantiene, en primer término, porque la Policía Nacional no observa un protocolo de uso de la fuerza y de armas de fuego ajustado a los estándares internacionales para la intervención en manifestaciones y reuniones, sean estas lícitas o prohibidas por la Ley. Es así como, la “Guía de Procedimiento Policial” vigente es muy ambigua y carente de precisión en lo referente al uso de armas de fuego y a las medidas de persuasión previas, y no se encuentra ajustada al empleo de la fuerza a lo que se refiere al  hacer cumplir la Ley.

Asimismo, en la Policía Nacional no consta el arma reglamentaria o arma de dotación. Cada policía compra su arma y sus municiones a otros particulares o en el mercado negro, sin que existan estándares institucionales para ello ni la obligación de registrarlas. La institución policial no define el tipo de arma y munición que se debe utilizar, y tampoco las adquiere y registra, ni mantiene ningún tipo de sistema de entrega bajo custodia y acta a los agentes públicos para su uso reglamentario. Sin un registro es imposible determinar el origen de las balas disparadas en las intervenciones policiales para así poder controlar efectivamente si el uso del arma de fuego fue necesario y proporcional.

Además, la violencia policial se encuentra favorecida por un marco jurídico indebidamente restrictivo desarrollado con el objetivo de permitir la criminalización de la protesta y establecer restricciones irrazonables al derecho de reunión y manifestaciones. La intervención de agentes no especializados ni equipados deriva en que los mismos utilicen innecesaria y desproporcionadamente sus armas de fuego contra la multitud, provocando, en muchos casos, bastantes conocidos, verdaderas masacres.

El ejemplo más terrible de lo anterior es lo ocurrido en Curuguaty en el año 2012, donde en una operación de desalojo de campesinos por parte de las fuerzas policiacas, que directamente trajo como consecuencia la muerte de 18 personas, de ambos bandos y, indirectamente, una serie de acontecimientos posteriores que dieron origen a la destitución de Fernando Lugo como presidente del Paraguay a través de un golpe parlamentario.

Enfrentamiento entre manifestantes y policía frente a la Sede del Congreso Nacional. Fuente: Paraguay.com – EFE 2012.
Enfrentamiento entre manifestantes y policía frente a la Sede del Congreso Nacional. Fuente: Paraguay.com – EFE 2012.

Esta forma de accionar, poco democrática, para la mayoría de la opinión pública quedó al descubierto con el ejemplo antes citado, pero la misma tiene sus antecedentes en la dictadura stronista como también un amplio desarrollo hasta nuestros días actuales. Concisamente durante el régimen, las fuerzas represivas no se diferenciaban una de la otra, en definitiva lo que cambiaba no era el accionar sino más bien el uniforme, ya en la transición la intervención de la fuerza pública en los conflictos de tierra estaba a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas, acompañados en algunos casos por efectivos de la Policía, remontándonos, hasta hoy en día, en la cual la lucha contra el “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP) es llevada también a través de fuerzas mixtas.

Como últimas prácticas a ser abordadas se encuentran las correspondientes a la ejecución arbitraria de personas. Una de las organizaciones miembros de la Coordinadora de Derechos Humanos en el Paraguay (CODEHUPY), el Centro de Documentación y Estudios (CDE) a través de su “Área Sociogremial”, inició un lento proceso de acopio de esta información que luego fue hecha pública en una lista de campesinos asesinados en la lucha por la tierra. El documento reportaba hacia finales del 2004 un total de 83 casos de presuntos asesinatos en emboscadas preparadas por grupos parapoliciales con la aquiescencia, o a veces con la colaboración directa, de la Policía Nacional.

También existen, otros casos en los que la ejecución arbitraria había sido perpetrada directamente por agentes públicos en represión de manifestaciones o desalojos de ocupaciones. En esta cuestión, las ejecuciones arbitrarias están atribuidas a agentes de la Policía Nacional, ya sea en actuaciones oficiales (represión de manifestaciones públicas, desalojos o cumplimiento de órdenes de detención) como en atentados criminales perpetrados por agentes fuera de sus funciones, conjuntamente con sicarios (ver Informe Chokokue del año 2007).

Esta realidad actual, no es muy lejana de lo que significó la ejecución de personas durante la época stronista, incluso, el “Informe Final” dado a conocer por la “Comisión de Verdad y Justicia” (CVJ), organismo que hizo una profunda investigación cuantitativa y cualitativa de la violación de los derechos humanos en tiempos de Stroessner, señala que se estima en 20.090 las víctimas totales directas de dichas violaciones durante la dictadura. Pero incluso, el referido informe hace un desglose de esa suma de víctimas directas y determina que: 19.862 personas fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; y 59 ejecutadas extrajudicialmente (asesinadas).

Por último, muchos de los reportes de ejecuciones arbitrarias de hoy, que continúan bajo una interminable investigación, corresponden a feticidios provocados por agresiones de las que fueron víctimas mujeres campesinas gestantes en el contexto de desalojos ilegales y violentos, practicados por la Policía Nacional. La falta de una debida conciencia en la sociedad respecto de que estos hechos constituyen graves y flagrantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos en estado de gestación, así como la insuperable invisibilidad que rodea la experiencia, los sufrimientos y las necesidades. De la misma manera, en épocas del régimen, a todos los actos atroces realizados por las fuerzas del orden, hay que agregar los abusos sexuales provocados, teniendo en cuenta de un enorme subregistro existente que corrobora otras formas de violencia, como las violaciones de los derechos de la mujer y niñez.

 

4. Algunas reflexiones finales

A nivel macro, es indudable que el pasado stronista aun afecta la realidad actual del Paraguay. Ya no son los hombres del régimen, sino más bien, las prácticas que se mantienen vivas, institucionalizándose, en el actuar de los diferentes sectores del aparato gubernamental del país. Esta explicación, que se ha intentado demostrar en el presente trabajo, corresponde al relato de la “narrativa de la herencia stronista”[v], que en definitiva se basa en exponer al Paraguay y su situación estructural, como un escenario heredado del autoritarismo y de impunidad del régimen, consentida en la actualidad, que ha operado como mecanismo de sustento de la elite en el poder.

La policía, consecuentemente, se encuentra dentro de esta estructura y no puede escapar de dicho relato de herencia. Así como muchas instituciones tuvieron que democratizarse, ya sea por razones obligadas o no, la democratización policiaca parece lenta y muchas veces hasta difícil de conseguirla, en especial por las características de su actuar que se presentan  estrechamente relacionadas al que poseían en épocas de la dictadura militar.

Una de las principales premisas del presente estudio, ha consistido en admitir que Stroessner, y sus más de 30 años en el poder, no fueron solo una construcción hegemónica en base a la tortura, también han existido la corrupción, la represión, la desaparición de personas y un sinfín de personajes que posibilitaron el determinado trascurso de la historia nacional. Pero incluso, los arreglos con la oposición, el monopolio ejercido dentro de los poderes del Estado y la irrupción de sindicatos y asociaciones profesionales, constituyeron a la aceptación en los segmentos de la sociedad paraguaya y el control del Partido Colorado, por la imposición de conductas que fueron asentidas como “sentido común” y que alcanzan al conjunto de las relaciones sociales.

Hoy, siguiendo el análisis anterior, de la misma forma, la policía no solo es falta de confiabilidad o ineficiencia, también es sinónimo de acciones violatorias a los derechos humanos, que quedan luego impunes ante un sistema general de corrupción, provocando, en consecuencia, la libertad en los oficiales, al no ser castigados, de poder seguir con sus prácticas y formas de llevar el procedimiento policiaco. De hecho, muy pocos casos de denuncias a policías, han recibido alguna aclaración o castigo por parte de la justicia paraguaya.

Es propicio, por último, recordar que el Paraguay fue el único país del cono sur latinoamericano que al salir de la dictadura desclasificó sus archivos secretos de la represión política y no dictó una legislación de impunidad. De ese modo, al menos tres ministros, dos generales jefes de la Policía, el jefe de la Policía Política y otra decena de torturadores y esbirros de jerarquía media fueron sometidos a la justicia y/o condenados por crímenes de lesa humanidad. Ante tal antecedente, es imperioso acabar con las prácticas stronistas en esta institución, en especial cuando las mismas se aplican en regiones, donde la justicia y la opinión pública, no llegan con tanta frecuencia, y a grupos olvidados o pocos escuchados por la mayoría de la sociedad.



Notas:

[i] Licenciado en “Sociología” (2012) Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”, Posgraduado en “Metodología de la Investigación” Universidad Europea Miguel Cervantes (2013). Maestrando en Cooperación Internacional e Inclusión Social Universidad Carlos III de Madrid (2014). Profesor de Sociología, carrera de Historia en la Universidad Nacional de Asunción. Labores de investigación en el GIGA Hamburg y Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ii La crisis de confianza sobre la Policía, afecta directamente a la propia representatividad de Estado. De hecho, muchas críticas a la ineficiencia de la institución en sí, sino más bien, a la administración estatal, que hace de la misma.

[iii] La figura de la autoridad que se impone en la cosmovisión del paraguayo: “aquello que dice la autoridad es lo que se hace”, demostrada en el discurso de Sabino Montanaro, Ministro del Interior stronista, al afirmar: “la calle es de la Policía”.

iv La categorización de los invisibilizados corresponde a las denuncias oficiales, organismos estatales, y a las realizadas a organización sociales que trabajan la problemática de derechos humanos en el Paraguay.

v Terminología acuñada por el politólogo alemán Malte Gephart al estudiar la corrupción en el Paraguay. El mismo se correlaciona con otras terminologías de sociólogos locales, correspondiente a la visión continuista: “El Paraguay debe lidiar por procesos antiguos como nuevos”.

 

Bibliografía

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Quintín, R (Coord.) (2007). Informe Chokokue. Asunción, Editado por Codehupy.

Rodríguez, C. (2012). Cronología Política de 1936 a 1946. Asunción. Editorial El Lector/ABC Color. 

Soler, L. (2012). Paraguay, la larga invención del golpe. Buenos Aires, Editorial: Imago Mundi – CEFIR.

Yore, M. (1995). Los últimos golpistas. Asunción, Ediciones Diario  NOTICIAS

 

Cómo citar este artículo:

PERIS, Carlos Aníbal, (2014) “El pasado que se resiste a morir: Cultura represiva en la Policía Nacional, veinticinco años después de la caída del régimen”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 20, julio-septiembre, 2014. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Sábado, 15 de Junio de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=988&catid=5