Argentina fue uno de los primeros países de la región en normar las relaciones laborales en el campo. A mediados de los años 40s. el gobierno de presidente Perón (1946-55) promulgó el Estatuto del Peón que otorgaba la calidad de trabajadores con plenos derechos a los jornaleros rurales. Con posterioridad otros gobiernos sancionaron leyes complementarias en el mismo sentido y el gobierno de la presidente Cristina Kirchner suscribió los convenios de la OIT que prohíben el reclutamiento forzado de mano de obra para desarrollar tareas rurales. Sin embargo, en fechas recientes las inspecciones Federales del Trabajo han descubierto redes de "enganche" de peones mediante engaños y actos de coerción física. Se trata por lo general de pobladores de zonas rurales marginales de provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Catamarca y Jujuy y de trabajadores migrantes de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay. El ensayo es un llamado de atención sobre esta trágica realidad del mundo del trabajo en pleno festejo del Bicentenario.

Palabras clave: Trabajo forzado; leyes de tutela para el trabajo rural; políticas de erradicación del reclutamiento violento de peones rurales; vigilancia del cumplimiento de las leyes que regulan las relaciones laborales en el campo

Durante el año 2010 Argentina conmemoró su Bicentenario con una fuerte participación popular. Desde el Gobierno se enfatizaron el logro de  un record de crecimiento histórico del Producto Bruto Interno (PBI) en los últimos siete años, y la notable reducción de las tasas de desempleo, pobreza e indigencia.[2]

Pero como rémora de 200 años de capitalismo salvaje, aparecieron también muestras de una vida indigna y de situaciones preocupantes bajo condiciones de  trabajo indecente. En efecto, diversos procedimientos de fiscalización realizados a fines del 2010 y durante el primer trimestre del 2011, revelan una faceta poco difundida del desarrollo capitalista en el campo argentino. Inspecciones realizadas por Fiscales Federales , la Agencia Fiscal de Ingresos Públicos(AFIP) y el Ministerio de Trabajo  en establecimientos rurales de las Provincias de Buenos Aires ,La Rioja, Catamarca, Misiones y Mendoza demuestran que en la Argentina del segundo centenario todavía está vigente, en el submundo agrario, la trata de personas, la reducción a la servidumbre  y el trabajo semi-esclavo. La vulnerabilidad es máxima porque hay cientos de trabajadores que carecen de elementales servicios de salud e higiene, no pueden abandonar los lugares que les asignan para alojarse ni trasladarse libremente, y viven sumidos en la precariedad y el engaño.

Estas imágenes, difundidas por la mayoría de los canales de televisión y los medios gráficos, contrastan con el estereotipo de un país marcadamente urbanizado y con un agro caracterizado por el alto nivel de inversiones en insumos y maquinaria.

Sin embargo, en una formación social caracterizada por la vía latifundista o “junker”[3] en su estrategia de explotación de la tierra, el trabajo agrario  precario y desprotegido, tiene numerosos antecedentes. El tema es que recién ahora se está haciendo visible, merced a una acción decidida del  gobierno de Cristina Kirchner, que ha definido como políticas de estado el trabajo “decente” y el respeto de los derechos humanos.

Antecedentes históricos

En rigor, este paisaje no es absolutamente novedoso. Si bien Argentina es un país con una urbanización temprana, durante la primera mitad del siglo XX era muy frecuente que grandes consorcios nacionales y extranjeros super-explotaran mano de obra migrante, criolla e indígena. Los grupos familiares Arrieta- Blaquier y Patrón Costa en el noroeste; la empresa irlandeses Hardy del Ingenio Las Palmas, y los ingleses de la Forestal Co en el nordeste, los Braum Menendez en la Patagonia fueron grandes empleadores que usaron y abusaron de la mano de obra estacional y migrante.[4] En ese momento los establecimientos agrarios se medían por leguas, y los grandes grupos controlaban superficies cercanas a las 100 mil hectáreas. Las actividades principales eran la azucarera en el noroeste, la maderera en el nordeste y la ovejera en la Patagonia.

Fueron muchas décadas caracterizadas por la jornada de sol a sol, el pago con “vales”, las tiendas de “raya”, las viviendas miserables, los fraudes de los “enganchadores” y la represión a cargo de regimientos de línea, o encubierta con el mito de “El Familiar”.[5] De esa etapa del capitalismo rapaz y agro-exportador, también quedó como herencia la depredación de recursos naturales. La Forestal agotó las reservas de quebracho colorado e inutilizó las tierras de una amplia región. Los ovejeros de la Patagonia depredaron terrenos que ya no son aptos para la ganadería. Los ingenios azucareros arruinaron la agricultura de terrazas, practicada desde tiempos precolombinos.

Ciertamente, este panorama desolador fue característico de regiones periféricas del país. En la región pampeana, y especialmente en la zona núcleo, se desarrolló una agricultura intensiva y una mecanización temprana. Si bien existían importantes latifundios, el pequeño y mediano “chacarero”, -la réplica criolla del granjero estadounidense- generaron una producción triguera muy importante, una pujante ganadería y las primeras organizaciones de productores como la Federación Agraria Argentina.

El advenimiento del primer gobierno peronista, con la promulgación del Estatuto del Peón, el surgimiento de los primeros sindicatos agrarios, y la sanción de algunas leyes laborales complementarias, significaron una gran mejoría para los trabajadores rurales y un freno para la voracidad de los grandes consorcios agro-exportadores. A partir de 1944 se protegió a los trabajadores rurales y se reglamentó el trabajo en los ingenios azucareros del norte, que contrataban unos 150 mil trabajadores.

No obstante, continuaron los abusos, en especial respecto a comunidades indígenas y peones que realizaban trabajos estacionales. La masacre de Rincón Bomba (1947), en perjuicio de una comunidad pilagá de la Provincia de Formosa que acudía todos los años a prestar servicios en el ingenio de Patrón Costa, en la provincia de Salta, y que fue reprimida por la Gendarmería luego que regresaron a su territorio por sufrir rebajas de sus ya magros ingresos, es uno de los casos de una historia trágica todavía no escrita[6].

Durante la etapa conocida como” desarrollista” (1955-1975), se modernizó el agro de la región pampeana, y las relaciones salariales empezaron a desplazar el antiguo vínculo paternalista que regulaba de manera informal, la relación del empleador con el peón rural. El surgimiento del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), la cría de los vacunos “  a corral “ y los comienzos de los cultivos de  soja, son cambios fundamentales, que contrastan con la profunda crisis de la industria azucarera en la Provincia de Tucumán.[7]

Neoliberalismo y trabajo agrario

En el último cuarto de siglo, volvieron a generalizarse las prácticas abusivas en el mundo agrario. La última dictadura militar (1976-1983) reemplazó el Estatuto del Peón, por un régimen laboral más permisivo para los empleadores. El trabajo temporario y la jornada de sol a sol volvieron a ser moneda corriente.

Durante los años 90, se hicieron más pronunciados los desplazamientos de trabajadores migrantes, muchos de ellos provenientes de países limítrofes como Bolivia, Chile y Paraguay, destinados a realizar cosechas y labores estacionales, en diversas provincias. En las cosechas de la cebolla, de la papa, de manzanas, de frutillas, de ajo, y del olivo se pudo observar jornadas de sol a sol, trabajo infantil y condiciones de habitación paupérrimas. El trabajo “en negro” o no registrado fue la regla, y surgieron diversos acuerdos entre las grandes empresas y sindicatos corruptos.

Se consolida, entonces, el poder del sindicato UATRE, que agrupa a los trabajadores rurales y los provee de un seguro social. Sin embargo, este gremio tolera el trabajo no registrado y los abusos sobre el personal que desempeña labores estacionales.

Multinacionales  y pool de siembra en las últimas décadas

Ciertamente las empresas trasnacionales y los numerosos “pool” de siembra formados por empresarios y banqueros ante el nuevo ciclo agro-exportador han establecido una estrategia productiva definida por la incorporación de tecnologías y logísticas muy avanzadas. Utilizan tractores, cosechadoras, sembradoras, empacadoras  y camiones de última generación. Pero, salvo los establecimientos de la zona núcleo de la llamada “pampa húmeda”, donde la dotación de personal es muy baja, las empresas agrarias de otras regiones (algodoneras, tabacaleras, azucareras) siguen utilizando modalidades de super-explotación laboral y han adaptado los sistemas de reclutamiento de mano de obra estacional a las nuevas épocas.

Es por esto, que en las investigaciones sobre denuncias de trata de personas, realizadas por fiscales de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y de Mendoza, aparecen involucrados gerentes de multinacionales cerealeras o de intermediación laboral, como Nidera, Monsanto, Pionner o Man Power.

El modus operandi consiste en utilizar “enganchadores” y organizar traslados masivos de trabajadores pobres de pequeños municipios de la Provincia de Santiago del Estero y Tucumán, hacia la Provincia de Buenos Aires. Estos trabajadores quedan reducidos a un estado de virtual servidumbre, y realizan tareas insalubres y pesadas en cosechas de maíz, papa, cebolla y otros cultivos de verduras y hortalizas. También se destacan las cerealeras que producen semillas transgénicas que deben cosecharse a mano. Así mismo, se han detectado situaciones de trabajo semi-esclavo en fincas de dirigentes políticos como el diputado salteño Alfredo Olmedo, quien posee campos de olivos en la Provincia de La Rioja[8].

Como hemos señalado mas arriba, estas situaciones cuentan con la complicidad de una parte de la dirigencia de UATRE, el mayor gremio de trabajadores rurales, alineado con las patronales agrarias y el autodenominado “peronismo federal”, una corriente interna del justicialismo que se opone al gobierno de Cristina Kirchner.

El encuadre legal y las perspectivas

Las situaciones descriptas son violatorias de la legislación laboral y de tratados internacionales tales como el Protocolo de San Salvador y el Convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero además, en algunos casos se vulnera la reciente legislación que castiga la trata de personas, al aparecer organizaciones que reclutan trabajadores con engaños y con fines de explotación bajo condiciones laborales sumamente precarias. En todo caso, se trata de violaciones de derechos humanos que resultan intolerables para una sociedad democrática.

Sin embargo, una reforma del régimen agrario establecido por la última dictadura viene siendo resistida por las grandes patronales del campo y el propio sindicato de trabajadores rurales. Desde el 2008, cuatro centrales empresarias del mundo agrario y el gremio de peones rurales han formado un bloque de poder que está enfrentado al gobierno kirchnerista. [9]

Es hora de que las relaciones laborales en el campo argentino empiecen a  democratizarse. El bloque agrario enfrentado al gobierno, que se autodenomina “el campo” participa de una alianza opositora que en el parlamento y en los grandes medios de comunicación social denuncia una supuesta inseguridad económica. Sin embargo, una de las fuentes más graves de inseguridad son las relaciones laborales precarias.

No hay razones para que el trabajo rural llamado “temporario” sea inseguro. Justamente, el Convenio 184 de la OIT que fue ratificado por el gobierno argentino en 2006, establece que el trabajo temporario debe tener las mismas garantías de salud, higiene y seguridad que el “empleo estable”. El gobierno de Cristina Kirchner fue el primero en América y el cuarto en el mundo, en ratificar este convenio. Ahora falta que los empresarios rurales, que gustan autodenominarse “el campo” cumplan con las normas establecidas en el convenio suscrito.

La decisión que ha tomado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a pedido de la Presidenta Kirchner, de presentarse como querellante en la causas de trata de personas con fines de explotación laboral, dará mayor visibilidad a la cuestión y ayudará a que la justicia penal actúe con mayor rapidez. Pero también es fundamental que los inspectores laborales y de manera particular, los propios gremios de trabajadores que están involucrados en los temas del campo, desarrollen una labor activa de prevención y control.

Dice la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, suscripta por el Dr. Eduardo Luis Duhalde, en relación a las condiciones de trabajo en un predio de 900 hectáreas propiedad del diputado Alfredo Olmedo, sembrado de olivos:

“en su gran mayoría se trata de jóvenes de sexo masculino, incluídos algunos menores de edad, y los mismos son oriundos de la República de Bolivia y de la Provincia de Formosa…”

“… a 1,5 de la puerta del predio y en el centro de uno de los cuadros de las plantaciones, existe un campamento en donde cohabitan, en época de cosecha, alrededor de trescientas personas, con aproximadamente ciento veinte carpas en un material simil nylon/pvc blanco….En su interior existen tres pallets de madera en cada una,que hacen de colchones y donde duermen los trabajadores, ante la inexistencia de los mismos…”.

En la Argentina del Bicentenario no puede haber lugar para estás prácticas violatorias de la dignidad humana. Algunos jueces penales discuten si los hechos denunciados deben tipificarse como “reducción a la servidumbre”, una figura penal que rige desde el siglo XIX, o como “trata de personas” con fines de explotación laboral. Triste paradoja, para un mundo agrario que pretende ser la reserva productiva y moral de la Argentina del siglo XXI.

Como todos los hechos de violencia, los que hemos mencionado en este ensayo deben conceptualizarse como una relación social donde los poderes son asimétricos. Y las prácticas desarrollados se han caracterizado históricamente por ser “normalizadas y ocultadas”.[10] Ante el enorme poder de veto de los modernos terratenientes deberá oponerse una fuerza social capaz de revertir dos siglos de violencia y racismo.

Bibliografía

-Cieza, Daniel (2011) “Un capitalismo salvaje y una larga marcha por la dignidad” ps. 423 y stes en Okión, Verónica et al Violencia y Sociedad. Un hito en la historia de las izquierdas, Zamora, México, Ed. Del Colegio de Michoacán.

-Cieza, Daniel (2010) Argentina ante el Bicentenario, La Plata, Ed. De la Campana

-Cuevas, Agustín (1981) El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo XXI.

-Izaguirre, Inés (1997) Violencia social y derechos humanos, Buenos Aires, Eudeba

-Trinchero, Hugo (2009). Las masacres del olvido. Napalpí y Rincón Bomba en la genealogía del genocidio y el racismo de estado en la Argentina, Runa , vol. XXX , Buenos Aires, UBA.

Notas:

[1] Catedrático de las Universidades de Buenos Aires y La Plata, y Consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la Argentina. Doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y una Maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Puebla.

[2] Argentina tuvo un crecimiento del PBI del 9,1 % en 2010,con lo que completó un crecimiento sostenido record a partir de 2003, superior al 7%. Logró reducir en dicho período los índices de desempleo abierto, pobreza e indigencia a un tercio, comparados con el año 2002.

[3] Cuevas,1981

[4] Cieza, 2010

[5] Cieza,2011

[6] Trinchero, 2010

[7] Hasta la década de 1960 era frecuente que la relación laboral en la región pampeana no incluyera el pago de un salario, sino la autorización del empleador para que el peon tuviera algunos animales propios

Luego, las empresas agrarias generalizaron el salario y prohibieron al dependiente realizar actividades autónomas.

[8] El diputado nacional y candidato a Gobernador de la Provincia de Salta, Alfredo Olmedo fue querellado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acusado de trata de personas en establecimientos agrarios de la provincia de La Rioja.

[9] Las asociaciones de empresarios rurales Sociedad Rural, Confederación de Sociedades Rurales, Federación Agraria y Coninagro, conformaron una Mesa de Enlace que resiste la política agraria del gobierno, en especial una retención aduanera  a la soja y otros cultivos de exportación.

[10] Izaguirre, 1994