Desde junio de 2011 estudiantes universitarios y secundarios chilenos, con un amplio apoyo social, han encabezado masivas y creativas movilizaciones para exigir el derecho a tener una educación pública, gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Demandas que a casi cuatro décadas de la instauración y consolidación neoliberal en Chile, confrontan el alma del sistema. En este artículo invitamos a conocer sus causas y caracterizar sus consecuencias, remontándonos a la inspiración política e ideológica que guió su instauración.

Palabras clave: Movimiento estudiantil, neoliberalismo, dictadura, endeudamiento, concertación, ideología

 

“Nada es gratis en esta vida, alguien tiene que pagar”, fue una de las respuestas que el presidente Sebastián Piñera dio al movimiento estudiantil chileno que cuestiona el modelo educativo legado por la dictadura y que demanda el derecho a tener educación pública, gratuita, de calidad y sin fines de lucro.[2] “La educación también es un bien de consumo”, había sostenido semanas antes en defensa de la interconexión educativa con el mundo empresarial;^[3] considerando que estos dichos provienen de un exitoso hombre de negocios que ha forjado su fortuna gracias al talento para aprovechar las oportunidades neoliberales, son coherentes y honestos, quizás, éstas son las frases más coherentes que Sebastián Piñera ha pronunciado en la desfavorable coyuntura que experimenta su gobierno y las bajas cifras de apoyo ciudadano que bordean un 22%. Estas frases tienen la virtud de esgrimir sin cuidar las apariencias una visión del mundo, una concepción dominante que legitima la extrapolación de las leyes del mercado y sus prioridades hacia todos los rincones de la vida social.[4]

La crisis que enfrenta el sistema de educación en Chile es profunda, síntoma y resultado de las contradicciones inscritas en la estructura misma de su modelo de desarrollo. Muchas de esas contradicciones fueron experimentadas como una verdadera tragedia en la vida de las clases populares y medias empobrecidas, que pagaron los altos costos de su instauración durante la dictadura de Augusto Pinochet; otras, se manifestaron más tarde, cuando el neoliberalismo parecía consolidado, legitimado y solo había que darle pinceladas para hacerlo más funcional y evitar los desbordes sociales, empeño de los sucesivos gobiernos de la Concertación durante los años 90’s y 2000.  Las administraciones de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, apostaron por reformas, rectificaciones mínimas pero necesarias acordadas con la derecha para preservar la estabilidad del orden social y  domeñar a los movimientos sociales que de tanto en tanto se tomaban las calles y los campos chilenos para sacudirse las pesadas cargas derivadas del proceso de socialización de los costos y privatización de las ganancias.[5] Entonces vino el voto de castigo. Los votantes, en enero de 2010, eligieron en segunda vuelta al original en desprecio de su réplica. Con el empresario ajustarían cuentas históricas. Ello no fue planeado, pero fue.

Las grietas se han ido acumulando. Sí, acumulando como la codicia que las delineó. El diagnóstico del movimiento estudiantil es claro, fruto de la experiencia: “el sistema educativo es injusto, perverso e ineficiente”. Pero no es nuevo. Ya lo habían dicho antes, durante todos estos años, especialmente cada principio de año escolar, cuando en la calles, una y otra vez, debieron desenvainar paros, tomas y barricadas para ampliar los límites del financiamiento y los magros beneficios sociales para la educación. Es evidente que el descontento se ha ido acumulando y agravando, también organizando y masificando, hoy no son sólo los estudiantes universitarios y/o los secundarios, son los padres y apoderados, los profesores y profesionales. Son los endeudados del sistema con dificultades para pagar que siguen aumentando y que pasaron de ser un 23% en 1987  a un 46% en 2011.[6]El apoyo social es amplio, transversal. El cansancio es real y la energía movilizadora la entrega una nueva generación que hace tambalear a la clase política, no sólo de un gobierno. La protesta va en  contra del original y la réplica.

Prestemos atención a las fracturas y grietas, sigamos este proceso detenidamente, aprovechemos el viento fresco que despeja los horizontes de visibilidad, viento fresco que sopla cuando los malestares individuales se articulan en respuestas colectivas, teniendo en cuenta que Chile fue el primer país latinoamericano en imponer medidas de corte neoliberal y que en su momento fue presentado como ejemplo y destino latinoamericano. Muchos recordarán aquella imagen gloriosa y altiva de un Chile iniciando la llamada transición a la democracia como “el jaguar de América Latina”; un país que rugía fuerte y aguerrido como la dictadura militar y los sectores financieros que le habían dado sentido, garra y color. En ese entonces poco importaban los costos sociales de su instauración, la miseria y explotación redoblada, poco importaba la permanente violación a los derechos humanos, más adelante habrían políticas de reparación pero no juicios, menos castigo. Chile, de la mano de sus nuevo bloque gobernante, resurgía blanqueado y desmemoriado, mirando hacia futuro desde las alturas neoliberales. (Moulián, 1997)

Aprovechemos estos instantes en que las apariencias se disuelven y que los velos van cayendo. Cuando nos aparece la violencia, la cruda violencia con que fue impuesto el modelo y que no ha dejado de actuar para perpetuarse. La violencia está incrustada en la apropiación del tiempo y segregación del espacio; está esculpida en las horas laborales y marcada en las relaciones sociales; está en las confrontaciones cotidianas para subsistir, en las alzas y privatizaciones; está en el robo de conocimientos y en las leyes creadas entre cuatro paredes, a espaldas de la sociedad; está en trabajadores cada vez más desprotegidos y su fuerza de trabajo cada vez más explotada; está en el mercado de las ilusiones consumistas y las deudas que esclavizan, angustian y enferman.

De ahí que la reivindicación que demanda “educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro” sea un horizonte que puede mover todo, o mucho, en la medida que confronta los intereses de la clase política, del mercado, de los dueños de establecimientos de educación privados que se han enriquecido al calor del neoliberalismo y de los accionistas de bancos que hipotecan el futuro de miles de jóvenes. Espectacular en términos expresivos e inquietante en términos políticos, es una reivindicación profunda que pone en cuestión el orden existente porque apela a la redefinición del rol del Estado en áreas claves de la sociedad, porque exige su presencia en aquellas áreas que abandonó a su suerte dentro del libre juego de la oferta y la demanda, suerte que no ha sido mucha. Pauperización, segregación, inequidad, injusticia. Y si entendemos al Estado no como un aparato sino como un proceso que encarna una relación social de dominación, pronto nos toparemos con un nuevo portal, cuyo cerrojo responde a una nueva clave: la urgencia de un nuevo pacto, otra forma de establecer las prioridades, alianzas y complicidades, el tiempo para discutir los valores que orientan a la sociedad y modificar el curso de las naves. Plebiscito, Asamblea Constituyente, Asambleas populares, piden algunos.

En estas páginas trazaremos un arco histórico, seguiremos una ruta que busca los orígenes, los caminos que siguió el modelo educativo chileno, especialmente el universitario, para llegar hasta donde nos encontramos. El punto de fuga será la génesis del golpe de estado de 1973 y la  instauración de la lógica del “Nada es gratis” como idea dominante; idea-fuerza promovida por un grupo social que aseguró que lo colectivo no es más que la maximización de las oportunidades individuales, que promueve y justifica la cosificación del mundo, del trabajo, de la gente y la naturaleza. Todo visto como una mercancía. Todo se compra y se vende, incluso el futuro. Puede ser obvio, pero lo obvio por sabido se calla y por callado se olvida, por ello me interesa insistir en que detrás de la mano invisible de la desregulación, hay un orden, un proyecto ideológico. No se trata que Chile no tenga “un proyecto educativo”, como reclaman algunos, quizás nadamos en aguas turbias, pero no ciegas. El proyecto que inspira la constitución del sistema educativo resguarda una voluntad política y una necesidad económica, fue creado en función de despolitizar, atomizar, desestatizar la sociedad chilena y romper la peligrosa complicidad del “entre todos”. Pasos necesarios para crear una fuerza de trabajo funcional, un capital humano obediente y servil. Un reproductor de lo mismo.

2011: “Tuvieron más de treinta años para comprobar que este sistema no funciona”[7]

La educación, pensada como “un bien de consumo” desde hace más de tres décadas se paga caro en Chile; según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este país tiene los más altos aranceles de América Latina y en relación al PBI per cápita, triplican los de Italia, cuadriplican las de España y quintuplican a los de Bélgica. Y si “alguien tiene que pagar”, quienes pagan son las familias, de hecho, el 73% del financiamiento a la educación superior recae en los esfuerzos y/o endeudamientos familiares.

En la actualidad existen 60 establecimientos universitarios; 25 de ellos son las universidades que conforman el Consejo de Rectores de universidades chilenas (CRUCH) conocidas como “tradicionales”, el resto de los planteles está en manos privadas. En 1974 Chile tenía 8 universidades llamadas “tradicionales” que recibían del Estado el 86,2% de su presupuesto basal, cifra que bajó en los años siguientes por decisión explícita durante la dictadura militar; en el año 2010, los 25 planteles del CRUCH, recibieron el 17% de ese presupuesto. Para financiarse las universidades “públicas” deben depender de los aranceles y matrículas de sus estudiantes (34%) y de recursos auto-generados a través de donaciones, consultorías, programas de educación continua, proyectos concursables, etc. (49%). Por otra parte, la masiva privatización de la educación superior se ha traducido en la explosión de sus matrículas. Una práctica común en estas universidades es no tener un criterio de selección más que la capacidad de endeudamiento de las familias para pagar los altos costos de sus aranceles a cambio de una promesa de futuro.  En 1983, solo el 2,5% de la matrícula estaba en manos privadas, en el 2010 la cifra alcanzó el 50% de los alumnos universitarios. Si entre 1990 y 2005 la matrícula de las universidades tradicionales creció en un 269.4%, en el mismo período la tasa de crecimiento de las privadas fue de un 1000%.^[8]

Las universidades privadas fueron creadas al amparo de la Ley General de Universidades de 1981. Entre las casi inexistentes regulaciones figura el que sean creadas “sin fines de lucro”, sin embargo, fundar una universidad, escuela o instituto ha sido un redituable negocio que sigue enriqueciendo a destacados personajes de toda la clase política y consorcios económicos a través de escandalosas triangulaciones que les permite desviar sus excedentes. Las ganancias son más considerables aún si consideramos que las entradas por conceptos de aranceles solo son invertidas en docencia, ya que tampoco están comprometidas con labores de investigación ni extensión universitaria. Ciertamente la tasa de jóvenes universitarios se ha disparado, pero se ha hecho a expensas de la regulación en cuanto a la calidad de la enseñanza entregada y del endeudamiento de las familias que al no tener ingresos suficientes (y gran parte no los tiene si consideramos que los aranceles mensuales bordean los 400 dólares) deben endeudarse a muy largo plazo con la banca privada.

La expansión de la matrícula vía endeudamiento familiar fue facilitada durante el año 2006 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, con la aprobación de un programa conjunto del Estado y las instituciones financieras, llamado Crédito con Aval del Estado (CAE), un sistema catalogado por los morosos como “perverso” aunque aún no se puede dimensionar la real magnitud del problema. La primera generación en pagar deberá hacerlo  en 2012 y destinar durante 20 años el 18% de sus ingresos para pagar la cuota, dando por seguro que encontrarán trabajo profesional y no engrosarán la larga lista de “cesantes ilustrados”. Como sea, tendrán que pagar. Tanto los estudiantes de universidades tradicionales como privadas pueden optar al CAE con una tasa de interés del 5,3% (en 2008 hubo 148 mil beneficiados). Según los cálculos de sus detractores al final del periodo se puede terminar pagando el doble, incluso quienes desertan de sus carreras, que en especial son jóvenes de los sectores más vulnerables. La situación se agrava si consideramos que el CAE sólo financia el 80% de los aranceles,  quienes no pueden pagar ese 20% restante, deben pedir otro crédito, generalmente de consumo, con intereses mucho más elevados.

El Estado chileno sólo invierte el 0.3 por ciento del PIB en educación superior, mientras que los países del (OCDE) lo hacen en un 1.0 por ciento como promedio. Como si no fuese suficiente la carga para las familias, según un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, entre 1997 y 2009 el valor de las carreras universitarias aumentó en un 60% real (por sobre la inflación) aunque dependiendo del tipo de universidad y de carrera el incremento puede ser mucho mayor. A esta altura nadie puede negar que la educación superior es un privilegio, ni desconocer que para el 20% de la población más pobre es imposible cubrir un costo de este tipo, ¿cómo hacerlo si el arancel supera su ingreso mensual? Incluso, si se consideran las becas por buen rendimiento, el arancel de un hijo representaría cerca del 70% de lo que esa familia gana en el mes. De ahí la fuerza, lo legítimo y lúcido de trozos de tela levantadas en las masivas marchas que hemos presenciado y que declaran simplemente: “No quiero vivir endeudado”. Detrás de ellas aparecen rostros jóvenes que saben de lo que hablan, porque lo experimentan y lo sufren.

Conste que sólo hemos tocado un punto de este complejo proceso, ya que el problema nace desde los primeros niveles de educación básica y media que reproducen las profundas diferencias e inequidades que sostienen a la sociedad chilena, favorecidas por la puesta en vigor del decreto con fuerza de ley promulgado por la dictadura militar que traspasó su responsabilidad directa con las escuelas a las municipalidades. En resumen: los municipios ricos brindarán mejor calidad de enseñanza e infraestructura que los municipios con escasos recursos. Una segregación territorial que vuelve prácticamente imposible que niños de distintas clases sociales convivan en la misma aula e intercambien sus experiencias y  perpetúa la desigualdad social, ya que los que reciben educación deficiente no están en condiciones de aprobar la prueba de selección para ingresar a las universidades tradicionales y deben concentrar sus esperanzas de mejor futuro en universidades privadas con préstamos-deudas a largo plazo.

Fuente: www.cepc.cl/1-de-mayo-dia-de-los-trabajadores-la-fech-llama-a-movilizarse

Junto a los establecimientos estatales que manejan las municipalidades existen los planteles privados y los colegios “subvencionados”, los cuales reciben un aporte del Estado de acuerdo con el número de alumnos inscritos. Para el movimiento estudiantil, dicha subvención debe terminar, ya que se trata de inversionistas privados que acaban enriqueciéndose con recursos del Estado y que deberían ser inyectados en las escuelas públicas. También exigen la des-municipalización de sus planteles para que sea el Estado quién asuma la responsabilidad y distribuya equitativamente sus recursos.

Ante estas cifras que son respuestas surge una pregunta. Ante estos números que son niños, jóvenes, familias, experiencias y vidas, se repite la incesante pregunta que orienta este recorrido: ¿Cómo llegamos hasta aquí?

1974: “Resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos....”

El bombardeo al palacio de La Moneda fue el inicio, el comienzo de un bombardeo incesante a los cuerpos y las conciencias, materias y experiencias. El silencio que siguió fue estruendoso. Hasta entonces las calles, las fábricas, las plazas públicas y las universidades era un centro de debate, de discusión, también de combate. Los sentidos en pugna se dirimían en voz alta y en plena vía pública, porque públicos eran los lugares desde donde emanaba la producción de conocimiento y donde se formaban las conciencias profesionales, técnicas, intelectuales. En las aulas o más bien, “también en las aulas” se vivía intensamente la política, porque “lo político” era el problema de todos, terreno que incumbía al colectivo para responder y trazar un horizonte de vida y de acción.

Tampoco idealicemos, es cierto que las universidades nacieron a mediados del siglo XIX educando preferentemente a los hijos y nietos de las élites económicas y políticas, y que no eran muchos los pobres que podían acceder a sus beneficios. Es cierto, pero poco a poco, en un largo recorrido y procesos de reflexión y lucha, otros sectores, especialmente las clases medias, habían ido conquistando espacios en su interior. De la mano de otras luchas nacionales que forzaban la ampliación en la redistribución de los recursos, aunque con sus propias especificidades y tiempos, el movimiento estudiantil alcanzó un punto de maduración en la articulación de objetivos y demandas durante el proceso de Reforma Universitaria desarrollado en 1967.

“Universidad para todos” fue el lema de la Reforma que con un alto grado de conflictividad y visibilidad política favorecida por sus formas de lucha: las “tomas” u ocupaciones de los recintos universitarios, las huelgas e intensas discusiones en asambleas y debates “extramuros”, promovieron cambios en el mapa de ruta universitario y sensibilizaron a la sociedad sobre su pertinencia. El principal objetivo de estos reformadores, entre los cuales los académicos tuvieron un rol activo y tomaron parte como protagonistas, fue encauzar el buque hacia la sociedad,  bajar de los estrados para pisar territorio humano y geográfico, concentrar la mirada, el pensamiento y los esfuerzos institucionales hacia los problemas de las grandes mayorías desfavorecidas por el desarrollo capitalista; en definitiva, se trataba de poner la Universidad al servicio del cambio social y el desarrollo nacional que desde distintas áreas y organizaciones presionaban por cambiar las estructuras de explotación económica y las experiencias históricas de opresión política.

El objetivo era amplio y se requerían muchos esfuerzos, si bien cada establecimiento de acuerdo a sus necesidades materializó el proceso de reforma según sus propios desafíos, podemos encontrar generalidades que impactaron al modelo universitario en su conjunto (Brunner, 1984). Para asegurar su presencia en la toma de decisiones, los estudiantes demandaron la reorganización del gobierno universitario con el fin de hacerlo más abierto y participativo, e integrar a la “comunidad universitaria”. Los Rectores pasaron a ser elegidos por votación directa o por claustros, lo mismo los decanos de Facultades y los directores de Escuela; junto a los académicos que tenían un porcentaje mayoritario, en todos los establecimientos se estableció participación estudiantil con porcentajes variables y en la mayoría de se dio participación a los funcionarios no-académicos.[9]

Abrir la universidad significaba ampliar anualmente la matrícula para incorporar a más sectores. Y en ese objetivo se invirtieron importantes esfuerzos. Hubo que aumentar plazas docentes, burocracia e infraestructura. Pero también debía fortalecerse la calidad. Se puso mayor énfasis en la responsabilidades de investigación y extensión propias del quehacer universitario, a través de la conformación de departamentos de investigación científica y social con inspiración interdisciplinaria y de ampliación en actividades de extensión.[10] Se consolidó la “carrera universitaria” a través de la expansión de jornadas completas dedicadas y comprometidas con el proyecto universitario de docencia e investigación. Los académicos elevaron sus remuneraciones y su influencia en la gestión institucional. Los alumnos, bajo una nueva concepción curricular, dispusieron de un sistema de créditos para regular el aprendizaje con mayor flexibilidad y libertad en su formación.

El aumento de recursos públicos para sostener estas transformaciones provino -sin mayor inconveniente- desde los fondos públicos. Tanto los gobiernos de Eduardo Frei (1964-1970) como Salvador Allende (1970-1973), en aras de una autonomía universitaria legalmente protegida y socialmente reconocida, dejaron que el proceso siguiera su curso, sin trabar el fuerte aumento de financiamiento público requerido para asumir los cambios trazados en el proceso de reflexión y práctica reformadora, ello, independientemente que los militantes de base de  éstos y otros sectores se enfrascaran en apasionadas discusiones al interior y fuera de los recintos por liderar el movimiento y representar su pensamiento en las organizaciones estudiantiles.

Foto 1: Marcha Universidad Técnica de Santiago. 1967.
Fuente: http://lautevive.blogspot.com/2007/08/movimiento-estudiantil-y-reforma.html

Entre 1964 y 1970 la matrícula se duplicó, pero fue durante el gobierno de la Unidad Popular cuando la democratización de la enseñanza obtuvo el máximo de su desarrollo. Si en 1970 habían 76 mil jóvenes en las universidades, en 1973 había más de 145 mil, que representaban al 16.8% de los jóvenes entre 20 y 24 años. Hasta entonces el sistema nacional universitario estaba conformado por ocho universidades; la primer de ellas fue la Universidad de Chile, fundada en 1842 y la última, la Universidad del Norte, que lo hizo en 1956, tres años antes se había constituido el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), para regular y planificar armónicamente el sistema universitario, mecanismos de selección, crecimiento de la oferta, entrega de  recursos, etc. Hasta entonces, prácticamente la totalidad del financiamiento provenía de fuentes fiscales a través de recursos que eran entregados anualmente desde el Presupuesto de la Nación. La gente estudiaba gratis, y así lo hicieron muchos de los que hoy gobiernan Chile.  Los chilenos y chilenas coincidían en que la educación era un bien social y no individual, por ello era un derecho garantizado por la Constitución y el Estado. Su importancia estratégica en la producción y transmisión de conocimiento nacional no estaba en cuestión.

La Universidad de Chile a través de sus sedes regionales tenía carácter nacional y concentraba el 45.3% de la matricula. Seguida por la Universidad Técnica (UTE) con el 22.2%. Su importancia y prestigio era innegable y en la movilidad para los sectores medios jugaba un rol clave. También era fuerte la Federación de estudiantes (FECH), su organización y agitación en favor de los cambios sociales, inspirada en gran medida  por los sucesos de Córdoba, es conocida desde principios de siglo XX. ¿Fue coincidencia que Salvador Allende se dirigiera al pueblo chileno la noche del 4 de septiembre de 1970, después de escrutadas las mesas de votación, desde los balcones de la FECH? ¿no daba cuenta del movimiento, organización, articulación y discusión popular, que removían con el largo alcance de sus objetivos las bases estructurales de la sociedad chilena?. La imagen de esa noche es clara en la voz de Allende: gobierno, estudiantes, trabajadores y pobladores celebrando el triunfo de un proyecto alternativo y colectivo.

Foto 2: Frontis de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1967. Fuente: http://historiabarriga.blogspot.com/2010/11/la-reforma-universitaria.htmlPor eso Insistimos. El gran proyecto de la dictadura y del neoliberalismo fue la despolitización y atomización de la sociedad chilena. La alianza de militares, derecha política y sectores financieros -nacionales e internacionales- se propusieron extirparla desde distintos frentes, y en ello fueron explícitos, sino insistentes. Primero fue el fuego y las balas. La quema de libros, el asesinato y persecución de líderes estudiantiles y académicos; tortura, allanamientos, prisión, despidos, expulsiones, proscripción de organizaciones. Fue la muerte y el exilio de la palabra.[11] Pero  el dispositivo de terror era una de las tantas fases, quizás la más urgente para terminar con el “enemigo interno”, sin embargo, la más importante y de largo plazo, estaba contenida en la Declaración de Principios de la Junta Militar:

Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de Gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. [...] Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario: Asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles.[12]

Entonces vino la contrareforma, no sólo universitaria, sino de país. “Cambiar la mentalidad de los chilenos”, requería grandes transformaciones, requería cambiar las formas de vivir, de estar juntos, de entender lo público y lo político. Requería cambiar los compromisos y las solidaridades tejidas históricamente en el proceso de luchas y frenos contra la maquinaria capitalista. Requería borrar una cultura política, borrar la forma histórica de una relación estatal, labrada entre disputas, jaloneos, negociaciones, revueltas y límites movedizos, con que Chile se había modelado a sí mismo entre la pampa salitrera y las tierras del fuego.

Las reivindicaciones del capital fueron en primer lugar y sobretodo antiestatistas.  Remediar los males de la “cultura del reparto estatal”, como el que representaba el proceso de Reforma Agraria fue el primer paso. Emprendida como proyecto de gobierno con la presidencia de Eduardo Frei Montalva, extendida y profundizada durante la administración de Allende, la propiedad de la tierra y por consiguiente la estructura de poder empresarial oligárquico había experimentado importantes transformaciones en la última década. Durante el gobierno de la Democracia Cristiana se expropiaron 1.408 propiedades agrícolas con una extensión superior a las 80 hectáreas de riego básico (HRB) y en el período de la Unidad Popular, favorecido por la  reducción de la superficie legal para ser sujeta a expropiación, de 80 a 40 HRB, fueron expropiados 4.401 fundos. Además, en este último período, el hierro, el cobre y la banca fueron nacionalizados. En manos públicas estaba el control del comercio exterior y las principales distribuidoras mayoristas, empresas industriales, e incluso, un sin número de empresas sin gran significación económica.(Moulián y Vergara, 1980)

Para restaurar los derechos de propiedad, en el año 1974 la Junta de Gobierno dispuso la devolución de 257 empresas y alrededor del 30% de la tierra considerada “ilegalmente expropiada” por el Estado; el 20% fue rematada entre habitantes no rurales, y otra parte fue parcelada y distribuida individualmente entre campesinos. Desde entonces y hasta 1978 se inició la primera oleada de privatizaciones. De las 400 empresas y bancos que hasta 1973 pertenecían al Estado, en 1980 sólo podían contabilizarse 45. No está de más apuntar que fueron vendidas -o rematadas- a bajos precios y en condiciones sumamente ventajosas para sus adquisidores mientras el país enfrentaba una fuerte depresión económica. Con poco capital en el país y un PIB por los suelos, quienes pudieron adquirirlas fueron los grupos asociados al capital internacional que contaban con acceso al crédito externo. Con esta transacción se inauguraba la hegemonía económica de una nueva forma de dominación sostenida en pocos y poderosos conglomerados financieros que controlarán buena parte del sistema bancario, de las llamadas “financieras” y a través de sus numerosas compañías asociadas, una fracción cada vez mayor de los sectores manufacturero y agroexportador; fueron la base técnica de apoyo a las medidas de reorganización capitalista en su forma más cruda y ortodoxa. (Meller, 1996; Foxley, 1988; Montero, 1997). Bienvenidos todos al laboratorio neoliberal.

A partir de 1975, la dictadura militar definió los marcos de su proyecto a largo plazo y el diseño de un plan institucional siguiendo la pauta trazada por el entusiasta grupo de jóvenes economistas, alumnos y seguidores de Milton Friedman en la Universidad de Chicago. Los llamados Chicago boys tuvieron la inigualable oportunidad para probar sus teorías con todo el aparato represivo del estado cuidándoles las espaldas y despejándoles el camino de cualquier disenso. El propio Rolf Lüders, Ministro de Economía y de Hacienda entre 1982 y 1983 reconoció años más tarde: “No estoy seguro, y lo afirmo con toda honestidad, si la población habría aprobado la transformación económica que se inició a finales de 1973, si se hubiera conocido exactamente los sacrificios que tuvo que hacer durante estos veinte años para alcanzar los logros actuales”.[13]

Las reformas estructurales de los Chicago boys reducirían la participación social del Estado a su más mínima expresión; apostaban librarse de su carga mediante la instauración de una política económica que asegurase el ajuste automático de la economía local a los ciclos internacionales. Bajo esa misma inspiración, era necesario reducir el gasto y empleos públicos, y deteriorar los salarios con la modificación de la base de referencia para calcular sus reajustes compensatorios. A fines de 1979, los principios del libre mercado se institucionalizaron con medidas jurídico-legales de carácter estratégico coronadas como las siete modernizaciones sociales.

Bajo la conducción de los economistas Miguel Kast y del Ministro del Trabajo José Piñera -hermano del actual presidente de la república- la organización de áreas claves del desarrollo, bienestar y derechos sociales fueron reorganizadas en función del nuevo modelo. Se trató de la privatización del sistema previsional y su traspaso hacia las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); de la salud, a través de un sistema privado llamado Institución de Salud Previsional (ISAPRES); la aprobación del Plan Laboral, que arrasó con las conquistas logradas por los trabajadores durante todo el siglo XX con una serie de clausulas para desregular el proceso productivo. Por ejemplo: estableció la “libertad” de afiliación a los sindicatos -que hasta 1973 era obligatoria- y la posibilidad de crear más de uno en la misma empresa. Restringió el derecho a huelga y le aseguró a los patrones la posibilidad de poner término al contrato de trabajo unilateralmente, es decir “por necesidades de la empresa”, sin entregar causa ni motivos. Sobre el impacto del nuevo Plan Laboral, especialmente en materia de negociación colectiva, reflexionó en su momento el dirigente sindical Manuel Bustos: “Dejó a los sindicatos atomizados al interior de las empresas, sin ninguna capacidad de negociación y de presión a través de las federaciones y confederaciones. Un sindicato aislado está sujeto a la voluntad del empresariado. Antes existían las Comisiones Tripartitas que establecían las condiciones mínimas de trabajo, de salarios y de relaciones industriales para los trabajadores de todo un área. De esa manera, quedaban protegidos los grandes y los pequeños sindicatos y también los trabajadores que no estaban sindicalizados”.[14]

Las transformaciones sacudieron cada molécula. Economía y política, cultura y naturaleza. También tuvo su momento la descentralización administrativa del Estado y la reformulación del sistema universitario con la Nueva Ley Orgánica de Universidades. Más tarde se aprobó la nueva Ley Orgánica Constitucional de Minería que permitió la inversión privada en minería y posteriormente sirvió de base para privatizar empresas relacionadas con sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones.

En la imagen parte del gabinete de Sebastián Piñera, de izquierda a derecha,
el Ministro de economía Pablo Longueira, el Ministro vocero de gobierno
Andrés Chadwick y Joaquín Lavín ex Ministro de Educación y actual
Ministro de Planificación Nacional.

 

1980: “El que paga no tiene tiempo para meterse en política”

A partir de 1973 fue disuelto el gobierno universitario, federaciones y centros de alumnos. La universidad fue intervenida y su autonomía rota con la intervención militar e imposición de rectores delegados, integrantes de las Fuerzas Armadas que poco o nada entendían de “Universidad” pero con amplias atribuciones para “crear, modificar, refundir o suprimir”, cargos, escuelas, carreras, programas, estatutos y normas de convivencia académica. El régimen declaró el pluralismo ideológico absolutamente abolido y asegurado con la continua depuración de las disidencias o elementos conflictivos en los campus universitarios, exonerando a académicos, funcionarios y expulsando a miles de alumnos, bajo una férrea vigilancia ideológica y disciplinamiento interno. Las cifras estimativas calculan en 20 mil los alumnos expulsados (15 a 18%), el 25% del personal docente y 15% de personal no académico exonerado.[15] La contrarreforma afectó considerablemente los planes de estudio, especialmente aquellos pensados desde las ciencias sociales, la filosofía y las artes. El gasto fiscal en educación por habitante hacia 1978 descendió en un 25% y con él, disminuyeron los cupos anuales para estudiantes, el personal académico, los programas de investigación, de extensión. En fin, fue el desalojo de la mirada crítica, la creación de conocimientos y la reflexión de ideas.

A pesar de la constante persecución, a fines de 1979 comenzaron a rearticularse las organizaciones estudiantiles y a escucharse los manifiestos de protesta y lucha contra la intervención militar en los planteles, disposición que fue alentada con el anuncio a plebiscito para aprobar una nueva Constitución Política a mediados de 1980. El campus de Macul, donde la Universidad de Chile concentraba sus pedagogías fue uno de los más combativos. Su lugar privilegiado para la “agitación” confrontacional y su tradición política le sería cobrada solo meses más tarde. Al anuncio plebiscitario le acompañó una millonaria asignación de recursos para difundir las virtudes de la nueva carta fundamental, entre ellas, a juicio de Augusto Pinochet, destacaba: “un notorio robustecimiento de los derechos personales, y en particular de aquellos que más interesan a cada hombre o mujer en su vida diaria o familiar, como son la libertad de educar a sus hijos, la libertad de trabajo y de afiliarse o no, a cualquier gremio o sindicato, y la libertad para escoger entre las diversas prestaciones de salud. Complemento esencial de una sociedad libre es la limitación al pluralismo ideológico”. En su inspiración, según señalaba Pinochet, se asumía el resguardo de las bases ideológicas del modelo: “Orienta la adopción constitucional de las bases de un sistema económico libre, fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa económica particular, dentro de un estado subsidiario.”[16] La lógica del Estado Subsidiario, promovía la iniciativa y el compromiso privado, sus responsabilidades sociales se limitaban a complementar o auxiliar a grupos intermedios o individuos cuyas necesidades no pudiesen satisfacer por sí solos. Nada más.

El 11 de septiembre de 1980, al cumplirse siete años del golpe de estado, en plena vigencia del estado de excepción y supresión de derechos civiles, sin espacio para la difusión de ideas e intercambio de opiniones, sin registros electorales previos, con la posibilidad, incluso, de votar con cédulas de identidad vencidas, fue aprobada la nueva Carta Magna. En un publicitado “acto libre, secreto e informado” de dudosa transparencia, el Sí obtuvo la  mayoría absoluta con el  67,04% de los votos (el No obtuvo el 30,19%). El texto conformado por 120 artículos permanentes que definen la naturaleza de las nuevas instituciones que emergen en este proceso de transformación, sólo serían aplicables en su plenitud a partir de 1990, en tanto, contenía 29 disposiciones transitorias -con amplias facultades represivas- que estarían vigentes durante el periodo de “transición” que se inauguraba.  Uno de los colaboradores del régimen y artífices de la nueva Constitución, Jaime Guzmán, explicó que el plazo de esos ocho años de transición o “evolución gradual”, sería el tiempo requerido para  “transformar a Chile en un país desarrollado y  consolidar las libertades individuales”, ello “debido a la perseverancia en el programa económico y la agilización de las siete modernizaciones sociales”.[17] En la nueva Constitución que hasta hoy norma la vida de los chilenos -nótese bien la diferencia- no se consagra el derecho a la educación sino la “libertad de elección” dentro de una amplia oferta en manos del mercado: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales... Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” (Art. 19. n°11)

El año 1980 cerró su período escolar con planteles universitarios experimentando y promoviendo la rearticulación del movimiento estudiantil. Aprovechando el período de vacaciones el régimen decidió actuar y poner en marcha la reforma general del sistema de educación superior que venía debatiéndose dentro de los círculos gubernamentales. El 3 de enero de 1981 fue promulgada la Ley General de Universidades, una concepción de la educación radicalmente distinta, entendida como una inversión en capital humano, un beneficio individual que cada alumno en cuanto consumidor debe pagar.

Durante el primer semestre de 1981, la Universidad de Chile perdió su carácter de universidad nacional con el despojo de sus sedes regionales, las que adquirieron vida propia como universidades independientes, con su propio rector y financiamiento; también fue despojada de su Instituto Pedagógico, transformado en Academia de Ciencias Pedagógicas. Con una clara intencionalidad política para fragmentar al movimiento estudiantil, las nefastas consecuencias de este desmembramiento impactaron en la formación de profesores con la considerable disminución de recursos, el aislamiento universitario y el cambio en la orientación social de su proyecto formativo. A lo largo de los años, tal decisión repercutió en la calidad de la totalidad del sistema educativo cuyos efectos se extienden hasta el presente.

La nueva ley estimuló la creación de universidades privadas “sin fines de lucro”, también de institutos profesionales y centros de formación técnica, que debían financiar sus actividades entendiéndose directamente con el mercado. Entre 1981 y 1988 la cantidad de establecimientos educacionales se triplicó, aunque la matrícula en las universidades, con respecto a 1973 se redujo considerablemente. El derecho de las universidades tradicionales para expedir títulos profesionales y grados académicos fue reservado para 12 carreras consideradas de mayor “interés social y científico”, las que aumentaron su prestigio y vacantes. Como los lectores podrán suponer, entre ellas no se encontraban las pedagogías, tampoco sociología, ciencias políticas, filosofía, periodismo, tampoco otras claves para el desarrollo humanista, cultural y científico del país - que podrían ser impartidas por los nuevos referentes de educación superior no universitaria- sino las que asegurasen la formación de capital humano requerido para las necesidades del nuevo modelo, según las demandas del mercado.[18]

Fue un golpe tras otro. El Decreto con Fuerza de Ley N°4 publicado el 20 de enero sobre financiamiento universitario estableció el cobro de aranceles para los estudiantes a cambio del servicio recibido. Algo insólito. Hasta entonces se contemplaban pequeños desembolsos para la llamada “cuota de solidaridad” que, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Chile entregaban para el proceso de matrículas y servicios escolares, como el Médico y Dental,  según la capacidad de pago de las familias. (García, Isla y Toro, 2006) La cuota que había ido aumentando notoriamente entre 1976 y 1978 pasó a denominarse matrícula diferenciada por tramos,  más allá de la situación económica de las familias la docencia tendría un costo que habría que pagar. A los alumnos de las universidades tradicionales que no les alcanzaba para solventar sus carreras, el Estado les prestaría el dinero a través del Crédito Fiscal Universitario, reembolsable dos años después de egresados con un tasa de interés real del 2%.

Otra de las novedades fue el sistema de entrega de recursos a los planteles, donde se introdujo “el más original e importante aporte del nuevo modelo universitario” que vendría a remediar la deficiencia académica: la noción de “Competencia” (Brunner: 74). La competencia contribuiría a mejorar la calidad y favorecería una mejor asignación de recursos. Los aportes “directos” o presupuesto basal que se entregaría cada año a las universidades debería ir bajando con el tiempo en aras de preponderar los “indirectos” que son otorgados en proporción a la cantidad de alumnos matriculados que hayan obtenidos los más altos rendimientos en la prueba de selección académica. Con el nuevo sistema y en la medida en que disminuye su presupuesto directo, las universidades están obligadas a competir para captar los mejores estudiantes, expandir sus matrículas en las carreras más “codiciadas” y subir sus aranceles; también pueden concursar con proyectos en el “Fondo nacional de ciencia y tecnología” para financiar investigación y vender servicios a sectores privados. Desde entonces y hasta ahora, se espera que un Rector tenga dotes empresariales para captar y administrar eficientemente los recursos humanos y presupuestales. El rol del Estado en este modelo educativo lo explicaron los rectores designados en 1983: “El objetivo fundamental radica en permitir un financiamiento con significativa participación regional y privada, bajo el rol tutelar del Estado, pero dentro de las más amplia libertad educacional y en un régimen de libre competencia”[19]

El esquema de país se reproducía en el nuevo marco universitario. El fin de la gratuidad se presentó como un gran paso en favor de las clases desposeídas. Un paso que terminaría con la injusticia de financiar a los ricos. Curioso argumento para debilitar el rol del estado,  pero que escondía uno de mayor calibre y que los partidarios del régimen debatían con preocupación: “la gratuidad fomenta el activismo político”. El diario El Mercurio, voz oficial de los sectores conservadores entregaba su postura a mediados de 1980: "si la educación es pagada, los jóvenes se dedicarán más a los estudios. La gratuidad de la educación superior fomente el activismo".[20]

Alvaro Bardón (1980), chico de Chicago, profesor de economía y ex presidente del Banco Central, ante la reaparición de las protestas estudiantiles que se registraban en 1980, advertía: "La negativa de las burocracias intelectuales a considerar convenientemente los aspectos económicos de las motivaciones humanas, la lógica del mercado y la importancia de la libertad como valores decisivos en la formación de una nueva institucionalidad, explica que no se avance convenientemente. Ser agitador universitario es agradable y de buen tono. Todos los admiran, y muy en particular los compañeros y compañeras. Además es gratis”. En la misma línea argumentaba Claudio Illanes (1980), vicerrector de asuntos estudiantiles de la Universidad de Chile, quien llamaba a: “considerar en los aspectos estudiantiles lo relacionado con los cobros por los estudios, las exigencias académicas, el mejoramiento de la situación profesional de ciertas labores mal pagadas y la racionalización económica, como presupuestos básicos para terminar con el activismo estudiantil”.

En definitiva el proyecto histórico que realiza estas reformas y que nos sigue pesando  apuntó al desmantelamiento del sentido universitario y el compromiso político, con la urgencia por desprenderlo de los contextos en que se reflexiona y se discute. Efectivamente, el activismo podía obstaculizar el proceso de acumulación y la preservación de la ideología dominante.

1983: “Todos juntos y al mismo tiempo”[21]

Pero si las reformas liberalizadoras produjeron por un tiempo el llamado “milagro económico chileno”, de las que tanto se jactó el gobierno militar, en la década de los 80 el modelo mostró sus fisuras. Desde los años 30 que Chile no vivía una recesión tan aguda. “El desempleo efectivo estuvo sobre el 24% durante cuatro años consecutivos (1982-85), alcanzando un nivel máximo de 31.3% en 1983. El salario real promedio se redujo casi un 20% y estuvo deprimido por un largo período; el ingreso mínimo líquido se redujo en un 40%” (Meller: 255). La crisis económica, la cesantía, el hambre, y el clima agobiante de injusticia fue demasiado, cuando los chilenos poco a poco se sobrepusieron del gran impacto y terror que produjo el golpe de Estado, fue evidente lo que hasta entonces estaba silenciado: el régimen de Pinochet no había logrado el objetivo explícito de “despolitizar” a la sociedad chilena. El rol de los estudiantes fue clave.

A partir de 1983 comenzaron las Jornadas Nacionales de Protesta, en abierta oposición al modelo económico instaurado y el nuevo proceso de despojos, privatizaciones y marginación protegida por el autoritarismo político. El 11 de mayo de 1983, obedeciendo a una iniciativa de la Confederación de los Trabajadores del Cobre (CTC) por primera vez se protestó coordinada y masivamente contra la dictadura. “Nuestro problema no es de una ley más o una ley menos” - fue la consigna de esa primera convocatoria- “sino que es mucho más profundo y medular: se trata de un sistema económico, social, cultural y político que nos tiene envueltos y oprimidos, que se contradice con nuestra idiosincrasia de chilenos y de trabajadores, que nos ha tratado de asfixiar con armas como el temor y la represión para cada vez envolvernos más, porque no lo sentimos, porque no se acomoda con nuestra manera de vivir, porque nos fue impuesto a la fuerza y con engaño”.[22] Esta primera declaración tocaba una fibra íntima, no se trataba solo de una estructura productiva tampoco de “una ley más o una ley menos”, sino de algo mucho más amplio, un sistema “que nos tiene envueltos y oprimidos”, experimentado como algo foráneo, ajeno e impuesto: “No lo sentimos, porque no se acomoda con nuestra manera de vivir”, expresaban los trabajadores.

Concentración en el Parque O’Higgins, 18 de noviembre 1983.
Archivo Iconográfico Vicaría de la Solidaridad.

Las protestas contra la dictadura fueron persistentes, obstinadas y en eso estaba su radicalidad, junto a ellas se fortalecieron organizaciones, nacieron otras tantas, se hicieron visibles fuerzas aparentemente dormidas. Fue un largo y pausado recorrido que costó represiones inimaginables y esfuerzos cotidianos, microscópicos primero y masivos después, hasta que poco a poco un pueblo humillado y reprimido se vio a sí mismo alzando la voz, rayando paredes, imprimiendo panfletos, golpeando cacerolas, armando barricadas y soportando las consecuencias que seguían como correlato. Las Jornadas Nacionales de protesta tuvieron réplica mensual hasta la instauración del Estado de Sitio en noviembre de 1984, fecha que “coincide” con la reconquista y elección democrática de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y que pese a las dificultades con sus cúpulas partidarias había conseguido levantar la unificación de la oposición.

Era el 6 de noviembre de 1984 cuando el Capitán General Augusto Pinochet, Presidente de la República, Jefe de la Suprema Junta de Gobierno y Comandante en Jefe del Ejército notificó su dictamen: “Ejerciendo las atribuciones que me confiere la Carta Fundamental, he decretado, a partir de esta fecha, el Estado de Sitio en todo el territorio nacional para poner fin a la criminal escalada terrorista y subversiva y para impedir alteraciones del orden público como las que han venido afectando a la tranquilidad ciudadana”.[23] Después de un mes en Estado de Sitio, la FECH denunciaba las consecuencias experimentadas por seguir oponiendo resistencia: 55 amedrentamientos a estudiantes; 27 ataques de fuerzas especiales a sedes universitarias; 25 universitarios heridos por proyectiles (balines o balas); 13 violaciones de recintos universitarios por parte de las fuerzas policiales; 9 suspensiones parciales de actividades y 4 cierres de semestre; 54 estudiantes procesados por fiscalías militares y 3 por juzgados de policía local; 74 expulsiones de estudiantes de sus respectivas carreras; 48 relegaciones de estudiantes; 532 estudiantes detenidos masivamente y 31 detenidos en forma selectiva. Entre los expulsados y relegados figuraban 40 dirigentes estudiantiles (García, Isla y Madariaga, 2006:192).

El Estado de Sitio se imponía para pacificar -otra vez- a un movimiento popular que parecía irrefrenable. En el caso de los estudiantes el alza en la organización hasta reconstruir las federaciones democráticas, fue constatable a partir de 1983 con la elección de algunos centros de alumnos, la realización de asambleas con la participación de dirigentes sindicales y poblacionales, marchas, barricadas y fuertes enfrentamientos con carabineros; también encuentros artísticos, murales multicolores, peñas y poesía. Desde la primera Jornada de Protesta, la movilización estudiantil tuvo un lugar destacado con su ausencia en las aulas y altos grados de confrontación; desde temprano en facultades y liceos se escuchaban gritos y risas, vidrios rotos y guitarras que cantaban contra la dictadura y su modelo de educación. Según informes de la Vicaría de la Solidaridad, durante 1983 el porcentaje más alto de reprimidos la ocupaban los obreros con o sin trabajo, -gran parte de ellos pertenecían a los llamados Programas Transitorios de Empleo - seguidos por estudiantes de enseñanza media y universitaria: “En ambos sectores, por lo demás, la represión, por violenta que sea, no produce necesariamente el efecto amedrentamiento generalizado que antes podía esperarse. Por el contrario, en no pocas ocasiones desata el efecto inverso [...] El miedo o el temor, que en los años previos acompañaba inseparablemente a casi todos los fenómenos represivos, ha ido cediendo paso a una actitud distinta”.[24]

El germen de los “agitadores” resurgía con fuerza en la vida social. Como pesadilla. Ni las reformas, ni la intervención militar ganaban en el mundo del pensamiento. El 6 de octubre de 1983 se realizó el primer paro nacional estudiantil. Los universitarios de entonces exigían la democratización de la universidad y el término de los rectores delegados; el término de la represión y los Servicios de Seguridad en la Universidad; la derogación de la Ley General de Universidades; y el rechazo a cualquier otra ley generada a espaldas de la comunidad universitaria. Los secundarios se organizaban contra el cambio de la administración en la educación que traspasaba la responsabilidad y destino de escuelas y liceos a las Municipalidades, la persecución a las disidencias dentro de sus planteles y al igual que los universitarios, exigían la incorporación de todos los estudiantes expulsados y académicos exonerados y la democratización de la organización estudiantil.

Marcha en la Población La Victoria. 30 de octubre de 1984.
Archivo Iconográfico Vicaría de la Solidaridad.

Los universitarios protestaban desde y en los alrededores de sus facultades; los secundarios marchaban y se enfrentaban principalmente en el centro de las ciudades, principalmente Santiago, pero ambos sabían que no podían desvincular sus demandas sectoriales de la lucha por democratizar la sociedad, porque sencillamente una era condición de la otra. El proyecto educativo de los militares, la derecha y el capital, era el espejo de un ordenamiento de la sociedad y contra la imagen espeluznante que ese espejo proyectaba, los estudiantes se rebelaron. Fueron miles, miles que podemos recordar y pensar a través de nombres que a esta altura son símbolos. En septiembre de 1983 fue ratificada la expulsión de Eduardo Vergara Toledo, de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago; las palabras que había pronunciado seguramente encaramado sobre un tambor de basura, un árbol o cualquier escenario improvisado en la manifestación estudiantil del 23 de agosto eran peligrosas para la dictadura y sus rectores. “En la ocasión de los disturbios”, las autoridades del Pedagógico lo consignaron como “autor de un discurso de agitación estudiantil de evidente contenido disociador”. Eduardo fue expulsado, junto a  Alicia Lawner y Abelardo Montenegro, por poner la bandera nacional a media asta en honor a los 31 asesinados durante la Cuarta Jornada de Protesta, cuando Augusto Pinochet advirtió que Santiago estaba rodeado por 18 mil militares con órdenes para actuar, y cumplió el horror de su promesa.

Eduardo Vergara y sus compañeros pidieron a la Ministra de Educación de entonces, Mónica Madariaga, la revisión de sus casos, pero no sólo pidieron por ellos y otros alumnos sancionados, sino que aprovecharon la instancia para solicitar públicamente que la “Academia vuelva a ser incorporada a la Universidad de Chile y que finalice el desmantelamiento de la Biblioteca Eugenio Pereira Salas”.[25] Dos semanas después, al regreso de las vacaciones de fiestas patrias -que se habían adelantado para prevenir los “desmanes” de las jornadas de septiembre- fue expulsado del Liceo de Aplicación, su hermano menor, Rafael Vergara Toledo, junto a Fernando Delgado. Se organizó entonces un marcha de cientos de secundarios por el centro de Santiago pidiendo justicia, también un ayuno de 48 horas y el intento de toma del Liceo de Aplicación por estudiantes secundarios en el transcurso del paro nacional de estudiantes.

Movilización de estudiantes secundarios, 23 de noviembre de 1985.
Archivo Iconográfico Vicaría de la Solidaridad

Ante la fuerza del movimiento estudiantil, el 20 octubre la editorial El Mercurio argumentaba en favor de un reciente discurso de Augusto Pinochet en contra de la gratuidad en la educación “promovida por el comunismo”  y que revivía con el movimiento de protesta. En sus párrafos se lee: “El Jefe de Estado planteó la atracción de la consigna de la total gratuidad de los estudios desde el nivel básico hasta el universitario, constantemente voceada por los impulsores de dicho movimiento, quienes, por lo demás, lo hicieron durante las dos últimas décadas, en especial en el período de la reforma, origen de males aún no superados en los claustros... Una de las medidas acertadas de la actual Administración fue concluir con la gratuidad de los estudios, configurando a la vez, mecanismos de crédito fiscal para aquellos alumnos de recursos limitados que no estuvieran en condiciones de costear de contado su permanencia en alguna carrera. El activismo político de diverso cuño se ha visto reducido sustancialmente, porque a los educandos del nivel superior, a diferencia de lo que ocurría en otra época, debe importarles su rendimiento académico, pues la repitencia tiene un costo”.[26] De volverse a instaurar la gratuidad, sostenía El Mercurio, el activismo se intensificaría. He ahí la gran advertencia que se repetía insistentemente.

Eduardo y Rafael participaban en organizaciones políticas, estudiantiles y poblacionales, sintetizaban todo lo contrario al modelo de ser humano que proyectaba el individuo neoliberal, eran seres “inteligentes, pensantes, críticos, políticos y subversivos”, como los define su orgullosa madre. Por eso los persiguieron, acosaron y mataron el 29 de mazo de 1985 mientras participaban en una jornada de protesta en la Villa Francia. Por eso en Chile, se conmemora cada marzo, “el día del joven combatiente”. A Eduardo y Rafael los mataron protestando y conmemorando la muerte de su amigo y compañero asesinado un año antes, otro 29 de marzo pero de 1984. Fueron muchos los jóvenes que cayeron en esos días de protesta callejera. Días y noches de protesta tan reiterativa y obstinada que para los que estaban afuera o miraban desde arriba llegaron a ser “solo una protesta más”, que rayaba en lo rutinario. En cambio, para los que exponían el cuerpo, la energía y la vida, para los que creían que el individuo se constituye dentro de un proyecto y complicidad colectiva, significaba toda la vida. Así de literal. Inspiración y parte de una generación que dio la pelea por otro proyecto de sociedad, de educación y de vida, que se rebelaron contra la despolitización y el arréglese quién pueda que promovían las nuevas reglas y sus modernizaciones.

Rafael y Eduardo Vergara ToledoEntre marzo de 1985 y octubre de 1987 hubo aproximadamente otras diez jornadas nacionales de protesta, además de concentraciones masivas, marchas, tomas de liceos y universidades, conciertos musicales de protesta e innumerables expresiones de rechazo al régimen. A pesar del desgaste propio de un estado de movilización tan prolongado, a esos que protestaron “fuera, en contra y a pesar de la institucionalidad” nunca pudo sacudírselos el régimen ni tampoco pudieron ser completamente “dirigidos” hacia los conductos racionales, sobrios y modernos que exigía la fase de diálogo con el régimen que encabezó la Alianza Democrática (AD), futura Concertación. Si bien hasta mediados de 1980, el retorno a la democracia, la impugnación al modelo económico de la dictadura, la derogación de la ilegítima Constitución de 1980 y la necesidad de crear una Asamblea Constituyente era la plataforma básica reivindicatoria de toda la oposición, poco a poco la AD fue deslizándose hacia una política más pragmática que le permitiese maniobrar y encabezar la transición dentro del propio sistema. En cuanto a las protestas especialmente protagonizadas por jóvenes pobladores y estudiantes, los “teóricos de la transición” consensuaron que “las protestas habían cambiado completamente de naturaleza”, por lo tanto habían dejado de tener sentido, de ahí que la transición fuese “un escenario apto para los partidos, no para los movimientos sociales”. (Tironi, 1987: 17).

Para graficar esta visión prestemos atención al testimonio de Genaro Arriagada, militante Demócrata Cristiano y fundador de la coalición política que gobernó Chile desde 1989 hasta 2009. “Los sectores medios habían empezado a sustraerse del movimiento ya a comienzos de 1984, como lo indicaba la disminución de la acción contestataria en los barrios residenciales... las protestas se habían transformado, cada vez más, en un movimiento de “pobladores”. Ellas eran, ahora, demostraciones que no tenían apoyo efectivo ni en el sindicalismo ni en sectores medios y quedaban reducidas a la acción militante de estudiantes, jóvenes pobladores y desempleados urbanos (...) Las protestas devinieron en desorden y en una forma de violencia ambiental, irreflexiva. Situación que se agravaba por la acción represiva del gobierno.” (1998: 186)

Cuando en 1989 regresó la democracia, cuando “lo político” regresó al país ocupando puestos en el gobierno, repartiendo cargos, realizando campañas legislativas y comunales, las protestas y las luchas de carácter confrontacional fueron relegadas de la historia de la reconstrucción democrática “por su fracaso”, “estancamiento”, “contrasentido”, que perturbaba una imagen de país sin disputas, con buena convivencia y camaradería. En los canales oficiales, la lucha contra la dictadura se contrajo, se resumió al reclamo por el traspaso de un gobierno militar a uno civil. Con eso sería suficiente, con eso y las pausadas reformas que si bien promovieron algunos beneficios como el aumento en el gasto público para disminuir la pobreza extrema y el desarrollo de obras públicas, en los sustancial no modificaban la estructura legal y económica heredada por la dictadura.

Pero las jornadas de protestas y la lucha popular fueron mucho más que eso y es bueno hacer memoria. En Chile, durante la década de 1980 se protestó masivamente contra el modelo impuesto y sus perjudiciales efectos en la vida de la gente, sí, sus protagonistas fueron mayoritariamente los pobladores y estudiantes, ellos fueron los obstinados y repetitivos. También los más violentos y violentados. Entre ellos hubo cientos de muertos y heridos, golpeados y relegados, sancionados y expulsados, miles de detenidos. Escuchemos la experiencia de una pobladora que durante esos años había soportado la larga cesantía de su esposo y el hambre de su familia: “Patricio salía a buscar y no encontraba nada. Llegué a pensar que era flojo y que no quería trabajar....  En las noticias hablan de gente que han torturado; yo creo que nos han torturado a todos igual, lo han hecho de diferentes maneras, pero para todos ha sido una tortura. ¡Hemos soportado tanta, tanta miseria!... ¡Las protestas me han dado ánimo! Ha sido como un desahogo, un incentivo para pensar que puede haber algo mejor. La última vez, parecía carnaval porque todo el mundo salió a la calle”.[27]

En definitiva, las transiciones que la historia de los triunfadores tienden a abreviar, han sido más largas, llenas de conflictos. Como hemos visto en este recorrido, esta, “la chilena”, marcó una transformación profunda, un reordenamiento cultural y estructural que cambió las formas de la vida y de relación estatal gestadas en el transcurso del siglo XX. La oposición y la desobediencia ante ese nuevo proceso de despojos, privatizaciones y marginación nació desde un esfera íntima y profunda, requirió de la complicidad entre generaciones, de sus memorias e historias, imposibles de borrar por medio de un decreto militar o un relato oficial.  Porque esa complicidad no sólo se refiere a la lucha por mejores salarios o mayores beneficios sociales, la experiencia condensa el desarrollo de lazos, redes y organizaciones cotidianas, una sedimentación histórica a veces silenciosa... hasta que el momento llega y una generación dice: “hasta aquí aguantamos”.

2011: “La Concertación y la derecha deben dejar de ser el brazo político de la banca”[28]

Corre septiembre de 2011 y los estudiantes universitarios y secundarios chilenos llevan cuatro meses movilizados. Están a un paso de perder el año escolar, pero han sorteado presiones y provocaciones. Las miradas, nacionales e internacionales, se concentran en ellos; junto a su presencia en las calles, florecen discusiones, declaraciones, manifiestos y ponencias que quieren interpretar significaciones y sentidos de su movimiento. Circulan revistas y páginas web, actos artísticos, mensajes y fotografías de apoyo. En otro lado del puente, el ex-coronel de la DINA y alcalde Cristián Labbé anuncia que cancelará la matrícula para el próximo año a todos los jóvenes ajenos a su residencial comuna de Providencia y anunció que se cerraba el año para todos los establecimientos que se encuentran tomados. Así lo anunció el Coronel al más puro estilo de aquella época que hemos visitado. En este momento las protestas secundarias se concentran en el frontis de sus oficinas.

Durante estos meses, los estudiantes se han valido de las tomas de establecimientos, huelgas de hambre, marchas, paros y masivas concentraciones. Pero fue la creatividad en sus formas de expresión y lucha lo que atrajo la concentración nacional hacia problemas nada nuevos. ¿Cómo no concentrase en los tres mil secundarios vestidos de zombies que bailaron Thriller -coreografía del cantante pop Michael Jackson- frente al palacio de La Moneda? El mensaje era claro: la educación pública chilena  es un “muerto-viviente”. Siguió la representación de un suicidio colectivo en pleno paseo Ahumada y el encuentro de miles de personas que se congregaron para besarse en la “besatón” de la Plaza de Armas. Cuando el ex ministro de educación Joaquín Lavín decretó el adelanto de vacaciones para romper el paro y las ocupaciones de establecimientos, los estudiantes respondieron con la burla:  llegaron con sus bronceadores, trajes de baño, lentes de sol, sombrillas y toallas de playa a apostarse en las calles y parques que se transformaron en las playas artificiales de la protesta; otros estudiantes se turnaron para correr “1.800 horas por la educación” cifra que hace alusión a los 1.800 millones de dólares que se necesitarían para financiar la educación de 300 mil estudiantes en un año, es decir, los alumnos que ingresan a las universidades tradicionales. Un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil Industrial creó el sitio Yodebo.cl, donde ya son miles los estudiantes que apuntan el monto de sus deudas producto de créditos universitarios, en el mes de junio los primeros 4 mil estudiantes inscritos ya habían acumulado cerca de 140 millones de dólares en deudas. Han recurrido a cientos de formas, masivas y moleculares.

Por su parte, el gobierno apostó al desgaste, al endurecimiento de posturas seguido de una aparente flexibilidad con el llamado a un diálogo en base a propuestas vacías y ambiguas que han sido rechazadas sistemáticamente tanto por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) que reúne a las federaciones universitarias, como a la Coordinadora Nacional y la Asamblea de Estudiantes Secundarios. Paso siguiente, el Ministro de Educación quiso pasarle el paquete al Congreso, pero los estudiantes  también se negaron a discutir con el parlamento, el problema -dijeron- pasa  por el ejecutivo. Sus puntos están claros: “Los estudiantes entendemos que la educación se encuentra en una profunda crisis. Esta se evidencia en una pésima calidad en muchas instituciones de educación superior, el poco acceso al sistema de los sectores más vulnerables, el excesivo endeudamiento de las familias, el debilitamiento del rol del Estado y sus instituciones, la generación de lucro – fuera de la ley – por parte de muchas instituciones privadas y la prohibición explícita de la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de las instituciones”.[29]

Posteriormente el presidente Sebastián Piñera decidió reaparecer en el conflicto, exponerse nuevamente e invitarlos a dialogar personalmente. No sirvió de mucho. Después de ese primer acercamiento y para constituir mesas de trabajo, los estudiantes exigieron garantías mínimas, como frenar los proyectos de urgencia referidos a la educación que el gobierno envió al poder legislativo; una recalendarización flexible del año académico y transparencia en el proceso de diálogo socializándolo hacia la opinión pública (de preferencia televisado). El gobierno respondió que no aceptaba condiciones y que el movimiento estudiantil estaba sometido a los sectores más intransigentes. Confiaba que el apoyo y poder de convocatoria estaba bajando. Sin embargo, ante una nueva convocatoria, el 22 de septiembre más de ciento cincuenta mil personas marcharon por Santiago en apoyo a los estudiantes. El Ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick declaró con indiferencia: "es la marcha número 35 del movimiento estudiantil en lo que va del año y obviamente que el gobierno ha señalado que una marcha más o menos, o más grande o pequeña, no va a cambiar el tema y la preocupación fundamental del gobierno, de seguir insistiendo en la necesidad de una mesa de diálogo".[30] Días más tarde decidió ablandar su postura y ceder. En tanto el movimiento discutía su respuesta, las nuevas encuestas señalaban que un 89% de la población apoya las demandas de los estudiantes y que el problema de la educación como el “principal problema” en la mesa de discusión de la sociedad chilena, se posiciona en la percepción de la gente.

Al cierre de estas líneas la CONFECH, “pese a sus desconfianzas” había decidido aceptar y crear la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación, eso sí, sin volver a clases ni deponer las movilizaciones hasta que no exista una respuesta concreta a sus demandas de educación pública gratuita, de calidad y terminar con el lucro. Seguramente habrán metas de corto y mediano plazo, seguramente lograrán incidir en el presupuesto educacional para el año 2012 que debe ser enviado al Congreso y la entrega de ciertos beneficios para los establecimientos públicos. Pero la gratuidad y finalizar con el lucro son demandas de mayor envergadura, difíciles sino imposibles de conseguir en el marco del actual sistema de gobierno, tocan el alma del sistema y lo saben. La defensa de la educación pública y la formación de “personas con conciencia crítica, solidarias, con potencial creativo y creador, para colaborar en la producción de conocimiento y no sólo el que impone la rentabilidad inmediata del empresariado”,[31] requerirá sumar, sumar no solo apoyo sino participación, organización y articulación real con otros sectores. Saltar y sumar la politicidad de otras grietas y fracturas, nacionales y latinoamericanas. Seguiremos atentos este futuro, este futuro que es más que mañana....  es la inquietud de un presente y el movimiento de su historia.

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Notas:

[1] Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctorante adscrita a dicho programa. Entre sus publicaciones se encuentra el libro: ¡Con la razón y la fuerza, venceremos!. La rebelión popular y la subjetividad comunista en los ‘80. Santiago: Ariadna. (2010), así como los artículos: “El tiempo de los audaces. La política de rebelión popular de masas y el debate que sacudió al Partido Comunista” en Álvarez Rolando, Augusto Samaniego y Hernán Venegas (coords), Fragmentos de una historia. El Partido Comunista de Chile en el siglo XX. Democratización, clandestinidad, rebelión (1912-1994). Santiago: ICAL (2008); “Moscú-La Habana-Berlín: Los caminos de la rebelión. El caso del Partido Comunista de Chile 1973-1986” en Concheiro, Elvira; Massimo Modonesi y Horacio Crespo (coords), El Comunismo: otras miradas desde América Latina.  México: UNAM-CIICH, (2007); y en coautoría con Rolando Álvarez “La memoria de las armas: Los combatientes internacionalistas chilenos en Nicaragua (1975-1983)” en  Lucha armada en Argentina, año 2, núm. 5, Febrero-abril. Buenos Aires. (2006).

[2] 11 de agosto de 2011

[3] 19 de julio 2011

[4] La  fortuna de Sebastián Piñera en 2010 se calculaba en alrededor de 2.2 billones de dólares hasta 2010.

[5] Entra las más destacadas de las movilizaciones estudiantiles estuvo la llamada “Revolución pingüina”. Desarrollada por los secundarios durante el gobierno de Michelle Bachelet entre abril y junio de 2006 y retomada en septiembre y octubre. Entre sus principales demandas se encontraba la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, promulgada el 7 de marzo de 1990, tres días antes del fin de la dictadura y publicada en el diario oficial el último día de su gobierno. Dicha ley entrega al Estado un rol subsidiario en la educación y reduce la participación de organizaciones estudiantiles y de funcionarios en las decisiones relativas a los establecimientos, da libertad para la creación de establecimientos educacionales, exigiendo requisitos mínimos, sin medidas regulatorias básicas. También exigían el fin de la municipalización en la enseñanza, el estudio y reformulación de la jornada escolar completa , gratuidad en la PSU (Prueba de Selección Universitaria), pase escolar gratuito y unificado y tarifa escolar gratuita  en el transporte para la educación media.

[6] Encuesta CERC, “Barómetro de la política”, agosto-septiembre de 2011. En: http://www.cerc.cl/

[7] Palabras de Camila Vallejo durante el encuentro con la Comisión de Educación del Senado. 16 de agosto de 2011.

[8] Datos en: Manifiesto de Valparaíso. Facultad de Humanidades. Instituto de sociología. Universidad de Valparaíso. 22 de junio de 2011.

[9] Sobre la caracterización del proceso de reforma universitaria ver los trabajos de J.J. Brunner realizados en FLCASO durante las décadas de 1970 y 1980.

[10] Entre las actividades de extensión destacaban los  cursos para adultos de escasos recursos y para dirigentes sindicales, esfuerzos editoriales, de comunicación social y actividades deportivas.

[11] Según un balance de Academia de Humanismo cristiano desde fines de 1981hubo  328 académicos exonerados o renunciados (250 de ellos entre enero y marzo), 96 funcionarios exonerados, 69 alumnos detenidos, 45 suspendidos, 32 expulsados y 11 relegados . Revista Hoy, N° 232, Santiago. 1981.

[12] Declaración de Principios del gobierno militar. 11 de marzo 1974. en:  http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/html/dic_militar_doc_junta.html

[13] Citado por  Montero: 169

[14] Citado por Politzer: 292

[15] Citado por Brunner: 41.

[16] Revista Solidaridad, segunda quincena, agosto de 1980

[17] Revista Solidaridad, segunda quincena, septiembre de 1980.

[18] Las 12 carreras eran: Leyes, ingeniería civil, medicina, bioquímica, ingeniería comercial, ingeniería forestal, ingeniería agrónoma, psicología,  cirujano dentista, médico veterinario, arquitectura y química farmacéutica.

[19] Documento Secretaría General del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas, 1983. Citado por Brunner: 113

[20] El Mercurio, Temas Económicos, 28 de junio de 1980.

[21] Instructivo para la Segunda Jornada Nacional de Protesta, junio 1983.

[22] Declaración Pública. Confederación de Trabajadores del Cobre. Mayo de 1983. Santiago.

[23] El Mercurio, 7 de noviembre 1984.

[24] Represión en 1983: Realidad Ineludible. Santiago. Mimeo. (s/f) Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

[25] “Expulsados insisten en levantamiento de sanción”. El Mercurio, 22 de septiembre 1983.

[26] “Advertencia Oportuna”. El Mercurio, 20 de octubre 1983.

[27] Citado por Politzer: 194

[28] Palabras del vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Francisco Figueroa en debate con Sergio  Bitar,  ex ministro de Educación de Ricardo Lagos, en CNN. Santiago, 23 de agosto de 2011

[29] Demandas de los estudiantes agrupados en la CONFECH. 30 de abril de 2011, en  http://fech.cl/blog/2011/04/30/demandas-confech/

[30] 22 de septiembre de 2011

[31] Exposición de  los dirigentes de la FECH, Francisco Figueroa y Camila Vallejo en el Centro de Estudios Públicos. Santiago, 12 de septiembre de 2011. Ver: http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4857.html

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