Brasil: la política de la resistencia

Brazil: political resistance

Brasil: resistência política

Tania Carranza

RECIBIDO: 20-08-2015 APROBADO: 26-09-2015

 

Introducción

Brasil, el país con el territorio más extenso de América Latina, ha sido gobernado por el Partido de los Trabajadores (PT) desde 2003 hasta la fecha. Es cierto que las políticas petistas no se observan como propuestas de transformación del sistema político pero, hasta cierto punto, han provocado que los sectores más conservadores de la sociedad brasileña las vean con malos ojos. Los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff han modificado el papel del Estado al momento de otorgarle tareas como la administración de recursos y la designación de presupuesto al gasto social. Esto constituye, claramente, una afrenta al modelo neoliberal, según lo trataremos explicar a lo largo de este texto.

La diversidad brasileña no sólo es ecológica, étnica o lingüística, sino fundamentalmente cultural, por lo tanto, política (sin olvidar las grandes desigualdades socioeconómicas de su población). Esto significa que los sectores sociales proponen y comprenden mundos diversos entre sí. Por eso, es necesario subrayar que los actores políticos del Brasil actual no sólo son los gobiernos petistas o las grandes masas empobrecidas o de seguidores del petismo, sino que también se presentan en el escenario político grupos conservadores. Tales serían las corporaciones nacionales y transnacionales, los monopolios de los medios de comunicación, el capital financiero y los organismos privados, además de una capa social bastante significativa, con capacidad de consumo de bienes y con acceso a un cierto tipo de información. Todos ellos tienen una participación, ya sea en mayor o menor grado, en el desarrollo económico nacional.

Se trata de una confrontación entre diferentes ideologías políticas y entre niveles económicos distintos en los que se reproduce la discriminación,[1] no sólo como legado del esclavismo y la colonización, sino por cuestiones culturales que se vuelven intrínsecas entre las clases en Brasil (Wade, 2009, pág. 183). También cohabitan el autoritarismo social y, en general, diversas formas de racismo, inclusive en el orden de la democracia.

Sin embargo, la forma tradicional de conciliación, negociación y, en fin, del ejercicio político para salvar las contradicciones en una república, ha sido el diálogo y la democracia. Por eso, nos dedicaremos a determinar el tipo de prácticas democráticas institucionales y sociales coexistentes en Brasil, así como las posturas más radicales de aquellos sectores conservadores que, incluso, pugnan en la actualidad por un cierre de la democracia para el establecimiento de un modelo dictatorial.

 

La democracia y su desdoblamiento en la praxis

Pensar y hablar de democracia es, como dice Noam Chomsky, un acto casi inconsciente de remembrar al liberalismo, a la organización política republicana que consiste en conceder a alguien más el derecho de decidir por nosotros. (Chomsky, 2004, pág. 157). La democracia representativa consiste, pues, en trasladar a alguien más la capacidad de tomar decisiones. Según el discurso del liberalismo y, ahora, del neoliberalismo eso es lo que nos hace ser pueblos democráticos. La representatividad tiene una función básica en la democracia de la era moderna, proveniente de la etimología griega del término que indica que el pueblo se gobierna a sí mismo, en este caso, a través de sus legítimos representantes. Pero estos en realidad –de acuerdo con el argumento de Chomsky– representan los intereses de las clases dominantes, o sea, de las oligarquías criollas que son las que tienen injerencia en el Estado y, por lo tanto, las decisiones que se toman no corresponden a las demandas de los votantes supuestamente representados. (Chomsky, 2004, págs. 157-161). Pero el Estado brasileño ha sido antidemocrático, no sólo porque lo dirigieran ciertos grupos dominantes, sino porque es el que tradicionalmente guía la cultura. (Chauí, 2008).

Más allá de la validez del carácter democrático que pueda llegar a tener la representatividad, el punto es que en países como los de América Latina se ha tergiversado la práctica democrática y se han construido diferentes formas de autoritarismo. La condición para la preservación de la hegemonía política de las oligarquías nacionales consiste en el no seguimiento de las leyes o en su modificación, en la impunidad, en los decretos y bandos presidenciales, lo que constituye una serie de actos francamente antidemocráticos e impositivos. La ley “se acata, pero no se cumple” (Chomsky, 2004, pág. 160). Por ejemplo,

En Brasil, el programa económico «Plan Real», ha estado [sic] en vigencia alrededor de un año [1996] sin ratificación del congreso. En lugar de la autorización legislativa, el presidente F.H. Cardoso lo ha implementado mediante las llamadas «medidas provisionales», es decir, decretos presidenciales que pueden ser renovados repetidamente. Después de asumir el poder el 1de enero [de 1995], Cardoso ha utilizado más de 150 «medidas provisionales» para cubrir desde la ceración de nuevas agencias gubernamentales hasta la alocación de fondos federales. (Chomsky, 2004, pág. 162).

Dice Chauí que el Estado brasileño cambió su forma de acción en los años noventa pues, al ser productor de cultura, le da la característica de moderna “De este modo, el Estado pasa a operar en el interior de la cultura con los patrones del mercado.” (Chauí, 2008). Ahora ofrecía la atención de demandas mediante la adopción de patrones del consumo –explica la autora–.

Las alternativas a la democracia liberal también han tenido cabida en América Latina. Aquí se ubican los proyectos participativos que van desde la modificación en las prácticas para la toma de decisiones para que sea de manera directa, hasta expresiones indígenas de cosmogonía no occidental y no lineal, sino circular o cíclica. La democracia participativa propone la redefinición del ciudadano, es decir, del sujeto activo que es aquel que reconoce que tiene derechos y lucha por ellos, decide en el espacio público (Estado) y, por lo tanto, hay un impacto en las políticas públicas de las instituciones. Esta construcción requiere “un cambio cultural como un elemento constitutivo de la construcción de la democracia.” (Dagnino E. , 2002, pág. 26).

La sociedad brasileña ha tenido un amplio desarrollo en esas nuevas modalidades de democracia desde los años noventa y hasta el presente. Se trató de una construcción de discursos y otras prácticas caracterizadas por la búsqueda del ciudadano y de la reproducción social de sí mismo. Así, uno de los principales debates se dio en torno a las grandes problemáticas nacionales pero, para ello, la primera alarma la dieron las condiciones de miseria y de marginación en la que se encontraban millones de brasileños. La apuesta, entonces, fue el combate al hambre y, aunque el planteamiento tuvo cabida como un derecho elemental en la Constitución de 1988, en la práctica se estableció como política pública hasta 2003.

El PT, en ese sentido, fue partícipe de los procesos democratizadores en varias vertientes. La primera sería la de su propio origen en que el movimiento obrero fundó un partido de trabajadores que gestionara la vida política de la sociedad brasileña con el proletariado a la cabeza. También propuso cortar lazos con el sindicalismo de Estado –tradicional desde los gobiernos vargistas– al impulsar el denominado «nuevo sindicalismo» consistente en la autonomía e independencia de las organizaciones de los trabajadores.

La segunda, fueron las políticas de gobierno que implementó desde alcaldías y gubernaturas, sobre todo a partir de 1989. Así, uno de los programas en los que se pone en marcha la democracia directa es el denominado Presupuesto Participativo (Orçamento Participativo). El PT estableció los mecanismos de aplicación del presupuesto en la ciudad de Porto Alegre[2] en 1989 y en Belo Horizonte[3] en 1993. Si bien no se aplicó de la misma manera en ambos lugares, la idea general era la participación vecinal en asambleas en las que se jerarquizaban las demandas locales y se designaba a los delegados a las asambleas superiores. Luego se hacía el seguimiento de aplicación del gasto presupuestal en la obra pública correspondiente. El PT, “debido a su identificación con una concepción neomarxista de política, defendía la idea de consejos paralelos a la administración capaces de construirse como germen de poder […]” (Avritzer, 2002, pág. 134).

Dentro de esta segunda parte de construcción de democracia alternativa, también ubicamos la que constituyó la instauración del llamado Gobierno Paralelo petista entre los diputados a modo de gabinete alterno de fiscalización de recursos y seguimiento de las acciones del gobierno del presidente Collor de Mello (1990-1992). La corroboración de mal manejo presupuestal y de actos de corrupción llevó al establecimiento de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y el consecuente juicio político que determinó la destitución de Collor por alta traición en 1992. También el establecimiento de consejos gestores y de consejos de trabajadores a modo de células de participación fueron prácticas políticas del petismo en sus primeros lustros.

Cabe destacar que, desde sus orígenes, la propuesta del PT de acceso al poder –en este caso entendido como la presidencia de la república– se basó en la democracia liberal. Ésta es la que supone la competencia partidista en un escenario electoral en donde las reglas de juego están dadas por los representantes (Cámaras o Parlamento) del sistema. Así, el PT proponía llegar a la presidencia de la república para, desde ahí, construir el socialismo.

Pasadas tres derrotas electorales del PT: 1989, 1994 y 1998, a veces por condiciones fraudulentas, otras a causa de la mercadotecnia electoral utilizada por la derecha y por el manejo de medios que ensalzaba los discursos de la socialdemocracia, y a veces por incapacidad de convocatoria de sí mismo, el partido transformó sus principios socialistas y cambió la estrategia: la democracia buscada dejó de ser un medios para la obtención del poder y se convirtió en un fin en sí mismo. Así, logró tener el visto bueno de la social democracia (del Partido de la Social Democracia Brasileña de Fernando Henrique Cardoso) o, como dicen los especialistas, del neoliberalismo disfrazado de socialdemocracia. Finalmente, el PT obtuvo la presidencia de Brasil en 2002 (Lula tomaría posesión en 2003) con los votos tanto de las clases populares, como de las fuerzas de izquierda y de los sectores medios y altos de la sociedad en el marco del ejercicio de la democracia liberal.

Queremos enfatizar que las coyunturas políticas de 1980 cuando la fundación del PT, de 2002 cuando obtuvo la victoria electoral para ocupar la presidencia de la república, y la de 2015, son diferentes. Cuando hablamos de un PT naciente con una vanguardia política que ondeaba la bandera de la democracia, debemos comprender que el enemigo común visible era, en ese contexto, la dictadura cívico-militar brasileña. Por ello, el debate sobre la democracia conllevó a la transformación de conceptos y significados sobre derechos, libertad, socialismo, ciudadano, etc. En 2002, las condiciones no sólo en Brasil, sino también en América Latina, eran diferentes y se perfilaba para las izquierdas de nuestro continente la posibilidad de acceso al poder mediante la vía electoral de manera más contundente que antes, pues décadas atrás se había eliminado la lucha armada como vía alternativa. La discusión se enfrascó en una única posibilidad: la democracia liberal.

Así, la construcción democrática depende de la estructuración del Estado y del papel activo o no de la sociedad civil, según indican los autores Dagnino, Olvera y Panfichi (2006). Por ello, necesariamente debemos referirnos a los proyectos políticos; sin ellos, no hay debate sobre la democracia. En Brasil, este debate gira en torno a dos vertientes: el proyecto neoliberal y el proyecto participativo, cada uno sustentado en un práctica distinta: el primero, en la democracia representativa, el segundo en la participativa. Cabe decir que, en ambos proyectos se pueden dar expresiones autoritarias. (Dagnino E. A., 2006, págs. 15-97).

Después de 12 años de gobiernos petistas (en 2015), el resultado es el de la contención de la miseria socioeconómica de grandes cantidades de población. Pero, resaltamos que sacar de la miseria a millones de familias no es lo mismo que sacarlas de la exclusión política. Por ello, se hace prioritario volver a los debates sobre el reconocimiento de derechos, de la construcción de ciudadanos como sujetos partícipes en el espacio público y en la consecuente modificación de las políticas institucionales. Pero parecería que el gobierno petista en su apuesta por la democracia actúa como emisario de los desposeídos sin promover espacios para que sean ellos los que tomen sus propias decisiones para su integración social, y se conviertan en sujetos políticos.

Una vez en la presidencia de la república, el partido se ha posicionado como un gobierno representante de ciertas izquierdas brasileñas o, al menos, como un gobierno progresista en el contexto latinoamericano.

Dilma Rousseff ha sostenido una continuidad con respecto a las políticas petistas y a la rectificación de diversas acciones, particularmente, ha propuesto una reforma política que promueva nuevas relaciones entre sociedad y Estado. Tal reforma, propuesta a raíz de las movilizaciones populares de 2013 en el que el Movimiento por el Pase Libre (Movimento Passe Livre) fue uno de los protagonistas, consistió en convocar a un plebiscito general sobre: ¿de dónde debe proceder el financiamiento de las campañas políticas, del sector público, del privado o de ambos? ¿se debe mantener el régimen de representación proporcional en las cámaras para la distribución de escaños por votos obtenidos? ¿se debe mantener el régimen de suplencias de diputados y senadores (los suplentes sólo asumen el encargo en caso de renuncia, licencia o muerte del titular)? ¿en qué casos y cómo debería reglamentarse la coalición entre partidos políticos? ¿debe mantenerse el voto secreto en el interior de las cámaras en la toma de decisiones parlamentarias? (AFP, 2013).


Imagen 1. www.blogs.elpais.com

La propuesta de integración y participación que supone la consulta pública propuesta en la reforma política también conllevaría a dos cuestiones fundamentales para el ejercicio republicano que son la institucionalidad y la gobernabilidad, a través de la actuación del gobierno conforme a los resultados obtenidos en la consulta, es decir, guiarse por el mandato ciudadano. Pero es evidente que la propuesta de reforma política, que en un momento determinado le hubieran permitido a Rousseff pasar de la cuestión de los programas sociales a la reconfiguración del espacio público, tenía que ser frenada por la oposición en la cámara.

La cámara tiene una conformación un tanto endeble si de representación democrática se trata. A saber, según la reportera Arjona Tamayo y a TeleSUR: “«el 84% de los591 parlamentarios del Congreso Nacional son empresarios, terratenientes o representantes de iglesias evangélicas». Menos del 15% tienen relación con el sector de los trabajadores. El 9% son mujeres, a pesar de que conforman el 51% de la población.” (Vicente, 2014).

Sin embargo, ante la falta de aprobación por parte del congreso de las reformas promovidas por el ejecutivo, la sociedad brasileña se dio cita en la convocatoria a conformar una Asamblea Nacional Constituyente en 2014 que realizara una reforma política básica. El llamado aglutinó a más de 450 organizaciones sociales del país. En noviembre se lanzó la campaña para “terminar con el financiamiento empresario [sic] a las candidaturas, [promover] equidad de género en las boletas electorales; elecciones proporcionales a la cantidad de población y la puesta en marcha efectiva de mecanismos de democracia directa.” (Vicente, 2014).

Más allá de que esta convocatoria no redituó finalmente en la modificación de la legislación, pues es una facultad que sigue tocando a los «representantes» del pueblo brasileño en la cámara, se puede decir que fue un acto que sentó precedente en la organización autónoma popular y en la renovación de los debates políticos por la democracia, en este caso, participativa.

 

La afectación a los grandes consorcios a través de políticas de desarrollo social

Revisemos de qué manera las acciones del PT en el gobierno han causado inconformidad entre las grandes corporaciones las cuales sustentan su desarrollo en las libertades comerciales que les permitan acumulación de capital.

El modelo capitalista neoliberal consiste, grosso modo, en la desregulación del Estado, del capital y del trabajo, en la apertura de fronteras para el libre comercio y en la privatización de las empresas estatales, así como el desarrollo expreso de monopolios. Si bien los gobiernos petistas tienen, como dicen varios estudiosos, un característica posneoliberal (Sader, 2013) hay que definir tal descripción. Empezamos por la observación de las políticas públicas petistas encaminadas a la resolución de la extrema pobreza y del hambre, lo que constituye una reivindicación del. Entonces, las políticas de desarrollo social y devolverle al Estado su papel regulador, trasgreden de manera directa los intereses de quienes sustentan el neoliberalismo.

No obstante, esta política encaminada al desarrollo social no es una propuesta exclusiva de los gobierno petistas sino que es una condición obligada para cualquier gobierno brasileño, pues se trata de derechos ciudadanos establecidos en las leyes de la Constitución Federal de 1988. Pero también hay que decir que la intención de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff era, eventualmente, que la atención y garantía del derecho a la vida (erradicar la pobreza y el hambre) queden integradas en los hechos no como política de gobierno, sino como política de Estado, toda vez que sería muy difícil que un gobierno no petista subsecuente eliminara este tipo de programas. A partir de la aplicación de las políticas sociales, cuyo más eficaz programa es el Bolsa Familiar (PBF), el resultado fue que se consiguió la superación de la pobreza extrema de más de 13 millones de familias (dato de 2013).

Por cierto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) boletinó el 3 de septiembre pasado (2015) que la transferencia de renta (característica de los programas de asistencia como el Bolsa Familiar) adoptada por el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva y mantenidos por la presidente Dilma Rousseff, y que dan atención a 48 millones de personas, ha tenido “resultados excepcionales” en materia de erradicación de la miseria, “Desde 2003, el Bolsa Familiar sacó a 36 millones de

personas de la pobreza.” (PT, 2015).Con ello, se evidencia que Brasil está atacando un problema histórico –según el boletín referido–. El PBF actúa de manera complementaria con otros programas, también dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) como el programa Brasil sin Miseria. (PT, 2015).


Imagen 2. www.institutolula.org

Si bien un programa como el Bolsa Familiar no es la panacea en tanto que reproduce esquemas asistencialistas y no de autonomía política, tampoco ha sido bien visto por los sectores conservadores brasileños y extranjeros, pues entorpece la posibilidad de enriquecimiento de las corporaciones y de los organismos financieros. Debemos observar que en los gobiernos de corte neoliberal anteriores al petista no se consideraba la inversión de gasto público en desarrollo social más que de manera parcial. Es más, la condición de acentuación de la pobreza y el incremento de la cantidad de pobres es fundamental para los intereses capitalistas internacionales a los que hacían eco estos gobiernos, lo cual tiene un trasfondo económico-político: lograr de manera más acelerada una mayor veloz concentración de capital. Así, para el gran capital resultan contraproducentes las políticas petistas.

Paradójicamente, los gobiernos petistas no han eliminado los privilegios a las empresas de capital privado, como tampoco los del capital financiero internacional. Sin embrago, las afrentas que estos actores recibieron con los programas de desarrollo social son mayores que las ventajas y beneficios obtenidos en los gobiernos de Lula y Dilma. Cabe aquí la aclaración de que si, por una parte, en el gobierno de Dilma ha habido una continuidad con respecto a las administraciones de Lula, no necesariamente fue en el rubro de las concesiones a las grandes corporaciones. Habría que reflexionar si este nuevo posicionamiento de Dilma resulta, precisamente, en los ataques al por mayor contra su gobierno.

 

Los medios de comunicación

En la actualidad, Dilma Rousseff, como uno de los actores políticos principales en los escenarios brasileño y latinoamericano, está en la mira del mundo entero, de su pueblo y de los intereses del capital para quienes trabajan –vale decir– los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Sin embargo, debemos considerar que, independientemente de su desempeño, de que trate de dialogar con los sectores conservadores, de que emita comunicados de prensa, Rousseff estará siendo juzgada permanentemente por aquellos representantes del capital que se colocan más allá del bien y del mal, está en las primeras planas de los diarios nacionales y de los telediarios siendo atacada como una mujer corrupta, incapaz y que lleva al país al declive. Todo esto orquestado por una derecha nacional e internacional que ha visto amenazados a sus privilegios e intereses y que, como analizaremos, tienen a su disposición los medios de comunicación. Dado que “El capitalismo se orienta hacia la maximización del beneficio, es decir, hacia el aumento de la cantidad de excedente apropiado por el capital en virtud del control privado de los medios de producción y circulación” (Castells, 1996, pág. 11), se propone asegurar su hegemonía en la era global mediante el uso de tecnologías aplicadas a los medios de comunicación e inducir sus formas sociales (Castells, 1996, pág. 12). Países como Brasil

[…] son, y lo serán más en el futuro, sociedades informacionales, en el sentido de que los procesos centrales de generación del conocimiento, la productividad económica, el poder político/militar y los medios de comunicación ya han sido profundamente transformados por el paradigma informacional y están enlazados con redes globales de salud, poder y símbolos que funcionan según esa lógica. (Castells, 1996, pág. 14).

Estos medios de comunicación no son autónomos ni imparciales sino que reproducen discursos y opiniones de los intereses políticos y económicos que representan. No se trata sólo de medios nacionales como Veja, Folha de Sao Paulo u O Globo, sino de las agencias internacionales como las francesas, británicas y estadounidenses que deciden de qué y cómo se puede informar la población mundial. Por eso decimos que el manejo de medios corresponde a un ejercicio de violencia discursiva, al control y manipulación de conciencias (y sobre todo de inconsciencias).

Tanto la pérdida de hegemonía que representa para los aliados (países capitalistas) el hecho de nuevas formas de gobierno en América Latina, como la inmersión económica rusa y china[4] en nuestros países, hacen del capitalismo un instrumento mucho más peligroso no sólo por su capacidad militar sino por su forma de control monopólica en la emisión de discursos.

La producción mediática es la de discursos hegemónicos que se imponen en el espacio público a modo de supeditar, aplastar o ignorar otras formas de concepción del mundo. Si consideramos que el conflicto es la expresión política de las diversas formas culturales en el juego de poder, comprendemos que se impone una ideología sobre las demás: una forma hegemónica de la cultura.

No suponemos que con los gobierno como el petista las condiciones de pobreza, exclusión, hambre, desigualdad, injusticia, falta de democracia, etc. se hayan superado en Brasil (aunque sí se han amortiguado), sino que su crecimiento a lo largo de las décadas neoliberales hacen que aparezcan como una superficie porosa alistada para absorber los discursos hegemónicos, pues las condiciones de precariedad y de escaso capital cultural funcionan como instrumentos del sistema para su reproducción.

De tal manera, los discursos dados desde la élite poderosa internacional, además de condicionar ciertas prácticas políticas, imponen un imaginario consistente en la modificación cultural para que ciertas formas de pensamiento sean las que imperen, como por ejemplo los discriminatorios, los prejuicios al otro, que incluyen a las bases de nuestras sociedades como mestizas, tercermundistas y anacrónicas que somos. Así, terminamos viéndonos con odio y recelo a nosotros mismos; no sólo en el clásico debate racista sobre las etnias, sino en las acciones políticas.

Parte de la violencia sugerida por el tipo de pensamiento impuesto es la descalificación del otro sin más: un acto discriminatorio y de ruptura de lazos de solidaridad y de identidades. El tipo de informaciones tales como “Dilma Rousseff es corrupta,” “el PT no sabe gobernar”, etc. no sólo desinforman sino que lo que predomina es la ausencia de análisis y de argumentos, pues se trata de frases simples y calificadoras.

El discurso contenido en esas expresiones que se difunden masivamente consiste en que para creer lo que afirman tenemos que dejar de ver a los pueblos como actores, como partícipes, y los vemos como ignorantes, manipulables, indecisos, ociosos y hasta adictos porque no puede ser que acepten y voten a esa clase de presidentes corruptos. Los discursos nos hacen creer, además, que todo depende de una persona, que todo está bien o mal por causa de una persona, en este caso, de Dilma Rousseff. El presidente se vuelve un «todopoderoso» en el imaginario colectivo ya que las crisis no son consecuencia del sistema político o de la disfuncionalidad del Estado sino de las torpezas de una persona. Esto es muy fácilmente interpuesto en las mentes latinoamericanas por la historia política que las caracteriza en las que predominan figuras caudillezcas y mesiánicas. Los discursos infunden desconfianza entre los brasileños mismos y ellos, a su vez, asumen un papel «críticos» pero sin conocimiento y lo que resulta es la reproducción masiva de las descalificaciones hacia todo el mundo.


Imagen 3. www.veja.abril.com

De tal manera que los medios de comunicación son persistentes en mostrar una visión capitalista del mundo, en sostener el establishment y alimentar la idea de que las clases dominantes deben seguir detentando el poder, que las nacionalizaciones de recursos no proceden pues, deben pertenecer a aquellos que los saben administrar, es decir, a la empresas privadas.

El papel de los medios, por lo tanto, es fundamental pues se están comportando como un arma de guerra, en nombre de la libertad de expresión, que hoy día se ha convertido en una camisa de fuerza para evitar que los pueblos se expresen libremente. Es en el campo comunicacional donde se libra una de las batallas decisivas, pues de ellos surgen unidireccionalmente las ideas que prevalecen en los movimientos lanzados contra la izquierda continental. Parece mentira, pero incluso grupos revolucionarios caen en los discursos elaborados finamente desde la derecha. (Salgado, 2015).

No dejemos de observar que en la era global de las tecnologías la desigualdad para tener acceso a ellas, es igual que antes, por lo que las comunicaciones corresponden a intereses y presiones del poder económico y político, es decir, reproducen discursos y generan opiniones que se vuelven convenientes para la hegemonía capitalista.

Incluso, para seguir el argumento de Salgado, los discursos masivos repetidos por los medios de comunicación incluso hacen pensar a la gente común de nuestros países, como en Brasil, que eliminar la corrupción es la clave de la felicidad (Salgado, 2015). Esto significa que no es necesario luchar por la transformación del sistema sino que, por ejemplo, una vez determinado el hecho de que el gobierno de Dilma Rousseff es corrupto, hay que acabar con él y todo será felicidad en adelante.

El discurso mediático coloca a los pueblos como parte del sistema de discriminación sin que se note que de eso se trata. La transfiguración cultural en las percepciones y en los símbolos nos habla de una jerarquía social preestablecida que condiciona las relaciones sociales.

 

La cultura de la democracia en Brasil

En ese orden de cosas, la sociedad brasileña contemporánea establece una serie de relaciones que, en cierto sentido han sido heredadas de las condiciones colonialistas, esclavistas, de desigualdad en los desarrollos de sus regiones a lo largo de la historia. Así, observamos una sociedad brasileña diferenciada, heterogénea y compleja que, además es sumamente autoritaria. Esto es que parece irrompible la asociación entre color de piel y nivel en la jerarquía social, lo que nos remite a una estructura arcaica, es decir, de castas. (Fernandes, 2008, pág. 108) .

Finalmente, la condición de subalternidad se asume como una apatía o una incapacidad política de tensar las relaciones de clase con la dominante. A pesar de que la cultura brasileña es mestiza, los parámetros occidentales y modernizadores de referencia disponen de los espacios políticos de los que las clases subalternas son excluidas. Por eso, la pobreza y la miseria van junto al hecho de que en esas clases hay una mayoría de negros, mulatos e indígenas y no de blancos. Con todo ello podemos destacar que las clases marginadas no sólo lo están socioeconómicamente, sino también políticamente.

Tampoco debemos olvidar la tradición política en las sociedades como la brasileña, La nación en Brasil se integró mediante la puesta en marcha de un populismo que significó el otorgamiento de derechos sociales. Sin embargo, la vida política resultante era muy parcial toda vez que los derechos políticos y civiles estaban cooptados por el Estado. La consolidación de un sindicalismo de Estado que, desde los años treinta, funcionaba a modo de contención de la participación auténtica del movimiento obrero en la vida pública, permitió legitimar a los gobiernos.

Los movimientos democráticos que llevaron al rompimiento de la dictadura militar a mediados de los años ochenta construyeron espacios para la toma de decisiones que, en un primero momento fue el derecho al voto directo pero, más adelante, el debate sobre las nociones relativas a la democracia.

En la actualidad, la exclusión social es parcialmente interrumpida mediante los programas alimentarios y de disminución de la pobreza, instrumentados por el gobierno federal. Pero la parcialidad de estos programas, la dificultad para su aplicación y el carácter asistencialista de los mismos, nos llevan a la reflexión de que la construcción política ciudadana aún es muy endeble en Brasil.

 

El conservadurismo nacional y los intereses extranjeros

El gran capital, entonces, es otro actor político en el Brasil contemporáneo. Éste accede a la vida pública brasileña pues, como se sabe, tiene diferentes medios para hacerlo, desde los discursos mediáticos hegemónicos, hasta las prácticas de corrupción, sobornos e impunidad en la inyección de grandes cantidades de recursos para que esos discursos prosperen. No olvidemos la utilización de emisarios. En el caso de Brasil sus emisarios son, por ejemplo, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Verde (PV), por mencionar a los directamente involucrados en los procesos electorales. Estos partidos y representantes de los intereses de las clases dominantes, además, aluden a discursos sobre la democracia.

Así, el capital y los sectores conservadores hacen propuestas contrarias a las políticas y acciones del PT, tergiversan sus intenciones, construyen escenarios artificiales; aunque, también es cierto que ante los manejos negativos y errores del petismo, se ven fortalecidos esos discursos descalificadores. Al mismo tiempo, recordemos que en Brasil la forma de promover un tipo de mensaje entre los electores tiene que ver con las negociaciones, las coaliciones y las votaciones en bloque dentro de las Cámaras en oposición a las iniciativas presidenciales.

Vale aquí mostrar una carta de «ciudadanos brasileños» que, en nombre de la moral y contra la vergüenza de decirse brasileños en la actualidad, enviaron a las cámaras de senadores y diputados para pedir juicio político a la presidente de Brasil para su destitución del cargo [impeachment] aludiendo, además a la procedencia «criminal» de Dilma Rousseff quien en sus años de juventud participó activamente como guerrillera contra la dictadura:

¡Sangran las rodillas de nuestra nación, señores! Sangran porque ella se arrastra como aquellos que, lesionados de la espina dorsal, ya no pueden caminar como hombres y mujeres de bien. Es nuestra moral, nuestra dignidad que ese partido criminal [PT], escándalo tras escándalo, la que insiste en retirar reduciéndonos a la condición de esclavos de un gobierno totalitario y de su delirio bolivariano. Entendemos que se caracteriza como crimen de responsabilidad de esa ex-asaltante de bancos y terrorista [Dilma Rousseff] de los años sesenta, hoy desgraciadamente presidente de la república. (Pires, 2015).

Del párrafo anterior llama la atención, además, que este grupo de derecha que firma como ciudadanos considera vergonzoso que a los hombres y mujeres de «bien», es decir que hay gente de «mal» (como Rousseff) y gente de «bien» (como ellos) que es la que debe dirigir a las naciones. Dice el texto que se les trata como «esclavos» por un gobierno bolivariano (¿tendrán que trabajar de manera forzada, indigna e inhumana para el bolivariamismo?), lo que refrenda en su imaginario la vinculación ideológica que pueda tener el gobierno brasileño, tal vez, con otros países y gobiernos latinoamericanos. Pero esta clase superior, al pedir su «liberación» se coloca en la posición de conocimiento y de re-conocimiento de aquellos que son delincuentes, como las personas que están en el gobierno.

A pesar de que el sitio cibernético ya ha recabado más de 90 mil firmas, hay muchos comentarios de la gente común descalificando la forma de este tipo de peticiones y apelando a la democracia, esto es, que si la derecha se siente inconforme con el gobierno, que gane la presidencia de Brasil en las urnas.

Se añade que la petición de juzgar y demitir a Dilma Roussef y a su vicepresidente ha llegado al Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual analizaba tal posibilidad, todavía hace un tiempo (agosto de 2015). Sin embargo, la petición encabezada por Aécio Neves del PSDB no procedió. La relatora de la plenaria, Maria Thereza de Assis, explicó que se debió a la generalidad de la demanda y a no encontrar actos directos de financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Rousseff. (ZHNotícias, 2015).

La oposición al gobierno petista ha declarado una guerra simbólica y de medios en contra de las iniciativas de este partido. Así mismo, el uso de la fuerza contra la población en diferentes escenarios muchas veces provienen de parte de esa oposición la cual detenta poderes locales. Al mismo tiempo, señalamos que hay un reclamo por parte de algunos sectores conservadores para que el Ejército participe en un golpe de Estado y, todavía más: en ocasiones se ha llamado a Estados Unidos a intervenir militarmente para salvar al país de las manos de los incapaces. Esto significa que el recurso de oposición ha dejado de ser el diálogo y la vía institucional. Sus proclamas aluden a la violencia y a la intolerancia, a tomar medidas impositivas sobre aquello que no les parece o no les conviene.

 

El papel del Ejército brasileño

La derecha quiere deshacerse del gobierno de Rousseff mediante el impeachment, lo cual es una posibilidad, pero otra es con un golpe de Estado. Ahí está la demanda para que las fuerzas militares intervengan y depongan al gobierno democráticamente electo. Además, la percepción de los demandantes es que la gente común, aquella que no tiene la voluntad para tener empleo o que no tiene el privilegio de salir en las revistas de la alta sociedad, de ser blanca, etc. siga votando por personajes como Dilma Rousseff o por partidos como el PT. Es decir, para los sectores conservadores de la sociedad brasileña hay una gran cantidad de población ignorante a la que no se le puede dejar la libre decisión del voto porque vota mal.

Hay algunos analistas que sostienen que el golpe militar de 1964 y las secuelas antidemocráticas que trajeron 21 años de dictadura ya han sido superadas puesto que “el país fue gobernado [en los últimos tempos] por un profesor exiliado después del golpe, Fernando Henrique Cardoso, un líder obrero preso durante la dictadura, Luiz Inácio Lula da Silva, y una ex-guerrillera presa y torturada, Dilma. La llegada de esas personas al poder demuestra que la transición a la democracia fue exitosa.” (Balthazar, 2014). Pero este tipo de afirmaciones deben ponernos en alerta: por una lado, pareciera que FHC estuvo del mismo lado que Lula y Dilma durante y después de la dictadura, lo cual no es cierto y, por otro, que la cuestión ha sido superada por el hecho simple de la existencia de procesos electorales liberales desde hace décadas, pero sin que se haya abierto, por ejemplo, una comisión de la verdad que busque los expedientes de los crímenes de lesa humanidad cometidos por elementos civiles y militares durante el golpe y la dictadura, para que se haga justicia. La última observación es que el golpe de Estado está latente, los sectores conservadores lo piden a gritos. ¿Cómo va a reaccionar el Ejército ante esta circunstancia?

El 7 de septiembre pasado (2015), día de la conmemoración de la Independencia brasileña, el periódico El País notificó que hubo manifestaciones «antidilmistas» y «prodilmistas» en Brasilia, pero con muy bajo quorum ambas. Se trata de un manejo informativo que destaca que si los manifestantes en contra de Dilma fueron muy pocos, los que salieron en su defensa con slogans antigolpistas, fueron menos todavía (Benites, 2015). A nuestro parecer es importante observar dos cuestiones: que las manifestaciones «antidilmistas» no van a tener una repercusión por la cantidad de manifestantes, sino que quien puede tomar las armas y dar un golpe de Estado, como parece ser que es lo que piden los conservadores, sería el Ejército. La otra cuestión es la que subraya el dato anterior sobre el posible golpe pues, quienes se manifestaron en favor de Dilma, los llamados antigolpistas en la nota ¿para qué se manifiestan así si no hubiera la posibilidad de un golpe de Estado?

El papel histórico del Ejército brasileño ha sido de permanente injerencia política en todas las eras republicanas. Desde la guerra con Paraguay en 1864, aquellas que dejaron de ser Guardias Nacionales para convertirse en una institución del Estado, a la vuelta de las décadas, han actuado de acuerdo a los intereses de las oligarquías, aunque en nombre de la defensa nacional. La República no hubiera sido posible sin la profesionalización del Ejército que se dedicó desde las últimas décadas del siglo XIX al entrenamiento de cadetes y a su enseñanza universitaria basada en el positivismo que exaltaba la ciencia y la razón. Así se llegó a la Primera República de visible alianza entre coroneles y militares. La Segunda República también estuvo determinada por las acciones militares del propio general Getúlio Vargas, por la revolución de 1930 y por el populismo antes mencionado. Fue clara la intervención del Ejército en la implantación de la dictadura de seguridad nacional desde 1964 en el contexto de la Guerra Fría y como freno al comunismo ante la posibilidad de expansión del virus de la Revolución Cubana. Los militares actuaban contra los malos brasileños, aquellos antipatriotas que defendían las ideas de justicia, igualdad y democracia. Este «Estado de excepción» que duró 21 años, tuvo sus desacuerdos entre los militares del ala «blanda» y del ala «dura» que se turnaron las presidencias hasta 1985, año en que los civiles obtuvieron el poder pero que, en términos reales, dieron continuidad económica, política y de represión de la era dictatorial. Paradójicamente, el gobierno de la dictadura, en busca de legitimación, abrió procesos electorales y legalizó partidos políticos como el Partido Comunista Brasileño (PCB) y movimientos como la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), en sus últimos años de existencia.

La democracia se consolidó a partir de entonces bajo el esquema neoliberal cuyo proyecto se sustenta en el liberalismo, no sin omitir características autoritarias, como ya se ha dicho. Sin embargo, a partir del siglo XXI, la propia democracia liberal trajo la posibilidad de la alternancia en el poder entre partidos políticos (lo cual no necesariamente es un ejercicio democrático sino que refuerza la idea misma de la legitimación de ese tipo de democracia). Por ello, la llegada del PT a la presidencia de Brasil y su reelección por cuarta ocasión consecutiva (en 2002, 2006, 2010 y 2014) tiene muy preocupados a los sectores conservadores y al capital financiero internacional.[5] Tanto es así que últimamente se ha acudido a formas no democráticas, a pretender que el PT abandone el gobierno fuera de la época electoral, por la vía de la fuerza; esto pone en la mira una contradicción fundamental en el propio discurso democrático que la derecha enarbola.

Falta ver si el Ejército brasileño actuará como mercenario (en donde el vencedor es quien mejores recursos ofrece) sin importar que las mayorías hayan votado por Dilma Rousseff, o si vuelve a ponerse del lado del nacionalismo y de la democracia republicana.


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El contexto latinoamericano y mundial

En el escenario del siglo XXI, aún bajo el neoliberalismo, nos hemos encontrado una América Latina que resurge de los golpes (de Estado, literalmente) y despierta del letargo neocolonial. Los movimientos sociales y populares latinoamericanos de los últimos tiempos, así como las diferentes manifestaciones de las izquierdas en su diversas modalidades han dado como resultado una nueva poscolonialidad en la región en la que pareciera que el sueño bolivariano es posible, que el pensamiento de Martí revive en las expresiones antiimperialistas, que las raíces más profundas indígenas aludidas por Bonfil Batalla hacen volver a la premonición de Mariátegui quien aseguró que la revolución latinoamericana iba a ser la revolución indígena por la recuperación de la tierra que le pertenece y de la que históricamente le han despojado.

La reconfiguración ideológica internacional que supuestamente tuvo lugar a partir de 1989 con la caída del Muro de Berlín creó, por un lado, nuevos centros económicos y financieros que le restaron el papel sobresaliente a Estados Unidos y, por otro, se tenía que inventar un nuevo enemigo para poder emprender acciones de guerra; en este caso, fue el terrorismo. Por ello, podemos reafirmar lo que dice Noam Chomsky sobre el verdadero Nuevo Orden Mundial establecido a partir de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, acto que permitió reestablecer la economía de guerra, el espionaje cibernético y el terror emprendidos por este país, no sólo hacia sus propios ciudadanos sino hacia todo el mundo. Recordemos que la intención de Estados Unidos nunca ha sido permitir la autonomía de los Estados latinoamericanos.

Estados Unidos ha ejercido un poder hegemónico en la región latinoamericana durante el siglo XX pero, en la actualidad y desde 1999 cuando el general Hugo Chávez tomó el poder en Venezuela, podemos decir que se hace cada vez es más visible la pérdida de esa hegemonía. Por ello, encontramos la justificación para acciones no sólo de manipulación mediática o la generación de discursos desvirtuantes o artimañas políticas como la ocurrida contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay el 22 de junio de 2012 al ser destituido a través un golpe parlamentario. Más aún, para emprender actos de violencia directa y el uso de la fuerza como en Honduras para derrocar al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Todo ello, más las tentativas de golpes de Estado a los gobiernos de Ecuador, Bolivia o Venezuela responden a reveses dados desde las izquierdas latinoamericanas.

Probablemente las intenciones irrumpir por la fuerza en los Estados sean simplemente rumores, pero el hecho es que los sectores conservadores de América Latina mantienen presente esa amenaza.

Con ello, debemos plantear otra situación, el significado de la elección presidencial brasileña en América Latina, pues no sólo se trata de que los países de nuestro continente hayan desarrollado propuestas alternativas al neoliberalismo o, incluso, socialistas, en este nuevo siglo, sino que proponen una unidad latinamericana.

No obviamos que los gobiernos latinoamericanos progresistas o de izquierda han tenido errores graves que alimentan las crisis políticas, pero lo destacables es que su presencia significa otra configuración de América Latina. La integración de la región, en distintos niveles como el de la cooperación y la solidaridad entre sus pueblos. Además, observamos una condición de dominio alterno al de la hegemonía estadounidense al fortalecer los mercados multilaterales y crear nuevos bancos en Sudamérica, con lo que se cortan relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este tipo de acciones la ha encabezado Brasil.

Tampoco podemos pasar por alto su participación en la conformación en el bloque económico llamado BRICS.[6] Incluso, como ha visto desde hace años, Rusia ha adquirido un papel preponderante en América Latina al acercarse diplomáticamente a los gobiernos de Dilma Rousseff, de Cristina Fernández, de José Mujica (2014), de Rafael Correa, de Evo Morales y de Nicolás Maduro para conformar una región económica que tenga una moneda propia, común entre los países y que desplace al dólar estadounidense. Por ende, la de Rusia es una presencia «enemiga» en el territorio latinoamericano, región que tradicional e históricamente ha tenido la influencia hegemónica de Estados Unidos.

 

Salvar la democracia. A modo de reflexión final

La lógica del uso de la violencia corresponde a la falta de interlocución. Cuando los Estados son ajenos a las demandas ciudadanas o cuando esas demandas no pueden ser atendidas y se tienen que hacer oídos sordos, muchas veces el recurso que queda es el de la fuerza, el de poner fuera de diálogo al interlocutor molesto. Eso es el autoritarismo. Se trata de una pérdida de legitimidad de la autoridad y la necesidad de mantenerse en el poder a toda costa.

Pero qué pasa cuando el cierre del diálogo viene de parte de aquellos que están perdiendo su papel predominante en el Estado. Al momento en que los intereses capitalistas, los grupos financieros y los sectores conservadores están en riesgo de dejar de ejercer el control político que tenían, el llamado ya no es a la democracia sino al despliegue de fuerza, a la intervención militar y a la ruptura de la institucionalidad.

Creemos que la democracia del sigo XXI, si bien se trata de un juego cuyas reglas las ha establecido el propio capitalismo moderno, ha alcanzado una madurez importante que vale la pena sostener.

En el momento histórico en que los pueblos latinoamericanos se vieron frente a la propuesta de la democracia liberal como única posibilidad para formar gobiernos más justos o, cuando menos, más cercanos al pueblo, se convirtió en una alternativa en construcción que muchos de ellos han pulido. La intención era lograr, mediante la clásica apuesta del derecho al sufragio, que esa democracia sea la base de la nueva institucionalidad.

La historia brasileña, además, es la del pragmatismo. Las propuestas de los sectores progresistas para transformar a Brasil en un país sin hambre y sin miseria es una construcción pausada, tardía y de modificación permanente de estrategias para alcanzar el poder. Estas propuestas incluyen la claudicación del PT de sus principios socialistas y entrar en el juego del sistema electoral y de partidos para, desde la presidencia, modificar las políticas públicas en favor de los intereses populares.

Sin embargo, resaltamos que, a pesar de que la llegada del PT al poder fue tardía (pues tiene 35 años de existencia) y que sus propuestas no corresponden al establecimiento de diálogo constante con las bases populares y trabajadoras, ha generado un daño suficiente a la derecha brasileña e internacional.

Otro debate, entonces, es que ese poder que tiene el PT en realidad es relativo pues la derecha tiene espacios en la oposición legislativa que constantemente frena las iniciativas del ejecutivo, tiene el control sobre los medios de comunicación y sigue teniendo el poder económico. Hay que recordar que en este mundo capitalista, el que tiene el poder económico tiene el poder político.

Los sistemas electorales en los países latinoamericanos tienen una relación directa con las formas de gobierno. En Brasil prevalece la forma presidencial republicana. La elección es por planillas que conforman las candidaturas para presidente y vicepresidente (las cuales pueden provenir de partidos distintos) y puede haber dos vueltas electorales. Esto permite entender el significado de las coaliciones: una vez llevada a cabo la primera ronda electoral, solamente aquellos partidos y coaliciones que hubieran obtenido el primero y el segundo lugar pasan a la segunda ronda, de tal suerte que los partidos que obtuvieran del tercer lugar para abajo pueden coaligarse con los ganadores y, eventualmente, modificar el resultado electoral. Además de esto, la diversidad y pluripartidismo en las cámaras es muchas veces lo que causa la ingobernabilidad del poder ejecutivo, pues el legislativo es definitorio para detener o apoyar las iniciativas presidenciales.

En la elección presidencial de 2010 en la que los principales contendientes eran Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT), José Serra del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Marina da Silva del Partido Verde (PV), la candidatura de este último personaje alcanzó una importante simpatía en varios lugares del país. Aprovechando esa situación, la imagen de da Silva fue explotada para construir una oposición al gobierno de Dilma y presionar en las elecciones de 2014.

Pero esa estrategia no fue suficiente. El Partido Socialista (PS) había sido aliado del PT, históricamente. Entonces, sucedió la muerte de Eduardo Campos, candidato por el PS, en 2014 en un avionazo. Ante este acontecimiento, ese partido lanzó la candidatura presidencial de Marina da Silva. Por eso cabe preguntarse qué información oculta está detrás del accidente.

El caso es que Dilma Rousseff (PT), pese a aquellas artimañas d sus opositores y al escaso margen porcentual, ganó las elecciones presidenciales y Aécio Neves (PSDB), principal contrincante, quedó en segundo lugar, dejando a Marina da Silva (PS) en el tercer puesto.

Haber ganado la reelección da la oportunidad al PT de mantener una continuidad en sus políticas y en la administración de su gobierno, lo que vuelve a alertar a la oposición conservadora. Queda claro que la actuación política de los gobiernos posneoliberales brasileños ha beneficiado a sectores populares pero, a pesar de no cortar de tajo con los intereses privados, también ha afectado al gran capital internacional.

Llama la atención que la propuesta de eliminación del gobierno petista no sea en las urnas sino mediante un golpe de Estado o, cuando menos, se convoque a su destitución, previa difamación de la imagen de Rousseff.

Por ello, debiera apelarse a la democracia como práctica necesaria para la convivencia y el diálogo. Se trataría de fundamentar la legitimidad de los gobiernos en los mandatos de la consulta popular y de la efectividad del sufragio para fortalecer las instituciones del Estado. Con ello, se construye un respaldo irrestricto a la decisión de las mayorías, aunque esas mayorías formen parte de las capas sociales discriminadas por las clases altas, por la derecha y sus representantes.

En fin, defender la democracia y sostener la vida republicana se tornan actos inaplazables en esta coyuntura brasileña y latinoamericana.

 

Notas:

[1] “[…] existen desigualdades raciales que no son sólo el legado de la esclavitud o un efecto del hecho de que muchas personas de piel oscura tienden a permanecer en las clases bajas a través de procesos de estratificación de clase «normales» […].” (Wade, 2009).

[2] Capital del estado de Rio Grande do Sul.

[3] Capital del estado de Minas Gerais.

[4] Como explicaremos más adelante.

[5] A este capital no sólo le preocupa la estancia de partidos como el PT en la presidencia de Brasil, sino de las izquierdas en diversos gobiernos de países latinoamericanos, ya que significa una pérdida de hegemonía del poder estadounidense en la región.

[6] Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

 

Referencias

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Cómo citar este artículo:

CARRANZA, Tania, (2015) “Brasil: la política de la resistencia”, Pacarina del Sur [En línea], año 7, núm. 25, octubre-diciembre, 2015. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Martes, 16 de Julio de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1214&catid=14