El evento pandémico en Perú: COVID‑19, política neoliberal y exclusión social

The pandemic event in Peru: COVID‑19, neoliberal politics and social exclusion

O evento pandêmico no Peru: COVID 19, política neoliberal e exclusão social

Eleana Paola Catacora Salas

Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, Perú

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Edwin Catacora Vidangos

Universidad Nacional del Altiplano, Perú

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Recibido: 10-11-2022
Aceptado: 02-12-2022

 

 

Introducción

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID‑19 como pandemia (OMS, 2020), debido a sus alarmantes niveles de propagación y gravedad. Ello supuso un hito en la toma de decisiones de los Estados, al avizorar la profunda repercusión que la pandemia tendría en la vida social, económica y política de la población en el ámbito global, regional y local. Al reflexionar sobre las repercusiones de la COVID‑19 en el Perú, parece evidente que la epidemiología –disciplina médica que estudia las enfermedades según su frecuencia y causas en un determinado espacio y tiempo–, no basta para entender por sí sola todo aquello que se cernía como amenazas externa e interna para la población peruana.

Del contexto analizado, puede afirmarse que las ciencias sociales resultan no solo adecuadas sino también necesarias para comprender los fenómenos pandémicos, no debiendo estos últimos ser abordados de modo aislado por las investigaciones médicas. En la medida en que sus efectos impactan la vida social de las personas, la pandemia debería considerarse como experiencia vivida con implicaciones en las sensibilidades colectivas (Segata, 2020b). Investigar cómo ha experimentado la población peruana y su clase gobernante esta experiencia global, debe necesariamente tomar en cuenta aspectos sociales relevantes como sus prácticas culturales heterogéneas, diferencias étnicas, relaciones de género, entre otros. Precisamente, los métodos de las ciencias sociales están dotados para la comprensión cualitativa de estos aspectos, con el objeto de comprender cómo las personas conciben y experimentan procesos sociales relativos a la salud y la enfermedad. Al analizar las historias particulares de esta experiencia, las ciencias sociales permiten comprender la estructura social y la política nacional peruana y cómo éstas influyeron sobre las dinámicas de la población. En el contexto de la pandemia fueron evidentes las huellas del centralismo y las desigualdades capital-regiones del interior del país, previamente existentes.

En el plano internacional, como es sabido, una vez decretada la pandemia, el sistema de regulación de la economía neoliberal vigente atravesó una coyuntura crítica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que el 2020 vería la peor crisis financiera global de la historia, causada por las secuelas de la COVID‑19 (BBC, 2020). Inglaterra, por ejemplo, experimentó la mayor contracción económica de su historia, con “una caída en el ingreso nacional superior al 20%” (Varoufakis, 2020). Asimismo, las políticas neoliberales basadas en la privatización y desregulación de los mercados han generado un contexto de especulación financiera, devastación de la naturaleza, explotación minera, deforestación, agricultura industrial transgénica e intensiva, además de un circuito de consumismo individualista facilitado por el crédito financiero.

Las dificultades de las instituciones estatales para dar cobertura médica y enfrentar el impacto social y económico de la pandemia puso en tela de juicio el sistema de regulación neoliberal implementado en el país durante la década de 1990, así como los efectos del sistema de producción capitalista.

La pandemia en Perú se expandió en un contexto socioeconómico marcado, de un lado, por el crecimiento macroeconómico y del otro por una mayoría poblacional gravemente afectada por la desigualdad estructural. Esta desigualdad es, en parte, consecuencia del sistema neoliberal sobre el cual se basó la promulgación de la Constitución Política de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori[1]. Ello produjo un Estado centralizado que promovió la privatización de instituciones y servicios públicos, minimizando las inversiones estatales en salud y educación. Las prácticas de corrupción en el Estado han sido motivo recurrente de denuncias que involucran en presuntos actos de corrupción a los expresidentes: Fujimori (1990-2000), actualmente encarcelado; Toledo (2001-2006), sujeto a extradición desde Estados Unidos; Alan García (2007-2011), quien optó por el suicidio; y Martin Vizcarra (2008-2020), recientemente vacado por el Congreso de la República.

 

El evento Pandémico

Conforme sugiere Roth (2020), un evento pandémico es producido temporalmente por la emergencia sanitaria y el deseo de intervención realizado por los gobiernos. La producción de la emergencia es desarrollada por los políticos, pues no solo corresponde a un fenómeno biosocial, sino también a la capacidad de dar respuestas institucionales a esta emergencia. En ese sentido, el evento pandémico establecido por el gobierno peruano se caracterizó por una cuarentena general[2] decretada por quince días, acompañado de otras medidas como la restricción de libre tránsito, la suspensión de transporte urbano e interprovincial y el cierre de las fronteras nacionales, además de la prohibición de actividades comerciales (con excepción de bancos, farmacias y tiendas de productos de primera necesidad). Como complemento sancionador a estas medidas, se aplicaron multas a los infractores de las disposiciones emitidas. En todo Perú, las medidas fueron acatadas por la mayoría de la ciudadanía, y en muchas ciudades la tendencia general fue de cumplimiento.

A las tres semanas de iniciada la cuarentena, el gobierno implementó el Bono Familiar Universal, un programa de subsidios económicos para que las familias de menos recursos pudieran afrontar la cuarentena. El primer bono fue de un monto de 760 soles (aproximadamente 209 dólares americanos) y se implementó a dos meses de iniciada la cuarentena. Sin embargo, su sistema de focalización acusó una gran fragilidad así como deficiencias en los protocolos de distribución, provocando un desborde de beneficiarios en los bancos que incrementó el riesgo de difusión del virus, en lugar de promover la cuarentena. La exMinistra de Economía, María Antonieta Alva, reconoció que el sector público no cuenta con padrones de beneficiarios adecuados para llegar a quienes lo necesitan. El segundo bono, se implementó cinco meses después del primero.

Los contagios aumentaban con el paso de los días, a la vez que se manifestaban las desigualdades soportadas por los sectores más excluidos de la población tales como habitantes de pueblos jóvenes, trabajadores precarios, poblaciones rurales e indígenas, comunidad LGBTQ+ y desempleados. Una de las políticas a nivel nacional adoptadas durante la cuarentena fue la “alternancia de género” para las salidas: las mujeres podrían salir los días martes, jueves y sábado, mientras que los hombres saldrían lunes, miércoles y viernes, siendo los domingos prohibida la salida general. Esta medida trajo diversas complicaciones para las mujeres trans que, en algunos casos, fueron impedidas de transitar o de entrar al mercado debido a los datos de sexo consignados en el Documento Nacional de Identidad (DNI), aun cuando el gobierno había indicado que la identificación visual era suficiente. Adicionalmente, en los días destinados a la salida de las mujeres se observó que las filas en los mercados eran de una cantidad muy superior a lo observado en los días de salida para los hombres.

El evento pandémico se reprodujo en los discursos presidenciales televisados a nivel nacional. El entonces presidente Martín Vizcarra señaló que el coronavirus era un “virus democrático”, aludiendo a que afectaría a “todos los ciudadanos por igual, sin hacer distinciones de clase”. No obstante, como recuerda Segata (2020b), las particularidades de cada población necesitan ser situadas para percibir los efectos de la COVID‑19. Así, fórmulas universales de prevención del virus, como el lavado de manos, eran difundidas como parte de las acciones del evento pandémico. No obstante, la carencia de redes públicas de agua potable y alcantarillado, que afecta a gran cantidad de la población de los sectores más pobres de Lima y de muchos otros lugares del país, ponía en cuestión tal medida, a primera vista lógica y simple. Esta experiencia puede ilustrar claramente que el virus no afectó de la misma forma a toda la ciudadanía, ni tampoco las medidas implementadas tuvieron los mismos efectos que se esperaban. La experiencia del virus no había sido focalizada y, en consecuencia, tampoco sus medidas de prevención.

La experiencia del evento pandémico necesita ser comprendida a partir del contexto en el cual se desarrolla. A pesar de que las medidas de distancia social fueron establecidas a partir de mecanismos de vigilancia incorporados por la ciudadanía, y cuarentenas militarizadas con fuertes multas y drásticas restricciones, el evento pandémico hizo visible la desigualdad y la invisibilidad de sectores poblacionales, a partir de lo que Pellegrino (2020) define como racismo contingente. Pellegrino examinó la constitución del enemigo durante la pandemia, considerando en primer lugar a los chinos residentes en Italia como portadores del peligro, luego a los italianos considerados potenciales contaminadores dentro de Europa, y finalmente entre los propios italianos connacionales del sur y norte del país. Para ello toma como estudio de caso cómo en el contexto de la pandemia los habitantes de la ciudad italiana de Milán, empezaron a evitar comprar en tiendas de propietarios chinos.

En Perú, la construcción del enemigo pandémico se expresaba en las críticas a los ciudadanos que infringían la cuarentena para trabajar de forma ambulatoria o viajar a sus lugares de origen dentro del país, y que se difundían sobre todo en las redes sociales. Estos ciudadanos adquirieron el estatus de “enemigo” por no acatar la cuarentena, ignorándose sus historias particulares y trayectorias de vida. Un segmento de la población migrante y con trabajo precario (Verdera, 2007)[3] no soportó la cuarentena de casi tres meses y medio, dado que gran parte de este sector vive de su trabajo diario, sin salario mensual ni seguridad social y no contaban con los recursos suficientes para su manutención familiar cotidiana.

 

¿Quiénes son esos migrantes?

Es necesario tener en cuenta que Lima y las capitales de provincia concentran una gran cantidad de población migrante proveniente de los sectores rurales, como resultado de las dinámicas migratorias desarrolladas especialmente durante el siglo XX. A medida que el evento pandémico empezaba a desarrollarse, miles de ciudadanas y ciudadanos que trabajaban en Lima en empleos precarios decidieron regresar a sus pueblos de origen en el interior del país; a la región altoandina y de la Amazonía peruanas. Dada la escasez –y posterior prohibición– de transporte público interprovincial y una indetenible desesperación, gran cantidad de personas debieron trasladarse a sus pueblos caminando. Para muchos periodistas se trataba de “una migración de retorno” o un “nuevo desplazamiento interno” (Coral Cordero, 2020), ignorando que las dinámicas de movilidad que se establecen entre los pueblos de origen, las capitales de provincia, y la capital del país, obedecen a motivos culturales, sociales y económicos que propician un extendido y permanente flujo urbano-rural, de ida y vuelta, entre dichos puntos.

Migración no significa necesariamente enajenamiento u olvido. Al respecto resulta oportuno evocar a Sayad (1975) quien, al estudiar a los kabiles de Argelia que migran a Francia, indica que este país se vuelve parte de la aldea kabilia, así como la aldea kabilia se extiende a Francia por los migrantes que allí residen, ya que estos tejen vínculos con ambos lugares de forma fluida. La migración no puede ser entendida sin sus vínculos. En paralelo, en el caso peruano, los vínculos económicos, sociales, afectivos y culturales que establecen los migrantes con sus pueblos de origen, las capitales de provincia y Lima son cruciales para comprender la complejidad de la migración, y de la vida social experimentada por los migrantes. Mismos que constituyen un gran sector de la población peruana. Con base a lo anterior, resulta superfluo llamar a este fenómeno como “éxodo urbano” o “migración de retorno”, toda vez que la movilidad de los migrantes, y el tránsito desde su lugar de origen hacia las ciudades capitales, y viceversa, es constante y fluida.[4]

Es así que de un momento a otro, sectores socialmente invisibilizados como los migrantes altoandinos y amazónicos en Lima y otras capitales de provincia se tornaron visibles y comenzaron a ser representados en los medios como un “problema” de salud pública, léase una amenaza. Estos migrantes fueron considerados como “enemigos” que podrían portar el virus y contagiar a las poblaciones locales. Detrás de estas declaraciones subyace el racismo contingente de un sector de la ciudadanía urbana de Lima hacia las personas provenientes de la sierra peruana, pero también el racismo contingente del Estado peruano hacia estos sectores al no tomar medidas para reducir su riesgo de contagio. Ningún órgano gubernamental nacional ofreció trasladarlos a sus comunidades ni les ofreció un albergue temporal dónde resguardarse. Contrariamente, la jefa del llamado Comando COVID‑19, Pilar Mazzetti, se dirigió a ellos mediante un medio radial pidiéndoles que “esperen” a la mejora de la situación.

El retorno de estos migrantes a sus pueblos de origen en diferentes regiones del país significó un desafío que sobrepasó al gobierno peruano. Primero, porque este nunca trabajó en la comprensión de las dinámicas sociales y económicas de dicho sector de la ciudadanía peruana. Segundo, porque tales migrantes terminaron siendo excluidos de las medidas políticas para contener el avance de la COVID‑19 durante el evento pandémico. Muchos de estos individuos fueron desalojados de sus viviendas alquiladas en distritos populares de Lima y capitales de provincia. Tampoco pudieron trabajar más por el cierre de las actividades económicas impuesta por la cuarentena, viéndose obligados, sin mayores opciones, a movilizarse hacia sus lugares de origen.

Noticias de América Latina y el Caribe publicó el testimonio de algunos migrantes en dicha situación:

“Ya no tenemos qué comer, por eso regresamos a nuestros pueblos, donde algo tendremos. Caminando nos iremos, no tenemos de otra”, dice un hombre sentado junto a sus tres pequeños hijos que duermen abajo de un puente de la autopista. Era vendedor ambulante y ahora con la cuarentena se quedó sin los pocos ingresos con los que apenas sobrevivía. En otra carretera, un joven cuenta que era pintor eventual, que como se quedó sin trabajo desde que comenzó la cuarentena no pudo pagar el cuarto en el que vivía, lo echaron a la calle y sin dónde ir ha emprendido la sufrida caminata de retorno al pueblo del que salió hace años. “Ya no aguantamos más, no tenemos nada ya, estamos viviendo en las calles, ya no tenemos para comer”, grita una mujer cuando se le acerca la cámara de un noticiero. Ellos forman parte de este éxodo del hambre (Noriega, 2020).

 

En tal coyuntura, solo algunos gobiernos regionales organizaron “traslados humanitarios” y dispusieron albergues para que las personas trasladadas cumplan obligatoriamente una cuarentena local de quince días. Sin embargo, el gobierno peruano no implementó políticas que respondan a las diferentes demandas en la atención de salud, ni tomó en cuenta las diversas realidades vividas por la población. Asimismo, la política nacional se enfocó predominantemente en Lima. Tal como sostuvo la entonces Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, en una conferencia de prensa, el gobierno se enfocó primero en las ciudades y después en el área rural. La pandemia expuso a un Estado disfuncional, desconectado de las regiones[5], lo cual se reflejó en la falta de equipos médicos, pruebas, y personal de salud. El sistema neoliberal había incapacitado al Estado peruano para responder ante este tipo de emergencias sanitarias (De Sousa Santos, 2020).

Las consecuencias de esta situación repercutieron con mayor fuerza en los estratos sociales bajos: el sistema de salud público colapsó, mientras las clínicas privadas realizaban cobros excesivos. Varios medios reportaron frecuentes denuncias de pacientes con COVID‑19 atendidos en clínicas privadas que exigían pagos de entre 100,000 (US$ 26 mil) y 700,000 nuevos soles (US$ 182,500). La salud se tornó un negocio privado en constante crecimiento: más de 11,000 clínicas y consultorios privados funcionan sin un organismo público que supervise la calidad de la atención. Ante esta práctica desleal, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció la expropiación de las clínicas si sus representantes no integraban la mesa de negociación de tarifas para la atención de los pacientes COVID‑19, al final de la cual los voceros de las clínicas privadas y el Ministerio de Salud acordaron el cobro de 55,000 soles por tratamiento (US$ 15,000 aproximadamente).

La pandemia cuestionó no solo la gestión pública del Estado peruano en cuanto a salud sino también en el sector laboral, considerando que un gran sector de la población peruana depende de los ingresos ganados en la jornada diaria de trabajo. Así, la coyuntura se caracterizó por el predominio del miedo: la expresión “si el virus no nos mata, nos va a matar el hambre” (Ramos, 2020), era común en aquellas personas que deseaban volver a trabajar como comerciantes ambulantes o bien retornar a sus lugares de origen. Al ser invisibilizados también quedaban excluidos de la formalidad económica, social y política del país. Tal vez por ello, en ciertos casos, el ímpetu por la prevención de la COVID‑19 recurrió al saber popular y la medicina tradicional, en suma, a prácticas alejadas del sistema de la salud pública peruano, como por ejemplo la quema de plantas realizada por pueblos indígenas amazónicos como los shipibo-conibo, con el fin de ahuyentar a la enfermedad. El sistema de salud pública peruano evidenció así toda su ineficiencia, debido a la reducción de inversión pública en dicho sector, medida orientada por las políticas neoliberales implementadas por el Estado peruano.

 

Evento Pandémico en el Altiplano peruano

A medida que el evento pandémico avanzaba, la COVID‑19 se expandió primeramente en Lima, luego en la región amazónica de Loreto, el centro andino y finalmente en el sur del país. El caso de Loreto puede ilustrar una generalidad nacional: la deficiente infraestructura en la prestación de servicios de salud pública fue acompañada por el inadecuado registro de fallecidos por COVID‑19. Hasta el 13 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud reportó 2,169 decesos por COVID‑19 a nivel nacional, identificándose 92 muertes en Loreto, pero se estima que la cifra real era nueve veces mayor (Fraser, 2020). No obstante, las disposiciones gubernamentales se mantuvieron homogéneas pese a la heterogeneidad del país, con experiencias diferentes en los cuerpos y en las sensibilidades colectivas.

Como sugiere Segata (2020a), las experiencias con la COVID‑19 fueron variadas y reflejaron la situación de vulnerabilidad de muchos grupos sociales. En el Perú, las medidas gubernamentales adoptadas reflejaron la centralización del Estado, y la desigualdad social presente en las regiones del interior. Una de estas regiones es el Altiplano,[6] donde el índice de contagios de COVID‑19 se mantenía bajo en comparación a otras regiones del Perú[7]. En Puno y otros pueblos circundantes al Lago Titicaca, la cuarentena dictaminada por el gobierno fue acatada. Sin embargo, la carencia de recursos se manifestaba en la falta de pruebas moleculares y pruebas rápidas, y posteriormente en la falta de oxígeno. Como en otras regiones del país, la vulnerabilidad de la población se manifestó en el acceso desigual a los servicios de salud. Además, la falta de regulación de las clínicas y hospitales privados por parte del Estado, hizo costoso el tratamiento de la COVID‑19. En Puno, por ejemplo, las pruebas rápidas eran realizadas en clínicas privadas, mientras que las personas de bajos recursos y de más de sesenta años esperaban la prueba rápida a través del Programa “Tayta Perú”, impulsado por el Ministerio de Salud, para la protección de personas vulnerables (principalmente mayores de edad o con enfermedades de graves complicaciones).

La población buscaba con impaciencia adquirir mascarillas, guantes, tanques o concentradores de oxígeno y realizarse pruebas rápidas, también se procuró “curas mágicas” que supuestamente acabarían con el virus, como la ivermectina y el dióxido de cloro. En un primer momento, el gobierno usó la ivermectina en algunos pacientes con COVID‑19 en estado inicial, pero no comprobó su eficacia. No obstante, el consumo de estos productos se incrementó entre la población. Las experiencias locales frente a la enfermedad y su curación mostraron que frente a la incertidumbre global sobre el medicamento indicado para contrarrestar el virus y, ante la falta de infraestructura hospitalaria, la automedicación se tornó una opción a la cual gran cantidad de la población se debió aferrar con la idea de poder prevenir el contagio.

A este escenario se deben sumar las diversas informaciones provenientes de los periódicos. Algunas eran noticias alarmantes sobre el número de fallecidos en el país y en el mundo, otras señalaban que el clima del Altiplano (situado a más de 4,000 m s. n. m.) reduciría la propagación de la COVID‑19,[8] en base a supuestas investigaciones científicas. Esta presunta inmunidad del Altiplano peruano fue refutada por la realidad, pues el contagio se irradió violentamente. La falta de infraestructura y de políticas de salud para prevenir el contagio en esta región, ocasionó el alto número de contagiados con COVID‑19, cuyo ápice fue 17,628 casos confirmados en agosto del 2020. No obstante, ese número podría ser mayor debido a la falta de pruebas para detectar el virus.

La COVID‑19 puso en cuestión la estructura económica y política del Perú y evidenció la desigualdad social y la discriminación estructural que pervive desde épocas coloniales. Estos factores históricos han hallado en las políticas neoliberales implementadas en el Perú, un catalizador de desigualdades que el actual evento pandémico ha permitido apreciar con cruda dureza.

 

Conclusiones

El análisis de la pandemia en el Perú y, en particular, en el Altiplano peruano, encierra una complejidad de relaciones, procesos y estructuras propias de su contexto social, las mismas que se han tornado más nítidas desde la declaración de la pandemia por la OMS. La implantación del sistema regulatorio neoliberal en Perú en los años noventa, ha conducido a una desestructuración del sistema político y de las instituciones tutelares del Estado. Ante esto, una gran cantidad de la población migrante ha establecido modos de subsistencia diversos.

Pese a que en los últimos años el Perú había registrado un crecimiento macroeconómico producto de la actividad primaria exportadora, fundamentalmente minera[9], no hubo una planificación estratégica en salud pública. El estado peruano relegó la salud pública, invirtiendo solo el 3.3% del Producto Bruto Interno (PBI) (García Olano, 2019). Desde el inicio de la pandemia, el sistema de salud pública peruano fue insuficiente en la atención a los miles de personas contagiadas con la COVID‑19. Para la población del Altiplano peruano, la situación fue más compleja, ya que el sistema público de salud no tuvo una logística de distribución de equipos ni materiales médicos. Además, el monopolio comercial de las cadenas farmacéuticas elevó los precios de medicamentos básicos, como el paracetamol.   

Las acciones gubernamentales con el propósito de contener la pandemia paralizaron la economía dejando sin empleo a 6,7 millones de personas (aproximadamente, 22% de la población total) en el segundo trimestre del 2020 (La República, 2020), como reportan los datos de Instituto Nacional Estadística e Información. Según el observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el análisis de veinte países a nivel mundial, el Perú es el país de América Latina más golpeado por la pandemia en términos laborales. En suma, las repercusiones de la COVID‑19 en Perú han acentuado las frágiles condiciones socioeconómicas, políticas e institucionales en las cuales se encontraba el Estado peruano cuando entró en escena el evento pandémico.

 

Notas:

[1] El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dio un Mensaje a la Nación, informando que con apoyo militar disolvía el Congreso, reorganizando el Poder Judicial, y se suspendía la Constitución de 1979 con el fin de establecer un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una resolución condenando las acciones de Fujimori, y lo presionó para que reinstalara un regimen de democracia constitucional. Cediendo a las presiones de la OEA, Fujimori aceptó el calendario propuesto por la OEA, y la implementación de una asamblea constituyente conformada por 80 miembros misma que sería elegida en octubre de ese para para reformar la Constitución. Eventualmente, esta fecha fue cambiada al 22 de noviembre. La asamblea tendría no solo poderes constituyentes, sino también legislativos y tomarían efecto en enero de 1993. Este arreglo dejaría a Alberto Fujimori con libertad para gobernar al país como quisiera durante seis meses, hasta que la asamblea asumiera poderes legislativos (McFarland, 2016, pág. 551).

[2] La cuarentena se promulgó el 15 de marzo, haciéndose efectiva por quince días, periodo que fue ampliándose progresivamente hasta el 1 de julio del 2020. Sin embargo, la declaratoria de Estado de Emergencia se mantiene a la fecha de escritura de este artículo.

[3] La precariedad del empleo obedece a una desregulación del mercado laboral, iniciada durante el proceso de ajuste estructural en el Perú (Verdera, 2007). Ello trajo como consecuencia una severa descalificación de los trabajadores, acompañada de una reforma en las relaciones de trabajo que afectó fundamentalmente a la institucionalidad laboral. Estos factores incrementaron velozmente la informalidad laboral durante la primera mitad de la década de 1990, en el primer gobierno de Alberto Fujimori.

[4] Al respecto, véase Gutiérrez (2018), quien analiza el caso de los flujos urbano-rurales y la integración de la comunidad de origen entre migrantes de los andes peruanos que residen en Lima.

[5] Históricamente, Perú ha sido un país eminentemente centralista: un tercio de la población se encuentra en la Lima, así como la mayor parte de las actividades productivas y comerciales. Lima concentra el 86% de la recaudación, el 57% de la actividad industrial, el 62% de la actividad comercial, el 46% de la PEA y el 53% del PBI (Vargas Morales, 2008). Además, de acuerdo a las disposiciones nacionales, el Gobierno Regional y el Gobierno Local son responsables de la conducción de la atención primaria en salud, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 1204-20067/SA.

[6] Se conoce como Altiplano a la región sur andina de la Meseta del Collao. En ella se sitúa la ciudad de Puno y una gran cantidad de pueblos circundantes al Lago Titicaca.

[7] Al 17 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud reportaba un total de 92 273 casos positivos confirmados: 59 712 casos en Lima, 6 685 en Callao, 4 856 en Lambayeque, 3 062 en Piura, 2 696 en Loreto, 2 122 en La Libertad, 2 095 en Ancash, 1 839 en Arequipa, y 220 en Puno.

[8] El diario Gestión difundió una pesquisa de la revista Respiratory Physicology & Neurobiology, la cual señalaba que el clima de altura reduce la propagación de la covid-19. Se indicaba además que dicha investigación se realizó con datos epidemiológicos de la covid-19 en Bolivia, Ecuador y el Tíbet, examinándose además factores medioambientales (Agencia EFE, 2020).  

[9] Aquellos que apoyan la actividad minera consideran que la defensa del medio ambiente y la agricultura se oponen al progreso y al crecimiento económico.

 

Referencias bibliográficas:

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Cómo citar este artículo:

CATACORA SALAS, Eleana Paola; CATACORA VIDANGOS, Edwin, (2022) “El evento pandémico en Perú: COVID‑19, política neoliberal y exclusión social”, Pacarina del Sur [En línea], año 14, núm. 49, julio-diciembre, 2022. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Martes, 16 de Julio de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2074&catid=14