Mario Pavel Díaz Román

Artículo recibido: 12-02-2013; Aprobado: 15-03-2013

Las drogas han acompañado al hombre  por tiempo inmemorial.[i] Las restricciones a su consumo no inician con el ascenso de Ronald Reagan a la Presidencia de los Estados Unidos. En la era moderna, la idea de prohibir el consumo de alteradores de los niveles de conciencia se ubica en la Conferencia del Opio, realizada en Shanghái  en el año de 1909. Con más de 100 años de antigüedad, los programas de combate a la producción, tráfico y consumo de drogas muestran credencial de senectud e inoperatividad crónica. Todo parece indicar que la historia les ha jugado una broma pesada, pues en vez de disminuir el consumo de drogas, éste  ha aumentado y se ha diversificado.

El afán de prohibir lo justifican en la idea de un cuerpo social sano, necesario en el mantenimiento del orden. El Estado liberal ha roto así uno de sus dogmas originarios al  inmiscuirse en la vida privada del ciudadano, intentando regular las sustancias que  él decide ingerir.  Ha creado  un modelo sin sustento alguno en el análisis farmacológico, y aún menos en el de la dimensión cultural de las drogas. Siembra incertidumbre, miedo e ignorancia. En contravía, ha generado un modelo jurídico-policíaco que  se ha convertido en patrón universal  en el tratamiento del tema.

La aplicación de medidas tendientes al combate a las drogas generan posiciones contrapuestas  Entre buenos y malos el problema de las drogas se empantana en debates insulsos. Por el lado de los “buenos” se esgrime el lenguaje del modelo jurídico, que en realidad “no explica, [pero] determina e impone un cierto sentido con pretensiones universales.” (Astorga, 1995, p.10) Del lado de los “malos” se muestra la parafernalia  del enriquecimiento ilícito. La realidad va más allá del esquema dicotómico, es necesario abordar con seriedad y sobre todo superar los preceptos falaces del sentido común.

Los crecientes fondos destinados al combate a la producción y trasiego de psicoactivos ilícitos, el consumo de drogas en aumento y los horrores suscitados por la violencia asociada al tráfico de drogas  han sido constantes en América Latina en los últimos cuarenta años.

En un inicio la política antidrogas y sus efectos  se concentraron en México (operación Condor para los estados productores de opiáceos), Colombia (operación fulminante) y Jamaica (operación Bucanero); en la década de los 80´s y hasta la primera mitad de los 90´s se ubicaron en los países andinos (Perú, Bolivia y Colombia) resaltando el caso colombiano, y a inicios de milenio y con cambios en el balance del conflicto colombiano y modificaciones en el mercado de drogas  la violencia se exacerbó en México y Centro América.

La política antidrogas se ha mantenido constante (con ligeras variaciones en su enfoque), sin embargo parece que antes de ser efectiva ésta solamente ha desplazado  las regiones de  atención “prioritarias”.

En el presente artículo trataré de mostrar el anterior supuesto. En primer lugar presento una crítica al concepto de droga al tiempo que realizo un breve recorrido histórico por el control de las mismas. Posteriormente muestro los supuestos bajo los cuales funciona la política antidrogas, acto seguido centro mi atención en el caso de la cocaína, el psicoactivo ilícito arquetípico de la región andina. Analizo las tendencias en producción, tráfico y consumo del alcaloide andino en los últimos 40 años.

 

Precisiones básicas

La precisión en el lenguaje es lo primero. Saber diferenciarse  de un lenguaje no consciente de sí mismo, donde las palabras son polivalentes, y por ende ambiguas, se impone  como primer objetivo, pues “utilizar una palabra en vez de otra tiene importancia, y equivocar (esto es, usar impropiamente) un cierto término equivale a equivocar el concepto. Un médico que erra en un nombre, erra en la enfermedad; y si erra en la enfermedad no cura, y a acaso empeorara al enfermo. Cuando se exhorta a ser precisos y ajustados en el  uso del vocabulario, no es meramente por prurito de pulcritud: es adiestrar en el pensar. (Sartori, 2006, p.27)

De este modo, creo que un ensayo o estudio que verse sobre el “narcotráfico” no puede eludir una toma de postura teórica frente al concepto de droga. Tal concepto no puede ser tomado a la ligera, ya que se ubica en un espacio conceptual en disputa entre las ciencias duras y las ciencias sociales, aunque últimamente algunas disciplinas humanísticas han dicho también lo suyo, como la historia y la filosofía.

Así mismo, no sólo se requiere resignificar el concepto  de droga, sino a su vez el de “narcotráfico”  y toda la  serie de términos  que le circundan, pues si de algo se está seguro es de su infausta  capacidad de convertir todo lo que toca en una extensión de sí.  El rey Midas contemporáneo se yergue ante nosotros   tal cual  humedad en  casona abandonada, permea todos y cada uno de los rincones del espacio social que le rodea.

Ante el maremagnum de posturas he decidido apoyarme  en la problematización gnoseológica que propone la jurista venezolana Rosa del Olmo, la cual toma cierta distancia frente a las cargas ideológicas legadas por el estigma acuñado por el reaganismo, así como frente al discurso médico: 

Generalmente, cuando se discute el tema, se hace una asociación inmediata con sustancias capaces de alterar la condición psíquica del hombre e  incluso física de los seres humanos. Pero no todas las sustancias con esas cualidades son clasificadas de este modo. Se requiere otra condición adicional  para calificarlas como drogas: su ilegalidad. Además, por pertenecer al campo de lo incontrolable, frecuentemente desconocido y misterioso, son objeto de miedos irracionales (Del Olmo, 1989)

Rosa del Olmo eslabona tres particularidades, sabe de la fuerza vinculante entre ellas: sustancia alteradora de la psique, ilegalidad y suscitar emociones fuertes (miedos, efuoria?). No obstante su condición de especialista en derecho penal no cae en la tentación de sobrevalorar el atributo de su ilegalidad situándolo en ese campo unitario que es el ordenamiento jurídico. Según Antonio Escotado, historiador español y autor de la más importante historia de las drogas en el mundo, prevalece en la construcción de sentido de tal término, el saber médico occidental, remitiéndonos a sus matrices premodernas de significación:

Seguimos entendiendo lo que hace milenios pensaban Hipócrates y Galeno-sobre las drogas-, padres de la medicina científica: una sustancia que en vez de << ser vencida>> por el cuerpo  (y asimilada como simple nutrición) es capaz de <<vencerle>>, provocando- en dosis ridículamente pequeñas si se compara con los alimentos- grandes cambios orgánicos, anímicos o de ambos tipos. (Escohotado, 2005, p. 9)

No nos extrañe entonces que en fechas recientes, la organización mundial de la salud (OMS), persista en preservar la misma direccionalidad de sentido que orientaron las reflexiones de Hipócrates y Galeno al decir que:

Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. (Página de la OMS, consultada 01/06/09)

El concepto de droga, según la OMS,  con  una lógica argumental renovada y moderna, nos muestra el carácter más general de su impacto particular en el cuerpo humano: la alteración del sistema nervioso central. No indica las especificidades, es decir el efecto particular causado según la sustancia ingerida, si esta legal o no, o en su defecto si debe considerarse como blanda o dura. Olvida tomar en cuenta su dimensión cultural. Por otra parte, la definición de droga –según la OMS- abarca todos y cada uno de los medicamentos que podemos encontrar hoy en día en un establecimiento farmacéutico común y corriente[ii], además de los que podríamos encontrar en una simple tienda de abarrotes  (té, café y cigarros). Esta construcción polisémica de las drogas es curiosa, toda vez que procede del saber médico occidental, tan deudor de las concepciones monistas y univocas de la modernidad.[iii]

Como podemos ver, el término de droga es sumamente difuso, pues mientras revisamos diccionarios de medicina y farmacología encontramos una acepción cristalina del término.[iv] Ahora bien,   si  nos remitiéramos a la opinión del hombre común, el termino de droga cambiaría de sentido, pues “en nuestros días la palabra droga ha adquirido otra connotación  que figura en el amplío  horizonte ideológico-social del  mundo como un nuevo fenómeno  económico, político y cultural” (Santana, p.33)

¿Cuál ha sido el curso que nos ha llevado a identificar “droga” con ilegalidad? ¿Cuáles han sido sus implicaciones y sobre todo que representa para América Latina?

En primer lugar se debe considerar que la ingesta de drogas “no es un asunto nuevo, es una práctica universal, en el tiempo y el espacio. Cada sociedad ha tenido  y tienes su (o sus) sustancia(s) psicoactiva(s) y un conjunto de códigos rituales que regulan su consumo y le dan su propio significado.” (Del Olmo, p. 114) Por ende, el consumo de drogas ha sido una constante en la historia de la humanidad y este no siempre ha sido penado o estigmatizado,  aunque si restringido a ciertas ocasiones  o a ciertos grupos sociales.

A partir del siglo XX y de manera gradual y ascendente se asocia  droga con criminalidad al tiempo que  se identifica con las sustancias alteradoras de los niveles conciencia, en específico con las que se han declarado ilegales. Habían quedado atrás los tiempos en que la cocaína como pomada femenina estimulante de la firma española Parera, publicitase su aplicación durante los eventos sociales dancísticos. En los salones de baile mexicanos de principios del siglo XX, la cocaína no suscitaba estigmas sobre las damas. Tampoco años más tarde nadie se escandalizaba de cantar “La cucaracha”, omitiendo la positividad de su demanda de marihuana. (No fue diferente el curso prohibicionista seguido en otros países de la región)

Haciendo una  rápida revisión de literatura especializada en el tema, podemos ubicar un punto base  que identifica la restricción del consumo de psicoactivos en la era moderna, este es el año de 1909.  En este año, se realizó  una conferencia internacional (convocada por los Estados Unidos) conocida como la Comisión del Opio, en la ciudad de Shangai (China)  con la intención  de analizar y  resolver el tráfico de opio a nivel mundial y en particular hacia  China. La convención no tuvo los efectos esperados en cuanto a la regulación de opiáceos, sin embargo inaugura, en el mundo moderno, la idea de prohibir el consumo de drogas.

La idea prohibir  el consumo de drogas  encontrará terreno fértil en los Estados Unidos. En 1914 se decreta la Ley Harrison [Harrison Narcotics  Act] que prohíbe   los opiáceos y la cocaína, sentando, de esta manera, una imprecisión en el lenguaje que define a la cocaína como un narcótico, siendo que esta última, en términos farmacológicos,  se cataloga como estimulante. En 1937  se decreta la Marihuan Tax Act que prohíbe la ingesta de marihuana.

En una sociedad formada por migrantes, tanto la Harrison Narcotics  Act como la  Marihuan Tax Act expresan, más que una preocupación por la salud pública de los ciudadanos, “el miedo a la competencia económica.” (Del Olmo). De este modo, se asoció grupos raciales marginales con una droga en partícular;   a los chinos  con el opio, a los mexicanos con la marihuana y a los negros con la cocaína. No obstante, dichas leyes “fueron los principales antecedentes que crearon las bases para la definición  del opio, la coca y el cáñamo y sus diferentes derivados como drogas ilícitas.” (Ibíd.)

La prohibición en el consumo de drogas- su ilegalización-, en Estados Unidos, cobra efecto a nivel mundial con la Convención Única de Estupefacientes de 1961, celebrada en Nueva  York. En esta se incluirá, por primera vez a nivel internacional, bajo el término de estupefacientes (narcotics, en inglés) a la hoja de coca -por ende a la cocaína-, y a la planta de mariguana. Farmacológicamente, ninguna de estas reúne los atributos del opio y sus derivados que sí son estupefacientes. Pero la heroína era percibida como “la droga arquetípica de la adicción y es alrededor de ella  que se han formado las actitudes respecto a la droga”  (Ibíd., Citando a Laurie P., p. 19)

La aplicación de estas leyes  marcan “una transición desde un sistema de producción de drogas que estaba regulado en gran parte por empresas legalmente establecidas y por los gobiernos bajo cuya jurisdicción  se encontraban aquellas, hasta el ascenso de operaciones totalmente  ilegales.” (Courtwright, p.149, Cursivas mías.)

Bajo el nuevo marco jurídico, se dejará atrás  ·el modelo médico, “que percibía el abuso de la droga como un mal curable, y la entrada en un modelo de prohibiciones que consideraba el abuso como un problema social y, por tanto potencialmente punible.” (Ibíd.p. 130)         

Este  esquema judicial  castiga tanto a quien produce como a quien consume, sin diferenciar  que aquellos que  consumen lo hacen en un sentido  lúdico y de autoconocimiento, mientras quien trafica lo hace con la intención de acceder  a ganancias  en corto tiempo. Para el caso de la coca/cocaína, homologa el consumo tradicional de hoja de coca con el consumo de cocaína- como si el efecto fuese el mismo- así como también productores con sicarios y sicarios con magnates de la droga, no así  productores  y sicarios con aquellos grandes banqueros encargados de lavar ganancias provenientes de la droga.

Ilegalizar un producto no significa, solamente,  estar imposibilitado al acceso del producto por   canales legales de distribución. Con la declaración única de Estupefacientes de 1961 se cierra toda vía de acceso legal  a drogas psicoactivas. Sin embargo, se dejaran rescoldos leguleyos por medio de  los cuales sea legal aprovisionar  derivados  de la hoja de coca y  de  flor de   amapola a los grandes complejos farmacéuticos  y de la industria de los alimentos de los países del norte. En los Estados Unidos se permitirá la operación de los laboratorios Mainwood, New Jersey, encargados importar hoja de coca de Perú y Bolivia, así como también de los laboratorios Mallinckrodt, Saint Louis, encargados de producir cocaína de uso medicinal.

La ilegalidad de las drogas psicoactivas dificulta aún más el problema de la toxicomanía. Al ser declarada como ilegal, la cocaína perderá todo control de calidad farmacológico,  esta será producida  en rudimentarios laboratorios (popularmente llamados cocinas) donde no existe regulación alguna más que el juicio empírico del productor. En 1978, con un inaugurado discurso belicista, la administración norteamericana financia la fumigación de  campos de mariguana, al Norte de México, con un químico llamado paraquat. Cuando la mariguana fumigada llegó a las manos de los consumidores, estos registraron severos daños en vías respiratorias.  En síntesis, el carácter ilegal de las drogas   crea un producto  identificado por su alto grado de toxicidad, pues estos no están regulados.

Con la prohibición en la producción de opiáceos, la ciencia médica recurre  a sustitutos altamente adictivos. Las benzodiacepinas[v]  se derivan del petróleo, del residual de refinación, “son el alquitrán vendido a precio de platino en nuestro tiempo, pues cubren a nivel planetario  el vacío abierto  por la ilegalización  de opiáceos,  y por las restricciones al consumo de barbitúricos.” (Escohotado, 2002, p. 1031) Ostentando ser un medicamento seguro, sin generación de dependencia, las benzodiacepinas se fueron abriendo mercado; hoy en día existe  un ejército de adictos  que para librar sus noches recurren religiosamente al fármaco. 

Por otra parte, la adquisición del alcaloide sólo será posible si se recurre a los canales de distribución ilegal, donde el ejercicio de la violencia será el pan nuestro de cada día. El carácter ilegal constituye una exposición al riesgo al consumidor, tanto por su ausencia en controles de calidad como por su exposición a medios violentos. El carácter ilegal de las drogas imprime  el rasgo dinámico al mercado internacional de las drogas.

Ahora bien, la gestación de un régimen internacional de control de drogas fue acompañada de campañas antidrogas (mal conocidas como antinarcóticos) lideradas por los Estados Unidos.[vi] Para nuestra región el curso punitivo bajo exigencia norteamericana es inaugurado por el Presidente Nixon al lanzar – en 1969- la famosa operación intercept contra la marihuana procedente de México. Desde ese momento, cada presidente de Estados Unidos ha peleado en esta guerra – contra las drogas- involucrando, de una forma u otra, a presidentes de otros países, porque desde 1969 la constante ha sido la de asumir  que la principal estrategia para reducir el consumo  de drogas en Estados Unidos es eliminar la oferta  en la fuente de producción en el exterior” (Del Olmo, p. 133)

Para los años 80, la guerra contra drogas cobró aún mayor importancia y se consolidó al formar parte importante (en algunos casos el rasgo definitorio) en la relación entre los países de América Latina y el hegemón. Una explicación a ello buscaría respuesta en  el incremento en el consumo de psicoactivos, la diversificación del mismo (formación de politoxicómana),  la  aparición de nuevas drogas (crack y  drogas de diseño),  el incremento de la violencia relacionada al consumo de drogas y sobre todo a la paulatina pacificación de Centro América, la disminución de organizaciones político militares de izquierda y en general  la pérdida del poder de negociación de las izquierdas: se necesitaba un nuevo enemigo.

 Los Estados Unidos reaccionaron implementando una política centrada en identificar  y castigar  culpables. La culpa recaerá sobre los pequeños productores de los flamantes cultivos ilícitos, responsabilizándolos de los altos niveles de drogadicción en los Estados Unidos.

 El argumento las acciones de la administración norteamericana se ubicó en el combate a las drogas en su fuente de producción. Ello orientó a la aplicación  de un sistema de erradicación de cultivos e interdicción de psicoactivos basado en la presunción de que

              Al reducirse la oferta, el tráfico de drogas se hará más peligroso y costoso, lo cuál a su vez producirá una disminución en la producción, aumentando los precios  y actuando como factor de disuasión  para la compra  y consumo de drogas  por parte de los Estados Unidos. (Youngers Coletta, p. 15)

En suma, los Estados Unidos  crearon un modelo al combate a las drogas basado  en los siguientes términos operativos: erradicación, interdicción, extradición, certificación e intervención. La gestación y aplicación de los mencionados términos tendrá lugar a  lo largo de los años 80. No fueron todos postulados  de un solo golpe, sino de manera progresiva. Por  tanto presentaremos el recorrido de la política antidrogas norteamericana  que va desde 1982, cuando se decreta  la erradicación de cultivos, a 1989 año en que se invade   Panamá.

Un primer momento es el año de 1982, un año después de la llegada de Ronald Reagan al poder. En el curso de éste  se le asigna una  prioridad  inusitada a la cruzada contra las drogas. Esta fue posible gracias a  la “utilización  de la televisión nacional, para dramatizar su proclama – de guerra contra las drogas-  y la subsiguiente movilización  de altos flujos de recursos federales, de parte de su administración” (Del Olmo, 1994)

En 1984 se lanza el programa <<Estrategia nacional para la prevención del abuso y tráfico de drogas>> con el objetivo de cortar (interdicción) el flujo a la cocaína, pues “se esperaba,  de esta manera, reducir la cantidad de drogas que entran en E.U.  Además  se creía que era menos costoso y riesgoso que atacar otras etapas en la cadena de distribución” (Ibid)

A  nuestro parecer,  los años de 1985 y 1986   consolidan la política antidrogas de los Estados Unidos. En 1985 se publicó  un informe  sobre la criminalidad organizada y el tráfico de cocaína donde  se exhibe  la relación drogas- insurgencia. En ese mismo año se inicia la aplicación de la guerra de baja intensidad, en Centroamérica, como forma de combate no convencional. Ya para 1986 se da vida a la figura legal  de la <<certificación>>, basada en “el propio criterio del gobierno estadounidense que determina quien a su juicio ha cooperado o desarrollado las medidas pertinentes para reducir  la producción  y flujo de drogas.” (Santana, 202) De  no ser certificado el país  se exige al presidente de los Estados Unidos que “retenga al comienzo de cada año fiscal  el 50% de la ayuda externa asignada a un país determinado hasta que certifique  que este país  está cumpliendo con los compromisos  adquiridos en Estados Unidos.” (Del Omo, 1994)

En 1988 se declara al tráfico de drogas como un problema de seguridad .Un año más tarde,  el Ejército norteamericano  invade Panamá so pretexto de capturar al general Noriega, viejo aliado de los  Estados Unidos en Centroamérica. El dictador Panameño fue  capturado, procesado y extraditado  bajo acusaciones relacionadas al tráfico de drogas. En el año de 1989 se muestra, sin tapujos, la agresividad de la política antidrogas norteamericana.

Como se puede apreciar, el diagnóstico presentado por los Estados Unidos es errado y tendencioso. Por otra parte,

“no se menciona ni una palabra acerca de la distribución de las drogas y la comercialización doméstica  norteamericana , ni acerca de los actores en el mercado de la droga que se desarrolla dentro de los Estados Unidos y produce uno de los más grandes beneficios en el negocio, ni acerca de las fuerzas económica, las cuales encuentran una salida en los dólares de la droga.” (Del Olmo, 1994)

Con la consolidación de la política antidrogas se fortaleció un modelo centrado en la contención  de la oferta de drogas en los países productores de drogas. Bajo ese razonamiento, los esfuerzos en la contención al consumo se ubicaron no en campañas sanitaria que inhibieran el consumo en los mercados potenciales ni en programas de desarrollo social en barrios de alta marginación, en oposición se financiaron campañas de erradicación de cultivos e interdicción de psicoactivos.

En términos generales la política antidrogas aplicada para América Latina  tiene dos ejes básicos y un objetivo en común. Para las drogas vegetales y semivegetales (coca/cocaína, derivados de la amapola y mariguana) producidas en la región se instrumentan programa de erradicación de cultivos vía aspersión aérea y erradicación manual; en el caso de las drogas sintéticas se presenta la destrucción de centros de procesamiento (laboratorios o cocinas), no obstante este tipo de sustancias, a pesar de su alto consumo en los principales mercados, tiene poco peso a  nivel regional, a excepción de México. Una vez producidas, o en el proceso previo de transformación, se aplica la incautación o interdicción de sustancias ilícitas vía la instauración de retenes, fijos o móviles, puestos de revisión en puntos estratégicos (puertos, fronteras, etc.) con la intención de cortar el flujo de drogas y precursores. El objetivo común  es evitar que las drogas lleguen a los mercados meta.

La política antidrogas antes descrita se sustenta en el financiamiento de programas extensivos, tanto en erradicación e incautación según el país, vía fondos canalizados por los propios países y por la transferencia de recursos norteamericanos. Se supone que a mayor financiamiento correspondería una política antidrogas más agresiva  que se reflejaría en la contención del consumo de drogas, pues producir y traficar drogas  sería, en términos teóricos, mucho más caro y el producto final se cotizaría a un precio mayor y su pureza sería menor.

Gráfica 1. Fuente: Washington Office on Latin America.

En términos prácticos (y restringiendo nuestra observación hasta 2003 y para el caso de la cocaína y heroína) la política antidrogas se comporta de un modo muy distinto al supuesto por las autoridades. En la gráfica 1 se puede apreciar una relación entre el gasto norteamericano en su esfuerzo prohibicionista y el precio de  la cocaína y la heroína y en una cota temporal de poco más de 20 años (1981-2003). Según los datos expuestos  se constata un incremento sustantivos en el financiamiento al control de psicoativos ilícitos hasta llegar a un tope de $4,000 millones de dólares, en contravía se observa un descenso en los precios de la cocaína y heroína en el período definido.

A pesar de la contundencia de las cifras éstas pueden parecer ambiguas si no se les contextualiza.

Se debe tomar en cuenta el uso político de las cifras (en el siguiente parágrafo discutiremos a detalle).  Los fracasos en materia antidrogas pueden tener una lectura dual. Desde los países consumidores se atribuye la responsabilidad al incremento a la producción, a la colusión entre traficantes y gobiernos, y un largo etcétera  que ubica culpables en los países productores, todo esto “para no señalar  a la nariz, las venas y la boca de sus votantes” (Kirk, p. 19). En las naciones productoras se argumenta  que las drogas tiene por origen la demanda de las mismas en países metropolitanos. Para ellos un problema externo, para nosotros también: un juego suma cero. Cada uno de los anteriores  argumentos “son políticamente muy útiles pero evaden análisis más profundos que permitan comprender las causas subyacentes y reales del desarrollo de la industria ilegal  y del consumo de drogas en ambos países” (Thoumi, 2007, p.168)

Es necesario conocer las dinámicas regionales en producción, tráfico y consumo de drogas para, de algún modo y limitado por las fuentes, superar este “juego suma cero”. Por tanto y acorde al objetivo central de la presente publicación, expondremos en el siguiente apartado, un análisis de las principales tendencias en producción, tráfico y consumo de drogas para las siguientes sustancias: coca/cocaína, derivados de la amapola, mariguana y metanfetaminas. De tal modo que podamos obtener una imagen un poco más clara de los aspectos mutantes e inmanentes que ha propiciado  la aplicación de la política antidrogas a nivel regional.

 

Drogas sin fronteras: cambios y continuidades

La prohibición de drogas ilegalizo sustancias de uso cotidiano, ritual, de la farmacopea, lúdico y económico a nivel global. Para América Latina resalta el caso de la hoja de coca por su vinculación con la cosmogonía del hombre andino, sin embargo en la región se producen, trafican y consumen productos, no necesariamente oriundos, declarados ilegales que han sabido adaptarse a nuestro entorno;  entre ellos destacan la mariguana, la amapola y la metanfetaminas.  En el presente análisis considero a la coca/cocaína  por ser la droga arquetípica de la región andina y por el continúo intento en prohibirle, además de ser una de las drogas de mayor consumo en los Estados Unidos y de ingesta ascendente para  nuestra región.

Del alacaloide andino analizo la producción, tráfico y consumo de drogas.[vii] Para ello hago uso de bibliografía especializada, retomo la publicación del Informe Mundial sobre Drogas (IMD) de la ONU – la única fuente parcialmente confiable, el único seguimiento sistemático a nivel global- y, en algunos casos, recurro a prensa.

 

Coca/ cocaína

El arbusto de coca ha acompañado al hombre andino por tiempo inmemorial.[viii] Según Ruggiero Romano, forma parte de su cosmovisión pues:

Del nacimiento, pasando por la iniciación, la edad adulta, el noviazgo y el matrimonio, la muerte, la coca lo acompaña toda la vida del hombre: interviene en los viajes, en la estipulación de contratos, en la marca de las reses, en la pesca y en la caza, en los trabajos agrícolas, en todos los momentos de la vida cotidiana y en sus aspectos- se puede decir- civiles. Además, las hojas de coca contribuyen a la formación espacio-temporal de la visión del mundo y, al mismo tiempo, permiten la comunicación con los antepasados, lo antiguos. (Romano, p. 348)

Cabe resaltar que la apreciación de Romano se refiere a la coca, en ningún momento utiliza la palabra cocaína. La cocaína no es más que uno de los 14 alcaloides contenidos en la hoja. En 1860 el alcaloide fue sintetizado por Michel Niemman y rápidamente fue suministrado como “alimento para los nervios y forma inofensiva de curar la tristeza.” (Escohotado, 2005, p. 92) A finales del siglo XIX y principios del siglo XX- primer boom de la cocaína[ix]- inició la asociación coca/ cocaína siendo que son dos productos completamente distintos: uno de uso cotidiano/ritual, el otro una mercancía.

La consolidación del régimen prohibicionista igualó las formas de consumo tradicional en los andes (la forma más extendida es el mascado de hoja) con los grandes traficantes. Esto llevo a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 a tipificar  la   hoja de coca como  estupefaciente sujeto a fiscalización internacional, y dictaminó que la masticación de hoja de coca debe quedar prohibida dentro de los 25 años siguientes a su entrada en vigor.

El segundo boom de la cocaína inicia a finales de la década de los 60´s del siglo pasado y hasta 1988 – su punto álgido-. Para conocer la tendencias en producción de  finales de las década del 60  a 2010 analicemos las tablas I.

Antes de comenzar debo indicar una reserva. Las tablas I y II muestran información referente a estimaciones en materia de extensión en cultivos de hoja de coca y producción potencial de clohidrato de cocaína[x], respectivamente, entre 1990 y 2010. La extensión de cultivos se determinó con base a mediciones realizadas vía satelital. A pesar de que la información de la tabla no incluye la primera fase del segundo boom de la cocaína, sí cuento con bibliografía que me permite hablar de ello, veamos pues que sucede.

Entre los 70´s y el primer lustro de la década de los 90´s existió una marcada división del trabajo al interior del mundo de las drogas. Por esos años la producción de hoja de coca se limitó a Perú y Bolivia. En el primer caso la zonas de colonización dirigida decretadas durante la dictadura de Velasco Alvarado,(en especial el Alto Huallaga) fueron objeto de un cultivo extensivo de hoja de coca; mismas que durante la década de los 80´s registraron una fuerte presencia de Sendero Luminoso (brazo armado del Partido Comunista del Perú), organización que entabló acuerdos tácticos con productores de hoja a cambio de  una pequeña aportación, en respuesta  Sendero  defendió el precio de la hoja frente a intermediarios locales  y garantizó el cultivo ante el accionar represivo del Estado. En el caso  Boliviano los cocales se extendieron en el Chaparé y Yungas.

 

Entre los 70´s y el primer lustro de la década de los 90´s existió una marcada división del trabajo al interior del mundo de las drogas. Por esos años la producción de hoja de coca se limitó a Perú y Bolivia. En el primer caso la zonas de colonización dirigida decretadas durante la dictadura de Velasco Alvarado,(en especial el Alto Huallaga) fueron objeto de un cultivo extensivo de hoja de coca; mismas que durante la década de los 80´s registraron una fuerte presencia de Sendero Luminoso (brazo armado del Partido Comunista del Perú), organización que entabló acuerdos tácticos con productores de hoja a cambio de  una pequeña aportación, en respuesta  Sendero  defendió el precio de la hoja frente a intermediarios locales  y garantizó el cultivo ante el accionar represivo del Estado. En el caso  Boliviano los cocales se extendieron en el Chaparé y Yungas.

La hoja producida era transformada en pbc y comprada por un intermediario colombiano[xi] popularmente conocido como colocho. El término colocho:

In the drug world implies more than being  a Colombian National; it refers  to a person  who has either com from or by way of Colombia and is connected to the international  underworld  through  that country. The colochos  play an important  role in unifying  the Latin American cocaine network with the international  drug markets where many mayor distribution networks  are controlled by Colombians. (Morales, p.87)

La pbc adquirida por el intemediario (generalmente pertenecientes a las poderosas organizaciones de Calí y Medellin) era transportada  en avioneta hasta los departamentos fronterizos Colombianos, especialmente Amazonia. Una vez en suelo colombiano la pasta base  se refinaba en rudimentarios laboratorios, comúnmente llamados cocinas,  donde se obtenía por producto final: clorhidrato de cocaína. El mapeo de laboratorios de los años ochenta indica una concentración en los departamentos de  Antioquia, Córdoba y Magdalena, además de los establecidos en  la rivera del Ariari y en la frontera con el Perú. En un primer momento, el calado de laboratorios fue descomunal, como lo atestigua  el laboratorio de Tranqilandia  desmantelado  por la Policía Nacional el 10 de marzo de 1984. En total se incautaron 13,8 toneladas de producto refinado. Posterior al golpe de Tranquilandia, los laboratorios redujeron sus dimensiones y eficientaron su proceso productivo.

La cocaína salida de las cocinas colombianas se destacó por su alto grado de pureza. Ésta oscila entre un 90 y 100 %, e incluso se ha llegado a documentar cocaína con  un 101 % grado de pureza, “es decir, por cada kilo de pasta básica saco un kilo  y diez gramos” (Molano, p. 46) de cocaína. Las cocinas peruanas no sacaban un producto de más 70% de pureza pues “no sabían oxidar la mercancía para sacarle impurezas. Cuajaban con queroseno  y esa melcocha no se deja trabajar bien.” (Ibíd., p.47) Cuando la cocaína arriba  a su destino final esta no llega con su 101% de pureza, en el tránsito es diluda.

Una vez obtenido el producto final, clorhidrato de cocaína, éste se podía transportar hacia el mercado consumidor.

Esta tendencia se reforzó por los altos rendimientos de la droga y sobre todo por la creciente demanda de cocaína; entre 1983 a 1988, la ingesta del alcaloide  aumentó  de manera significativa  de 31.0 toneladas  métricas de  hcl de cocaína en 1982, a 72.3 en 1985.” (Balnken, p. 60)

Las posibles causas en el aumento al consumo de cocaína pueden ser las siguientes. En primer lugar, desde 1983 se registra un desplome de los precios internacionales del producto. En segundo lugar, se registró una diversificación del consumo de cocaína, ésta ya no sólo se esnifaba, sino que también se inyectaba y se fumaba. La aparición del crack “no sólo facilitó la práctica altamente peligrosa de fumar cocaína, sino que además aumentó la disponibilidad y asequibilidad de esta droga, por lo que nuevas poblaciones  de usuarios comenzaron  a involucrarse en el consumo de cocaína,” (Ibíd., p. 56) que ya se vendía en dosis sencillas y sobre todo a un precio irrisorio en comparación a los precios de  la cocaína de finales de los setentas e inicios de los ochentas. El consumo de crack no sólo se dio en los países del norte, en los países  productores se fue creando un importante  número de adictos al bazuko, punto o piedra.[xii]

Ahora bien, en el período examinado el arribo del alcaloide al mercado meta realizó por diversas vías. En un inicio se surtió vía vuelos comerciales donde la droga era transportada  en maletas de doble fondo, sin embargo con el paso del tiempo los dobles fondos se fueron haciendo cada vez más endebles a los ojos de agentes aduanales. Las maletas de doble fondo fueron sustituidas, literalmente, por maletas humanas popularmente conocidas como mulitas.[xiii]

Aparte de los correos humanos se ensayaron otras formas de traficar clorhidrato de cocaína. Las  primeras rutas de tráfico de cocaína se organizaron en base a los conocimientos adquiridos con la bonanza marimbera.[xiv] El perico[xv] se trasportaba en “barco[s] madre que llevaban la carga  por gran parte del trayecto, luego lo descargaban a botes pequeños  y mucho más rápidos  que la llevan hasta su etapa final en Estados Unidos, especialmente a las costas de Florida.” (Rensselaer, p. 153)

Con el paso del tiempo, el tráfico de coca se fue haciendo cada vez novedoso, y sobre todo cada vez se exportaba mayor cantidad de producto.  A mi parecer, se pueden distinguir dos formas generales de trasiego del producto:   el transporte de cocaína en bruto, y  el transporte de la  mismo encubierto en distinto tipo de productos.

El transporte de cocaína encubierto en productos fue de gran escala. Con empresas fachada con asiento en Colombia y el extranjero se organizó el tráfico de alcaloide. Un ejemplo de esto fue el trasiego por medio de bagres en el Guaviare donde “los pescados salían congelados con cinco y hasta diez kilos de coca en sus vientres. Había dos empresas aéreas para transportar  el pescado. La policía le cobraba a una y el ejército a otra.” (Molano pp.158-159). En Los nuevos jinetes de la cocaína,  el periodista colombiano Fabio Castillo muestra con detalle la exportación de clorhidrato en base a empresas fantasma. Según el, la organización traficante de Calí exportaba droga a Europa vía Venezuela, donde  era introducida  en postes de cemento rellenos de perico. Así mismo, muestra la introducción de cocaína a Europa vía sociedades de exportación de vegetales, café  y figurillas de porcelana.[xvi]

El tráfico de cocaína en bruto se llevó a cabo, principalmente, por la Costa atlántica Colombiana.  Los cargamentos partían de los departamentos colindantes  al mar Caribe, el cual   era  cruzado  en  veloces avionetas  que hacían escala en Bahamas (Cayos norman, propiedad de Carlos Lehder) donde  se arrojaban sacos  llenos de cocaína al mar que eran recibidos por pequeñas embarcaciones de alta velocidad. Estas últimas  transportaban la droga a puerto seguro en los Estados Unidos.

 A la técnica de arrojar sacos de cocaína sobre el mar se le conoce como bombardeo. Ésta  se descubrió:

Hacia finales  de 1981 [cuando] las autoridades de los Estados Unidos interceptaron  unos de los aviones de Mermelstein – piloto de la organización de Medellín- en un viaje de drogas cuando  ingresaba al espacio aéreo de los Estados Unidos.  Después de una persecución de varias horas durante la cual los pilotos lograron lanzar la carga incriminatoria en el Golfo de México, los agentes de la Fuerza Aérea y de la Aduna obligaron al avión a aterrizar en Tampa. Como el avión no contenía drogas, eventualmente los pilotos quedaron libres. (Kenney, p. 54)

La cocaína que llegaba a los Estados Unidos  era distribuida por  colombianos.  Las organizaciones traficantes de drogas colombianas lograron un empoderamiento basado en el establecimiento previo de redes de migrantes, principalmente antioqueños, encargadas de distribuir el producto al por mayor, y  de un ejercicio sistemático de la violencia contra organizaciones rivales. A punta de balazo, marielitos  y haitianos fueron desplazados de los canales de distribución de  drogas por los nuevos dueños del negocio redondo, los colombianos.

Las redes de importación y distribución  de drogas se fueron consolidando conforme el tiempo. Éstas iniciaron operaciones a mitad de los años setenta. En este proceso parecieron haber intervenido decisivamente traficantes como: Benjamín Herrera Zuleta, quien empezó a distribuir  cocaína  en Miami a partir de los años 70. Posteriormente  se irían imponiendo los traficantes de los años 80 como los hermanos Ochoa y los Rodríguez  Orejuela, traficantes de la organización de Calí.

En materia antidrogas, se  aplicaron feroces campañas en contra de productores y traficantes.

En 1986 se realizó la operación Blast Furnance  en 1986. En ésta operación el Comando Sur del ejército norteamericano apoyó con 160 hombres  y 6 helicópteros Black Hawk la toma del Beni boliviano por parte de la DEA (Agencia antidrogas, Estados Unidos). Así mismo, en el Perú se aplicó la operación Snow Cap. Por esos mismo años se trató de clausurar la ruta caribe con patrullas de intercepción marítima y aérea.

A inicios de la década de los 90 se implementó la Iniciativa Andina, “un cambio político concentrado  en la producción de cocaína  en los países de cultivo de coca [...] con un total de 231,6 millones de dólares de los cuales sólo 48,6 millones no  se destinaron  a la asistencia militar y policial.” (Issacson, pp.39-40) Bajo el auspicio de la Iniciativa se militarizó de facto la lucha contra las drogas.

Ahora bien, para las tendencias en producción, tráfico y consumo entre 1990 y el 2010 si contamos con información estadística que me permite afinar mi observación. Para facilitar la exposición y resaltar las principales características del período considero pertinente realizar un corte y exponer las tendencias por década, es decir 1990-2000 y 2000-2010.

En materia de producción de hoja de coca en la primera temporalidad muestra una tendencia cambiante, según los datos de la tabla I.

Se aprecia en descenso sostenido en cultivos de hoja de coca en Bolivia. Para el caso peruano la situación es distinta; hasta el año de 1997 se mantenía como el principal productor a nivel regional, y por ende mundial, teniendo su máximo en 1992 (129,100 ha.). Para Colombia se aprecia la situación inversa, pues a  partir de 1997 (79,400 ha) esta se posiciona como principal productor a nivel regional superando con creces el máximo peruano en 1999 (160,100 ha.) El cambio en los cultivos se puede explicar tanto por factores a nivel andino como por las modificaciones en Colombia.

La política antidrogas aplicada a partir de la Iniciativa Andina no sólo muestran la militarización de facto de la misma, sino en esfuerzo en común de los países de la región (bajo la presión del  prohibicionismo norteamericano) que actuaron de manera – parcialmente- coordinada. En ese sentido resalta la denial air bridge (interrupción del puente aéreo) programa que  trato de cortar el flujo de pbc de Perú y Bolivia con destino a las cocinas colombianas. Según una publicación del Transnational Institute, éste:

Comenzó en el Perú en 1989, pero contó mínimamente hasta principios de 1995 con importantes interrupciones e inconsistencias. La Fuerza Aérea Peruana (FAP) actuó entre octubre de 1991 y mayo de 1992 como anfitrión en la realización de la operación multilateral Respaldo a la Justicia III (‘Support Justice III'), que ya combinó el servicio de aviones ‘espías' AWACS y P-3 con radares terrestres y aviones de la FAP. (Rocken, TNI)

El denial air bridge  tenía por objeto el derribamiento de aeronaves “sospechosas” que surcaran los cielos sin autorización oficial, lo cual desincentivó el rol de los intermediarios colombianos y – hasta cierto grado- el cultivo de hoja en el Perú y Bolivia.[xvii] A la par de  del citado programa, los cultivos de hoja de coca fueron azotados por un hongo que disminuyó el potencial productivo. El resultado final  fue   una sobreoferta de pbc en las selvas altas del Perú,  hecho hizo bajar la producción peruana de coca..

Para mediados de los noventa se llevaron a cabo las operaciones Laser strike   y Green Clover  que  involucraron a las Fuerzas Armadas de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Ambas operaciones redondearon la baja de cultivos en Perú y Bolivia.

A inicios de la década de los 90´s Colombia vivió una época de renovación institucional con la aprobación de una nueva Constitución en 1991 – la anterior databa de 1886-, un proceso de pacificación con el licenciamiento de organizaciones guerrilleras (Ejército Popular de Liberación, Partido Revolucionario de los Trabajadores. M-19 y fracciones del Ejército de Liberación Nacional) acompañada de una violencia inusitada por parte de las organizaciones traficantes de Calí y Medellín.

La posterior desarticulación de los afamados “cárteles” colombianos a mitad de la década (incluyo la muerte de Pablo Escobar y la aprehensión de Rodríguez Orejuela) propició su fragmentación, dando como origen pequeñas organizaciones (vulgarmente llamadas baby cartel) especializadas en alguna rama de las drogas, mismas que se vincularían con las organizaciones paramilitares. Además de ello, la escases de pbc proveniente de Bolivia y el Perú propició el cultivo de hoja de en Colombia, lo que posicionó a Colombia como el principal productor de hoja a nivel mundial.

Los cocales colombianos se ubicaron en el sur y en el oriente del país teniendo como epicentro el departamento de Putumayo. Los cultivos se concentraron en zonas con poca presencia estatal de frontera agrícola pobladas de colonos y en territorio con fuerte presencia guerrillera, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En las zonas de cultivo las FARC impusieron cobros a los productores y organizaron –hasta cierto grado- la vida social a cambio de protección en contra de la fuerza pública.

El dinero proveniente de la protección de cocales y las decisiones internas de la organización fortalecieron los frentes de guerra de las FARC (llegaron alcanzar hasta 70 frentes a lo largo del país), lo que propició un paso de la guerra de guerrillas a una guerra de movimientos.[xviii] En este período las FARC fueron capaces movilizar a más de 1,500 hombres en una sola acción (como la toma de la capital departamental de Vaupes, Mitu)

En contravía al fortalecimiento de las guerrillas, las élites regionales asociadas con organizaciones traficantes formaron grupos paramilitares que en el año de 1997 se agruparían en una Federación, dividida por bloques, denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con la conformación de las AUC, comandadas por Carlos Castaño, los paramilitares no sólo coordinaron sus acciones, antes bien expandieron su radio de acción al sur y oriente del país[xix], zonas de cultivos ilícitos y de presencia guerrillera penetrando “la retaguardia estratégica de las FARC en las selvas del sur y disput[ando] los enorme ingresos  económicos que las guerrillas obtiene gravando todas las actividades relacionadas con el cultivo y el procesamiento  de la coca, y que lerepresentan cerca de la mitad de sus ingresos.”(Rangel, p. 50)

En ese contexto, los cocales se convirtieron en un recurso estratégico tanto para guerrilleros como para las autodefensas. Su control permitía recursos, una retaguardia estratégica y una base social para tal o cual proyecto político.

Ahora bien, a pesar de una producción constante del alcaloide a nivel regional (ver los totales del lado de derecho de la tabal I) el consumo  en el principal mercado de la cocaína disminuyó. Una estimación del prestigiado investigador  Peter Reuter considera que “para el año 2000 [en Los Estados Unidos], los estimativos de consumo la cocaína  están un  tercio por debajo de los  de 1988.” (Reuter, p. 80) El excedente   de  cocaína se destinó a distintos mercados  (Europa, Sudamérica, Oceania y África) apoyado en la virtual clausura de la ruta caribe con destino a Norteamérica, en su lugar se abrieron las rutas por el Pacífico, Centro América y México.

Para el nuevo milenio las tendencias en producción, tráfico y consumo de cocaína sufrieron modificaciones. Veamos, pues, que sucede entre el 2000 y 2010.

Datos de la tabla I indican una baja a nivel regional en cultivos de hoja de coca pasando  de 221,300 ha. en 2000  a 149,200 ha. en 2010. El caso boliviano muestra una tendencia inversa a la regional, pues en la década examinada se registró  un crecimiento sostenido (aunque nada equiparable con la década pasada) llegando a su máximo en 2010 con un total de 31,000 ha. Al igual que en Bolivia, en el Perú aumentó la extensión de los cocales pasando de 43,200 ha. en 2000 a 61,200 ha. en 2010. Para Colombia se registró una disminución sostenida de cultivos de coca  pasando de un máximo de 163,200 ha. en 2000 a un mínimo de 57,000 ha. en 2010; cabe resaltar que en el último año Colombia dejo de ser el principal productor de hoja, el Perú ocupó su lugar.

A pesar de una baja generalizada en la extensión de los cocales, esto no significó una baja en producción de cocaína.  Si analizamos el potencial de producción de cocaína por país, tabla II, se puede apreciar un incremento en la producción de la misma en toneladas métricas. Esto se debe a la introducción de semillas modificadas (para el caso colombiano, la semilla pajarita) que posibilitan una mayor rendimiento de pbc por hectárea.

Ahora bien, el evento que marcó la tendencia a nivel regional fue la política antidrogas aplicada en Colombia: el Plan Colombia

Bajo el precepto de que la producción y tráfico de drogas ”representa una fuente internacionalizada de financiación para los diferentes grupos armados, y ha ayudado  a aumentar    su influencia económica y control territorial,” (Presidencia de la República) Andrés Pastrana lanza el Plan Colombia: Plan para la paz y el fortalecimiento del Estado.

 

           

La aprobación del Plan Colombia significó la liberación de recursos para su financiamiento. El documento aprobado estipulaba la aplicación de 10 estrategias[xx], según las cuales se reflejarían en el fortalecimiento de la Democracia y la presencia  del Estado en todo el territorio. Su costo estimado es de US$7.558.1 millones, de los cuales, US$3.525.22  provienen de la ayuda internacional y el resto ha de ser provisto por el gobierno colombiano, es decir que más de la mitad de los fondos fueron  financiados por el gobierno colombiano, vía crédito. Así mismo, el total del dinero internacional no se canalizó a Colombia, pues la versión aprobada por el Congreso Norteamericano incluía  una partida presupuestal para los países fronterizos de tal modo que en el Plan Colombia se incluyera a Colombia y su vecindario próximo.[xxi]  

De las 10 estrategias del Plan sólo se hicieron valer aquellas que tienen que ver con el uso de la fuerza, pues la extensa mayoría de los fondos se destinaron a la Estrategia de la Defensa Nacional y la Estrategia Antinarcóticos.

Según el Documento Oficial, la Estrategia de la Defensa Nacional se basa en un fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mediante:

Un proceso de modernización, reestructuración y profesionalización es un paso esencial para que una y otras  adquieran la capacidad para reestablecer el Estado de Derecho y restaurar la seguridad de los colombianos en todo el país, al tiempo de impedir las incursiones  de grupos irregulares  y de grupos delictivos, especialmente los grupos asociados al narcotráfico.”

En el referido documento, la Estrategia Antinarcóticos se basa en el uso de fuerza. Su meta era  “reducir en un 50% el cultivo como procesamiento y distribución de la droga”, en un lapso de seis años.  Según el documento, la reducción de  cultivos sólo es posible:

Mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la Policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país y fortalecer la capacidad de la Policía en la erradicación de dichos cultivos. El gobierno no tolerará ningún vínculo entre los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley. (Plan Colombia)

Con la aplicación del Plan, se abrió “la posibilidad de un cambio en el balance militar a favor del Estado y de las clases dominantes locales”. (Estrada, p.48) Con los montos aportados se llenó de aeronaves los hangares de la base militar de Tres Esquinas, se dotó de una movilidad inusitada a las fuerzas armadas por medio de la transferencia de 33 helicópteros Huey y un número indeterminado de helicópteros Black Hawk. Así mismo, se reforzó la capacidad operativa de hombres en tierra  a partir de la integración de las fuerzas de despliegue rápido y el readictronamiento de los Batallones de Alta Montaña y Contraguerrilla.

La primera parte del Plan Colombia se aplicó en los departamentos que han fungido como la retaguardia natural de las FARC. Por medio de la fumigación selectiva de cultivos ilícitos se trató de golpear el control territorial de las guerrillas en la región, y por ende su capacidad financiera lo que se vería traducido en una disminución de  su poder de fuego. En otras palabras: se hizo “un uso estratégico y faccioso en la aplicación de la política con el propósito de favorecer a determinados grupos ilegales,” (Romero, p. 370)  en específico a los grupos paramilitares. Analicemos pues esta última aseveración.

La utilidad de la estrategia de aspersión de cultivos de hoja de coca ha sido el golpe a las finanzas de las FARC. La aspersión se concentró en los departamentos del Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, lugar donde el Bloque sur de las FARC  obtenía importantes dividendos a favor de la organización. La idea de iniciar fumigaciones en el Putumayo y la instalación de una Brigada antinarcóticos obedece, sobre todo, a la necesidad del Estado colombiano de obtener un balance positivo en el terreno de las armas.

Según Ricardo Vargas, la aspersión aérea opera bajo un esquema violento, pues: “cada misión de aspersión va acompañada de cinco helicópteros: dos artillados de la Oficina de Aviación (US DoS), dos o tres artillados de la Policía de Colombia  y un helicóptero adicional con tareas de rescate en el caso de que haya que actuar para salvar la tripulación”. (Vargas, p. 15.) El uso de fuerza en la aspersión aérea es desmedido toda vez  que “los grupos armados no han estado ni están aún en capacidad  de contener las fumigaciones a través  del uso de la fuerza” (ibíd., p. 35) Con el precepto de garantizar la libre fumigación de coca, el Estado colombiano militarizó la región, expulsando así a miles de cocaleros que quedaron en una situación de fuego cruzado entre guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado. Por otra parte, la fumigación incentivo la de por si precaria situación del agro colombiano, pues cultivos de pan coger fueron alcanzados por glifosato de las aspersiones. Más aún, el Plan Colombia ha hecho más difícil el combate a las drogas, pues los cultivos fumigados “had been redistributed to smaller and harder-to-reach plots, adding to the cost and difficulty of the drug war” (The New York Times)

Un efecto intencional de la aspersión aérea fue la reubicación de cultivos ilícitos. La movilidad de cultivos, comúnmente llamada efecto globo,  que favoreció a los grupos paramilitares. Las AUC aprovecharon la escasez de hoja de coca en el sur de Colombia e incursionó con cultivos de coca en regiones bajo su dominio. Esto se puede visualizar en el mapa I (autoría del New York Times) donde se muestran los cultivos abandonados, estables y nuevos tras la aplicación de la primera fase del Plan. Los cocales abandonados se ubican en zonas de influencia guerrillera, mientras que los nuevos cocales se potenciaron en zonas de control paramilitar.

Además de un golpeteo permanente a las finanzas de las FARC con la aplicación de una aspersión selectiva, la reelección de Álvaro Uribe debilitó aún más a la guerrilla. Con la muerte de su principal negociador internacional, Raúl Reyes, en un bombardeo de la fuerza aérea en Ecuador en 2008 inició una época importantes reveses de la guerrilla que incluyó la muerte del sempiterno Manuel Marulanda Vélez (natural), del dirigente máximo de las FARC, Alfonso Cano,  y del cuadro militar del Bloque Oriental, El mono jojoy.

Mapa I. Movilidad de cultivos de coca, 200-2006.

Más allá de las implicaciones en el conflicto armado, la fumigación no representó una baja sustantiva en la producción potencial de cocaína. Como ya lo he argumentado, se introdujeron semillas mejoradas que aumentaron el rendimiento por hectárea, en algunos casos los cocales se mimetizaron con el sotobosque o se ubicaron en zonas de cada vez más difícil acceso (contribuyendo con ello a una ampliación de la frontera agrícola). Además de esto la fumigación no es sinónimo de erradicación “pues en la medida en que la mezcla química empleada  es un herbicida  y por tanto tiene efecto directo sobre las hoja, el arbusto se recupera si se lavan las plantas o se presentan lluvias inmediatamente después de la fumigación.” (Walsh, p. 49)

Por otro lado, la medición de  cultivos y su erradicación/fumigación fue contradictoria. En muchos casos las cifras son usadas con una clara intención política, para solicitar más recursos o en su defecto para negarlos. Colombia cuenta con un Sistema Integral de Medición de Cultivos Ilícitos  (SIMCI) que presenta cifras donde la erradicación es un medida exitosa; en contravía el Departamento de Estado cuenta con un sistema de medición donde la erradicación es magra. Independientemente  de las metodologías de cada uno, se puede resaltar los magros resultados de la política antidrogas centra en la oferta, pues según Walsh en 2004 se fumigaron 136,000 hectáreas para eliminar 6,000 (de 86,000 a 80,000, según Naciones Unidas-SIMCI) o para obtener un efecto nulo  (de 113,850 a 114,100,), con base en las cifras del Gobierno de  los Estados Unidos.” (Walsh, p. 48).

Ahora bien, en materia de consumo  de cocaína se estima que el uso, en 2009, abarca entre 0.3% y el 0.5% de la población mundial entre los 15 y los 64 años, correspondiendo a entre 14.3 millones y 20.5 millones de personas (IMD,2010, p.85). Los Estados Unidos son el principal mercado, sin embargo éste ha mostrado un descenso continúo, ya para 2000, según cita ya consignada de Peter Reuter, el número de consumidores era de 1/3 con respecto al de 1988; en 2009 bajo aún más la prevalecencia  pasando de un 2.5 % de la población mayor a 12 años en 2006 a 1.9% en 2009. (Ibid., p. 87). Esto se debe a una diversificación en el consumo de drogas en  Norteamérica.

Más allá de la política de erradicación de cocales en la región andina, el flujo el alcaloide hacia Estados Unidos se ha contenido con retenes antidrogas en México y Centro América.

La  cocaína no consumida en los Estados Unidos se destina a distintos mercados. Consumir los norteamericanos. Para el caso de Europa, la situación es complicada. Según IMD,   en Europa se concentran 3.3 millones de usuarios, un cuarto de la producción mundial se destina a Europa, en específico a Europa  Central  y  Occidental. En España el consumo de cocaína es alarmante, pues más de la quinta parte del total de consumidores de cocaína europeos  radican en España. En términos porcentuales: “cocaine use doubled among the general population (age 15-64) from the 1.6% in 1999 to 3.0% in 2005. Cocaine use levels in Spain are more than twice the West European average (1.2%) and four times the West European average.” (IMD, 2007, p.96)

El creciente consumo de cocaína en Europa obligó a la apertura de nuevas rutas de tránsito. Hoy en día, cada vez más cocaína arriba a Europa vía África.  Según IMD:

 Cocaine shipments to Africa are frequent to the countries along the Gulf of Guinea, from where the cocaine is usually trafficked in small quantities  by body packers by air to various destinations in Europe. In addition, large quantities of cocaine are shipped to the waters around Cape Verde and off the coast of Senegal. Most of this cocaine is destined for Spain and Portugal. (IMD, 2007, p. 89)

Como efecto colateral al tráfico de cocaína hacia Europa, África se convertido en consumidor. La medición del consumo africano no es muy precisa. Se deriva, principalmente, de las solicitudes de tratamiento  así como de los niveles de incautación. La tendencia en el consumo es reciente y todo indica que en los próximos años ésta aumentará. El líder africano de consumo de cocaína es Sudáfrica. 

Sudamérica ha dejado de ser  una región productora para engrosar las filas del consumo de cocaína. El número de usuario se calcula en alrededor de  “13.4 million  people or 0.3 per cent of the population age 15-64. Most cocaine continues being used in the Americas, accounting for close to two thirds of global cocaine use” (Ibíd,. p.95)

 

Conclusión

En el artículo traté de mostrar como el régimen internacional de control de drogas ha tratado de contener el consumo de cocaína de manera infructuosa; en su cometido se han aplicado feroces campañas antidrogas que sólo han tenido como efecto una movilidad en las zonas de producción, rutas de tráfico de droga, apertura de nuevos mercados de consumo y diversificación en la ingesta de drogas.

Para ello realicé un cuestionamiento a los preceptos sobre los cuales se sustenta la política antidrogas. Hice un recorrido histórico sobre la gestación del régimen internacional y mostré las imprecisiones en la tipificación de drogas, la intencionalidad política de la prohibición  y los avatares en una lucha que se postula como un juego de suma cero.

Focalizando la atención en los supuestos bajo los cuales opera la prohibición dela cocaína, me dediqué a visualizar con mayor detalle los efectos de la misma en materia de producción, tráfico y consumo en los último 40 años. Encontré  que a pesar de que la preocupación por el consumo es continúa, la ingesta del alcaloide se desplazó a otras regiones del mundo, su cultivo se extendió a lo largo de la región andina y las campañas en su contra propiciaron una movilidad de los cocales entre el Perú, Bolivia y Colombia, y que la rutas de tráfico han cambiado acorde a la presión de las autoridades.

En términos generales creo que el prohibicionismo muestra ya credenciales de senectud. En oposición al régimen internacional al control de drogas he escuchado recurrentemente que la solución es la legalización, sin embargo en el panorama regional contemporáneo eso se visualiza como imposible, pues obligaría a modificaciones tanto en los Estados Unidos

 

Cómo citar este artículo:

DÍAZ ROMÁN, Mario Pavel, (2013) “Crítica al prohibicionismo. Apuntes sobre el régimen internacional de drogas desde América Latina, el caso de la coca/cocaína”, Pacarina del Sur [En línea], año 4, núm. 15, abril-junio, 2013. ISSN: 2007-2309. Consultado el

Consultado el Sábado, 20 de Abril de 2024.

. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=680&catid=3