Conflictividad, paralelismo y derrota. La relación entre el Colegio de Profesores de Chile y el sindicalismo del sector particular subvencionado chileno (1985-1993)

Conflict, Parallelism, and Defeat: The Relationship between the Chilean College of Teachers and the Trade Unionism of the Chilean Subsidized Private Sector (1985-1993)

Conflito, paralelismo e derrota. A relação entre o Colégio de Professores do Chile e o sindicalismo do setor privado subsidiado chileno (1985-1993).

Rodrigo Reyes Aliaga[1]

Universidad de Santiago de Chile

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Recibido: 18-04-2021
Aceptado: 15-10-2022

 

 

Introducción

Los colegios particulares subvencionados son una forma de administración de establecimientos educacionales que nace de dos transformaciones radicales bajo el alero de la Dictadura Militar Chilena (1973-1990): la descentralización y el fomento de la privatización de la enseñanza.

La descentralización cambió la forma de entender la participación política y administrativa del Estado frente a las problemáticas económicas, laborales y educativas (Tiramonti, 2001). En el sector educativo esto significó que se trastocara el rol del Estado de un papel de conductor político, educativo y económico de la educación escolar hacia uno subsidiario (financiador y evaluador). Asimismo, sus funciones se redujeron al delegar las responsabilidades administrativas y políticas a sectores privados y gobiernos locales. Esto implicó una nueva forma de financiamiento de las escuelas (Ruiz Schneider, 2010, págs. 107-121).

Se presentó como innovación de financiamiento al sector educativo un nuevo sistema de subsidios portables (o vouchers, en jerga económica) para cada estudiante, los cuales serían entregados a cada escuela según la asistencia del estudiante, independiente de su rendimiento escolar. Estos subsidios tomaron el nombre de Unidad de Subvención Escolar (en adelante, USE), convirtiéndose en la piedra angular de la competencia entre escuelas (independiente de ser privadas o públicas) por la matrícula de estudiantes (PIIE, 1991; Corbalán, Ligüeño y González, 2009; Parra Moreno y González López, 2015; Assaél, et. al., 2011).

Hacia fines 1979 ya se había consolidado el diseño de la municipalización vía vouchers (Venables B. y Chamorro L., 2020, págs. 328-331; DF 3063, 1979) y aplicado al sector particular subvencionado que no poseía demasiadas regulaciones. Para fines de la década de los setentas, el sector particular subvencionado en Chile tuvo una participación marginal, pero constante durante el siglo XX, de la mano de fundaciones privadas y la Iglesia Católica. Las “nuevas condiciones” que ofreció la Dictadura Militar generó que la captura de las matricula de estudiantes fuera en ascenso, así como proliferaran los establecimientos educativos que combinaban la administración y gestión privada con financiamiento y evaluación estatal (Aedo-Richmond, 2000; Brahm, Cariola, y Silva, 1971; Reyes Aliaga, 2019).

A su vez, la descentralización de la educación cambió de raíz la relación entre docentes y el Estado. Primero, al alterar la identidad del magisterio ya que despojó a los docentes del estatus de trabajadores o funcionarios (Núñez, 2002; 2004). Segundo, porque a partir de 1973 se erradicó y proscribió todas las organizaciones magisteriales y, en 1974, se impuso un colegio profesional (el Colegio de Profesores, en adelante, CDP) como estructura única. Hasta 1985, los dirigentes del CDP fueron designados por la Junta Militar que condujo la dictadura militar en Chile (Reyes Jedlicki, 2005; Adler y Melnick, 1998). A pesar del deterioro de las condiciones laborales de la docencia los dirigentes del CDP se mantuvieron inconmovibles ante esta debacle, guardaron silencio cómplice y provocaron una algazara que no pusiera en duda su lealtad al régimen (Matamoros C. , 2015; Zubicueta, 2012).

A mediados de 1982, una oleada de democratización recorrió diversos Colegios Profesionales al ser convertidos en Asociaciones Gremiales. A partir de entonces el CDP perdió la potestad de organización única y de filiación obligatoria para ejercer la docencia (Matamoros C. , 2018; Guzmán, 2012). De manera paralela comenzó a organizarse una disidencia magisterial interna, la cual, recién en 1985, logró articularse y conseguir las condiciones necesarias para disputar y ganar la primera elección democrática (CAUCE, 1985, pág. 26; APSI, 30 de diciembre de 1985 al 12 de enero de 1986, págs. 22-23).

La democratización en marcha del CDP fue una gran noticia para la docencia, pues su base social era mayoritariamente del sector municipal, hegemónico para la década de los ochenta del siglo XX (Documentos Gráficos, 1971). En este sector se consagraron los nuevos dirigentes nacionales elegidos democráticamente tanto en las coyunturas de la municipalización de 1986 y 1987, como en los diversos ciclos de despidos que se dieron en los últimos cinco veranos de la dictadura (1986-1990).

Simultáneamente, el sector particular subvencionado, si bien tenía presencia en el CDP, no era un grupo importante. Su organización era diferenciada al CDP quien por su parte agrupaba principalmente al magisterio del sector público (municipios y gobiernos locales) de todo Chile. Mientras que los sindicatos del sector particular subvencionado, debido a la imposición del código laboral (DL 2756, 1979; DL 2758, 1979), lo hacían solo a nivel local (por cada establecimiento o escuela). Tampoco su composición se restringía a profesores y profesoras, sino que aglutinaba a trabajadores de la educación en general, por lo que se generó una organización atomizada en pequeños sindicatos con poca capacidad de articulación entre sí. De esta forma, a mediados de la década de los ochenta, existía una grieta de condiciones entre organizaciones de cada sector que continuó desarrollándose hasta mediados de la década de los noventa, con diversas consecuencias.

El objetivo principal de este trabajo es reconstruir una mirada sobre la relación entre el sindicalismo del sector particular subvencionado y el Colegio de Profesores, desde la perspectiva de este último, abordando las victorias y derrotas de sus principales luchas en el arco histórico que va de 1985 a 1993. La hipótesis que se plantea es que el CDP nunca logró establecer un vínculo formal y perdurable con el sindicalismo del sector particular subvencionado debido a que sus intereses y objetivos se enfocaron con el magisterio del sector público. Esta división se profundiza en la promulgación y consolidación del Estatuto Docente entre 1991 y 1993.

El cuerpo del artículo residirá en tres apartados que caracterizaran el sector particular subvencionado en general y sus organizaciones sindicales del sector junto un breve relato del CDP, y los primeros acercamientos y la débil construcción de un vínculo entre dichas organizaciones. Finalmente, se describirá la consolidación de una grieta entre las organizaciones del sector particular subvencionado y el CDP junto a la irrupción de nuevos actores en el escenario de la legislación del Estatuto Docente.

Metodológicamente se utilizaron diversas fuentes de prensa, aunque principalmente se usaron los periódicos Fortín Mapocho y La Época, prensa cercana al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y a los dirigentes principales del CDP, para la reconstrucción de su punto de vista. Para la reconstrucción de estadísticas se utilizaron fuentes oficiales del Ministerio de Educación de Chile (1985-1994).

 

Desregulación, irregularidades y sindicalismo. El sector particular subvencionado en el último lustro de la década de los ochentas (1985-1989)

Para mediados de la década de los ochenta en Chile ya existían más de 2500 establecimientos y para 1988 es cifra se suman más de 500 establecimientos pasando de tener 850.000 y 1.000.000 de estudiantes en menos de tres años (Documentos Gráficos, 1971). En términos generales, representaban más del 25% de la oferta escolar tanto de establecimiento como de matrícula. En cuanto a la docencia, ésta se encontraba compuesta principalmente por docentes que habían rotado entre establecimientos, ante una evidente irregularidad e inestabilidad contractual que ofrecía el sector municipal. El norte de éste siempre fue depurar de sus filas a profesores disidentes o que representaran una amenaza para el control laboral y curricular por parte de la Dictadura (Zurita, 2020). Otro sector de la docencia importante fueron los nuevos profesionales, quienes, casi sin experiencia laboral ni sindical, daban sus primeros pasos profesionales en este neófito sector de la administración escolar.


Elaborado a partir de los informes estadísticos del MINEDUC (1982, 1984, 1986, 1988, 1990-1993).


Elaborado a partir de los informes estadísticos del MINEDUC (1986, 1988, 1990-1993).


Elaborado a partir de los informes estadísticos del MINEDUC (1986, 1988, 1990-1993).

Dos de los más importantes empresarios del sector fueron Hugo Hormazábal, dueño de la cadena Hormazábal Calderón y los Colegios Libertador, así como Filomena Narváez, quien era dueña de diversas franquicias educativas en la Región Metropolitana; entre ellas, los colegios politécnicos Galvarino, los colegios científico-humanistas Chilean Eagles College y otros colegios de educación para adultos. A mediados de la década de los ochentas, Filomena Narváez se convirtió en una prolífica empresaria educativa (Fortín Mapocho, 13 de octubre de 1987, pág. 5; 19 de mayo de 1990, pág. 8; 7 de junio de 1984, pág. 5; 3 de octubre de 1984, pág. 12; La Época, 20 de diciembre de 1988, pág. 16.). Junto al éxito de estos empresarios también existieron diversos establecimientos, de menor tamaño, que tuvieron una breve existencia, ya sea por temas administrativos, financieros o por cambio de rubro (Fortín Mapocho, 9 de junio de 1986, pág. 13; 11 de junio de 1989, p, 9; La Época, 4 de marzo de 1988, pág. 12). De esta manera, se configuró un sector sui generis, donde convergió tanto lo nuevo como lo tradicional, pero también donde comenzó a gestarse un descontento del magisterio, producto de un cúmulo de diversos factores.

Estos factores pueden rastrearse en lo laboral y lo administrativo tales como sueldos impagos por meses tanto a docentes como asistentes de la educación, malos tratos, humillaciones públicas, jornadas laborales irregulares, despidos arbitrarios y por razones políticas, y las malas condiciones de los establecimientos (Solidaridad, diciembre de 1980, pág. 18-19; 18 al 31 de mayo de 1984, pág. 15; APSI, marzo de 1980, pág. 6; Análisis, diciembre de 1981, pág. 39; Fortín Mapocho, 19 de septiembre de 1984, pág. 10; 9 de septiembre de 1985, pág. 11; 15 de junio de 1987, pág. 9; La Época, 12 de junio de 1987, pág. 12).

Pero los hechos que sacudieron a la docencia particular subvencionada y construyeron un mayor malestar fueron la masividad de los despidos de cada fin de año, lo que en la prensa de aquellos años se denominó la “razzia de verano” (Fortín Mapocho, 10 de febrero de 1986, p, 16; 10 de mayo de 1987, pág. 6; 24 de mayo de 1987, pág. 8; La Época, 11 de noviembre de 1987, pág. 15; APSI, 26 de enero al 8 de febrero de 1986, pág. 3).

Aparejado a estos hechos, los sostenedores comenzaron a realizar una ofensiva sobre los docentes sindicalizados: amedrentamientos, despidos y finalización de contrato fuera de plazo, hostigamiento en horas de clase e, incluso, despidos a los afiliados del sindicato, de esta forma, se dejaba sin base a la dirigencia (Fortín Mapocho, 8 de junio de 1987, pág. 7; 12 de julio de 1987, pág. 6; 16 de julio de 1987, pág. 7; 22 de septiembre de 1987, pág. 6; 20 de julio de 1988, pág. 5; 26 de julio de 1988, pág. 10; 28 de julio de 1988, pág. 6; La Época, 6 de marzo de 1988, p, 13).

Esto concitó la preocupación para la dirección del CDP que, en palabras de su secretario general Julio Valladares Muñoz (militante del PDC), hizo sentir su molestia con las condiciones laborales y educativas, además, declaró la necesidad de entablar conversaciones y relaciones con los docentes sindicalizados del sector particular subvencionado (Fortín Mapocho, 4 de octubre de 1988, pág. 6).


Imagen 1. Fuente: Fortín Mapocho, 4 de enero de 1988, p. 3.

Una de las primeras respuestas articuladas por parte de los sindicatos del sector particular subvencionado provino de aquellos que ejercían en colegios técnico-profesionales, quienes crearon la Federación de Trabajadores de la Educación Técnico Profesional, compuesta por cinco sindicatos y más de quinientos afiliados, y cuyo primer presidente fue el militante del PDC, René González (La Época, 24 de diciembre de 1988, pág. 15).  Como plan de acción, la naciente Federación planteó: la formación sindicatos en todos los colegios técnico-profesionales; el apoyo a dirigentes de base en negociaciones colectivas; organizar cursos de capacitación, orientación jurídica, formación de mutuales y cooperativas. Por último, se definió establecer relaciones fluidas con el Colegio de Profesores (Fortín Mapocho, 24 de diciembre de 1988, pág. 11).

Otra de las iniciativas sindicales fue la creación de la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares Subvencionados (en adelante, FSCP), compuesta, principalmente, por sindicatos de la Región Metropolitana, cuyo presidente fue Edigio Barrera. La FSCP tomó notoriedad pública cuando denunció públicamente una serie de irregularidades laborales y la persecución de los dirigentes sindicales de los colegios pertenecientes a Filomena Narváez (Fortín Mapocho, 8 de diciembre de 1988, p, 10; 13 de diciembre de 1988, pág. 10; La Época, 17 de enero de 1989, pág. 13; 24 de enero de 1989, pág. 18).

Para el verano de 1989 se desarrolló una nueva razzia de profesores, pero con otras condiciones. Donde, si bien primaba la arbitrariedad, esta vez, los trabajadores poseían una pequeña ventaja, gracias a la pequeña protección que exigía que el despido debía ser anunciado sesenta días previos al fin del contrato. Si bien no era mucho, al menos acotaba la anterior angustia veraniega del magisterio. Aun así, para comienzos de enero de 1989, se reinició el proceso masivo de despidos que afectó tanto al sector municipal como al particular subvencionado (Fortín Mapocho, 23 de octubre de 1988, pág. 4; Análisis, 2 al 8 de enero de 1989, pág. 29; 23 al 29 de enero de 1989, pág.32; 6 al 12 de febrero de 1989, pág. 33; Pluma y Pincel 12 de enero de 1989, pág. 9).

Durante el primer semestre de 1989, la ofensiva de los sostenedores no cesó, más bien escaló contra los trabajadores de la educación particular subvencionada. La CONACEP (Colegios Particulares de Chile)[2], en un contexto de negociaciones colectivas de al menos doce sindicatos del sector, representados por la FSCP, realizó un requerimiento judicial por injurias al dirigente Edigio Barrera. A modo de indemnización, la CONACEP solicitó una suma que se calculó en más de mil sueldos docentes de la época o quince años de cárcel (Fortín Mapocho, 28 de abril de 1989, pág. 11).

Esta situación activó las nuevas estructuras sindicales para la defensa de sus derechos laborales, las que intentaron defender los puestos de trabajo de sus afiliados, y también hizo saltar las alarmas en algunas estructuras del CDP. En un año electoral, la Directiva Nacional y el Regional Metropolitano del CDP diagnosticaron la situación como crítica, pero presentando diferentes perspectivas. Por ejemplo, ante la situación de la Región Metropolitana, la dirigente Diva Sobarzo, militante del PDC, sostuvo que el estado de precariedad y arbitrariedad del sector particular subvencionado era responsabilidad de los sostenedores de dichos establecimientos, entre quienes “hay verdaderos explotadores a quienes no les importa la situación magra del profesorado, sino que les interesa únicamente sus bolsillos” (Análisis, 9 al 15 de enero de 1989, págs. 24-25).

Este posicionamiento de Sobarzo respondía a un diagnóstico propio, que distaba un poco de sus correligionarios en la Directiva Nacional, quienes optaron por un discurso de denuncia y una acotada solidaridad. Esto puede reflejarse en las palabras de Osvaldo Verdugo, militante del PDC y presidente del CDP, quien estableció en su diagnóstico que los despidos respondían al déficit económico generado debido a la competencia desesperada por la subvención entre colegios municipales y particulares subvencionados, por absorber más matrícula, lo cual también repercutía en los salarios, las condiciones laborales y las jubilaciones (Solidaridad, 27 de enero al 3 de febrero de 1989, pág. 17). En este sentido, Verdugo optó por subordinar todos los problemas y malestares a un tema administrativo, que debiese cambiar al ser regulado por una nueva legislación (Fortín Mapocho, 5 de marzo de 1989, págs. 4, 7).

De hecho, más cercano a las denuncias de Sobarzo fueron los posicionamientos de su par Sergio Soto, militante del Partido Radical, presidente del Regional Metropolitano, quien sostuvo que el código laboral, consagrado en el DL 2759 de 1979 (pilar del Código Laboral de la Dictadura Militar), era altamente perjudicial para los sindicatos de colegios de particulares subvencionados y no representaba ningún avance o beneficios, dejando todo resultado positivo en ascuas (La Época, 5 de enero de 1989, pág. 13; 17 de enero de 1989, pág. 13).

Este pequeño desarrollo de la ofensiva de los sostenedores propició unas primeras respuestas por parte de los nacientes sindicatos del sector particular subvencionado, tuvo un desenlace favorable a los sostenedores, en cuanto a las reivindicaciones, sin embargo, fue una experiencia enriquecedora para las iniciales aventuras sindicales de los trabajadores del sector privado. De la misma forma, fue también una instancia que mostró las primeras fisuras de una brecha mayor entre docentes municipales y los trabajadores del sector particular subvencionado.

 

Los golpes al sindicalismo particular subvencionado (1989-1990)

El bienio de 1989 y 1990 está marcado no solo por ser el último año de la dictadura militar, que gobernó de 1973 a 1990, sino que también por ser el primer año del gobierno de transición democrática. El fin de la dictadura era también el término de un ciclo marcado por la violencia y el autoritarismo en el mundo laboral también abrió una oportunidad para los trabajadores del sector particular subvencionado. El nuevo proceso de democratización, a ojos de los sindicatos, trajo consigo esperanzas y expectativas.

Debe considerarse que en 1979 la dictadura decretó su Plan Laboral a través de diferentes decretos de ley que le permitieron mermar el poder de los sindicatos y su capacidad de negociación colectiva. Específicamente, el Decreto de Ley N° 2758 estableció la exclusión de empresas privadas, cuyo presupuesto fueran financiados en un 50% o más por parte del Estado, de cualquier tipo de negociación colectiva; esto afectó directamente a los trabajadores del sector particular subvencionado. Esta exclusión fue revertida a través de una serie de resoluciones emanadas desde el Ministerio del Trabajo como fueron las resoluciones exentas Nº 1241 (19 de julio de 1989) y la N° 1982 (5 de octubre de 1989) y la ley N° 18768 del Ministerio de Hacienda. Estas resoluciones establecieron que los establecimientos particulares subvencionados podrían negociar, pero solo a contar del 15 de marzo de 1990 y en orden alfabético, según la inicial del apellido del sostenedor. El diseño de esta normativa no solo estaba pensado para el ámbito laboral, mermando aún más el poder de los sindicatos sino también al político, pues por decreto se programaron el inicio de las negociaciones colectiva solo cuatro días después de asumir el nuevo gobierno.

Este nuevo escenario posibilitó la negociación colectiva y fue aprovechado por el CDP, que vivía un nuevo ciclo electoral interno. Los dirigentes nacionales del CDP hicieron un llamado a una movilización nacional por un reajuste digno tanto al sector municipal como en sostenedores privados (La Época, 2 de marzo de 1989, pág. 14; 3 de marzo de 1989, pág. 12; 6 de abril de 1989, pág. 15; 12 de marzo de 1989, pág. 19; 12 de abril de 1989, pág. 16; 15 de abril de 1989, pág. 15; 16 de abril de 1989, pág. 21).

En 1989, el Regional Metropolitano del CDP comenzó una serie de asesorías a dirigentes sindicales del sector particular subvencionado que estuvieran inmiscuidos en procesos de negociación colectiva (La Época, 11 de agosto de 1989, pág. 16), pero sin la participación de las emergentes Federaciones, porque estas se encontraban planificando y sincronizando las negociaciones colectivas, debido a la imposición del Ministerio del Trabajo a negociar en las fechas disímiles, imposibilitando a los sindicatos de la Federación de negociar en bloque (La Época, 20 de agosto de 1989, pág. 19). Ante este cuadro un Edigio Barrera sostuvo:

La negociación colectiva es necesaria ahora porque los problemas económicos son apremiantes, como consecuencia del modelo educacional implementado por este gobierno y en este quien debe darle la solución y no derivar esta crisis a un futuro gobierno (Fortín Mapocho, 20 de agosto de 1989, pág. 18).

 

También sostuvo en qué concuerdan con los demás organismos de trabajadores, como la CUT, “en cuanto a la necesidad de modificar la ley que posibilita la negociación por ramas de la producción” (Fortín Mapocho, 20 de agosto de 1989, pág. 18). Las palabras del dirigente son ilustrativas del ánimo tanto de desafiar la institucionalidad como también de extender sus lazos hacia entidades sindicales mucho más grandes e importantes, ante la distancia del Colegio de Profesores.

Frente a esto, el comunal Santiago del CDP intentó acortar las distancias al convocar una reunión con profesores de colegios particulares subvencionados de la comuna de Santiago, para ofrecer asesoría legal para los procesos de formación de sindicatos, negociación colectiva o asesoría legal ante cualquier atropello laboral o arbitrariedades por parte de los empleadores (La Época, 5 de octubre de 1989, pág. 15). Un mes después, el mismo Comunal, pidió la intervención de la intendencia ante el MINEDUC por colegios particulares subvencionados que se declararon en quiebra y que dejaron sin empleo alrededor de una centena de profesores y trabajadores, junto a sueldos impagos y un año escolar irregular (La Época, 21 de noviembre de 1989, pág. 17).

En las vísperas de la asunción del nuevo gobierno, que se haría cargo de la transición a la democracia, había un clima de tensión por ser el último verano de la Dictadura. En enero de 1990 siguieron los despidos en diversas zonas del país. Juan Carlos Latorre, diputado electo del PDC, denunció despidos en más de 48 comunas y anunció que la bancada del PDC asumiría la defensa de sus demandas en coordinación con el CDP (La Época, 4 de enero de 1990, pág. 10).

Las comunas de La Cisterna, San Miguel, San Joaquín, y San Ramón denunciaron el despido de 167 docentes sin razones justificadas tanto del sector público como particular subvencionado, ante lo cual las autoridades de la Dirección del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se constituyeron para zanjar el conflicto (La Época, 7 de enero de 1990, pág. 20; 23 de enero de 1990, pág. 17). También existió la denuncia de la medida tomada por una sostenedora de la comuna de Ñuñoa, que despidió a todos sus profesores por segunda vez (La Época, 8 de febrero de 1990, pág. 16).

Ante este cuadro María Rozas, militante del PDC y encargada de conflictos del CDP, sostuvo:

Esta situación es una consecuencia directa del proceso económico, de la municipalización y de la política educacional del gobierno de Pinochet, basado en la tesis del Estado subsidiario. Miles de profesores son contratados hasta diciembre de cada año y al finalizar el año escolar son despedidos para después ser vueltos a contratar en marzo siguiente […] (La Época, 6 de enero de 1990, pág. 17).

 

En contraste a la lectura de Rozas, militantes del PDC (y miembros de la directiva nacional) como Verdugo y Valladares sostuvieron posiciones más atenuadas y propositivas con respecto a la situación precaria del magisterio, donde llamaban a asumir una versión más positiva de la modernización de la educación, ante la posibilidad de un nuevo gobierno democrático (Fortín Mapocho, 28 de diciembre de 1989, pág. 11; La Época, 22 de enero de 1990, p, 7).

Estas palabras de apoyo dadas en verano fueron puestas a prueba durante el primer mes del gobierno de Patricio Aylwin. El CDP cumplió continuando procesos de asesoría para las negociaciones colectivas del sector particular subvencionado, sin mayor cercanía con nuevas federaciones y sindicatos del sector. Estas negociaciones aumentaron exponencialmente, comparados con la temporada de 1989, ante el bajo ofrecimiento de reajuste salarial ofrecido por los diferentes empleadores.

Cabe destacar que, en medio de esta naciente conflictividad y a días de que la dictadura finalizara, se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (en adelante, LOCE). Esta legislación consagró a nivel constitucional la administración municipal y particular subvencionada, fijando mínimas regulaciones en cuanto a la creación de establecimientos, las subvenciones y quienes podían constituirse como sostenedores de establecimientos privados.

En este marco de naciente conflictividad, el directorio nacional del CDP instruyó a todos los comunales para que prestaran la ayuda jurídica y gremial, ante diversos amedrentamientos por parte de sostenedores (Fortín Mapocho, 28 de marzo de 1990, pág. 6). Si bien los dirigentes del directorio nacional del CDP, que eran militantes del PDC, como Osvaldo Verdugo o Julio Valladares, a su vez instaron a realizar acercamientos mediante asesorías para negociaciones colectivas. Sin embargo, fueron miembros de segundo orden de la directiva nacional como Jorge Pávez, militante del PC, quienes impulsaron una relación mucho más estrecha de colaboración. Lo mismo sucedió con dirigentes más locales como Jaime Gajardo del comunal Santiago quien también era dirigente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Colegios Subvencionados (El Siglo, 5 al 11 de septiembre de 1992, 14).

El presidente del CDP, Osvaldo Verdugo, hizo un llamado a las autoridades del MINEDUC a intervenir en los conflictos para finalizarlos de la mejor manera posible a favor de los trabajadores de la educación (La Época, 28 de marzo de 1990, pág. 18; 5 de mayo de 1990, pág. 19; Fortín Mapocho, 10 de marzo de 1990, pág. 7; 20 de abril de 1990, pág. 8; 27 de abril de 1990, pág. 6; 2 de mayo de 1990, pág. 6; 3 de mayo de 1990, pág. 6; 4 de mayo de 1990, pág. 8; 5 de mayo de 1990, pág. 7). Sin embargo, el MINEDUC no mostró mucho entusiasmo y delegó responsabilidad en la Dirección del Trabajo, que, en palabras del ministro de Educación, Ricardo Lagos Escobar, debía tratarse de un problema heredado de la administración anterior, al igual que la quiebra de los colegios particulares subvencionados (La Época, 4 de mayo de 1990, pág. 13; 8 de mayo de 1990, pág. 13). Por tanto, la delegación en la Dirección del Trabajo de la resolución de diversos conflictos y la ausencia del MINEDUC es una de tantas prolongaciones de la Dictadura. Las implicancias de este discurso es el desamparo de la institucionalidad del sindicalismo del sector particular subvencionado, reduciéndolo a un problema al interior de la empresa (en este caso, colegios), por lo tanto, deberían negociar por empresa, de forma atomizada.

Los conflictos continuaron ante las respuestas insatisfactorias, tanto de la mediación del Ministerio del Trabajo como por las declaraciones de Ricardo Lagos a modo de escarnio público (Fortín Mapocho, 12 de mayo de 1990, pág. 7; 16 de mayo de 1990, pág. 19; 17 de mayo de 1990, pág. 19; 16 de mayo de 1990, pág. 8). A medida que la ola de huelgas y conflictos finalizaba el ministro Lagos manifestó su alegría por que cada día había menos docentes en huelga, argumentando que la conflictividad del sector solo provenía del “apresuramiento” (La Época, 11 de mayo de 1990, pág. 19) y que dicha situación de anormalidad debía ser zanjada prontamente, junto a nuevas regulaciones sobre el uso del dinero de la USE (La Época, 18 de mayo de 1990, pág. 30; 19 de mayo de 1990, pág. 20).


Imagen 2. Fuente: Fortín Mapocho, 16 de mayo de 1990, p.8.

Estos anuncios calaron profundamente en las diferentes asociaciones de sostenedores. Fue Ramón Oliva, militante del PDC y presidente de la CONACEP, quien sostuvo que los planteamientos entorno a nuevas reglamentaciones sobre el uso de la subvención eran incorrectos, pues los establecimientos subvencionados por el Estado no solo debían pagar salarios, sino cubrir otros costos como créditos e infraestructura (La Época, 19 de mayo de 1990, pág. 9). También planteó ser consciente de que los salarios deben ser mejores, pero que era difícil, dado el deterioro de la subvención en tanto su valor real y no nominal. De esta manera, concluía que la solución pasaba por un alza en la USE (Ibid.). Los planteamientos de Oliva sobre la USE y los conflictos en el sector particular subvencionados fueron secundados por sostenedores de la Federación Educacional de Establecimientos de Educación Particular (La Época, 21 de mayo de 1990, pág. 14; 24 de mayo de 1990, pág. 6).

Pero dichas buenas intenciones no se vieron reflejadas de manera práctica en las diferentes huelgas docentes, que involucraron a establecimientos de los sostenedores Romo y Narváez, quienes no solo entregaban un reajuste casi nulo, sino que también aplicaban métodos intimidatorios hacia apoderados y huelguistas (Fortín Mapocho, 18 de mayo de 1990, pág. 7). En el caso de los huelguistas de los establecimientos Galvarino, propiedad de Narváez, las y los docentes radicalizaron sus medidas de presión al iniciar una huelga de hambre teniendo como sede su mismo lugar de trabajo. Complementaron esta medida con manifestaciones en la Catedral de Santiago, las cuales fueron apoyadas por el Directorio Nacional con el fin de solidarizar, pero también de poner en agenda la necesidad del cambio en la ley de subvenciones (Fortín Mapocho, 20 de mayo de 1990, pág. 7; 23 de mayo de 1990, pág. 8; 25 de mayo de 1990, pág. 7). Como forma de solidaridad ante la huelga, la FSEP realizó una concentración frente al Congreso, donde recibieron el apoyo in situ de los dirigentes comunistas del magisterio: Jaime Gajardo y Jorge Pavez. Ausente estuvo tanto el Directorio Nacional como la encargada de conflictos del CDP, María Rozas (La Época, 28 de mayo de 1990, pág. 29; 29 de mayo de 1990, pág. 20; Fortín Mapocho, 27 de mayo de 1990, pág. 6).


Imagen 3. Fuente: Fortín Mapocho, 20 de mayo de 1990, p. 9.


Imagen 4. Fuente: La Época, 28 de mayo de 1990, p.29.


Imagen 5. Fuente: Fortín Mapocho, 17 de junio de 1990, p. 6.

La ausencia de un rol más activo del CDP en el conflicto y el rol de la Dirección del Trabajo como mediador, marcaron el fin de este ciclo conflicto que tuvieron su pico en mayo, posterior a esa fecha el conflicto se fue atenuando (El Siglo, 5 al 11 de agosto de 1990, pág. 28). La FSCP criticó la forma de proceder del organismo estatal, pues falseaba su rol de mediador, ya que solo condicionaba las huelgas, doblegándolas y forzando a que los maestros retomen faenas (Fortín Mapocho, 4 de junio de 1990, pág. 7; 7 de junio de 1990, pág. 7).  Incluso ante este cuadro adverso, la FSCP convocó a una movilización, que contó solo con un apoyo formal del CDP, en su convocatoria solo contó con la adhesión del Comunal Santiago encabezado por Jaime Gajardo (Fortín Mapocho, 9 de junio de 1990, pág. 6; 17 de junio de 1990, pág. 6).

En una columna de Julio Valladares publicada en La Época, el dirigente hacía un balance de las huelgas del sector particular subvencionado, las que consideró como justas, pues la persistencia de las demandas docentes eran producto de la institucionalidad heredada por la dictadura y por algunos sostenedores (La Época, 24 de junio de 1990, pág. 7). Ante esto, Valladares sostuvo la urgente aprobación del Estatuto de la Profesión Docente y la modificación de la Ley de subvenciones, obligando a asignar un porcentaje importante de ella a las remuneraciones de los profesores. Además de la necesidad de una mayor fiscalización ministerial sobre el uso del dinero de subvenciones. El dirigente remató al decir: así, se podrá restablecer el clima de tranquilidad profesional que requiere el área particular-subvencionada (La Época, 24 de junio de 1990, pág. 7).

Posiciones similares sostuvo Osvaldo Verdugo, cuando mantuvo una serie de reuniones con el Ministro de Hacienda y el Ministro de Educación, donde reconoció el esfuerzo que realizaba el Gobierno al aumentar el presupuesto en educación y de la USE. Por su parte, el ministro Lagos sostuvo que el alza de la USE era una forma de conciliar las tres partes del conflicto (MINEDUC, sostenedores y trabajadores de la educación del sector particular subvencionado) e iniciar un consenso entre ellas (La Época, 26 de junio de 1990, pág. 20; 28 de junio de 1990, pág. 24).

Pero dicho consenso se comenzó a construir sobre una base conflictiva del sector particular subvencionado, que no fue mencionado o considerado ni en discursos posteriores ni en las negociaciones entre el CDP y el ministro Lagos (Fortín Mapocho, 13 de julio de 1990, pág. 8; 15 de julio de 1990, pág. 6).

En agosto, el conflicto entre colegios particulares subvencionados atravesó su última etapa, permaneciendo solo tres establecimientos en huelga (Fortín Mapocho, 4 de agosto de 1990, pág. 7), que lograron acuerdos con sus sostenedores, que estuvieron por debajo de las expectativas de sus dirigentes (Fortín Mapocho, 30 de agosto de 1990, pág. 13).


Imagen 6. Fuente: Fortín Mapocho, 15 de julio de 1990, p.6.


Imagen 7. Fuente: Fortín Mapocho, 4 de agosto de 1990, p. 7.

En este cuadro, salvo en contadas ocasiones cuando el conflicto se crispaba, durante 1989-1990, la Directiva Nacional no se hizo parte del conflicto del reajuste, pues este no escalaba a nivel nacional y dejó a las negociaciones colectivas de los sindicatos particulares subvencionados diluyeran su conflictividad en lo local. Los dirigentes nacionales se limitaron, al inicio del naciente gobierno democrático, a ser observadores para, finalmente, subordinar el conflicto a un objetivo político a largo plazo: una legislación que regule los aspectos laborales de la profesión docente: el Estatuto Docente.

 

El Estatuto Docente, la grieta docente y el declive del sindicalismo particular subvencionado (1990-1993)

El 16 de octubre de 1990,[3] el presidente Aylwin firmó el proyecto de ley del Estatuto Docente que resultó de las mesas de negociación entre la Directiva Nacional y el MINEDUC. La firma del proyecto y el rápido despacho para su discusión parlamentaria despertaron suspicacias para algunos actores educativos: el CDP y sostenedores de colegios particulares.

Por una parte, los regionales del CDP (como Biobío y Valparaíso) denunciaron lo insuficiente del proyecto y la exclusión general del magisterio para su elaboración por parte de la Dirección Nacional, durante el periodo de negociación. Por otra parte, las Federación de Sindicatos Particulares Subvencionados fueron excluidos tanto de la elaboración como de toda consulta. Esto generó insatisfacción por parte de estos sectores con respecto a la conducción del CDP, que privilegió los acuerdos a la colaboración y participación de sus bases y otros actores.

Los sostenedores tuvieron una mirada favorable, pero crítica del proyecto de ley del Estatuto Docente. Siendo representados por sus diferentes organizaciones: como la Federación de Instituciones de Enseñanza Privada (en adelante, FIDE), la Iglesia Católica o en la CONACEP ejecutaron una estrategia de intervención en el debate público, que los perfiló como actores relevantes y una voz a ser escuchada.

Una de las posiciones más completas fue elaborada por la FIDE[4] –encabezada por Aldo Passalaqua–, que se mantuvo favorable hacia el Estatuto Docente, acotó que esta legislación debía ser capaz de establecer un salario mínimo docente y diferentes asignaciones (como antigüedad, zona, lugar de desempeño o directivo). Puntos que, desde la postura de la FIDE, debían ser excluidas de toda negociación colectiva y subordinadas a un reajuste de la USE. Añadió y argumentó la necesidad del presupuesto para la educación subvencionada, mayores libertades para el uso del dinero de subvenciones para los sostenedores tanto para inversiones como capitalización de los establecimientos (La Época, 18 de octubre de 1990, pág. 17). Estos puntos críticos revelan la preocupación de los dueños de establecimientos por el proyecto de ley del Estatuto Docente, o por cualquier regulación sobre el trabajo docente, que implicara una merma para el porcentaje de ganancias que estaban habituados a utilizar a placer, o de manera más profunda, veían con preocupación que la nueva legislación les quitara su cuota de poder no solo administrativo, sino también laboral.

Incluso algunos sectores de la Iglesia Católica tuvieron un posicionamiento en cuanto a la promulgación del Estatuto Docente, como la orden jesuita que planteó su adhesión a la nueva legislación. Al igual que la FIDE, la orden jesuita vio con buenos ojos el Estatuto Docente como una forma de perfeccionar y darle un piso de estabilidad laboral y salarial al profesorado, pero también manifestó como una necesidad capital el aumento de la subvención. De manera propositiva, estableció la ausencia de ciertos elementos: una escala salarial que premiaba a los mejores docentes en aula, un fondo para la innovación en el aula y bonificaciones a docentes que tuvieran participación destacada en eventos públicos, como también incentivó la reformulación de la USE (La Época, 27 de diciembre de 1990, pág. 15).

Por otra parte, la CONACEP tomó una posición reactiva con respecto al Estatuto Docente, aduciendo que solo era un compendio de buenas intenciones sin financiamiento. El conglomerado sostuvo –alineándose en esto con la FIDE y los Jesuitas– que la única solución posible, ante los diferentes problemas salariales y económicos de los establecimientos, pasaba por la existencia de un aumento de la USE (La Época, 25 de octubre de 1990, pág. 15; Fortín Mapocho, 16 de noviembre de 1990, pág. 9). Otro punto importante que defendió este conglomerado, con un mayor contenido político, fue la libertad de enseñanza. Ahora bien, la interpretación de la CONACEP sobre esta libertad estaba referida a la posibilidad de abrir colegios y crear proyectos educativos, sin mucha regulación, pero que contaran con subvención estatal, y la posibilidad de padres y madres de escoger, bajo una amplia oferta, donde podrían estudiar sus hijos (La Época, 19 de noviembre de 1990, pág. 25).

Estos posicionamientos de estas entidades fueron recibidos por el MINEDUC, que implicó el compromiso de un alza considerable del presupuesto de educación para 1991, casi el doble con respecto a 1990, distribuida tanto para el sector municipal como particular subvencionado, y que incluía también un alza significativa en el valor de la USE (La Época, 27 de octubre de 1990, pág. 18).

Junto a esta señal de apoyo económico, el MINEDUC realizó una serie de declaraciones para apaciguar los ánimos de los sostenedores. Estas declaraciones dieron por clausurado cualquier intento de echar marcha atrás la municipalización o cualquier tipo estatización de la educación particular, llamando también a desdramatizar el Estatuto Docente (La Época, 27 de octubre de 1990, pág. 18; 18 de noviembre de 1990, pág. 29). De esa forma consolidaron una posición gubernamental favorable a la reciente LOCE, que legalizaba un régimen dual de administración financiada por el Gobierno (municipal y particular subvencionado).

Una señal de inclusión se dio en noviembre de 1990 cuando Edigio Barrera, en representación de la FSCP, fue citado por la comisión de educación de la Cámara de Diputados para presentar el punto de vista del magisterio de dicho sector. La cita fue compartida con las CONACEP y la FIDE, junto al Think Tank como Libertad y Desarrollo. La intervención del dirigente se centró en la necesidad de fijar un salario mínimo docente que proporcionaría un reajuste necesario para los trabajadores particular subvencionado, pero con mayor énfasis en los profesores (Historia de la Ley N° 19.070, 2018, pág. 28).

Entre octubre de 1990 y febrero de 1991, el Estatuto Docente pasó de ser enviado como proyecto de ley a ser aprobado por la cámara de diputados, su promulgación solo estaba a un paso, lo que inyectó alegría en el profesorado. Dicha alegría fue apagada por una nueva razzia de despidos, esta vez concentrada en el sector particular subvencionado que sumó más de 400 de docentes cesantes en 16 comunas. Los principales argumentos de los sostenedores para estos despidos fueron necesidades de la empresa y finalización del contrato (Fortín Mapocho, 4 de enero de 1991, pág. 10; 12 de enero de 1991, pág. 9; La Época, 12 de enero de 1991, pág. 14; 13 de enero de 1991, pág. 7; 25 de enero de 1991, pág. 8). La Directiva Nacional no aprovechó la oportunidad para estrechar lazos con el sector mayoritariamente afectado, sino que la ocupó como punto de apoyo para exigir una celeridad en la promulgación del Estatuto Docente (Fortín Mapocho, 28 de febrero de 1991, pág. 9).

Entre los meses de marzo y mayo el Estatuto Docente entró en una fase de estancamiento lo que fue interpretado por el magisterio y la Directiva Nacional del CDP como una amenaza a sus aspiraciones, llamó para la quincena y el fin de mes de mayo a movilizaciones a nivel nacional. Aquellas movilizaciones tuvieron una convocatoria mayoritaria por parte del sector municipal, pero también tuvo la adhesión –sin invitación– de las federaciones de sindicatos particulares subvencionados (La Época, 16 de mayo de 1991, pág. 15). La masividad de la movilización logró hacer avanzar el Estatuto Docente, aprobado en la cámara de senadores pasó al siguiente y último trámite parlamentario de aprobación en comisión mixta (La Época, 17 de mayo de 1991, pág. 16). Pero lejos de zanjar problemas y debates al interior del magisterio, los potenció.

En paralelo a la discusión parlamentaria del Estatuto Docente en la comisión mixta, las estructuras regionales del CDP como Biobío, Valparaíso, Valdivia e Iquique mostraron su molestia con el Estatuto Docente debido, principalmente, al bajo salario y la exclusión de los docentes exonerados, jubilados y de particulares subvencionados (La Época, 17 de junio de 1991, pág. 12).

Este malestar fue aprovechado por los dirigentes comunistas del CDP, para unificar posiciones en la naciente oposición interna. De esta forma, orientó la crítica tanto hacia las estrategias de negociación como al pacto de la Directiva Nacional –principalmente ligada al PDC– con el gobierno para concretar la promulgación del Estatuto Docente.

Sacando partido de la caótica situación interna del CDP y del comienzo de la discusión parlamentaria en su último trámite legislativo, los sostenedores agrupados en la CONACEP nuevamente intervinieron en el debate público al declarar: “Estado de Emergencia”. Esta declaración se sustentó, inicialmente, en una crítica hacia la exclusión de los docentes del sector particular subvencionado, para luego revelar su verdadera crítica a los mecanismos de negociación colectiva, alegando que solo somete a los sostenedores a quiebras irremediables y cierres sus establecimientos (La Época, 17 de mayo de 1991, pág. 16; Fortín Mapocho, 6 de junio de 1991, pág. 7; 13 de junio de 1991, pág. 9). Incluso, anunciaron una convocatoria para una movilización nacional, sin fecha determinada, contra el Estatuto Docente, pero la motivación no eran los trabajadores de dicho sector, sino más bien de las restricciones del uso de las subvenciones para los sostenedores. Los dirigentes de la CONACEP sostuvieron que la inminente promulgación del Estatuto solo traería caos y debacle en el sector particular subvencionado (La Época, 26 de mayo de 1991, pág. 18). Tanto el “Estado de Emergencia” como su movilización se extendería casi por casi la totalidad de 1991.

A finales de junio de 1991 el Estatuto Docente fue aprobado, lo que acrecentó las objeciones al interior del magisterio. Dichas objeciones se transformaron en acción, cuando el Regional Metropolitano convocó a una manifestación frente al Ministerio de Hacienda, exigiendo la aplicación del reajuste del año, que aún estaba pendiente (La Época, 1 de agosto de 1991, pág. 18).  En paralelo, los dirigentes del Regional Metropolitano y militantes del PC, Jaime Gajardo y Nadia Ávalos comenzaron a trabajar estrechamente al interior de la FSCP con Edigio Barrera, quien era presidente de la entidad. La Federación calificó de oportunista la adhesión al paro por parte de los sostenedores, de CONACEP, pues exigían más recursos, pero sin ánimo de declarar su utilización, se convertirían en ganancia más que en remuneraciones. Tanto Gajardo como Ávalos, declararon que el Estatuto Docente desprotegía a los docentes del sector particular subvencionado (La Época, 5 de agosto de 1991, pág. 15). Complementando estas declaraciones, Barrera agregó que la Ley de Subvenciones debía cambiar para enfocarse en salarios docentes (La Época, 12 de agosto de 1991, pág. 18).

El acercamiento entre el Regional Metropolitano y la FSCP tuvo su cenit al alero de las manifestaciones ante la movilización convocada del 5 de septiembre de 1991, convocada por el CDP por la insuficiencia de los montos de remuneraciones y asignaciones establecidas en el Estatuto Docente (La Época, 30 de agosto de 1991, pág. 25). Ante la tentativa de movilización, el ministro Lagos amenazó con no pagar las subvenciones ni a municipales ni a particulares subvencionados y los maestros debían entender que, si bien se había ampliado el presupuesto en educación, este tenía otros fines que no eran solo el salario de los maestros. Además, debían ser conscientes que cada vez que subía la USE, se incrementaba el salario de los docentes (La Época, 3 de septiembre de 1991, pág. 20).

La movilización tuvo una adhesión nacional extendida en la gran mayoría del territorio nacional (La Época, 5 de septiembre de 1991, pág. 16; 6 de septiembre de 1991, pág. 25; El Mercurio de Valparaíso, 5 de septiembre de 1991, pág. 5; El Sur, 6 de septiembre de 1991, pág. 3) y la amenaza del ministro Lagos se hizo sentir, de manera focalizada, en la región de Valparaíso y la Metropolitana (La Época, 7 de septiembre de 1991, pág. 20; El Sur, 7 de septiembre de 1991, págs.3-4) e incluso incluyó el apoyo por parte de la FSCP (La Época, 30 de agosto 1993, pág. 18). Junto a esto, Lagos emprendió una crítica hacia las movilizaciones encabezadas por el CDP, arguyendo carencia de fundamentos ante el nuevo clima democrático (El Sur, 7 de septiembre de 1991, pág. 11). Lejos de disuadir al magisterio, las amenazas del ministro Lagos avivaron el descontento, que se materializó en la convocatoria de un paro de 24 horas para el 27 de septiembre de 1991. Convocatoria que la Directiva Nacional tuvo que acatar, pues fue propuesta desde los Regionales del CDP, quienes insistían en su crítica hacia la conducción y la insuficiencia del Estatuto (La Estrella del Norte, 10 de septiembre de 1991, pág. 3; La Época, 17 de septiembre de 1991, pág. 15; 18 de septiembre de 1991, pág. 15).

Julio Valladares respondió a estas críticas del ministro Lagos argumentando que era necesario un consenso para avanzar en la modernización de la educación, lo que implicaba no solo el mejoramiento de los salarios, sino también una mejora en la calidad educativa. Para esto precisaba estrechar aún más los lazos con otros actores educativos: empresarios y municipios (La Época, 24 de septiembre de 1991, pág. 7).

El clima para el 27 de septiembre se vio agravado, también, porque muchos sostenedores negaron la existencia de un reajuste, que ya había sido establecido de manera retroactiva por el Estatuto Docente, y por la nula iniciativa del MINEDUC por fiscalizar y hacer cumplir la legislación (El Sur, 22 de septiembre de 1991, pág. 5). Esto habría facilitado la adhesión de los sindicatos del sector subvencionados a la movilización de fines de septiembre que en palabras de Jaime Gajardo:

A dos meses de promulgada esta ley y a un mes de entregados los fondos de Subvención Complementaria, los empresarios de la educación se niegan a aplicar la ley con el pretexto de que los fondos no les alcanzan (La Época, 22 de septiembre de 1991, pág. 15).

 

Un golpe aciago sufrió la Directiva Nacional, al finalizar la jornada de movilización. El Ministerio del Interior, encabezado por Enrique Krauss y respaldado por el ministro Lagos, emitió un requerimiento judicial contra la Directiva Nacional del CDP (La Época, 29 de septiembre de 1991, pág. 16; 1 de octubre de 1991, pág. 20).

Para el bienio de 1992 y 1993, las organizaciones sindicales particulares subvencionados fueron perdiendo visibilidad, sin embargo, quedaron vinculadas estrechamente a los conflictos que protagonizó el CDP y sus polémicas sobre asignaciones salariales –por ejemplo, el caso del bono de zona– (La Época, 3 de enero de 1991, pág. 16; 5 de febrero de 1992, pág. 18) como también por la consolidación de un régimen laboral dual. Por una parte, para docentes municipales, por otra, para trabajadores de la educación del sector particular, fueran subvencionados o no.

Durante 1992, las críticas al Estatuto Docente fueron impulsadas principalmente por docentes de izquierda, hegemonizados por docentes militante del PC que lograron capitalizar y aunar diferentes sectores del magisterio descontentos con respecto al resultado de las negociaciones del Estatuto Docente, concentrando las críticas en el liderazgo de Directiva Nacional (La Época, 23 de enero de 1992, pág. 21; 2 de marzo de 1992, pág. 9: El Siglo, 24 de septiembre al 2 de octubre de 1992, pág. 20). Estas críticas también puntualizaron que las políticas del presidente Aylwin eran continuadoras con respecto a la Dictadura, que también se expresó en la carencia de participación transversal del magisterio en la creación del Estatuto Docente (La Época, 2 de marzo de 1992, pág. 9).

Nadia Avalos, militante del PC y dirigente de la FSCP, estableció un balance crítico con respecto a la Directiva Nacional del CDP y del Estatuto Docente. Primero, remarcó la exclusión de la docencia particular subvencionada de diversos beneficios del Estatuto Docente. Segundo, la ausencia de fiscalizaciones, por parte del MINEDUC y la Dirección del Trabajo, hacia los establecimientos privados para asegurar el cumplimiento del pago del mínimo salarial y las bonificaciones. Clausurando su balance la dirigente sentenció: “no queremos seguir siendo los temporeros de la educación (La Época, 7 de marzo de 1992, pág. 6)”. Estas críticas fueron respondidas por Julio Valladares, representante del magisterio del PDC, quien las desestimó, las consideró vanas, que ignoran la complejidad de un proceso de consenso y niegan a los procesos de modernización de la educación (La Época, 27 de mayo de 1992, pág. 19).

Este intercambio entre las diferentes tendencias políticas del magisterio se daba en pleno proceso de elecciones internas. En ellas, el magisterio comunista representó con firmeza a la oposición interna y se materializó en una lista encabezada por el dirigente Jorge Pavez. Éste declaró la inconformidad general de la docencia del sector municipal, que no veía las mejoras prometidas en sus salarios, y de la docencia del sector particular subvencionado, que veía como muchos de los artículos del Estatuto Docente no eran aplicados y sus condiciones laborales parecían aún inmutables desde la Dictadura, a pesar de la lucha emprendida (La Época, 20 de julio de 1992, pág. 16; 21 de julio de 1992, pág. 15). Si bien la lista de Pavez no ganó frente al PDC en las elecciones de 1992, esto le permitió obtener una mejor posición en el Directorio Nacional desde donde amplió su esfera de influencia a través de la capitalización del malestar al interior del CDP.

Luego de las elecciones, y demostrativo de la precariedad del sector particular subvencionado, fue el llamado al MINEDUC para su intervención ante la quiebra de cinco colegios particulares subvencionados, que fue exigido por los dirigentes de la FSCP al MINEDUC. También aprovecharon de posicionar otras exigencias: mayores requisitos para sostenedores y creación de un organismo fiscalizador de la educación subvencionada (La Época, 14 de septiembre de 1992, pág. 16).

Esto significó la intervención del Subsecretario de Educación Raúl Allard quien, lejos de salvar a los establecimientos, solo actuó como administrador de la crisis, que nombró un sindico de quiebra que garantizó la continuidad del año y el pago de salarios pendientes de los trabajadores de dichos colegios (La Época, 15 de septiembre de 1992, pág. 19). De esa forma, canceló cualquier intención de estatización o municipalización de dichos establecimientos, dejándolos a merced de las dinámicas de mercado.

Para 1993, las apariciones públicas del sindicalismo particular subvencionado fueron aún más escasas y estuvieron subordinadas junto a la figura de Jorge Pavez quien, en su rol de conductor de la heterogénea disidencia del magisterio, apuntó sus críticas tanto hacia el CDP como el MINEDUC, por sus incapacidades de recoger y satisfacer las diferentes reivindicaciones que quedaron fuera del Estatuto Docente (La Época, 5 de julio de 1993, pág. 17).

Para el segundo semestre, la conducción de la Directiva Nacional no pudo frenar el descontento interno, que se manifestó en una movilización general del magisterio, impulsada por 19 Comunales que, inicialmente, estuvo motivada por las bonificaciones impagas que establecía el Estatuto Docente[5]. Cuando la Directiva Nacional objetó la necesidad y urgencia de la movilización nacional, los Regionales, mediante una asamblea extraordinaria, finalmente, impusieron la medida hacia todo el CDP (La Época, 7 de julio de 1993, pág. 18). En este contexto, a mediados de julio de 1993 la dirigente Nadia Avalos de la FSCP acompañada por Jaime Gajardo también dirigente de la Federación y del metropolitano del CDP entregaron una carta a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados donde exigían la mejora de condiciones de trabajadores de la educación del sector particulares subvencionados tanto de estabilidad laboral como de reajuste salarial (El Siglo, 14 de julio de 1993, pág. 2).

Como medida de contención, el gobierno ingresó al parlamento un proyecto de ley que entregaba beneficios a los trabajadores de la educación que no eran docentes, por ejemplo, a los auxiliares. También se dotaron nuevas regulaciones, tanto al sector municipal como al particular subvencionado, tales como renta mínima, carrera funcionaria y escala de remuneraciones (en el caso municipal) o negociación colectiva (particular subvencionado), derecho a recibir asignaciones por desempeño difícil, posibilidad de acceder a cursos de perfeccionamiento, límites de la jornada de trabajo, feriados, indemnización y permisos laborales. Estas nuevas medidas de regulación fueron bien recepcionadas por la FSCP, pues significaban un avance para el sector (La Época, 29 de julio de 1993, pág. 18).

En este marco, el CDP convocó a una Asamblea Extraordinaria el 6 de agosto de 1993, donde el malestar generalizado dio forma a la convocatoria de movilización nacional para septiembre. Dicha convocatoria fue resistida por parte de los dirigentes más cercanos al oficialismo y con amenazas por parte del MINEDUC y del gobierno. Estos últimos comenzaron a redundar en su repertorio de amenazas, justificadas en que toda mejora a la educación o de remuneraciones se debían hacer con diálogos, negociación y acuerdos, y no en un escenario de confrontación, que perjudicaba cualquier mejoramiento del sector educativo y la educación del alumnado (La Época, 4 de agosto de 1993, pág. 18; 5 de agosto de 1993, pág. 19; 13 de agosto de 1993, pág. 16; 14 de agosto de 1993, pág. 17).

Lejos de aplacar los ánimos, la intención de movilizarse se propagó a nivel nacional, confirmando como fecha de movilización el 27 de septiembre de 1993. Ante dicha convocatoria fue acogida por la FSCP, debido a que los docentes del sector particular subvencionado no veían mayores avances, más que una cierta estabilidad laboral establecida por el Estatuto Docente, pero no con en el mejoramiento de salarios o la posibilidad del perfeccionamiento pedagógico (La Época, 16 de agosto de 1993, pág. 17; 30 de agosto 1993, pág. 18).

La movilización concitó repercusiones para el magisterio en general, como descuentos salariales y subvenciones impagas, pero sin petición de arresto para los dirigentes nacionales desde el Ministerio del Interior. Ante este cuadro, la Directiva Nacional se apresuró en cerrar un acuerdo con el MINEDUC, que contempló un leve reajuste a las remuneraciones y algunas asignaciones, una bonificación compensatoria para los salarios más bajos del magisterio y el retorno inmediato a clases. En paralelo se entabló una mesa de trabajo, que incluyó a un dirigente regional del CDP, para tratar temas pendientes como futuros reajustes, el perfeccionamiento docente y temáticas educativas como la emergente –y en muchos niveles tabú– del VIH. La mesa de trabajo dejó fuera, nuevamente, al magisterio particular subvencionado y exonerado. Después de todo, esto contribuyó de manera capital a extinguir paulatinamente las movilizaciones (El Mercurio de Valparaíso, 30 de septiembre de 1993, pág. B3; La Época, 29 de septiembre de 1993, pág. 21; 30 de septiembre de 1993, pág. 19; 1 de octubre de 1993, pág. 19; 2 de octubre de 1993, pág. 16; La Estrella del Norte, 1 de octubre de 1993, pág. 20).

El año 1993 se cierra, primero, con el fin del primer gobierno de la transición democrática, liderado por el presidente Aylwin, que demostró capacidades de contención con el CDP. Segundo, se cierra con un magisterio inconforme y resentido en cuanto a sus logros, donde todos los reajustes significativos y nuevas asignaciones estarían subordinados por los límites del perfeccionamiento profesional docente y de la USE (La Época, 27 de diciembre de 1993, pág. 17; 28 de diciembre de 1993, pág. 29). De manera específica, el sindicalismo particular subvencionado cerró su ciclo no como un actor protagónico de la conflictividad docente, sino como una fuerza auxiliar de una corriente disidente al interior del CDP.

 

Consideraciones finales

La conflictividad del sindicalismo perteneciente al sector particular subvencionado tuvo su cenit durante los años finales de la Dictadura, donde emergieron una serie de sindicatos y algunas Federaciones de sindicatos cuyas reivindicaciones el Colegio de Profesores muchas veces no atendía.

Durante el último lustro de la Dictadura, el CDP se democratizó y se consolidó sobre una base social, mayoritariamente municipal, que fue hegemónica durante el periodo en que el Colegio era adherente a la Dictadura Militar. Durante su proceso de democratización y consolidación (1985-1990), se concentró en los malestares de este mismo sector, y solo atendió tangencialmente las de otros sectores como exonerados, jubilados o particulares subvencionado.

Esta conflictividad no es posible plantearla como una emergencia espontánea, más bien fue producto de un gran cúmulo de problemáticas laborales y educativas desarrolladas a partir de las condiciones generadas por las amplias atribuciones que les entregó el marco legal que regulaba tanto las relaciones laborales –que permitía formas arbitrarias del control y disciplinamiento del trabajo docente– tanto municipal como particular subvencionado, el primero sujeto a regulaciones del ámbito municipal, gobiernos locales, y el segundo bajo el Código Laboral.

La especificidad de las dinámicas de la conflictividad del sector particular subvencionado es su dispersión. Debido a la regulación impuesta por el Código Laboral y luego consolidada en el Estatuto Docente de 1991, el sindicalismo particular subvencionado quedó remitido a su organización mediante sindicato de empresa (uno por cada establecimiento), que rara vez se agrupan en federación, confederaciones y centrales. Esta dispersión tuvo como consecuencia una menor capacidad de articulación y fuerza a la hora de enfrentar conflictos. Si bien en 1989 existían algunas federaciones que apoyaron y/o llevaron adelante procesos de negociación colectiva, solo una logró continuidad durante la década de los noventa. Esto fue síntoma de la debilidad de dichas organizaciones.

La conflictividad del sector particular subvencionado al ser normada y determinada por la dinámica de la negociación colectiva por empresa, al igual que el conjunto de la clase trabajadora chilena, se le impide negociar en bloque o como sector completamente, pues el timing de la negociación lo marcan la legislación y organismos laborales locales, quienes construyen un calendario casi inflexible de negociación que predominó durante el gobierno de Patricio Aylwin 1990-1993. Por eso la estrategia de retrasar o adelantar las fechas de negociación le entregaba a las Federaciones la oportunidad de romper la atomización, generar mayor visibilidad de sus reivindicaciones, construir unidad interna y coherencia de su rol a la hora de apoyar procesos de negociación colectiva.

Otro aspecto importante de su conflictividad fue su relación con el CDP, toda vez que hubo un acercamiento con la Directiva Nacional solo fue en términos de asesorías o apoyo legal. Cabe destacar en ese sentido la heterogeneidad de opiniones entre dirigentes nacionales (Verdugo, Valladares o Rozas) y dirigentes locales (Sobarzo o Barrera) del CDP y militantes del PDC, esto nos lleva a pensar en el desarrollo de posiciones diferenciadas o de líneas de acción divergentes a la hora de afrontar la conflictividad del sector particular subvencionado. Su profundización queda como una tarea pendiente para futuras investigaciones.

Quienes pudieron unificar su acción al interior del CDP y enfocarla hacia la creación de una articulación entre la entidad del magisterio del sector público y los sindicatos del sector particular subvencionado fueron los militantes comunistas como Jorge Pavez, Jaime Gajardo y Nadia Avalos, quienes además poseían cargos en la estructura nacional y comunal del CDP. Aunque su objetivo de forjar una relación más estrecha se vio subordinado a la capitalización del descontento frente a la conducción oficialista del Colegio, cuya finalidad era construir una oposición interna que disputara en votos en las elecciones del CDP en 1993.

Por otra parte, la exclusión del sindicalismo docente particular subvencionado puede interpretarse como costas para la producción de un consenso educacional, entre los diferentes actores educativos: MINEDUC, CDP y sostenedores. De esa forma, el sector privado si bien es incluido dentro de la legislación del Estatuto Docente, obtuvo resultados diferenciables del sector municipal. El consenso educativo logró la promulgación del Estatuto Docente a un precio alto, como la exclusión de los trabajadores de la educación del sector particular subvencionado.

Finalmente, la historia del sindicalismo docente del sector privado es un pasaje del magisterio chileno que no puede ser ignorado por futuras investigaciones, debido a sus conflictos y también porque su historia refleja de manera fiel el avance de la privatización y el desmedro de lo público, así como también, el curtir de nuevas generaciones y nuevos liderazgos. Arrojar algo de luces sobre las sombras de la historia de la docencia, es uno de los principales motivadores de este estudio exploratorio.

 

Notas:

[1] Profesor secundario de filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Diplomado en investigación universitaria por la Universidad Central y Magister en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es miembro Núcleo de Educación del Centro de Investigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA).

[2] La CONACEP es una asociación gremial de sostenedores de colegios tanto particulares pagados y particulares subvencionados, cuyo perfil es laico y que tuvo entre el último lustro de los ochenta y el primero de los noventa una posición de ofensiva hacia el magisterio organizado tanto el CDP como de la FSCP.

[3] La dictadura instauró el 16 de octubre como el Día del profesor, para desplazar la fecha con que anteriormente se utilizaba para su celebración (11 de septiembre), pues esta última coincidía con el aniversario del golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende.

[4] La FIDE es una agrupación de directores y sostenedores de establecimientos particulares pagados y particulares subvencionados cuyo nacimiento de 1948 estuvo estrechamente ligado a la Iglesia Católica y su idea de libertad de enseñanza. Durante la década de los ochenta y noventa asumieron una posición reactiva a cualquier legislación que introdujera regulación a su sector.

[5] Dichas comunas fueron Maipú, Viña del Mar, Los Andes, Valparaíso, El Bosque, San Ramón, Independencia, Las Cabras, Pichilemu, Los Sauces, Lonquimay, Curacautín, Maullín, Entrelagos, Los Muermos, Fresia, Llanquihue, Chaitén y Puerto Cisne.

 

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Cómo citar este artículo:

REYES ALIAGA, Rodrigo, (2022) “Conflictividad, paralelismo y derrota. La relación entre el Colegio de Profesores de Chile y el sindicalismo del sector particular subvencionado chileno (1985-1993)”, Pacarina del Sur [En línea], año 14, núm. 49, julio-diciembre, 2022. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Sábado, 20 de Julio de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2075&catid=10