El artículo se centra en la articulación de las dimensiones de lo social y lo político en los movimientos juveniles en Chile entre los años 1964 y 2008, a fin de ahondar en las problemáticas contemporáneas de representatividad y legitimidad de nuestra democracia. Señalando tanto las lecturas de las ciencias sociales sobre los jóvenes, como el movimiento histórico de los actores juveniles e institucionales, se busca, desde una perspectiva histórica, debatir sobre las trabas para la efectividad política de los movimientos juveniles en lo que se refiere a la construcción colectiva, relacional y conflictiva del orden deseado.

Introducción.

En el 2006, la movilización nacional de los estudiantes secundarios en protesta por las condiciones de inequidad de la educación chilena, obtuvo la satisfacción de algunas demandas puntuales y la generación de un espacio para la discusión de los problemas de fondo, es decir, aquellos asociados al entramado constitucional de la  educación pública (dependiente de las administraciones municipales) y la educación privada (subvencionada y autofinanciada). Pero la entidad creada para estos fines, el Consejo Asesor Presidencial Para la Calidad de la Educación, en donde los estudiantes y las organizaciones sociales afines a su movimiento contaron con alguna representación, no fue determinante en lo que finalmente surgió como propuesta de nueva Ley General de Educación. Ésta, al menos, fue la percepción tanto de los representantes de las organizaciones sociales como de otros consejeros entre los que se contaba el propio presidente de la entidad, el académico Juan García Huidobro. Éste último hizo pública su decepción: “Parece finalmente que el país se puso de acuerdo en educación y no nos hemos puesto de acuerdo. Estamos igual que antes, porque sobre las cosas importantes no hay acuerdo…Cuando los pingüinos[2] salen a la calle el 2006 y hoy, están diciendo que no quieren la desigualdad que tenemos, y eso no lo cambia esta ley”.[3]

A contrapelo del largo debate del organismo asesor, un acuerdo de los jefes de todos los partidos con representación parlamentaria fue el que dio forma a la nueva ley que luego sería aprobada por el parlamento. Entonces, cada presidente de partido, junto a la ministra del ramo, alzaron las manos celebrando el consenso en una imagen donde los notorios ausentes eran los representantes de alumnos y profesores. Posteriormente, otra ministra de educación, mientras dialogaba con estudiantes descontentos, decidió cesar las conversaciones, a lo que, indignada, la estudiante del Liceo Darío Salas, María Música Sepúlveda, respondió lanzándole el contenido de un jarro de agua. La ministra recomendó llevar al psicólogo a la muchacha y el director del colegio ordenó la no renovación de su matrícula. Los jóvenes organizaron marchas para decir que todos eran como ella, que todos sentían rabia, que todos hubieran lanzado el jarro de agua. La prensa cubrió estas movilizaciones junto con algunos reportajes que asociaban a los colegios municipalizados con el consumo de drogas. El movimiento estudiantil había transitado mediáticamente del reconocimiento de su potencial político, al viejo estigma de los “adolescentes problema.” Los muchachos, por su parte,  pasaban de la exigencia de la interlocución y el cambio social, a la constatación de la impotencia política.

¿Qué fue lo que sucedió para que la acción del movimiento estudiantil terminara con un gesto potente en la demostración de agravio social, pero impotente en la construcción de orden social? Para acercarnos a las respuestas, propongo dar una mirada a la relación entre movimientos juveniles y política en las últimas décadas, realizando un paralelo con las interpretaciones que, en torno a ello, han desarrollado las ciencias sociales chilenas.

Juventud y política. Las piezas en juego.

En 1964, cuando el presidente Eduardo Frei Montalva creó una asesoría en asuntos juveniles, el periodista Eugenio Lira Massi (1965), comentó que aquella decisión le parecía una excentricidad porque “la juventud está generalmente en los colegios estudiando y ya existe un ministerio de educación. Los más grandecitos son universitarios, y más grandecitos aun o son profesionales o están trabajando, y los jóvenes que no trabajan son vagos”. El sarcasmo tenía un fundamento en el sentido común de la sociedad chilena, en donde decir joven, se asumía equivalente a decir estudiante. La sociología no escapó de esta perspectiva, al menos, en lo que se refiere a dar cuenta de actores juveniles. Un buen ejemplo de ello es la investigación de Armand y Michelle Mattelard (1970) en donde la pregunta central fue si los jóvenes chilenos eran rebeldes o conformistas.[4] Si bien tal estudio cubría sectores campesinos y obreros, en el momento de tratar el protagonismo político, aparecía la federación estudiantil, junto con las juventudes de los partidos políticos, como el referente más importante de participación, no así las organizaciones barriales, centros culturales o clubes deportivos, clasificadas como las “menos políticas”.

Los Mattelard  construyeron su encuesta preguntando abiertamente por militancia política y no por “identificación política” como se suele hacer hoy. La razón es que un sector importante de los jóvenes militaba en los partidos políticos, y en el movimiento estudiantil eran estos partidos los que disputaban la conducción de las federaciones. Los jóvenes  también fundaban partidos políticos como el caso del “Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, en 1969 y la Izquierda Cristiana,  IC, en 1971 que se desprendieron de la Democracia Cristiana, DC,  principalmente desde su orgánica juvenil. También estuvo el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que irrumpió en 1965 como una organización liderada por cuadros universitarios. En general, los jóvenes militantes no asumían la política social como una esfera separada de la política formal, y ponían las mismas energías para una elección de federación que para una parlamentaria. Un representante de esa fusión fue el comunista Alejandro Rojas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, que asumió como diputado en 1973 cuando aun mantenía su cargo en ésta. En los años setenta, la tensión parlamentaria tuvo, a su vez, su correlato en las “Batallas por Santiago” en donde los jóvenes disputaban las calles en apoyo o rechazo a determinadas leyes propuestas por el gobierno de Allende. Entonces, la Federación de Estudiantes Secundarios, FESES, dirigida por el DC Miguel Salazar, promovía la toma de colegios y las marchas en contra el proyecto de Escuela Nacional Unificada, ENU, que proponía establecimientos de enseñanza vinculados a los centros productivos, con una formación para el mundo del trabajo que complementara la orientación científico humanista. En esta coyuntura la DC actuó unida a la derecha estudiantil liderada por Andrés Allamand, enfrentándose a los estudiantes pro Unidad Popular, UP, y al Frente Estudiantil Revolucionario, FER, que marchaban, tomaban y retomaban colegios en apoyo al gobierno. Finalmente, la ENU fue postergada indefinidamente en 1973, cuando unos y otros asumían que la movilización callejera era un factor central para inclinar la balanza respecto a temas disputados en el parlamento. En septiembre de aquel año, el golpe militar se encargó de acallar a ese poder joven que asumía la política como un atributo de los actores sociales, y por lo tanto, como esfera no exclusiva de las instituciones formales de representación electoral.

Desde principios de siglo y hasta 1973, “movimiento juvenil” y “movimiento estudiantil” eran entendidos prácticamente como sinónimos. No fue sino hasta la “crisis de la deuda” de 1981, que se comenzó a hablar de un actor joven distinto a los estudiantes: “El joven poblador”. En ese contexto, la falta de trabajo había afectado de forma particular a las nuevas generaciones, éstas contaban con una educación mucho mayor que la de sus padres, y por lo mismo, confiaban en una mejor inserción socioeconómica por esta vía.  La debacle financiera significó para ellos una tremenda decepción: la enseñanza básica y media aparecían como 12 absurdos años (“12 juegos” diría el grupo de rock Los Prisioneros) que concluían en una pobreza igual o peor que la de los padres. Paralelamente, las jornadas de protesta nacional contra la dictadura tenían como protagonistas de los enfrentamientos callejeros a éstos mismos jóvenes populares. Eran dos imágenes: por un lado, “La voz de los ochenta”, el grito de los protagonistas de la protesta organizada; y por otro, el “Baile de los que sobran”[5], los acreedores de una potente deuda social. La sociología, se preguntó: ¿Era contradictorio el protagonismo político y social de ser “voz generacional”, frente a la marginación de “danzar” con los sobrantes del sistema? Algunos defendieron la idea de que ambas imágenes no eran excluyentes, y el sujeto joven poblador fue visto como un constante proyecto, “nunca triunfante”, pero “nunca derrotado”, que si bien contaba con la protesta como oposición al poder que lo excluía, carecía de espacio funcional institucional desde donde acumular, como lo harían los estudiantes desde sus federaciones (Agurto Irene, Canales Manuel, De la Maza Gonzalo, 1985). En un sentido opuesto, el sociólogo Eduardo Valenzuela (1984) planteó la imagen de una juventud lastimada socialmente y subjetivamente al sufrir la más brutal exclusión sistémica. Para esta sociología, los jóvenes marginados de posibilidades de ascenso social y de mecanismos institucionales de participación, serían afectados por un daño en sus identidades al perderse los lazos de solidaridad orgánica con el orden social y los sentidos de optimismo histórico y de certidumbre sobre la existencia colectiva. Valenzuela definió tal daño apelando a Durkheim: la anomia inundaría a la juventud popular con sentimientos de abandono y extrañamiento, expresándose en las protestas como violencia sin sentido,  proyecto, ni racionalidad. La anomia era una “enfermedad” que sólo se curaría desde una institucionalidad recompuesta.

Pero aquella institucionalidad que tanto preocupaba a algunas sociologías, no estuvo ausente en los estudiantes.  La FECH de 1984, aun cuando no tendría el más mínimo reconocimiento de la autoridad, nacía de un largo proceso de elaboración de estatutos que buscaban hacer de la federación un organismo único, normado y representativo de todos los sectores. Sin votación universal, pero con elecciones indirectas vía centros de alumnos de los colegios, la FESES de los secundarios también buscaba reconstruir el viejo esquema de la participación social institucionalizada, al igual que los universitarios, sin un reconocimiento estatal. Tanto en una organización como en otra, los partidos políticos ilegales, pero con orgánicas de base reconstruidas, eran determinantes en las demandas y lógicas de acción que se desarrollaban. Las listas a las elecciones de la FECH se acordaban en mesas partidarias bajo los ojos atentos de las direcciones de los bloques políticos que asumían que la federación era un verdadero indicador de la política nacional que, no estando presente en el parlamento, tenía en el mundo social su campo de reproducción. En los colegios, de igual forma, los centros de alumnos se disputaban entre los representantes de cada conglomerado. En definitiva, la militancia partidista era un referente identitario importante, y los partidos opositores tenían centenares de miembros en cada universidad y red sectorial de colegios.

Con la transición a la democracia, la política, un ámbito que había sido cotidiano en las poblaciones y centros de estudios durante la dictadura, se reconstruyó en su conexión institucional con los organismos de gobierno y legislación, pero perdió presencia de base. Las redes de participación social y partidista disminuyeron en un grado más que significativo. La sola Juventud Comunista, de tener un activo de más de 500 militantes en la Universidad de Chile, pasó en pocos años a tener, a lo sumo, una militancia que alcanzaba los dos dígitos. Paralelamente, los jóvenes fueron motivo de investigación para las políticas públicas de inclusión sistémica, pero no fueron abordados como gestores de acción política.  Asumida la muerte de la “voz de los ochenta”, el foco de la sociología fue el “baile de los que sobran”: el costo del neoliberalismo en su versión pinochetista. En estos años, se escribió mucho sobre los jóvenes delincuentes, los  drogadictos, los desempleados, los desertores de la educación, las madres adolescentes, los que representaban un problema y un desafío; un objeto y no un sujeto para la nueva democracia.  Las sociologías conectadas con las políticas públicas de los gobiernos democráticos, buscaron luego promover actores que pudieran establecer una conversación social a canalizar institucionalmente (“casas de la juventud” en los barrios, fondos concursables, un “Parlamento Juvenil” con estudiantes secundarios), mientras que las producciones académicas disidentes del modelo de transición democrática, se enfocaron en el estudio de la nueva configuración del descontento y la autonomía organizativa (Zarzuri Raul, Ganter Rodrigo, 2002). También hubo una sociología que buscó demostrar una suerte de ocaso de la política de los movimientos sociales y triunfo de la sociedad de mercado y el individualismo como nuevo modelo cultural arraigado en los jóvenes chilenos (Sandoval Mario, 2002).

Mientras tanto, a medida que pasaban los años de la post dictadura, la participación sociopolítica de los jóvenes, tendió a recomponer puentes de memoria social y construir nuevas organizaciones y proyectos de intervención de la realidad. En estas experiencias, lo cultural y lo artístico estuvo particularmente presente en pequeñas organizaciones de base, talleres y grupos de discusión. Esta realidad, más la influencia de perspectivas teóricas europeas, marcaron las tendencias en el estudio de los fenómenos de asociatividad urbana, con eje en la referencia identitaria estética. Por un lado,  fue central la teoría europea de análisis de la acción colectiva en la era post industrial, que se denominó “Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales”. Según tal orientación, los sujetos que disputan la construcción de sociedades en su complejidad política, económica y socio cultural, es decir, los “actores” de los “movimientos sociales”, ya no podían ser entendidos a partir de un principio de unidad que otorgase orientaciones esenciales derivadas de las estructuras económicas. En esta línea, se analizaron aquellas agrupaciones juveniles que luchaban por su identidad dando lugar a simbólicos combates por la “significación”, por la existencia de lo distinto y disidente. Se planteó un cambio de paradigma en la participación social y política de los jóvenes: las identidades no estructurales (culturales, valóricas) estarían adquiriendo tanto o más peso que las estructurales (la clase, la condición de estudiantes). Estas identidades, al percibir la política como una pragmática administradora de consensos, cambiarían los fines estratégicos de su participación social juvenil, pasando de un deseo de incidencia estructural, al esfuerzo por ganar particulares batallas más relacionadas con las subjetividades cotidianas y con lo local, que con los grandes órdenes; más vinculadas a la cultura y las opciones de vida, que a los proyectos de país.  En el mismo sentido, se sostuvo que la decepción de los modelos organizativos de gran escala, piramidales e institucionalizados, ocurridos en el contexto de crisis de los desarrollismos y las izquierdas políticas, habría traído consigo la defensa de las autonomías, horizontalidades y diversidades fragmentadas; de la misma forma que la desconfianza en el potencial de cambio de las políticas pragmatizadas, habría elevado la “autogestión” como consigna.

Paralelamente, fue también importante la influencia de miradas de orientación posmoderna como la del francés Michel Maffesoli (1990), quien acuñó una perspectiva con eje en una categoría hoy bastante usada: la “Tribu Urbana”. Para Maffesoli, la modernidad y su producto social: la masificación y desindividualización, motivó una respuesta de los individuos consistente en buscar fortalecer su rol dentro de pequeñas agrupaciones definidas afectivamente, nuevas “tribus” en donde cobraba valor la “persona” adscrita a una “comunidad emocional”. Al mismo tiempo, dice Maffesoli, decae la lógica individualista que descansaba en una identidad separada y encerrada en sí misma, pues la “persona” de la socialidad tribalizada sólo vale en cuanto se relaciona con los demás. Ya “no se trata de la historia que yo construyo contractualmente asociado con otros individuos racionales, sino del mito del que participo” (Maffeoli 1990, p 35) dice este autor,  y es que para él la tribu es una entidad que se sustenta en mitos al tiempo que se reproduce en ritos. El mito no implica proyección racional, sino que sólo da cuenta de lo que se es.  El rito no es un proyecto, sino que es la reproducción, en un acto, de la propia identidad afectiva. Para Maffesoli, hoy las personas sienten y experimentan desde una nueva socialidad marcada por lo empático y lo estético. El mito del infante eterno de Dionisio que vive el aquí y el ahora, se emparentaría con la juventud contemporánea como metáfora del cambio epocal posmoderno, de ahí que la sociedad estaría siendo cada vez más marcada por el arte y lo estético, que por la política, en términos que se rebasaría el sentido de la funcionalidad en las prácticas cotidianas.

Los diagnósticos actuales sobre juventud y política se asocian en gran medida con estas dos perspectivas. Por una parte, la búsqueda de nuevas politicidades con eje en las múltiples identidades sociales de “nuevos actores” juveniles cada vez menos estructurales, y por otro, un estudio de la “tribalidad urbana”.

En las perspectivas de la tribalidad más cercanas a las consideraciones de Maffesoli, el análisis de los jóvenes como actores políticos se ha visto altamente limitado.  En ellas se declara abrir la teoría social al plantearse que poco se puede concluir como certeza en la mutación contemporánea. Se busca no definir categorías, de hecho, se evita definir “la política”, en tanto constituiría algo que se estaría reconfigurando en los “subterráneos” sociales. Sin embargo, estos enfoques, en su búsqueda de “abrir”, terminan por “cerrar” las posibilidades del actor, al dejar la categoría central de análisis, la tribu, como una matriz circular, estática, sin proyecto, sin exterioridad, sin conflicto, sin sociedad más allá de los afectos de los de la tribu y su mutua contemplación. En lo que se refiere a los diagnósticos de actores juveniles con características de “nuevos movimientos sociales”, quedan muchas preguntas pendientes: ¿En qué medida desde la diagnosticada fragmentación, particularismo, autogestión y horizontalidad de los actores juveniles se ha accedido a la construcción de lo público y a desarrollar proyectos de país? ¿La dispersión, fragmentación o particularismo de los actores juveniles es un modelo arraigado "irreversible" o una tendencia en tránsito a nuevas configuraciones de lo político con potencial de generar luchas por la creación de sociedad a nivel general? ¿El auge de las identidades con eje en lo subjetivo desecharía como referencia la posición objetiva de la clase o de la condición transitoria, estructural y diferenciada socio económicamente de ser “jóvenes estudiantes”?

Creo que para intentar responder estas interrogantes pendientes, es preciso detenerse a reflexionar sobre esta continua orientación de las ciencias sociales de focalizar al actor juvenil al punto de limitar las posibilidades de su configuración. En cuarenta años, se ha pasado de considerar a los estudiantes como los únicos protagonistas, a decir que sólo hay actores jóvenes en las identidades estético culturales de los barrios. Así como lo primero quedó desmentido con la irrupción del joven poblador, de forma similar, las últimas movilizaciones de los estudiantes contra el modelo de educación de mercado, desmintieron el ocaso de identidades de referencia estructural ante una tribalidad puramente estética y despolitizada. Hoy podemos sostener, por ejemplo, que el actual movimiento de estudiantes secundarios ha tenido un fuerte componente de clase: su eje es la inequidad de clase reproducida desde el sistema escolar; y su horizonte ha sido claramente político: cambiar una ley constitucional y limitar el rol del mercado en la regulación del sistema. Por otro lado, si bien es innegable el componente cultural y la importancia de las identidades estéticas en el tejido organizacional de los jóvenes, ha sido claro que ello no ha limitado el establecimiento de redes amplias que niegan la fatalista fragmentación o el eterno presentismo sin perspectiva.

No obstante lo evidente que pueden ser algunas perspectivas políticas en las asociatividades juveniles y estudiantiles, ello no resuelve la pregunta que formulamos en un inicio en torno a la efectividad social de tales perspectivas, es decir, su posibilidad de concretar logros en la disputa por dar forma al orden social. Si seguimos a Norbert Lechner (1984) en su definición de la política como: “la conflictiva y nunca acabada lucha por la construcción del orden deseado”, podemos asumir que en el caso de los movimientos estudiantiles, éstos han derrotado los diagnósticos de apoliticismo y apatía,  y han hecho evidente que asumen una conflictiva lucha por la construcción de sociedad. La pieza que falta no sería, por tanto, el carácter político de los actores, sino las posibilidades sistémicas de que éstos sean escuchados y formen parte real de la construcción de estructuras históricas.

b.- Juventud y política hoy en Chile. La pieza que falta.

La política requiere de mecanismos y campos para la disputa en los ámbitos gremial, local y nacional. En los años sesenta, siguiendo una tendencia que venía desde los años treinta, la política de los actores sociales estaba mezclada con la acción social de las instancias formales de representación política, es decir, los partidos como entidades con presencia en las bases de los movimientos. Los actores juveniles eran en gran medida dobles militantes de organizaciones sociales y de partidos, los frentes sociales veían en los partidos la posibilidad de unir las miradas sectoriales con las nacionales, y los partidos entendían, a su vez, que los frentes sociales eran las instancias donde las políticas partidistas luchaban por la hegemonía desde las bases.  Con la dictadura militar, la represión encontró la resistencia en un ámbito social y partidista que se reconstruía paralelamente y al interior de cada sujeto doblemente militante. Tal reconstrucción, con un fuerte componente de gestión cultural a fines de los años setenta, dio paso a coyunturas cada vez más confrontacionales durante los ochenta, en donde la lucha fue por ocupar los espacios públicos y ganar la representatividad de instituciones alternas al orden dictatorial, como fueron las federaciones estudiantiles. En resumen, mientras que antes del 73 primaba una política en donde la interlocución de los referentes juveniles con las instituciones estatales, se desarrollaba tanto desde las instituciones de representatividad social como desde los canales internos de la militancia partidista; durante la dictadura ocurrió que, no obstante se cerraron los canales de interlocución estado - sociedad y se prohibieron los partidos políticos, la tendencia fue que los ámbitos de participación social y partidista se reconstruyeran como campos alternos que reproducían sus tradicionales lógicas de relación.

Durante la transición política, la decepción primó en buena parte de las fuerzas opositoras que presenciaron la mantención de la constitución autoritaria y del modelo económico. Ello generó la desarticulación de gran parte de las redes organizadas.  A partir de entonces, las nuevas organizaciones se reconstruyeron ya no al viejo estilo de la doble militancia social partidista, sino desde perspectivas más bien autónomas respecto a los partidos. Estos últimos, se reconfiguraron institucionalmente pero perdieron presencia local. En los territorios volvieron a estar particularmente presentes las identificaciones y proyecciones artístico culturales,  como las que hubo a fines de los años setenta. En los estudiantes hubo crisis de las federaciones universitarias a principios de los noventa, para luego rearticularse y llegar a ser dirigidas por antiguas o nuevas agrupaciones de identidad política (en el caso específico de la Universidad de Chile, por cuadros del Partido Comunista, PC, a mediados de la década del 90). Los universitarios protagonizaron cíclicas demandas por el incremento de los fondos de los créditos para el pago de los aranceles y algunas demandas relativas al gobierno universitario, que en el caso de la Universidad de Chile, tuvo como fruto la presencia tri estamental en organismos representativos. En el 2005 las federaciones del país agrupadas en la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, consiguieron un acuerdo con el Ministerio de Educación, MINEDUC, que garantizaba gratuidad para los estudiantes de los dos primeros quintiles socio económicos, garantía de 100% de crédito para el tercer quintil, crédito diferenciado hasta el cuarto quintil y un significativo incremento del presupuesto universitario de asignación estatal. En ese entonces, los estudiantes consiguieron la interlocución con el gobierno, luego de rechazar un sistema de crédito bancario con aval del Estado, que se abría a las universidades privadas y que a su juicio, en un continuo contexto de déficit de los fondos de las universidades tradicionales, podía terminar imponiéndose como alternativa para los centros dependientes del Consejo de Rectores, es decir, las universidades con financiamiento directo del estado.

Por su parte, los secundarios no reconstruyeron federaciones sino que vocerías vinculadas a asambleas de colegios. Los partidos políticos también estuvieron presentes, aun cuando sin la masividad que tuvieron durante la dictadura y coexistiendo con un sinnúmero de pequeñas agrupaciones de identidad socio política. El movimiento que se inició el 2006, fue el fruto de largos años de ensayos organizativos y no manifestación de “espasmos” o “reventones” desconectados de las experiencias previas.

Mientras los universitarios lograron el 2005 su acuerdo relativo al sistema de aranceles, el 2008 los secundarios fueron ignorados en sus demandas estructurales, tras la opción del gobierno por el acuerdo cupular con los partidos. Obviamente, esto se debe a la magnitud de las demandas, más que a la capacidad organizativa de uno y otro movimiento. Efectivamente, el acuerdo CONFECH - MINEDUC consistía en una readecuación del sistema de financiamiento universitario que garantizaba el derecho a la gratuidad y al crédito de los sectores más pobres, lo que, dada la creciente elitización de las universidades tradicionales, no era algo tan difícil de asumir para las autoridades. En cambio, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza era un punto mucho más complejo que tocaba a múltiples intereses sociales y económicos. Aquí, lejos de una interlocución directa con el Ejecutivo y de aprobación expedita en el parlamento, lo que primó fue el ejercicio de una suerte de simulacro de participación que no tuvo consecuencias concretas en la nueva legislación.

Todo esto nos indica que la eficacia política no es un atributo de los sujetos con independencia de los contextos socio históricos en que se disputa “aquella conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”. Por ello, la respuesta al por qué el movimiento estudiantil secundario tuvo el desenlace que tuvo, no es algo que se deba sólo a sus atributos, sino que también al campo de interrelación Estado – Instituciones Políticas – Actores Sociales, en donde el movimiento se desenvolvió.

En cuatro décadas transitamos desde una sociedad politizada que articulaba acciones, sueños y metas en una relación cercana y de mutuas influencias con las instituciones de la política formal, a una sociedad cuya politización es ignorada por los actores de una “clase política”, que no se relacionan con el mundo social sino es como ofertantes electorales ante consumidores votantes. Al cerrarse la posibilidad de enfrentar los conflictos desde el mundo social, sin otorgarse un campo de acción efectivo a los sujetos, sólo van quedando los gestos impotentes de una ciudadanía ignorada. Por ello, quizás, más que la joven María Música, es nuestra democracia la que necesita una “terapia”. La estudiante al menos manifestó su ira, nuestra democracia en cambio, parece no reaccionar a estímulos.

Considerando lo anterior, es imperativo que los estudios de juventud trasciendan el debate relativo a la politicidad de los jóvenes y generen perspectivas orientadas a dotar de posibilidades sistémicas a tal politicidad, es decir, pasen definitivamente de la problematización de los jóvenes respecto a la política a la problematización de la política respecto a los jóvenes. Quedando clara la articulación de horizontes políticos en los actores juveniles, lo que falta es que el campo democrático se abra a las proposiciones emanadas desde tales actores. El tema pendiente es, entonces, el de la legitimidad de nuestro orden y la consecuente democratización del campo político. Esa es la pieza que falta.

Bibliografía

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Lechner, Norbert, 1984, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Santiago, FLACSO.

Lira Massi, Eugenio, 1965, Frei y  los desconocidos de ahora, Santiago, Editorial Punto Final.

Maffesoli, Michel, 1990, El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en la sociedad de masa,  Barcelona, Edición Icaria.

Mattelard, Armand y Michele Mattelard, 1970, Juventud chilena: Rebeldía y conformismo, Santiago, Editorial Universitaria.

Sandoval, Mario, 2002, Jóvenes del siglo XXl. Sujetos y actores de una sociedad en cambio, Santiago, UCSH.

Valenzuela, Eduardo,  1984, La  Rebelión de los Jóvenes, Santiago, Ediciones SUR, 1984.

Zarzuri, Raúl  y Rodrigo Ganter, 2002, Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas del Descontento, Santiago, Ediciones UCSH.  

[1] Historiador. Doctor en Estudios Latinoamericanos UNAM.

[2] “Pinguinos” se les denomina en Chile a los estudiantes de educación media, pues su uniforme  consiste en un traje negro con una camisa blanca.

[3] Ver: “Consejo Asesor de Bachelet desilusionado por aprobación de la LGE”. www.terra.cl. 19 de Junio. 2008

[4] Mattelard, Armand y Michele Mattelard, Juventud chilena: Rebeldía y conformismo, Santiago, Editorial Universitaria, 1970.

[5] “La voz de los 80” y “El baile de los que sobran”, ambos, títulos de canciones del popular grupo de rock Los Prisioneros.