Mónica Piceno[1]

Universidad Nacional Autónoma de México

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Renaud Lariagon[2]

UUniversidad Nacional Autónoma de México

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Recibido: 08-12-2020
Aceptado: 30-08-2021

 

 

Introducción

El despojo de recursos naturales en las últimas décadas en América Latina ha generado una infinidad de conflictos locales, cuyas resoluciones dependen de distintas escalas. Tal ha sido el caso de la comunidad de Cherán que, a partir de un violento conflicto derivado del saqueo de sus bosques y la inacción de las autoridades locales, la llevó a reafirmar una autonomía política territorializada. En este artículo resaltamos cómo el territorio, tanto en su acepción jurídica como en las practicas cotidianas, es el motivo, la herramienta y el objetivo de una estrategia comunitaria que evolucionó de la exigencia de justicia a la construcción de la autonomía. Seguir el hilo histórico y reciente de la lucha de Cherán devela la evolución de la organización comunitaria paralelamente al proceso de autonomización, dado que dicho proceso implica la reconfiguración de las relaciones de poder a distintas escalas geográfico-institucionales.

Desde la geografía social, queremos argumentar a favor de la necesidad de vincular el proceso de construcción de la autonomía comunitaria con su dimensión espacial. Por ello espacializamos las relaciones de poder en el proceso de subjetivación política de la comunidad, analizando sus dinámicas territoriales. Para este objetivo asumimos una concepción relacional del poder y del territorio, que son estructurados a través del conjunto de relaciones sociales. Complementamos dicho análisis con el estudio de la reafirmación del sujeto comunitario utilizando la triada conceptual Subalternidad, Antagonismo y Autonomía de Modonesi (2010). Ésta a su vez, vincula la condición y manifestación de los sujetos políticos y permite un entendimiento estructural y procesual de los acontecimientos que desembocaron en la oficialización de un gobierno por usos y costumbres al nivel municipal.

La presente contribución se entreteje con trabajos anteriores (Lariagon y Piceno, 2016; Piceno Hernández, 2017; Osorno, et., al., 2018) con el fin de sistematizar y complementar los análisis precedentes. Para lograr estos objetivos retomamos la información recabada en entrevistas hechas en la comunidad entre los años 2014 y 2015, así como de entrevistas informales y de observación participante recurrente entre 2016 y 2019, datos que forman parte de un seguimiento que los autores han dado a dicho proceso.

Dado que, a raíz del conflicto la autonomía vertebra la estrategia comunitaria, empezaremos destacando el proceso histórico e institucional de formación del territorio comunitario, que permitirá relacionar la pérdida de control sobre éste con la politización de los cheranenses. Continuaremos identificando la manera en que tal concientización, junto con otros factores como la intensificación de la violencia y del saqueo de los bosques, llevaron a la comunidad a asumir el conflicto e impulsar su reterritorialización, abriendo así nuevas perspectivas de emancipación. Posteriormente analizaremos cómo la autonomía es construida mediante un proceso de auto institucionalización del territorio, a través de la construcción del gobierno por usos y costumbres, proceso en cierta oposición al modelo político y económico dominante. Finalmente, evidenciaremos que el proyecto de autonomía, desde una concepción social e integral, no puede pensarse herméticamente, sino en relación con otros sujetos ubicados a otras escalas.

 

Antecedentes político-territoriales de la comunidad

 El territorio como origen

De acuerdo con una concepción relacional, es decir enfocada en las relaciones sociales, el territorio no es el espacio social en sí, sino las relaciones de poder espacialmente delimitadas las que operan sobre un sustrato referencial (Lopes de Souza, 1995). Partiendo de esta definición, se vuelve necesario retomar brevemente la profundidad histórica de la comunidad para entender la estructuración de las relaciones sociales internas respecto a sus contextos institucionales. Se trata de entender cómo evoluciona el poder de la comunidad, así como su distribución interna, en función de su asentamiento territorial.

Ubicada en la parte noroccidental del estado mexicano de Michoacán, en la denominada Meseta Purépecha, la comunidad de Cherán tiene su origen en un asentamiento humano establecido al menos desde el siglo XIII y cuyo registro histórico más consolidado data del siglo XVI (Castro, 2004). Durante La Colonia, la administración virreinal emprendió la titulación de bienes, bosques y aguas, estableciendo un orden territorial marcado por diferencias entre castellanos e indios mientras algunos territorios indígenas fueron reconocidos como propiedad legítima de sus habitantes (Bolio y Bolio, 2013). Tal es el caso de Cherán cuyas tierras fueron reconocidas con un título virreinal otorgado en 1533 a los ocupantes (DOF, 1984), momento en que la comunidad indígena fue integrada al orden social de la Nueva España.

Si bien a inicios del siglo XX durante el reparto agrario se daría el reconocimiento de bienes comunales y ejidos en México (Jasso Martínez, 2010), fue hasta 1944 que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) abrió la revisión de escrituras antiguas de Cherán. Al cierre del expediente agrario en 1984, la SRA reconoció legalmente los derechos de propiedad comunal del territorio, ya establecidos en 1533 mediante el título virreinal, con una superficie total de 20,826 hectáreas de bienes comunales, de carácter imprescriptible, inembargable e inalienable, contemplando a 2100 comuneros con el derecho de propiedad social (DOF, 1984). El Estado oficializó a Cherán como una comunidad agraria, entendiendo esta como un núcleo de población indígena oficialmente reconocida que posee un conjunto de tierras, las cuales le fueron restituidas, que posee desde tiempo inmemorial y gestiona a través de instituciones municipales y/o comunales (De Gortari, 1997).

El conflicto por tala clandestina en Cherán puede ser analizado y entendido a través de distintas dimensiones, pero el tema de la delimitación y tenencia de la tierra permite entender la identificación territorial que ampara la defensa de los bosques unida a la del territorio. En algunos casos, la reforma agraria favoreció la conformación de facciones locales rivales, tanto en el interior de las comunidades como entre ellas (Baitenmann, 1997). La comunidad de Cheranástico por ejemplo, se separó de Cherán en 1939 para integrar el municipio vecino de Paracho (Beals, 1992). También entre 1940 y 1970, los conflictos por la tierra se intensificaron debido, en gran medida al desarrollo de un “capitalismo agrario” en el que los terratenientes desarrollaron manufacturas y se volvieron pequeños empresarios (Castile, 1974). En Cherán, esta etapa desarrollista fue marcada por grupos de poder agraristas que, con prácticas de clientelismo al nivel local y estatal, lucraron con el bosque mediante el control del comisariado de bienes comunales (Calderón Mólgora, 2004). Además, los linderos mal establecidos y la invasión y acaparamiento de tierras por parte de propietarios privados motivaron otros conflictos comunitarios, lo que probablemente explica que el expediente agrario de Cherán demorara 40 años en ser resuelto.

Durante la última mitad del siglo XX, otros factores que propiciaron el debilitamiento del tejido social de la comunidad fueron la fuerte división política propiciada por los partidos políticos; la intensificación de la migración hacia EUA y el consecuente abandono del campo, así como el avance de la violencia propiciada por grupos de delincuencia organizada en distintas regiones de Michoacán, que, entre otras acciones, han intervenido en la intensificación del monocultivo de aguacate (Gasparello, 2018; Pérez-Llorente, et., al., 2019). Estos hechos, han modificado profundamente las tradiciones y las prácticas culturales, incrementaron la violencia y el despojo de tierras y recursos en la región, al mismo tiempo que propiciaron uno de los conflictos más representativos de los últimos tiempos en la Meseta Purépecha y Cherán.

 

Una larga y arraigada subjetivación política

En resonancia con la historia territorial, el proceso de subjetivación política de la comunidad de Cherán se ubica en un amplio espectro temporal en el cual podemos encontrar referencias a experiencias de resistencia. Durante la Revolución Mexicana de 1910, los conflictos en la Meseta Purépecha estuvieron principalmente vinculados a las demandas contra la sobrexplotación forestal que causó la llegada del ferrocarril unas décadas atrás. En 1913, se instaló la Compañía Industrial de Michoacán que desarrolló una explotación intensiva, contra la que el comunero Casimiro Leco López congregó a un grupo de hombres impidiendo el saqueo del bosque y combatiendo a los bandidos que asaltaban en la región (Calderón Mólgora, 2004).

Posteriormente, durante el período de Lázaro Cárdenas, fueron establecidas vedas forestales, que no impidieron por completo la extracción forestal propiciando la tala ilegal. En 1972, Michoacán se volvió uno de los más grandes productores de madera del país. La cantidad extraída era tal que en 1983 la policía judicial cerró centenas de aserraderos ilegales en la zona y las comunidades locales se encontraban organizadas para defender sus bosques de la intromisión estatal y el extractivismo forestal (Vázquez León, 1992). A pesar de la acción de las comunidades, la tala siguió aumentando. En este contexto Cherán organizó el 1er Encuentro de Comunidades Indígenas de Michoacán en 1991, lo que inició un nuevo periodo de organización y lucha indígena en el Estado.

En el caso específico de los purépechas, las comunidades se organizaron principalmente en torno a la defensa de sus bienes comunales, y se pronunciaron públicamente en el Decreto de la Nación P’urhépecha, contra la reforma del artículo 27 de la Constitución –promulgada en 1992– estableciéndola como un proceso privatizador de las tierras comunales. Al respecto, Cherán no se registró en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), impulsado por esta reforma. En 1994 surgió la Organización Nación P’urhépecha (ONP), como forma de lucha y de solidaridad con el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tres años después, se publicó el cuadernillo Juchari Juramukua (Nuestra Autonomía) en el cual los purépechas se refirieron por primera vez a la autonomía o libre determinación de su pueblo, inscribiéndose cada vez más en un plano político. Por sus experiencias, la comunidad de Cherán como otras organizaciones purépechas han liderado el movimiento indígena en Michoacán  (Jasso Martínez, 2010). Así, el proceso de politización de los purépechas no se puede desvincular de su identificación territorial y de sus bienes comunales.

En este análisis, los bienes comunales refieren al conjunto de recursos que se encuentran en el territorio comunal y que pueden ser reconocidos de manera institucional, como ocurre en el caso de la titulación de la SRA, pero que, a su vez, conceptualmente representan bienes comunes, es decir, aquellos recursos que una comunidad se ha apropiado a través de procesos de construcción comunitaria, y que gestiona colectivamente (Martínez Luna, 2004). Esta identificación conceptual no requiere de una institucionalización, sino que se construye mediante prácticas cotidianas, como la vida en comunidad, el trabajo de la tierra, la realización de fiestas comunitarias, etc. (Díaz, 1994). A su vez, el territorio es entendido como el espacio en el que una comunidad desarrolla su experiencia de vida, es resultado de un proceso histórico en el que se asienta la organización social que le da forma e identidad (Lopes de Souza, 1995). Por estas razones, el control de los territorios y de los bienes comunes por parte de las comunidades, constituye la condición que les permite la reproducción social y el desarrollo, sin dejar de ser lo que son (López Bárcenas y Espinoza Sauceda, 2003).

En las sociedades capitalistas, la naturaleza se vuelve mercancía, ya que su valor de uso se convierte en valor de cambio, mediante un proceso violento que se ejerce en las personas, en la naturaleza-recurso y en sus espacios sociales (Lefebvre, 1974). Pero las concepciones indígenas de territorio y naturaleza en Cherán se oponen a la visión utilitarista y mercantil de los bienes comunes (José Bartolo, miembro del Concejo de Bienes Comunales, CBC, 2015, entrevista). Aunque pueda parecer paradójico, el contexto de integración de los indígenas a la sociedad mexicana y la paralela reafirmación de la identidad purépecha favorecieron la construcción de un sujeto político consciente de su postura subalterna. Cabe mencionar acontecimientos recientes y factores específicos de Cherán que apoyan esta interpretación, como la organización social impulsada tras el conflicto electoral del 2007, originado por sospechas de fraude de parte de la sección local del Partido Revolución Institucional (PRI) (Del Conde, 2014).

También es relevante asumir que el conflicto por la tala clandestina, además de ser un hecho de largo historial en la zona, fue originado por factores como el avance del crimen organizado (los malos o la maña) y la dinámica de cambio de uso de suelo. En un aspecto aún más complejo cabe mencionar que el trabajo sucio fue ejecutado por los talamontes, entre los cuales se encontraban miembros del crimen organizado, así como trabajadores a sueldo de otras comunidades, e incluso gente obligada bajo trabajo forzado (Gasparello, 2018; Fuentes Díaz y Paleta Pérez, 2015; Maldonado, 2013). Efectivamente, si bien comuneros hicieron demandas públicas a la presidencia municipal, colgaron mantas con eslóganes en sus ventanas, organizaron reuniones públicas o “a escondidas”, estas actividades no fueron suficientes para frenar al grupo delictivo local, que, intensificó el hostigamiento mediante desapariciones y asesinatos de defensores de los bosques. Tal uso de la violencia podría haber “callado” a la comunidad, pero contrariamente y en conjunto con los antecedentes mencionados, la aceptación colectiva del conflicto fue inevitable.

 

El territorio como herramienta de emancipación

Aceptación del conflicto y (re)afirmación de lo comunitario

Entre los años 2008 y 2011 la tala clandestina en Cherán afectó aproximadamente 9000 hectáreas de bosques templados (España-Boquera y Champo-Jiménez, 2016; Osorno, et., al., 2018). Los talamontes y el avance territorial del crimen organizado avanzaron hacia los bosques cercanos al manantial de La Cofradía, lugar de alto valor ambiental y cultural para los pobladores, lo que detonó el levantamiento del 15 de abril de 2011. Por lo mismo, se puede considerar que el conflicto es socioambiental, porque remite al despojo y la amenaza sobre los recursos naturales que sustentan la vida de la comunidad. Sin embargo, éste no se limita a una dimensión ambiental. Este acontecimiento marca la evolución de una experiencia de dominación a una de conflicto, aunque no representa el único factor de una repuesta espontánea. En cambio, la forma misma del levantamiento informa acerca de una cierta unidad comunitaria, o del sentimiento colectivo de una unidad necesaria en momentos de crisis.

En su investigación Gasparello (2018) reconoce este proceso hablando de un “conflicto de identificación colectiva”, mientras que Ojeda (2015) lo caracteriza como “consenso comunitario”, argumentando que, a diferencia de los conflictos precedentes, el de 2011 expresó un “hartazgo” e identificó un enemigo común externo mucho más peligroso que los que habían enfrentado antes. A este punto de su historia, la comunidad había sido debilitada por conflictos internos. Es particularmente difícil encontrar registro de conflictos de décadas anteriores, sin embargo, Navarrete (Conejo de Honor y Justicia, CHJ, entrevista, 2014) resaltó que desde 2011 asumieron la necesidad de superar estos conflictos: “la misma condición […] ha llevado al análisis de nuestra gente a tener un comportamiento, una actitud más comprensiva y eso ayuda a evitar conflictos mayores entre mismos comuneros”. Esta situación permitió que el crimen organizado operara y se fortaleciera, desatando esta situación de violencia. En pocos años, los ataques ya no se limitaban al robo de madera o amenazas a algunos comuneros, sino que alcanzaron una amenaza al conjunto de la comunidad (Bartolo CBC, 2015, entrevista; Ramírez Concejo Mayor, CM, 2014, entrevista).

En la madrugada de ese día, un grupo de mujeres y sus hijos, bloquearon el paso cercano al Templo del Calvario (imagen 1) por donde solían bajar los talamontes cargados de madera. Las comuneras presentes confrontaron y retuvieron a algunos de ellos y, tras sonar las campanas de la iglesia, los habitantes de la comunidad se congregaron, detonando un proceso de concientización y un periodo de transición entre el gobierno municipal y el gobierno por usos y costumbres que duraría 11 meses.

Imagen 1. El templo del Calvario durante la celebración del Corpus Cristi en 2015.
Fotografía de Mónica Piceno

 

La movilización de relaciones sociales históricamente territorializadas

Entre mayo y diciembre de 2012, se llevó a cabo una nueva historia de defensa del territorio, para lo cual fue crucial el conocimiento de la comunidad acerca de su territorio, a partir del control de puntos estratégicos. Así, no es casual que la insurrección comunitaria se traduzca por primeras acciones como reunirse en torno a fogatas en distintas calles de cada barrio, y erigir barricadas en las entradas de la ciudad. En paralelo, los pobladores se organizaron, particularmente ocupando las calles día y noche. Las fogatas instaladas al calor del movimiento fueron retomadas en función de las familias y de cada manzana de los cuatro barrios que componen la comunidad. Beals (1992) y Castile (1974) observaron que durante la segunda mitad del siglo XX las manzanas urbanas eran un referente para la organización comunitaria, entre otros motivos para organizar las fiestas tradicionales y las faenas. Las fogatas aún siguen movilizando muchos comuneros de manera unida y puntual (Ojeda, 2015), y dada la necesidad de ocupar las calles, la comida era cocinada en las fogatas, pues durante el conflicto los fogones se sacaron a la calle, lo que propició una convivencia extrafamiliar (Martínez, 2014), retomando el fuego como matriz de la sociabilidad purépecha (Alvarado, 2018).

El conflicto también ha tenido una dimensión de autodefensa al retomar la “Ronda de comuneros”, una guardia de seguridad civil tradicional surgida desde la agitación posrevolucionaria (Ojeda, 2015) y que, en Cherán estaba compuesta desde entonces, por una decena de hombres voluntarios que patrullaban las calles de su barrio (Beals, 1992). El día del levantamiento la ronda comunitaria quitó las armas a la policía municipal considerada corrupta, y presidente municipal priista y los allegados de su administración fueron expulsados de la comunidad.

Los comuneros insurrectos ocuparon el palacio municipal y fueron constituidas diversas comisiones para trabajar por dar soluciones a diversas problemáticas mientras esperaban la solución del gobierno del Estado de Michoacán. Las asambleas barriales ya existentes se revitalizaron tras el conflicto. Es importante señalar que este tipo de organización tiene raíces antiguas y que revelan un tejido social denso (Navarrete CHJ, 2015, entrevista). Para los purépechas, el barrio actual era una subunidad sociopolítica desde la época preclásica que permitía “habitar unos con otros en el lugar de origen”, lo que indica que concebían un asentamiento humano en función de sus relaciones personales y de parentesco (Castro, 2004). Así, mediante la movilización de la memoria colectiva y de prácticas antiguas, y de la reapropiación colectiva de los lugares del poder político oficial, los comuneros se reterritorializaron y, en el contexto electoral estatal, empezaron a reflexionar sobre impedir las elecciones municipales, cuestión que derivó en la propuesta de elegir a sus propias autoridades y, posteriormente, en la formación de un “gobierno autónomo”, inspirado en los usos y costumbres locales, que fuera ajeno a los partidos políticos.

Como lo ha señalado Zibechi (2007), y es lo que observamos en el caso de Cherán, en la mayoría de las luchas o insurrecciones de corte autonómico de las dos últimas décadas en América Latina, se puede observar cómo la vida cotidiana de las comunidades es la que permite el despliegue de prácticas de lucha. Las relaciones sociales históricamente tejidas en una comunidad facilitan su organización y el “surgimiento” de la protesta. Las acciones colectivas necesitan copresencia y múltiples encuentros entre individuos para realizarse, de ahí la importancia de la dimensión espacial de estos procesos, ya que en el espacio están las condiciones de posibilidad de los encuentros sociales, condiciones estructurantes, materiales, pero también ideales (conceptuales) (Ripoll, 2006). Así, mientras más está territorializado un grupo social, más capacidad de organización y de defensa de su territorio tiene. En ese sentido, se puede aprehender el territorio como un dispositivo socioespacial que permite, al activarse, construir y reforzar una relación de fuerza, y participar en la reconfiguración de las relaciones de poder a otras escalas.

Hablar del territorio como origen y herramienta de la lucha es considerar el proceso de reterritorialización, es decir, del (re)empoderamiento de un grupo social a partir de la (re)apropiación de un espacio necesario para su existencia. Al reconocerse como comunidad, Cherán logró identificar la destrucción de un bien común (el bosque); en un proceso de concientización, relacionó su subalternidad con la pérdida de control sobre su territorio, asumiendo progresivamente el antagonismo. El territorio, como expresión de un denso tejido de relaciones sociales espacialmente inscritas, facilitó la acción colectiva contra los talamontes y los partidos políticos. Este desarrollo subjetivo colectivo se nutrió de la necesidad de la defensa del territorio y de su movilización como herramienta de lucha, hasta volverse la “apuesta del movimiento”, el soporte de la emancipación a largo plazo, la autonomía.

 

Autonomía de Cherán K’eri: reconstrucción política interna

¿Comunidad o municipio autónomo?

En este caso es recurrente la interrogante acerca de la definición o delimitación de la entidad dotada de autonomía: ¿se trata de una comunidad autónoma o de un municipio autónomo? ¿En qué territorio aplica el gobierno por usos y costumbres? Estas dudas derivan principalmente de la superposición de dos tramas territoriales oficiales, la agraria y la municipal (imagen 2). En todo México, cada uno de estos recortes territoriales tiene su propio marco jurídico y autoridades paralelas, a veces incompatibles pero que en algunos territorios coexisten (Flores Rodríguez, 2015). En el caso de Cherán, la comunidad agraria deriva de la comunidad indígena asentada en la Meseta Purépecha desde tiempos del Imperio Tarasco, y que posteriormente tuviera un reconocimiento de tierras dado en 1533 mediante un título virreinal, ratificado en 1984 mediante el Registro Agrario Nacional (DOF, 1984).

Imagen 2. Las tramas territoriales de Cherán (Lariagon y Piceno, 2016)

Aun cuando comunidad y municipio representan estructuras territoriales y administrativas distintas, las instituciones indígenas se han superpuesto con las nacionales, y los sistemas de justicia de ambas han tenido que coexistir y transformarse (Sierra, 1997). En Michoacán, las tenencias o comunidades alejadas de las cabeceras municipales nombraban a las autoridades comunitarias mediante asambleas comunitarias y eran ratificadas por la autoridad municipal, esta y otras expresiones del derecho consuetudinario representan un antecedente de los sistemas de gobierno por usos y costumbres que, aunque permanecieron sin marcos legales hasta finales del siglo XVIII (Aragón, 2019).

Actualmente los usos y costumbres están reconocidos en el artículo 2º de la Constitución Política Mexicana y por el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Sierra, 1997; OIT, 1989). Por lo tanto, la autonomía de Cherán, para la elección de sus propias autoridades representa una estrategia contemporánea que, en el sentido propuesto por Díaz-Polanco y López y Rivas (1992), promueve la conformación de un marco jurídico-político avalando el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación, para proteger y gestionar su territorio y sus recursos.

En el contexto institucional superpuesto tanto la comunidad como el municipio son categorías relevantes. La comunidad de Cherán estuvo “asentada” en la cabecera del municipio homónimo fundado en 1861 y, aunque el levantamiento de 2011 fue a nivel comunitario, el gobierno por usos y costumbres fue avalado a nivel municipal. Un criterio determinante para el actual gobierno fue la catalogación de Cherán como municipio indígena según criterios del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) con base en datos del censo de 2010 (INEGI, 2010), en el cual se registró un 48% (8793 personas) de población indígena. La consulta pública del 18 de diciembre de 2011 que daría a conocer la voluntad popular acerca de gobernarse por usos y costumbres se realizó también a nivel municipal, y permitió que en enero de 2012 el Instituto Electoral Michoacano (IEM) reconociera la validez institucional y legal del gobierno comunitario (DOF, 2014; IEM, 2012).

En cuanto a su autodeterminación, Cherán obtuvo una autonomía política para elegir a sus autoridades, situación que ratifican cada tres años en cada nombramiento mediante la participación popular (imagen 3). Aun así, esta situación no está libre de conflictos, funge como municipio frente a los procesos y tiempos administrativos estatales y federales, y como gobierno municipal tiene a su cargo a las tenencias de las comunidades de Santa Cruz Tanaco y Casimiro Leco. Por estas particularidades jurídicas el caso de Cherán es inédito, ha inspirado a otras comunidades de la región en la búsqueda de su autodeterminación y aún queda en evolución respecto al derecho y la política en México.

Imagen 3. Nombramiento en la comunidad de Cherán en el año 2015. Fotografía de Mónica Piceno.

 

El gobierno por usos y costumbres o la auto institucionalización comunitaria

Desde 2011, la estructura de gobierno comunitario en Cherán se ha reconfigurado y su actual composición ha sido resultado de la integración de formas tradicionales de toma de decisiones como podrían ser los juzgados de tenencia, los comisariados de bienes comunales o los encargados del orden (Aragón, 2019). Antes del levantamiento, la segmentación de la localidad por medio de barrios ya jugaba un papel importante, y desde el momento de ruptura con el gobierno municipal el nivel de base para la toma de decisiones han sido las fogatas que preceden a la toma de decisiones en las asambleas de barrio y en asambleas generales.

Poco después del levantamiento, los comuneros integraron comisiones operativas[3] que fueron formadas primero para garantizar la seguridad y las necesidades básicas de la población, y posteriormente para representar a la comunidad y atender las negociaciones de ésta con el Estado mexicano por medio de la comisión general. Esta organización previa al gobierno comunitario da cuenta de la innovación política como una estrategia para lograr una justicia comunitaria, ya que, tras la insurrección, nunca hubo un vacío de autoridad, sino una auto institucionalización de la propia comunidad. Mediante las comisiones operativas los habitantes de Cherán participaron en la vida política comunitaria, desde su fogata y su barrio. Asimismo, retomaron dinámicas tradicionales como rotatividad de cargos y la faena o trabajo comunitario no remunerado para reforestar los bosques dañados, que en otras comunidades indígenas de México se conoce como tequio. Este tipo de tradiciones sufrieron un abandono principalmente durante el siglo XX, mediante las políticas de aculturamiento de los indígenas, el abandono del campo, la discriminación y la migración.

Las comisiones se transformaron y actualmente están agrupadas en el Gobierno Comunitario (Gobierno K’eri). Este comprende un Concejo Mayor y ocho Concejos operativos: 1) El Concejo de Administración Local encargado de dar servicios públicos; 2) El Concejo de Asuntos Civiles que procura el rescate y fortalecimiento comunitario mediante la salud, la educación y el arte; 3) El Concejo Coordinador de los Barrios encargado de mantener los vínculos comunitarios entre los barrios y los representantes del gobierno comunal, así como procurar la participación y el cumplimiento de las decisiones tomadas en las asambleas barriales; 4) El Concejo de Desarrollo Social que tiene como objetivo el fortalecimiento de la comunidad mediante la gestión e implementación de programas sociales; 5) El Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia (o Concejo de Honor y Justicia) que se encarga de velar por la seguridad del territorio, de los recursos y de los comuneros; 6) El Concejo de los Bienes Comunales (CBC) que trata de cuidar las relaciones entre comuneros y sus bienes comunales además de reconstruir el territorio; 7) El Concejo de la Mujer, procura la inclusión igualitaria de las mujeres en el tejido social, mediante perspectiva de género y 8) El Concejo de Jóvenes busca involucrar a los jóvenes en el desarrollo de la comunidad mediante el deporte, la cultura y otras actividades.

Los dos últimos Concejos, no existían durante el primer ciclo de gobierno comunitario (2012-2015), pero debido al importante papel de las mujeres y de los jóvenes en la comunidad, fueron creados en el segundo periodo (2015-2018). Todos los Concejos operativos convergen en el Concejo Mayor, que es la principal instancia del gobierno comunitario (imagen 4); está compuesto por 12 K’eris (“grandes”, “sabios”), tres por cada uno de los cuatro barrios. Se encarga de la administración del presupuesto municipal y tiene por tarea vigilar y aconsejar los trabajos de los Concejos operativos. Este Concejo juega el papel de representante municipal y dialoga con las autoridades estatales y federales.

Imagen 4. Estructura actual del gobierno comunitario de Cherán K’eri.
Disponible en el sitio oficial del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, 2012.

 

El Concejo de bienes comunales

En el caso de Cherán la reivindicación de la autonomía y del territorio contra el extractivismo forestal representó una estrategia clave para la superación de la crisis socioambiental y que obligó a emprender la transformación de la gobernanza forestal comunitaria. El actual lema del gobierno K’eri “Por la seguridad, justicia y reconstrucción de nuestro territorio” ilustra este objetivo. La estructura del gobierno por usos y costumbres ha dado a la comunidad un papel protagónico en la toma de decisiones sobre su territorio y los recursos asociados a este. Por ello, el quehacer del CBC es particularmente necesario para el presente análisis ya que se encarga de atender los problemas surgidos de la afectación del bosque, así como de implementar las estrategias para la recuperación y el manejo forestal sustentable a largo plazo.

El CBC gestiona y vigila el territorio y los bosques y administra las empresas comunitarias como el aserradero, el vivero y la mina de materiales pétreos. Se encargó de la reforestación de las áreas afectadas por la tala clandestina, y actualmente trabaja por el mantenimiento del bosque, labor que incluye la creación de brechas cortafuego, de obras para el cuidado del suelo y administra los permisos de extracción de madera y otros recursos forestales, además realiza recorridos de vigilancia con el grupo de guardabosques, un cuerpo de seguridad que trabaja en coordinación con la ronda comunitaria (ambos cuerpos de autodefensa forman parte del Concejo de Honor y Justicia). También trabaja en colaboración con otros Concejos para realizar campañas de revalorización de la memoria histórica y por el fortalecimiento de una consciencia ambiental, sobre todo resguardando las tradiciones y la concepción purépecha de la naturaleza.

La dimensión ambiental, fue prioritaria durante los primeros meses posteriores al levantamiento. Fueron emprendidas acciones de vigilancia día y noche, además de actividades de reforestación y planes de conservación a partir de las técnicas forestales al alcance de la comunidad. Esta actividad logró la reforestación de casi 3000 hectáreas entre 2012 y 2015 (Bartolo CBC, 2015, entrevista). El estudio de Osorno, et., al., (2018), demuestra que la pérdida de cobertura forestal en el territorio de Cherán disminuyó a partir del año 2012 mientras que, en el resto la Meseta Purépecha, ésta continuó de 2012 a 2016, lo que sugiere que la recuperación de los bosques es un resultado de los cambios en el manejo forestal dados a partir de la instauración del gobierno comunitario.

 

Los espacios de la autonomía: entre comunalidad efectiva e independencia relativa

Territorialización duradera y comunalidad

Si desde un punto de vista relacional las relaciones de poder son vaivenes que se dan en varias dimensiones de la vida social, el territorio es entonces multidimensional. Por ende, las dinámicas de territorialización y de desterritorialización se generan a partir de dichas dimensiones, que son también fuentes de poder (Mançano Fernandes, 2011). En este sentido, desde el levantamiento de 2011, la comunidad de Cherán ha perennizado su territorialización a partir del gobierno comunitario. Al respecto, el modelo dominante de democracia representativa y partidista sostenido por el Estado ha desaparecido al nivel local y fue cambiado por un modelo que busca ser más horizontal e inclusivo, aunque no significa por lo tanto que esté exento de tensiones internas. Sin embargo, la reterritorialización de Cherán se ha logrado frente a dos entes sociales: el crimen organizado y el Estado. El primero fue totalmente desterritorializado, ya que actualmente no cuenta con la complicidad de sujetos locales y debería enfrentar a los cuerpos de seguridad de la comunidad para continuar sus actividades. En cuanto al Estado, ha tenido una desterritorialización mínima, un “retroceso” al nivel local, sin dejar de sujetar a la comunidad a sus demás escalas institucionales. En lo económico y desde la perspectiva autonómica, la comunidad ha implementado relaciones sociales de producción autogestivas. Han retomado el control de las antiguas empresas comunales para beneficio colectivo, que produzcan por y para la comunidad, cuidando que sean administradas sin injerencia de empresas privadas (Ramírez, Concejo Mayor, 2014, entrevista).

En el campo educativo y cultural, varios proyectos buscan valorar la historia reciente y la memoria colectiva. Cabe citar el esfuerzo de la comisión de educación y cultura para la producción de materiales pedagógicos, como libros de texto gratuitos en los que se rememora el conflicto con los talamontes (Macías CC, 2014, entrevista). Entre los materiales a destacar se encuentran el libro Cherán K’eri, conociendo y reconociendo el territorio (Colectivo Angátapu, 2013) y el Atlas Comunitario de Cherán (GIRA, 2015), en los cuales se valora y se nombra al territorio desde la cosmovisión y la toponimia purépecha.

La comunalidad y la autonomía tienen una relación estrecha tomando en cuenta la capacidad de una comunidad para autogobernarse, lo que varía según el grado de soberanía y de autodeterminación de un pueblo (Robles y Cardoso, 2008). La comunalidad, entendida según intelectuales indígenas como Jaime Martínez Luna (2004) y Floriberto Díaz (Robles y Cardoso, 2008), es una forma colectiva de organizar la reproducción social de un conjunto de personas mediante la apropiación del territorio, del uso de los recursos y de la compartición colectiva del disfrute mediante tradiciones propias. En cuanto a las relaciones sociales dentro de Cherán, podríamos considerar que la autonomía se ha vuelto efectiva a través del reconocimiento colectivo y la puesta en práctica de la comunalidad.

 

Alianzas extracomunitarias y ecología de saberes

Al mismo tiempo que Cherán se proponía garantizar la reconstrucción y seguridad de su territorio y el reconocimiento de su propia forma de gobierno, también avanzaba en la construcción de una red de alianzas que, además de permitir uno de los logros más representativos en materia de derechos humanos en México en la última década, permitió llevar a cabo estrategias de colaboración y coproducción de conocimiento a través de una ecología de saberes (De Sousa Santos, 2012).

Desde el levantamiento de 2011, Cherán fue un foco de transformación política en México, a la que asistieron periodistas, militantes, estudiantes, artistas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y profesionistas de diversas disciplinas quienes, además de demostrar solidaridad y apoyar la causa de manera pragmática, constituyeron una sólida red de aliados que entre otras cosas permitió visibilizar y fortalecer los logros de la organización comunitaria. Podemos citar como ejemplos a la red de estudiantes normalistas y de grupos de activistas anticapitalistas, que mostraron solidaridad y brindaron apoyo durante el estado de sitio de la comunidad como refuerzo de la organización popular. Otros aliados fueron los grupos de medios de información independiente, que además de apoyar en romper el cerco mediático reportando de manera transparente los acontecimientos. Estos grupos también fueron clave en el apoyo a la posterior creación de Radio Fogata y TV Cherán, en donde se formaron y participaron jóvenes de la comunidad. La colaboración, alianza y aprendizaje entre distintos actores y con otras comunidades también fue un punto clave durante el movimiento y posteriormente en los trabajos del gobierno comunitario. Por ejemplo, algunos testimonios destacan la colaboración de antiguos comisariados de bienes comunales con los nuevos titulares. También se habla de la inspiración y compartición de experiencias con comunidades como Nurio, San Juan Nuevo en Michoacán así como con comunidades indígenas de Oaxaca, quienes tienen larga experiencia en el desarrollo de gobiernos por usos y costumbres y en el manejo forestal comunitario.

Una de las alianzas importantes para la construcción de la autonomía de Cherán fue la colaboración desde finales del año 2011 con el Colectivo Emancipaciones (CE), un grupo de abogados militantes originarios principalmente del Estado de Michoacán, formados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En este caso la conjunción de la ciencia crítica con el conocimiento tradicional permitió diseñar una estrategia jurídica de lucha por el reconocimiento legal del gobierno por usos y costumbres que fuera adecuada al contexto purépecha. Para ello, la comunidad y los aliados del CE se fueron apropiando de los espacios jurídicos antes considerados exclusivamente para el derecho monista, centralizado por el Estado y adaptado a una sola cultura (Sierra, 1997; Aragón, 2019; 2014).

En este ejemplo, la ecología de saberes se dio en dos sentidos: primero, los abogados comprendieron los usos y costumbres locales para poder llevar a cabo un litigio acorde a las necesidades de la comunidad; y segundo, la comunidad aprendió acerca del diseño de una estrategia jurídica y sobre las tareas necesarias para lograr elegir a sus propias autoridades. El reconocimiento del gobierno por usos y costumbres representa un caso de innovación institucional indígena que cuestiona entre otras cosas, la relación entre el derecho estatal y el pluralismo jurídico (Aragón, 2019).

Así, los aliados de Cherán, provenientes de distintos rincones de México y de otros países, representan hoy en día uno de los pilares de su autonomía, en medida de su contribución para superar las limitaciones estructurales que representa el sistema dominante (la ciencia, los medios de comunicación, los marcos legales, etcétera) y dar fortalecimiento mediante la mediatización y la gestión constante de actividades de diversos tipos.

 

Una lectura relacional del proyecto de autonomía social

Hemos visto como se ha construido una autonomía efectiva dentro de la comunidad, y cómo se posibilitó y nutrió del apoyo exterior. La autonomía obtenida es así relacionada con una movilización más amplia en los espacios estatales y federales. Así, el proyecto de autonomía defendido por la comunidad no se puede analizar herméticamente, sino con el enfoque relacional, distinguiendo entidades sociales de distintas escalas, con sus relaciones internas y externas.

En el plano sociopolítico, considerar una autonomía interna[4] es observar la capacidad de las instituciones de una entidad social para conferir no sólo autonomía a las entidades sociales que la componen, sino también para garantizar su convivencia. En abstracto, ejemplifica una organización social y política interna democrática y horizontal, en busca de una igualdad social. Tal autonomía está condicionada, o afectada, por la autonomía externa, es decir, por el tipo de relación que se entretiene con otra entidad sociopolítica de escala superior, y del grado de independencia que tiene respeto a ella, para organizarse en interno. Del grado de autonomía externa depende la capacidad de autodeterminación de los pueblos. Los marcos legislativos, las estructuras económicas, las políticas sociales y las fuerzas armadas son dispositivos que una entidad sociopolítica puede usar para limitar la autonomía de otra entidad. Así, en la teoría social y política, ambas autonomías son necesarias para caminar hacía la autonomía integral que defendía Gramsci (Corallo, 1999) o para el ejercicio reflexivo de la capacidad autotransformadora de Castoriadis (2008), ambas concepciones planteadas para referirse a la superación de la sociedad de clases y del Estado, heterónomos por esencia.

Castoriadis (2008) defendió la autonomía como totalidad social, es decir como un proyecto social en el cual no puede existir una autonomía individual sin autonomía de la sociedad en la cual las entidades sociales se complementan o cooperan. Se opone entonces al sentido común de autonomía heredado de la filosofía liberal, entendida como el poder de unos frente al de los otros, definiendo el individuo y la empresa, según su capacidad de hacer sin los demás, en competencia con ellos, ilustrado por el famoso proverbio: “La libertad de algunos se detiene dónde empieza la de otros”.

En consecuencia, se debe prestar atención a las estructuras existentes para optimizar el desarrollo de un proyecto de autonomía social. Si vimos antes cómo las brechas institucionales se pueden aprovechar mediante una lucha jurídica, las limitantes estructurales son numerosas. Respecto al manejo forestal, por ejemplo, la capacidad de agencia tanto del CBC como del gobierno comunitario puede ser condicionada por instituciones como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) o la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM). Por ello, en una continuación del presente análisis[5] se da continuidad al estudio de las transformaciones en la gobernanza forestal en la comunidad a partir de la autonomía, para determinar si las estrategias de manejo forestal son producidas por la comunidad o si por el contrario sugieren una intervención estatal o de otra índole.

El grado de autonomía que las estructuras comunitarias logran no sólo respecto al Estado, sino también en lo interno, son clave en dicho análisis. En este caso, es la República Mexicana a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM), quien otorgó una cierta autonomía política a Cherán. Sin embargo, la comunidad queda en una figura jurídica supeditada al Estado, limitando la autonomía integral, ya que, por ejemplo, los comuneros de Cherán manifestaron que los tiempos administrativos que impone el Estado (entrega de informes, renovación del presupuesto municipal, gestión de programas sociales, etc.) no son compatibles con los tiempos más lentos que requiere un gobierno comunitario. Esta tensión ha incitado al Concejo Mayor del primer periodo 2012-2015, a considerar la baja del número de sus integrantes para acelerar la toma de decisiones, (Ramírez, 2014), cuestión que aún está en valoración en la presente administración 2018-2021.

En cuanto a la autonomía comunitaria, al fungir como cabecera municipal, Cherán se encuentra frente a la responsabilidad de expandir la autonomía y promover la democracia local para evitar que se formen nuevos cacicazgos (Ojeda, 2015). Si bien la comunalidad es efectiva al nivel local, estudiar el mismo proceso bajo el lente de la autonomía, obliga a considerar la sociedad en su conjunto, relativizando así la independencia obtenida, sin negar que la auto institucionalización del territorio sea una experiencia concreta de emancipación, que permite a la comunidad de Cherán producir su espacio. Finalmente, los comuneros de Cherán tienen presente la importancia de la identidad territorial para mantener su autonomía, la identificación que cada miembro de la comunidad experimenta hacia su propio espacio ha ido cambiando a través de los distintos periodos revisados en este análisis, hasta llegar hoy en día a una recuperación de la identidad, de la memoria y del territorio.

 

Conclusiones

La autonomía, como proyecto sociopolítico, necesita su propio espacio (y tiempo) social, lo que la comunidad de Cherán concretizó con su reterritorialización progresiva. La recomposición de la comunidad y su constitución como sujeto político se realizó a través de una serie de experiencias, cada una conllevando una expresión territorial: la experiencia de relaciones de dominación como identificación de una pérdida de control sobre su territorio; la del conflicto como reterritorialización de la comunidad; y la de la emancipación como auto institucionalización del territorio, posibilitando la producción de un espacio deseado en común. La innovación política permitió lograr un mínimo de justicia socioambiental al nivel local. Sin embargo, la comunidad permanece subalterna al Estado y por lo tanto inmersa en dinámicas económicas de desarrollo que condicionan su autonomía. Para continuar con la realización de una autonomía integral y progresiva ha sido importante la creación de alianzas necesarias para conseguir las demandas comunitarias.

Este estudio permite dar cuenta de la capacidad de las comunidades indígenas para emprender proyectos autogestivos y manejar su propio desarrollo, lo al mismo tiempo permite visibilizar las desigualdades de poder en las que se encuentran los grupos indígenas frente a la política de desarrollo del Estado mexicano y sus instituciones. En lo que respecta a los bosques en Cherán, esta experiencia demuestra la viabilidad de los sistemas indígenas de manejo de recursos dado en los términos de la propia comunidad y que a la vez permitió la superación del conflicto. Cherán ha inspirado a diversas comunidades indígenas y mestizas, tanto rurales como urbanas, a dar pasos en la exigencia de su derecho a la autodeterminación e innovar en el diseño de estrategias políticas que permitan conseguir justicia socioambiental y luchar por una autonomía territorializada.

 

Notas:

[1] Mónica Piceno Hernández es Maestra en Geografía y candidata a un Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM, Campus Morelia, México. Forma parte del Laboratorio de ecología y aspectos sociales en bosques comunitarios del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, IIES. Sus principales temas de investigación son los movimientos sociales en defensa del territorio, los bienes comunes y los derechos de autodeterminación, que ha desarrollado a partir de estrategias participativas como el mapeo comunitario. Actualmente se encuentra realizando un proyecto de doctorado que da continuidad a estos temas en la comunidad de Cherán, Michoacán. Autora de correspondencia. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] Renaud Lariagon es actualmente investigador posdoctorante en el proyecto TOURALMEX en la Universidad de Angers (Francia) y miembro de laboratorio Espacio y Sociedad (ESO, CNRS, UMR 6590). Es Doctor en Geografía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Caen-Normandía. Ha sido docente en estas instituciones y sus investigaciones se enfocan en la dimensión territorial de los conflictos sociales, la apropiación del espacio, las dinámicas de urbanización y sobre la epistemología del espacio, específicamente a partir de la obra de Henri Lefebvre. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[3] En el expediente jurídico del Caso Cherán se registraron un total de 15 comisiones operativas formadas por comuneros de los cuatro barrios, que estuvieron activas principalmente entre mayo de 2011 y diciembre de 2012. Las comisiones fueron: general; fogatas; honor y justicia; prensa y propaganda; alimentos; finanzas; educación y cultura; forestal; agua; limpieza; jóvenes; agricultura y ganadería; comercio; identidad, y salud (IEM, 2011).

[4] Sobre la dicotomía autonomía interna y externa véase Lopes de Souza (2011).

[5] Actualmente este tema es abordado mediante el proyecto de investigación de Mónica Piceno, doctorante del Posgrado en Ciencias de la Sustentabilidad de la UNAM, cuyo análisis se centra en la influencia de la autonomía indígena en la gobernanza forestal comunitaria de Cherán.

 

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• Martínez, A. (2014). Entrevista realizada a joven integrante del colectivo Radio Fogata por los autores en Cherán el 9 de junio de 2014.
• Navarrete Moreno, J. Entrevista a Integrante del Concejo de Honor y Justicia de Cherán K’eri realizada por los autores en Cherán el 10 de junio de 2014.
• Ramírez José, T. (2014). Entrevista a Integrante del Concejo Mayor de Cheran K’eri realizada por los autores en Cherán el 15 de junio de 2014.

 

Cómo citar este artículo:

PICENO, Mónica; LARIAGON, Renaud, (2022) “La estrategia comunitaria frente al saqueo del bosque: la autonomía territorializada en Cherán K’eri”, Pacarina del Sur [En línea], año 13, núm. 48, enero-junio, 2022. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Viernes, 19 de Abril de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2049&catid=6