Pacarina del Sur
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Territorio como espacio de organización y participación social

Territory as a space for organization and social participation

Território como espaço de organização e participação social

Tania Galaviz Armenta[1]

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

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Nohora Guzmán Ramírez[2]

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

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Recibido: 25-01-2021
Aceptado: 20-08-2021

 

 

Introducción

A pesar de lo polisémico del concepto territorio lo que parece ser una constante es que este no se define por sus límites físicos fijos, sino que por el contrario está en constante redefinición por la manera en cómo la sociedad, sus conocimientos, experiencias y organizaciones contribuyen a modelar el espacio mediante la interacción social. En múltiples ocasiones las organizaciones y comunidades hacen uso de las herramientas y disposiciones legales que les permiten configurar el espacio que habitan, o bien entran en conflicto con las instituciones de gobierno, provocando una tensión entre ambos actores por la incapacidad para comprender los significados que implican las luchas sociales.

Para desarrollar el presente artículo se ha realizado un diálogo interdisciplinario entre la Antropología Social y las Ciencias Políticas teniendo como punto de encuentro la construcción del territorio y los mecanismos de participación y organización. Se ha realizado un abordaje de las características teóricas de la construcción del territorio como espacio vivido, es decir, es el crisol en donde se construyen límites a la acción, y de manera simultánea se expresa el sentir y el pensar de las personas.

Asimismo, se ha realizado una revisión de las principales propuestas conceptuales en torno a la figura del ciudadano, entendido como la forma que el Estado establece para que la población participe en la configuración del territorio. Poniendo especial énfasis en el modelo de ciudadano societario cuya principal característica es la habilidad para adquirir y construir herramientas de cooperación, trabajo en red y, sobre todo, de constituirse en un actor que influye en la toma de decisión mediante la propuesta de alternativas políticas emanadas desde la sociedad. Por ello, se presenta la propuesta de las organizaciones sociales meso, las cuales para atender las necesidades y problemas que se presentan en la comunidad, tienen una mirada a lo global como el ámbito que puede impulsar o detener su proceso.

El presente artículo se estructura en tres apartados, en el primero de ellos se aborda la construcción del territorio partiendo de las tensiones entre la discusión académica -que lo conceptualiza como el espacio en donde se expresa lo social- y la perspectiva empírica, que lo concibe como el resultado de la interacción dinámica en donde se manifiestan las relaciones, luchas y saberes sociales. Dicho apartado establece la relación entre el territorio y el conflicto, así como su vínculo con los saberes.

El segundo apartado analiza la relación entre el Estado y el territorio, visto éste como el espacio para el ejercicio del poder. Se aborda el concepto de ciudadanía y las características de los distintos modelos existentes, entendidos como el mecanismo de integración territorial que el Estado establece para la población. Además, se realiza un balance entre la participación y la incidencia, desde la perspectiva de las organizaciones meso, cuya mirada a lo global fortalece sus formas organizativas y de atención a las necesidades y conflictos en sus comunidades. El tercer lugar y, por último, las conclusiones presentan una reflexión entre las tensiones existentes entre el ejercicio y la reflexión sobre la construcción del territorio concluyendo que el este va más allá del espacio en donde se manifiestan las relaciones de poder -enmarcadas por la presencia o la ausencia del Estado- sino que este es resultado de las interacciones sociales, de los saberes, de la expresión de sentimientos de los grupos de poder e influencia.

 

Territorio

En los debates en torno a la definición del territorio pareciese ser que se contrastan dos líneas ampliamente discutidas: una que se hace desde la academia, con un sesgo teórico y la otra, la que desarrollan los actores sociales desde una perspectiva antrópica, “es decir”, que su determinación puede depender del punto de vista del observador calificado” (Fals Borda, 2000, pág. 1) y se puede determinar con una tendencia empírica. Desde la discusión teórica, el concepto de territorio ha sobrepasado las fronteras de su disciplina de origen, como lo es la geografía, y se ha incluido en el debate de las ciencias sociales, muchas veces desde un punto de vista interdisciplinar, dando contenido al espacio, en el que se expresan la acción social. Y desde esta posición se ha complejizado el debate en torno al concepto de territorio, presentándose una gran riqueza en las líneas de investigación que sobre este se generan en la academia (Llanos-Hernández, 2010). De otra parte, desde la perspectiva empírica, el territorio está en constante cambio, por lo cual se hace necesario el desarrollo de estrategias que les permitan adaptarse o resistir.  Cambios que se generan en el actuar día a día y se observan en las relaciones sociales que en el territorio se desarrollan, se expresan en la interacción entre lo global y lo local, en la diversidad de interés que se ciernen sobre él colocándolo en el centro de las luchas de reivindicación de los pueblos, en y por el territorio.

Al hablar del territorio inmediatamente remite al concepto de espacio, por lo cual en primera instancia se hace necesario revisarlo. El espacio junto con el tiempo son dos dimensiones desde las cuales se ubican los procesos sociales, y que juegan un papel determinante a la hora de los análisis, sin embargo, son percibidas de forma diferente dependiendo de los contextos locales desde los cuales se observan. El espacio personal o espacio privado, aquel que es considerado como refugio, que no necesariamente se refiere a hogar o casa, es el que permite a las personas sentirse seguras, es aquel en el cual se deja al descubierto la propia vulnerabilidad, hace más referencia a una condición psicológica asociada a un lugar. El espacio físico, el que se siente tangible, el que a través de los sentidos se reclaman como espacio que existe, la tierra, la casa, en palabras más coloquiales “el suelo que piso”. El espacio social o compartido, es aquel que se cohabita, aquel en el que no se tiene total control, sino que por el contrario controla a las personas, es el espacio de los encuentros y desencuentros, el que como sociedad reconoce. El espacio simbólico, es un espacio cargado de contenido y de límites, normas, historia. El espacio convencional, el cartográfico, el que aparece legitimado por el conocimiento técnico y que supuestamente es el “objetivo”, pero como todo conocimiento humano está cargado de intereses y muchas veces desconoce o ignora la complejidad social de los que habitan ese espacio. La geografía tradicional trabaja con el orden, quieren ordenar el espacio, y no tienen en cuenta los intereses contradictorios inscritos en la sociedad. Hay mucho de autoritario en eso (Porto-Gonçalves, 2015, pág. 251).

En la relación del espacio y el territorio se retoma una de las ideas de dos autores, Raffestein (2013, pág. 173) y Giménez (2005, pág. 9), en la que se asume al espacio como precedente del territorio, es la materia prima sobre la cual se produce o construye el territorio. Este punto de partida es el espacio vivido, el espacio con contenido, el cual al ser apropiado o territorializado se convierte en territorio. El territorio definido como “un espacio en el que se ha proyectado un trabajo, energía e información y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder” (Raffestin y González Santana, 2013, pág. 173). En el análisis del territorio resulta relevante retomar otro concepto, el de territorialidad en la medida que permite explicar los procesos de uso y defensa del territorio por parte de la sociedad, ayuda a organizar las actividades cotidianas, incide en el desarrollo y persistencia de las organizaciones sociales y constituye la base del principio de identidad. La territorialidad “refleja la multidimensionalidad de la vivencia territorial por parte de miembros “de la sociedad (ibid., pág. 189). El proceso de apropiación está dado en un contexto de múltiples intereses y por ende de conflictos, desde los cuales se define el acceso y distribución de los recursos, El territorio se pluraliza según escalas y niveles históricamente constituidos y sedimentados, los cuales están imbricadas entre sí. La apropiación del territorio se puede dar de diferentes formas, Giménez (Op. Cit., pág. 28) define dos formas de apropiación-valoración del territorio “de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo”. La teoría de sujetos que construyen territorio, que grafían la tierra. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar abierto para entender la gramática propia de esas grafías. No podemos crear esa teoría general del territorio (Op. Cit., pág. 248).

El análisis de las relaciones de poder al interior del territorio es ineludible al referirse a procesos de territorialización, dado que implica un dominio, el control del espacio, que en muchas oportunidades disputa la soberanía del Estado en el territorio, es decir se resiste a aceptar el monopolio del Estado para la toma de decisiones sobre los recursos en el territorio. Es el caso de los movimientos sociales que se oponen a los megaproyectos hidroeléctricos o de carreteras, colocando en evidencia que la toma de decisiones sobre el territorio no puede pasar por encima de quienes lo suscriben como suyo. Es así como el territorio construye los límites, las fronteras de la acción, el área de comodidad en la cual se siente con posibilidad de demandar y expresar su sentir y pensar, desde la cual incluye, pero también excluye. El espacio es la “prisión original”, el territorio es la prisión que la sociedad se construye para sí misma (Porto-Gonçalves, 2015, pág. 246; Raffestin y González Santana, 2013, pág. 173).

 

Territorio y conflicto

El territorio remite a un orden, por ende, a una distribución jerárquica de los elementos, se quieren mantener el “funcionamiento óptimo de las actividades sociales y el control óptimo de estas” (Raffestin y González Santana, Op. Cit., pág. 173). Los límites son la esencia de la política (Porto-Gonçalves, Op. Cit., pág. 258). Los recursos presentes en el territorio son definidos, adquieren significados y son valorados desde la construcción social y se convierten en objeto político en disputa por el control, que implica el conocimiento y el uso de este. El conflicto es la sociedad con su grito de dolor manifestando sus intereses contradictorios, pero que a la vez aumentan el conocimiento de la sociedad sobre sus problemas (Ibid., pág. 251). Los conflictos permiten explicar de qué manera el territorio es producido, regulado y protegido de intereses de los grupos de poder (Giménez, Op. Cit., pág. 9).

Actualmente el agua está en el centro de la disputa de los territorios, ante la presión por la demanda del bien para las ciudades y el incremento de procesos productivos, surgen nuevos actores que demandan su derecho al uso. Lo anterior en detrimento de sectores sociales que ya la usaban y que tienen que, muchas veces, por la fuerza ceder sus derechos adquiridos. Al mismo tiempo se conforman sectores que cuestionan las prácticas de uso del agua y reclaman los derechos del y al medio ambiente, y en medio de esta disputa esta un discurso técnico-científico que busca legitimar el uso por parte de los diferentes actores vivos. Es así como el agua usada por ejemplo para la agricultura es reclamada por otros usuarios que se consideraban excluidos y ahora reclaman su derecho a ser incluidos.

Poza de la Becerra. Cuatro Ciénegas, México
Imagen 1. Poza de la Becerra. Cuatro Ciénegas, México.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/cfrausto/277688647

En México se pueden citar varios ejemplos que remiten a nuevos reclamos por el agua que se hacen a partir de una forma diferente de ver el territorio. En el caso del Valle de Cuatro Ciénegas en el que se ubican cerca de 300 pozas, además de además de encontrarse allí los estromatolitos (fósiles vivientes) de más de 3,800 millones de años,[3] lo que coloca este Valle en el centro de atención nacional e internacional. Lo anterior permite la redefinición de un territorio por su valor ecológico y así como se reivindiquen otros actores vivos, como lo es el ecológico. En este caso la organización Pronatura noreste que representa al usuario ecológico en cuatro Ciénegas, obtiene una representación en el consejo de cuenca del río Bravo, desde el cual demanda y prioriza la conservación de los sistemas ecológicos. Esta nueva definición del territorio contrasta con otras apropiaciones que se dan en el lugar, que se caracteriza por el desarrollo de una agricultura de riego para el forraje, articulado a la agroindustria ganadera. A lo que se sobreponen otros territorios como lo son el Municipio y el estado de Coahuila, dos formas de organización del territorio que se sustentan en la soberanía del Estado.

En el centro de la dinámica descrita se encuentra las definiciones de los territorios por cuenca hidrológica e hidrogeográfica, denominaciones cuyo origen está en la geografía y la hidrología, sin embargo, actualmente es una delimitación que se usa recurrentemente en diferentes ámbitos, pero que también es bastante discutida por ser un concepto impuesto desde el Estado y las políticas globales, considerando que no reconoce otras formas de apropiación del territorio e impone una visión, reconocida como técnica, a las formas de usar los recursos. Sin embargo, a pesar de la existencia de territorios y de la reivindicación de estos, el Estado sigue siendo, a partir del reconocimiento legal a nivel nacional e internacional, la forma hegemónica preponderante de territorio en el cual ejerce su soberanía sobre cualquier otro territorio. Es así como el reconocimiento de los territorios indígenas, se sujetan al reconocimiento como municipios, aunque esto los coloca en situación de vulnerabilidad de territorios autónomos bajo normas hegemónicas que trastocan la organización comunitaria y la dividen. Es el caso de los municipios indígenas de reciente creación en el estado de Morelos, Hueyapan,[4] Tetelcingo,[5] Coatetelco,[6] Xoxocotla[7] que, a pesar de ser reconocidos localmente como territorios indígenas, la Asamblea de los pueblos de Morelos lo consideraron un acto político que no contó con la aprobación de las asambleas comunitarias (Brito, 2017), quedando en el centro de la disputa entre el gobierno del estado y grupos opositores a este. A pesar de ser autónomos un deseo de los pueblos se considera que fueron grupos de interés como empresarios y funcionarios los que presionaron por la creación de los municipios para favorecer sus intereses electorales y económicos. Todo este proceso constituye un estire y afloje desde el cual se cuestionó y se manipuló la identidad indígena de los pueblos y dando como resultado una división al interior de los mismos por el liderazgo de las comunidades.

Poza Azul. Cuatro Ciénegas, México
Imagen 2. Poza Azul. Cuatro Ciénegas, México.
Fuente: https://pixabay.com/photos/mexico-cuatrocienegas-poza-azul-5935120/

 

Territorios y saberes

A los saberes se les ha colocado en una condición de subalternidad con respecto al conocimiento científico, siendo este último constreñido al que es reconocido por las comunidades epistémicas y al que se le da una calidad de objetivo y universal. Y es desde este antagonismo que se ha dificultado la comunicación entre la sociedad y la academia, al igual que la comunicación entre la sociedad y el Estado, que sustenta sus políticas públicas en un criterio científico-técnico aceptado y reconocido. Una nueva forma de romper con la brecha es el diálogo de saberes, el cual debe ser entendido como un encuentro de conocimientos. Para poder hablar de un diálogo de saberes hay que superar las relaciones de poder que impiden que el otro hable, que se exprese (Porto-Gonçalves, Op. Cit., pág. 255). En este se sentido surge la Investigación Acción Participación (IAP) como una propuesta de investigación comprometida, que sistematice y genere el conocimiento que responda a un tiempo y espacio con expresiones de vida, es decir, a un territorio. Una investigación, que como plantea Fals Borda, resuelva el problema entre el pensar y el ser, entre la formación y la reducción del conocimiento, entre el pensar y el actuar, la forma y el contenido. En resumen, “la teoría no puede separarse de la práctica, ni el sujeto del objeto” (Fals Borda, 2009, págs. 256-257).

Una relación horizontal en el diálogo del conocimiento es romper con varias de las premisas que se enarbolan en torno al conocimiento. El punto de partida es la afirmación de que la investigación no es neutral, por ende, siempre representa los intereses de un grupo, cualquiera que sea la naturaleza de este, por ende, el conocimiento es socialmente construido.  Lo cual no lleva a replantear la relación investigador -comunidades en una relación sujeto-sujeto y tomar distancia crítica con las formas tradicionales de hacer investigación, tomando como punto de partida y llegada el contexto, por ende, el territorio. En el que todos somos sujetos sociales transformadores y no existe un deber ser que legitime el ejercicio de poder y acalle a los demás sujetos sociales.

En este sentido el “Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Cuetzalan del Progreso (Puebla)”[8] es uno de los ejemplos más difundidos de la participación de la comunidad en el desarrollo de un programa de ordenamiento territorial. Esta experiencia que utilizó, una herramienta técnica derivada de la IAP, la geografía participativa o comunitaria, surge de la iniciativa comunitaria y se ve reforzada por la participación de instituciones académicas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Esta herramienta coloca su énfasis en el concepto de territorios vivos, entendidos estos como el “conocimiento, sus representaciones y prácticas espaciales histórica, social y corporamental situadas” (Jiménez Ramos, 2019, pág. 17). El diálogo de la academia con las comunidades, que se expresa como un diálogo de contextos y que relaciona el conocimiento con el sentipensar,[9] que permite la producción de un nuevo conocimiento que se acepta y reconoce como válido, que se incorpora a los discursos tecno científicos. Es así como se plantea las geo-grafías como formas de ver el territorio, y en algunos casos como “un acercamiento al territorio como parte de las pedagogías de la resistencia” (Ibid., pág. 19).

 

Territorio y Estado

En contraste con el apartado previo, y siguiendo con el territorio como punto central de análisis; en la presente sección se abordará su relación con el Estado y las formas en como éste lo conceptualiza y, moldea las interacciones sociales en su interior. En el análisis desde la Ciencia Política -y del Derecho- existen tres formas para comprender la relación entre el Estado y el territorio: como parte inherente, como propiedad y como espacio para el ejercicio del poder.

En el primero de los casos, gobierno, nación y territorio son los elementos constitutivos del Estado, este último “es un componente de orden ontológico para el mismo, es parte de su ser: si falta el territorio falta el Estado” (Jiménez, 2014, pág. 125). Lo anterior porque el territorio es el espacio en donde se validan las normas jurídicas. Por ello no se correlaciona con el espacio físico, es decir, no es requisito la unidad natural o geográfica para que exista la jurisdicción estatal. Así, pese a la existencia de territorios fragmentados -por ejemplo, las islas- la unidad jurídica persiste.

En cuanto a la relación territorio y Estado desde una perspectiva de propiedad, se refiere al control del espacio como un activo público, es decir la posesión sobre reservas naturales, sitios arqueológicos, subsuelo y espacio aéreo. Elementos mediante los cuales el Estado puede mostrar su liderazgo económico ya sea por su uso, distribución -vía reparto agrario- o concesión para su explotación.

Por último, la relación del Estado con el territorio como espacio para el ejercicio del poder, se refiere a la interrelación que guarda este último como límite para definir la influencia del Estado en la sociedad. Es decir, el territorio acota la capacidad estatal para moldear las relaciones societales mediante su jurisdicción y, sobre todo, el ejercicio del poder. Esta interrelación se ha modificado a partir de la firma de convenios y acuerdos internacionales que permiten a organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, regular el ejercicio del poder estatal vía las cortes internacionales de sanción por abusos de poder o bien, por incumplimiento de tratados o acuerdos comerciales.

En el caso de México, a esta situación se suma la presencia de actores que disputan el control territorial mediante la amenaza o el uso de las armas. Así, el control “de plazas” por parte de grupos delincuenciales y del narcotráfico dan origen a zonas de guerra en las que el poder estatal no es soberano, la población es renuente a aceptar su control, y algunos grupos se autoerigen como proveedores de seguridad y buscan generar vacíos de poder del Estado para continuar con sus actividades y con ello, debilitar aún más la presencia estatal. Lo cual además impacta en los procesos de integración social y el ejercicio de los derechos, es decir, se crea una no-vigencia del orden estatal en el territorio que constituye su espacio de poder.

Casas de adobe en Los Magueyitos, Tecoanapa, Guerrero, México
Imagen 3. Casas de adobe en Los Magueyitos, Tecoanapa, Guerrero, México. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_de_adobe_en_Los_Magueyitos,_Tecoanapa,_Guerrero,_Mexico.jpg

Ejemplo de ello es la situación en las regiones de La Montaña y la Costa Chica en el Estado de Guerrero, las cuales a partir de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el año 2006 y el incremento del número de secuestros, extorsiones, cobro de piso, entre otros delitos; tuvieron como consecuencia la reconfiguración de las relaciones sociales al interior del territorio por la presencia del narcotráfico y su colusión con las autoridades. Así, el 6 enero de 2013, varias comunidades de indígenas me´phaa, ñuu savi, amuzgos y de afromestizos ubicadas en los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala conformaron organizaciones de autodefensa para controlar -y expulsar- de sus territorios a los narcotraficantes.

A la incertidumbre por las probables represalias por parte de dichos grupos delictivos, se sumó la criminalización de la organización social de autodefensa por parte del gobierno del estado Guerrero. En especial, cuando hizo la distinción entre aquellas agrupaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con disposición a gestionar sus conflictos mediante la intervención gubernamental; y las organizaciones de autodefensas renuentes a establecer convenios de colaboración que implicaran una conformación legal en el marco de las leyes estatales. Algunas de las agrupaciones que firmaron convenios de colaboración con el Gobierno del Estado de Guerrero se transformaron en grupos paramilitares, que gozaban de permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico de parte del gobierno (CNDH, 2013, pág. 81).

Casi un año después del surgimiento de los grupos de autodefensa y la transformación de algunos de ellos en grupos paramilitares, el 6 de diciembre de 2013 se conformó el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo (FARLP) (Eje Central, 2017) cuyo objetivo es encabezar la lucha social en la región en contra del gobierno y del narcotráfico. Su presencia en las regiones de la Montaña y Costa Chica, recrudeció la vulnerabilidad de la población en ambas regiones, las violaciones a los derechos humanos y el hostigamiento a las distintas formas comunitarias de organización social. Lo cual alteró las formas en cómo se manifiesta el poder en dicho territorio, expresando desigualdades y escalando los conflictos al punto de convertir la salida armada como la única posibilidad.

La disputa por el control territorial mediante las armas no sólo es privativa en México, en Colombia el conflicto armado entre el gobierno colombiano, grupos guerrilleros, paramilitares y del narcotráfico han impuesto una dinámica violenta y asimétrica en la construcción social del territorio. Por ejemplo, la localidad del Sumapaz ubicada al sur de Bogotá tiene importancia para dicho país no sólo por cuestiones geográficas -en dicha localidad se encuentra el parque nacional natural del Sumapaz en donde se encuentran varias reservas de agua- sino por ser la puerta sur de la capital del país. Desde las primeras décadas del siglo XX comenzaron disputas por la tenencia de la tierra entre los grandes hacendados y los trabajadores agrupados en la Sociedad Agrícola del Sumapaz y en el Movimiento Agrario del Sumapaz. En el año 1934, el movimiento logró la compra y distribución de la Hacienda del Sumapaz.

El 9 de abril de 1948 asesinaron al líder político Jorge Eliécer Gaitán, ello provocó una revuelta popular en la capital del país -el “bogotazo”- que con el paso de los días se fue diseminando por el resto del país, dando origen al periodo de La Violencia (1948-1957). La cual se caracterizó por la crueldad de la lucha armada entre grupos afines a los dos partidos políticos predominantes en el periodo. Además, se crearon diversos grupos armados: guerrillas, paramilitares y de autodefensa campesina. En el caso del Sumapaz, el movimiento agrario se transformó en un grupo de autodefensa cuyos enfrentamientos con el ejército colombiano se prolongaron hasta 1954. En dicho año, entregaron las armas y se transformaron en el Partido Comunista del Sumapaz.

En la actualidad, este partido confluye con otras organizaciones sociales como el Sindicato Agrario, las Juntas de Acción Comunal, así como organizaciones ambientalistas, por la soberanía alimentaria, entre otras. Una característica es su trabajo en red para la defensa del territorio y la resistencia pacífica ante la presencia del ejército colombiano, los grupos guerrilleros, paramilitares y delincuenciales. Para ello, basan su accionar en los principios de no colaboración, no desplazamiento y no confrontación. Lo cual les permitió mantener sus formas de relación comunitaria pese a que, durante los últimos años del siglo XX, la zona fue el epicentro de múltiples combates, debido a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se instalaron en la localidad. Y que ésta impuso condiciones que modificaron la vida cotidiana mediante pautas para el trabajo en el campo, la restricción de los espacios sociales, el asesinato de líderes, reclutamiento forzado, entre otras acciones.

Durante la primera década del Siglo XXI, y en el marco de la política de Seguridad Democrática, el Sumapaz se convirtió en uno de los sitios frecuentes en donde se cometieron diversas ejecuciones extrajudiciales, en el marco del caso conocido como “los falsos positivos”. Es decir, el asesinato de jóvenes a quienes se les hacía pasar como bajas de las FARC en medio de combates armados. Fue hasta el año 2012 cuando comenzaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y dicha guerrilla, que los habitantes del Sumapaz pudieron recuperar elementos de su vida social que les fueron negados durante más de veinte años, por ejemplo, festividades religiosas tanto públicas como privadas, recuperar espacios públicos para la convivencia y el debate político, el libre tránsito por toda la zona, el registro civil de personas asesinadas y ejecutadas durante los años de presencia guerrillera, entre otros elementos.

En estos escenarios conflictivos, también confluye la figura del ciudadano, como el mecanismo controlado mediante el cual el Estado permite la participación social sin que ésta la dispute el poder -como los grupos delincuenciales-. Sin embargo, como se verá más adelante, la configuración de la ciudadanía puede acotar la operación del Estado mediante las formas en cómo se relacionan con sus intereses y el territorio como espacio vivido.

Panorámica de Tecoanapa, México
Imagen 4. Panorámica de Tecoanapa, México. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_a_distancia_de_Los_Magueyitos,_Tecoanapa,_Guerrero.jpg

 

La ciudadanía como un mecanismo de integración territorial desde el Estado

El concepto de participación tiene como punto inicial la noción del ciudadano y su relación con el Estado. A partir de la tercera ola democrática (principios de la década de los noventa del siglo XX) adquirió centralidad en el análisis de las ciencias sociales por los cambios sociales y políticos que sucedieron en dicho periodo. Entre ellos las transiciones políticas en diversos países de Sudamérica, el fin de los conflictos armados en Centroamérica, la desarticulación del bloque socialista europeo, las movilizaciones feministas, defensoras de derechos humanos, pacifistas, medioambientales, indígenas, en defensa del territorio, entre otros. Los cuales se caracterizaron por una amplia participación social que no se vinculaba a los aparatos partidistas y por ende a las formas tradicionales de vinculación política.

Durante dicho período, se hablaba del “retorno del ciudadano” (Kymlicka y Norman, 1996), no en un sentido minimalista; es decir, únicamente como portador de derechos y obligaciones establecidos por un estatus jurídico. Por el contrario, se concibe a la ciudadanía desde una condición más activa tanto en términos culturales como políticos. La tensión entre ambas acepciones del concepto radica en el papel que los ciudadanos desarrollan frente al Estado y a su comunidad. En el primero de los casos, se limita a un ejercicio pasivo vía las votaciones electorales. En cuanto a la segunda forma se ubica al sujeto con un compromiso colectivo, es decir, “el concepto de ciudadanía está íntimamente ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la noción de vínculo con una comunidad particular” (Ibid., pág. 81). Ello implica la existencia de una pluralidad de formas en el ejercicio de la ciudadanía que la transforman en una actividad deseable, pese a una definición legal limitada a la adquisición de derechos y obligaciones. Por ejemplo, las organizaciones vecinales y comunitarias para el cuidado del agua mediante el monitoreo de las condiciones de contaminación en las que se encuentra un río o una cuenca, o bien al entablar un diálogo con las autoridades para que éstas se comprometan a realizar acciones que solucionen los problemas que las organizaciones consideran sensibles.

Para analizar a la ciudadanía se le ha clasificado en tres tipos tomando en cuenta las formas de interacción. En el primero de los grupos encontramos al ciudadano de primera generación el cual se caracteriza por poseer derechos -los cuales van adquiriendo de manera gradual- en “una sociedad de iguales”. De acuerdo con Kymlicka, este modelo de ciudadanía se delineó a partir del libro de T. H. Marshall (1949) Citizenship and Social Class, el cual señala que este tipo de ciudadano requería “(…) de un Estado de bienestar liberal-democrático [capaz de] garantizar a todos los derechos civiles, políticos y sociales, este Estado asegura que cada integrante de la sociedad se sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en común” (Ibíd., pág. 83). Sin embargo, el resultado obtenido era exactamente el contrario, ya que los ciudadanos se caracterizaban por ser pasivos ante la acción y decisión del Estado, debido a que éste continuaba garantizando sus derechos. O bien establecía relaciones clientelares, de corrupción que limitaban su participación, por ello, pocas veces se les involucra en la toma de decisión o bien se restringen los espacios en donde pueden compartir sus experiencias y problemas. En aquellos casos que el Estado no pudiese proveer a los ciudadanos del ejercicio pleno de sus derechos, entonces la simple promesa podría servirle para limitar o inhibir cualquier intento de organización social.

Con las crisis económicas de las décadas de los setentas y ochentas del siglo XX, así como la reducción del Estado, fueron emergiendo críticas al modelo delineado por Marshall. Las cuales se concentraban en dos aspectos, el primero de ellos la pasividad transformada en dependencia hacia la acción estatal, en especial de aquellos sectores de la población adscritos a programas de asistencia. La segunda crítica se centraba en la incapacidad para garantizar la integración social y cultural de quienes no son capaces de autoabastecerse ni contribuir al bienestar general. Es por ello que se delinea una nueva conceptualización de la ciudadanía, denominada de segunda generación la cual se caracterizaba por buscar en los mercados la satisfacción de sus necesidades, así como el aprendizaje de virtudes como la autosuficiencia y la iniciativa empresarial:

 

Esta es la idea que orientó una de las principales reformas del sistema de seguridad social en los Estados Unidos e Inglaterra durante los años ochenta: la introducción de programas de workfare, que exigen una actividad laboral como contrapartida de los beneficios aportados por las políticas sociales. El objetivo es reforzar la idea de que los individuos deben ser capaces de mantenerse a sí mismos. (Kymlicka y Norman, Op. Cit., pág. 84)

 

En el caso de México, a partir de esta propuesta se implementaron los programas sociales Solidaridad (1988-1997), Progresa (1997-2002), Oportunidades (2002- 2014) y Prospera (2014-2019). Los cuales presentaron resultados contradictorios porque si bien impactaron de manera favorable al incremento de ingresos y escolaridad de los grupos sociales beneficiados, muchos de los recursos empleados en dichos programas fueron desviados. En cualquiera de los casos, la participación en dichos programas no se reflejó en un incremento en el compromiso con sus comunidades, sino en un lento proceso de individualización de sus acciones. Así, ambos tipos de ciudadanos (primera y segunda generación) se caracterizaron por distanciarse en la toma de decisiones, es decir, por reducir su responsabilidad política y compromiso comunitario.

A partir de las críticas a ambos tipos de ciudadanos, y con el re-surgimiento de movimientos sociales basados en la identidad (feministas, LGBT+, indígenas, afrodescendientes, entre otras) que reclaman su exclusión en la toma de decisión; se cuestiona la acepción minimalista de la ciudadanía para transitar hacia una concepción amplia que se:

 

(…) entiende en términos culturales y políticos como un ejercicio activo más que una condición estática. El ciudadano es consciente de su pertenencia a una comunidad humana no limitada a un país, comparte un conjunto de valores y comportamientos, obligaciones y responsabilidades, a la vez que participa activamente en todos los asuntos de la comunidad. (Reyes García, 2013, págs. 116–117)

 

Una de las corrientes de análisis de la ciudadanía que se deriva de esta concepción amplia es el comunitarismo, que reconoce el derecho a la diferencia multicultural, así como las afectaciones -y bloqueos- que la globalización ha tenido en el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, la crítica a esta concepción se genera a partir de la dispersión en el diálogo político debido a la multiplicidad y complejidad de temas de interés.

En contraposición, Pierpaolo Donati propone la noción de ciudadanía societaria que se caracteriza por mantener una posición autónoma y simétrica respecto al Estado y mercado (Donati, 2002, pág. 38), es decir no tiene una marcada dependencia con cualquiera de ellos. Además, tiene carácter relacional y suprafuncional. Es decir, es un ciudadano que incide y crea un nuevo perfil para la institucionalización (Alejandre Ramos y Castillo Oropeza, 2014, pág. 30).  Es decir, que construye formas organizativas para estructurar las interacciones en distintas escalas considerando reglas y normas de común acuerdo. Por ejemplo, creando espacios para el ejercicio del debate colectivo que permita clarificar las necesidades, delinear posibles soluciones, lo cual impacta en la configuración de las organizaciones. De esta manera, la ciudadanía societaria va construyendo formas de acuerdo para configurar sus formas organizativas de manera simultánea a la atención a los problemas y conflictos que afectan en sus territorios.

Puente desde el río de Ayutla de los Libres, México
Imagen 5. Puente desde el río de Ayutla de los Libres, México. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puente_desde_el_rio_de_ayutla_de_los_libres_gro_-_panoramio.jpg

La ciudadanía societaria tiene como su núcleo a la sociedad civil. Entendida como el espacio en el que confluyen diversas organizaciones sociales con contenidos ideológicos heterogéneos, con la presencia de nuevas identidades y subjetividades; cuyas acciones -en conjunto o de manera aislada- confrontan, limitan, y redireccionan la naturaleza del poder (Tejeda González, 2014, pág. 152). Así, con distintos niveles de alcance, capacidades organizativas y objetivos, los movimientos sociales, autonómicos, de resistencia, de defensa del territorio, las organizaciones no gubernamentales, las comunitarias, y de la sociedad civil constituyen la ciudadanía societaria. Que se caracteriza por su interés y conocimiento de lo político, confianza interpersonal con aquéllos con quienes mantiene afinidad o comparte rasgos identitarios, así, van construyendo redes de redes, es decir, una red mediante la que se articulan en distintos temas y en distintos momentos, dependiendo de las necesidades de su lucha. Además, este tipo de ciudadanía mantiene una relación independiente con el Estado y con el mercado, y lo más importante, contribuye a “adoptar y adaptar las [instituciones] ya existentes a sus necesidades” (Alejandre Ramos y Castillo Oropeza, Op. Cit., pág. 38). Cada espacio ganado, cada acuerdo logrado les permite a las organizaciones conformadas por ciudadanos societarios convertirse en un referente de consulta en sus territorios.

Ello, porque el ciudadano societario ejerce un poder como capacidad de influencia más que de obligación o coerción. De acuerdo con Niklas Luhmann (1995) esta diferencia radica en la posibilidad de “recomendar” a los otros la selección de una alternativa específica por encima de otras mucho más atractivas o benéficas para ellos. Mientras que la coerción reduce las posibilidades a cero y está acompañada de la amenaza -o el uso- de violencia física (Luhmann, 1995, pág. 14). Cada vez que, en el momento de la toma de decisión, los representantes del Estado o del mercado, aceptan la influencia del ciudadano societario, este fortalece su capacidad, así como su autoridad en el tema, reputación y liderazgo. Cualidades que no necesariamente están ligadas al poder como coerción. De esta manera, el poder de las organizaciones de ciudadanos societarios radica en su capacidad de impactar directamente en sus territorios mediante diversas formas de lucha y en especial, mediante la transición de la participación a la incidencia, que es un mecanismo para transformar su realidad, ya sea modificando instituciones legales, políticas o bien, parámetros de comportamiento social.

Ejemplo de ello, son las actividades desarrolladas por las distintas organizaciones sociales que participaron en la Iniciativa Popular en Tlaxcala[10] para posicionar el tema de la trata de mujeres para la prostitución en la entidad como un problema público. Gracias a sus esfuerzos de colaboración en red con académicos y organismos internacionales –como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres–, así como la paulatina incorporación a la iniciativa de otras organizaciones locales y nacionales, lograron la tipificación del delito de trata de personas en el Código Penal Estatal; la elaboración y aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Mismos en el Estado de Tlaxcala, la elaboración y aprobación del Programa Estatal Contra la Trata 2018-2021.

 

Las organizaciones meso: puente entre territorios

Participación e incidencia no son sinónimos debido a los límites y alcances que cada uno de esos mecanismos presenta en la construcción de procesos de vinculación ciudadana con la toma de decisión en materia de elaboración e implementación de políticas.

Primero, es necesario puntualizar que las políticas son un proceso de toma de decisión que se aplican a todos los miembros de un grupo con el objetivo de atender necesidades o gestionar conflictos. “Implican la movilización de recursos humanos, financieros e institucionales para resolver problemas públicos dentro de una sociedad” (Tapia A., Campillo C., Cruickshank S., y Morales S., 2010, pág. 12). Se dividen en tres tipos: de Estado, gubernamentales y públicas. Las dos primeras son desarrolladas e implementadas desde las dependencias de gobierno, la diferencia entre ellas radica en los alcances temporales. Mientras que las de Estado tienen una permanencia pese a los cambios de administración (por ejemplo, las políticas educativas o de salud); las segundas tienen un ciclo corto vinculado a la duración de los gobiernos. En cambio, las políticas públicas se caracterizan por la incorporación de los ciudadanos en los distintos momentos del ciclo de las políticas. Es decir, en la formulación, la implementación y en la evaluación.

Para ello, desde el Estado se han elaborado distintos mecanismos de participación y consulta a la ciudadanía. Los cuales se caracterizan por la conducción gubernamental del proceso desde la definición del problema, el diseño de la política (plan de acciones, cronograma, unidad responsable, recursos, presupuesto, fundamento jurídico), la implementación y la elaboración de indicadores para su evaluación. Ello implica que el resultado de dicho proceso dependerá de la disposición y flexibilidad gubernamental. Porque la participación “se traduce [como] demandas de los ciudadanos a la autoridad” (Arriaga Rojas, 2014, pág. 202) y no como elaboración de propuestas para ser implementadas por el gobierno.  Es decir, en la participación la lógica relacional se considera asimétrica y en sociedades como la mexicana se corre el riesgo de una interacción autoritaria y clientelar.

A diferencia de la participación, en la incidencia, el gobierno realiza acciones recuperando la visión y las propuestas de solución emanadas de la experiencia y el trabajo diario de las organizaciones ciudadanas en ámbitos locales o regionales. Por lo tanto, se gesta una doble transformación: por un lado, los ciudadanos fortalecen sus capacidades para articular objetivos y elaborar propuestas de políticas. Además, realizan acciones para “proveer información, ejercer presión y buscar persuadir al público y a los tomadores de decisiones para influir activamente en la orientación, representación y efectividad de las políticas públicas” (Tapia A., Campillo C., Cruickshank S., y Morales S., Op. Cit., pág. 13). En el caso de las instituciones de gobierno la transformación implica realizar una apertura en el proceso de la toma de decisión.

El trabajo en red con otras organizaciones es un elemento muy importante para hacer incidencia. Porque ello permite sumar experiencias y saberes en el ejercicio político para la transformación de sus realidades. Es decir, les permite profundizar en el análisis de las causas de los problemas que atienden, lo que posibilita diseñar mejores estrategias para su atención (Ibid., pág. 17). Además, maximizan el impacto de su trabajo, al sumar esfuerzos de manera coordinada. Y, por último, contribuyen en el fortalecimiento de las instituciones porque las propuestas no serán endógenas y verticales; por el contrario, serán articuladas a las distintas visiones y enfoques que los ciudadanos aporten. Sin embargo:

 

Los desafíos y tensiones que enfrenta actualmente la ciudadanía se ven complejizados por las redes de relaciones e interacciones que se generan entre la globalización, la crisis del sistema democrático y la incertidumbre vinculada a la sociedad del conocimiento, las que producen cuestionamientos a la forma en que tradicionalmente se concibió la sociedad, la relación con el poder y la naturaleza de la participación ciudadana, y hacen necesario replantearse cuál debiese ser el camino más apropiado para formar a los ciudadanos que la sociedad actual necesita. (Berríos y García, 2018, pág. 7)

 

Es decir, se manifiesta la tensión entre las propuestas teóricas y el ejercicio político de los ciudadanos. Por lo que, en la búsqueda de opciones, es necesario mirar los procesos organizativos que no necesariamente interpelan al Estado o al mercado para atender las necesidades y problemas que se presentan en la comunidad. Y, sin embargo, miran a lo global como el ámbito que puede impulsar o detener su proceso.

Un ejemplo de ello, es el trabajo desarrollado por las comunidades eclesiales de base (CEB) en distintos territorios de América Latina.  Estas organizaciones se crearon en la década de los setenta del siglo XX, a partir del Concilio Vaticano Segundo y tienen una fuerte inspiración en la Teología de la Liberación. Su punto de partida era una crítica a las teorías del desarrollo debido a que éstas no consideraban los procesos de explotación y de dependencia como factores que determinaban la pobreza. Por ello, establecen un compromiso para apoyar a la sociedad para superarlo y con ello, renovar la forma en cómo la Iglesia se relacionaba con las comunidades. Durante la década de los ochentas, la vuelta a la derecha también se vio reflejada en la Iglesia Católica, la cual mediante un par de instrucciones de la Congregación de la Doctrina para la Fe cuestionaron a la Teología de la Liberación.

 

Por su compromiso social y por la participación de muchos de sus miembros, tanto laicos y laicas, religiosas y religiosos, como presbíteros en las luchas armadas de Centroamérica, se les acusó de practicar la ideología marxista, de ser violentas y de promover la lucha de clases; por su opción por los pobres se les inculpó de ser excluyentes; por su compromiso político por la transformación de las estructuras sociales se les tachó de ser manipuladas por partidos de izquierda. Por todo esto se las identificó con el socialismo lo cual era grave en un mundo que vivía intensamente la confrontación de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. (Sánchez Sánchez, 2007, págs. 56–57)

 

A partir de la década de los noventas, las Comunidades Eclesiales de Base comenzaron a ser ignoradas por la Iglesia Católica, lo cual, de manera paradójica las benefició porque desarrollaron estrategias para articularse a nivel nacional e internacional, tanto con otras CEB como con organizaciones sociales cuyos objetivos y áreas de intervención fuesen similares. Otra característica de las CEB es la alta participación de las mujeres tanto en las actividades como en la organización, lo cual ha traído nuevos enfoques y problemas para solucionar. Ejemplo de ello han sido las actividades desarrolladas en Tlaxcala por las CEB, las cuales se han vinculado con académicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, organizaciones de defensa de los derechos humanos y para el desarrollo; ello para capacitarse e implementar acciones más integrales en las áreas de intervención definidas a partir de varias consultas desarrolladas entre los laicos que participan en las CEB:

  1. “La pobreza y derechos humanos, que se refería sobre todo a la ausencia de condiciones mínimas de subsistencia en un estado de transición rural-urbana, con una fuerte presencia migratoria.
  2. Las enfermedades causadas por la contaminación, particularmente de la región poniente del estado, donde se asienta el río Atoyac y donde se presentaron denuncias al Complejo Petroquímico Independencia y su planta de Acrilo Nitrilo.
  3. Los fiscales, y el sistema de cargos cívico-religiosos, que se han visto influenciados por la dinámica liberal de la instauración de elecciones dentro de los partidos y en cada comunidad, haciendo un híbrido en los sistemas tradicionales de servicio y representación.
  4. La participación ciudadana, expresada como la necesidad de que la población participe más conscientemente a partir de los problemas que son de interés público y no de los cargos de elección”. (Castro Soto, 2008, pág. 126)

 

Las CEB han funcionado como un enlace entre las comunidades con las que colaboran, y las organizaciones sociales locales, nacionales e internacionales que atienden cualquiera de las cinco áreas de intervención. Apoyando los diagnósticos y la elaboración de propuestas para políticas públicas. Pero, sobre todo, construyendo territorio a partir de las comunidades.

Páramo de Sumapaz, Colombia
Imagen 6. Páramo de Sumapaz, Colombia. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panor%C3%A1mica_P%C3%A1ramo_de_Sumapaz.jpg

 

A manera de conclusión: “tensiones entre el ejercicio y la reflexión, implicaciones sobre el territorio”

El proceso de organización social se enfrenta a interlocutores que pertenecen a distintos niveles de interacción y ámbitos de operación. Es decir, establece un diálogo con funcionarios locales, estatales y nacionales; representaciones de organismos multilaterales, así como portavoces de empresas y corporativos transnacionales. Esta complejidad implica la búsqueda por la intervención en el ámbito más próximo a la población, es decir, el territorio donde habitan y en donde se desarrollan sus interrelaciones sociales, comunitarias, ambientales, políticas y económicas.

De ahí, se desprenden múltiples experiencias organizativas, algunas -por ejemplo- retoman formas tradicionales indígenas como la constitución de asambleas como el órgano máximo en la toma de decisión comunitaria. Dependiendo del proceder de cada uno de sus integrantes será posible -o no ser- considerados para “ir ascendiendo en la estructura de cargos comunitarios” (Gallardo García, 2012, pág. 5). De esta manera, el reconocimiento, el honor y el prestigio se convierten en las cualidades más apreciadas entre quienes participan en esta forma tradicional organizativa y porque de ellos se desprende su liderazgo – y su capacidad de influencia- en sus comunidades.

Otro ejemplo es la comunalidad. Que es una experiencia de reflexión desde las comunidades entorno a formas organizativas que intervienen en el territorio pero que no dependen de la interlocución directa con el Estado o con el mercado para su operación. Como concepto la comunalidad fue desarrollada en la década de los setentas del siglo XX, como práctica tiene un anclaje histórico que emerge desde la tradición de los pueblos indígenas zapotecos. La comunalidad es “resultado de una suma increíble de adecuaciones cotidianas a lo largo de los siglos; dicho en otras palabras, las relaciones con el exterior son la fragua de lo propio, de la raíz comunal” (Guerrero Osorio, 2013, pág. 42). Porque la comunalidad reconoce lo propio en lo ajeno, y de esta manera construye un equivalente homeomórfico local de la epistemología occidental.

De esta manera, la comunalidad -y otras formas organizativas- dan cuenta de las tensiones que existen entre las distintas formas de conceptualizar la participación e incidencia, que no necesariamente responden a la figura del ciudadano, pero sí a la capacidad de cooperación para la toma de decisión en sus territorios. Ambas formas son resultado de los saberes comunitarios para organizarse y solucionar problemas. Y de manera simultánea pueden expresar conflictos tanto en la disputa del poder como en la construcción de alternativas para vivir y sentir su espacio, lo cual tiene como consecuencia que el territorio se transforma en algo más que un sitio, es decir, exterioriza los saberes, la experiencia y la vida de una manera imbricada.

Otra experiencia organizativa es la ciudadanía societaria, que se caracteriza por ser una forma organizativa que dialoga con el gobierno y con el mercado para la construcción de consensos que permitan formular propuestas y soluciones a los conflictos sociales. La ciudadanía societaria tiene la capacidad de transformar tanto a las instituciones como a las mismas organizaciones a las que pertenece. Lo cual favorece y fortalece el cambio social, debido a las experiencias y saberes acumulados debido a sus actividades, así como al incremento del poder (como capacidad de influencia) en la toma de decisión, así como la construcción del territorio.

El territorio como un espacio de poder es complejo por la presencia de múltiples grupos de interés que disputan el acceso a los recursos y la distribución de estos. Sin embargo, lo que se encuentra es una fuerte resistencia de los grupos locales para mantener el control del territorio y reivindicar el derecho a decidir sobre ellos.  Es así como el enfrentamiento se da en condiciones desiguales, pues algunos de estos grupos de interés ostentan los beneficios de estar en el gobierno y representar intereses globales, es así como muchos de los conflictos que han llevado a la defensa de territorio se dan contra megaproyectos. Estos últimos realizados bajo la propuesta global del desarrollo, en la que los Estados se ven comprometidos a participar y hacer negociaciones que benefician a las élites económicas locales e internacionales.

Las nuevas luchas por el territorio están desarrollando estrategias que les permitan hacer frente al embate de los grandes capitales, propuestas que no implique un abandono de todo lo forjado, sino por el contrario la construcción de un proyecto alternativo que les permita subsistir en una relación más horizontal entre los diferentes actores sociales y actores vivos de la naturaleza. El papel de la academia se torna importante, pero también debe replantearse su deber ser como sujeto social, la sociedad le reclama un papel más comprometido, o por lo menos con propuestas más cercanas a la realidad social.

 

Notas:

[1] Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la orientación de Investigación para la Paz. Licenciada y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Profesora del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su más reciente publicación es el libro “Por Colombia, por la paz: negociación con el Movimiento 19 de abril (1978-1990). Se especializa en el análisis de procesos para la construcción de paz, así como en la historia del conflicto armado en Colombia.

[2] Doctora en Antropología social del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS-CDMX). Maestra en Historia de la Universidad Externado de Colombia, Maestra en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Colombia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Línea de investigación en gestión y conflictos por el agua. Autora de libros de autor, artículos de revista, capítulos de libro y coordinadora de libros. Directora de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Expresidenta y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos.

[3] Ver varios estudios publicados por la Dra. Valeria Souza Saldívar de la Universidad Autónoma de México https://es.mongabay.com/2019/11/investigaciones-de-valeria-souza-en-cuatro-cienegas/. Última visita 12 de octubre de 2020

[4] LIII legislatura (2017). “Decreto número 2343. Por el que se crea el municipio de Hueyapan, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5561, 19 de diciembre de 2017.

[5] LIII legislatura (2017). “Decreto número 2341. Por el que se crea el municipio de Tetelcingo, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5563, 22 de diciembre de 2017.

[6] LIII legislatura (2018). “Decreto número 2851. Por el que se crea el municipio de Coatetelco, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5601, 23 de mayo de 2018.

[7] LIII legislatura (2017). “Decreto número 2344. Por el que se crea el municipio de Xoxocotla, Morelos”. Tierra y Libertad, núm. 5560, 18 de diciembre de 2017.

[8] Ver documento completo en: https://cupreder.buap.mx/programa-ordenamiento-cueztalan-completo. Última visita octubre 10 de 2020

[9] Término usado en la costa Atlántica colombiana, pero difundido académicamente por Fals-Borda. Hace referencia, como su nombre lo indica, a pensar sintiendo, contrario a lo que se plantea en la ciencia tradicional de separar el pensar y el sentir. Ver referencias bibliográficas de este artículo.

[10] La Iniciativa Popular de Tlaxcala es una red de organizaciones sociales y de la sociedad civil como el Centro Fray Julián Garcés y la Pastoral de los Derechos Humanos, Mujeres en Lucha por la Dignidad, Cooperativa Toxtli, el Colectivo Mujer y Utopía, A. C, por mencionar algunas de las 60 organizaciones que participaron en dicha iniciativa.

 

 

Referencias bibliográficas:

  • Alejandre Ramos, G., y Castillo Oropeza, Ó. (2014). Ciudadanía y Democracia en México: Los escenarios del siglo XXI. En J. Mora H., G. Alejandre R., C. Bustamante L., y C. Escobar C. (Edits.), Ciudadanía fragmentada: la sociabilidad política entre la resistencia y la desafección (págs. 19–40). Universidad Autónoma de Tlaxcala.
  • Arriaga Rojas, B. (2014). Incidencia ciudadana en la construcción de políticas públicas: una aproximación desde el enfoque principal-agente. Revista Mexicana de Estudios Electorales, I(13), 197-207.
  • Berríos, C., y García, C. (2018). Introducción. En C. Berríos, y C. García (Edits.), Ciudadanías en conflicto. Enfoques, experiencias y propuestas (págs. 7–42). Universidad de Santiago de Chile.
  • Brito, J. L. (10 de noviembre de 2017). Aprueban la creación de cuatro municipios indígenas en Morelos. Proceso.
  • Castro Soto, O. (2008). La iniciativa popular en Tlaxcala. Acciones colectivas para la incidencia pública en el combate a la trata de personas [Tesis de Maestría en Sociología]. Universidad Iberoamericana.
  • CNDH. (2013). Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • Donati, P. (2002). Ciudadanía y sociedad civil: dos paradigmas (ciudadanía lib/lab y ciudadanía societaria). Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas(98), 37-64.
  • Eje Central. (5 de diciembre de 2017). Guerrilla FAR-LP denuncia contubernio de Estado y narco en Guerrero. Eje Central.
  • Fals Borda, O. (2000). Acción y espacio. Autonomías en la nueva República. Ediciones Tercer Mundo.
  • _____. (2009). Una sociología sentipensante para América Latina (Antología). Siglo del Hombre Editores/CLACSO.
  • Gallardo García, E. D. (2012). Lo público en los procesos comunitarios de los pueblos indígenas en México. Polis. Revista Latinoamericana [en línea], 31. doi:10.4000/polis.3650
  • Giménez, G. (2005). Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural. Trayectorias, VII(17), 8-24.
  • Guerrero Osorio, A. (2013). La comunalidad como herramienta: una metáfora espiral. Cuadernos del Sur. Revista de Ciencias Sociales, 18(34), 39–55.
  • Jiménez Ramos, D. (2019). Geo-grafías comunitarias. Mapeo Comunitario y Cartografías Sociales: procesoscreativos, pedagógicos, de intervención y acompañamiento comunitario para la gestión social de los territorios [edición corregida y aumentada]. Camidabit-Los Paseantes.
  • Jiménez, W. G. (2014). Territorio y Estado. Cambios y desafíos en la globalización del Derecho. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 9(2), 119–141.
  • Kymlicka, W., y Norman, W. (1996). El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Cuadernos del CLAEH(75), 81–112.
  • Llanos-Hernández, L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 7(3), 207-220.
  • Luhmann, N. (1995). Poder. Anthropos/Universidad Iberoamericana.
  • Porto-Gonçalves, C. W. (2015). Geografías con Carlos Walter Porto-Goncalves [entrevista]. Cardinalis, 3(4), 230-263.
  • Raffestin, C., y González Santana, O. (2013). Por una geografía del poder. El Colegio de Michoacán.
  • Reyes García, L. (2013). La ciudadanía en México. Un breve recuento histórico. Polis, 9(2), 113-149.
  • Sánchez Sánchez, J. (2007). La Comunidad Eclesial de Base: una alternativa de comunión en un mundo globalizado. Revista Iberoamericana de Teología(5), 45-68.
  • Tapia A., M., Campillo C., B., Cruickshank S., S., y Morales S., G. (2010). Manual de incidencia en políticas públicas. Alternativas y Capacidades A.C.
  • Tejeda González, J. L. (2014). Las dimensiones de la sociedad civil. Polis, 10(1), 133-156.

 

Cómo citar este artículo:

GALAVIZ ARMENTA, Tania; GUZMÁN RAMÍREZ, Nohora, (2022) “Territorio como espacio de organización y participación social”, Pacarina del Sur [En línea], año 13, núm. 48, enero-junio, 2022. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Miércoles, 5 de Octubre de 2022.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2034&catid=14

Edición 48

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