Pacarina del Sur
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Las paradojas de la democracia.
Los viejos y remozados apartheid: pobreza y cárceles

La democracia, como expresión integradora de la igualdad jurídica en desigualdad social, es un fenómeno histórico particular gestado colectiva y orgánicamente. La conservación o ampliación de derechos sociales, implica una disputa permanente entre sectores y clases sociales, en un medio social y político que lo garantice. La convivencia de la democracia con la pobreza, exclusión y entes que destruyen la libertad, la igualdad y pluralidad orgánica, constituyen contradicciones que la liquidan y recrean exclusión, que como cárceles o apartheid, segregan a crecientes poblaciones. La violencia de la exclusión se generaliza, como nunca antes en la historia mundial, victimizando a las clases subalternas y a todos los imaginarios, potenciales o reales adversarios. La paranoia del crecimiento, la privatización del bienestar y el miedo a las mayorías, ha generado una guerra global unilateral, contra la pluralidad social y la humanidad.

Palabras clave: pobreza, represión, miedo, cárcel, guerra

 

Introducción

El análisis sobre la pobreza adquiere una importancia particular ante las tendencias que la magnifican en la presente coyuntura, como nunca antes en la historia moderna. Los estudios sobre esta problemática social permiten aproximaciones acerca de su complejidad, sin embargo por ser una categoría histórico moral, requiere ser abordado desde dimensiones y perspectivas particulares, como múltiples y distintas son sus determinaciones en cada contexto social.

La carencia de los recursos necesarios y suficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades individuales y sociales en ámbitos históricos específicos, ha dejado de ser un asunto productivo, mercantil y distributivo, para convertirse en un problema político trascendente para las sociedades y el mundo. La Cumbre Mundial del Milenio se ha propuesto reducirla como una tarea imprescindible y urgente para el progreso de las sociedades, de manera similar muchos Estados tienen en el combate a la pobreza como una preocupación prioritaria en su quehacer cotidiano, aun cuando unos y otros fracasan en sus intentos.

La pobreza es una problemática social, es el resultado de relaciones sociales desiguales e inequitativas, obedece a una estructura social arraigada en la historia de los pueblos y sociedades. De este modo, las carencias que caracteriza a la pobreza  no son generalizables ni son idénticas entre las comunidades de pobres, en contextos distintos, así como ta  mpoco las propuestas y recomendaciones para superarla, no podrán ser iguales, viables ni consensuales en todas las sociedades.

Una de las peculiaridades de esta problemática social, es la comprometer a la sociedad global en su conjunto y al sistema estructural imperante que reproduce y acrecienta pobreza. En un sistema desigual e inequitativo la pobreza es su consecuencia, no como un efecto colateral de la riqueza y la acumulación del capital, sino porque el sistema se nutre generándola. La explotación del trabajo y la privatización del trabajo colectivo, así como la apropiación de los recursos de las sociedades y la naturaleza, generan carencias como una acción consustancial al sistema. El capital como relación social, crece y expande recreando pobreza en el espacio mundial.

Los orígenes políticos del capitalismo se fundaron por las luchas sociales por la igualdad, equidad y democracia inauguradas con la revolución americana y la francesa, fueron una conquista colectiva contra sistemas políticos opresivos, fue un periodo que vislumbraba una nueva época, donde se constituía en un elemento necesario para el equilibrio de las relaciones sociales y económicas en situación de desigualdad. Así, se constituye en un factor esencial que permite equilibrar la relación entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo, no es un producto suntuario ni un obsequio de gobernantes. Es una necesidad en una sociedad integrada e interdependiente, inexistente en el pasado. La libertad y la democracia, en desigualdad, fueron conquistas sociales y fundamentos en la sociedad capitalista, no gestadas por los propietarios ni por el Estado. El poder de la organización y de la acción colectiva, formalizó jurídicamente libertades y derechos, así como construyó, en determinados contextos, el Estado Social o de Bienestar.


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Esto es, la democracia supone desigualdad e intereses contrarios, pero con derechos iguales, lo cual inauguraba la negociación y la lucha entre poblaciones organizadas para lograr sus anhelos. El dinamismo democrático permitió la superación en los niveles de vida y bienestar en muchas sociedades. Pero, ello no es garantía, la formalización jurídica ni el Estado, han constituido garantes de la libertad y democracia, ajenas de la actuación de las organizaciones sociales plurales y de los resultados de sus interacciones contradictorias, las cuales modifican las formalizaciones jurídicas y la representación estatal de todos los segmentos y clases sociales. La certidumbre y perdurabilidad de las relaciones, no son una regularidad en la sociedad capitalista.

La disputa entre lo público y privado, entre lo colectivo y lo individual, es una larga lucha en la historia de las sociedades (Arendt, 2006), que como elementos que se suponen mutuamente, derivan en democracia o dictadura, dependiendo del poder, organicidad y actuación clasista en la cotidiana confrontación en la sociedad civil. El devenir político es un incesante ciclo de creación y destrucción de libertades. El equilibrio inestable social y político, es causa y consecuencia de una permanente lucha entre clases polarizadas e interdependientes.

Las determinaciones internacionales en las transformaciones de los Estados, que privilegian intereses privados trasnacionales, han liquidado las políticas públicas, que palian las desigualdades del sistema, así como se defenestra las organizaciones democráticas y se destruye la sociedad civil. La eliminación corporativa de toda oposición y la proliferación mediática de las opiniones publicadas, han derivado entre otros elementos, a liquidar el equilibrio plural y democrático.

Los pobres sin alternativa para negociar, sin voz ni posibilidad de acción colectiva, así como sin organicidad ni representación a sus necesidades e intereses, es una determinación que trasciende la condición de desigualdad, para convertirse en una población excluida de derechos, separada o aislada del resto de la sociedad y sin representación estatal. Sin duda, la pobreza es hermana de la exclusión, pero no se implican ni son idénticas. La pobreza es consustancial de un sistema que supone pobres y los reproduce como parte del ciclo productivo, mientras que la exclusión es el confinamiento de segmentos y grupos sociales por razón de cultura, ideología, color de piel, nacimiento, etc., los cuales no necesariamente son pobres, pero la exclusión los empobrece, así como la pobreza extrema es una manifestación de la exclusión. La violencia[1] contra la igualdad de derechos y la democracia, es el ejercicio político intencionado de la dominación autocrática o tiránica contra lo común y público en la sociedad.

La exclusión y su incremento, es un resultado de la descomposición política de la sociedad civil, en razón de las relaciones y confrontaciones privadas, así como en sus vínculos con el Estado. La carencia de los recursos necesarios para la vida y la pérdida de derechos sociales conquistados, es la regresión social al dominio de propietarios.

Este proceso evidencia un atributo de la sociedad capitalista contemporánea, convive con la exclusión a pesar de haber formalizado la igualdad formal de derechos. La desigualdad social supone e implica exclusión. El sistema de la desigualdad y su formalización jurídico-penal, es un constructo social que valida la exclusión. Cada sociedad en momentos particulares en su devenir, ha rechazado convivir con personas, grupos étnicos o clases sociales, sea por una historia, cultura o prejuicios arraigados, con nefastas consecuencias en la memoria y devenir de los pueblos. Las exclusiones no han sido ni pueden ser superadas, se convive cínicamente con ellas, en la cotidianidad social. La exclusión en muchos casos es parte constitutiva de la conformación de identidades nacionales, las cuales consolidan y perpetúan formas de dominación en las sociedades o entre ellas (Huaylupo, 2010b).


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La aceptación social a la represión, la separación o aislamiento de personas o grupos, revela las paradojas de una sociedad que se autodefine como respetuosa de los derechos humanos, de la libertad y la igualdad. Del mismo modo, ninguna democracia en el sistema prevaleciente, renuncia, cuestiona, prohíbe o liquid a las actividades empresariales, a pesar de que ellas liquidan la libertad en los espacios de su dominación, haciendo de las fábricas auténticas cárceles para los trabajadores que venden su fuerza de trabajo, así como esclaviza o modela el consumo de los compradores. El derecho a la propiedad ha significado, durante distintas conformaciones societales en la historia el espacio para la dominación de propietarios,  aun cuando la posesión ni propiedad implica la subordinación social en dicho ámbito, sin embargo, como reminiscencia del pasado y siendo la propiedad una restricción de los recursos para el trabajo y la vida, se constituye en una facultad privilegiada que fetichiza un poder social. La paradoja de libertad y confinamiento o de democracia y dictadura, son dilemas y vaivenes de una sociedad que ha legalizado y legitimado la desigualdad, la iniquidad y la propiedad privada de los recursos para la vida.

Las ciudades contemporáneas como espacios de la concentración del poder político se han constituido en ciudades Estado, así como en ciudades fábricas, mercados y contemporáneamente, son ámbitos donde prolifera y regenera incesantemente la pobreza y exclusión. Esto es, la imagen de las cárceles están referidos también a los excluidos de las ciudades, que son espacios de confinamiento de cada vez mayores contingentes sociales, que actúan como reservas de trabajadores, consumidores y fuentes de explotación colectiva. Las ciudades-cárceles son una realidad para crecientes poblaciones en el mundo,[2] estos centros, han sido redefinidas radicalmente, ya no son los ámbitos donde se crearon las libertades civiles y la gestión plural, por el contrario se transforman en espacios donde los pobres y excluidos están presos en espacios segregados y degradados, que como centros de reclusión, viven en las peores condiciones. Esas poblaciones de pobres, migrantes, desocupados o con precarios trabajos, son los que realizan las peores y más riesgosas labores, con salarios de hambre, sin fiscalización ni asistencia estatal. Esos excluidos están en un cautiverio del cual no pueden escapar, como condenados de por vida. Así, los barrios marginales, las callampas, barriadas, favelas, villas miseria, etc., crecen y proliferan ante la precarización de otros sectores sociales. Una situación dramática que se constituye como un destino trágico para los pobres y excluidos de las ciudades latinoamericanas.

 

La violencia: un producto sistémico de la sociedad capitalista

La alta sensibilidad contra la delincuencia de la sociedad contemporánea y particularmente en Latinoamérica, ha dejado de ser un problema policial para convertirse en una problemática relacionada con la seguridad ciudadana y como tal, un asunto político prioritario de preocupación y protesta ciudadana contra la actuación estatal.

La seguridad ciudadana no es un aspecto relacionado exclusivo con el ejercicio de la violencia en la sociedad, ella está directamente relacionada con el amparo y respeto estatal a los derechos ciudadanos, donde la protección de las propiedades y la vida de las personas, es un aspecto entre otros, garantía para vida social. El Estado es el único ente encargado del cumplimiento de las leyes y el monopolio de la sanción o del ejercicio de la violencia institucionalizada (Weber, 1969).

La protesta ciudadana cuestiona la actuación estatal, porque tiene conciencia que es el Estado quien debe garantizar la seguridad ciudadana, la cual no es una condición ni puede ser una tarea de la ciudadanía en una sociedad desigual e iniquitativa. Aunque desde los gobiernos y de modo particular desde los ministerios del ramo, han afirmado que la “seguridad es un asunto de todos”, lo cual es una sentencia a la violencia generalizada, cuando es un atributo encomendado históricamente al Estado. La pretensión de desarraigo de la función por la seguridad, es la renuncia a garantizar la reproducción de la sociedad, así como lo es el sólo garantizar la seguridad a los sectores privilegiados de la economía y la política en la sociedad.

El derecho al trabajo, a la educación, salud, vivienda, seguridad social, así como de la equidad, libertad y democracia, entre otros aspectos, forman parte de un conjunto de derechos conquistados por las sociedades civiles a través de la historia en algunas sociedades. Así, por ejemplo la educación es tan importante como el respeto a la seguridad e integridad de las propiedades y vida de las personas. Difícilmente se puede postular que algún derecho sea más importante que otro, todos se encuentran implicados en una sociedad integrada e interdependiente. La exclusión es una expresión de violencia y arbitrariedad en las sociedades, así era interpretada desde el siglo XVII por Thomas Hobbes (1588-1679) y así se analiza contemporáneamente por Amartya Sen (2000), Bernardo Kliksberg (1999), entre muchos otros.

El contraste entre poblaciones, unas cada vez más pobres, carentes de trabajo y sin asistencia ni seguridad social, mientras otras concentran la riqueza y bienestar, con el goce de todos las derechos y la protección estatal, son expresiones de violencia social, que atentan contra los derechos humanos, pero no se responsabiliza a los culpables de tales violaciones, se asume falazmente que son efectos necesarios y colaterales del crecimiento del devenir económico y político.

Dicho de otra manera, el sistema de castigos de una sociedad determinada pasa por las ponderaciones culturales particulares y del poder establecido, los cuales quedan plasmados en la formalización de las leyes, así como, en las formas como son negociadas, interpretadas y ejecutadas. Los sistemas de castigos existentes en las sociedades de ninguna manera son neutrales ni objetivos y en todos los casos están mediados por las orientaciones de una sociedad clasista. El sistema social no es indiferente a las desigualdades existentes, este conserva y reproduce las jerarquías y privilegios predominantes, que tiñen todas las relaciones sociales y los quehaceres del Estado.

La pobreza condenada social y mundialmente ha formalizado acuerdos y metas concretas en la Cumbre del Milenio (ONU, 2000), en correspondencia con la ética y el respeto de los derechos ciudadanos, sin embargo, no se podrán cumplir las metas. El pretender reducir la pobreza mundial a la mitad, durante los primeros 15 años del presente siglo, con prácticas asistenciales es una fantasía y pone en evidencia la profunda ignorancia interesada de pretendidos y demagógicas acuerdos de buenas intenciones. La pobreza y la exclusión es sistémica, no puede eliminarse porque es parte consustancial de su propia existencia. La represión a los pobres es el medio para limitar o impedir la organicidad, la democracia y la libertad, así como la transformación del sistema.

La violencia es la manifestación de desigualdad social, porque atenta contra la vida, el bienestar y el desarrollo (Sen, 2000), no es un fenómeno de carácter individual ni patológico de personas que transgreden derechos a otras personas, es un fenómeno sistémico, relacionado con las formas prevalecientes o dominantes en las sociedades.

El devenir social y político fluctuante y contradictorio de la sociedad civil, modela el Estado, la democracia y libertad, así como la calidad de vida y bienestar de sus sociedades (Iazzetta, 2003). No es posible evidenciar ni imaginar la perdurabilidad de las tendencias sociales y políticas en la sociedad civil, en un contexto que reproduce e incrementa pobreza y exclusión. Las contradicciones ponen en riesgo incesante la democracia e incluso ponen en peligro la propia existencia de la sociedad civil, al destruir la organicidad de la pluralidad social, gestora de la reproducción cotidiana de democracia. El dinamismo social del capitalismo, configura una sociedad en riesgo permanente, donde están latentes o manifiestas las formas extremas de contradicción clasista. La democracia como equilibrio social y político, no siempre es viable, en la  incertidumbre, desequilibrio y crisis de la sociedad. Así, la alternativa dictatorial es una opción extremista que reproduce y maximiza pobreza y exclusión, sin embargo, no es posible perennizar el dominio, sin la acción colectiva que reconquiste democracia, limitando la actuación autoritaria de propietarios y autócratas.

El Estado de Bienestar atenuó las contradicciones e iniquidades, garantizando derechos igualitarios, pero estaba imposibilitado de limitar la apropiación privada de la riqueza creada colectivamente, así como generaba las condiciones para la creación y amparo de las organizaciones que consumen productivamente democracia y libertad (Zavaleta, 2009; Meiksins, 2006).

La generación de riqueza, así como la conquista y recreación de libertad y democracia, han sido y son productos de la acción colectiva de las poblaciones, que los Estados Benefactores garantizaban. Sin embargo, el proceso contemporáneo cuestiona la gestión de la pluralidad social, para privatizar la función pública, el bienestar y el desarrollo, con lo cual se cercena el fundamento originario del capitalismo, así como se potencializa las crisis en las sociedades del mundo (Huaylupo, 1999). La posibilidad de reconstitución de la democracia, aun cuando en el presente no se aprecia con claridad, es una alternativa que se construye a pesar de los autócratas y dictadores.

La represión es una regularidad en la cotidianidad de las sociedades desiguales e inequitativas. Los privados de libertad son una expresión de ello, aun cuando, las dictaduras ni las democracias los cuestionan ni eliminan. La transgresión a la propiedad, derechos y la violencia contra la ciudadanía, no es un atributo exclusivo de sentenciados o indiciados, la transgresión es una práctica frecuente, que se reproduce e incrementa en razón directa de las condiciones sociales que lo propician e incentivan. La pobreza suele ser el indicador por excelencia de los procesos de represión, exclusión y violencia en la sociedad, de ningún modo implica que sean los pobres los delincuentes, pues es un fenómeno que atraviesa a todos los sectores sociales en las sociedades. Pero, la pobreza y la exclusión son formas de reclusión, de condena por tiempo indeterminado.

“A los que roban se los encarcela; a los que violan se los encarcela; a los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para corregir, que traen consigo los Códigos penales de la época moderna? ¿Una vieja herencia de las mazmorras de la Edad Media? Más bien una tecnología nueva: el desarrollo, del siglo XVI al XIX, de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez «dóciles y útiles»”. (Foucault, 1976).

La existencia de pobreza, exclusión y la comisión de delitos, como el resultado inherente en la dinámica de las sociedades desiguales, no solo muestra la incapacidad social y estatal para limitar o evitar dichas problemáticas sociales, sino que pone en evidencia el castigo como forma inherente del sistema, donde no solo se encarcela a supuestos o reales transgresores, también se acompaña con separación y represión social y física, como un medio para disciplinar. Así, el castigo es apreciado como la justa respuesta ante violaciones a un orden constituido, como también constituye el medio para imponer el miedo para mostrar la fuerza del sistema o su capacidad de reproducción de las relaciones dominantes. De este modo, los castigos no son solo sanciones, también se tiene la intencionalidad de ser formas instrumentales amenazantes contra disidentes y explotados, para convertirlos en objetos sumisos de decisiones acciones que atentan contra su voluntad, conciencia e interés.[3]


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La imposibilidad de homogenizar conciencias o el de lograr aceptación social a proyectos e intereses privados excluyentes del desarrollo y bienestar, supone e implica represión y aislamiento para los incrédulos e inconformes. La represión y la tortura son castigos son las armas de un sistema antidemocrático. Un sistema democrático que niega libertad de disentir o de protestar contra las carencias e iniquidades que genera, es una farsa. La represión y aislamiento de poblaciones, no es una excepción sistémica, una supuesta democracia que acepta la exclusión, el castigo y las cárceles, revela su cinismo y encubre la dominación. La democracia es el medio para defender derec hos y la posibilidad de conquista de reivindicaciones en un entorno iniquitativo, pero también supone, la capacidad para dirimir, negociar y resolver los conflictos en una sociedad dinámica y desigual.

El auge del crecimiento y expansión del capital del presente, es también de la iniquidad, la desigualdad y el totalitarismo, en el capitalismo contemporáneo. La imposibilidad de resistencia social contra el despojo de la calidad de vida y la renuncia estatal a la regulación y el equilibrio social, ha magnificado el enriquecimiento de las empresas globales, castigando con empobreciendo y exclusión a poblaciones y desequilibrando naciones.

La represión y el aislamiento legalizado a individuos que violentan las leyes, se les castiga como únicos responsables independientemente de las condiciones y situaciones, que median los delitos. Las leyes se convierten en manuales de aplicación dogmática, el tiempo-espacio implicadas en la creación de las normatividad jurídica se omiten en sus aplicaciones mecánicas en otras circunstancias. Asimismo, la socialidad del delito también se olvida o ignora, para castigar, para crear miedos y precedentes sobre hechos censurados por las letras de las leyes. Esto es, en la aplicación de las leyes predominan criterios ideológicos y políticos relacionados con la conservación del poder y preservación de sus fetiches y símbolos.

Los delitos y los crímenes, así como los castigos, trascienden a las víctimas y victimarios, para comprometer a la sociedad y al sistema prevaleciente. El castigo individual oculta las determinaciones sociales del delito y su reproducción en todas las esferas sociales, es la aceptación y convivencia con lo que aparentemente pretende erradicar y con ello se pone en cuestión la pretendida racionalidad de la normatividad jurídica y estatal. La socialidad del delito hace del sistema penitenciario una representación obsoleta y contradictoria de una formal igualdad ciudadana.

No es la comprensión de la naturaleza y complejidad del delito lo que fundamenta la represión y el apartheid, es la práctica continuadora que solo castiga las formas aparentes o las manifestaciones superficiales y empíricas, no juzga las causas que originan los delitos, así como tampoco se valora la pertinencia y consistencia de las leyes. A los sancionadores del castigo no están interesados ni se proponen resolver las causas del delito, así como tampoco son garantía para el sistema, dado que los transgresores a las leyes son recreados y necesarios al sistema, por ello también la internacionalización de la delincuencia organizada, esta directamente asociada con la intensificación y masificación de las relaciones y expoliación de los recursos del planeta de las corporaciones empresariales amparados por sus Estados.

La democracia no se garantiza con represión y exclusión, por el contrario, la aplicación estatal de la violencia es contraria a la democracia, porque es el modo como se busca perpetuar la dominación. La supuesta igualdad y libertad que legaliza y practica el castigo, es una negación, es una democracia de papel. La democracia real, que no es pasividad ni conformismo, es la capacidad de negociar, tolerar y compartir entre heterogéneos actores sociales. La imposición arbitraria directa con represión, exclusión, miedo o indirecta a través de las formas mediáticas, no son el umbral de la democracia, por el contrario es violencia, intolerancia y dictadura.

La represión es una medida radical y necesaria del sistema que no puede reproducirse sin reales o creados transgresores, que alimenta y legaliza inmensos aparatos institucionales e instrumentales de un poder estatal, que es regularmente ilegitimo y muchas veces ilegal. El monopolio a la represión por parte del Estado es la condición necesaria del dominio de la sociedad excluyente, en tal sentido, es selectiva porque no todos son participes ni beneficiarios del sistema imperante, porque legaliza el desfalco del valor del trabajo y el desarrollo de los pueblos, a la vez que esta comprometido social y política en la delimitación del delito. La legalidad de los castigos, son regularmente ilegítimos porque validan las condiciones de exclusión y de la apropiación privada del bienestar.

“La cárcel, cuya función es, supuestamente, la de hacer respetar el orden, es, en realidad, por su organización misma, una institución fuera de la ley. Se supone que solventa la inseguridad y la precariedad, pero no hace más que concentrarlas e intensificarlas; empero, en tanto que les hace invisibles, no se le pide nada más.” (Wacquant, 2000: 33).

La concepción del delito y su castigo, materializa contradictoriamente el individualismo posesivo en una sociedad determinada socialmente (Pereyra, 1984). El castigo a los individuos privándolos de libertad por delitos cometidos, asume que el origen y consecuencia de los delitos son individuos, sin mediación ni complejidad social alguna. De este modo, la penalidad se convierte en una especie de castigo imaginado como escarmiento y “pago” por la falta cometida, a la vez que medio para crear miedo a potenciales transgresores de las pautas establecidas por las relaciones dominantes.

La expresión “ojo por ojo y diente por diente” es una reacción que invita a castigar a presuntos o reales delincuentes. Se reprime para intimidar, pero se castiga porque se tiene miedo. Así, en las “guerras preventivas”, donde se bombardea y ocupa a poblaciones y países, como “previsión” ante presuntas agresiones terroristas, pero actuando como terroristas e invasores. La justicia por mano propia[4] o la afirmación que “la seguridad es un asunto de todos”, son expresiones de la “ley del más fuerte”, de la confrontación, directa y cotidiana en un mundo incierto e inestable. La tortura, de ayer y hoy, es infame contra la humanidad e injustificable ejercicio de la prepotencia y la dominación, su censura e ilegalidad no la elimina. La otrora potencia norteamericana que afirmaba la democracia y los derechos ciudadanos, se ha convertido en una potencia, que con inmunidad e impunidad, tortura en todo el espacio mundial, ejemplos recientes de ello son los prisioneros iraquíes en Guantánamo y aquellos que fueron llevados a ser torturados en Europa del Este, con la complicidad de militares y dictadores, son evidencias de una dominación global.

La fuente de la delincuencia y la violencia en la sociedad, es el irrespeto y violación de los derechos de las personas, sociedades y naciones. Una sociedad que ha legalizado la explotación, la iniquidad y la exclusión privada y estatal, esta imposibilitada de erradicar lo que ha validado e impuesto a la colectividad nacional e internacional. Sin embargo, los condenados, los castigados, son vistos como desviados, disfuncionales y anómicos, gestores del desorden o semillas del mal en la sociedad, los cuales deben ser castigados, como un modo de readecuación o alineamiento a las pautas sociales establecidas. Así, se cree inconsistentemente, que luego del castigo, los “anormales” son convertidos en normales, alienados, catequizados u homogenizados a valores inventados, con independencia del contexto social y de las condiciones de la convivencia cotidiana de dichas personas. Así, los programas de “readaptación” social fracasan no por las formas instrumentales ni metódicas, sino porque no guardan correspondencia con la naturaleza social de las actuaciones de los individuos que delinquen y porque ignoran la complejidad y determinaciones sistémicas del delito.[5] Pero también los procesos penitenciarios son ineficientes en gran parte del mundo y particularmente en el espacio latinoamericano, porque constituyen los ámbitos de reclusión de los excluidos, de los subalternos, dimensión que marca también a los entes institucionales encargados de su custodia. Los establecimientos penitenciarios son carentes de los más elementales medios y recursos para garantizar y respetar los derechos de los privados de libertad, por ello la existencia de hacinamiento, alimentación deficiente, insalubridad, inseguridad, corrupción y chantaje, son una regularidad en el sistema carcelario. Los recientes tragedias –febrero 2012- en la cárcel de Comayagua en Honduras (La Prensa, 2012)  y de Apodaca en Nuevo León, México (Castillo, 2012), son sólo una muestra dramática de la inseguridad para la vida de los privados de libertad, de lo cual no están libres otros centros penitenciarios.

En la perspectiva epistemológica individualista metodológica, ninguna construcción social tendría identidad propia ni capacidad determinadora, ajena de cada acción y decisión autocrática. La individualización o el monismo interpretativo es una regresión cognoscitiva, porque imposibilita la explicación de los fenómenos de naturaleza compleja, a la vez que como pensamiento único, reproduce visiones dogmáticas y tautológicas. Interpretar los procesos sociales complejos, como la política, la cultura, la globalización, la exclusión o la delincuencia, por determinaciones individualistas, son visiones que imaginan al individuo autopoiético, que se autodefine o se construye a sí mismo, esta metafísica ilusa e idealista, ignora de la naturaleza social de los fenómenos individuales y societales. La precariedad cognoscitiva del individualismo metodológico contrasta con la importancia de la ciencia, en un presente signado como de la sociedad del conocimiento.

El sistema represivo tiene en el individualismo metodológico y en la visión funcionalista, los fundamentos para responsabilizar y castigar a los individuos como causantes de los conflictos, desequilibrios, contradicciones, etc. Esto es, se juzga y sanciona a partir de un mundo imaginario, inexistente en el dinamismo de una sociedad desigual. La justificación y acción represiva de los inquisidores feudales y del colonialismo, tiene similitudes en el presente, con nuevos medios e instrumentos.

La consideración individualista, trasciende la violencia contra los delincuentes y criminales, para evidenciar la naturaleza excluyente y represiva de la sociedad, contra todos aquellos que constituyen una real o ficticia amenaza contra el orden y poder establecido. El delito y el crimen, es un constructo social que se modifica en razón de las tendencias prevalecientes o moldeables, según intereses dominantes, pero la pobreza y la exclusión es el ejercicio de la violencia, así como lo es, la cínica e hipócrita complacencia, complicidad e indiferencia de una sociedad que ha formalizado la democracia formal. La liquidación física contra los niños de la calle y los indigentes, ocurre en algunos países latinoamericanos[6], no es sino la continuidad de una práctica social, regular y cotidiana, que se ha agudizado con una ideología liberal que reclama la libertad, pero que impone la esclavitud de los propietarios del capital.

“Cálculos provenientes de fuentes insospechadas establecen que en nuestra región mueren anualmente alrededor de doscientos mil niños durante su primer año de vida por efecto de elementales carencias alimentarias o sanitarias; un número igual o mayor sobrevivirá, pero jamás alcanzará su completo desarrollo bio-psíquico debido a las secuelas de las mismas carencias.

Los múltiples poderes que sustentan esta realidad letal se apoyan en buena medida en el ejercicio de poder de las agencias de nuestros sistemas penales que, en la mayoría de los países de la región, operan con un nivel tan alto de violencia que causan más muertes que la totalidad de los homicidios dolosos entre desconocidos cometidos por particulares.

Por otra parte, en cuanto a sus omisiones en la tutela de la vida, es claro que el sistema penal se ha mostrado como totalmente incapaz de contener los abortos y, en cuanto a los homicidios de tránsito, se comporta con total indiferencia, pese a que su número es tan elevado que se convierten en la segunda causa de mortalidad en buena parte de la región, y en la primera en algunas fajas etarias jóvenes. En este panorama no creemos que las peines perdues requieran una fina demostración.” (Zaffaroni, 1998: 17).

Una sociedad donde los ciudadanos se transforman en personas de segunda categoría, en “infraciudadanos” sin derechos de ser atendidos o ayudados, pone en tela de juicio la igualdad jurídica entre individuos, segmentos o clases sociales, como también lo reconoce para Europa José Tezanos (2001).

La privación de los derechos al trabajo, a una remuneración digna y la provisión de servicios para la salud y la vida por parte del Estado, es un apartheid de personas confinadas en tugurios y en áreas insalubres y donde habitan como invasores de tierras marginales, en casas de cartón y lata, los cuales se mantienen con precarios trabajos ocasionales, de la caridad o como pepenadores en los basurales urbanos. Estas personas que aumentan ante la indiferencia social y estatal, están en auténticas cárceles, aislados y carentes de los servicios básicos necesarios. El cambio de una cárcel por otra, como pobres, sólo es un dramático cambio de escenario.  Antonio Maria Costas, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), afirmó el 23 de abril en la apertura de la 16ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y de la Justicia Penal.

“En algunas de las ciudades más grandes del mundo hay barrios marginados y peligrosos donde incluso la policía teme entrar.”

“Cerca de 1000 millones de personas viven en diabólicos guetos y subpoblaciones, esto constituye una sexta parte de la humanidad, donde la vida diaria es 30 veces más peligrosa que en cualquier otro lugar.” (IIP Digital, 2007)

Los excluidos que han cumplido condenas, no son ni pueden ser transformados y en su condición de ex convictos, son tratados como parias, poseedores de un estigma que los condena a ser eternos delincuentes. Los pobres no son equivalentes a delincuentes, como tampoco, son los únicos que sufren las miserias que impone un sistema excluyente .

“Pero, ¿quiénes eran realmente los vagabundos? ¿Depredadores peligrosos que rondaban en los márgenes del orden social, viviendo de rapiñas y amenazando los bienes y la seguridad de las personas? Así son presentados, y esto es lo que justifica un tratamiento fuera de lo común: han roto el pacto social (trabajo, familia, moral, religión), y son enemigos del orden público.” (Castel, 1997: 80-81).


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Diversos estudios[7] han mostrado la asociación de la exclusión y la desigualdad con el origen de la criminalidad (Cabrera, 2002), pero no es posible deducir que sean los sectores populares los protagonistas de los delitos, porque la delincuencia y la violencia está presente en todos los estratos sociales en todas las sociedades.

Las cárceles no sólo son entes que institucionalizan la dominación, a la vez que constituyen un símbolo omnipotente y omnipresente de la polaridad de las estructuras sociales. La existencia de estos centros de reclusión, ha acompañado a la humanidad, su existencia de más de dos mil años (Rivera, 2006), es una muestra tangible de la necesidad del castigo, miedo, terror o liquidación a los ajenos o enemigos de la estructura de dominación existente. Pero, no son sólo espacios de confinamiento, son parte de premeditadas de vejámenes e incluso de torturas de individuos impedidos o incapacitados de defender sus derechos. La funcionalidad carcelaria en el capitalismo, no ha sido redefinida, por el contrario se identifican como parte del mismo proceso.

En este sentido, siendo América Latina la región del mundo de mayor polaridad social, no es extraño que sea uno de los espacios de mayor violencia y no precisamente por el enfrentamiento o el conflicto social, sino por actos violentos individuales y delincuenciales (Informe, 2011a). La exclusión en la sociedad y el Estado es la generadora la violencia, no culpabiliza a los excluidos, compromete de manera decisiva a los excluidores como violadores de derechos, bienestar y vidas de personas y sociedades.

Las recientes mediciones sobre la violencia, revelan que Centroamérica es espacio donde se concentra: El Salvador, Guatemala y Honduras, son los países, entre 14 más violentos, los que generan el 25% de las muertes violentas en el mundo[8]. Los datos revelan que:

“El Salvador fue el país más afectado por la violencia letal entre 2004 y 2009, seguido de Irak y Jamaica. (…)

Las tasas de homicidios relacionados con asaltos o robos tienden a ser mayores en países con grandes desigualdades de ingresos, incluyendo el continente americano.

Existe un sólido vínculo entre la relativa fragilidad del imperio de la ley en un país y mayores tasas globales de homicidios. Sin embargo, desafíos específicos, como la actividad de las pandillas, la presencia de conflictos, o una gran desigualdad de ingresos, pueden degenerar en altas tasas de homicidios incluso en sociedades que cuentan, comparativamente, con instituciones fuertes y un sólido Estado de Derecho.” (Informe, 2011a).

Es un hecho innegable la directa relación existente entre la creciente pobreza y la violencia en todas sus expresiones, no sólo delincuencial, sino también política y económica, como también es enunciado por Keith Krause (Informe, 2011 a), quien afirma:

“Los límites entre la violencia política, criminal e interpersonal se van volviendo cada vez más difusos, como lo revelan casos de asesinatos relacionados con tráfico de drogas en América Central o de piratas que intervienen en actos de violencia de carácter económico en Somalia” (Informe, 2011a).

Hoy en día muchas de las transgresiones de los derechos ciudadanos, legales e ilegales, no culpabiliza a los pobres ni excluidos, sino a quienes detentan el dominio en la sociedad. Hay empresarios y políticos forman que parte de la red de las mafias de las drogas, la prostitución, la corrupción o el chantaje, que afectan de modo significativo la vida en sociedad. Así, los sicarios, las “mulas” de carga, los delitos de adolescentes y niños, son sentenciados por ser delincuentes por encargo, mientras que los culpables son inmunes e impunes por aparentes falta de pruebas y por ser empresarios influyentes entre políticos y gobernantes. Abundan los casos que evidencian transparentemente la ilegalidad de quienes deben velar por el cumplimiento del orden jurídico. Pablo Escobar, mafioso de un cartel colombiano de la droga, fue diputado; mientras que Fujimori, expresidente del Perú y su lugarteniente Montesinos, jefe de la inteligencia estatal, purgan las condenas por corrupción y violación a los derechos humanos. El caso costarricense merece particular atención, dado que han sido son cuatro sucesivos expresidentes de la República, han sido cuestionados, dos de los cuales han sido juzgados y sentenciados, por actos de corrupción, Rafael Calderón y Miguel Rodríguez, mientras que otro, José Figueres, naturalizado y radicado en España, recibió $900,000 de una empresa francesa de comunicaciones, Alcatel, por una presunta asesoría, junto con allegados, que recibieron cantidades similares o mayores por la elaboración y corrección de textos,  por dar consejos sobre manejo político e interpretación de la realidad costarricense, por servicios notariales, por ser directivos del Instituto Costarricense de Electricidad, etc., hechos que culminaron con el otorgamiento de la licitación por 149 millones de dólares por instalación de líneas de telefonía (La Nación, 2004). Asimismo, el expresidente y expremio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que al relegirse, violentó legalmente la letra y espíritu de la Constitución de la República, así como, en el segundo gobierno, oscuramente decretó de interés nacional la explotación de oro a cielo abierto, transgrediendo la ley que lo prohibía, como se demostró jurídicamente en los tribunales de justicia, razón por la cual se paralizaron las obras y la degradación del medio ambiente, así como, se investiga al expresidente sobre sus vínculos con la empresa canadiense.

Asimismo, la destrucción de la pluralidad y diversidad organizativa de la ciudadanía, por ataques de gobiernos y empresas, por inoperancia, corrupción o indiferencia de los agremiados y población, ha significado la pérdida de capacidad de convocatoria, negociación y acción colectiva de los actores sociales para conservar derechos y calidad de vida de los sectores subalternos. Una sociedad sin organicidad, sin sociedad civil, sin capacidad resistir ni de oponerse, es vulnerable a toda acción unilateral. Cabe anotar adicionalmente es este proceso, que las condicionalidades externas han jugado un papel trascendente, a partir de la década del ochenta con la reedición del liberalismo, se subyugó todo proyecto de desarrollo y bienestar nacional. El fracaso de las buenas intenciones de la Cumbre del Milenio, no es debido a sus propias limitaciones, sino las decisiones de las potencias del mundo y sus empresas, en colusión con poderes nacionales.

“La violencia letal está fuertemente vinculada con resultados negativos en materia de  desarrollo, y va acompañada de poco éxito en materia de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (Informe, 2011b).

El incremento de la exclusión y la desigualdad, es la manifestación del quebranto del orden constituido y de la pérdida de derechos, así como porque se ha impuesto la desregulación como fundamento de las reformas liberales del Estado y porque los empresarios gobernantes han impuesto sus intereses como generales y nacionales para las sociedades.[9] La exclusión es la negación de la política, la privatización de la acción estatal es la liquidación de los derechos igualitarios, así como de la igualdad y la democracia. Los empresarios convertidos en funcionarios públicos, son los que definen a los delincuentes, siendo los transgresores de los derechos ciudadanos y nacionales. Los gobiernos de Fujimori, Menen, Pinochet, Videla entre otros dictadores, son quienes desfalcaron los recursos y riquezas de las sociedades, cambiaron las Constituciones y privatizaron las leyes de los países, así como multiplicaron la exclusión y pobreza. En este contexto, los desiguales -por ricos e influyentes- incrementan ilegal e ilegítimamente sus riquezas y propiedades, con la complacencia y complicidad estatal. La represión estatal y social es clasista, por ello los pobres colman cárceles empobrecidas.

“El siglo XX se recordará como un siglo marcado por la violencia. Nos lastra con su legado de destrucción masiva, de violencia infligida a una escala nunca vista y nunca antes posible en la historia de la Humanidad. Pero este legado, fruto de las nuevas tecnologías al servicio de ideologías de odio, no es el único que soportamos ni que hemos de arrostrar.

Menos visible, pero aún más difundido, es el legado del sufrimiento individual y cotidiano: el dolor de los niños maltratados por las personas que deberían protegerlos, de las mujeres heridas o humilladas por parejas violentas, de los ancianos maltratados por sus cuidadores, de los jóvenes intimidados por otros jóvenes y de personas de todas las edades que actúan violentamente contra sí mismas. Este sufrimiento, del que podría dar muchos más ejemplos, es un legado que se reproduce a sí mismo a medida que las nuevas generaciones aprenden de la violencia de las anteriores, las víctimas aprenden de sus agresores y se permite que perduren las condiciones sociales que favorecen la violencia. Ningún país, ninguna ciudad, ninguna comunidad es inmune, pero tampoco estamos inermes ante ella.

La violencia medra cuando no existe democracia, respeto por los derechos humanos ni una buena gobernanza.” (Mandela, 2002: Prólogo).

La legalidad de los procesos económicos y políticos que atentan contra todos los derechos ciudadanos, han transformado el sentido y ejecución de las leyes que hoy penalizan a los excluidos del sistema.

El incremento de la pobreza y la exclusión, por el crecimiento de la riqueza, vía el incremento de la explotación del trabajo, salarios africanizados[10], inestabilidad laboral, así como una masiva recreación de plusvalor absoluto o el incremento de la jornada de trabajo, a la vez que se intensifica la generación de plusvalor relativo o la mayor intensificación del trabajo en los procesos laborales y por estructuras tributarias regresivas. Asimismo, la desocupación generalizada de jóvenes y viejos, los convierte en fáciles víctimas del sistema financiero que agudiza y extrema su pobreza o los esclaviza a una miserable vida dedicada al trabajo de cualquier tipo y condición. En empobrecimiento de las poblaciones son una consecuencia de los procesos de enriquecimiento, corrupción y privatización del bienestar.


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En una sociedad mercantilizada y salarizada, la pérdida, precarización o selectividad del trabajo, confina a las poblaciones a un ámbito de inestabilidad, incertidumbre y miseria, así como condiciona la servidumbre e incondicionalidad criminal en los desempleados. La función del salario que debe pagar el sustento familiar del trabajador, así como su calificación, experiencia y conocimiento, se ha convertido en insuficiente no sólo para manutención familiar, sino también para el costo de reposici ón de su calificación laboral. El desfalco del trabajo empobrece y excluye, porque transfiere valores de los trabajadores y de la sociedad, a empleadores, al Estado y acreedores, en un proceso agudo y dramático que crea una nueva esclavitud.

El crecimiento capitalista desde su génesis, se ha sustentado en la intensificación del trabajo para elevar la capacidad productiva y rendimiento empresarial (Drucker, 1993, 1997), lo cual ha reducido la absorción laboral y la capacidad adquisitiva de trabajadores en una sociedad, que paradójicamente, requiere mayores consumidores para garantizar el crecimiento y las ganancias privadas.

“La crisis de la sociedad salarial, que ha caracterizado el presente siglo, ha llevado al surgimiento e intensificación de nuevas formas de vulnerabilidad y desigualdad social Esta crisis, enraizada en los problemas del empleo, constituye tal vez uno de los aspectos más complejos que deberá enfrentar el mundo.” (Castel, 1998: 119).

La crisis económica del presente, están siendo pagadas con mayor pobreza y exclusión que en cualquier otro tiempo, afectando significativamente la vida de las familias y poblaciones. Las condiciones del presente reeditan procesos laborales del pasado que se creía haber superado.

“… la exclusión social de un segmento significativo de la sociedad compuesto por individuos desechados, cuyo valor como productores/consumidores se ha agotado y de cuya importancia como personas se prescinde” (Castells, 1998: 380).

Las carencias de los pobres y la pérdida de derechos con la exclusión, ha condicionado a gran parte de las poblaciones a recurrir al sistema financiero para satisfacer sus necesidades para la vida, las tarjetas de crédito, el financiamiento a las micro y pequeñas empresas, son algunas de las manifestaciones temporales que se ofrecen, que sin modificar las condiciones del contexto, están agudizando la pobreza y la exclusión. La disponibilidad de dinero ofrecida a los pobres por el sistema financiero, moviliza y valoriza el capital a expensas de extremar la pobreza al no poder pagar los préstamos. La pérdida de dinamismo de la economía mundial en el presente globalizado, tiene en los precios especulativos, el modo a través del cual, se gana sin invertir o lo que lo mismo, apropiarse de los recursos existentes de los consumidores, empobreciéndolos. Así, el incremento especulativo de los precios de los alimentos (Huaylupo, 2010a), de los servicios financieros, o de la regresividad de los impuestos, son algunas de las manifestaciones contemporáneas del desfalco generalizado que empobrece y excluye, cuya tendencia no tiene visos de cambio ni tendencias alternativas[11].

A este proceso del cual las sociedades no se pueden abstraerse, en los países latinoamericanos, se agrega la desaparición de las políticas públicas o de las acciones integradas y coherentes en beneficio de la calidad de vida y bienestar ciudadano, así como el desmantelamiento institucional. Un Estado que empobrece, muestra su naturaleza social, a la vez que pone en evidencia con su compromiso con empresarios globales, al otorgarles exoneración tributaria, subsidios e incentivos a la inversión y la exportación. El Estado antes mediador de las relaciones sociales contradictorias, se ha transformado con un protagonista del empobrecimiento de las poblaciones, agudizando las tendencias asociadas con el crecimiento económico.

El Estado Benefactor construido en algunas sociedades, ha sido destruido para imponer un Estado que niega y privatiza su actuación, como en tiempos que representaban a los propietarios en los regímenes esclavistas y feudales.

 

La totalización de la represión contemporánea

Los individuos que se apropian de lo ajeno y de los recursos estatales, no siempre son las personas procesadas, condenadas o encarceladas, así la apropiación privada de lo generado colectivamente, no es valorado como un acto delictivo ni criminal[12], a pesar de las consecuencias contra los trabajadores y el desarrollo de las sociedades.

La represión se justifica y encubre a través de técnicas o procedimientos jurídicos, sin embargo, son concreciones políticas y revelaciones de la incapacidad para impedir las desigualdades sociales, como también lo muestran las cárceles, que no resuelven las iniquidades que fundamentan las penalidades de los regímenes penitenciarios. Las cárceles son expresión un problema sistémico irresoluble, no una solución (Pavarini, 2006).

En todos los tiempos el ejercicio de la violencia ha sido el modo como se ha dirimido las diferencias irreconciliables, entre grupos, clases o países. La violencia es la confrontación directa, sin mediación alguna, para eliminar al contendiente, con quien no se puede compartir o negociar. Es absurda la exclusión contra los pobres y de los que critican o anhelan construir un destino distinto. La violencia de la exclusión es una invitación a la violencia generalizada.

El drástico fin de todos los derechos igualitarios, equidad, libertad y democracia, es la instauración del imperio contra poblaciones y contra la propia constitución del orden capitalista. Los privados de libertad, que no son exclusivamente los presos, son la manifestación del extremismo de la polaridad social. La violencia de la exclusión actual elimina, física o socialmente a cada vez mayores contingentes de población en el mundo.

El aumento de la criminalidad, con aceptación social y estatal, justifica el incremento de condenas, elimina beneficios carcelarios y prácticas que se enuncian como de “cero tolerancia”, lo cual ha masificado de pobres las cárceles de Estados Unidos y de otros muchos países (Cabrera, 2002: 92). Esas prácticas que podrían ser bien recibidas en algunos sectores, es la oficialización de la intolerancia social que según Loïc Wacquant (2006), es una “intolerancia selectiva” contra los pobres, sin embargo se globaliza al involucrar a inmigrantes ilegales, ecologistas, demócratas, pacifistas o subversivos, así como, se elimina de la escena pública a los indigentes, vendedores ambulantes, limosneros, enfermos, desocupados, niños y adolescentes, que son apreciados como reales o potenciales delincuentes. La exclusión y represión se ha ampliado y masificado, conforme se ha ampliado y expandido el control de los empresarios globales. La separación de los pobres, no es una excepción, es una regularidad en el presente.

El incremento de la polaridad social, es también de la intransigencia que agudiza la represión, destruye civilidad y democracia, “… hace transformar un problema político, enraizado de la desigualdad e inseguridad social, en un problema de criminalidad.” (Wacquant, 2006: 61).

La violencia por el imperio de poderes dictatoriales, tiene en los otros a sus enemigos, transformándola contra los desiguales, en una guerra que trasciende los espacios nacionales para hacerse global o total, como el capitalismo y las mafias del presente. De este modo, no es contra una clase social, sino contra las clases sociales e incluso contra competidores o aquellos que no coinciden con las acciones de autócratas y empresarios. El capitalismo global, han desatado una guerra total que contribuye, entre otros aspectos, a la homogenización de la policía con los militares, así como se estandariza el uso de los instrumentos de represión y castigo (Palidda, 2008), para todos los considerados enemigos, según se documenta abundantemente en informes nacionales e internacionales –Comisiones de la Verdad, Libros Blancos, Amnistía Internacional, Defensores de los Derechos Humanos, entre otros–.

La materialización legal a las amenazas de condenas más severas a los que delinquen, es la evidencia de la imposibilidad o incapacidad de reducir o eliminar el delito en la sociedad, así como del sistema de castigos. Aún se tiene la convicción arraigada que mayores y más expeditos castigos eliminarán a los delincuentes de las calles y crearán miedos a los potenciales infractores de las leyes, por ello las campañas mediáticas contra la delincuencia tienen tanta audiencia y adherentes, así como simpatías gubernamentales. No obstante, no disuaden, no eliminan los actos delictivos ni se transforma su concepción ni se modifican las formas de prevención del delito, por el contrario se ha radicalizado su tratamiento y en algunos casos no sólo no erradica la pena de muerte, sino que se pretende su instauración en contextos donde fue eliminada.

El extremismo de los cantos de guerra llega a condenar a cadenas perpetuas a niños y adolescentes delincuentes (UNICEF, 2003), e incluso se dan pronunciamientos que buscan sentenciar también a sus padres[13].

“… los sistemas jurídicos tradicionales incluían a los niños en la esfera de competencia de la justicia penal común en la cual se juzga a los adultos. Expulsados del hogar, vagabundos, mendicantes, a veces agrupados bajo sus propias reglas, fácilmente transgresores, los niños han sido considerados en todas las épocas como una fuente imprevisible de peligro social y se les ha criminalizado como una expresión desbordada –por lo mismo tanto más amenazadora– de la pobreza.

Una misma matriz criminalizadora y retribucionista vincula pues las leyes de la reina Elizabeth, del siglo XVI, que disponían azotar y marcar con un hierro encendido al rojo la letra S (de slave, esclavo) en la oreja izquierda de los mendigos y vagabundos de 14 años de edad en Inglaterra, con el binomio de la explotación fabril y la persecución de la gendarmería que asediaban a los niños de la Revolución Industrial europea del siglo XIX –que tan intensamente captó Charles Dickens en sus novelas–, y la cacería de cientos de meninos da rúa por los escuadrones de la muerte en las favelas de Brasil o las increíbles sentencias a prisión perpetua, sin derecho a libertad condicional, que actualmente se dictan contra miles de adolescentes menores de 18 años de edad en los Estados Unidos.

Con esta perspectiva, no es difícil entender que la bíblica matanza de los inocentes bajo Herodes, o la matanza de miles de albigenses (herejes del sur de la Francia medieval) con todos sus niños –pues Dios ya sabría distinguir a los buenos de los malos, según la justificación de un monje fanático–, o la ejecución de niños en la comunidad ayacuchana de Accomarca, en 1985, por un subteniente que los consideraba peligrosos a partir de los dos años de edad, según afirmó ante una comisión parlamentaria, no son hechos aislados sino más bien casos extremos de una línea histórica continua de negación de derechos a una niñez en la cual, finalmente, se criminalizan la marginalidad y la pobreza.” (Landeo, 2006: 4).

Las nuevas configuraciones en la tipificación del delito, así como la mayor cantidad de delitos y mayores sanciones a los delincuentes, masifica las cárceles, así como generaliza la represión. El círculo vicioso de exclusión provoca un tratamiento inhumano. Así, el ciudadano es transformado en delincuente, que merece ser vigilado y hasta preventivamente castigado, situación similar a la acción imperial en las relaciones internacionales[14].

El confinamiento a los indiciados y condenados, sustrayéndolos de su mundo social, es un cruel y dramático castigo con consecuencias, no asociadas con la eliminación de conductas ni pensamientos, por los cuales fueron condenados. El aislamiento carcelario, la separación de su contexto social, no es solo una sanción al delincuente o rebelde, también castiga a las personas con las cuales han convivido. Los vejámenes a los cuales son sometidos los privados de libertad son múltiples, afectan su dignidad, derechos, seguridad, salud e incluso su propia vida. Los pobres de las cárceles extreman su empobrecimiento y la de su familia al atender las carencias y por los actos delictivos y de corrupción a los que son sometidos los presos en las propias prisiones. La eliminación de la pena de muerte, sustituida por el castigo en las prisiones, es tan cruel como la propia eliminación física de los condenados.

“Se finge descubrir, para no escandalizarse, que las cárceles de Francia no son “dignas de la Patria de los Derechos del hombre” mientras que en virtud de la misma ley, la institución penitenciaria funciona al margen del derecho, en la ausencia del control democrático, en la arbitrariedad administrativa y la indiferencia general (pienso en esta encarnación banal del despotismo burocrático que representa el pretorio, el “tribunal interno” de la cárcel donde la administración sin control ni recurso juega con la vida de seres humanos con la única preocupación de mantener el orden interno).” (Wacquant, 2000: 34).

“El dolor y la muerte que siembran nuestros sistemas penales están tan perdidos que el discurso jurídico-penal no puede ocultar su desbaratamiento, valiéndose de su vetusto arsenal de racionalizaciones reiterativas; nos hallamos frente a un discurso que se desarma al más leve roce con la realidad.” (Zaffaroni, 1998: 16).

La proliferación de la delincuencia y la radicalización de las sanciones, no son elementos que guardan reciprocidad, pues los delitos no se comenten por tenues o breves confinamientos, como tampoco los suprime las duras penalidades o eternos encarcelamientos. Se equivocan los órganos mediáticos al promoverlos y los gobiernos al aplicarlos.[15] Las penas en un sistema unitario e interdependiente es difícil, sino imposible, aun cuando unos siempre serán culpables y otros los represores, por ello Massimo Pavarini (1992) sintetiza que la historia de la pena, es la historia de la justificación imposible.

La violencia legal contra la ilegal, que victimiza a los pobres, a los niños y adolescentes, migrantes, trabajadores, que están individualmente imposibilitados de revertir la fuerza organizada de la dominación del Estado y de las mafias.

La represión en todas sus formas, es intencional, tiene finalidades concretas la amenaza o el castigo buscan, real o figurativamente, liquidar contendientes. La represión no corrige, tampoco resuelve las condiciones y circunstancias por las que se castiga, se persigue crear y aguzar los miedos existentes, como un modo para aislar, paralizar, desorganizar o provocar la huida ante el riesgo. Así, los reprimidos no conforman un “… potencial de lucha, puesto que no gravitan en ningún sector neurálgico de la vida social.” (Castel, 1997: 18).

Todas las prácticas tiránicas, dogmáticas o absolutistas, tienen en el miedo, un recurso para la pretensión o logro del disciplinamiento de individuos o colectividades. La intencionalidad de crear desintegración y coacción, por temores o traumas, busca el aislamiento de personas y la sumisión irreflexiva de autocensura. La efectividad del miedo, como forma alienante para encadenar o esclavizar individuos, es relativa. El terrorista esta atrapado en un círculo vicioso de violencia, crea terror para no ser no ser víctima, porque tiene temor e incertidumbre. La angustia e inestabilidad o la amenaza de p érdida de aquello que es importante y trascendente para los individuos, organizaciones y gobiernos, es una característica de la sociedad moderna. Los que infunden miedo tienen miedo de las mayorías (Delameau, 2005), por ello el totalitarismo, no elimina la incertidumbre, construye su liquidación.


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En el presente globalizado se masifica la violencia oficial, no tanto por el aumento de la delincuencia, sino porque la maximización de la ganancia, excedentes o plusvalor, requiere de la transgresión de derechos igualitarios. De este modo, la represión es la previsión a sus propios miedos a las luchas democráticas por reposición o reivindicación de derechos perdidos o nuevos derechos por parte de los sectores explotados y excluidos. La generación del círculo la violencia, es la garantía de la destrucción mutua.

“Poder arbitrario, irrestringido por la ley, manejado en interés del gobernante y hostil a los intereses de los gobernados, por un lado; el temor como principio de la acción, es decir, el temor del dominador al pueblo y el temor del pueblo al dominador, por otro lado, han sido las características de la tiranía a lo largo de nuestra tradición. (Arendt, 2004: 560).

Las penas de muerte, como formas de eliminación física de enemigos o potenciales adversarios, no han desaparecido, a pesar del rechazo en todos los tiempos, la iglesia la cuestionaba en el siglo XI, a pesar de su práctica inquisitorial. Asimismo, lo planteaba J. J. Rousseau (1712-1778), que argumentaba que todo violador al derecho social, era un traidor a la patria que debía morir. La liquidación física, moral o social es el ejercicio cotidiano de los Estados que tienen el monopolio legal de la represión en la sociedad, así como son los asesinatos una cotidianidad los grupos mafiosos. La desaparición de los disidentes, de los ofrecen resistencia o adversan ideas y prácticas, es la manifestación intolerable de las dictaduras en todos los tiempos.

La apariencia civilizadora de eliminar la pena de muerte, por inútil, no cambia la significación ni la inconsistencia de todos los castigos.

“Hemos comprobado ya que el Derecho de nuestra época, como un sistema normativo social, carece de aquellos atributos que en otras épocas pudieron, tal vez, enorgullecer a los juristas, y que se presenta como un cuerpo confuso de reglas llenas de defectos e insuficientes para satisfacer las necesidades reales de la sociedad moderna.” (Novoa, 1983: 68).

“El discurso jurídico-penal se revela como falso en forma innegable, pero atribuir su permanencia a mala fe o a formación autoritaria sería un simplismo que agregaría una falsedad a otra. Estas explicaciones personalizadas y coyunturales olvidan que quienes se colocan en posiciones "progresistas'' y se percatan de la gravedad del fenómeno, también reproducen el discurso jurídico-penal falso, porque no disponen de otra alternativa que la de ese discurso en su versión de "derecho penal de garantías" (o "liberal" si se prefiere) para ensayar la defensa de quienes caen en los engranajes del sistema penal como procesados, criminalizados o victimizados.

El discurso jurídico-penal falso no es un producto de mala fe ni de simple conveniencia como tampoco es resultado de la elaboración calculada de ningún genio maligno, sino que en buena parte se sostiene por la incapacidad de reemplazarlo por otro, frente a la necesidad de defender los derechos de algunas personas. Esta contradicción da lugar a la difícil situación "espiritual" del penalismo latinoamericano, que guarda estrecha vinculación con la trágica vivencia del "San Manuel" de Unamuno, porque la denuncia de su discurso jurídico como falso corre el riesgo de privarle del único instrumento -precario, pero instrumento al fin- de que dispone para defender los Derechos Humanos de algunas personas.” (Zaffaroni, 1998: 17-18).

El dilema de Eugenio Zaffaroni (1998), es que reconoce como inoperante y absurdo el sistema jurídico-penal, pero sugiere aceptarlo, quizás porque imagina el caos y la violencia generalizada sin mediación jurídica. El respeto a la ley por la ley misma, es una contradicción, el sistema jurídico penal no tiene una validación tautológica, será valido en tanto garantiza el respeto de derechos públicos, que responde a la convivencia igualitaria en una sociedad desigual, de ningún modo cuando los violenta o cuando respalda intereses o derechos privados, contrario a lo público. Así, su pertinencia y consistencia no es eterna ni inmutable, está en relación directa con la situación y condición social y pública, en cada contexto histórico. La validación de la ley por no haber sido derogada, aun cuando violente o no responda al orden social, es un absurdo que invita a la desobediencia civil[16]. Un sistema jurídico-penal que atenta contra lo común en la sociedad, no puede ser respetado, su imposición a pesar de ello, es una vil dominación, que la ley justifica como un estado de derecho, cuando en realidad serían regímenes de facto. La creencia que las leyes son validas por sí mismas, separa las relaciones sociales que las han creado, alienando, como una técnica o máquina, las relaciones sociales. El mundo absoluto y estandarizado no es el de las ciencias jurídicas ni de ninguna realidad, como tampoco debe ser el ejercicio jurídico-penal. Las leyes son productos históricos, no construcciones dogmáticas, esta contradicción era evidenciada desde 1731, cuando una ordenanza francesa afrimaba que: “No hay ley que no encierre un voto de perpetuidad” (Tomado de  Novoa, 1983), o parafraseando a Crozier (1984), las sociedades no cambian por decreto.

Las leyes no son pautas inconmovibles, han cambiado no siempre amparando lo público ni los intereses nacionales. Así,  “… la delincuencia como fenómeno y el delito como manifestación, son el resultado de una construcción social” (Torrente, 2001: 74-75). Esto es, no existe una legalidad que pueda trascender el tiempo y espacio donde es construida y dónde es aplicada. La relatividad de las leyes contrasta con las ponderaciones rígidas y transhistóricas como son valoradas cotidianamente, así como por las dificultades jurídicas e institucionales para su adecuación a nuevas preocupaciones o problemas que afectan la vida en sociedad. De este modo, las leyes y sus aplicaciones en la actualidad, están orientadas por las tendencias políticas y gubernamentales prevalecientes. Una concepción liberal que justifica los intereses privados en los asuntos y capacidades públicas, es la ideología de la dominación privada, concreta y tangible, que en el presente globalizado se ha legalizado.

El enfrentamiento social cotidiano, desigual y arbitrario, ha generado perdedores que son ocultados y confinados espacialmente, mientras que los ganadores, lo hacen a expensas de generar nuevos excluidos.

La composición social y clasista de los privados de libertad, trasciende a la presunción o comisión de delitos, lo cual se aprecia transparentemente cuando las personas son apresadas por sus ideas, por su militancia política o participar en actos de protesta social contra el costo de vida o las arbitrariedades de los propietarios del capital y de la actuación privada del Estado. El castigo y el aislamiento no son contra el delito, es el saber del poder, contra sus reales, potenciales o imaginarios adversarios. Nunca será el poder del saber.

“Paradójicamente, el país que ha institucionalizado la penalización del pobre no tiene tiempo ni interés en discutir el problema. Y en parte, esto es muy revelador de lo que esa política está tratando de hacer. Esta política es una estrategia para hacer invisibles los problemas sociales.” (Wacquant, 2006: 60).

Los atentados contra la libertad de pensamiento y de opinión, están aislados y sentenciados a castigos infames[17], los trasgresores a los derechos y libertades castigan, lo cual es una muestra fehaciente de la arbitrariedad clasista contra los subalternos. Los excluidos, los separados, no tienen voz ni organicidad, están invisibilizados por la institucionalidad estatal, así como por los prejuicios de una sociedad consumidora de formas de vida ajenos a la cultura y estilo nacional. La democracia como gestora, desde la sociedad civil, de la política y de la igualdad, creaba tolerancia, identidad y acción colectiva de actores sociales, ha sido sustituida por desconfianza, miedo, aislamiento, impotencia y desintegración social.

Los excluidos son la clase subalterna, no está conformada solo por los pobres y los privados de libertad, también forman parte de este contingente humano, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, los migrantes, los ancianos, los obreros, los campesinos, migrantes, desocupados, desplazados, indigentes, etc., así como los excluidos de la política y la organicidad. Los propietarios y sus Estados son los constructores del apartheid en la sociedad y destruyen sociedades civiles en el devenir de las sociedades latinoamericanas.

De este modo, las cárceles se han ampliado, ya no requieren de la sanción jurídica para el confinamiento social, ni un espacio delimitado para un arbitrario y unilateral castigo, una razón adicional de su obsolescencia. La dominación y no el poder social ni las leyes regulan las sociedades del presente, las evidencias son múltiples, las ciudades, fábricas, hospitales, colegios, conventos, cuarteles, partidos políticos, etc., se agregan como espacios de disciplinamiento, confinamiento y tiranías, donde los individuos son objetos de decisiones ajenas y excluyentes.

“Foucault examina el nacimiento de las instituciones carcelarias y de las otras instituciones de confinamiento en Francia al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero, para él, el haber descubierto el modelo de organización penitenciaria tiene tal importancia que pretende haber descubierto un esquema universal que se va a reproducir, sin modificarse, a pesar de los cambios que suceden en la sociedad francesa desde el principio del siglo XIX hasta nuestros días.” (Neppi, 1980: 8)

En una sociedad interdependiente e integrada, las victorias clasistas serán pírricas y agoreras de crisis sociales y políticas en las sociedades del capital y del poder dictatorial.  Los cercanos o remotos peligros del sistema, no están en las agresiones terroristas ni por potencias competidoras o enemigas, sino por el colapso interno que genera la exclusión generalizada y la privatización del bienestar y del desarrollo.

La exclusión en todas sus formas es un atentado a los derechos de las personas, que tiene en la violencia, el medio para lograr la subordinación o eliminación de aquellos que considera peligrosos a los poderes establecidos. Un sistema que es intolerante a la diferencia, a la pluralidad, es un sistema donde la democracia es una excepcionalidad.

 


Notas:

[1] La organización mundial de la Salud (OMS) ha definido violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.” (OPS/OMS, 2002: 5).

[2] Más de la mitad de la población del planeta vive en las ciudades, ellas concentran la mayor riqueza y pobreza y condicionan la producción y el uso de los recursos del mundo para atender sus necesidades, así como son las sociedades del planeta quienes se contaminan y consumen lo producido en las ciudades. Los centros urbanos crecen a expensas de la población rural, como se concentra y centraliza la riqueza en pocas manos y países.

[3] En el siglo XVI, Inglaterra, se encarcelaba a vagos, desocupados, ladrones de poca cuantía, para hacer trabajos forzados, situación que continuó con la acumulación originaria del capital, dado que también se obligaba a los campesinos despojados de sus medios de trabajo y producción, para obligarlos a trabajar en los talleres. Los campesinos en su tránsito hacia asalariados, fueron disciplinados, con trabajos forzados y cárceles, para que vendan su fuerza de trabajo y formar parte del engranaje maquinista de la manufactura. En el presente, las formas de disciplinar a los trabajadores y poblaciones, son múltiples y diversas que van desde los castigos físicos y aislamientos, hasta con normas jurídicas y administrativas, así como a través de las formas mediáticas y las incesantes prácticas y amenazas al desempleo, ignorancia, hambre y miseria de los sectores subalternos.

[4] “En Guatemala, por ejemplo, entre 1996 y 1999 se produjeron cerca de 300 linchamientos, con gran cantidad de muertos y heridos graves, muchos quemados vivos (MINUGUA, 2000). Al parecer, la utilización del fuego es una característica de este fenómeno delictivo. Es decir, la mal llamada justicia por mano propia es un modelo autoritario de resolución de conflictos que opera sobre la base del uso de la fuerza.” (Robleto, 2001).

[5] César Manzanos (1991) y Pedro Cabrera (2002), coinciden que la estructura penitenciaria es la debe ser reinsertada en la sociedad, porque está “… encapsulada en sí misma y segregada del resto de la sociedad, para lo cual sería necesario alterar radicalmente su diseño y funcionamiento  programas de readaptación.” (Cabrera, 2002: 113). Sin embargo, es sólo aparente el aislamiento institucional, porque responde de modo directo de las orientaciones de un poder judicial, del poder político y de los prejuicios de la sociedad, contra los castigados del sistema. Su apariencia marginal, es por albergar y ser centros de castigo de los excluidos. La naturaleza y asignación social otorgada a las instituciones, impregna la imagen y funcionamiento institucional, por ello, no es extraño encontrar los bajos salarios como se remunera al personal, la inadecuación de instalaciones, la precariedad de servicios que disponen, la insuficiente formación académica del personal en la realización de funciones especializadas, reducidos presupuestos y recursos para realizar sus funciones, etc. Esto es, la función del castigo y exclusión, castiga y excluye también a sus instituciones.

[6] “En América Latina, donde moran en la calle millones de personas, cada año se registran miles de asesinatos de vagabundos, niños de la calle, prostitutas y homosexuales.

En su informe sobre ejecuciones extrajudiciales de 2004, Asma Jahangir, relatora de la ONU, mencionó casos de ejecuciones a niños de barrios pobres en Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y Jamaica (señaló que no son los únicos países).

Brasil y Colombia encabezan las estadísticas de este tipo de delitos que involucran a policías, paramilitares y narcotraficantes. En Colombia se registran cada año más de 300 asesinatos de gente que vive en la calle, la mayoría perpetrados por policías y paramilitares. En Brasil existen escuadrones de la muerte integrados por policías que cometen numerosos crímenes contra indigentes en las favelas de Río de Janeiro y de Sao Paulo. El 31 de marzo pasado, 11 policías asesinaron a 30 personas en dos barriadas de Río (sólo dos de las víctimas tenían antecedentes penales y cinco eran adolescentes). Los policías llegaron disparando a un bar y luego se dirigieron a otro barrio donde mataron a 12 personas indiscriminadamente. Este tipo de crímenes alcanzaron resonancia a nivel internacional cuando estos escuadrones mataron a 21 personas en la favela de Vigario Geral en 1993, además de ocho niños que dormían en el atrio de una iglesia en el centro de Río. En Sao Paulo el año pasado [2004] hubo una oleada de crímenes contra indigentes cometidos por policías vinculados a grupos neonazis.

Actualmente, la justicia brasileña ha procesado a algunos de los implicados, lo que no ocurre en otros países.” (Ramirez, 2005).

[7] Véase en Arraigada y Godoy (1999), Informe sobre el Desarrollo Humano (PNUD, 2005) entre otros.

[8] En la Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo, suscrita por más de 100 países, hace un llamado a los Estados a reducir la violencia armada y a mejorar la seguridad humana para 2015. Sin embargo, los acuerdos y pactos, no dependen del Estado, se denota la figura estatal en las relaciones internacionales, aun cuando son las determinaciones externas las que tienen una gran incidencia en los procesos de pobreza y exclusión en los países del mundo, siendo la violencia una de sus manifestaciones nacionales.

[9] La asociación cuantitativa de la pobreza con la delincuencia y la violencia, no esta originada por los pobres. Los espacios de la pobreza están menos protegidos, donde no existen entidades ni obras estatales, se puede afirmar que la exclusión social y estatal, convierte a los asentamientos que albergan a los pobres, en ámbitos donde las mafias gozan de la seguridad para sus operaciones de terror y el delito y cuyas primeras víctimas son los pobres.

[10] Octavio Ramírez Mixter, representante en Costa Rica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirmaba en un evento académico en la Universidad de Costa Rica que ningún país centroamericano los salarios mínimos cubre el costo de la canasta básica.  Asimismo, Eduardo Alonso Guzmán, consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en dicho evento manifestaba que el Plan Nacional de Alimentos del gobierno costarricense, que pretendía garantizar el acceso a alimentos a los grupos vulnerables de la sociedad y evitar el aumento de la pobreza, sólo se focalizó en tres productos: maíz, frijol y arroz, cuyas metas no se cumplieron ni se dispuso de las capacidades y recursos para ejecutarlas, así como “… no se previeron incompatibilidades con la política económica en el largo plazo;…” (Salas, 2011: 14).

[11] Las protestas en Wall Street contra los causantes de la crisis que empobrece al mundo, es un movimiento de singular importancia, luego de las movilizaciones contra la guerra en Vietnam, estas demandas son realizadas por sectores medios, que lindan con la pobreza. De manera similar, son las protestas sociales por la democracia en la “primavera árabe” y de los “indignados” que ocurren los países europeos, son eventos que se convierten fenómenos que conmueven a la colectividad mundial. La globalización de la pobreza está condicionando un movimiento social que busca construir democracia en los espacios urbanos convertidos en cárceles.

[12] La denotación de delito es múltiple en razón de las formalizaciones jurídicas y penales establecidas por cada sistema social, cultural y político. No siempre los delitos son tales para todas las sociedades y cuando existen coincidencias, no son tratados ni sancionados del mismo modo. Se podría afirmar con Zaffanoni, Alagia y Slokar (2002), que los delitos son un sistema de filtros que no son de aplicación universal en el propio espacio nacional. Lo jurídico es un sistema de valores formalizados por cada sociedad, que no necesariamente se corresponden con consideraciones culturales, históricas o sociales, sino responden de manera a las formas políticas predominantes y de las formas como se formalizan las leyes, por ello el derecho penal es selectivo frente a la capacidad punitiva del dominio en la sociedad. Dimensión que le otorga límites y posibilidades en su quehacer. Así, la facultad de actuar con o relativa discrecionalidad en la ejecución del derecho penal, otorga la posibilidad de su parcialización política, ideológica o corrupta con una instrumentación procesal, de apariencia neutral y objetiva. Asimismo, el amparo a los derechos igualitarios, es parcial y parcializada por la facultad estatal de hacer cumplir las leyes y cuando es el Estado quien viola los derechos ciudadanos. La concepción general y específica de lo jurídico, son formas como se materializa el poder o dominio en la sociedad, sus inconsistencias con el poder establecido, suelen ser el preludio del cambio en las leyes, por ello las dictaduras son legales, aun cuando ilegitimas.

[13] En muchos países, Argentina  (Medina, 2009), Panamá, Honduras, El Salvador, etc.(UNICEF, 2010) y en países ricos  (Adamson, 2010) se modifican las legislaciones para condenar a los niños y adolescentes con penas de encarcelamiento similares a los adultos. La Convención de los Derechos de los Niños, vigente desde 1989 y suscrita de manera extraordinaria por gran parte de los países del mundo, con excepción de Somalia y Estados Unidos de Norte América, así como los acuerdos de la OIT, contra las peores formas del trabajo infantil y adolescentes, se han transformado en retóricos documentos de buenas intenciones, sin viabilidad de cumplimiento por los Estados ni empresas. Las invasiones y ocupaciones, las guerras preventivas de algunos países, que gozan de inmunidad e impunidad en el mundo, tienen en los niños y pueblos indefensos en sus fáciles víctimas.

[14] La polaridad social y las tiranías del presente, es la manifestación de la agudización unilateral de la lucha de clases, la cual también se manifiesta en la violencia entre países. Así, las guerras de la potencia militar y más poderosa aún, con sus aliados políticos europeos, practican impunemente agresiones e invasiones unilaterales contra pueblos y gobiernos considerados adversarios por tener distinta religión, cultura, anhelos y por ser posesionarios de codiciadas riquezas y recursos, es la reedición caricaturesca de la dominación colonial. No es posible llamar guerras, cuando la agresión es unilateral o cuando los supuestos enemigos que no ofrecen resistencia, carecen de capacidad de respuesta ni cuando no se defienden derechos. Esas “guerras preventivas”, son incursiones políticas a través de las armas para el exterminio masivo.

[15] Las campañas mediáticas como medios de opiniones publicadas de negocios privados, ante el incremento de delitos, exigen mayor intervención represiva del Estado,  invocando a la violencia y la transgresión de las propias leyes existentes.  El camino de la represión es el camino que sugieren y provocan, pero también es la alternativa por la que optan muchos Estados, por ello cada vez existen más policías, patrullas, motocicletas, presupuestos para reprimir, que provocan más privados de libertad y más muertes de personas que son o se presume que son delincuentes.

[16] La desobediencia civil es una idea sugerente la cual ha sido tratada por Hannah Arendt (1999), aun cuando lo hace como una facultad ciudadana para probar su legitimidad, sin embargo, como reconoce Arendt, habría que mencionar, que el cuestionamiento viable a la ley, no es individual, está dada por una práctica política de la sociedad civil que incida en el quehacer estatal, ente que formaliza y hace cumplir las leyes. Las luchas por los derechos civiles o las protestas de los indignados, fueron y son cuestionamientos a un sistema ilegitimo y a la legalidad que lo sustenta.

[17] En Costa Rica no tiene la pena de muerte en su sistema de castigos, sin embargo la ejecutó en 1981, con doce balazos, estando detenida a Viviana Gallardo, una joven estudiante de 18 años por formar parte de un grupo político (Delgado, 2011), así como, custodios asesinaban a un preso común por haber sido el cabecilla de un intento de fuga en una cárcel (Agüero, 2011). Estos crímenes fueron cometidos por sus custodios, sin mayor trascendencia ni información suficiente sobre las sanciones a los culpables.

 

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[div2 class="highlight1"]Cómo citar este artículo:

HUAYLUPO ALCÁZAR, Juan, (2012) “Las paradojas de la democracia. Los viejos y remozados apartheid: pobreza y cárceles”, Pacarina del Sur [En línea], año 3, núm. 11, abril-junio, 2012. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Lunes, 19 de Febrero de 2018.
. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=420&catid=14[/div2]

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