Pacarina del Sur
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Sísifo en Perú. Reconciliación: elusiones, ilusiones, elucubraciones

Sisyphus in Peru. Reconciliation: elusions, illusions, musings

Sísifo no Peru. Reconciliação: evasivas, ilusões, reflexões

Alberto Gálvez Olaechea

RECIBIDO: 03-12-2016 APROBADO: 26-12-2016

Resumen

Resumen: El presente artículo surgió tras la lectura del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), donde se constata que en él no había puente hacia quienes, como en mi caso, participamos como actores del conflicto armado, hicimos autocrítica pública, cumplimos sentencias y hemos dado muestras de voluntad de integrarnos a la vida cívica. La ausencia era relevante en tanto que el vacío  sirve para que la “amenaza terrorista” se use para la manipulación política atizando un ánimo vengativo. Interesa abordar por qué la CVR, cuya capacidad intelectual y solvencia moral parecen fuera de duda, dejó de lado este “detalle” y lo complicado que es hablar de reconciliación en el Perú de hoy.

Palabras clave: Perú, guerrilla, reconciliación, política.

 

Desde mi punto de vista, la filosofía no comienza con la experiencia del asombro, según sostiene la tradición antigua, sino con la sensación indefinida pero palpable que no se ha conseguido algo que se deseaba, de que un gran esfuerzo ha fracasado. La filosofía comienza pues con la desilusión.

Simon Critchley, La demanda infinita.

 

Recurrencias perversas

Cuenta la mitología griega que por engañar a los dioses, cosa terrible,  Sísifo fue castigado a empujar cuesta arriba una piedra enorme, pero antes de alcanzar la cima de la colina la piedra rodaba, y Sísifo tenía que empezar de nuevo, una y otra vez. Algo de eso sucede en el Perú con  el asunto del llamado “terrorismo”.

Desde el 2002 hasta la fecha en diversos espacios y circunstancias he venido dando declaraciones de modo coherente y concordante, pero siempre vuelvo a empezar. La palabra “perdón”, a fuerza de repetirse, como moneda que va de mano en mano, se desgasta. Esta vez será la última que la utilizo. Al menos para referirme a este tema.

Mientras hoy en Colombia se concreta la integración de las FARC a la vida política, aquí se hace escándalo por un artículo publicado en una revista. Uribes existen en todos lados. Lo paradójico, sin embargo, es que en el Perú hace más de dos décadas dejó de haber una guerra de verdad y lo que pervive es una guerra de sombras, justa de fantasmas que pretenden imponer memorias y discursos monopólicos. Fariseos convertidos en guardianes de la moral pública, predicadores del odio que se rasgan las vestiduras. Pretenden que en el Perú no tengan espacio los estigmatizados. La moral tuerta de la complacencia hacia los vencedores. Es evidente que detrás de esta intolerancia se expresan visiones del mundo, intereses, organización estratégica de un poder autoritario.

Es por todo esto que me propuse re-escribir este ensayo, el cual surgió tras la lectura del Informe Final de la CVR y constatar que en él no había puente hacia quienes, como en mi caso, participamos como actores del conflicto armado, hicimos autocrítica pública, cumplimos sentencias y hemos dado muestras de voluntad de integrarnos a la vida cívica. La ausencia era relevante en tanto que el vacío  sirve para que la “amenaza terrorista” se use para la manipulación política atizando un ánimo vengativo.

Interesa  abordar por qué la CVR, cuya capacidad intelectual solvencia moral parecen fuera de duda, dejó de lado este “detalle” y lo complicado que es hablar de reconciliación en el Perú de hoy. Más evidente al contrastarse con otros países de América Latina, donde ex-guerrilleros  integrados a procesos democráticos, alcanzan posiciones de gobierno[1].  No podía pedirse a la CVR resolver problemas fuera de su alcance, ni obviar sus límites como institución oficial. Además, había que ser conscientes de la circunstancia en la que realizó su trabajo, el poco tiempo que contó, así como la presión a la que fue sometida. Pero la reconciliación estuvo en su mandato y es asunto sobre el cual dar cuenta.

Encrucijada compleja donde se juegan intereses diversos,  el de la memoria del conflicto armado interno es un importante territorio de lucha. Este ensayo no pretende ser “mirada objetiva”—si ella existe—, sino que es en buena medida un intento de dar luces y explicaciones a mi propia vida. Retomo lo expuesto en mi libro Con la palabra desarmada en un nuevo esfuerzo, a lo Sísifo, de llevar mi piedra cuesta arriba.

 

Reconciliación: ¿deseable, necesaria, posible?

Hacen ya quince años, tras realizar el balance histórico y escudriñar los hechos (basándose en miles de testimonios); tras examinar los escenarios regionales y la responsabilidad de los actores, la CVR entregó una persuasiva narrativa de la verdad. Pero al afrontar el asunto de la reconciliación se atolló.      .

En realidad la “reconciliación” no cabía en los objetivos de la CVR. Es un proceso hasta hoy inviable, no solo por la hondura de las desgarraduras, sino porque no existe ni el contexto  ni la voluntad política de los actores. Estamos ante un concepto amplio, abierto a diversas posibilidades. Así por ejemplo, la antropóloga norteamericana Kimberly Theidon en su libro Entrepójimos (IEP, 2004) habla de  “micropolítica de la reconciliación” al referirse a procesos que se dieron—y probablemente se dan aún—en comunidades campesinas de Ayacucho, donde quienes que optaron por el senderismo son reincorporados (con el apelativo de “recogiados,” neologismo derivado de “refugiados”). Micro-reconciliaciones que, no sin dificultad, caminan al ritmo de las colectividades involucradas y que comprobamos cotidianamente quienes retornamos a los espacios en los que solíamos desenvolver nuestras actividades antes del conflicto.

El problema mayor está en lo que gruesamente suele llamarse “reconciliación vertical”, es decir, la que comprende a los participantes directos del conflicto, las fuerzas beligerantes enfrentadas. Este proceso puede durar generaciones y, como la experiencia histórica muestra, puede no lograse, al menos plenamente.

Alberto Gálvez Olaechea
Imagen 1. Alberto Gálvez Olaechea, 2016

La CVR no lo dice, pero está implícito que los ex –insurgentes no son parte de su propuesta de reconciliación, y allí queda entonces el problema irresuelto del pos-conflicto peruano, pues una reconciliación que no implique el acercamiento de las partes y hable genéricamente de “reconciliación del país con el país” o “reconciliación del estado y la sociedad”, simplemente escamotea el asunto y no toca el problema de fondo.

¿Por qué en el Perú la propuesta de la CVR excluye a los ex-insurgentes? ¿Qué diferencia sustancial existe entre el MRTA y el FMLN de El Salvador o el M-19 de Colombia, guerrillas desmovilizadas que hoy forman parte de los sistemas políticos legales y cuyos antiguos miembros participan de la vida política de sus respectivos países? ¿Alguien cuerdamente puede hablar de reconciliación en Colombia excluyendo a las FARC y al ELN?[2] 

El meollo del asunto no es ético o jurídico, sino fundamentalmente político[3], depende de las características del desenlace del conflicto—que en el Perú significó una derrota de la subversión en toda la línea—y la correlación de fuerzas establecida desde entonces. A diferencia de El Salvador, Guatemala o Colombia, donde la prolongada guerra interna, empantanada y desgastada, impuso la negociación, en el Perú no hubo tal. La victoria contrainsurgente fue total y sirvió para legitimar un régimen que obtuvo la coartada perfecta para legitimarse, lo que corrió a la par del discurso “seguritista”  y la alianza “anti-terrorista” propugnada por Washington a partir del 11 de setiembre del 2001.

Ejemplo ostensible fue el viraje en la manera de abordar la cuestión de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés. Políticos, analistas y periodistas se habían pronunciado por la negociación, rechazando el uso de la fuerza. La retoma del 22 de abril de 1997 y el éxito de los militares provocó un cambio de humor. Pocos mantuvieron su convicción de la salida negociada y aún éstos prefirieron un discreto perfil bajo.

Durante la década de 1980 las voces que se pronunciaron  por encontrar salidas políticas al conflicto se diluyeron. Sendero era demasiado pertinaz y sectario para abrir un juego de este tipo. Respecto al MRTA en el punto 34 de las “Conclusiones Generales” del Informe Final la CVR  se dice que: “… en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz”. Añadimos que esta disposición a negociar respondía a una concepción que incluía  política de alianzas, el respeto a las organizaciones de la sociedad civil y al derecho humanitario en situaciones de conflicto. Más aun, como lo precisa la CVR, no hubo doctrina de guerra total y esto es clave.

De hecho, solo el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había proclamado su aceptación de los Convenios de Ginebra y usaba distintivos militares en sus acciones armadas rurales; pero era evidente que el MRTA era un grupo subversivo pequeño.

En la práctica, salvo el MRTA, los actores principales del conflicto armado interno estaban inmersos en el objetivo de producir una derrota absoluta del enemigo, con lo cual cancelaban sus esfuerzos por humanizar la situación.  (CVR-Informe Final, Tomo III, pg. 353).

 

Así pues, la reconciliación fue un controvertido y espinoso encargo de la CVR. Formada como Comisión de la Verdad durante el Gobierno de Transición, el gobierno de Toledo le añadió luego lo de “Reconciliación”, sin definir sus alcances. ¿Cumplió la CVR la misión? ¿Ayudó al proceso de sanación y curación de heridas? ¿Qué hace difícil, sino inviable, la reconciliación?[4] Para los contemporáneos es difícil evaluar los eventos de su época. El tiempo debe cumplir su labor terapéutica, permitiendo que las heridas cicatricen y se obtenga una paz que vaya más allá de la ausencia de conflicto violento.  La paz—decía Baruch Espinosa—no es ausencia de guerra: es una virtud, un estado de ánimo, es una predisposición para la benevolencia, para la confianza, para la justicia.

En sentido estricto, se re-concilia lo que estuvo previamente conciliado, pero la misma CVR en su Informe muestra que no hubo tal en el Perú fracturado.  Precisa que no hay reconciliación posible sin asunción de responsabilidades pues requiere conciencia de la gravedad de los actos cometidos y que la reconciliación fracasa si en las víctimas hay sentimiento de injusticia. Las víctimas: he aquí una perspectiva nueva. Se afirma que la colectividad no perdona lo que no puede castigar, pero ¿cuál es el alcance y naturaleza del castigo? Es fácil traspasar la borrosa línea entre la justicia y de la venganza.  Hubo víctimas y perpetradores en más de un lado y todas las víctimas cuentan, o deberían contar[5]

La verdad es uno de los derechos de las víctimas y de la sociedad entera. En la llamada Justicia Transicional se considera la posibilidad de exoneración de castigos a cambio de verdad y asunción de responsabilidad, tomando en cuenta los siguientes factores: el grado de verdad otorgado por la persona; la gravedad de la conducta sancionada; el nivel de participación y responsabilidad, y los compromisos           en materia de  reparación a las víctimas y garantías de no repetición. La sanción tendría la finalidad esencial de satisfacer el derecho de las víctimas y consolidar la paz. Cumple una función restaurativa y reparadora del daño, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Pero lograr verdad depende de muchos factores, entre ellos de la información oculta, del secretismo, de los archivos quemados, de las tumbas clandestinas y la información negada aún a la propia CVR. Para los subversivos el secreto fue mecanismo de supervivencia, para los detentadores del poder garantía de impunidad.

Pero de la verdad no se deduce reconciliación, que es una apuesta y un acto de voluntad diferente. Verdad y memoria, con su importancia, no conducen necesariamente a la  reconciliación. Es más, como escribió Susan Sontag, “para la reconciliación es necesario que la memoria sea defectuosa y limitada” (Ante el dolor de los demás, Bogotá 2003). El asunto es aún más complejo cuando el resultado son procesos judiciales y eventuales condenas. Por esto para la “justicia transicional” es clave la concesión de perdón a cambio de información que conduzca a la verdad. Fórmula que se empezó a utilizar en Sudáfrica está presente en  los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, cuyos dirigentes no pasarán por la cárcel.

La CVR tenía límites respecto al asunto de la reconciliación. Sus iniciativas y sus gestos eran vistos con sospecha por la derecha  y el militarismo. El tema  incluso no aparece en sus conclusiones generales sino disperso en diversas partes de Informe Final.

La CVR comprende que la reconciliación entre víctimas y victimarios es la más exigente de todas. Urge por consiguiente evaluar realistamente las posibilidades de restaurar esta relación rota a raíz del conflicto armado interno. No hay que olvidar que hay internos cuyas penas ya se cumplieron o se cumplirán en los próximos años y cuyo retorno a la Vida Social requiere de procesos locales de reconciliación que faciliten su integración. Pero mientras se mantenga la pertenencia al partido, la sujeción a los líderes que no han variado su posición y la adhesión a una ideología de muerte y destrucción la reconciliación no será posible. En una frase, mientras el PCP-SL siga siendo el PCP-SL, la reconciliación será inviable. Lo mismo en el caso del MRTA. Esto no quita que se pueda intentar una aproximación personal, lo que implica pasar por una fase previa de desvinculación que abra el camino de la reconciliación.  (CVR- Informe Final, Tomo V, p. 708)


Imagen 2.

Párrafo  ilustrativo  la complejidad del tema de la reconciliación con los ex-insurgentes y ayuda entender  la ausencia de iniciativas. Van algunas acotaciones:

  1. Al hablar de reconciliación entre “víctimas” y “victimarios” los roles son: subversivos “victimarios” y pueblo “víctima”. Pero como se desprende del propio Informe Final, la situación es más compleja (soldados y policías víctimas y victimarios, ronderos víctimas y victimarios, subversivos víctimas y victimarios); b) Señala preocupación por la liberación de los presos, pero ¿hay algún indicio de que esta liberación reactivó la violencia?; c) La CVR conocía la posición de los líderes del PCP-SL y del MRTA, sabía que salvo la reducida fracción de “proseguir” y los combatientes del VRAE, no hay quien propulse la violencia. Es entendible la desconfianza, pero no insinuar que la voluntad no ha cambiado.  d) No es evidente que desvincularse sea condición de reconciliación. Las colectividades pueden evaluar experiencias y rectificar rumbos, es saludable que examinen el resultado de sus acciones y hagan balance de sus errores. Es más, la sociedad puede sacar mejor provecho de balances colectivos que del repliegue de los individuos en sí mismos.

Los procesos de reconciliación son difíciles y prolongados. No pueden imponerse ni tomar atajos. Sin embargo el rumbo tendría que estar. Un concepto de reconciliación, más sugestivo y abarcador que el propuesto por la CVR, que no se basa en tautologías y formula un horizonte además de razonable,  inclusivo, es expresado por el filósofo español Manuel Reyes Mate, a partir de la reflexión sobre el país vasco.

Reconciliación significa recuperar para la sociedad a las víctimas y a los victimarios: a las víctimas, mediante la realización de su significación política; a los victimarios, mediante un proceso vertebrado en torno al concepto de ‘perdón político’, un gesto gratuito por parte de la víctima, pero no gratis, pues presupone, además, un arrepentimiento del victimario.  Si de lo que se trata es de un nuevo comienzo, hay que hablar de la importancia que tiene esta doble recuperación: la de la víctima y la del victimario.  Si importante el grito del inocente que clama justicia por el daño recibido, importante es también la experiencia de quien, habiendo practicado la violencia, puede renunciar a ella y puede ser librado del fondo de la culpabilidad.[6]

 

Las interminables guerras del milenio

Un hombre nunca sabe cuándo una guerra acaba. Dice, mira, se acabó, y de repente no se acabó, vuelve a empezar, y viene diferente la muy puta…

José Saramago, El memorial del convento

 

Hay guerras y guerras. No son lo mismo los proyectos insurgentes de los 60, los de los 80, y aquel que hoy subsiste en el VRAE. Aunque el Informe Final no enfatizó en la posición vigente entre los actores del conflicto de los 80, dio  tribuna para exponer al país nuestros balances[7]. Era importante pues, por ignorancia o mala fe, hay quienes se esfuerzan por batir tambores de guerra. Lo dicho no tuvo el impacto social deseado pese a que el conflicto interno terminó[8] (entendido éste como la puesta en ejecución de proyectos de poder, es decir, el despliegue de organizaciones que, sea cual fuere el juicio de valor que merezcan, tenían un programa y una estrategia que plasmar). Tras la propuesta de “solución política” de Abimael Guzmán y el anuncio de Víctor Polay de sumarse al proceso democrático, queda solo el grupo neo-senderista de los hermanos Quispe Palomino.

El punto de quiebre se produjo en 1992, cuando el Estado lanzó la contraofensiva decisiva. Ni SL ni el MRTA se recuperaron. Golpes represivos contundentes que no explican la derrota, pues ambas organizaciones estaban agotadas y el “combustible” social y político que las alimentó, consumido. Aparatos girando en vacío, desasidos de un pueblo adverso.

Al año de su captura, en septiembre de 1993, Abimael Guzmán inició tratos para acordar la paz con el Estado. Una carta leída por Alberto Fujimori en la ONU, mostró una iniciativa a contrapelo de su línea histórica. Momento crucial en la guerra senderista, casi tan importante como su captura. No son relevantes la motivación personal, ni la posibilidad de un líder preso de conducir negociaciones de este tipo. Tampoco su pertinencia política. El “acuerdo de paz” dividió al PCP-SL, enfrascándolo en una lucha interna cuando más necesitaba unidad, aislando a los combatientes en armas. Los senderistas presos se desmovilizaron, trocando su línea beligerante por otra dialogante y negociadora.

A quienes convivimos con ellos en el momento del viraje, nos consta la conmoción inicial. El giro tenía que venir de arriba, de Guzmán, o no se hubiera dado.  Con el auspicio del SIN, mandos presos se reunieron en la Base Naval con su líder. Se cuadraron con celeridad y asumieron el discurso pacifista, en las antípodas de su doctrina de la víspera. Al ser la guerra confrontación de voluntades, la situación cambia cuando al menos una se modifica. ¿Cuántos años de guerra y cuál hubiera sido su intensidad, si el mensaje durante su presentación en la jaula en setiembre del 1992 se hubiese mantenido? ¿Qué habría sucedido las cárceles de haber persistido su beligerancia histórica[9]? Por más de dos décadas este sector del senderismo habla de “solución política”. No se trata de una maniobra. El “presidente Gonzalo” ha reconvertido su partido. No es la maquinaria guerrera de antaño. No tiene las condiciones, ni la vida le alcanzaría para otra  empresa bélica. No puede enarbolarse impunemente el discurso belicista, tampoco el pacifista.

En el caso del MRTA su itinerario es más simple. Las capturas de 1992 fueron importantes pero no vitales. Ya Víctor Polay y otros dirigentes estuvimos presos sin afectar de forma decisiva la organización. La crisis del MRTA básicamente tuvo que ver con dos hechos: uno interno, las discrepancias que arrastraba de sus orígenes como proyecto unitario (1986); y el otro externo, los cambios drásticos en un contexto político en el que no era fuerza determinante (a merced de eventos como la ruptura del frente electoral Izquierda Unida (IU) o la aplicación de las tesis del “equilibrio estratégico” de Sendero).

Desmembrado el Frente Nororiental el año 1993, los restos del MRTA definieron como prioridad estratégica el rescate de sus presos. Quisieron revertir una situación cada vez más adversa. El primer plan (asalto al Congreso) fracasó en sus preparativos (diciembre de 1995). Un año después a Néstor Cerpa ocupó la residencia del embajador japonés en el Perú. El resto es historia conocida. Desde el 22 de abril de 1997, en que fue aniquilado el comando emerretista,  han pasado casi dos décadas sin que se sepa de una acción del MRTA. En su presentación pública a través de la CVR (junio- 2003), Víctor Polay Campos, su jefe, expresó que el capítulo de la violencia política estaba cerrado, y que su aspiración de cambio pasaba hoy por la lucha legal. Lo reiteró en el juicio del año 2005 y el 2006 sus simpatizantes promovieron su candidatura presidencial.

Prosiguen su guerra combatientes del VRAE. Último contingente en extinción. “Insurrectos errantes” los denominaría Mao Tse Tung.  El neo-senderismo,  resultado de la inercia del conflicto, resiste sin más horizonte  que los valles en que deambula,  en alianza con el narcotráfico que es condición de su existencia. Alimento de “guerras mediáticas” y campañas psico-sociales, alienta la reconstrucción del militarismo y el autoritarismo.  Difícilmente dejará de ser un fenómeno regional endémico.

La subversión armada como proyecto de poder acabó, pero gravita en el subconsciente colectivo. Las heridas y secuelas están aún frescas para esperar serenidad, equilibrio y juicios objetivos. No obstante, los liderazgos políticos y de opinión pública deberían saber que el revanchismo y la paranoia terminan produciendo resultados contrapuestos.


Imagen 3.

 

Una posguerra que no cuaja

El Perú se ha negado a reconocerse como una
sociedad de posguerra a pesar de que cada día los
 diarios muestran, sin señalarlas como tales, las señales
 evidentes de esa condición.

Salomón Lerner Febres, Verdad, memoria histórica y democracia 

 

En el Perú a guerra interna se mantiene. Y no hablo de las huestes de los Quispe Palomino, sino de la subjetividad, símbolos, paradigmas, legitimidades y políticas que hoy existen. La posguerra no termina de tomar forma y el ambiente enrarecido se  refleja en personajes y discursos,  en la forma crispada y enconada en que se despliega la política, en los miedos y las posiciones irreductibles, en la intolerancia, particularmente de quienes creyeron que la izquierda había sido sepultada para siempre del espectro político. Lo que existe en el país es un humor bélico, con su vocación de destrucción y aniquilamiento, sino físico, cuando menos simbólico, que lo envenena todo. No se me escapa la responsabilidad que tenemos en que esta situación se haya producido.

El único momento en que la paz se esbozó como posible resultado de un diálogo, fue durante los meses en que el MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés. En una entrevista con el ex-presidente Fujimori, a instancias del gobierno del Japón, Fidel Castro se mostró dispuesto a recibir al comando emerretista, como contribución a una salida pacífica, pero ya sabemos en cómo concluyó esta aventura[10].

La experiencia histórica muestra que los diálogos y las salidas negociadas posibilitan superar las situaciones de guerra y reconstruir la paz en mejores términos. Permiten además de la desactivación militar, la desmovilización simbólica y psicológica, contribuyendo a reconstruir un tejido social y una cultura democrática con mayores potencialidades. Tiene la ventaja de aproximar los campos enfrentados, de establecer lazos (sin duda complejos, ásperos y recelosos) entre personas que, al formar parte de la misma comunidad nacional, continuarán viviendo juntas. La Corte Interamericana de DDHH reconoce que esta opción es no solo sensata, sino la mejor para la consolidación de la democracia[11]. El senderismo por un lado, y la ineptitud del MRTA para capitalizar sus pocos momentos estelares, por otro, impidieron tal desenlace, permitiendo que el militarismo y  la derecha se impusieran, y con ello su sentido común.

Cierto que a los insurgentes, como desencadenantes de la guerra interna, les correspondía proponer caminos de salida política al conflicto. Pero también el Estado y de la sociedad civil abdicaron de esta responsabilidad. 

Javier Valle Riestra fue de los pocos que en los ochentas intentó el diálogo. Viene a la memoria la imagen del parlamentario intentando dirigirse a senderistas que, tras los muros, agitaban consignas. Tampoco supo elegir interlocutores en el MRTA. Cerró su ciclo durante la toma de la residencia del embajador del Japón, cuando estuvo entre quienes rechazaron la negociación y terminó de premier del fujimorismo.

Contrasta la experiencia mexicana. A la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari respondió el 12 de enero con un alto al fuego unilateral y el nombramiento de Manuel Camacho como comisionado para la paz. La iglesia católica de Chiapas actuó como mediadora. Quince días después se firmó un alto al fuego. Comenzó el diálogo sobre una agenda de reformas políticas, derechos indígenas y demandas sociales. Menos de un mes de lucha armada dieron paso a años de tratativas. El EZLN devino en guerrilla mediática y simbólica[12].

Esta experiencia es atípica pero, en líneas generales, la mayoría de los procesos de violencia política en América Latina donde hubo soluciones negociadas—y donde no—, una vez terminado el conflicto se dieron de parte del poder medidas tendientes a la aproximación con los vencidos. Raúl Séndic, el líder de los Tupamaros del Uruguay y sus compañeros fueron liberados tras doce años de prisión y sus militantes hoy son parte del Frente Amplio. En Argentina, Eduardo Firmenich, el jefe montonero, tras ser detenido en Brasil y pasar cinco años en prisión, fue liberado por el gobierno de Saúl Ménem y hoy es abogado en Barcelona. En mayo del 2003 el presidente Eduardo Duhalde indultó a Enrique Gorriarán Merlo, preso desde 1989, cuando su organización, el Movimiento Todos por la Patria (TPP) atacó el cuartel de La Tablada, (donde murieron once policías y soldados y veintiocho insurgentes). El “pelao” Gorriarán fue, con Mario Roberto Santucho, Domingo Mena, uno de los líderes históricos del PRT-ERP. Personaje legendario, su indulto fue tema de debate, sin embargo, no hubo ni escándalo ni tragedia nacional en la Argentina.

La democracia peruana de posguerra, en cambio, ha dejado un espíritu de cruzada y un  rencoroso ánimo vengativo. Ha mantenido aparatos represivos ensoberbecidos en su victoria, deseosos de protagonismo y presupuestos. Quedaron “senderólogos sin chamba”, héroes que no se sienten bastante reconocidos, leyes draconianas, jueces y fiscales implacables, procuradores fanatizados, policías que por hábito profesional cultivan la cultura de la sospecha y alimentan a medios prestos a provocar histeria.  Peor, quedó la experiencia que la “línea dura” es rentable, que el “anti-terrorismo” de opereta paga, y que alzar fantasmas permite manipular el miedo colectivo. Esto impregna la política.

Es ilustrativo que la segunda vuelta electoral del 2011 la dirimieran dos versiones del militarismo: el de derecha, representado por la hija del ex-presidente autoritario, con el pergamino de vencedor de la subversión, y otro de izquierda, encabezado por un ex-militar que la combatió. Expresaban, polos del espectro político. Emergidos de la guerra, extraen de ésta su legitimidad, simbología, y  forma de hacer política. La carta de presentación de la principal fuerza política  actual es de vencedores la guerra interna. Es notoria la incursión política de ex-oficiales de alta graduación. Encarnan  simbólicamente el saber en un campo crucial de este tiempo: la seguridad[13]. De otro lado, los “reservistas” —jóvenes ex-soldados de origen andino—, movilizados tras las banderas de los Humala, tuvieron su cuarto de hora de notoriedad el primero de enero del 2005 en Andahuaylas.

La posguerra se enuncia en una profusa legislación penal punitiva e inquisitorial y el recurrente afán de criminalizar la protesta social.  En  poderes públicos de apariencia democrática pero vaciados de contenido, que responden  con reflejos autoritarios a las diversas situaciones. En el uso desproporcionado de la fuerza, que produce muertes de población civil. A los medios de comunicación han retornado personajes reciclados.  El fantasma del “terrorismo” es omnipresente y permite legitimar las arbitrariedades.

 

La  CVR  en el del Perú del post-conflicto

Para transitar por estas complejas realidades y desgarramientos de la etapa de post-conflicto surgieron las Comisiones de la Verdad. Organismos oficiales de características diversas, resultado de la singularidad de cada país, de  los desenlaces y las correlaciones de fuerza, que es a fin de cuentas lo que determina quien juzga a quien[14] .

En Guatemala, la Comisión de Clarificación de la Verdad Histórica,  auspiciada por la ONU, halló al Ejército responsable de 200,000 muertes y desapariciones y de 626 masacres en 36 años. Por ser responsables de más del 90% de las violaciones de DDHH, sus miembros  fueron procesados[15]. En las insurgencias de América Latina, quienes fueron al banquillo, sino de la justicia, al menos del descrédito moral, fue a los aparatos represivos.

Lo peculiar del Perú es que una fuerza insurgente, el PCP-SL,  es señalada como la principal responsable de las violaciones de los DDHH. Cambia así la  perspectiva histórica y  los enjuiciamientos morales (y obviamente, los penales).  Se puede problematizar las cifras, pero el señalamiento de la CVR peruana calza con un sentido común (sobre el que machacan la prensa) derivado de la experiencia de la población. El senderismo, abrió el espectro de sus enemigos al universo de  organizaciones sociales, iglesias, prensa, partidos políticos, ONGs,  instituciones estatales, etc., y unió a todos en su contra. El MRTA, por su lado, careció de la fuerza y la sagacidad para diferenciarse y acabó en el mismo saco.

La CVR, inscrita en la transición democrática, reflejó  la conflictividad en curso. La verdad era, antes que intento de explicación y comprensión, arma de combate. Tras el ataque a la CVR hay quienes pretenden defender sus pellejos y la fuente de su legitimidad histórica: la victoria sobre el terrorismo. En la  primera década del 2000 la rearticulación de las fuerzas autoritarias se hizo teniendo como uno de sus principales blancos a la CVR. 

La CVR produjo controversia[16], lo que respondía a la circunstancia en que surgió, tras el abrupto derrumbe del gobierno fujimorista, y a su composición. La mayoritaria presencia de intelectuales provenientes de la izquierda, es usada para intentar deslegitimar el trabajo de una Comisión que convocó a los profesionales  más capaces de las ciencias sociales peruanas[17]. Carlos Tapia, Rolando Ames, Carlos Iván Degregori y Sofía Macher  expresaban, para sus detractores, el sesgo izquierdista, “caviar” en la jerga derechista.

Pero la propuesta de la CVR,  aun cuando no fue asumida cabalmente por ninguna fuerza política significativa, logró consenso. El gobierno de Toledo, vacilante a ratos, brindó una valiosa plataforma. Recibir el Informe Final en ceremonia oficial en Palacio de Gobierno tuvo gran significado simbólico. Esta situación viene cambiando, pues la memoria y la verdad son parte de una disputa política más amplia. La narrativa de la CVR se ha ido debilitando conforme la derecha política, particularmente el fujimorismo, se recupera. 

Del trabajo de la CVR dos aspectos que se han ido materializando, aunque de modo irregular: las reparaciones y el juzgamiento a los responsables de las violaciones de los DDHH. Lo primero ha seguido lento y complejo camino de definir el concepto de víctima, la naturaleza de las reparaciones, la elaboración de las listas y la definición de los montos. Los procesos  por violaciones a los DDHH, de otro lado,  marchan de modo errático, dada la falta de voluntad política de los gobiernos  y  la forma como el poder judicial maneja estos casos[18], que discurren fuera del ojo escrutador de la opinión pública dada la escasa cobertura mediática. No pretendo realizar un balance de los resultados concretos de estos procesos, pero sin duda hacerlo sería revelador.

 

La judicialización del conflicto

En lo que va del siglo XX buena parte de la política peruana se desarrolla en los tribunales y gira en torno a las prisiones. A la larga carcelería de los militantes senderistas y del MRTA se sumó la de los militares acusados por corrupción y violaciones a los DDHH, la de Montesinos, la de Antauro Humala y los reservistas y la del ex-Presidente Fujimori. Cuestión espinosa que, como sabemos, no se resuelve única—a veces ni siquiera principalmente—en los tribunales, sino que son batallas políticas y de opinión pública[19].

En América Latina las situaciones de postconflicto fueron seguidas del vaciamiento más o menos rápido de las prisiones. Existen instrumentos jurídicos internacionales que lo recomiendan[20]. La normalización de la vida pública suponía la distensión de las fuerzas enfrentadas. De hecho, uno de los acuerdos entre las FARC y el gobierno Colombiano, cuestionado por el uribismo e inalterado en la segunda versión que acaba de ser ratificada por el parlamento, es que la jefatura guerrillera no irá a  prisión.

El Perú siguió un camino distinto: la judicialización de los actores. Y es que han entrado a tallar otras sensibilidades y conceptos de la justicia penal internacional,  que reivindica el derecho de las víctimas. Se tiene la convicción de que la judicialización permite re-legitimar al Estado, superar el afán  venganza y evitar que los hechos se repitan.[21]

Los tribunales devienen campos de batalla. La cobertura mediática añade su carga de enconos. Cuando a fines del 2004, incitado por la prensa anhelante de imágenes, Abimael Guzmán alzó el puño y lanzó arengas, se produjo un sismo: el presidente de la sala acabó su carrera judicial, satanizado y acusado de “pro-terruco. Pasiones desbordadas  sin razonabilidad ni coherencia.  En el otro lado, la resolución judicial reduciendo las penas al grupo Colina desató iras.  ¿Se podría esperar otras reacciones?  La judicialización es ruta valida, pero no precisamente de reconciliación.

Alberto Gálvez Olaechea
Imagen 4. Alberto Gálvez Olaechea, 2008.

En líneas generales, los acusados tienen tres opciones en la manera de afrontar un juicio.  La primera—y más frecuente—, es negar, eludir responsabilidades y sembrar dudas, evitando la certeza del juzgador. La segunda es asumir responsabilidades, reconocer errores y dar explicaciones.  La tercera es la mudez.

“Soy inocente”, gritó Alberto Fujimori en el juicio en el que se le condenó a 25 años. Negar ha sido la estrategia de defensa de la mayoría de los procesados por violaciones a los DDHH. Incluso aquellos oficiales y subalternos que habían  proporcionado información, prendiendo explicarse y descargar su frustración contra el abandono de sus superiores (Sosa fue informante de Uceda para Muerte en el Pentagonito y Martín Rivas de Humberto Jara para Ojo por ojo), al empezar los juicios sintieron que la coyuntura cambiaba y modificaron su actitud, desdiciendo sus anteriores versiones. Excepción fue Telmo Hurtado, quien cansado de cargar solo con una responsabilidad institucional, señaló el papel de sus superiores durante los hechos de Accomarca.

Ramírez Durand (“Feliciano”) en cambio, habló, y de qué manera. Atacó a su antiguo jefe y recusó el proyecto senderista.  Fue testigo de cargo contra sus ex-camaradas.  Se libró así de la cadena perpetua que cernía sobre él.

Con matices, los antiguos miembros de la dirección del MRTA intentaron explicarse y explicar. Primero ante la CVR, que brindó tribuna para dirigirse al país y luego ante los tribunales, donde cada quien asumió sus responsabilidades. Estas intervenciones carecieron de relevancia en un contexto en que el afán es punitivo.

La estrategia de Guzmán fue el silencio. Sabiéndose condenado, no intentó la reivindicación política ni la defensa de su proyecto. Eligió callar. No expuso vulnerabilidades. Prefirió la incógnita del silencio a la quizá decepcionante certeza de la palabra. No fue la primera vez que el líder senderista adoptó esta actitud. Cuando la CVR le propuso expresar sus puntos de vista a la opinión pública, también optó por la mudez.

 

Las víctimas

La memoria de las víctimas es la señal y condición de que queremos construir un mundo mejor.

Manuel Reyes Mate, Justicia de las víctimas

 

Un actor ha entrado en los conflictos armados contemporáneos y no hay forma de retirarlo: las víctimas. Siempre estuvieron presentes en la historia pero recién aparecen en toda su potencia ética y simbólica. No pensamos en ellas cuando nos lanzamos a la aventura insurgente, a pesar de que no hay forma que  una guerra no produzca víctimas. Obnubilados por la sensación de que podíamos ser una de esas bajas, no calibramos la significación del sufrimiento infligido a los otros, a aquellos que no habían pedido, deseado y ni siquiera imaginado verse involucrados en una dinámica que cambiaría sus vidas, en algunos casos de manera irreversible.

Esta nueva sensibilidad y nueva juridicidad respecto de las víctimas  se despliega a nivel internacional, marchando paralela al discurso sobre los Derechos Humanos. Ya no puede  haber arreglos por arriba (llámense amnistía u otros) que nos las tomen en cuenta, pues tarde o temprano buscan recuperar su protagonismo. De hecho, en el reciente acuerdo de paz con las FARC las víctimas han tenido un rol que no jugaron en el pasado.

La víctima es un ser humano intangible e irremplazable, en modo alguno reductible al concepto de “costo”. Ahí está, creo, el meollo de la dificultad de la comprensión de Sendero respecto a su responsabilidad en la guerra interna, pues al hablar de “costo” las víctimas parecieran resultar una fatalidad, como si un huracán o un cataclismo, ajenos completamente a la voluntad humana, se hubiera desencadenado. 

La decisión de la CVR de situarse en la perspectiva de las víctimas  era una opción intelectual y ética de gran significado. Pero el concepto de víctima es poroso. Cuáles son sus límites y sus alcances. Trabajos antropológicos como los de Kimberly Theidon  (Entreprójimos-IEP, 2004) y Olga Gonzales (Unveiling secrets of war in the peruvian Andes), descartan la idea de un campesinado inerte entre dos fuegos y enfatizan en su capacidad de agencia. Estas poblaciones fueron capaces de establecer su agenda y su acción.

¿Y qué se les puede decir a las víctimas, a quienes dislocaron su mundo a causa de la guerra? No existe otra palabra que perdón. Palabra que no repara, que no devuelve, que a fuerza de manosearse se degrada. Pero que es irremplazable. Y las únicas que pueden concederlo—o no—son estas víctimas.

 

El Perdón, otra cara de la reconciliación

…sabemos que no será fácil pedir perdón y que tampoco será fácil concederlo. Pero también sabemos que sin perdón no hay futuro.

Desmod Tutu, Il’ n y a pas d’avenir sans pardon    

 

Una característica central de la post-guerra peruana es la ausencia de políticas del perdón. No me estoy refiriendo a impunidades, indultos o amnistías, sino al reconocimiento sincero de las responsabilidades y el pedido de perdón a las eventuales víctimas  de nuestros actos y como consecuencia de ello, la disposición a avanzar en la sanación de las heridas[22]. Esta disposición a pedir y conceder perdón (en este necesario orden), es un primer  y trascendente paso en el largo camino  de la reconciliación, sea lo que fuere que esta palabra signifique.

Para Hanna Arendt el perdón es un elemento esencial de la convivencia humana, de la posibilidad de reinicios, especialmente cuando los agravios han sido profundos, evitando la venganza que es, en última instancia, sometimiento al pasado. Alcanzar la libertad es romper el círculo de la venganza.

“Sin ser perdonados, liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, quedaríamos, por decirlo así, confinados a un solo acto del que nunca podríamos recobrarnos; seríamos siempre victimas de sus consecuencias.” “El descubridor del papel del perdón en la esfera de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret.  El hecho de que hiciera este descubrimiento en un contexto y lo articulara en un lenguaje religioso no es razón para tomarlo con menos seriedad con un sentido secular.” “…el perdón es el extremo opuesto de la venganza…” “Dicho en otras palabras, perdonar es la única reacción que no reactúa simplemente, sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y por lo tanto, libre de sus consecuencias…”. (Hannah Arendt, La Condición Humana)

 

En el Perú domina un humor de derechas, afán punitivo que se evidencia en un andamiaje jurídico que abarca los temas del conflicto y que se extiende a la forma de enfrentar lo que se ha dado en llamar “seguridad ciudadana”. “Populismo criminológico” frente al fenómeno delincuencial. Se sobre-penaliza,  se eliminan beneficios penitenciarios, se criminalizan más sectores sociales. De este modo está en juego no solo un tema jurídico-penal, sino la misma concepción de la democracia, la construcción de la convivencia social. Se impone  el modelo de “prisionización” norteamericano  con sus millones de ciudadanos encarcelados. ¿Surgirán políticas de perdón desde la sociedad civil en la medida que se sienta menos intimidada por el poder de la derecha? Pero no siempre y no necesariamente las cosas tienen que venir de arriba.[23]

Los procesados
Imagen 5. Los procesados, 2006.

 

La singularidad de Sendero

Nada es entendible en el Perú sin ese 54% de las víctimas atribuidas por la CVR al PCP-Sendero Luminoso.  Insurgencia armada distinta a otras de América Latina, no es casual la abundante  literatura—tanto periodística como académica— que suscitó.  Su arraigo en el corazón de los Andes, su ideología hermética, su liderazgo mesiánico, y su férrea voluntad de matar y de morir, produjeron fascinación. Dice la CVR que fueron pocos, que quisieron serlo, y que la magnitud del daño da idea de la ferocidad con la que actuaron.

Su peso específico no debe medirse por su tamaño ni su fuerza militar concreta, sino por su capacidad de producir potencia simbólica.  Los Paros Armados que convocó  basaron su éxito no en el consenso activo de poblaciones movilizadas, como los Paros Nacionales de los 70s, sino en el temor generado por sus acciones ejemplarizadoras. Pueblos y comunidades eran abandonados al saber de su cercanía.  No tuvo interés en despertar simpatías. Su estrategia era la de administrar el miedo,  atraer y desmoralizar por la potencia y la dinámica de su accionar.

Hijo del Perú y su tradición  caudillista,  viejo lastre de inicios de la República, cuyo precedente es el APRA de Haya de la Torre, con la diferencia que el caudillo aprista forjó una maquinaria electoral, en tanto que Guzmán una fuerza bélica acorde a su visión del socialismo como sociedad militarizada. Intolerancia llevada al punto de convertir en objetivo militar a institución o persona que no se sometiera. Proyecto pedagógico, requería de aislamiento y discípulos urgidos de discurso simplificado y simplificador.  Se movió entre maestros y estudiantes, en un proceso de retro alimentación. Su espacio de reproducción fueron las instituciones totales (cárceles y  residencias estudiantiles), donde mostraron talento organizativo y disciplina. Discurso que no diferencia matices ni opera entre ellos, aislando adversarios y estableciendo alianzas. Política en blanco y negro (conmigo o contra mí), que permitía crear la determinación del portador de la verdad.                                                                                                                                                                                                                                                  

Pero tras la propuesta de “Acuerdo de Paz” hecha por Guzmán en 1993, Sendero muta y se divide. Comienza su camino hacia la situación actual.  Los presos (el grueso de los cuadros) se alinean tras la nueva orientación pacifista de su líder. Los grupos armados del exterior se autonomizan, primero al mando de “Feliciano” y “Artemio”, luego bajo las banderas de los Quispe Palomino.

Las décadas siguientes, el Sendero de Abimael Guzmán ha machacado su propuesta de “solución política” sin ser tomado en serio.  Erráticos, los gobiernos creyeron que el asunto estaba resuelto. Fujimori dijo que los había eliminado. El gobierno de Paniagua fue incidental para propuestas de largo aliento. Toledo, inexperto para calibrar la dimensión de este asunto, miró a otro lado. Alan García, reaccionó con mal genio y reflejos represivos ante cada contratiempo, pero fue incapaz de enfrentar el tema en su complejidad. Ollanta Humala, militar,  combatió la subversión y la tomó en serio. Pero no la comprendió como fenómeno complejo, de realidades diversas, requerido de estrategias diferenciadas, coherentes y sostenibles en el tiempo. Así como se asimila al MRTA y a SL bajo el concepto de “terrorismo”, también se desestima la diversidad del senderismo y sus bifurcaciones, como si fueran la misma cosa, cuando no lo son.

Al pasar de los años, el “Sendero” que propone “solución política” ha podido re-articularse y, con la liberación de sus cuadros, ha plasmado su presencia política en el MOVADEF. Su territorio sigue siendo el espacio educativo y su clientela los jóvenes. Se suma un rasgo histórico del activismo senderista: la capacidad de movilizar y encuadrar ideológicamente a sus familiares.  El Sendero de hoy tiene en común con el de ayer la fe en la infalibilidad de Guzmán, pero es otro. En el camino se ha legalizado, aspira a ser parte del sistema político y no intenta volver a la guerra. Con ellos funciona el mecanismo que permitió al APRA, excluido por la oligarquía,  mantener la aureola revolucionaria, cuando su jefe y su programa no tenían que ver con la propuesta inicial. Proscritos de un sistema al que quieren entrar aparecen como fuerza subversiva, cuando ya no lo son. Carlos Iván Degregori (Qué difícil es ser dios) habla de la mentalidad de burócrata del Jefe de Sendero, que convivía con su rol de profeta de la guerra. Aunque los seguidores de Abimael Guzmán no están por  la lucha armada, al mantener la iconografía, la parafernalia  y la retórica de otra época, permiten que se les asocie al pasado. No son pero parecen una amenaza, y en política el parecer cuenta.

No es la primera vez que una fuerza nacida de nuevas dinámicas sociales tras poner en marcha un proyecto subversivo y pasar por una etapa más o menos prolongada de enfrentamientos y derrotas, busca insertarse en el sistema. Lo que quiere hoy Sendero es entrar la legalidad. El problema es que su viraje hacia el “acuerdo de paz” lo produjo la situación personal de Guzmán y no una evaluación seria de su praxis. De hacerlo, habrían asumido una actitud reflexiva y  más humilde. Pretenden voltear la página como si el desgarramiento  nacional no hubiera ocurrido y su responsabilidad fuera leve. Es indefendible que Sendero pretenda, sin autocrítica seria, ingresar en un sistema político que combatió ferozmente.  Es insensato  inscribir una fuerza política basada en el “pensamiento Gonzalo”. Pero impedirles ingresar a la política es más insensato. El destino de MOVADEF deberían definirlo los ciudadanos.

La emergencia del MOVADEF visibilizó una realidad: Sendero existe y mantiene su decisión de continuar  haciendo política. Seamos claros, el Sendero-MOVADEF no va a desaparecer fácilmente.  Una organización que sobrevivió a episodios dramáticos y a décadas de cárcel, muestra una voluntad difícil de quebrar.  La persecución puede convertirlos en referente de movimientos anti-sistema, que en un país como el nuestro no son pocos. Los demócratas tendrían que confiar en la democracia que dicen defender. En el viraje del senderismo hay demasiado pragmatismo como para no percibir en él alma de acomodamiento. La persecución los victimiza haciéndolos atractivos a jóvenes y radicales.

 

MRTA: “el caso diferente” [24]

El MRTA se equivocó.  Sin duda se hicieron cosas graves. Gravísimas. Pero ni sus detractores se atreverían a imputarle un hecho equivalente al de Lucanamarca o al de la localidad campesina de Lucmahuayco[25]. Si a los IX Tomos del Informe Final de la CVR (unas 4,500 páginas) le quitaran las referencias al MRTA, éste se reduciría en pocos cientos de cuartillas y no cambiarían la evaluación general ni sus conclusiones fundamentales.  No podría hacerse otro tanto con Sendero: sería  una historia diferente. Y esto no responde al tamaño de las organizaciones. En la historia del MRTA no hay Lucanamarcas o Taratas, pero aparece como socio menor del espiral de violencia. A los errores propios se suman los ajenos. El MRTA, pertenecía al universo conocido,  más o menos predecible y sin misterio.          A eso se añadió la sensación de endeblez, la falta de consistencia. Se nutrió de las formas de acción de sus iguales de América Latina, en contextos que las había deslegitimado. La aureola romántica del Che carecía del encanto y la seducción de otro tiempo. Guerrilleros en otros parajes salían de procesos empantanados y se volcaban a la lucha cívica con un éxito más resonante que el obtenido como combatientes.

No sostuvo ninguno de sus momentos protagónicos, siendo el más lamentable y trágico la toma de la Residencia del embajador japonés en Lima el año 1996. Sin espacio político específico, tensionado por las fuerzas gravitacionales del senderismo y de la Izquierda Unida. Resultado convergencias de pequeños núcleos de la llamada nueva izquierda que se movían en el espacio de la Izquierda Unida: adhesión a un proyecto antes que a un líder, con una ideología menos ampulosa y pontificadora. Enfrentó desde la partida problemas de disidencia que fue incapaz de procesar de forma sensata. El militarismo llevó a represalias y ejecuciones que desnaturalizaron la organización, haciéndola aparecer indiferenciada de SL, a pesar de sus divergencias. La aproximación a la izquierda legal no cuajó  porque ésta arrastraba su propia crisis y porque los espacios de convergencia eran más precarios conforme el país se militarizaba.

En el discurso corriente hay la tendencia a hablar del terrorismo de Sendero y del MRTA, incluso de colocar las cifras en bulto, como si fuesen más o menos equivalentes.  Ese sentido común encierra una falacia: que las diferencias no son sólo cuantitativas, sino sobre todo cualitativas.  Ceguera nada inocente. Por esta vía cierran espacios a la reinserción política, máxime cuando los casos del Uruguay o el Brasil muestran que entre los ex-guerrilleros pueden albergarse futuros presidentes.

El MRTA carece hasta hoy de un balance de su experiencia. En el libro de Víctor Polay (Terrorista o Rebelde) recoge el interrogatorio durante su proceso judicial. Asume responsabilidades pero tiene la limitación de un discurso ante un tribunal, donde el objetivo es salir bien librado. Son importantes balances claros que cierren el paso a quienes no aprenden de la experiencia. En las elecciones presidenciales del 2011, antiguos miembros del MRTA impulsaron la candidatura del Sr. Noriega y con ello, no obstante los magros resultados, mostraron su voluntad de insertarse en la vida democrática.

 

No olvidar a los arrepentidos[26]

Entre los destacados actores del conflicto armado, que cumplieron un rol crucial en el desenlace final, y sobre los cuales la CVR no se detuvo a reflexionar pese a usar sus testimonios en muchos momentos, encontramos a los arrepentidos.

Si la delación estuvo presente a lo largo del conflicto como fuente de la labor policial, a partir del año 1992 la ley de “arrepentimiento” le hizo dar un salto cualitativo como herramienta de la contrainsurgencia, con resultados efectivos, tanto en lo político como en lo específicamente policiaco.  Personajes como Luis Arana Franco (quien permitió la captura de Abimael Guzmán) o Sístero García Torres (que contribuyó a la destrucción del Frente Nor-Oriental del MRTA) se volvieron protagonistas. Contingentes de SL y el MRTA se entregaron a las autoridades. Poblaciones enteras con vínculo ocasional con la insurgencia acudieron en masa a los cuarteles para acogerse a la ley[27].  Zafarse de su pasado, dando muestras de lealtad al vencedor, era  cuestión de supervivencia.

Que la ley funcionase requería de condiciones: el debilitamiento sustantivo de las organizaciones subversivas (los golpes estratégicos dados a su liderazgo), que en los cuadros empezara a desarrollarse la duda en la posibilidad de la victoria y que se acentuara en las poblaciones una sensación de fatiga respecto a una guerra que, luego de una cruenta década, se encontraba empantanada.

En ese contexto es que aparecen los “arrepentidos”. Como sucede con las otras categorías, no es una realidad homogénea, pues así como hubo gente que canjeó ideales y compañeros a cambio de impunidad, hubo también quienes se aferraron a su única ruta de salvación. Son sub-producto no visibilizado del conflicto. ¿Judas o héroes de la pacificación? ¿Merecen el reconocimiento o el desprecio? Categoría ambigua, “zona gris” dice Primo Levi, no aparecen de modo específico en el Informe Final de la CVR[28]. Su existencia ¿no prueba de que la gente cambia? ¿no muestran que no existe el mutante “terrorista”, sujeto de identidad inmodificable? No interesa aquí el enjuiciamiento moral sino  develar los estándares diversos: unos se esencializan como “terroristas” y otros recuperan su humanidad a partir del acto de traición y delación.

 

¿Y las cárceles?

En tiempos tensos y de inquietud ¿no resultaría más barato–e inteligente– convertir en amigos a los potenciales enemigos que defenderse de ellos.

Bono Box (prólogo a El fin de la pobreza, de Jeffrey Sachs) 

 

Al cabo de dos décadas miles de acusados y sentenciados  por “terrorismo” dejamos las cárceles, sea porque cumplimos condenas, absueltos, o indultados como inocentes durante los gobiernos de Fujimori, Paniagua y Toledo.  Cuando la CVR visitó las prisiones hace quince años encontró que:

Pese al predominio del PCP-SL dentro de las cárceles y la presencia menos numerosa y enos beligerante de integrantes del MRTA—quienes, además, reclamaban para sí un perfil político propio—, se dieron procesos de desvinculación ideológica y partidaria. Sobre la base de más de mil testimonios tomados en los penales, se pudo comprobar que aproximadamente el 50% de los internos se ha desvinculado de las organizaciones subversivas a las que pertenecieron.  Se trata de gente que ha tomado distancia ideológica y partidaria del PCP-SL o el MRTA en algunos casos antes de caer detenidos pero, en la mayoría de ellos, mientras purgaban sus condenas. Aseguran en sus testimonios que ahora responden por sí mismos y que están dispuestos a pasar a un nuevo momento histórico en el que la “lucha armada” ya no tiene lugar. (CVR-Informe Final, Tomo V, p.702)

 

El universo de las prisiones, en lo que respecta a los presos por “terrorismo”, fue dinámico y complejo, pero nadie se molestó por entenderlo.  De cuando en cuando los medios alarman por las liberaciones, pero de las miles de personas encarceladas por “terrorismo” el índice de reincidencia es cero. ¿No debería este dato producir alguna reflexión?

Si bien existen presos que mantienen algún nivel de vinculación partidaria, los hay también quienes tomaron distancia mucho tiempo atrás. Quedan las personas con altas condenas, quienes no obstante saldrán los años venideros. ¿Debería asustar? Si se conociera la realidad y se tratara el tema de manera desprejuiciada, no habría por qué.  Se manipula a partir del desconocimiento y la desinformación.

Alberto Gálvez Olaechea
Imagen 6. Alberto Gálvez Olaechea, 2016.

Hay quienes creyeron que la cárcel resolvía el problema, que bastaban los candados. Cuando vinieron psicólogos y asistentes sociales habituados a tratar con presos comunes, no sabían qué hacer, sino aplicar terapias algo simplonas. Debieron llegar filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos y políticos, a dar la lucha ideológica que se reclama. Nadie se planteó el tema. El problema era y sigue siendo de orden ideológico y político, intelectual. La CVR debió ir a las cárceles a mostrar  hallazgos y sus conclusiones, a hacer imputaciones.  Es difícil saber  el desenlace, pero se pisaría un terreno más firme y no estaríamos en la nebulosa actual que permite todas las manipulaciones e ignominias.

¿Son aquellos condenados por terrorismo que salen de la prisión tras cumplir sus penas un peligro?  La respuesta uniforme y persistente desde los medios y de los políticos suele ser afirmativa. Se dibuja un mundo sin espacio para los matices, como sucede en la guerra, donde toda tibieza es complicidad. Se construye el mundo bipolar y macizo.

Rebato la machacona afirmación de que de la cárcel salen “terroristas”. Salen personas que habiendo cumplido sus penas se alistan a reinsertarse en su mundo.  “Terrorista” no es una condición humana, una mutación genética. Hay personas que en ciertas circunstancia adoptaron ciertas opciones a las cuales, a la luz de la experiencia, pueden renunciar o no, dependiendo de la determinación libremente asumida por cada quien. 

El horizonte mental de los liberados es diverso, en función de las distintas evaluaciones y conductas que vienen de la prisión o antes.  La mayoría reconstruye su vida al margen de política. Hay quienes realizan activismo político legal y su destino deberían definirlo los electores. Ni siquiera los exiguos sobrevivientes de la fracción “proseguir” están dispuestos a arriesgarse a volver a la cárcel después de tantos años.

El contingente del VRAE mantiene vivos fantasmas.  El afán del senderismo-MOVADEF de incursionar en la política legal con viejos discursos y clichés ideológicos aparecen amenazadores en un país con traumas de posguerra. Pero también hay intereses que utilizan este tema para mantener vigente del fantasma “terrorista”, tan eficaz en la manipulación de los miedos colectivos.

 

Memorias del conflicto, memorias en conflicto

Si el Informe de la CVR es un esfuerzo de la memoria contra el olvido y la impunidad, algo faltaba: la memoria de los actores. Sin estos testimonios, sin sus confesiones y sus evaluaciones, el proceso de evaluación de la violencia política es incompleto.

Entre esta literatura vale mencionar  el libro En honor a la Verdad,  redactado por la Comisión Permanente de Historia del Ejército Peruano que, sin explicitarlo, intenta un contrapunto con el Informe Final de la CVR. Ser un libro institucional le da fortalezas y debilidades.  El Ejército da su versión con acceso a información institucional, cierto rigor documental y manejo  de la literatura sobre el tema. 

Habría sido importante que enjuiciara su evolución histórica, en particular lo que hizo que un “guardián de la oligarquía” –al decir de Velasco—deviniera en promotor de una revolución antiimperialista y anti-oligárquica que entre 1968 y 1975 cambió al Perú. Se aborda el velasquismo de forma somera y descriptiva. No se evalúa el rol  de los militares en un proceso crucial en la historia del Perú, sin el cual mucho de lo que vino después no es comprensible. Hubiera sido así mismo ilustrativo dar cuenta de la reversión de esta opción transformadora y el retorno al rol tradicional de defensor del status quo.

El libro mira panorámicamente diversos escenarios y momentos del conflicto, muestra experiencias y da cuenta de hechos. Intenta aclarar la participación del EP en sucesos como el de Accomarca, y resalta éxitos, en particular el operativo Chavín de Huantar. Enaltece la acción del Ejército, en tanto que el rol de la policía, otro actor estatal crucial, se menciona de pasada.  La captura de Abimael Guzmán, punto clave en el desenlace, se alude como uno de tantos acontecimientos de la guerra.

El análisis del PCP-SL y del MRTA no da luces adicionales a las de la CVR. Son el enemigo y encarnan el mal radical. Pero el objeto de su mal humor son las ONG de DDHH:

Financiadas por ingentes recursos de apoyo internacional, las organizaciones pro-derechos humanos—salvo honrosas excepciones—, han desvirtuado considerable-mente su papel de protección del hombre y la sociedad en general…” “…usaron su influencia para denunciar genocidios, pero nunca hicieron reclamo alguno cuando los terroristas perpetraron matanzas indiscriminadas[29].

 

El libro produce sensaciones encontradas, pues nos topamos con una institución que se siente incomprendida y maltratada pese a haber arriesgado la vida. Se les encomendó una misión ¿No son los resultados los que deberían contar? Son valiosas estas palabras finales:

El Ejército del Perú condena los actos contrarios a la ley realizados por ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, que actuaron individualmente y no como parte de una política de exterminio dictada por alguna jerarquía castrense.

 

Las Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán (IEP-2012) han suscitado interés pues se trata del testimonio de un protagonista peculiar que transitó por los dos bandos. Mario Vargas Llosa, Diego García Sayán, Augusto Álvarez, entre otros, han ponderado un libro breve y sustancioso. Vida notable: niño quechua a los 12 años se integra a Sendero Luminoso, a los 15 capturado por el Ejército  deviene soldado, a los 20  ensaya para cura y a los 25 inicia el camino de la antropología. Narra con sencillez no exenta de ternura sus días de guerrillero, los más intensos de su vida azarosa.

Apretada mirada de años dramáticos. Da cuenta de una generación de niños y jóvenes quechuas que se integraron a un proyecto de transformación social. Persuade en que la insurgencia fue una respuesta quizá equivocada a problemas reales. Conmueve el espectáculo de famélicos niños del campo batallando por su utopía. Asistimos a la  mutación de una guerra que se vuelve contra el campesinado  adverso (aniquilar yanaumas). Estremece la forma brutal en que se sancionaron pequeñas infracciones. Impresiona el hambre que acosa, la desesperación que los lleva a desertar. Asombra la oferta de una victoria inminente que hizo soñar y produjo decepciones. Llama la atención que a lo largo de un relato cargado de cuestionamiento no utilice la palabra “terrorismo”.

Otro libro significativo es Rendidos (IEP-2015) de José Carlos Agüero. Son las reflexiones de una “víctima colateral”.  Hijo se padres senderistas, ambos asesinados durante el conflicto, José Carlos lleva a cuestas la culpa de los padres y se siente obligado a pedir perdón por algo que no hizo, con lo que no está de acuerdo, pero que siente como carga. Escribir es una forma de exorcizar fantasmas, de plantear el tema de la compasión, sin que ello suponga renunciar a la justicia. En el libro los subversivos tienen dimensión humana, compleja, contradictoria, pero inteligible. En medio de los peligros y las durezas han protegido a sus hijos y, lo que no es menos importante, les han dado una sensibilidad y una motivación intelectual con las que puede el autor enjuiciar hoy a sus propios padres.

Los textos de Lurgio Gavilán y José Carlos Agüero no serán los últimos. Se irán llenado las piezas que faltaban del rompecabezas, aunque sea riesgoso recordar cuando el espíritu de cruzada se mantiene. Otras narraciones, con enfoques y miradas diferentes, se irán sumando al camino abierto por Memorias de un soldado desconocido y Rendidos.

Pero hay más.  El MRTA y Sendero han comenzado a construir sus propios relatos. A los dos libros escritos por mí[30] entiendo que no tardarán en sumarse los de Peter Cárdenas y uno nuevo de Víctor Polay[31]. Es probable que sean evaluaciones distintas, quién sabe si contrapuestas. Mejor. Mariátegui dijo “la unanimidad es estéril, la discrepancia fecunda”.

El PCP-SL también se ha lanzado a esta empresa y tiene al menos cuatro libros publicados recientemente, los cuales merecerían un análisis amplio, que intentaré en otra ocasión[32]. Tres de ellos son testimonios de militantes senderistas, valiosos en tanto que dan sus versiones, aunque mantienen un tono épico y poco reflexivo. “Memorias desde Némesis”[33], firmado por Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre, es una suerte de biografía política de Abimael Guzmán y del PCP-Sendero Luminoso (las fronteras son borrosas) que se inicia con el nacimiento del jefe senderista el 3 de diciembre de 1934 y se cierra en enero de 1979 con una Sesión de su Comité Central. Es decir, son antecedentes, importantes sin duda, pero deja pendiente lo central, a saber, el enjuiciamiento del conflicto y su papel en este, lo que se supone aparecerá en algún momento.

 

Epílogo: de nuevo cuesta arriba

…pero un enemigo que se rectifica ha dejado de ser un enemigo.

Primo Levi, Si esto es un hombre.

 

Me toca de nuevo cargar mi piedra cuesta arriba. Lo digo no como queja, sino más bien con aburrimiento. La experiencia de vivir en prisión da una resiliencia  que permite no quebrarse como esperan los carceleros. Resistimos lo peor, aunque siempre puede venir algo peor. Sé que soy responsable de mis actos y sus consecuencias. Sé que través nuestro se lanza un mensaje a los que osan rebelarse. Sé también que la indiferencia de muchos frente a nuestra situación no puede comprenderse sin considerar el proceso de atomización y degradación social, instalado como sentido común neoliberal, donde opera el pragmatismo del éxito y del “sálvese quien pueda”.

Así pues, encontramos que el tema de la Reconciliación está bastante venido a menos. Pero si alguna vez se le quisiera tomar en serio tendría que comenzarse por este par conceptos vertidos hace tiempo por personas tan distintas como el juez fujimorista Marcos Ibazeta, y la antropóloga Kimberly Theidon.

  1. “[…] cuando los tiempos y las situaciones cambian, también las normas restrictivas deben ir desapareciendo a través de la actividad legislativa; es aquí donde la actividad jurisdiccional […] vía el control difuso que le confiere la [...] Constitución del Estado, debe ir inaplicando aquellas disposiciones de las leyes vigentes que hayan perdido razonabilidad en su sustento constitucional y en su legitimación social.”  (Marcos Ibazeta, sentencia en el caso Lori Berenson, 2002)
  2. “Insistimos en que el discurso sobre la “inocencia” paraliza procesos de reconciliación en este país. Tampoco permite construir una sociedad más justa porque si solamente los “inocentes” tienen derechos humanos, pues entonces pueden hacer lo que se les antoje con los “culpables”. (Kimberly Theidon, Entreprójimos, 2004)

 

Terminar una guerra siempre es más difícil que comenzarla dice García Márquez en “Cien años de soledad”. Colombia de hoy nos muestra que ante la voluntad de ponerle fin, siempre habrá mercaderes y buitres que intentarán mantenerla viva, sino físicamente, al menos simbólicamente, en tanto que es un lucrativo negocio, en la economía y en la política. El capitalismo no es solo creación de plusvalía, es también despojo. Y cuanto más atrasado el país más funciona la economía del despojo y todas sus reverberaciones autoritarias.

Las memorias del conflicto son, hoy por hoy, memorias en conflicto. Como tales, expresan relaciones de poder. Y sabemos de qué lado está el poder en estos tiempos tormentosos.

 

Notas:

[1] Ejemplo los ex-presidentes del Brasil Dilma Roussef y del  Uruguay José Pepe Mujica. Salvador Sánchez Cerén, ex-comandante del FMLN y Daniel Ortega, ex-comandante sandinista, presiden hoy el Salvador y Nicaragua respectivamente. Hay más casos de ex-guerrilleros en altos cargos públicos, pero basta por ahora.

[2] El 27 de julio del 2003, el diario El Comercio de Lima publicó una interesante entrevista al analista político colombiano Juan Manuel Chany, en la que éste afirmó:

— ¿Cómo califica a las FARC?

—Son un grupo guerrillero en franca decadencia, que recurrió a métodos que desprestigian, como secuestros, alianzas con el narcotráfico y actos de terrorismo. Perdió el ideal y terminó recorriendo las formas de lucha censurables.

—Varios representantes de las FARC estuvieron en Brasil. El hecho de que el gobierno brasileño no considerara a las FARC como un grupo terrorista, ¿dificulta la lucha?

—Es inconveniente calificar a las FARC como grupo terrorista. Hacer eso sería un error porque, tarde o temprano, llegaremos a la mesa de negociaciones, la vía más lógica para llegar a la paz.[2]

[3] Cuando Nicolás Sarkozy asumió la presidencia de Francia el 2007 ofreció a las FARC borrarla de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea a cambio de la liberación Ingrid Betancourt. Decisión política que desmiente todas las concepciones esencialistas. Política es también la lista de “organizaciones terroristas” que elabora el Departamento de Estado de los EEUU.

[4] Respecto al concepto de reconciliación la CVR dice:

“La CVR entiende por ‘Reconciliación’ el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso…la reconciliación no puede consistir simplemente en restablecer la relación originaria, pues ella fue en cierto modo el caldo de cultivo del proceso perverso que condujo a su destrucción… La reconciliación debe consistir, por eso, en la refundación de los vínculos fundamentales, instaurando una nueva relación, cualitativamente distinta, entre todos los peruanos y peruanas.”  (CVR-Informe Final, Tomo I, p. 54)

“La propuesta de reconciliación de la CVR no sólo tiene una dimensión estrictamente política.  Existen diversos ámbitos: el personal e interpersonal, el de la sociedad que se encuentra consigo misma y la refundación entre el Estado y la sociedad.  Estos ámbitos no agotan la reconciliación y se entrecruzan permanentemente.  Sin embargo, la CVR privilegia el tercer ámbito—el horizonte político y social, porque enfrenta mejor que los otros las características del proceso vivido y las expectativas de reconciliación en el Perú… Un sentido fundamental en que la CVR entiende la reconciliación es la construcción de ciudadanía, comprendida esta a su vez como la refundación del pacto social. Reconciliar significa volver a vindicar los derechos de ciudadanos que fueron atropellados.” (CVR-Informe Final, Tomo IX, p. 113)

[5]  El concepto de víctima es, también, problemático, pues para algunos las únicas víctimas, o por lo menos las únicas víctimas que cuentan, son los inocentes.

[6] Manuel Reyes Mate, Justicia de la víctimas: terrorismo, memoria, reconciliación (Barcelona: Editorial Anthropos, 2008, p. 10)

[7] La CVR filmó las intervenciones de tres ex-miembros del MRTA Víctor Polay Campos, Peter Cárdenas Shulte y Alberto Gálvez Olaechea,  y de Oscar Ramírez Durand “Feliciano” y las propaló el 10 de junio del 2003 por Canal 7 y Canal N. La revista Caretas reprodujo lo fundamental de las cuatro exposiciones. El mismo día de  la audiencia pública de la CVR en que se visionaron los videos una columna del VRAE secuestró a trabajadores de la empresa petrolera Techint. Así, el pedido de perdón y la autocrítica, que debió ser tema del día, fue opacado por una acción que puso en primer plano la larga agonía de la guerra.

[8]  “Hacia 1999, con la captura de Alberto Ramírez Durand (Feliciano), que comandaba el último grupo armado importante de SL; y con la práctica desaparición del MRTA luego del descalabro que le significó el asalto a la residencia del embajador del Japón, el conflicto armado se considera terminado.” Carlos Iván Degregori, Qué difícil es ser dios, IEP-2010, p. 14.

[9] En febrero del 2000, cuando Fujimori y Montesinos parecían fuerte y la mano dura era la receta, Yanamayo fue demolido durante un motín de los irreductibles presos del sector “proseguir” que tomaron policías como rehenes. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, a fines de 1999 en Yanamayo habían 182 “acuerdistas” (seguidores de Guzmán), 64 emerretistas, 48 “proseguir”, 10 arrepentidos y 71 independientes

[10] “El final del drama de la residencia del embajador de Japón se parece mucho a sus inicios.  Empezó y acabó con violencia. Nació con una sorpresa y acabó con otra.  Nadie, en efecto, según las encuestas, creía en la solución por la fuerza que finalmente se impuso.” (Hugo Neira “CARTAS ABIERTAS desde el siglo XXI”, Fondo Editorial SIDEA, 1997, Pg. 18)

[11] “Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla". (Voto concurrente, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de El Mozote y lugares Aledaños vs El Salvador - Sentencia de 25 de octubre de 2012)

[12] Vale la pena acotar que en febrero del 2016 el Consejo de la Judicatura Federal  informó que el subcomandante Marcos ya no es un prófugo de la justicia. Prescribieron los delitos por los que fue acusado en 1995: sedición, motín, terrorismo, conspiración, uso de armas exclusivas de las fuerzas armadas y provocación de un ilícito. Ninguna autoridad tiene hoy orden de aprehender a Marcos, portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

[13] “In today’s increasingly open world, in which neither governments nor individuals can guarantee themselves against competition or threat, security is fast becoming a social good in its own right. How we provide that security, and at what cost to our liberties, is going to be a central question of the new century.” (En el mundo crecientemente abierto de hoy, en el cual ni gobiernos ni individuos pueden garantizarse a sí mismos contra la competencia o la amenaza, la seguridad rápidamente se está convirtiendo  en un bien social por propio derecho. Cómo proporcionamos esta seguridad y a qué costo de nuestras libertades, será la cuestión central del nuevo siglo). Tony Judt, Thinking the Twentieth Century. Penguin Book-2012, p.384.

[14]  En el documental Fog of the war, Robert Mac Namara, extinto Secretario de Estado de J.F. Kennedy y L.B. Johnson, señala que EEUU, de no haber vencido en 1945, habría sido juzgado por crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional que procesa a dictadores africanos, no hace lo propio con quienes masacran palestinos, ni a quienes deciden emprender guerras e invadir países en base a mentiras.

[15] Un tribunal guatemalteco condenó al general Ríos Mont, a 80 años de prisión por genocidio. El ex-dictador argentino Jorge Rafael Videla murió recientemente en la cárcel donde purgaba condena.

[16] Esto no es exclusivo del Perú. Las dificultades de las CVRs resultan de la naturaleza de su encargo.  La verdad choca con el poder. En un ensayo sobre las CVRs (The Instruction of the Great Catastrophe: Thrut Comissions, National History, and State Formation in Argentina, Chile and Guatemala), Greg Grandin habla de las presiones que éstas reciben y la forma como se acogen sus Informes. En el acto de entrega de los resultados de la Comisión de Clarificación de la Verdad Histórica: “Guatemala’s presidente refused to climb the stage to accept the report, sitting instead, along with government officials and military officiers, in stunned silence.” (El presidente de Guatemala rehusó subir al escenario a aceptar el Informe, sentándose en cambio junto a los funcionarios del gobierno y oficiales del ejército, en estruendoso silencio).

La CONADEP argentina dice: “Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrien-tos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y, hasta de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación.” (Nunca Más)

[17]  Refiriéndose a la importancia de la composición de otras CVRs, Sandrine Lefranc dice: “Dos de los miembros de la Comisión Rettig eran así considerados próximos a la derecha, incluso al régimen militar: Gonzalo Vial Correa, Ministro de Educación en 1979, y Ricardo Martín Díaz, antiguo miembro de la Corte Suprema bajo el régimen militar y senador designado a partir de marzo de 1990. En Sudáfrica, Chris de Jager tenía reputación de representar a la extrema derecha blanca. En Argentina, el proceso de selección de miembros de la CONADEP preveía una representación partidaria directa.”  Lefranc, “¿Cómo acabar con el desacuerdo? Las Comisiones de la Verdad y Reconciliación como lugar de reconstrucción disensual de la historia”, Travaux de l’IFEA, (Lima: IFEA, 2004)

[18] En dos ilustrativos artículos del periodista Ricardo Uceda narra los entretelones de la absolución de los procesados en el juicio por las ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huantar (revista Poder de setiembre del 2012 y diario La República del 29 de noviembre del 2012).  Es patética, la forma como altas autoridades del poder ejecutivo y del poder judicial cocinan la sentencia. Cenas y conciliábulos entre ministros, vocales y la presidenta de la Sala (la Dra. Rojasi) antecedieron a una resolución judicial de gran importancia. ¿Y la independencia de poderes? ¿Y la autonomía jurisdiccional? ¿Los magistrados elaboran las sentencias?  Solo en el Perú un hecho así puede producirse sin escándalo.

[19] El entrelazamiento de política y judicatura es cada vez más estrecho. Los  tribunales son campos de contienda política en el que se dirimen diferencias y se demuelen adversarios.

[20] El artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, dispone lo siguiente: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”

[21] El jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni dice al respecto: “El sistema judicial racionaliza la venganza, logra subdividirla y limitarla como mejor le parece; hace con ello una técnica limitadamente eficaz de curación y, secundariamente, de prevención de la violencia” (La cuestión Criminal, Grupo Editorial Ibañez)

[22] Los ex-dirigentes del MRTA han mostrado una disposición reiterada de autocrítica y perdón que difiere de  los otros actores del conflicto. Cito aquí lo declarado ante la CVR y  los tribunales: “Es necesario también admitir los errores, y, en particular, estar abiertos a pedir y conceder perdón, si queremos efectivamente avanzar en un proceso de reconciliación nacional.” (Grabada en agosto del 2002 y propalada en junio del 2003 en Audiencia Pública de la CVR). “Esta intervención no puede concluir sin un reconocimiento de que nos equivocamos: si bien los fines fueron justos y nobles, erramos en la elección de los medios y extraviamos los caminos. Reitero mi pedido  de perdón a quienes pudieran haberse visto afectados por mis actos, así como mi disposición a perdonar a quienes alguna vez me torturaron y maltrataron. Creo que éste es un tiempo de reencuentro y no de avivar rencores. «Hay un tiempo para cada cosa y un tiempo para hacerla bajo el cielo»; está escrito en el Eclesiastés.” (Alegato ante la Sala Penal Nacional, marzo del 2006). Ver Desde el país de las Sombras,  Ed. SUR, 2008.

[23] Tras visitar Grecia al final  de la guerra interna, el historiador Willian H.  McNeil anotó: “The Mayor of the village of Methoni, a committed man of the right, asked the gendarmes to release two village boys who had been arrested after returning from serving with the guerrillas. He did so despite the fact that his own had been killed in the war; and when the gendarmes decided to release the two suspects this sealed the political reconciliation within the village effectively and lastingly.” [El alcalde del pueblo de Methoni, un reconocido hombre de derecha, pidió a los gendarmes liberar a dos muchachos quienes habían sido arrestados después de retornar de combatir en las guerrillas.  Lo hizo a pesar de que su propio hijo había sido muerto en la guerra; y cuando los gendarmes decidieron liberar a los dos sospechosos se selló la reconciliación política dentro del pueblo efectiva y duraderamente]. The Logic of Violence in Civil War, Stathis N. Kalyvas, pg. 306.

[24] Titular del artículo de la revista Caretas que daba cuenta del inicio del proceso judicial a la Dirección Nacional del MRTA (Ver Caretas Nº 1852, 9 diciembre 2004)

[25] “Luego de un rato el Sinchi entró en la casa y encontraron que en la casa estaban la esposa de Pahuara, la esposa de Silvio Delgado y tres o cuatro niños de 10, 8, 6 años y una niña de unos 14 años […] La esposa de Pahuara tenía cargando un niño de unos dos años, a quien el Sinchi cogió de los pies, luego lo aventó al suelo y le cortó el cuello.”   “Seguidamente asesinó a todos los niños que se encontraban en la casa; estos decían ‘papá no me mates, aunque sea córtame mi dedito pero no me mates’,  pero el Sinchi no entendía lo que le decían […] A la niña de 14 años se la llevó al maizal y allí le clavó el cuchillo en su pecho […] A la esposa de Pahuara se la llevaron a la quebrada donde los Sinchis y los soldados la violan y luego la matan.  Igual fue con Jesusa, que era la esposa de Silvio Campana: la violaron y la acuchillaron.”  (Testimonio de Victoriano Camiña Osco, guía de las fuerzas del orden en la masacre de 34 pobladores de Lucmahuayco, La Convención-Cusco, el 26 de noviembre de 1984. CVR-Informe Final, Tomo VII, Pg.170)

[26] Agradezco los conceptos de Marie Manrique, quien investiga sobre esta categoría.

[27]  “Entre el 27 de febrero y el 4 de abril de 1994, en poco más de un mes, y solo en el cuartel de Tingo María, se presentaron más de 2,000 arrepentidos.” (CVR-Informe Final, Tomo V, Pg. 387)

[28] Sin embargo en los archivos hay un documento referido al tema, que no fue incluido en los IX Tomos.

[29]  En Honor a la Verdad, Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, , p. 334

[30] “Desde el país de las sombras” (2008) y “Con la palabra desarmada” (2015).

[31] Existe el libro “Terrorista o rebelde” (2007), que recoge su intervención durante el proceso judicial así como diferentes documentos periodísticos alusivos al MRTA.

[32] “Memorial de trincheras I”, “Memorial de trincheras II”, “Testimonios sobre el presidente Gonzalo” y “Memorias desde Némesis” son los libros que circulan sin sello editorial y de manos en mano.

[33] Es interesante lo que dice Wikipedia sobre el significado de Némesis. “En la mitología griega Némesis es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. Castigaba a los que no obedecían a aquellas personas con derecho a mandarlas y, sobre todo, a los hijos que no obedecían a sus padres.”

 

Cómo citar este artículo:

GÁLVEZ OLAECHEA, Alberto, (2017) “Sísifo en Perú. Reconciliación: elusiones, ilusiones, elucubraciones”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 30, enero-marzo, 2017. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Miércoles, 20 de Septiembre de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1434&catid=5

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